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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL
Bogotá, D.C., Octubre de 2009 Señores BIBLIOTECA GENERAL Cuidad
Ref. Trabajo de Grado
Estimados Señores: Los suscritos Carlos Iván Saavedra López, con C.C. No. 80093447, autor(es) de la tesis doctoral y/o trabajo de grado titulado “La Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca como Tecnología de Gobierno”, presentado y aprobado en el año 2009 como requisito para optar al título de Politólogo; autorizo (amos) a la Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: • Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos,
en los sitios web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en otros sitios web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open Access” y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad Javeriana.
• Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el
contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.
• Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o
restricción alguna; puesto que de acuerdo con la legislación colombiana
aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. CARLOS IVÁN SAAVEDRA LÓPEZ C.C. 80093447 NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de los principios del derecho de autor. FACULTAD: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO: Ciencia Política ESTUDIANTE: Carlos Iván Saavedra López
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO LA ZONA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ARAUCA COMO
TECNOLOGÍA DE GOBIERNO
AUTOR O AUTORES Apellidos Completos Nombres Completos SAAVEDRA LÓPEZ
CARLOS IVÁN
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos Nombres Completos CASTRO GOMEZ
SANTIAGO
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: POLITÓLOGO FACULTAD: CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES PROGRAMA: PREGRADO NOMBRE DEL PROGRAMA: CIENCIA POLÍTICA CIUDAD: BOGOTÁ NÚMERO DE PÁGINAS: 52p
TIPO DE ILUSTRACIONES:
Ilustraciones Mapas X Retratos Tablas, gráficos y diagramas X Planos Láminas Fotografías
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES ESPAÑOL Zona de Rehabilitación Consolidación, Arauca, Biopolítica, Biopoder, Tecnologías de gobierno, Mecanismos jurídicos, Mecanismos disciplinarios, Dispositivos de Seguridad. INGLÉS Biopolitics, Biopower, Government's technologies, Legal techniques, Disciplinary techniques, Dispositif of security. RESUMEN DEL CONTENIDO A través de esta monografía se analizan las características y resultados de la implementación de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, tomando algunos conceptos desarrollados por Michel Foucault en su obra Seguridad, territorio, población. En este sentido, se indaga por las tecnologías de gobierno que allí fueron desplegadas, en cuál de ellas se hizo énfasis, y si a través de estas tecnologías de gobierno se privilegiaron aspectos relacionados con la consolidación de un Estado territorial de corte autoritario o, más bien, la gestión de la vida de la población.
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LA ZONA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ARAUCA COMO TECNOLOGÍA DE GOBIERNO
CARLOS IVÁN SAAVEDRA LÓPEZ
Trabajo de grado para optar el titulo de Politólogo
Director
SANTIAGO CASTRO GOMEZ
Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
BOGOTÁ D.C. 2009
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….8
1. MECANISMOS JURÍDICOS, MECANISMOS DISCIPLINARIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD……………………………………………………..11
1.1.1 Las tecnologías de gobierno…………………………………………………14
1.1.2 Mecanismos jurídicos…………………………………………………………16
1.1.3 Mecanismos disciplinarios…………………………………………………...16
1.1.4 Dispositivos de seguridad……………………………………………………18
2. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ARAUCA……………………………………………………...24
2.1 Contexto en el que el gobierno nacional decreta el estado de conmoción interior y se implementa la zona de rehabilitación y consolidación de Arauca………………………………………………………………………………..26
2.2 Principales actores armados ilegales del conflicto…………………………28
2.3 Situación de derechos humanos previa a la vigencia de la zona de consolidación y rehabilitación de Arauca……………………………………..29
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3. ANÁLISIS DE LA ZONA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ARAUCA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MECANISMOS JURÍDICOS, MECANISMOS DISCIPLINARIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD…………34
3.1 La decisión gubernamental de intervenir la población y el territorio comprendido por la zona de rehabilitación y consolidación de Arauca……..36
3.1.1 Instrumentos de la intervención………………………………………………37
3.1.1 Organismos estatales responsables de la intervención………………….39
3.2 Integración de las tres tecnologías de gobierno……………………………..41
3.2.1 Creación del “medio” (milieu) como objeto de intervención…………..42
3.2.2 Definición y caracterización de la zona de rehabilitación y consolidación de Arauca como tecnología de gobierno……………….43
3.2.3 Balance de la zona de rehabilitación y consolidación de Arauca como tecnología de gobierno con énfasis en el aseguramiento del territorio………………………………………………………………………….51
CONCLUSIONES……………………………………………………………………….57 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………….61
ANEXO 1: CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA………..64
ANEXO 2: INTRUMENTO Y ENTREVISTA JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD DE LA POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA……………………………………………………………………………..74
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INTRODUCCIÓN
A través de esta monografía me propongo analizar la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca tomando algunos conceptos desarrollados por Michel
Foucault1 en su obra Seguridad, territorio, población. Me refiero concretamente a
los conceptos “mecanismos jurídicos”, “mecanismos disciplinarios” y “dispositivos
de seguridad”, en tanto que hacen parte de un proyecto teórico que el propio
Foucault denominó “historia de la gubernamentalidad”. Lo que busca dilucidar el
pensador francés con este proyecto es el modo en que desde los estados
medievales europeos, gestados en el marco de un sistema de territorialidad feudal
sobre la base de mecanismos jurídicos, se abre un espacio para la emergencia del
Estado administrativo de los siglos XVI-XVIII, cuyo objetivo ya no será el control
sobre los territorios sino el gobierno de las poblaciones. En este contexto, la
tripleta “mecanismos jurídicos”, “mecanismos disciplinarios” y “dispositivos de
seguridad” son vistos por Foucault como tecnologías de gobierno que operan de
forma diferente y que emergen en momentos históricos distintos
Aquí es necesario anotar que Foucault no concibe las tecnologías de gobierno
como fruto de una evolución histórica o dialéctica2, que supondría la sustitución de
una forma por otra, de esta forma, en cada momento de la historia. Por el 1 Michel Foucault (Poitiers, 15 de octubre de 1926 – París, 25 de junio de 1984), filósofo e historiador francés, profesor de la cátedra Historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France entre 1970 y1984 2 Al respecto evidencia el autor que “[no] hay era de lo legal, era de lo disciplinario, era de la seguridad. No tenemos mecanismos de seguridad que tomen el lugar de los mecanismos disciplinarios, que a su vez hayan tomado el lugar de los mecanismos jurídico legales. Por el contrario, (...) veremos una historia que va hacer la historia de las técnicas propiamente dichas” (Foucault, 2006, 23). Sobre el particular, (...) basta con ver la masa legislativa, las obligaciones disciplinarias incorporadas por los mecanismos modernos de seguridad, para advertir que no hay sucesión: ley, luego disciplina, luego seguridad, esta última es, antes bien una manera de sumar, de hacer funcionar, además de los mecanismos de seguridad propiamente dichos, las viejas estructuras de la ley y la disciplina” (Foucault, 2006, 26).
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contrario, el proyecto “Historia de la gubernamentalidad” propone analizar la
correlación, complementariedad y mutua dependencia de las tres tecnologías,
aunque aclarando que los énfasis, contextos, medios y objetivos de cada una de
ellas son diferentes.
Con base en esta comprensión, estructuré la monografía a partir del objetivo
general de analizar las características, objetivos y resultados de la implementación
de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, preguntándome por las
tecnologías de gobierno que allí fueron desplegadas. En ese sentido, los objetivos
específicos de este trabajo es responder a mis interrogantes sobre si tal
despliegue hizo su acento en los mecanismos jurídicos, en los mecanismos
disciplinarios o en los dispositivos de seguridad; y en segundo lugar, si las
estrategias de gobierno estuvieron dirigidas hacia el aseguramiento del territorio o
hacia la optimización de las condiciones de vida de la población, en otras
palabras, si a través de estas tecnologías de gobierno se privilegiaron aspectos
relacionados con la consolidación de un Estado territorial de corte autoritario o,
más bien, si lo que se buscó fue primeramente la gestión de la vida de la
población.
Ahora bien, para reflexionar sobre estas inquietudes y lograr la consecución de los
objetivos planteados, en el primer capitulo de esta monografía presentaré la
perspectiva teórica desde la cual analizaré la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca, durante los 560 días de su vigencia, en el marco de los
mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de
seguridad, trabajados por Foucault en su obra Seguridad, población, territorio. En
el segundo capitulo, caracterizaré el contexto en el cual se da la formulación e
implementación de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, en
términos de las condiciones del conflicto armado en el Departamento de Arauca
en ese momento. Y posteriormente, en el tercer capitulo, me encargaré de
caracterizar y analizar la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca desde
la perspectiva de los mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los
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dispositivos de seguridad, haciendo un balance de misma desde esta perspectiva
con base en dos recursos: los informes de la Procuraduría General de la Nación y
de la Defensoría del Pueblo sobre la Zona de Rehabilitación Y Consolidación de
Arauca, y la entrevista realizada al Oficial de Policía José Vicente Carreño, Jefe de
la oficina de atención al ciudadano de la Policía del Departamento de Arauca,
quien ha vivido y trabajado en el Departamento por 20 años (Anexo 2).
Adicionalmente, como anexo, presentaré una caracterización de la geografía y de
los aspectos económicos y sociales del Departamento de Arauca, cuya lectura
permitirá dimensionar y contextualizar el desarrollo y las conclusiones de esta
monografía.
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1. MECANISMOS JURÍDICOS, MECANISMOS DISCIPLINARIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Con el objetivo de construir una caja de herramientas para el análisis de la Zona
de Rehabilitación y Consolidación de Arauca3, desde la perspectiva de los
mecanismos jurídicos, mecanismos disciplinarios y dispositivos de seguridad: en
primer lugar, introduciré el indicador de elección sobre los aspectos que desde la
biopoder, son pertinentes para el desarrollo de esta monografía a partir de la
pregunta por cuáles aspectos privilegia una tecnología de gobierno (jurídica,
disciplinario o securitaria) como parte del ejercicio del poder estatal sobre el
territorio y la población. Posteriormente, en tanto que el trabajo de Michel Foucault
en torno a los mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los
dispositivos de seguridad no se presenta de forma aislada, éste se contextualizará
a partir de la referencia al concepto de biopoder al cual se anclan, en el marco de
la obra Seguridad, territorio, población. Por último, se caracterizarán y analizarán
los mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de
seguridad, en tanto tecnologías de gobierno, en la perspectiva de los objetivos
fijados en esta monografía.
Inicialmente, el indicador de elección sobre qué aspectos del biopoder
desarrollados por Michel Foucault son pertinentes para el desarrollo de esta
3 El 11 de agosto de 2002 el Gobierno nacional, en ejercicio de su prerrogativa de excepción constitucional –artículos 212 a 215 Superiores-, decretó el estado de conmoción interior y conformó las denominadas Zonas de consolidación y rehabilitación en los Departamentos de Arauca y Sucre, acto que fue formalizado a través del decreto legislativo 1837 de 2002 y prorrogado en dos ocasiones a través de los decretos 2555 del 8 de octubre de 2002 y 245 del 5 de febrero de 2003 que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-327/03. Dicha prerrogativa fue usada por el gobierno durante 560 días, que se constituyen en el marco temporal para el análisis de la Zona de consolidación y rehabilitación de Arauca conformada por los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.
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monografía, es la pregunta por los objetivos de los mecanismos jurídicos, de los
mecanismos disciplinarios y de los dispositivos de seguridad, en el marco de la
Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca y si sus énfasis y estrategias
estuvieron dirigidas hacia la consolidación de un Estado territorial o de población.
Sobre lo anterior es preciso notar que no se trata de una sustitución de una forma
por otra. Por el contrario, se trata de analizar cuáles aspectos privilegia una
tecnología de gobierno como parte del ejercicio del poder estatal sobre el territorio
y la población.
En consecuencia, se trata de indagar sobre la relación que se establece entre la
soberanía, el territorio y la población. En particular, si el ejercicio de la soberanía
centra su atención sobre cómo debe ser y cómo debe funcionar el territorio, así
como la dinámica e intensidad de sus circulaciones, todo ello en la perspectiva de
conectar la eficacia política de la soberanía a los aspectos territoriales o a una
distribución espacial; y en segundo término, se pretende analizar si el ejercicio de
la soberanía hace énfasis en la conducción de un conjunto de individuos y de la
gestión de la relación entre determinados recursos y la población, más allá de su
consideración como la suma de sujetos de derecho que habitan un territorio y que,
por el contrario, pueden ser objeto de una serie de intervenciones, por ejemplo, a
través de leyes, cambios de actitudes, formas de hacer vivir, entre otros.
De esta forma, el marco de análisis de la presente monografía se construye a
partir de la comprensión de biopoder desarrollada por Foucault en su obra
Seguridad, territorio, población. Allí el biopoder es entendido como:
“el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general de poder, en otras palabras, cómo, a partir del siglo XVIII, la sociedad las sociedades occidentales modernas, tomaron en cuenta el hecho biológico fundamental de que el hombre constituye una especie humana” (Foucault, 2006, 15).
Ya en sus lecciones de 1975-1976 tituladas Defender la sociedad, Foucault había
destacado que uno de los fenómenos fundamentales de finales del siglo XVIII e
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inicios del siglo XIX fue la consideración de la vida por parte del poder, que
consiste en un ejercicio de poder sobre el hombre en cuanto ser viviente,
suponiendo así, una estatización de lo biológico. De esta forma se introduce la
comprensión de la biopolítica a partir de su relación con la idea de gobierno sobre
población. De acuerdo con lo anterior, la biopolítica se encargará del gobierno
sobre variables que afectan la vida de la población, tales como enfermedades,
hambrunas, epidemias, mortalidad y morbilidad. Según Foucault, el objetivo del
biopoder es:
“intervenir en el nivel de las determinaciones de esos fenómenos generales (...) y establecer mecanismos reguladores que, en esa población global con su campo aleatorio, puedan fijar un equilibrio, mantener un promedio (...), asegurar compensaciones; en síntesis de instalar mecanismos de seguridad alrededor de ese carácter aleatorio que es inherente a una población de seres vivos; optimizar (...) un estado de vida: mecanismos, podrán advertirlo, como los disciplinarios destinados a maximizar fuerzas y extraerlas, pero que recorren caminos enteramente diferentes. Puesto que aquí, a diferencia de las disciplinas, no se trata de un adiestramiento individual efectuado mediante un trabajo sobre el cuerpo mismo” (Foucault, 2000, 223).
En suma, es evidente como la vida y los diferentes fenómenos relacionados
directa o indirectamente con ésta son regulados a través de la biopolítica. De esta
forma, la vida se constituye en el objeto mismo de la biopolítica, así como de sus
mecanismos y de sus cálculos.
A partir de la referida noción de biopoder, Foucault desarrolla en las tres primeras
clases de Seguridad, territorio, población su trabajo en torno a las tecnologías de
seguridad en la historia. Es necesario precisar, sin embargo, que a partir de la
clase del 1 de febrero de 1978 se presenta un punto de inflexión, en tanto que en
adelante Foucault concentrará su análisis de la gubernamentalidad en hacer una
genealogía del Estado moderno desde la perspectiva del biopoder, es decir que a
partir de la noción de gubernamentalidad Foucault hablará de las técnicas de
gobierno que sirven de base para la formación de los Estados modernos.
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De acuerdo con lo anterior, desarrollaré esta monografía desde la perspectiva del
biopoder, centrándome en aquellas tecnologías de gobierno que Foucault
denominará tecnologías de seguridad, analizadas y expuestas por el autor en los
tres primeros capítulos de Seguridad, territorio, población. Allí se muestra en qué
consisten las tecnologías de seguridad y cuál es su diferencia y relación de
complementariedad con otras dos tecnologías de gobierno: los mecanismos
jurídicos y los mecanismos disciplinarios.
No obstante, en relación con el análisis de las tecnologías de gobierno, Foucault
aclara que tal análisis no se remite a una teoría general del poder, ni mucho
menos al conjunto de sus principios. Por el contrario, Foucault hace la cartografía
de distintas tecnologías de gobierno que han surgido históricamente en períodos
diferentes, que funcionan conforme a estrategias diferentes, pero que en algún
momento pueden agenciarse y complementarse. Esta multiplicidad de tecnologías
no son derivaciones de una única racionalidad y su origen tampoco puede ser
trazado desde y hasta el Estado. Éste surge como resultado de la confluencia de
algunas de estas tecnologías, pero en ningún momento es visto por Foucault
como origen de las mismas. No existe el poder sino los poderes. En ese sentido,
los mecanismos de poder son intrínsecos a ese conjunto de relaciones y
mantienen una relación causa-efecto de circularidad que hacen posible su
reproducción. Ahora bien, del análisis de esas múltiples relaciones de poder y de
sus diversas tecnologías se desprende la posibilidad llevar a cabo un análisis
global de la sociedad, que puede articularse a la comprensión de procesos
históricos concretos.
1.2 Las tecnologías de gobierno
Con la formulación de un ejemplo, Foucault muestra la diferencia y
complementariedad entre tres tecnologías distintas de gobierno: mecanismos
jurídicos, mecanismos disciplinarios y dispositivos de seguridad. El ejemplo
elegido es el de la criminalidad. Desde el punto de vista de los mecanismos
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jurídicos, una conducta es punible cuando, además no adecuarse a los criterios de
normalidad social, se halla codificada por una serie de leyes que forman parte de
un código penal y a la cual le corresponda una determinada pena o castigo. La ley
se expresa como una prohibición, es decir como una distinción binaria entre lo que
está permitido y lo que no lo está (Foucault 2006, 19-20).
Los mecanismos disciplinarios funcionan de otro modo respecto a la criminalidad.
De un lado, presuponen que el individuo ha infringido la ley y se ocupan de
implementar una serie de prácticas de corrección y encauzamiento sobre el
cuerpo (el encarcelamiento), que tienen como objetivo la resocialización del
criminal. De otro lado, los mecanismos disciplinarios son ejemplarizantes, pues
muestran a la sociedad entera lo que puede ocurrir en caso de que la ley sea
transgredida. De esta forma, los mecanismos disciplinarios se despliegan al
interior de una sociedad y se concretizan en instituciones de encierro tales como la
escuela, el hospital, la fábrica, los talleres, el ejército y la familia. Así
implementados, la vigilancia y el control son moralizantes, en tanto que ya no
buscan solo castigar sino también prevenir el crimen.
Por su parte, los dispositivos de seguridad operan de otro modo respecto a las dos
tecnologías anteriores. Su función ya no es castigar al criminal y tampoco
moralizar a la sociedad, sino gestionar un índice de criminalidad (levantado a
través de estadísticas) de tal modo que su manejo pueda ser tolerable para el
Estado. El tipo de interrogantes que abordan los dispositivos de seguridad son los
siguientes, conforme a la interpretación de Foucault:
“¿Cuál es el índice medio de la criminalidad respecto a determinada conducta?, ¿cómo se puede prever estadísticamente que habrá tal o cual cantidad de delitos en un momento dado, en una sociedad dada, en una ciudad determinada, en la ciudad, en el campo en tal o cual capa social, etc?, ¿hay momentos, regiones, sistemas penales que por sus características permiten el aumento o la disminución de ese índice medio?, ¿las crisis, las hambrunas, las guerras, los castigos rigurosos o, al contrario, los castigos leves producirán alguna modificación en esas proporciones?, respecto a este tipo de criminalidad, ¿cuánto cuesta a la sociedad, qué perjuicios genera, qué lucro cesante, etc.?, ¿cuánto cuesta la represión de
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esta conducta?, ¿es más costosa una represión severa y rigurosa, un represión blanda, una represión de tipo ejemplar y discontinuo o, al contrario, un represión continua?, ¿cuál es entonces, el costo comparado de determinado delito y su represión?, ¿qué vale más: aflojar un poco o la represión? Otros interrogantes una vez que el culpable es detenido, ¿vale la pena castigarlo?, ¿cuánto costaría hacerlo?, ¿qué habría que hace para castigarlo y, de ese modo, reeducarlo?, ¿es efectivamente reeducable?, ¿representa al margen del acto concreto que ha cometido, un peligro permanente, de manera que, reeducado o no, va a volver a hacerlo, etc.?” (Foucault, 2006,19- 20)
Ahora bien, la importancia del ejemplo de la criminalidad es que permite
establecer la distinción, así como las características generales, de las tres
tecnologías de gobierno mencionadas: los mecanismos jurídicos, los mecanismos
disciplinarios y los dispositivos de seguridad. Sin embargo, a continuación se
abordarán y caracterizarán estas diferencias de forma específica.
1.2.1 Mecanismos jurídicos
El mecanismo legal o jurídico, así como los reglamentos, suponen la definición de
un tipo penal y su pena o castigo correspondiente, que se funda en la distinción o
partición binaria, entre lo permitido y lo prohibido. El punto de partida de dicha
partición supone la comprensión de un estado de cosas desde la distinción entre
el orden y el desorden, tratando de imponer paulatinamente el orden a través de la
prohibición. Al respecto, es pertinente notar que lo que está en el centro de acción
de los mecanismos no es lo que está permitido sino lo que está prohibido.
De otro lado, una de las funciones de los mecanismos jurídicos es establecer la
soberanía sobre un territorio. La ley llegará hasta donde se extiendan las fronteras
del poder soberano. Más allá de estas fronteras, lo prohibido escapa a la
jurisdicción de esta ley y entrará en la jurisdicción de otra.
1.2.2 Mecanismos disciplinarios
Considerando el ejemplo de los reglamentos sobre la peste como mecanismo
disciplinario, formulado en Seguridad, territorio, población, Foucault muestra cómo
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la función de tales mecanismos es establecer ciertas restricciones en relación con
las circunstancias en las que la gente puede salir de su casa, con el tipo de
alimentación permitida, con el hecho de establecer cierto tipo de contactos o
relaciones, con la obligación de presentarse ante inspectores y permitir su ingreso
en sus hogares, etc. De acuerdo con lo anterior, uno de los principales objetivos
de la disciplina es reglamentarlo todo. Mientras que la ley prohíbe hacer algo, la
disciplina reglamenta lo que es permitido hacer, es decir que en esencia un
reglamento disciplinario reglamenta lo que no está prohibido, a diferencia de los
mecanismo jurídicos, que se limitan a hacer una distinción binaria entre lo que
está permitido y lo que no lo está. Sin embargo, vale la pena resaltar que los
mecanismos disciplinarios pueden trabajar junto con los mecanismos jurídicos, de
modo que al tiempo que reglamentan lo que puede hacerse y prohíben, también,
lo que no puede hacerse.
En ese punto es necesario mostrar la diferencia establecida por Foucault entre
normalización y normación, teniendo en cuenta que – como ya se dijo en el caso
del encarcelamiento - la disciplina observa la posibilidad de modificar la conducta
de los individuos, en el caso de que estos hayan transgredido la ley. De igual
forma, los mecanismos disciplinarios clasifican y coordinan determinados
elementos e individuos en función de la consecución de objetivos específicos,
constituyéndose así en un criterio de distinción entre lo normal y lo anormal. Las
conductas normales serán aquellas que ayuden a maximizar las oportunidades de
materialización de un determinado objetivo, mientras que las anormales serán
aquellas que lo obstaculizan. En consecuencia, según Foucault,
“La operación de normalización disciplinaria pasa por intentar que la gente, los gestos y los actos se ajusten a ese modelo; lo normal es, precisamente, lo que es capaz de adecuarse a esa norma, y lo anormal, lo que es incapaz de hacerlo. En otras palabras, lo primero y lo fundamental en la normalización disciplinaria no es lo normal y lo anormal, sino la norma” (Foucault, 2006, 75).
De acuerdo con lo anterior, los mecanismos disciplinarios establecen una norma
con carácter prescriptivo y la determinación de lo que se considera normal o
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anormal sólo es dada a partir de ésta. Por ello, Foucault considera más pertinente
hablar de normalización que de normación para el caso de los mecanismos
disciplinarios.
Por último, la relación de la disciplina con el espacio se da en la perspectiva de su
arquitectura, planteando como problema esencial la distribución jerárquica y
funcional de los elementos. La disciplina aísla un espacio y concentra su acción,
su poder y sus mecanismos en éste, de ahí su carácter centrípeto. Foucault
menciona varios ejemplos de esto: los hospitales, las cárceles, las escuelas, las
fábricas, las guarniciones, que son espacios diseñados arquitectónicamente para
“concentrar” a los individuos, facilitando así su normalización, es decir haciendo
que sus cuerpos se ajusten a la norma disciplinaria.
1.2.3 Dispositivos de seguridad
Los dispositivos de seguridad están comprendidos por una serie de fenómenos
que permitirán la gestión de la conducta punible dentro de una serie de
acontecimientos probables, así como el análisis de su impacto y costo en el
funcionamiento social. No obstante, a diferencia de la distinción binaria referida
con relación a los mecanismos jurídicos, los dispositivos de seguridad procuran
establecer y definir un intervalo de riesgo, más que establecer una prohibición
absoluta.
Por otro lado, los dispositivos de seguridad, a diferencia de los mecanismos
disciplinarios, no se dirigen hacia la normalización de los individuos sino hacia la
gestión de las poblaciones. Ahora bien, en tanto que la población se constituye en
el ámbito privilegiado y en el fin mismo de la intervención de los dispositivos de
seguridad, el fenómeno de la población es considerado como un conjunto de
procesos que son susceptibles de manejo a partir de la consideración de sus
aspectos biológicos. De acuerdo a Foucault,
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“con la población tenemos un conjunto de elementos que, por un lado, se inscriben en el régimen general de los seres vivos y por otro lado ofrecen una superficie de agarre a transformaciones autoritarias, pero meditadas y calculadas” (Foucault, 2006, 100).
Una vez caracterizada la población como objeto principal de los dispositivos de
seguridad, es pertinente mencionar los cuatro rasgos esenciales de los
dispositivos de seguridad, que de acuerdo con Foucault (2006, 27) son los
siguientes: la consideración del espacio de seguridad, el problema del tratamiento
de lo aleatorio, el estudio de la forma de normalización que es específica de la
seguridad (y que difiere de la normalización disciplinaria) y la correlación entre
técnicas de seguridad y población.
El espacio de seguridad implica una distribución espacial que se vincula con el
problema de la circulación, sus relaciones de causa-efecto, y que tiene como
objetivo maximizar las buenas circulaciones y restringir las malas circulaciones, de
esta forma, procuran la creación de un espacio en el cual se ejerce control sobre
sus elementos y sus flujos. El gobierno de las poblaciones favorecerá, por
ejemplo, la circulación de mercancías y de sujetos productivos, y restringirá la
circulación de todo tipo de poblaciones indeseadas.
Esta forma de intervención del espacio supone el acondicionamiento de un
“medio” (mileu) en función de acontecimientos o de series de acontecimientos que
deben ser objeto de regularización, de ahí que el autor hable del encuadramiento
en un espacio determinado de una temporalidad y aleatoriedad. De esta forma
Foucault establece la siguiente relación entre los dispositivos de seguridad y el
“medio”:
“Los dispositivos de seguridad, trabajan, fabrican, organizan acondicionan un medio aún antes de que la noción se haya constituido y aislado. El medio será entonces el ámbito en el cual se da la circulación. Es un conjunto de datos naturales, rios, pantanos, colinas, y un conjunto de datos artificiales, aglomeración de individuos, aglomeración de casas, etc. El medio es una cantidad de efectos masivos que afectan a quienes residen en él. Es un elemento en cuyo interior se produce un cierre circular de los efectos y las causas, porque lo que es efecto de un lado se convertirá en causa de otro lado. (...) A través del medio se apunta, por
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lo tanto, a ese fenómeno de circulación de las causas y los efectos. Y el medio aparece por último como un campo de intervención dónde, en vez de afectar a los individuos como un conjunto de sujetos de derecho capaces de acciones voluntarias –así sucedía con la soberanía-, en vez de afectarlos como una multiplicidad de organismos, de cuerpos susceptibles de prestaciones, y de prestaciones exigidas como en la disciplina, se tratará de afectar, precisamente, a una población” (Foucault, 2006, 41)
Considerando esta forma de intervención sobre el “medio”, Foucault afirma que los
dispositivos de seguridad son de carácter centrífugo teniendo en cuenta su
permanente tendencia a ampliarse, integrando al medio diferentes elementos y
aspectos y favoreciendo la circulación. En contraste con los mecanismos
disciplinarios, que son centrípetos, porque buscan encerrar y normalizar.
A partir de esta relación, lo propio de los dispositivos de seguridad no es prohibir ni
reglamentar, sino desplegar su acción conforme a la transformación del “medio”
(mileu) sobre el cual intervienen. Sin embargo, lo anterior no excluye la posibilidad
de que los dispositivos de seguridad se agencien con los mecanismos
disciplinarios para prohibir y reglamentar cuando sea necesario, en tanto que la
función principal de los dispositivos de seguridad es producir un “medio” (mileu)
que debe ser objeto de intervención, es decir de gobierno.
Sobre lo anterior, es preciso insistir en la distinción que establece Foucault entre
los mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de
seguridad en relación con la normalización:
“La ley trabaja en el ámbito de lo imaginario, sólo puede formularse al imaginar todas las cosas que podrían hacerse pero no hay que hacer; la disciplina trabaja en lo complementario de la realidad y dentro de sus espacio se construirá el elemento complementario de esa realidad, prescripciones, obligaciones tanto más artificiales y apremiantes cuanto la realidad es lo que es, insistente y difícil de vencer. La seguridad, a diferencia de las anteriores, trabajará en esta misma e intentará, en virtud y a través de toda una serie de análisis y disposiciones especificas, hacer que sus elementos actúen unos con respecto a otros” (Foucault, 2006, 69)
Esto significa que la “normalización” se dice de tres modos, atendiendo al tipo de
tecnología de gobierno a la que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de los
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mecanismos jurídicos, la normalización hace referencia al cumplimiento de un
código binario (prohibido/permitido). Un ejemplo sería la obligatoriedad de la
escuela primaria en algunos países. Cuando hablamos en cambio de los
mecanismos disciplinarios, tal como ya se dijo, la normalización hace referencia a
la ejecución de una norma y la posterior evaluación de la conducta conforme a los
patrones establecidos por esa norma, por ejemplo la evaluación de los progresos
de un niño en la escuela. Para el caso de los dispositivos de seguridad, la
normalización tiene que ver, en cambio, con el establecimiento de una curva de
normalidad.
De otro lado, Foucault afirma que una de las funciones de los dispositivos de
seguridad es generar una interacción entre los mecanismos jurídicos y los
disciplinarios, pero atendiendo siempre a los objetivos de regulación trazados por
la seguridad. En el caso anteriormente mencionado de la criminalidad, se trataría
entonces de establecer primero cuáles son los límites tolerables de la misma para
una sociedad, para luego modificar las leyes, por ejemplo la despenalización del
aborto, y modificar también las normas disciplinarias. En este sentido, el
tratamiento del aborto se limita a la esfera de los mecanismos jurídicos, en tanto
que desde la perspectiva de los dispositivos de seguridad es necesario gestionar
la tasa de mortalidad, los índices de salud pública, el número de población
trabajadora afectada, etc.
Precisamente a partir de esta caracterización de la normalización en el marco de
los dispositivos de seguridad puede comprenderse, de acuerdo con Foucault, que
la libertad opera como efecto de una técnica de gobierno, toda vez que el objetivo
de los dispositivos securitarios es favorecer la circulación permanente de personas
y mercancías. De acuerdo con esto, la libertad no es un dato previo, ni connatural
a los seres humanos, sino que es un efecto producido por los propios dispositivos
de seguridad. En este sentido, libres serán aquellas personas que ajusten su
conducta a unas determinadas tasas de normalidad y puedan, por tanto, circular
sin restricciones. Un ejemplo de esto sería el caso de la penalización de la dosis
22
mínima. Desde el punto de vista de la seguridad, la libertad debe ser restringida
para aquellos individuos que promueven la circulación indeseada de
estupefacientes, puesto que ello es visto como un riesgo para el mantenimiento
del orden público. Libres serán, entonces, solamente aquellos que no representan
ningún peligro para la seguridad de la población. Los dispositivos de seguridad
buscarán entonces evitar las circulaciones más desfavorables, esto es, más
desviadas con respecto a una curva arbitraria de normalidad.
Por último, a pesar de que la genealogía trazada por Foucault del origen de los
mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de
seguridad nos remite a períodos diferentes en la historia europea (los jurídicos a
las sociedades feudales-medievales anteriores al siglo XVII, los disciplinarios al
nacimiento de los estados nacionales en los siglos XVII y XVIII, los securitarios a
las sociedades industriales que empiezan a formarse desde finales del siglo XVIII),
existe una relación de mutua implicación entre ellos:
“Podría decir de igual modo, a la inversa, que si tomamos los mecanismos de seguridad tal como se intenta desarrollarlos en la época contemporánea es absolutamente evidente que la actitud no constituye en modo alguno una respuesta entre paréntesis o una anulación de las estructuras jurídico legales o de los mecanismo disciplinarios. Al contrario, consideren lo que pasa en nuestros días, siempre en el orden penal, en ese orden de la seguridad. El conjunto de medidas legislativas, decretos, reglamentos, circulares que permiten introducir mecanismos de seguridad es cada vez más gigantesco (…) [No] hay era de lo legal, era de lo disciplinario, era de la seguridad. No tenemos mecanismos de seguridad que tomen el lugar de los mecanismos disciplinarios, que a su vez hayan tomado el lugar de los mecanismos jurídico legales.” (Foucault, 2006, 22, 23)
Al respecto vale la pena llamar la atención sobre el efecto del encuadramiento del
sistema penal en el dispositivo de seguridad y sus consecuencias en la definición
y ejecución de la política criminal, que evidencia un proceso inflacionario que
activa, a la vez, toda una serie de mecanismos de disciplina y vigilancia que
garantizarán la efectividad de dicho dispositivo.
23
Precisamente, En el estudio y análisis de la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca, trabajaré en evidenciar el modo en el que los
mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de
seguridad conforman un solo agenciamiento, es decir que estas tres tecnologías
de gobierno trabajan juntas.
24
2. CONTEXTO DE LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ARAUCA
El Departamento de Arauca ubicado en la cuenca de los llanos orientales es una
de las zonas geológicas más ricas del país en materia de hidrocarburos y se
constituye en una zona de importancia geoestratégica para los intereses del
Estado colombiano. Esto si se considera tanto su posición geográfica y su
situación como Departamento de frontera, así como su rol en la perspectiva del
abastecimiento energético y de los beneficios económicos que la industria
petrolera le proporciona al Estado colombiano a través de la inversión pública o de
la inversión privada en este sector de la economía. Adicionalmente la presencia de
multinacionales petroleras se constituye en otro factor determinante en las
dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales del Departamento de
Arauca. De hecho, el Departamento de Arauca concentra áreas de explotación,
que representan cerca del 20% de la producción petrolera en Colombia y se
constituye en una de las zonas con mayores reservas de hidrocarburos.
Es evidente la importancia estratégica del petróleo considerando su impacto en las
finanzas públicas y en la economía nacional en general. Además porque del
desarrollo en este sector dependen las posibilidades de que Colombia sea
autosuficiente en materia petrolera, condición que esta seriamente amenazada por
el agotamiento de las fuentes y la reducción de los hallazgos. Adicionalmente la
actividad petrolera pertenece a la rama de la minería que representa el 69% del
PIB nacional.
Lo anterior contrasta con el hecho de que antes del hallazgo del pozo Caño Limón
en el Departamento de Arauca, en 1983, este último no era considerado como una
prioridad en el marco de la acción estatal, y paradójicamente al igual que en otras
25
regiones del territorio nacional, especialmente en las zonas de frontera, el Estado
colombiano no se había concentrado en el ejercicio de soberanía, en términos de
ejercicio de poder sobre el territorio y la población, la administración de justicia y
mucho menos, en relación con la materialización de los derechos a la salud, la
educación, el saneamiento básico, entre otros.
Posteriormente, con el desarrollo de la dinámica de la economía petrolera en la
región (Ver anexo 1, numeral 3.1. Actividad petrolera), el Estado colombiano
concentró su acción en maximizar sus oportunidades de explotación de los
recursos energéticos de la zona, dejando a un lado sus obligaciones
constitucionales de materializar los derechos de los ciudadanos en la perspectiva
de un Estado social, hecho que además de debilitar la estructura misma del
Estado, deviene en una serie de dificultades en materia de gobernabilidad (Ver
anexo 1, Características del Departamento de Arauca, numerales 1, 2 y 3),
agudizada por la difícil situación de orden público en el Departamento, teniendo en
cuenta la presencia de diferentes grupos armados ilegales que han aprovechado
el vacío del Estado para adelantar sus acciones y actividades criminales.
A continuación se presentaré el contexto en el que se decretó el estado de
conmoción interior y se formula e implementa la Zona de Rehabilitación y
Consolidación, en términos de las características del conflicto armado y de la
situación de derechos humanos en el Departamento de Arauca.
2.1 Contexto en el que el Gobierno nacional decreta el estado de conmoción interior y se implementa la zona de Rehabilitación y Consolidación de
Arauca
La dinámica del conflicto y la situación de los derechos humanos del departamento
de Arauca se relacionan con la economía petrolera y en particular con la situación
26
del Oleoducto de Caño Limón- Coveñas, que tiene 770 kilómetros de longitud, de
los 5197 kilómetros de oleoductos que tiene el país; y del yacimiento petrolero de
Caño Limón comprendido por más de 300 pozos, aporta 90 mil barriles de crudo
cada día y que junto con el yacimiento de Cusiana son los más grandes del país.
Adicionalmente existen factores geográficos que son determinantes para la
comprensión de la dinámica del conflicto relacionados con las características del
relieve y en particular de sus unidades morfológicas. De acuerdo con lo anterior, el
territorio comprendido por la continuidad de la cordillera Oriental y el Pie de Monte
Llanero ha servido de lugar de asentamiento de diferentes grupos armados
ilegales –guerrillas y paramilitares-.
Como una de las consecuencias del surgimiento y desarrollo de la actividad
petrolera, se intensifica la presencia del ELN en el Departamento de Arauca,
desde inicios de la década de los ochenta, posteriormente, las FARC que después
del ataque a Casaverde, se vio en la obligación de aumentar su movilidad hacia la
cordillera Oriental y a partir de los noventa inician un proceso de consolidación en
la zona (Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH y DIH, 2002, 2).
Adicionalmente, la llegada de las FARC al Departamento de Arauca, también
obedece a una estrategia geopolítica, teniendo en cuenta sus objetivos de
consolidarse la zona de frontera con Venezuela y de tener en la extorsión a la
industria petrolera una nueva fuente de financiación.
Este escenario se hace más complejo si se consideran los efectos del desarrollo
de un modelo de expansión territorial a partir de la acción de los grupos
paramilitares a partir de la adquisición y concentración de grandes extensiones de
tierra, lo cual permitiría entender que Arauca sea el segundo Departamento de
Colombia con mayor concentración de la tierra, en tanto que el 74% de su
superficie catastral corresponden a predios de 200 o más hectáreas que
pertenecen al 2% de los propietarios.
27
En relación con el desarrollo de una economía del narcotráfico, se evidencia la
existencia, en el Departamento de Arauca, de cultivos ilícitos en una parte
considerable de su geografía que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (2008), concentra el 2% del total de cultivos
ilícitos en el país. En el año 2001 las hectáreas sembradas con hoja de coca
fueron 2749, en el 2002 fueron 2214, en el 2003 fueron 539, en el 2004 fueron
1552, en el 2005 fueron 1883 y en el año 2006, 1306.
A partir de la segunda mitad del año 2000 se configura un nuevo escenario con la
llegada del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC, desplegando un accionar
de masacres y asesinatos, así mismo, con la intensificación de las acciones de las
FARC y las disputas locales entre estas y ciertos sectores del ELN, así como el
aumento de las acciones contra la infraestructura energética de la zona y contra la
población civil (Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH y DIH, 2002, 3).
Sobre este último punto es preciso notar, como en el año 2001 los atentados
contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón sumaron más de 170 y que
entre los años de 1993 y 2001 la tendencia creciente de este tipo de acciones ha
sido constante.
Gráfico 1
28
2.2 Principales actores armados ilegales del conflicto
Las FARC, hace presencia en la zona con los frentes 10 Guadalupe Salcedo y 45
Atanasio Girardot, este último esta integrado por las columnas Urías Cuellar y
Alfonso Castellanos; adicionalmente, los frentes 16 y 53 del Bloque Oriental,
también hacen presencia en la zona.
El ELN, por su parte, opera en el departamento de Arauca con el Frente Domingo
Lain, la compañía Capitán Pomares, la compañía Cimacota y el Batallón ABC –
Arauca, Boyacá, Casanare-. Como se ha mencionado, el ELN ha venido
atentando contra la infraestructura petrolera, desde el año de 1984, en tanto que el
tema de hidrocarburos se constituye en uno los principales puntos de su agenda,
en particular, los temas relacionados con las características de los contratos de
concesión y asociación, el déficit de la refinación de petróleo, las regalías, entre
otros aspectos.
Los paramilitares ingresan a Arauca durante la segunda mitad del año 2000 con el
Bloque Vencedores de Arauca de las AUC. Desde el año 2001 esta presencia se
intensificó con la llegada del Bloque Centauro y el Bloque independiente
Casanare.
En este punto es necesario hacer referencia a los efectos del establecimiento de la
zona de distensión en el marco de las negociaciones entre el gobierno del
presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC entre los años 1999 y 2002,
en la dinámica del conflicto en la región de Arauca. Sobre el particular, los frentes
presentes en la referida región se desplazaron hacia la zona de distensión con la
consecuente perdida del control en el Departamento de Arauca. Debido a lo
anterior, las AUC ocuparon paulatinamente los municipios de Cravo Norte, la zona
rural de Tame, Puerto Rondón y Arauca. En el contexto de la zona de
rehabilitación, las FARC y los grupos paramilitares se disputaron posiciones
estratégicas en el territorio.
29
No obstante, la presencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares no se limita
a las acciones armadas contra la infraestructura, ni a la violación de derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. Estos grupos también han
ejercido su poder sobre la administración pública y en particular, sobre las
decisiones presupuestales y de inversión. En esa dinámica además de influir en la
elección popular de las autoridades departamentales y municipales, también han
ejercido una permanente amenaza sobre las mismas
2.3 Situación de derechos humanos previa a la vigencia de la zona de
consolidación y rehabilitación de Arauca
En el marco del conflicto el Departamento de Arauca ha sido escenario de
numerosas violaciones de los Derechos Humanos y de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, por parte de los diferentes actores del conflicto, incluida
la Fuerza Pública (Fuerzas Miliares y de Policía).
En relación con la Fuerza Pública es pertinente recordar que el día 13 de
diciembre de 1997, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana arrojó una
bomba cluster en un caserío del municipio de Tame que arrojó un saldo de 17
personas muertas, entre ellas 5 niñas, y 25 heridos. Sin embargo, el comandante
de la Fuerza aérea Colombiana de la época anunció este hecho, al día siguiente,
como un procedimiento en el que “se dio de baja” a 17 insurgentes.
Gráfico 2
30
Desde el año 2001 se intensificaron las acciones de los grupos armados ilegales,
que evidencian una escalada del conflicto. No obstante, antes del año 2001 es
posible evidenciar una tendencia creciente en las acciones armadas de las FARC
desde año 1996. En el caso del ELN, después de una intensificación entre los
años de 1999 y 2000, para el año 2002 su accionar se estabiliza.
En el marco de la referida escalada del conflicto, el Departamento de Arauca se
consolidó como una de las zonas con mayor taza de homicidios, 107 por cada
100.000 habitantes, de acuerdo con el informe de derechos humanos de la
Vicepresidencia de la República (2006). Sin embargo, esta no se constituye en
una situación coyuntural, por el contrario es pertinente destacar que los municipios
de Saravena, Arauquita y Cravo Norte la referida tasa fue de 200 homicidios por
cada 100.000 habitantes.
Gráfico 3
Ahora bien, considerando en cambio en la dinámica en el conflicto con la entrada y
consolidación de las AUC en el Departamento de Arauca, el Municipio de Tame
fue uno de los más afectados, teniendo en cuenta que entre los años 2001 y 2002,
de 150 homicidios por cada cien mil habitantes este indicador aumentó a 250. Lo
propio sucedió en los Municipios de Saravena y Fortul que registraron un aumento
del 100% en este mismo indicador.
31
En relación con la utilización de minas antipersonales, de acuerdo con el
Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH y DIH (2002, 11), es recurrente
la presencia de este tipo de artefactos en los perímetros del oleoducto Caño
Limón- Coveñas en los tramos que coinciden con las zonas en las que se ha
atentado contra la infraestructura petrolera. Igualmente, el secuestro se ha
constituido en una de las prácticas recurrentes de los grupos armados ilegales, ya
que esta infracción al DIH, cometida en su mayoría por los grupos guerrilleros,
coincide, igualmente con la extorsión las empresas del sector de hidrocarburos.
Sobre el particular, llama la atención el incremento en un 100% de los secuestros
en Arauca entre los años 1998 y 2001.
Gráfico 4
Otro aspecto que debe considerarse es la dinámica del desplazamiento forzado.
Este fenómeno se intensificó a partir del año 2001, hecho que coincide con la
entrada y consolidación de las AUC en el Departamento de Arauca. Sobre el
particular llama la atención que en año 2001, cerca de 1800 personas fueron
desplazadas del municipio de Arauca, cuando en el periodo anterior las personas
desplazadas fueron menos de 300. Lo mismo sucede en el municipio de Tame,
región en la que se evidenciaron los efectos de la escalada del conflicto a partir del
año 2001. Al respecto llama la atención como la situación de desplazamiento se
agravo en el año 2002, ya que de un promedio en los años 2000 y 2001 de 350
personas desplazadas, su número aumentó en el año 2002 a 2200 personas.
32
Gráfico 5
Fuente: Vicepresidencia de la República. 2004.
Una vez realizada la caracterización del conflicto armado y de la situación de
derechos humanos en el Departamento de Arauca previa a la formulación e
implementa la Zona de Rehabilitación y Consolidación, es preciso concluir que:
El Departamento de Arauca representa una de las zonas geológicas más ricas del
país en materia de hidrocarburos, constituyéndose, así, en una zona de
importancia geoestratégica para los intereses del Estado colombiano. En ese
sentido, contrasta como a pesar de ser un territorio de eminente importancia, los
indicadores sociales, de inversión pública y de corrupción local, demuestran que el
interés del Estado colombiano se concentra sobre el aseguramiento del territorio y
la explotación de sus recursos, procurando proporcionar las garantías necesarias
para dicha actividad.
Adicionalmente, la dinámica del conflicto armado y las constantes y crecientes
violaciones de los derechos humanos en el Departamento de Arauca tiene como
telón de fondo el desarrollo de la economía petrolera, la situación del Oleoducto de
Caño Limón, la emergencia de una economía sustentada en el narcotráfico y el
desarrollo de un modelo de tenencia de tierra que privilegia la acumulación de
grandes extensiones en pocas manos. Esta situación se hace más compleja
considerando las disputas por lograr el mejor posicionamiento estratégico en el
33
territorio teniendo en cuenta la presencia histórica del ELN en la zona, de las
FARC, en el marco una estrategia geopolítica de consolidación en la zona de
frontera con Venezuela, y del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC.
34
3. ANÁLISIS DE LA ZONA DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ARAUCA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS MECANISMOS JURÍDICOS,
MECANISMOS DISCIPLINARIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
El 11 de agosto de 2002, cuatro días después de la posesión del Presidente
Álvaro Uribe, el Gobierno nacional, en el marco de la política de Seguridad
Democrática4 y en ejercicio de su prerrogativa de excepción constitucional definida
y delimitada en los artículos 212 a 215 Superiores y regulada a través de la Ley
estatutaria 137 de 1994 sobre los estados de excepción, decretó el estado de
conmoción interior, acto que fue formalizado a través del Decreto Legislativo 1837
de 2002 y prorrogado en dos ocasiones a través de los Decretos 2555 del 8 de
octubre de 2002 y 245 del 5 de febrero de 2003, y que posteriormente fueron
declarados inexequibles por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-
327/03.
Esta prerrogativa fue ejercida por el Gobierno nacional durante 560 días, que se
constituyen en el marco temporal para el análisis de la Zona de Consolidación y
Rehabilitación de Arauca constituyéndose así, el principal teatro de operaciones
en el contexto del conflicto armado en Colombia en ese momento, siendo ésta la
respuesta del Gobierno nacional para superar lo que, en términos de la
4 La política de Seguridad Democrática, tiene el objetivo central “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. La primera condición para cumplir con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho es la consolidación gradual del control estatal sobre la totalidad del territorio. La Fuerza Pública iniciará el proceso de consolidación del control estatal sobre el territorio, asegurando su presencia permanente y definitiva en todas las cabeceras municipales, con el apoyo de brigadas móviles y demás unidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Unidades compuestas por soldados regulares, soldados campesinos y carabineros de la Policía Nacional asegurarán el mantenimiento del control territorial”. Política de defensa y de seguridad democrática, Acceso en: http://alpha.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf
35
racionalidad estatal, se define como un estado de grave perturbación del orden
público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
Durante la vigencia de esta figura se expidieron 15 decretos relativos a la
restricción de ciertas libertades individuales, la modificación del régimen penal y
de procedimiento penal, la seguridad de los funcionarios locales y el presupuesto.
En el conjunto de estos Decretos se encuentra el Decreto 2002 de 2002, por el
cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen la Zonas de
Rehabilitación y Consolidación, y el Decreto 2929 de 2002 que delimita como
Zona de Rehabilitación y Consolidación el área geográfica que incorpora los
Municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, ubicados en el Departamento de
Arauca.
A continuación se analizará la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca
desde la perspectiva de los mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y
los dispositivos de seguridad.
En primer lugar, a partir del análisis del texto de los Decretos 1837 de 2002 y 2002
de 2002, indagaré sobre la racionalidad que subyace a la decisión del Gobierno
nacional de crear la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca en
términos de la justificación, la identificación y caracterización del problema, los
instrumentos que crea para intervenir la Zona y los organismos estatales
responsables de dicha intervención. En segundo lugar, analizaré la Zona de
Rehabilitación y Consolidación de Arauca desde la perspectiva de los mecanismos
jurídicos, de los mecanismos disciplinarios y de los dispositivos de seguridad,
considerando, además desde el análisis de la entrevista realizada al Oficial de
Policía José Vicente Carreño. Jefe de la oficina de atención al ciudadano de la
Policía del Departamento de Arauca, quien ha vivido y trabajado en el
Departamento por 20 años (Anexo 2). En tercer lugar, haré el balance de la Zona
de Rehabilitación y Consolidación como tecnología de gobierno que integra y
36
armoniza mecanismos jurídicos, mecanismos disciplinarios y dispositivos de
seguridad, a partir de los informes de la Defensoría del Pueblo y de la
Procuraduría General de la Nación, así como de la opinión de los mandatarios
locales de la época y de los Municipios que conformaron la Zona de Rehabilitación
y Consolidación de Arauca y la entrevista al Oficial de Policía Carreño.
3.1 La decisión gubernamental de intervenir la población y el territorio comprendido por la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca.
Atendiendo a las características del Departamento de Arauca (Ver anexo 1,
Características del Departamento de Arauca), así como al contexto y
caracterización del conflicto armado en la zona, (contenidas en el capitulo 2 de
esta monografía), el Gobierno Nacional decidió intervenir dicho territorio y su
población a través de una serie de mecanismos jurídicos, mecanismos
disciplinarios y dispositivos de seguridad. La justificación para dicha intervención
se dio a partir de diferentes consideraciones relacionadas con la situación de
inseguridad del país y el riesgo que ésta supone para el respeto de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como para el ejercicio de la
autoridad democrática en los ámbitos nacional, departamental y municipal, y su
impacto negativo en las actividades productivas. De igual manera, a través de sus
actos jurídicos, el Gobierno nacional identificó la causa de la referida situación de
inseguridad, que de acuerdo con los términos del Decreto 1837 de 2002:
“(…) tiene su origen principal en la acción de bandas armadas, organizadas y financiadas al amparo del lucro gigantesco que les proporciona su participación directa y creciente en los delitos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión fuentes principales de esta tragedia colectiva y su causa eficiente más próxima y decisiva”.
Ahora bien, de acuerdo con el Gobierno nacional, los efectos de esa situación de
inseguridad han sido, entre otros, la multiplicación de las actividades de “los
grupos criminales”, el deterioro de las zonas rurales, de las posibilidades y
condiciones de empleo para la población, la destrucción de la infraestructura de
37
servicios públicos esenciales, la violación de los derechos humanos y las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el crecimiento de la
criminalidad, la amenaza de disolución social y la erosión del ejercicio de gobierno
en sus diferentes ámbitos. En ese orden de ideas, el Gobierno nacional reconoce
explícitamente la debilidad del Estado, situación que lo obliga, de acuerdo con el
referido Decreto, a:
“(…) crear o fortalecer las condiciones estructurales que permitan combatir la anarquía, el terror y la violencia que lo amenazan, es impostergable la adopción de medidas extraordinarias, transitorias pero eficaces para devolver a los colombianos su seguridad individual y colectiva y para responder al desafío que sin antecedentes les proponen las bandas criminales (…)”
Atendiendo a la exposición de ese estado de cosas, resultó inexorable, desde la
racionalidad del Gobierno nacional, intervenir esa realidad a través de medidas
inmediatas para prevenir la ejecución de más actos de terrorismo y la destrucción
en el país, en procura de la disolución de los grupos armados ilegales
responsables de los mismos. Ahora bien, esa intervención se llevó a cabo, tal
como se ha planteado, a través de mecanismos jurídicos, mecanismos
disciplinarios y dispositivos de seguridad que se desplegaron en los Municipios de
Arauca, Arauquita y Saravena, que conforman la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca.
3.1.1 Instrumentos de la intervención
Para poder llevar a cabo esta intervención en la referida Zona, el Estado
colombiano precisó de una variedad de instrumentos, que podríamos clasificar del
siguiente modo a partir del análisis del Decreto 1837 de 2002:
• Instrumentos jurídicos. Se implementaron una serie de normas que, en la
perspectiva de la excepcionalidad, permiten la investigación y juzgamiento
de conductas criminales y terroristas y que, de esa misma forma,
respondan a las exigencias que supone la superación de la referida
38
situación de inseguridad. Tales normas buscan, además, facilitar la captura
y retención de presuntos implicados en actos de terrorismo, realizar
allanamientos e interceptaciones, identificar sospechosos y reunir las
pruebas que conduzcan a establecer responsabilidades de tipo penal. A
esto se suma la definición de nuevos tipo penales.
• Instrumentos económicos. Se identifica la necesidad de generar nuevas
fuentes de financiación para fortalecer los sectores de Defensa y de
Administración de Justicia. Atendiendo a este requerimiento se crea a
través de la Ley 863 de Diciembre de 2003, modificada posteriormente por
la Ley 1111 de Diciembre de 2006, el impuesto al patrimonio, destinado a
atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para
preservar la Seguridad Democrática. De este modo se atiende la necesidad
de establecer nuevas fuentes de recursos económicos para fortalecer los
mecanismos de fuerza del Estado. Al respecto, llama la atención que a
pesar de ser un tributo transitorio para financiar el proceso de
modernización de las fuerzas militares, parte de estos recursos se hayan
destinado para el financiamiento de los gastos regulares en materia de
defensa y seguridad, lo que se constituye en un factor desequilibrante de
las finanzas públicas en tanto que el presupuesto de gastos de
funcionamiento debería guardar correspondencia con el presupuesto de
rentas permanentes.
• Instrumentos de control social. Se implementan diferentes restricciones y
regulaciones al ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, así
como mecanismos de inteligencia en la perspectiva de organizar redes
entre la población civil y la Fuerza Pública con el fin de prevenir la comisión
de conductas criminales y actos terroristas. De acuerdo con este
planteamiento, los ciudadanos están en la obligación constitucional de
apoyar a sus fuerzas armadas, lo que supone una captura de la población
en el conflicto armado.
39
Un aspecto que llama la atención es que esta serie de instrumentos jurídicos,
económicos y de control social estuvieron dirigidos, esencialmente, hacia el
fortalecimiento y crecimiento de la Fuerza Pública (Fuerzas militares y de Policía),
la ampliación de sus competencias y de su margen de acción, y en particular hacia
el apoyo de sus planes de expansión operativa y la modernización de su
equipamiento y de sus sistemas de comunicación. Adicionalmente, también se
pretendió el fortalecimiento de la dotación de los servicios de inteligencia, de la
Fuerza Pública y de la Rama Judicial, con los recursos jurídicos y materiales
necesarios para que su actividad fuera efectiva, buscando mejorar las
oportunidades para prever, evitar y sancionar actos terroristas y criminales. En
suma, la Fuerza Pública, los servicios de inteligencia y el aparato judicial, serían
los instrumentos a través de los cuales se desplegó toda una serie de tecnologías
de gobierno jurídicas, disciplinarias y de seguridad que constituyeron la forma de
intervención del Estado colombiano en el territorio y la población definida por la
Zona de Rehabilitación y Consolidación.
3.1.2 Organismos estatales responsables de la intervención
Ahora bien, en relación con los responsables de la intervención en la Zona de
Rehabilitación y Consolidación de Arauca, podemos identificar las siguientes
organizaciones estatales: la Gobernación del Departamento de Arauca, las
Alcaldías municipales de Arauca, Arauquita y Tame, la Fuerza Pública (Fuerzas
Militares y Policía Nacional), la Fiscalía General de la Nación y el DAS. No
obstante, resulta pertinente reflexionar sobre la participación, en la referida
intervención, de otros actores no estatales tales como las organizaciones
paramilitares, que inclusive actúan en coordinación con actores estatales, y cuya
participación por acción u omisión ha sido demostrada en los tribunales nacionales
e internacionales con ocasión del juzgamiento de violaciones de los derechos
humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Sobre lo
anterior, resulta interesante que la información de la Policía Nacional suministrada
a la Defensoría del Pueblo (2003, 7) en el marco de sus acciones durante la
40
vigencia de la Zona de rehabilitación, no da cuenta de capturas de miembros de
las autodefensas, en un escenario en donde son cotidianos los enfrentamientos
entre insurgentes y autodefensas, especialmente en el Municipio de Arauca. Esto
se suma al hecho de que tampoco existen resultados respecto al tráfico de drogas,
a pesar de que el Departamento de Arauca y, en especial el Municipio de
Arauquita, registran un aumento en el número de hectáreas con cultivos ilícitos.
De acuerdo con lo anterior, presuntamente, las circulaciones relacionadas con la
economía del narcotráfico no fueron objeto de restricción a través de la puesta en
marcha de los dispositivos de seguridad en la zona.
Respecto a los actores mencionados es preciso destacar aquellos que con
ocasión y en el marco de la declaratoria del estado de conmoción interior fueron
fortalecidos. De ello es posible inferir que el énfasis de la acción estatal en la
Zona, así como la racionalidad que subyace a su intervención, por la naturaleza de
los medios e instrumentos que utilizó, refiere a una intervención represiva en
términos militares, policiales y judiciales tendientes al aseguramiento del territorio
y de la explotación de sus recursos.
En primer lugar, está la Fuerza Pública, que de acuerdo con la información
suministrada por el Comandante de la Brigada XVIII el 16 de Marzo de 2003, para
el informe de la Procuraduría General de la Nación sobre la Zona de rehabilitación
y consolidación de Arauca (2004), el pie de fuerza de la Policía Nacional fue
aumentado al pasar de 480 a 800 hombres. Adicionalmente, en el Departamento
de Arauca se encuentra la Brigada XVIII, que se constituye en la fuerza militar
responsable de la seguridad de toda la infraestructura energética del
Departamento así como de la buena marcha de la actividad petrolera. Al respecto
es preciso notar que esta Brigada recibe recursos e instrucción de los EE.UU, y su
ejército; en Arauquita se encuentra la Base Militar adscrita al Grupo Mecanizado
número 18, Batallón 46 de Contraguerrilla “Héroes de Saraguro”; En Saravena, se
ubica el grupo mecanizado N 18 Gral. Rebeiz Pizarro y la fuerza de despliegue
rápido -FUDRA- , Batallón Contra guerrillas 54 de la Brigada Móvil número 3. A
41
esta organización se suma la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas del
Ejército.
En segundo lugar, debe mencionarse a la Fiscalía General de la Nación y al hecho
de que, a través de Resolución 02033 de Noviembre 23 de 2001, fue creada la
Estructura de Apoyo –que incluye miembros del Cuerpo Técnico Investigativo-,
para conocer de las investigaciones penales por los atentados contra la
infraestuctura del oleoducto Caño Limón- Coveñas, así mismo, existe la Unidad de
Fiscalías Delegadas ante los jueces Penales del Circuito Especializados de
Bogotá que asume las investigaciones sobre las conductas punibles relacionadas
con los delitos de rebelión y terrorismo.
Ahora bien, llama la atención que dicha estructura de apoyo, a pesar de
pertenecer a la Rama Judicial del poder público y ser de carácter civil, tenga su
sede en una de las Unidades Militares del departamento de Arauca, y en particular
de la Brigada XVIII, lo que supone una contradicción en relación con los
presupuestos de la delimitación de las esferas militar y civil, así como de la
división de las ramas del poder público, lo cual se constituye en una paradoja
teniendo en cuenta la estructura del Estado colombiano definida en la Constitución
Nacional.
3.2 Integración de las tres tecnologías de gobierno
A continuación me propongo mostrar que la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca se constituye, en una tecnología de gobierno que
integró, armonizó y desplegó dispositivos de seguridad, mecanismos jurídicos y
mecanismos disciplinarios, en torno a los objetivos de la seguridad, tal como lo
evidencian los decretos 1837 de 2002 y 2002 de 2002, así como su ejecución.
3.2.1 Creación del “medio” (mileu) objeto de intervención
42
En primer lugar, es necesario referir a la delimitación del “medio” (mileu)
proporcionada por el propio Gobierno nacional en tanto que se constituirá en el
espacio que será objeto de esa intervención, toda vez que, como vimos en el
primer capítulo, las tecnologías de gobierno, y en particular los dispositivos de
seguridad, fabrican y acondicionan un medio que será el ámbito en el cual se dan
las circulaciones. En ese orden de ideas, el artículo 11 del decreto 2002 de 2002,
establece que la Zona de Rehabilitación y Consolidación será:
“(…) el área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales (…)”.
De acuerdo con lo anterior, a través de la tecnología de poder desplegada en la
región, se intervinieron tres Municipios del Departamento de Arauca –Arauca,
Arauquita y Saravena-, que presentaban las mayores alteraciones de orden
público lo cual, atendiendo su localización estratégica, suponía la urgencia de
restablecer el control estatal en dichos territorios. Al respecto es necesario llamar
la atención sobre la situación de los Municipios de Arauca y Saravena ya que son
a travesados por el oleoducto de Caño Limón- Coveñas5, así como al del
Municipio de Tame, que si bien no se integró en la definición del alcance
geográfico de la Zona, si fue afectado a partir del efecto centrifugo de la tecnología
de gobierno ejecutada, debido a su posición geográfica, y al hecho de que ha sido
territorio de disputa entre las AUC y las FARC.
De esta forma, se creó un espacio de seguridad a través de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación de Arauca, que efectivamente implicó una
distribución espacial cuyo objetivo fue gestionar las circulaciones de población y
de objetos en el marco del conflicto armado, procurando restringir aquellas
5 En este punto es pertinente referir a la afirmación del Oficial de Policía José Vicente Carreño. Jefe de la oficina de atención al ciudadano del Departamento de Arauca sobre el hecho de que la Zona de Rehabilitación y Consolidación se concentró en los municipios petroleros, constituyéndose en una de las principales tareas de la Fuerza Pública proteger la infraestructura petrolera.
43
circulaciones que desestabilizaban la seguridad de la zona. De esta forma el
objetivo de esta intervención consistió en el aseguramiento de una porción del
territorio a través de la afectación de fenómenos poblacionales y de la vida de los
individuos.
Todo lo anterior se llevó a cabo a través de una tecnología de gobierno cuyos
mecanismos y dispositivos, además de estructurar el espacio, procuraron ejercer
control sobre todos los aspectos asociados a las circulaciones, orientado hacia la
restricción del accionar de las organizaciones criminales y atacar su capacidad de
mimetización entre la población civil. En ese sentido, se acondicionó el medio
definido por la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca en función de la
política de Seguridad Democrática del presidente Uribe durante los primeros dos
años de gobierno de su primer periodo presidencial.
3.2.2 Definición y caracterización de la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca como tecnología de gobierno
Una vez delimitado el “medio” (meliu), a continuación se caracterizará y analizará
la tecnología de gobierno sus dispositivos de seguridad, sus instrumentos y sus
mecanismos jurídicos y disciplinarios desplegados por el Estado colombiano en la
Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, en el marco de la ejecución del
Decreto 2002 de 2002, por el cual se adoptan medidas para el control del orden
público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación.
De acuerdo con lo anterior, me propongo afirmar que la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca integró, en tanto tecnología de gobierno, dispositivos de
seguridad, mecanismos jurídicos y mecanismos disciplinarios, en la perspectiva
del objetivo principal de asegurar un territorio de importancia estratégica para el
Estado colombiano y los intereses gubernamentales.
En primer lugar, respecto a los mecanismos jurídicos que incorporó la referida
tecnología de gobierno, es preciso destacar las modificaciones introducidas al
44
código penal, en el marco de la conmoción interior, tienen que ver con el aumento
de penas a los delitos ya existentes y la creación de nuevos tipo penales, la
variación de los existentes, tal como lo establece el Decreto 1900 de 2002 que
introdujo una serie de instrumentos jurídicos en relación con los delitos
relacionados con el sector de hidrocarburos. Estos mecanismos jurídicos se
vinculan con los mecanismos disciplinarios, en tanto que se modificaron y
ejecutaron procedimientos penitenciarios y de ejecución de penas.
A través de estos mecanismos jurídicos, el Gobierno nacional además de definir y
modificar los tipos penales, elaboró y expidió normas en forma de Decretos que
enunciaban diferentes acciones a partir de la distinción de lo prohibido y lo
permitido, en relación con el restablecimiento y mantenimiento del orden público y
la protección de la actividad petrolera.
En segundo lugar, los mecanismos disciplinarios que hicieron parte de la
tecnología de gobierno definida como la Zona de Rehabilitación y Consolidación
de Arauca, permitieron conectar, efectivamente los instrumentos y mecanismos
jurídicos a los diferentes mecanismos de vigilancia y corrección, de ahí el énfasis
en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, de la ampliación de sus facultades
represivas, y de las autoridades judiciales, así como la sistemática restricción del
ejercicio de los derechos de los habitantes de la Zona. Al respecto el Oficial de
Policía José Vicente Carreño. Jefe de la oficina de atención al ciudadano de la
Policía del Departamento de Arauca, llama la atención sobre una de las
principales tareas de la Fuerza pública en la Zona: vigilar a los habitantes y
visitantes.
En tercer lugar, los referidos mecanismos, en especial los mecanismos
disciplinarios se complementaron, en la perspectiva de los objetivos de los
dispositivos de seguridad, con las restricciones a la circulación y permanencia
de las personas en el territorio objeto de intervención y la definición de las
condiciones en las que las personas podían circular, permitiendo las buenas
45
circulaciones y restringiendo las circulaciones negativas, y con los registros a las
residencias de las personas y la interceptación de las comunicaciones, toda vez
que su ejecución procuró la gestión de la población y sus dinámicas, así como de
los índices de criminalidad.
Uno de los objetivos principales de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de
Arauca, en tanto tecnología de gobierno, fue intervenir los aspectos relacionados
con la circulación de población, en tanto que, desde la racionalidad
gubernamental, dos de los principales apalancamientos que ha tenido la acción
delincuencial de los grupos armados ilegales es, precisamente, de acuerdo con la
lectura gubernamental del problema, la capacidad de mimetización de sus
integrantes dentro de la población civil y el ocultamiento de sus equipos de
telecomunicaciones, armas y municiones en las poblaciones y, por la otra, el
constante abastecimiento que funciona en los lugares en que permanecen; de ahí
se infiere que la acción estatal estuvo dirigida a intervenir la población y a
gestionar los procesos que potencialmente representen un riesgo, en tanto que al
interior de la población se encuentra la amenaza desestabilizadora del orden
público, así como a restringir la circulación de elementos que sirvan de provisiones
para las organizaciones delincuenciales. Esto matiza la comprensión del
encuadramiento de los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de seguridad
de la Zona de Rehabilitación y Consolidación.
Adicionalmente, los referidos mecanismos y dispositivos se integraron a la
tecnología analizada, considerando, ente otros aspectos, que las acciones de los
grupos armados ilegales, fueron tomados como eventos probables que en sí
mismos se constituyen en una amenaza para desarrollo de la acción estatal, de
las actividades económicas y políticas, y del orden público en general.
Retomando el tema de la población, resulta interesante notar como a través de los
mecanismos disciplinarios y los objetivos de los dispositivos de seguridad,
diferentes derechos fueron objeto de restricción y/o regulación, atendiendo, desde
46
luego, la necesidad de controlar los diferentes factores desestabilizadores del
orden público, en ese sentido las autoridades tenían la facultad de adelantar
capturas preventivas de personas, adelantar interceptaciones de comunicaciones
y registro de correspondencia, de vehículos de carga, registrar domicilios, regular
de la presencia de personas extranjeras en la Zona, la restricción a la libertad de
circulación y residencia de personas.
Sobre las características de uno de los mecanismos disciplinarios, es preciso
destacar que la Gobernación de Arauca expidió el Decreto 370 durante el mes de
octubre del 2002, mediante el cual se adoptaron las siguientes medidas
restrictivas y/o de regulación del ejercicio del derecho a la locomoción, que entre
otros aspectos refirió a: la restricción de circulación de vehículos intermunicipales
entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. y dentro de los municipios de la Zona de
Rehabilitación de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., la restricción de la circulación de motos
con parrillero, la restricción del transporte de cilindros de gas y de escombros de
7:00 p.m. a 5:00 a.m.
Igualmente, el referido Decreto estableció que cualquier persona que residiera en
los Municipios que conformaron la Zona de Rehabilitación, y que deseara cambiar
de domicilio debía informar de esta situación a la autoridad civil o de policía con
dos días de antelación.
Ahora bien, en materia de libertades individuales, se puso en marcha mecanismos
disciplinarios de detención sin orden de captura y allanamientos sin orden judicial.
Sobre este aspecto llama la atención la detención de cerca de 2000 personas
llevadas a cabo en el municipio de Saravena entre el 12 y el 13 de noviembre de
2002, de las cuales sólo 49 fueron judicializadas, entre las cuales se encontraban
20 dirigentes sindicales. Las 2000 personas fueron censadas y objeto de
aislamiento.
47
Los mecanismos desplegados para la realización de las citadas acciones
refirieron, entre otros a, toques de queda, retenes militares, permisos especiales y
temporales para la circulación o permanencia en horarios y lugares específicos de
personas y determinados objetos, los cuales eran gestionados por el Comandante
militar de la Zona.
Sobre lo anterior, en caso de que una persona no hubiera cumplido con alguna de
las referidas obligaciones, ella sería sujeto de retención hasta por 24 horas y de
sanción, conforme a las disposiciones y medidas correctivas contenidas en el
Código Nacional de Policía, el cual se constituye en un ejemplo clásico de
mecanismo disciplinario.
Adicionalmente, es preciso notar el enfoque “preventivo” de estas medidas, así
como la delimitación del espacio de seguridad procurando impedir la extensión de
los efectos de la desestabilización del orden público en el Departamento de
Arauca, aunque si la expansión de los efectos positivos, desde la racionalidad
gubernamental, de la tecnología de gobierno desplegada. No obstante, como se
observará más adelante, esta forma de intervención sobre el “medio” (mileu)
evidencia un efecto centrífugo, teniendo en cuenta su permanente tendencia a
ampliarse, lo cual derivó en el escalamiento del conflicto armado en la Zona así
como en la expansión territorial de sus efectos.
Ahora bien, el ejercicio de estas prerrogativas por parte de las autoridades,
evidencia claros rasgos de mecanismos disciplinarios, en tanto que dicho ejercicio
debe observar una serie de protocolos y procedimientos tales como el registro
permanente de sus actuaciones, describiendo las circunstancias de modo tiempo y
lugar, y llevando registro detallado de las personas afectadas con cualquiera de
las medidas referidas y que son objeto de individualización, respecto a cada
procedimiento, así como la motivación de cada actuación.
48
Todo lo anterior con el propósito de crear un sistema de información que garantice
la coherencia y efectividad de la acción estatal a través de la tecnología de
gobierno, gestionar los índices de criminalidad, así como la regulación de las
actuaciones de los agentes del Estado. Sobre el particular el instrumento jurídico,
Decreto 2002 de 2002, dispuso que el Comandante Militar de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación, tuviera
“(…) la facultad para recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y de la ocupación habitual de los residentes y de las personas que transiten o ingresen a la misma; de las armas, explosivos, accesorios, municiones y de los equipos de telecomunicaciones que se encuentren dentro de dichas áreas; así como de los vehículos y de los medios de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo que circulen o presten sus servicios por ellas en forma regular u ocasional”.
Otro mecanismo disciplinario armonizado con los objetivos de la tecnología de
gobierno analizada, es el de los censos poblacionales, a través de los cuales, los
agentes del Estado responsables de su ejecución, procuraron la individualización
de cada habitante de la Zona que se suma al mecanismo representado por el
deber que tenían los ciudadanos de identificarse cuando las autoridades así lo
requirieran.
Sobre lo anterior, el Oficial de Policía José Vicente Carreño. Jefe de la oficina de
atención al ciudadano de la Policía del Departamento de Arauca, sostiene que la
realización de los censos por parte de la Fuerza pública tuvo como objetivo ejercer
control para cerrarles espacios a los miembros de los grupos armados ilegales.
Ahora bien, es preciso recordar que las características de los dispositivos y
mecanismos a través de los cuales el Estado intervino en el Departamento de
Arauca obedecen al objetivo del Gobierno Nacional de establecer un teatro de
operaciones de carácter eminentemente militar con el propósito de superar la
situación de alteración del orden público, proporcionando garantías para el
desarrollo de la industria petrolera y favoreciendo aquellas circulaciones
coherentes con los objetivos del Estado.
49
En este punto, vale la pena preguntarse si la Zona de Rehabilitación y
Consolidación de Arauca, en tanto tecnología de gobierno, hizo de la libertad parte
de la estrategia de gobierno, en relación con la tolerancia respecto a ciertas
actividades y circulaciones, evidenciándose, así, un rasgo distintivo de los
dispositivos de seguridad. Sobre el particular, es claro que esta tecnología iba
dirigida a controlar una amenaza concreta en relación con la acción de grupos
como las FARC y el ELN, que además de su antagonismo frente al Estado
colombiano, su acción ha representado una amenaza para la actividad petrolera y,
desde luego para la estabilidad del orden público. Adicionalmente, tal como se
refirió resultan interesantes tres aspectos: primero las reducidas incautaciones de
estupefacciones e insumos para su producción, a pesar de ser una zona que
registra un número creciente de hectáreas sembradas con coca; segundo el
número reducido de capturas de personas pertenecientes a las Autodefensas; el
crecimiento del número de eventos de desplazamiento forzado a partir de la
entrada en vigencia de la Zona.
Siguiendo con la consideración de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de
Arauca como tecnología de gobierno, resulta más que evidente el intento por
procurar la normalización de la población y de su dinámica a partir de la definición
y acondicionamiento de un espacio de seguridad en el territorio, a través del cual
más que maximizar las buenas circulaciones, se procuró restringir la malas
circulaciones, controlando a los individuos a través de la restricción del ejercicio de
sus derechos, así como el flujo de determinados objetos. De acuerdo con esto, tal
como se ha mencionado, la libertad es gestionada y producida a través del
despliegue del referido dispositivo, por lo que resulta interesante coincidir con
Foucault que serán libres aquellas personas que ajusten su conducta a unas
determinadas tasas de normalidad y puedan, por tanto, circular. Al respecto el Of.
José Vicente Carreño, menciona: las instrucciones del Señor Presidente eran
precisas: el General Pedraza debía garantizar a todas las personas la vida, su
honra, sus bienes, la locomoción, y usar todas las herramientas para que estos
50
grupos generadores de violencia no siguieran haciendo daño. No obstante, es
necesario notar que el seguimiento de estas instrucciones supone hacer una
distinción a partir de la sujeción a unos criterios de normalidad de los individuos
para poder garantizar la libertad de los mismos.
Ahora bien, es posible evidenciar el fuerte componente de mecanismos
disciplinarios que tuvo la tecnología analizada, considerando su carácter
eminentemente represivo que hace énfasis en dichos mecanismos, atendiendo al
hecho de que el principal objetivo de esta intervención estatal fue el
aseguramiento del territorio y controlar la amenaza identificada al interior de la
población misma. Sobre este aspecto, el Oficial de Policía José Vicente Carreño.
Jefe de la oficina de atención al ciudadano de la Policía del Departamento de
Arauca, sostuvo que si bien es cierto había evidencias sobre la infiltración de
miembros de los grupos armados ilegales, también es cierto que algunas personas
y organizaciones de la sociedad civil coadyuvaron con estos criminales temiendo
por sus vidas y se dejaron intimidar.
Todo esto se armonizó desde la perspectiva de los dispositivos de seguridad, con
los objetivos trazados en el proceso de producción y gestión de la libertad de los
individuos en función de los objetivos de asegurar el territorio.
En conclusión la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca es una
tecnología de gobierno teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que genera una
interacción entre los mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los
dispositivos de seguridad, en la perspectiva de la realización de los objetivos de
regulación trazados por la necesidad de garantizar el orden público en la zona, de
proveer garantías para la buena marcha de las dinámicas entorno al desarrollo de
la economía petrolera, y, en general, de la seguridad. Adicionalmente,
considerando el proceso de ejecución de la referida tecnología, es posible
51
evidenciar la existencia de un nivel de tolerancia con ciertas actividades
adelantadas por narcotraficantes y paramilitares.
3.2.3 Balance de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca como tecnología de gobierno con énfasis en el aseguramiento del territorio.
En primer lugar, uno de los efectos posteriores al despliegue de la tecnología de
gobierno constituida por la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, es
que presentó un efecto centrifugo, no a partir de su éxito, sino de su fracaso y la
escalada del conflicto y la expansión de sus efectos negativos en todo el
Departamento de Arauca.
Adicionalmente, se habla de un efecto centrífugo teniendo en cuenta que en el
contexto de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, la Fuerza Pública podía
adelantar tareas fuera del espacio delimitado, en cumplimiento de sus deberes
constitucionales (Entrevista con el Oficial de Policía José Vicente Carreño. Jefe de
la oficina de atención al ciudadano del Departamento de Arauca. Anexo 2).
De hecho, contrastando la situación de orden público en la Zona de Rehabilitación
y Consolidación de Arauca, antes y después de su creación6, vale la pena
destacar los siguientes aspectos que evidencian los efectos de los dispositivos de
seguridad desplegados en los Municipios de Arauca, Arauquita, Satavena, Tame y
Fortul:
En el caso del Municipio de Arauca, meses antes de su inclusión en la Zona de
Raehabilitación, tal como se ha mencionado, el índice de homicidios era uno de
los más altos en el país; durante el mes de junio de 2002 se registró el ingreso de
grupos de las AUC al municipio, generando dinámicas de desplazamiento en los
6 Cfr. Balance realizado con base en el análisis de la información proporcionada por la Defensoria del Pueblo. Proyecto de apoyo defensorial en las zonas de rehabilitación y consolidación. Bogotá, marzo de 2003. Pp. 17- 20; y la Procuraduría General de la Nación. Estados de Excepción. PGN. Bogotá. 2004.
52
sectores de Rosario, Mata Amarillo y el Caracol hacia el casco urbano del
municipio. A partir de la vigencia de las zona de rehabilitación las acciones
terroristas ejecutadas por los diferentes grupos armados ilegales se hicieron más
frecuentes, de igual forma se consolidó el desplazamiento forzado como dinámica
regular en el marco del conflicto y constituyéndose como consecuencia, entro
otros aspectos, de las masacres del caserío “Flor Amarillo”, atribuido a las AUC y
ocurrido en el mes de diciembre de 2002. Adicionalmente, el ELN adelantó desde
el 10 de febrero de 2003 hasta el 15 del mismo mes, un paro armado como medio
de protesta contra la política de Seguridad Democrática.
De igual forma, cabe destacar que representantes de la población civil
manifestaron a la Defensoría del Pueblo que se sintieron amenazados ante la
creación de la Zona, lo que impidió el normal funcionamiento de las actividades en
el Municipio de Arauca.
En el Municipio de Saravena, antes de la vigencia de la Zona de Rehabilitación y
Consolidación, fueron recurrentes los atentados con cilindros bomba, los
hostigamientos y los ataques a la Fuerza Pública, de igual manera, todos los
funcionarios la administración municipal fueron amenazados por las FARC,
organización que les exigió la renuncia a sus cargos. Con la Zona de
Rehabilitación y Consolidación las acciones violentas disminuyeron a partir del
aumento de pie de fuerza en el casco urbano, no obstante, en las zonas rurales
continuaron haciendo presencia el ELN y las FARC. Asimismo, se mantuvo las
amenazas contra todos los funcionarios de la Administración local.
En el Municipio de Arauquita, con antelación a la existencia de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación, eran recurrentes los hostigamientos a la Fuerza
Pública en el casco urbano, adicionalmente, se registraba un alto índice de
muertes violentas. Posteriormente, a partir de la vigencia de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación, los grupos armados ilegales aumentaron sus
ataques contra la Fuerza Pública. Las FARC amenazaron a los funcionarios de la
53
Administración local, presionando, así, su renuncia. Por último las muertes
violentas aumentaron.
Ahora bien, atendiendo al referido efecto centrifugo del despliegue de los
diferentes instrumentos y mecanismos del dispositivo de seguridad de la Zona de
Rehabilitación Y Consolidación de Arauca, resulta interesante hacer referencia a la
situación de los municipios de Tame y Fortul durante la vigencia de dichos
dispositivos, y que da cuenta de un efecto de desestabilización del orden público
fuera de los límites de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, considerando
que la dinámica del conflicto se trasladó a dichos Municipios del sur del
Departamento de Arauca.
En el municipio de Tame, durante el segundo semestre del año 2002 y el primero
del 2003 se registraron 165 muertes violentas cuya autoría fue atribuida, en su
mayoría, a actos selectivos de las AUC, 160 familias desplazadas y la declaración
de 28 veredas declaras en riesgo de Desplazamiento, y los funcionarios de la
administración local fueron amenazados. Adicionalmente, se registraron 6 quejas
por violación de derechos humanos que responsabilizan a miembros de la Fuerza
Pública.
En el municipio de Fortul entre el segundo semestre del años 2002 y el primero del
2003, se intensificaron los hostigamientos contra la Fuerza Pública, la funcionarios
de la Administración municipal fueron amenazados e igualmente, se
incrementaron los hechos violentos a partir de la creación de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación.
En segundo término, otra consecuencia derivada a partir de las intervenciones del
Estado colombiano en la Zona de Rehabilitación y Consolidación, es fue que ésta
se llevó a cabo desde la perspectiva del aseguramiento del territorio a través del
despliegue de sus recursos de fuerza, tendiendo a garantizar la buena marcha de
la economía petrolera en la zona, sin considerar otro tipo de intervención en
54
procura del mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del
Departamento de Arauca. Lo anterior derivó en la agudización del conflicto social.
De esta forma se evidencia como el “medio” (mileu) constituido por el territorio
araucano da cuenta del cierre circular de los efectos y las causas en tanto que la
acción estatal, cuyo objetivo fue el aseguramiento del territorio, dejo a un lado el
hecho de que ese tipo de intervenciones derivan en la escalada del conflicto
considerando, además, que el pobre balance social de su acción se constituye en
una de las causas estructurales del conflicto en la región.
Ahora bien, en relación con la crítica respecto a la concentración excesiva de
esfuerzos en el ámbito militar, de las intervenciones del Estado colombiano en la
Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, dejando a un lado el
componente social y económico, la Presidencia de la República informó a través
del SIGOB que en los tres Municipios que conforman la Zona de Rehabilitación se
han invertido $14 mil millones, en programas que hace parte de la política social
del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe, desde el 9 de septiembre de 2002 hasta
el termino de la vigencia de la Zona de Rehabilitación y Consolidación.
No obstante, teniendo en cuenta que la población de los municipios de Arauca,
Saravena y Arauquita suman más de 160 mil habitantes, la inversión referida a
apenas llega a los $85 mil por habitante, lo que no representa ningún tipo de
acción estructural para el mejoramiento de las condiciones de vida de los
pobladores de los referidos municipios. Adicionalmente, en relación con estas
asignaciones presupuestales, la Alcaldía de Arauca informó a la Defensoría del
Pueblo (2003) que los referidos recursos hacen parte de las inversiones previstas
antes de la delimitación de la Zona, por lo que no se articulan dentro de un
esquema de consolidación institucional, lo que resulta problemático si, además, se
considera que, en el mismo informe de acuerdo con la información suministrada,
en su momento, Gobernador del Departamento de Arauca y los Alcaldes de los
Municipios del Departamento que conformaron la referida Zona, no existen
55
proyectos diseñados o para ejecutar con posterioridad a la creación de la Zona de
Rehabilitación. De hecho, los proyectos ejecutados durante la vigencia de la zona
de rehabilitación fueron priorizados antes de la Vigencia de la Zona.
En este punto haré referencia a la opinión de los mandatarios locales de los
Municipios que conformaron la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca
(Defensoría del Pueblo, 2003, 9), en tanto que sus percepciones se constituyen en
insumos adicionales para hacer el balance del dispositivo de seguridad analizado
y para ratificar y enriquecer las conclusiones de esta monografía.
El Alcalde del Municipio de Arauca, a pesar de manifestar su acuerdo con la Zona
de Rehabilitación, consideró que:
“(…) pese al despliegue de Fuerza Pública, se mantiene un ambiente muy tenso, que no permite el normal desarrollo de las actividades de la población. Según el mandatario local, realmente no hay seguridad para los ciudadanos (...) la inversión social por parte del sector central del Estado ha sido nula (...)”
Por otra parte, el Alcalde del Municipio de Arauquita manifestó, al igual que su
homólogo del municipio de Arauca su conformidad con la Zona de Rehabilitación y
coincide en las críticas sobre la insuficiente inversión social en la región, a lo que
agrega que:
“(…) las acciones militares se orienten en un 70% a cuidar el oleoducto Caño Limón- Coveñas, y que en la localidad persistan las acciones de los grupos al margen de la ley, los cuales, incluso, han lanzado ataques desde Venezuela”.
Por ultimo, el Alcalde del Municipio de Saravena, quien se encuentra amenazado
después de que la sede de la administración municipal fuera blanco de un ataque
bélico, además de coincidir en los demás puntos con los alcaldes cuya opinión ha
sido referenciada, manifestó que:
“(…) después de 120 días de calma en el casco urbano del Municipio, el accionar de los grupos al margen de la ley se ha intensificado. Según datos suministrados por la Policía y la Personería, en el mes de febrero se han registrado 16 muertes violentas. La Policía se ha visto obligada a ampliar las trincheras unas cuadras
56
más, lo que hace que la población civil que de más expuesta a los ataques militares”.
Con base en las opiniones de los mandatarios locales de los referidos Municipios,
resulta interesante notar como a pesar de estar de acuerdo y de respaldar las
acciones del Gobierno nacional llevadas a cabo a través de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación, dichas acciones se concentraron en los sectores
de Seguridad y Defensa, y fueron dirigidas hacia el cuidado de la infraestructura
petrolera, mientras que la seguridad y la convivencia ciudadana, no fueron un
objetivo privilegiado en el diseño y ejecución del referido dispositivo y, por el
contrario, es evidente como a partir de su despliegue la situación de inseguridad y
el riesgo que esta supone para la vida de los habitantes de la Zona se ha
acrecentado, considerando, entre otros aspectos, la intensificación del conflicto
armado tanto en el territorio intervenido, como en el territorio incorporado a partir
del efecto centrífugo del dispositivo de seguridad analizado. Todo lo anterior,
contrastado con hecho de que la inversión social sea reducida, respecto a los
recursos que son asignados y limitada, en relación con los efectos de la
focalización de dicha inversión.
En suma, el énfasis de la acción del Estado colombiano a través de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación fue el aseguramiento del territorio y provisión de
seguridad para garantizar el éxito de la actividad petrolera, a partir del
fortalecimiento de sus recursos de fuerza y ampliación de su margen de acción en
los ámbitos militar de administración de justicia, constituyendo, de este forma un
aparato de represión sobre la población, considerando que esta tecnología de
gobierno hizo acento en los mecanismos disciplinarios, antes que considerar una
intervención tendiente al mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes del territorio definido en la Zona de Rehabilitación y Consolidación de
Arauca. Una población en la cual los miembros de las organizaciones armadas
ilegales, de acuerdo con la racionalidad gubernamental, se han mimetizado para
llevar a cabo sus actividades criminales.
57
CONCLUSIONES
A pesar de que el Departamento de Arauca se constituye en una zona de
importancia geoestratégica para los intereses del Estado colombiano, teniendo en
cuenta su posición geográfica, su situación como Departamento de frontera, así
como su rol en la perspectiva del abastecimiento energético y de los beneficios
económicos que la industria petrolera le proporciona al Estado colombiano y a las
multinacionales del sector petrolero; resulta paradójico el pobre balance en
materia de indicadores sociales, inversión pública y lucha contra la corrupción
local7.
Este escenario se hace más complejo si se considera la difícil situación de orden
público en el Departamento de Arauca, dada la presencia histórica del ELN en la
región a partir del descubrimiento del pozo petrolero de Caño Limón en 1983, de
las FARC en el marco una estrategia geopolítica de consolidación en la zona de
frontera con Venezuela, y de los grupos paramilitares con la llegada del Bloque
Vencedores de Arauca de las AUC en el año 2000. Estas organizaciones armadas
han aprovechado el vacío del Estado colombiano para adelantar sus acciones
criminales, en el marco de la disputa por el control del territorio, el acaparamiento
sus beneficios y su posicionamiento militar y estratégico en la región.
La dinámica del conflicto armado y las constantes violaciones de los derechos
humanos en el Departamento de Arauca tiene entonces como escenario el
7 Por ejemplo, llama la atención que el índice de población con necesidades básicas insatisfechas del departamento de Arauca es de 53.8%, mientras que el promedio nacional es de 37.2%. Igualmente resulta pertinente notar que la distribución de la tierra el Departamento de Arauca, que evidencia una situación de desigualdad, teniendo en cuenta que después del Chocó es el Departamento con mayor concentración de la tierra, en tanto que el 74% de su superficie catastral corresponde a predios de 200 o más hectáreas que pertenecen al 2% de los propietarios.
58
desarrollo de la economía petrolera, la ubicación en la zona del yacimiento y el
oleoducto de Caño Limón, la emergencia de una economía sustentada en el
narcotráfico y el desarrollo de un modelo de tenencia de tierra que privilegia la
acumulación de grandes extensiones por parte de un número reducido de
propietarios (latifundismo).
Atendiendo al referido contexto estructuré esta monografía a partir de las
siguientes inquietudes: en primer lugar, la pregunta por las características,
objetivos y balance de la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca8,
desde la perspectiva de los conceptos “mecanismos jurídicos”, “mecanismos
disciplinarios” y “dispositivos de seguridad” que, a partir de la noción de biopoder,
que Michel Foucault desarrolló en su obra Seguridad, territorio, población; en
segundo término, en cuál de las referidas tecnologías de gobierno hizo su acento
la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca; por último, si el énfasis y
estrategias de dicha Zona estuvieron dirigidas hacia el aseguramiento del territorio
o hacia la optimización de las condiciones de vida de la población y de sus
procesos, en otras palabras, si a través de esta tecnología se privilegiaron
aspectos relacionados con un Estado territorial o de población, sin que ello
suponga una sustitución de una forma por otra.
En primer lugar, la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca fue la
respuesta del Gobierno nacional para superar lo que, en términos de la
racionalidad estatal, se define como un estado de grave perturbación del orden
público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la
seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. De este modo, el Gobierno
dispuso de una serie de instrumentos, jurídicos, económicos y de control social,
que entre otros aspectos, se dirigió hacia el fortalecimiento de la Fuerza Pública y
de la Rama Judicial, en términos de sus recursos y competencias. 8 Es preciso recordar que la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca fue implementada por el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe como parte del ejercicio de prerrogativa de excepción constitucional, acto que fue formalizado a través de los Decretos 1837 de 2002 y 2002 de 2002, y en el marco de la Política de Seguridad Democrática.
59
En segundo término, del análisis de los mecanismos e instrumentos que
comprendió la Zona de Rehabilitación y Consolidación de Arauca, concluí que ésta
se constituyó en una tecnología de gobierno que integró y generó una interacción
entre los mecanismos jurídicos, los mecanismos disciplinarios y los dispositivos de
seguridad, cuyo acento se hizo sobre los mecanismos disciplinarios, en la
perspectiva de la realización de los objetivos de regulación trazados por la
seguridad, y cuyas características dan cuenta de una clara racionalidad militar en
términos de la necesidad garantizar el orden público y asegurar un territorio de
considerable importancia para los intereses económicos y geoestratégicos del
Estado.
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno nacional fabricó y acondicionó un “medio”
(mielu) que se constituyó en el espacio de seguridad que fue objeto de su
intervención. En consecuencia, la Zona de Rehabilitación y Consolidación de
Arauca, implicó una distribución espacial cuyo objetivo fue gestionar las
circulaciones de poblaciones y de mercancías en el marco del conflicto armado,
procurando restringir aquellas circulaciones que desestabilizaban la seguridad de
la región, a través de la afectación de fenómenos poblacionales.
En ese sentido, esta tecnología de gobierno se orientó hacia la restricción del
accionar de las organizaciones criminales y a atacar su capacidad de
mimetización entre la población civil, de ahí que sea evidente el intento por
normalizar la población y sus dinámicas controlando a los individuos a través de la
restricción del ejercicio de sus derechos, evidenciándose de este modo, el intento
del Estado, por gestionar la libertad de las personas en función de los objetivos de
aseguramiento del territorio.
En tercer lugar, esta forma de intervención sobre el “medio” y el carácter centrifugo
del dispositivo de seguridad desplegado, derivó en el escalamiento del conflicto
armado en la Zona así como en la expansión territorial de sus efectos en todo el
Departamento de Arauca, a partir contraste la situación de orden público en los
60
Municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Tame y Fortul antes y después de su
creación. Adicionalmente, resulta interesante notar cómo la creación de la Zona de
Rehabilitación y Consolidación fue percibida por los habitantes de la misma como
“un frente de guerra abierto”, ya que además de la movilización de esfuerzos en
materia de seguridad, no hubo ninguna acción estatal orientada hacia el
mejoramiento en sus condiciones de vida.
Resulta evidente que el ejercicio de la soberanía, por parte del Estado colombiano,
centró su atención en cómo debe ser y cómo debe funcionar el territorio, así como
la dinámica e intensidad de sus circulaciones, todo ello en la perspectiva de
conectar la eficacia política de la soberanía a los aspectos territoriales y a una
distribución espacial. Lo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo de la acción
del Estado colombiano a través de la Zona de Rehabilitación y Consolidación, en
tanto tecnología de gobierno, fue el aseguramiento del territorio y provisión de
seguridad para garantizar el éxito de la actividad petrolera, haciendo su acento en
los mecanismos disciplinarios, considerando el fortalecimiento de sus recursos de
fuerza y ampliación de su margen de acción en los ámbitos militar de
administración de justicia, constituyendo, de este forma un aparato de represión
sobre la población.
61
BIBLIOGRAFÍA
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 60º período de sesiones. ONU, Nueva York. 2004. COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. Arauca. Comisión Andina de Juristas. Seccional Colombia. Bogotá. 1994 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Proyecto de apoyo defensorial en las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Defensoría del Pueblo, Bogotá, 2003 FOUCAULT, M. Historia de la Sexualidad 1, La Voluntad del Saber. Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2005. FOUCAULT, M. Defender la sociedad. Curso en el Collage de France (1975-1976), Trad. Horacio Pons. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000. FOUCAULT, M. Seguridad, territorio, población. Curso en el Colegio de Francia (1977-1978). Trad. Horacio Pons. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2006. FOUCAULT, M. Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collage de France (1978-1979), Trad. Horacio Pons. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana. n 8. Bogotá, Abril 15 de 2005 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Atlas de Colombia. 5a ed., revisada y aumentada, Bogotá, 2002. LEAL, F. “La seguridad durante el primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. En Análisis Político. n 50, Enero- abril de 2004. Pp 40- 54. OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Panorama actual de Arauca y Casanare. Vicepresidencia de la República de Colombia, Bogotá. Junio de 2002.
62
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63
http://www.anh.gov.co/es/index.php http://www.sigob.gov.co/pnd/inst.aspx http://www.dane.gov.co/ http://www.arauca.gov.co/
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ANEXO 1
CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Una de los conceptos relevantes para el análisis de la Zona de rehabilitación y
consolidación de Arauca desde la perspectiva del biopoder y de las tecnologías de
poder es el de medio, toda vez que dichos dispositivos se encargan de trabajar y
acondicionar un medio, en tanto que este último se constituye en el ámbito donde
de presentan las circulaciones, y que de acuerdo con M. Foucault, es un conjunto
de datos naturales, rios, pantanos, colinas, y un conjunto de datos artificiales,
aglomeración de individuos, aglomeración de casas, etc. (…) Es un elemento en
cuyo interior se produce un cierre circular de los efectos y las causas, porque lo
que es efecto de un lado se convertirá en causa de otro lado (2006, 41).
Ahora, en tanto que el espacio de seguridad implica una distribución espacial que
se vincula con el problema de la circulación y de las relaciones de causa y efecto
de éstas, se justifica la caracterización del Departamento de Arauca como medio
en el cual se desplegará una tecnología de poder.
1. Características del medio9
El departamento de Arauca se ubica al nororiente colombiano, en la parte
septentrional de la región de la Orinoquia y entre las cuencas de los ríos Arauca al
norte y Casanare al Sur. Limita por el occidente con la Sierra Nevada del Cocuy, la
9 La información relacionada en este numeral corresponde a los datos estadísticos compilados en: Instituto Geografico Agustín Codazzi. Atlas de Colombia. 5a ed., rev. y aum. Bogotá, 2002. 342 p; en: Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Geografía económica de Colombia. Casa Editorial el Tiempo, Bogotá, 2005. 207 p; y en los sitios en la Internet de: http://www.ecopetrol.com.co/; http://www.anh.gov.co/es/index.php; http://www.sigob.gov.co/pnd/inst.aspx; http://www.dane.gov.co/; http://www.arauca.gov.co/
65
Cordillera Oriental y el departamento de Boyacá; por el norte y oriente limita con la
República Bolivariana de Venezuela –la zona de frontera tiene una longitud de 296
kilómetros demarcados por el limite natural del rio Arauca-; y por el sur con los ríos
Casanare y Meta y con los departamentos del Casanare y Vichada.
El relieve del departamento de Arauca evidencia la existencia de tres unidades
morfológicas: la cordillera Oriental, ubicada al occidente del Departamento que
comprende una región montañosa; el Pie de Monte Llanero, comprendido por una
zona de planicies que separan las montañas de la llanura, siendo esta última, la
que constituye la tercera unidad morfológica que se extiende desde el Piedemonte
hasta la frontera con Venezuela. De lo anterior se deduce la existencia de los
pisos térmico frio templado y cálido.
El sistema hidrográfico del departamento de Arauca es una de sus fortalezas, y
tiene toda una red cuya corriente corre hacia el rio Orinoco. Sus principales
cuencas son: el río Arauca, río Casanare, río Capanaparo y el río Cinaruco. Más
adelante se caracterizara su infraestructura fluvial.
Arauca tiene una extensión de 23.818 kilómetros cuadrados y esta conformado
por siete municipios: Tame, Saravena, Arauquita, Fortul, Puerto Rondón, Cravo
Norte y Arauca, que es la capital departamental.
66
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Fuente: OCHA. 2007.
En materia de infraestructura, el departamento de Arauca esta atravesado por 716
km de vías, mientras que Colombia tiene 162 mil kilómetros de vías. Eso supone
una limitación en términos de acceso a diferentes puntos del departamento. En
infraestructura de transporte aéreo, apenas cuenta con 7 pistas mientras que en
Colombia hay 594. En materia de navegación fluvial, es de considerable
importancia toda vez que cuenta con kilómetros de ríos navegables dentro de un
sistema que tiene cerca de 700 kilómetros, en este punto debe notarse la
importancia del rio Arauca, sobre el cual se encuentra el puerto fluvial municipal de
Arauquita y el puerto de la inspección fluvial de Arauca.
67
En relación con las telecomunicaciones, la cuestión es igualmente restringida, en
el Departamento de Arauca, sólo 15.358 habitantes están suscritos a la red de
telefonía fija, es decir que cuenta con menos de 6 líneas por cada 100 personas.
El departamento de Arauca se encuentra parcialmente interconectado al sistema
eléctrico nacional. En ese sentido, tanto su consumo y su capacidad eléctrica
instalada es reducida, de hecho el consumo energético en Arauca representa
menos del 0.3% del total consumido en el país.
2. Aspectos poblacionales
De acuerdo con el último censo y las proyecciones del DANE para el año 2005, la
población del departamento de Arauca fue calculada en 281.435 habitantes que
representan el 0.59% del total nacional, de los cuales el 54.6%, se encuentran
ubicados en las cabeceras urbanas y el 45.4% en las zonas rurales.
Arauca, Saravena y Tame son los municipios más poblados y representan el 70%
de toda la población departamental. Al respecto es pertinente llamar la atención
sobre el efecto de las dinámicas de migración en el proceso de urbanización, en
particular, en el municipio de Arauca y en las que confluyen las consecuencias de
la actividad petrolera y la violencia política. De hecho, es significativa la presencia
grandes grupos de colonos santandereanos y boyacenses como consecuencia de
la bonanza petrolera y cuyos descendientes constituyen una parte significativa de
la población.
La población indígena del Departamento de Arauca que llega a las 3.591 personas
esta integrada por los U´wa (1.124), Betoyes (800), Sikuan (782), Hitnú (441),
Kuiba (241), Chiricoa (173) y Piapoco (30);que se localizan en 26 resguardos que
suman un área total de 128.167 hectáreas.
Esta población ha sido victima de las consecuencias de la dinámica de la
economía petrolera en tanto que el territorio en el que se asientan hace parte de
68
las tierras declaradas como aptas por el gobierno Nacional para la exploración y
explotación petrolífera. De igual manera, en algunas de estas zonas existen
cultivos de hoja de coca.
En relación con las tasas de natalidad (número de nacidos vivos por cada mil
habitantes en un periodo de un año) y mortalidad (número de defunciones por
cada mil habitantes en un periodo de un año), resulta interesante que el
comportamiento de estos dos indicadores es superior al promedio nacional:
mientras que la tasa bruta de natalidad en el departamento de Arauca es de 32,7
el promedio nacional es de 24,5. Lo propio pasa con la tasa de mortalidad y que
mientras que en el departamento de Arauca es de 7,0, el promedio nacional es de
5,8.
Adicionalmente, llama la atención que el índice de población con necesidades
básicas insatisfechas del departamento de Arauca es de 53.8%, mientras que el
promedio nacional es de 37.2%. Igualmente, resulta interesante notar que la tasa
de desnutrición global en menores de 5 años es del 11%, en tanto que el promedio
nacional es del 6.7%, superando inclusive al departamento del Choco cuya tasa
de desnutrición en menores de 5 años es del 9.8%.
La cobertura de saneamiento básico es, en red de acueducto del 60.9% y en red
de alcantarillado del 32.2%, mientras que las coberturas nacionales son del 85.7%
y 73.3% respectivamente.
En materia de seguridad la tasa de homicidios del Departamento de Arauca
evidencia una situación compleja en e ámbito nacional, teniendo en cuenta que en
el año 2004 por cada 100 mil habitantes hubo 171 muertes violentas.
3. Aspectos económicos
En relación con la distribución de la tierra el departamento de Arauca evidencia
una situación de desigualdad, teniendo en cuenta que después del Chocó es el
69
departamento con mayor concentración de la tierra. El 74% de su superficie
catastral corresponde a predios de 200 o más hectáreas que pertenecen al 2% de
los propietarios.
El PIB departamental –en millones- es de 1.325.565, que contrasta con el PIB
nacional –en millones- que asciende a 203.451.000. La principal actividad
económica del departamento de Arauca es el petróleo que representa el 70% del
PIB.
Después de esta actividad, la agropecuaria es el sector más significativo y del cual
se destaca la ganadería. Al respecto llama la atención que el departamento de
Arauca provee de carne a los departamentos de Santander y Norte de Santander,
mientras que la agricultura se limita a satisfacer la demanda interna.
Un aspecto adicional de la caracterización del departamento e Arauca tiene que
ver con la existencia de cultivos ilícitos en una parte considerable de su geografía
que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(2008), concentra el 2% del total de cultivos ilícitos en el país. En el año 2001 las
hectáreas sembradas con hoja de coca fueron 2749, en el 2002 fueron 2214, en el
2003 fueron 539, en el 2004 fueron 1552, en el 2005 fueron 1883 y en el año
2006, 1306.
3.1. Actividad petrolera
Es evidente, entonces que la economía departamental depende de la actividad
petrolera. Sobre el particular, resulta pertinente comprender dicha actividad, en la
perspectiva del contexto nacional, en el cual tiene una considerable importancia en
la composición del PIB y en la balanza comercial constituyéndose en rubro más
importante dentro de las exportaciones no tradicionales colombianas.
70
INFRAESTRUTURA NACIONAL –OLEODUCTOS, GASODUCTOS Y
POLIDUCTOS-
Fuente: Ecopetrol, 2008
La explotación petrolera es una de las principales fuentes de ingresos del
Gobierno nacional. Considerando, no solo el producto de la actividad de la
Empresa Colombiana de Petróleos en materia de exploración y explotación,
también los recursos que proviene del 20% del crudo extraído por multinacionales
petroleras que debe destinarse al pago de regalías para la nación. De este
porcentaje, el 47.5% se transfiera al departamento productor, el 12.5% al
municipio productor, el 8% a los puertos y el 32% al Fondo Nacional de Regalías.
Por otra parte, el 80% restante se distribuye en partes iguales ente Ecopetrol y a la
empresa asociada, al respecto es pertinente señalar que en relación con la
participación en la producción nacional de petróleo por tipo de explotación, el
79.5% se lleva a cabo a través de la referida figura de asociación entre Ecopetrol y
71
una de las multinacionales petroleras que adelantan operaciones en Colombia; el
17.9% la lleva a cabo Ecopetrol; y el 2.6% a través de concesión.
MAPA DE TIERRAS
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos, Septiembre de 2008
El mapa de tierras representa el perfil de las tierras colombianas en materia de
hidrocarburos. Las zonas de color amarillo son aquellas donde se realizan trabajos
de exploración, las zonas de morado son aquellas en las que se adelantan
trabajos de evaluación técnica, las zonas rojas son áreas en las que se adelantan
labores de explotación de hidrocarburos y las áreas de color blanco están
disponibles para contratación.
Sobre este mapa es posible apreciar que el departamento de Arauca concentra
áreas de explotación y exploración. De hecho, el departamento de Arauca se
encuentra en la cuenca petrolera de los llanos orientales, que se constituye en una
de las zonas geológicas del país con mayores reservas de hidrocarburos.
72
Esta zona se encuentra a lo largo del pie de monte de la cordillera oriental, entre el
rio Arauca y la Serranía de la Macarena. Además del pozo de Caño limón en la
zona se encuentra el pozo de Cusiana (CAJ, 1994, 17)
Es evidente entonces la importancia estratégica del petróleo considerando su
impacto en las finanzas públicas y en la economía nacional en general. Además
porque del desarrollo en este sector dependen las posibilidades de que Colombia
sea autosuficiente en materia petrolera, condición que esta seriamente
amenazada por el agotamiento de las fuentes y la reducción de los hallazgos.
Adicionalmente la actividad petrolera pertenece a la rama de la minería que
representa el 69% del PIB nacional.
A julio de 2005 la producción total de petróleo en el país ascendía a 111.244.655
barriles, de los cuales, el 18% correspondió a la producción petrolera del
departamento de Arauca que con el campo de Caño Limón, comprendido por más
de 300 pozos, aporta 90 mil barriles de crudo cada día. El yacimiento petrolero de
Caño Limón junto con el de Cusiana son los más grandes del país. El Oleoducto
de Caño Limón- Coveñas tiene 770 kilómetros de longitud, de los 5197 kilometro
de oleoductos que tiene el país.
En la actualidad, las reservas petroleras de Colombia Ascienden a los 1,5 (109) de
bbl, de acuerdo con la Asociación Regional de Empresas de petróleo y gas natural
en América Latina y el Caribe.
73
OLEODUCTO CAÑO LIMÓN- COVEÑAS
Fuente: Ecopetrol, 2008
En la actualidad además de Ecopetrol, las multinacionales petroleras que
adelantan labores de exploración y explotación en el territorio colombiano son: BP,
Chevron, ENAP, EXXONMOBIL, OXY, PETRBRAS y REPSOL YPF.
Al respecto es pertinente destacar que Arauca entre los años 2003 y 2004 sus
exportaciones pasaron de U$265 mil a U$29.979.000 y sus importaciones de
U$4.483.000 a U$41.419.000.
Las finanzas públicas departamentales se componen en un 78% de ingresos de
capital que se componen en su mayoría de las regalías por la actividad petrolera.
74
ANEXO 2
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ZONA DE REHABILITACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE ARAUCA -2002- 2004.
Entrevistado: Oficial de Policía José Vicente Carreño. Jefe de la oficina de atención al ciudadano
de la Policía del Departamento de Arauca, quien ha vivido y trabajado en el
Departamento por 20 años.
Transcripción de las respuestas más relevantes del Oficial Carreño:
La situación anterior a la Zona de Rehabilitación en el Departamento de Arauca,
desde algo así como 20 años, era difícil por la inseguridad producida por los
grupos al margen de la ley: el ELN, las FARC y las Autodefensas.
Desde el año de 1990 y comienzos del 2000 la situación era bastante complicada
porque los delincuentes incrementaron sus ataques, al Ejército, la Policía, la
infraestructura y la población civil. Fue así que el Gobierno creo la Zona de
Rehabilitación en Septiembre de 2002 y declara la conmoción interior en todo el
territorio nacional, donde se crearon dos Zonas: Sucre y Bolívar y los tres
Municipios petroleros de Arauca: Saravena, Arauca y Arauquita.
Con estas Zonas de Rehabilitación el Presidente Uribe, para esa fecha nombró a
militares como encargados de la zona. Recuerdo al Brigadier General Carlos
75
Pedraza, que fue el comandante de toda la zona especial del Departamento de
Arauca.
Las Fuerzas Armadas tomaron el mando de toda la zona. El objetivo era vigilar a
todos los residentes y visitantes de la Zona, tenían facultad para restringir
circulación de personas, de equipos de comunicaciones, de armas. Había horas
especiales para poderse movilizar por las vías intermunicipales.
La policía era coadyuvante para que las cosas salieran mejor.
La Fuerza Pública hizo un censo en toda la región y ejercer control para cerrarles
espacio a los delincuentes.
Las relaciones de los militares con los habitantes de los Municipios, pues siempre
hubo buen contacto de la Fuerza Pública con la población civil, pero no dejaba de
haber para la época gente se abstenía de mantener ciertos grados de amistad o
comunicación por el temor de ser ultimados por los actores del conflicto.
Pero gracias a esta Zona de Rehabilitación la situación mejoró porque el
Presidente Uribe supo jugársela. Antes la situación si era complicada por la
vulnerabilidad que esto representaba para la población civil.
En esa época se protegió de forma especial la infraestructura petrolera y teniendo
en cuenta que en el año 2002 el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones
locales atípicas en el Departamento de Arauca y había la necesidad de hacer
muchos esfuerzos con aquellas personas que estaban aspirando a dichos cargos.
La Fuerza Público tuvo que redoblar esfuerzos porque eran objetivos militares de
los bandidos.
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Para la Fuerza Pública era una ventaja tener la Zona de Rehabilitación especial
porque les facilitaba los allanamientos, inmovilizar vehículos, garantizar la libre
locomoción de la ciudadanía.
Quienes le han hecho daño a la población eran las autodefensas, mal llamadas
paramilitares, las FARC y el ELN. En Arauca no había delincuencia común.
Los bandidos si interferían con los grupos de la sociedad civil, por la intimidación.
Algunas agremiaciones se veían demasiado vulneradas, personas también. Ellos
coadyuvaron con estos criminales temiendo por sus vidas y se dejaron intimidar.
La acción de las autoridades, influía hasta el punto de ofrecerles total seguridad a
estas personas y las instrucciones del Señor Presidente eran precisas: el General
Pedraza debía garantizar a todas las personas la vida, su honra, sus bienes, la
locomoción, y usar todas las herramientas para que estos grupos generadores de
violencia no siguieran haciendo daño.
Las actividades de las Fuerza Publica se podían dirigir a los municipios que no
hacían parte de la Zona. Nosotros nunca podemos descuidar a los otros
municipios y poblaciones, porque las personas tienen el derecho constitucional a
la vida y la Fuerza Pública siempre tendrá este trabajo de proteger sus vidas.
La decisión de rehabilitar este zona fue muy acertado porque hoy Arauca tiene
mayores garantías de seguridad, no se habla de Autodefensas, se habla de
terminación de las FARC, hay más camaradería con la Fuerza Pública, se puede
hacer uso de las vías terrestres, antes no porque eran muy vulnerables.
Hoy en el Departamento hay más progreso.
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