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Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 1
15. LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. LA JERARQUÍA DE LAS
FUENTES. EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS.
EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS
ADMINISTRATIVOS .REVISIÓN, ANULACIÓN Y REVOCACIÓN.
1. LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.
2. LA JERARQUÍA DE LAS FUENTES.
3. EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS. EFICACIA
Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS .REVISIÓN, ANULACIÓN Y REVOCACIÓN.
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1. LAS FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la organización, los
medios y las formas de la actividad de las administraciones públicas y las
consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
Las actuaciones del poder de un Estado está sometidas a la Constitución. La
seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los poderes públicos estén
sometidas al principio de legalidad (Art. 9 C.E., Art. 25 C.E. , Art. 53 C.E. y Art. 103
C.E.). Todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la ley.
La Constitución garantiza:
El principio de legalidad,
.
Artículo 25.
Encontramos una concreción del principio de legalidad en el ámbito sancionador:
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que
en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia:
La reeducación
Y reinserción social
Y no podrán consistir en trabajos forzados.
El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma
gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de
los que se vean expresamente limitados por:
o El contenido del fallo condenatorio
o El sentido de la pena
o La ley penitenciaria.
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En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al
desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o
subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Artículo 103.
La sumisión de los actos administrativos concretos a las disposiciones vigentes de
carácter general, y de otro, la sumisión de los órganos que dictan disposiciones
generales al ordenamiento jerárquico de las fuentes del Derecho (Garrido Falla)
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
EL SISTEMA DE FUENTES
El problema de las fuentes se plantea en términos similares a las restantes
disciplinas jurídicas, en lo que se refiere a las diversas acepciones del término
fuente (de producción, de conocimiento…)las clases (escritas , no escritas,
primarios o secundarias, directas o indirectas)o principios de articulación entre
unos y otras.
La pirámide “kelseniana” divide en fuentes de derecho normativo (CE, Ley y
reglamentos) y fuentes no normativas (principios generales del derecho y
jurisprudencia) . Esta estructura recibe el nombre de ordenamiento jurídico-
administrativo ya que existen unos principios que le dan forma.
Otros autores dividen entre fuentes directas e indirectas:
FUENTES DIRECTAS
Primarias:
- La Constitución
- Ordenamiento comunitario
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- Estatutos de Autonomía y Leyes Orgánicas
- Leyes ordinarias del Estado y de las Comunidades Autónomas
- Decretos leyes y Decretos legislativos
- Reales Decretos y Decretos autonómicos
- Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno
- Órdenes Ministeriales
- Disposiciones de Autoridades inferiores
Secundarias:
- Costumbre - Principios Generales del Derecho
FUENTES INDIRECTAS
- Tratados Internacionales
– Jurisprudencia
-Doctrina científica.
2. LA JERARQUIA DE LAS FUENTES
PRINCIPIO DE JERARQUÍA
Las normas de rango inferior no pueden oponerse a las de rango superior. El
ordenamiento está ordenado de forma jerárquica y en su cúspide se halla la
Constitución.
Regulado en el art. 9.3 de la Constitución, una norma prevalece sobre otra según
el órgano o autoridad de la que emane. Esta ordenación vertical de las fuentes
según el principio de jerarquía conlleva una estricta subordinación entre ellas.
Según el Código civil, formula que “carecerán de validez las disposiciones que
contradigan otra de rango superior”.
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En cambio el principio de competencia que se aplicará como regla
complementario al principio de jerárquica implica la atribución a un órgano de la
potestad de regular determinadas materias .este principio explica la existencia de
ordenamiento al margen del principio de jerarquía, como los reglamentos
parlamentarios, los estatutos de los colegios profesionales, leyes y reglamentaos
de CCAA o reglamentos o bandos de corporaciones locales.
LA CONSTITUCIÓN
Es la primera de las fuentes, es la que prevalece sobre las demás. La
supremacía de la Constitución puede verse afectada por el Derecho Europeo,
aunque en un principio los tratados internacionales solo son válidos cuando se
sujetan a lo dispuesto de la Constitución. (art. 95.1), el art. 93, establece que
mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se
atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias
derivadas de la Constitución.
Atendiendo al procedimiento de su revisión las normas constitucionales pueden
ser de dos clases.
- Las previstas en el artículo 168.1 de la Constitución. Su revisión se
equipara con la revisión total de la Constitución y se sujeta a un
procedimiento que consiste en la aprobación de la iniciativa por mayoría
de 2/3 de ambas Cámaras, disolución de las Cortes, ratificación de la
decisión por las nuevas Cámaras, aprobación del nuevo texto por
mayoría de 2/3 y sometimiento a referéndum.
- Las restantes que se pueden considerar jerárquicamente inferiores a
las anteriores y su revisión se realiza por un procedimiento más simple,
recogido en el artículo 167 de la Constitución.
LAS LEYES Y SUS CLASES
Las leyes son aquellas normas de origen parlamentario, subordinadas a la
Constitución. Dentro de las leyes parlamentarias, además de las leyes ordinarias, que
se aprueban por el procedimiento habitual y mayoría simple, la Constitución de 1978
ha introducido la categoría de leyes orgánicas.
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LEYES ORGÁNICAS
Estas leyes se refieren a materias de especial trascendencia y requieren mayoría
absoluta del Congreso. Se refieren “al desarrollo de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen
electoral general y las demás previstas en la Constitución” (artículo 81 Constitución).
También son leyes parlamentarias las leyes de las Comunidades Autónomas, es decir,
las normas que aprueban sus órganos legislativos sobre materias que tiene atribuidas
y sobre las cuales tiene el Tribunal Constitucional el control de su constitucionalidad.
Las leyes de las Comunidades Autónomas están subordinadas, además de a la
Constitución, a sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Dentro de las leyes estatales de conexión con los subsistemas autonómicos
podemos encontrar:
Los Estatutos de Autonomía, que son leyes orgánicas.
Las leyes-marco, a través de las cuales “las Cortes Generales, en materia
de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las
Comunidades Autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una
Ley estatal” (artículo 150.1 Constitución).
Las leyes de transferencia o delegación, por medio de las cuales “el Estado
podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley
orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que
por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”
(artículo 150.2 Constitución).
Las leyes de armonización, por medio de las cuales “el Estado podrá dictar
leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las
disposiciones normativas de las CC.AA., aún en el caso de materias
atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general”
(artículo 150.3 Constitución).
Como formas especiales de leyes parlamentarias están las siguientes:
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- Leyes refrendadas: Son las sometidas a referéndum, si entendemos que el artículo
92 de la Constitución, al hablar, a propósito del referéndum, de “decisiones políticas de
especial trascendencia” incluye a las leyes.
- Leyes paccionadas: Se utilizan para dar más autoridad a determinados contratos,
protegiéndolos de posibles modificaciones unilaterales del poder ejecutivo.
También podemos encontrar otros tipos de leyes:
Leyes por iniciativa Popular
Leyes de presupuestos generales del Estado.
Leyes de autorización o ratificación de tratados o Convenios
Leyes de bases: permiten al ejecutivo para que dicte dentro de sus bases
normas con rango de ley.
NORMAS DEL GOBIERNO CON FUERZA DE LEY
DECRETOS-LEY:
Se regulan en la Constitución en el articulo 86 con los siguientes requisitos:
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar:
Disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de
Decretos-leyes
Y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados
en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho
electoral general.
Los Decretos-leyes deberán ser:
Inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso
de los Diputados
Convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta
días siguientes a su promulgación.
El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo
sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento
establecerá un procedimiento especial y sumario.
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Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos
como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
DECRETOS LEGISLATIVOS:
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el
título de Decretos Legislativos.
Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con
rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
La delegación legislativa deberá otorgarse
Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos
articulados
O por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales
en uno solo.
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para
materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la
publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo
implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a
autoridades distintas del propio Gobierno.
Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación
legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se
refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera
formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los
textos legales que han de ser refundidos.
Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación
podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
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Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación
legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal
supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial
de la ley de delegación.
DERECHO COMUNITARIO
El derecho comunitario es autónomo, se integra en el derecho interno bajo una
relación vertical.
El tratado de la CE. Clasifica en 5 categorías los actos que pueden ser aprobados por
el Consejo y la Comisión. : Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y
dictámenes.
El reglamento tendrá un alcance general y será obligatorio en todos sus elementos y
directamente aplicable en cada Estado miembro.
La directiva es una norma que no obliga directamente pero que vincula a los estados a
tomar las disposiciones necesarias para incorporarlo al derecho interno .
La decisión será obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios, no
es un acto normativo, es un acto singular.
Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.
REGLAMENTO
Es toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por una Administración
Pública.
COSTUMBRE
En el derecho administrativo solamente la podemos entender si la propia ley la invoca.
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
Se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del
ordenamiento jurídico.
JURISPRUDENCIA
Como fuente indirecta, también tenemos que incorporar la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de derechos humanos y la del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
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3. EL ACTO ADMINISTRATIVO : CONCEPTO, CLASES Y ELEMENTOS.
EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
CONCEPTO
Es el dictado por un poder público en el ejercicio de potestades administrativas
y mediante el que impone su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses
de otros sujetos públicos o privados, bajo el control de la Jurisdicción
contencioso-administrativo.
CLASES
Atendiendo a la potestad discrecional:
-Actos reglados.
-Actos discrecionales: Son los dictados en materias definidas por la Ley como
discrecionales y no susceptibles de control judicial.
Desde el punto de vista procesal:
-Actos que no causan estado , firmes o consentidos y actos confirmatorios
-Actos que causan estado, actos no firmes y actos originarios.
Atendiendo a su contenido: Amplían o restringen la esfera jurídica de los
particulares
-Actos favorables: Admisiones, concesiones, autorizaciones, aprobaciones,
dispensas.
-Actos de gravamen: ordenes, actos traslativos de derechos, actos extintivos, y
sancionadores.
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Por la forma de su exteriorización:
-Actos expresos
-Actos presuntos.
Por los sujetos de los que emiten:
– Acto Simple: Si lo emite un sólo Órgano Administrativo.
– Acto Complejo: Si participan dos o más Órganos Administrativos.
Por los efectos jurídicos de su contenido :
– Acto Negocial: Cuando el efecto proviene de una declaración de voluntad del
órgano administrativo.
– Acto no Negocial: Cuando el efecto proviene de la Ley.
LOS ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Se clasifican en tres elementos:
Subjetivos
Objetivos
Teleológico o final
Formales
Y asimismo en esenciales (sujeto, el objeto, la voluntad, la causa, el contenido, la
forma) y accidentales (término, condición y el modo).
Por su relación con los actos judiciales adquieren especial relevancia la causa y el fin.
Elementos Subjetivos:
Requiere la validez en tanto al órgano y la competencia.
El titular del órgano no debe tener causas de abstención ni de recusación.
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El órgano debe ser competente (territorial, funcional o jerárquicamente) para
realizar el acto administrativo.
Competencia.
1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos
que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación,
cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de
firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque
sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos
administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de
aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de
atribución de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin
especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y
resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón
de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por
razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes
corresponderá al superior jerárquico común de estos.
Delegación de competencias.
1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma
Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los
Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de
aquéllas.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de
competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien
dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades
vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus
normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente
será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo
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Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante
y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el
ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades
vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que
tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser
previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el
órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de
dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.
2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la
Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas.
b) La adopción de disposiciones de carácter general.
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los
actos objeto de recurso.
d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.
3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el
«Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia,
según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial
de competencia de éste.
4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias
que se ejerzan por delegación.
No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para
resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo
prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no
podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el
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correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo
acerca del mismo.
6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya
conferido.
7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos
colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá
adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría
Elementos Objetivos
Los elementos objetivos vienen determinados objetivamente por el propio contenido
del acto.
El contenido del acto debe ser posible, licito, determinable y adecuado al fin.
Existen unas variables (condición, término y modo) que determinan su
eventualidad y que son introducidas por el órgano administrativo
Elemento teleológico o final y causal
El acto debe tener un interés público. El contenido de los actos se ajustará a lo
dispuesto en el Ordenamiento Jurídico, y dicho contenido será determinado y
adecuado a los fines de aquéllos.
Elementos formales
Son el conjunto de trámites, procedimientos y formalidades que debe tener el acto
administrativo para desarrollar la voluntad administrativa.
Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma
verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por
el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la
comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones,
el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de
forma verbal, con expresión de su contenido.
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Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales
como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto,
acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras
circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
Son tres los elementos formales
El procedimiento: Es el conjunto de actuaciones preparatorias y conducentes al acto o
resolución final cuya finalidad es asegurar el acierto y la eficacia de la Administración.
La forma de la declaración : requiere como garantía mínima la forma escrita salvo que
su naturaleza o circunstancias no exijan otra forma más adecuada de expresión o
constancia si se realiza en forma verbal y no se trate de resoluciones la constancia
escrita se realizará y firmará por el órgano inferior que lo reciba.
La motivación cuando es legalmente exigible. Los actos que son necesitados de
motivación con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho son los
siguientes:
A los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y
procedimientos de arbitraje.
Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen
de órganos consultivos.
Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta , así
como la adopción de medidas provisionales.
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.
Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban
serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
EFICACIA Y VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
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EFECTOS
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que
en ellos se disponga otra cosa.
La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se
dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos
favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione
derechos o intereses legítimos de otras personas.
Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en
el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los
órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o
pertenezcan a otra Administración.
Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus
competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una
Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a
ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el
procedimiento para dictar resolución.
EJECUTORIEDAD
1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:
a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
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b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora
contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de
reposición.
c) Una disposición establezca lo contrario.
d) Se necesite aprobación o autorización superior.
VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en
ellos se disponga otra cosa.
4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS .REVISIÓN, ANULACIÓN Y REVOCACIÓN.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Objeto y clases.
112.1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar
el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo
de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos
sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por
otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje,
ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones
jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley
reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
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En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los
procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo
para el interesado.
La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no
podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los
órganos representativos electos establecidos por la Ley.
3. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en
vía administrativa.
Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad
de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse
directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
4. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos
establecidos por su legislación específica.
Recurso extraordinario de revisión.
Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso
extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 125.1.
Fin de la vía administrativa.
1. Ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de
finalizadores del procedimiento.
e) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
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f) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a
los que se refiere el artículo 90.4. (4. Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a
las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se
fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será
susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer
implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía
administrativa.)
g) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición
legal o reglamentaria así lo establezca.
2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en el ámbito estatal ponen fin a la
vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:
a) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las
competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
c) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o
superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de
personal.
d) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o
dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos
órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan
sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
Interposición de recurso.
1. La interposición del recurso deberá expresar:
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del
mismo.
b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación.
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del
lugar que se señale a efectos de notificaciones.
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente
código de identificación.
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e) Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones
específicas.
2. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no
será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
3. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por
quienes los hubieren causado.
Causas de inadmisión.
Serán causas de inadmisión las siguientes:
a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a
otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público.( Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.)
b) Carecer de legitimación el recurrente.
c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
Suspensión de la ejecución.
1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa
resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio
que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente
como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de
oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
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b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de
pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.
3. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un
mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro
electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma,
el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución
expresa al respecto. En estos casos, no será de aplicación lo establecido en el
artículo 21.4 segundo párrafo, de esta Ley.( En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los
interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan
término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del
acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción
de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En
este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.)
4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que
sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la
eficacia de la resolución o el acto impugnado.
Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza,
aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente para
responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.
La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando,
habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos
de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera
recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del
proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente
pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
5. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo
que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia
habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.
Audiencia de los interesados.
1. Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos
en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en
un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y
presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 22
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o
alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de
alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas
cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución
recurrida fuera imputable al interesado.
2. Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para
que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente.
3. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos
nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados
hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.
Resolución.
1. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las
pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.
2. Cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el
fondo se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue
cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de
actuaciones por el órgano competente para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 52.(covalidación)
3. El órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma
como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los
interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, la resolución
será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún
caso pueda agravarse su situación inicial.
Pluralidad de recursos administrativos.
1. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan
causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial
contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto
desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para
resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 23
2. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes
podrán recurrirlo.
La interposición del correspondiente recurso por un interesado, no afectará a los
restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa
del mismo acto administrativo.
3. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y el
órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad
de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.
Recurso de Alzada:
Objeto.
1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin
a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior
jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del
personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el
seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del
órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente
de los mismos.
2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o
ante el competente para resolverlo.
Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado,
éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con
una copia completa y ordenada del expediente.
El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del
cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.
Plazos.
1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto
fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la
resolución será firme a todos los efectos.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 24
Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán
interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel
en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio
administrativo.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el
recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.( Artículo 24.
Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. (24.1El sentido del silencio también será
desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud
de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el
órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias
enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.)
3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en
el artículo 125.1.
Recurso potestativo de reposición
Objeto y naturaleza.
1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.
2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.
Plazos.
1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el
acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 25
Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán
interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
3. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de
nuevo dicho recurso.
Recurso extraordinario de revisión
Objeto y plazos.
1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso
extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será
el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los
propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya
declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
2. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa
a) del apartado anterior, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la
notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres
meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia
judicial quedó firme.
3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados
a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 106 y 109.2 de la
presente Ley ni su derecho a que las mismas se sustancien y resuelvan.(106 revisión
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 26
de disposiciones y actos nulos.109 Revocación de actos y rectificación de errores. 2.
Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.)
Resolución.
1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar
motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del
Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando el mismo
no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o
en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos
sustancialmente iguales.
2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión
debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso,
sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso
extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá
desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
Revisión de disposiciones y actos nulos.
1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio
la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o
que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones
administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.( 2. También serán nulas de pleno
derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango
superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales.)
3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad
de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 27
Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del
artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de
que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente
iguales.
4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 (2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona
o grupo de personas.)y 34.1( Indemnización.1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o
circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer
para estos casos.) de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo
de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del
mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá
entender la misma desestimada por silencio administrativo.
DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DE ACTOS ANULABLES.
1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean
anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad
para el interés público.
2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro
años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos
aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el
artículo 82.
Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la
acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será
susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos
informativos.
3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin
que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 28
4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las
Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de
cada Administración competente en la materia.
5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la
declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de
éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.
Suspensión.
Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106
y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la
ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil
reparación.
REVOCACIÓN DE ACTOS Y RECTIFICACIÓN DE ERRORES.
1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.
Límites de la revisión.
Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser ejercidas
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras
circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de
los particulares o a las leyes.
Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos
nulos y anulables en la Administración General del Estado.
En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las
disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables:
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 29
a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los
actos y disposiciones dictados por los Ministros.
b) En la Administración General del Estado:
1.º Los Ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de
Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes
de una Secretaría de Estado.
2.º Los Secretarios de Estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por
los órganos directivos de ellos dependientes.
c) En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o
dependientes de la Administración General del Estado:
1.º Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de
derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano
rector de éstos.
2.º Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de
derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de
ellos dependientes.
NULIDAD DE PLENO DERECHO.
1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia
o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ésta.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 30
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de
la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales
para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango
de Ley.
2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango
superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la
retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales.
ANULABILIDAD.
1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados.
3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del
término o plazo.
LÍMITES A LA EXTENSIÓN DE LA NULIDAD O ANULABILIDAD DE LOS
ACTOS.
1. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las
partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal
importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 31
CONVERSIÓN DE ACTOS VICIADOS.
Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
CONSERVACIÓN DE ACTOS Y TRÁMITES.
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haberse cometido la infracción.
CONVALIDACIÓN.
1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios
de que adolezcan.
2. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en
el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos.
3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la
convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior
jerárquico del que dictó el acto viciado.
4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el
acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
Anexo:
Recurso de alzada Consiste en recurrir las resoluciones y los actos de trámite cuando no pongan fin a la vía administrativa ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, artículos 112 a 122.
Forma de inicio: Solicitud de interesado con los requisitos del artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
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Plazo para interponerlo: Un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, se podrá interponer en
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto.
Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su argumentación.
Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo.
Plazo de resolución: Tres meses. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá entender desestimado
el recurso, salvo en el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda en el plazo
de dos meses (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio). No podrá interponerse nuevo recurso
administrativo contra la resolución de un recurso de alzada, salvo el extraordinario de revisión cuando
proceda.
Recurso potestativo de reposición Consiste en recurrir los actos administrativos cuando pongan fin a la vía administrativa ante el mismo órgano que los hubiera dictado.
Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, artículos 112 a 120 y 123 y 124.
Forma de inicio: Solicitud de interesado con los requisitos del artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Plazo para interponerlo: Un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, se podrá interponer en
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto.
Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 33
Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su argumentación.
Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo.
Plazo de resolución: Un mes. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se podrá entender
desestimado el recurso.
Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda en el plazo
de dos meses, (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio). No podrá interponerse nuevo recurso
administrativo contra la resolución de un recurso de reposición, salvo el extraordinario de revisión, cuando
proceda.
Recurso extraordinario de revisión
Consiste en recurrir los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, artículos 113 a 120 y 125 y 126.
Forma de inicio: Solicitud de interesado con los requisitos del artículo 115 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, que debe basarse en alguna de las siguientes causas:
1ª) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los
propios documentos incorporados al expediente.
2ª) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto
que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
3ª) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios
declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4ª) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya
declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 34
Plazo: Cuando se trate de la causa 1ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes
a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo
será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la
sentencia judicial quedó firme.
Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
Documentos a aportar: Todos los que estime convenientes para la defensa de su
argumentación.
Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo. Cabe
destacar la necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, salvo que el
órgano que resuelva acuerde la inadmisión a trámite.
Plazo de resolución: Tres meses. Transcurrido este plazo sin resolución se podrá
entender desestimado el recurso.
Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que
corresponda en el plazo de dos meses (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).
Revisión de oficio de actos nulos Consiste en solicitar la declaración de nulidad de un acto administrativo que haya puesto fin a la vía administrativa o que no se haya recurrido en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, artículo 106.
Forma de inicio: De oficio o a solicitud de interesado.
Plazo para formularlo: No hay plazo, se puede solicitar en cualquier momento.
Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su argumentación.
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Plazo de resolución: Seis meses. Transcurrido este plazo sin resolución expresa se podrá entender
desestimada la acción de nulidad.
Órgano competente para resolver: Depende del órgano que haya dictado el acto que se pretende
anular. Se establece en el artículo 111 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda en función
del órgano que haya dictado la resolución. (artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio).
Reclamación por responsabilidad patrimonial
Consiste en solicitar una indemnización por toda lesión que los particulares sufran
en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que
el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una
persona o grupo de personas y que no tengan el deber jurídico de soportarlo.
Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, artículos 91 y 92, y Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 32 a 35.
Forma de Inicio: De oficio o por reclamación de los interesados.
Plazo: Un año, desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización
o desde la manifestación de su efecto lesivo.
Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente para la defensa de su
argumentación.
Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo, con las
especialidades de los artículos 67, 81, 91 y 92 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Será
necesario recabar dictamen del Consejo de Estado cuando la cuantía sea superior a
50.000 euros.
Plazo de resolución: Seis meses. Transcurrido dicho plazo sin resolución se
podrá entender desestimada la solicitud de indemnización.
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Órgano competente para resolver: Corresponde al titular del Departamento o al
Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
o cuando una Ley así lo dispone.
Recursos: Recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que corresponda, en el plazo
de dos meses
Derecho de petición
Permite a los ciudadanos (prescindiendo de su nacionalidad) solicitar a las
autoridades públicas actuaciones respecto a cuestiones de su competencia y que no
sean objeto de un procedimiento regulado.(Es la facultad que pertenece a toda
persona de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un hecho o un
estado de cosas y para reclamar su intervención. Todos los españoles tendrán el
derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que
determine la ley. )
Normativa básica: Constitución española, artículo 29. Ley Orgánica 4/2001, de 12
de noviembre reguladora del derecho de petición.
Forma de inicio: Solicitud, con los requisitos que establece la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre.
Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Documentos a aportar: Todos los que estime conveniente el peticionario.
Tramitación de las peticiones: La administración, Institución pública o Autoridad
que reciba una petición acusará recibo de la misma al interesado. Cuando se estime
incompetente para el conocimiento de la petición remitirá las actuaciones al órgano
que considere competente, si ambos pertenecieran a la misma institución,
administración u organismo.
Inadmisión de peticiones: No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a
las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan ni
para las que exista un procedimiento distinto al establecido en la Ley Orgánica 4/2001,
de 12 de noviembre.
Tema XV_FP_ Las fuentes del derecho administrativo Página 37
Declaración de inadmisibilidad: Será siempre motivada y se notificará al
peticionario en los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición.
Contestación de peticiones: La autoridad u órgano competente vendrá obligado
a contestar y notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses. El silencio
tendrá efecto desestimatorio (art. 24.1 de la Ley 29/2015, de 1 de octubre).
Recursos: Sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime
procedentes, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo por el
procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la
persona (art. 12 de la Ley 4/2001, de 12 de noviembre) contra las siguientes
actuaciones:
a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.
b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.
c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001.
Rectificación de errores Es un procedimiento que tiene por objeto la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos de los actos administrativos.
Normativa básica: Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, artículo 109.2.
Forma de inicio: De oficio o a solicitud de interesado.
Plazo para formularlo: No hay plazo, se puede solicitar en cualquier momento.
Lugar de presentación: Cualquiera de los registros y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre
Documentos a aportar: Todos los que estime convenientes para la defensa de su argumentación.
Fases del procedimiento: Las generales del procedimiento administrativo.
Plazo de resolución: Tres meses.
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