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EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN El PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
DEL ACUERDO FINAL ENTRE LAS FARC EP Y EL GOBIERNO COLOMBIANO
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE DERECHO
BUCARAMANGA
2019
EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN El PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
DEL ACUERDO FINAL ENTRE LAS FARC EP Y EL GOBIERNO COLOMBIANO
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
Presentado para optar al título de: Abogado
DIRECTORA
Mag.Aurymayerly Acevedo Suarez.
UNIVERSIDAD DE SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLITICAS Y HUMANIDADES
PROGRAMA DE DERECHO
BUCARAMANGA
2019
La tolerancia es un pilar en la construcción de paz, y
esta a su vez es un derecho y deber de todos.
A quienes la guerra no les permitió volver a ver el sol o los dejó sin ganas de
verlo, a mi familia y a quienes creen en un país en paz.
AGRADECIMIENTOS
A mi familia por mi educación, sin la cual no podría haber escrito el presente texto. A mi
tutora por el gran apoyo que ha significado en este proyecto, y por ser ella quien me ha guiado en
un inmenso mar de conocimiento. A Yibely, quien es parte importante en este proceso, y a todos
aquellos maestros, maestras, compañeros y compañeras que contribuyen cada día en mi
formación académica y personal.
LISTA DE ABREVIATURAS
ANT – Agencia Nacional de Tierras.
CELAC- Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
CEV - Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
CFHBD – Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.
C.N. – Constitución Nacional.
CNE – Consejo Nacional Electoral.
CSIVI - Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo final
DA – Dejación de Armas.
DD.HH. – Derechos Humanos.
DIH – Derecho Internacional Humanitario.
FARC-EP – Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo.
JEP – Jurisdicción Especial para la Paz.
MASC – Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
MAP – Minas Antipersonal.
MM&V – Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
OEA - Organización de los Estados Americanos.
OIT- Organización internacional del trabajo.
ONU - Organización de las Naciones Unidas.
PDET – Programas de desarrollo con enfoque territorial.
PISDA - Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo.
PNIS – Programa Nacional Integral de Sustitución.
RRI – Reforma Rural Integral
SIVJRNR - Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
UBPD – Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto armado.
UNASUR - Unión de Naciones Suramericanas.
ZRC – Zonas de Reserva Campesina.
ZVTN – Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 17
1. PRINCIPIO DE TOLERANCIA................................................................................... 19
1.1.1 Edad Antigua .......................................................................................19
1.1.2 Edad Medieval ....................................................................................20
1.1.3 Edad Moderna .....................................................................................21
1.2 PENSADORES ..........................................................................................23
1.2.1 Jhon Locke ..........................................................................................23
1.2.2 Jürgen Habermas .................................................................................25
1.2.3 Michael Walzer ...................................................................................27
1.3 IMPORTANCIA DE LA TOLERANCIA EN COLOMBIA ....................30
2.PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ ................................................................. 34
2.1 REFORMA RURAL INTEGRAL .............................................................35
2.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR
LA PAZ. ................................................................................................................39
2.3 CESE AL FUEGO, DE HOSTILIDADES Y LA DEJACIÓN DE LAS ARMAS -
REINCORPORACIÓN DE LAS FARC-EP A LA VIDA CIVIL .......................47
2.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS ................55
2.5 VÍCTIMAS ................................................................................................59
2.6 MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN .............70
2. EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
DE PAZ ........................................................................................................................................ 71
3.1 LA TOLERANCIA EN LA APERTURA DEMOCRATICA PARA CONSTRUIR PAZ.
...............................................................................................................................73
3.2 HACIA UNA RECONCILIACION NACIONAL A TRAVES DE LA TOLERANCIA.
...............................................................................................................................75
3.3 LA TOLERANCIA INMERSA EN LA TRANSFORMACION DEL CAMPO
COLOMBIANO. ..................................................................................................77
3.4 PEDAGOGÍA PARA LA PAZ ..................................................................78
CONCLUSIONES .................................................................................................................. 79
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 81
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 - Mecanismos del SIVJRNR ....................................................................................... 61
LISTA DE GRAFICOS
Gráfico I - Evidencias en la implementación del punto tres del Acuerdo Final. ..................... 53
Gráfico II - Evidencias en la implementación del punto tres del Acuerdo Final. .................... 54
Gráfico III - Mecanismos y medidas del SIVJRNR ................................................................ 60
RESUMEN
Titulo
EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN El PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ DEL
ACUERDO FINAL ENTRE LAS FARC EP Y EL GOBIERNO COLOMBIANO
Autores
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
Palabras claves: tolerancia, paz, Acuerdo Final, reconciliación, democracia, FARC-EP
reincorporación.
Descripción
La presente investigación analiza los procesos de construcción de paz establecidos en el
acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, firmado entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano en el año 2016, a la luz del
concepto filosófico - político de tolerancia. Identificando la importancia del principio en la
construcción de una cultura de paz, adquiriendo su relevancia en el hecho de que “la tolerancia
(…) no sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la
virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz”
(UNESCO, 1995).
En el primer capítulo se realizará un resumen de los antecedentes históricos del principio de
tolerancia, y se expondrá la teoría de Jhon Locke, Jürgen Habermas, y Michael Walzer, para
poder contextualizar el principio en la situación colombiana.
Posteriormente, en la segunda sección se enunciarán los procesos de construcción de paz,
dándole a conocer al lector la situación actual de cada punto del Acuerdo.
Finalmente, en el tercer apartado se plasmará, desde una perspectiva personal, la forma en la
que se evidencian aspectos del principio de tolerancia en los procesos establecidos en el Acuerdo
Final.
ABSTRACT
Title
THE TOLERANCE PRINCIPLE IN THE PEACE CONSTRUCTION PROCESS OF THE
FINAL AGREEMENT BETWEEN THE FARC EP AND THE COLOMBIAN
GOVERNMENT
Authors
ANDREA PAOLA BECERRA HERNÁNDEZ
Keywords: tolerance, peace, final agreement, reconciliation, democracy, reinstatement of the
FARC-EP.
Description
This research analyzes the peacebuilding processes established in the Final Agreement for the
End of Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace, signed between the FARC-
EP and the Colombian Government in 2016, in light of the concept Philosophical - political
tolerance. Identifying the importance of the principle in the construction of a culture of peace,
acquiring its relevance in the fact that "tolerance (...) is not only a moral duty, but also a political
and legal requirement. Tolerance, the virtue that makes peace possible, helps replace the culture
of war with the culture of peace”(UNESCO, 1995).
In the first chapter a summary of the historical background of the principle of tolerance will
be made, and the theory of Jhon Locke, Jürgen Habermas, and Michael Walzer will be exposed,
in order to contextualize the principle in the Colombian situation.
Subsequently, in the second section the peace building processes will be enunciated,
informing the reader of the current situation of each point of the Agreement.
Finally, the third section will reflect, from a personal perspective, the way in which aspects of
the principle of tolerance are evidenced in the processes established in the Final Agreement.
INTRODUCCIÓN
Colombia es un territorio que ha padecido innumerables hechos violentos que han
manchado sus tierras de sangre y dolor, desde la llegada de los españoles que masacraron los
pueblos indígenas, hasta la misma revolución que trajo consigo alegrías para Hades, pasando por
la Violencia1, y siguiendo con el narcotráfico antecedido por la formación de grupos al margen
de la ley, los cuales se tomaron las armas con un ideal revolucionario de redignificar al pueblo
azotado por los malos gobiernos.
Entre los grupos al margen de ley que se tomaron los territorios colombianos se encontraban
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, o mejor conocido por
sus siglas FARC-EP, quienes fueron autores de violaciones a derechos humanos en el país,
causando genocidios, secuestrando civiles, políticos, militares, minando los campos, ayudando a
la infraestructura del narcotráfico y atemorizando a la sociedad colombiana, la cual ni siquiera se
sentía segura de transitar por las vías nacionales.
Está situación de violencia claramente trajo consecuencias a corto, mediano y largo plazo,
dejando en Colombia grandes heridas que hoy hay que sanar, pues se produjo demasiado dolor a
las víctimas del conflicto, se desplazó a miles de familias creando pobreza, el Estado se ausento
de ciertas regiones y se forzó a los niños a cargar un armamento, generándose una mala imagen
de Colombia en la sociedad internacional y la deslegitimación de las instituciones del Estado.
La terminación de la guerra interna con las FARC-EP empezó a tener esperanza en 2012,
cuando el gobierno colombiano y el grupo armado iniciaron los diálogos de paz en la Habana,
que concluyeron en la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
1 “La llamada Violencia, (…) que dominó la historia de Colombia entre el año 46 y el 58 (…), fue en realidad
una suma de muchas y variadas violencias (…) políticas, sociales, económicas y religiosas. Las unificó a todas el
hecho de que fueron impulsadas por los gobiernos de la época” (Bibloteca Nacional de Colombia, s.f.)
Construcción de una Paz Estable y Duradera en el año 2016, lo cual da inicio a una fase de
transición a través de múltiples procesos de construcción de paz, que:
Contribuye a una mayor integración de nuestros territorios, una mayor inclusión social en
especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto y a
fortalecer nuestra democracia para que se despliegue en todo el territorio nacional y
asegure, que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales (Acuerdo
Final, 2016).
Por tal razón, y teniendo presente que el principio de tolerancia es la base para la construcción
de una cultura de paz, este escrito tiene como intención reconocer cómo el principio referenciado
se ve inmerso en los procesos de construcción de paz que empiezan a implementarse en
Colombia con la firma del Acuerdo Final, y es que, ante los múltiples homicidios de
desmovilizados, un tejido social deteriorado y el anunciamiento de “una nueva Marquetalia2”, es
fundamental identificar la tolerancia, partiendo de la base que “es la responsabilidad que
sustenta los derechos humanos, el pluralismo (…), la democracia y el Estado de derecho”
(UNESCO, 1995).
2 Marquetalia es una vereda del departamento de Tolima en Colombia, considerada como la cuna de las FARC-
EP.
1. PRINCIPIO DE TOLERANCIA
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
1.1.1 Edad Antigua
El concepto de tolerancia se ha venido transformando con el transcurrir del tiempo, al igual
que los criterios por los cuales se promueve. En la edad antigua, la relevancia del principio de
tolerancia se basaba en una concepción utilitarista, por lo tanto, “se soportaban las diferencias de
culto, no por la libertad de conciencia ni por razones de piedad; esto ocurría fundamentalmente
por meras razones de utilidad pública: para mantener la paz social y la normalidad de las
relaciones comerciales” (Botero Bernal, 2009, pág. 36).
Un ejemplo de tolerancia en la antigüedad es el caso Aśoka o Ashoka, quien fue el tercer
emperador del imperio Mauria en el subcontinente indio, promulgador de la tolerancia religiosa,
volviéndose pacifista después de ver el sufrimiento ocasionado por sus batallas.
Durante su gobierno, Ashoka proclamó una serie de edictos, entre los que se encuentra el
décimosegundo edicto sobre roca que plasma lo siguiente:
Todo el que elogia a su propia comunidad y critica a la comunidad ajena, todo por
devoción a la propia comunidad, diciendo "Glorifiquemos la propia comunidad", ese,
obrando así una y otra vez, daña más a la propia comunidad religiosa (…) Este es el deseo
del amado por los dioses: “Que todas las comunidades sean muy instruidas y tolerantes”
(Rodríguez Adrados, 1987).
El respeto por los credos de cada individuo posteriormente se intenta implementar a través de
la promulgación del Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, en el cual se “reconocía y
pretendía tutelar la libertad religiosa” (Carbó, 2017), reflejándose así, otro ejemplo del principio
tolerancia, pese a que la concepción de la época no sea igual a la actual.
1.1.2 Edad Medieval
La edad medieval se vio marcada por un fuerte teocentrismo, el cual permeó múltiples
aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, llegando a la esfera pública, tanto así, que la
iglesia logro influir fuertemente en los gobiernos, lo cual trajo consigo situaciones de
intolerancia que perturbaron la paz de las sociedades, aunque, cabe destacar que, las relaciones
entre los emperadores o reyes y la iglesia, no fueron constantemente pacíficas.
Como ejemplos de la intolerancia que se vivió en la edad media, se puede denotar entre otros:
Las políticas de Teodosio I, el cual en el año 391 profirió una ley “dirigida
expresamente a Egipto y tuvo como consecuencia el cierre del famoso Serapeo de
Alejandría” (Blázquez Martinez, 2011), por considerarlo un lugar pagano.
El concilio cebrado por Alejandro III en Tours en 1163, en el cual:
Toman medidas de rigor contra los herejes maniqueos que «como un cáncer se
habían extendido a través de toda la Gascuña y en otras provincias». Se
prohíbe a los sacerdotes toda asistencia a los heréticos y se impone a los
señores laicos el cargo de prestar su colaboración en la lucha contra la herejía
(Sánchez Herrero, 2005).
La conversión forzosa de indígenas americanos al catolicismo con la llegada de los
españoles a América.
Siendo un factor común de todos los actos de intolerancia el índole religioso de los mismos,
tanto así que, no había lugar para los herejes dentro de la sociedad, ya que se tenía la idea de que
“la salvación es una tarea comunitaria, por lo que las comunidades se salvan o se condenan
mutuamente” (Botero Bernal, 2009, pág. 61).
En contraste a la intolerancia de la época, en Al-Andalus, territorios ocupados por los
musulmanes en la península ibérica, se convivió en medio de una tolerancia relativa entre
musulmanes y cristianos, como lo diría Andrés Botero: en la Península existieron capitulaciones
y acuerdos que permitieron la convivencia entre las comunidades diversas, aunque esta
tolerancia no solo se debió a un mandato coránico, sino también, a motivos político-económicos
como preservar las contribuciones a las arcas públicas. (Botero Bernal, 2009).
1.1.3 Edad Moderna
La edad moderna fue una época de gran desarrollo económico, filosófico y artístico,
enmarcado por artistas como Da Vinci, Boticelli y Miguel Ángel, además, de grandes inventos
como la imprenta, que ayudo a la proliferación del conocimiento. En el ámbito político y
religioso de la modernidad, se evidencia una mayor obtención de participación política por parte
de la burguesía, y una marcada avaricia del clero católico, lo cual conllevó un descontento en la
sociedad, dando origen a la reforma protestante.
Dicha reforma “fue gran defensora del discurso tolerante a partir de la libertad de conciencia”
(Botero Bernal, 2009, pág. 71), siendo su promotor Martin Lutero, con quien cambia la dinámica
de la salvación, ya que para él “la salvación poco o nada tiene que ver con el cumplimiento de la
ley humana y de los preceptos religiosos, y solo es posible porque Dios la concede mediante su
gracia, que es arbitraria, soberana y sin intermediación” (Botero Bernal, 2009, pág. 72),
planteamiento que dista de la iglesia católica que se presenta como intermediaria entre el
individuo y Dios, afectando así, el fundamento de las persecuciones religiosas.
Años más tarde, con la Confederación de Varsovia en 1573, se proclama la tolerancia
religiosa para todas las sectas, aunque cabe resaltar que este acuerdo pacífico se realizó con la
intención de evitar una crisis política y mantener el orden jurídico existente, mediante la
obediencia de todos los ciudadanos a la asamblea (Memoria del Mundo, 2003).
Por otra parte, la masacre de San Bartolomé en Francia, provoco la muerte de miles de
hugonotes3, y “desembocó en la cuarta guerra religiosa” (ECURED, s.f.), la cual se empezó a
desvanecer con la proclamación del Edicto de Nantes en 1598, no siendo más que “otra tregua de
religión, esperando el final del Cisma al que se enfrentaba, que obligó durante un momento a
considerar a los hugonotes como una iglesia cismática y no como herejía” (Botero Bernal, 2009,
pág. 87), por lo que no se puede hablar de una tolerancia en el sentido actual de respeto sincero a
las creencias de las personas, sino en un sentido de utilidad, como se vio desde la edad antigua.
Lo dicho hasta aquí supone que, la existencia de religiones que excluían a los individuos de
diferentes credos, llevó a la sociedad a múltiples situaciones intolerantes, como las expuestas o
como la guerra de los treinta años en Europa Central, que tuvo principio en la controversia
religiosa entre protestantes y no protestantes, queriendo Fernando II de Alemania imponer el
Catolicismo, propósito que no logro cumplir, ya que con la firma del tratado de Westfalia “se
estableció una completa libertad religiosa en Alemania” (Historia universal, s.f.).
Así mismo, en años posteriores nacieron actos de tolerancia como la primera Acta de
Tolerancia proferido por el Parlamento Ingles en 1689 y el Edicto de Tolerancia de José II de
Austria, entre otros ejemplos de la historia, siendo importante resaltar que pese a los diferentes
3 Nombre que utilizaban los católicos franceses para referirse a los protestantes calvinistas.
motivos que fundamentaron estos actos tolerantes, siempre conllevaron a la paz,
independientemente de si fue una paz estable o relativa.
1.2 PENSADORES
1.2.1 Jhon Locke
John Locke fue un defensor del discurso de la tolerancia, pese a que este no cobijó a todas las
personas de la sociedad, ya que como se expondrá más adelante, para él los ateos y los católicos
romanos no eran merecedores de dicho principio. Entre las obras de John que trataron este tema,
se encuentra el Ensayo sobre la Tolerancia y Carta sobre la Tolerancia.
Ensayo sobre la tolerancia. En esta obra, Locke sostiene la importancia de alejar los temas
religiosos de la agenda del jefe de gobierno, a quien solo debería importarle la paz civil y
proteger la propiedad de sus súbditos, por lo tanto, el filósofo plantea que las creencias
religiosas, la hora, el lugar y el modo de rendir culto a Dios, no son temas que le incumban al
gobierno, ya que en principio las creencias religiosas de un individuo no pueden perturbar al
prójimo, y no deberían causar ninguna clase de inconveniente que sea de interés del gobierno,
teniendo en cuenta que “los errores o escrúpulos de la conciencia de una persona, los cuales la
llevan a hacer o a impedir hacer algo, no destruye el poder del magistrado” (Locke, 2014, pág.
38).
Así mismo, expone que el gobierno no debe obligar a nadie a convertirse a una determinada
religión, ya que el culto religioso es una dinámica que implica únicamente a la persona y a Dios,
además, si el gobernante obliga una persona a realizar una conversión que realmente no quiere, y
dicha nueva religión no lo lleva a la salvación, no habrá nada en el más allá que el ministro
pueda hacer para reparar el daño ocasionado a su súbdito, de hecho, propone que los hombres
deben hacer lo que sus conciencias les indiquen, siempre y cuando no utilicen la violencia.
Lo anterior no quiere decir que la tolerancia del gobierno sea ilimitada, pues de hecho tiene su
límite en la perturbación de la paz civil, lo cual se puede dar por ejemplo cuando la persona
quiere forzar a otros a pensar como él y agredirlos en caso de no hacerlo, por lo que “el
magistrado puede prohibir que se hagan públicas esas opiniones cuando tienden a perturbar el
gobierno” (Locke, 2014, pág. 39), resaltando que no se reprime a los individuos por pertenecer a
una determinada religión, sino porque representan una amenaza para la seguridad, la paz y la
protección de la sociedad.
Hay que mencionar además, que pese a que Locke sostuvo que el gobernante podía hacer una
excepción al principio de tolerancia y usar todos los medios que considerara necesarios, éste
puede emplear la fuerza solo como solución extrema, ya que “el magistrado, al usar la fuerza,
contradice lo que profesa estar procurando, que es la seguridad de todos” (Locke, 2014, pág. 50),
provocando un pretexto para que los individuos reprimidos se armen contra él.
Teniendo en cuenta lo anterior, vale decir que Locke siendo consciente de que es casi
imposible una uniformidad religiosa, propone la práctica del respeto por las creencias del otro,
“pues la tolerancia ha sido establecida por el magistrado como fundamento sobre el que asentar
la paz y la tranquilidad del pueblo” (Locke, 2014, pág. 54), pese a dicha tolerancia excluya a los
católicos romanos, debido a que estos reconocían la autoridad del papa, lo cual es destructivo
para el gobierno, ya que consideró que los papistas eran enemigos del gobierno.
Carta sobre la tolerancia. Siguiendo la línea de pensamiento que plasmó en el ensayo, Locke
inicia la Carta explicando que la tolerancia es la verdadera característica de la iglesia, y que si
alguien sinceramente desea la salvación de las almas, debería reunir al pueblo a través del
evangelio sin utilizar la fuerza, aunque la salvación del otro no debe competer a ningún hombre,
ni siquiera al gobernante, ya que el Estado es “una sociedad de hombres construida únicamente
para preservar y promocionar sus bienes civiles” (Locke, 2014, pág. 76).
Así pues, debe evitarse toda forma de violencia en contra de las personas que pertenecen a
una religión distinta, y ningún individuo incluyendo al Estado tiene derecho a violentar a otro
bajo fundamentos religiosos. En este sentido, Locke profesa un discurso relativamente tolerante,
teniendo en cuenta que excluye de ser tolerados a aquellos que se rehúsan a enseñar la tolerancia
hacia las personas de credos distintos, al igual que a los ateos, “pues eliminar a Dios, aunque
sólo sea en el pensamiento, lo disuelve todo” (Locke, 2014, pág. 124).
En consonancia con lo anterior, el filósofo planteó que el gobernante debe tolerar las iglesias,
ya que la gente se reúne con la intención de salvar su alma, por lo tanto “el magistrado no puede
prohibir en las asambleas religiosas el uso de las ceremonias o ritos sagrados establecidos en una
iglesia” (Locke, 2014, pág. 106), salvo que sean ilegales, le hagan daño a alguien, perjudique los
bienes de otro, o se profesen prerrogativas opuestas a los derechos civiles, extendiéndose dicho
deber de tolerancia incluso a los mismos eclesiásticos, quienes según Locke, deben difundir los
deberes de paz, caridad y tolerancia.
1.2.2 Jürgen Habermas
En medio de una entrevista realizada por Giovanna Borradori a Habermas en relación a los
atentados del 9/114, Jürgen Habermas plantea su explicación al fenómeno de la violencia,
4 Con 9/11 se hace referencia al atentado terrorista que culminó en la destrucción de las Torres
Gemelas del World Trade Center en Nueva York.
reconociendo la unilateralidad de la tolerancia, lo cual se ve anulado a través del sistema
democrático.
Para Habermas “la espiral de violencia comienza con una espiral de la comunicación
perturbada que — a través de la desconfianza recíproca no dominada— conduce a la interrupción
de la comunicación” (Borradori, 2003, pág. 67), toda vez que para él, la comunicación consiste
en el entendimiento mutuo, siendo fundamental el compromiso de decir la verdad y de querer
decir exactamente lo que se dice. (Borradori, 2003)
Bajo esa línea, y teniendo en cuenta que “la idea de un esquema conceptual que constituye un
mundo entre muchos no es de ningún modo pensable sin contradicción”. (Borradori, 2003, pág.
69), Habermas habla de tolerancia, pero no en un sentido ilimitado, sino que reconoce la
existencia de unos límites, afirmando que:
(…) es obvio que la autoridad existente fija de manera arbitraria los límites de la
tolerancia: los límites entre lo que todavía se «acepta» y lo que ya no se «acepta». De
modo que puede surgir la impresión de que la tolerancia, que sólo puede ser practicada
dentro de un límite a partir del cual termina, posee ella misma un núcleo de intolerancia.
(Borradori, 2003, pág. 74)
Pero, esa unilateralidad de la tolerancia, es neutralizada si se da en un contexto de democracia
deliberativa y participativa (Borradori, 2003) , pues en un Estado democrático, los ciudadanos
tienen los mismos derechos, hay un reconocimiento reciproco de los ciudadanos, y no cabe la
posibilidad de que una autoridad fije unilateralmente los límites de la tolerancia bajo el
fundamento de su propia perspectiva.
Por otra parte, al concebir la tolerancia como principio universal legitimador del orden, Jürgen
plantea la desobediencia civil como herramienta para proteger el ideal de tolerancia (Botero
Bernal, 2009), por lo tanto, al hablar de una Constitución democrática se abre el espacio a la
resistencia o derecho de resistencia de disidentes, que se da una vez agotados todas las opciones
amparadas por la ley, aclarando que esa resistencia violatoria debe enmarcarse en la misma
Constitución y tener un carácter no violento, que genere en la esfera pública la reflexión crítica
entre los ciudadanos (Borradori, 2003)
1.2.3 Michael Walzer
En su libro titulado “Tratado Sobre la Tolerancia”, Michael Walzer expone cinco regímenes
de tolerancia, los cuales son: los imperios multinacionales, la comunidad internacional, la
confederación, los estados nacionales y la sociedad de inmigrantes, aclarando que “no hay
principios que presidan todos los regímenes de tolerancia” (Walzer, 1998, pág. 16) .
El primero de los regímenes hace referencia a los imperios multinacionales, poniendo como
ejemplo las sociedades persas, romanas y el caso de Alejandría, donde se evidencia el
multiculturalismo y la interacción comercial e intelectual entre las comunidades que la
conformaban. En estos imperios Walzer refiere que “el gobierno imperial es la manera más
eficaz de incorporar la diferencia y facilita (necesita sería más preciso) la coexistencia pacífica”
(Walzer, 1998, pág. 30), por lo tanto, se da en la sociedad una paz fundamentada en el respeto a
la diversidad cultural y geográfica, garantizando la no intervención por parte del Estado en las
comunidades autónomas, de esta manera se asegura la equidad y la convivencia social. (Walzer,
1998).
Por otro lado, Walzer plantea que “con la soberanía aparece, por supuesto, la pertenencia a la
comunidad internacional que, (…) es la más tolerante de todas las sociedades” (Walzer, 1998,
pág. 34), pese a la intolerancia de algunos Estados que la conforman.
Para él, se entiende por soberanía que se respete al otro, al extranjero, aclarando que esa
soberanía es ilimitada pues no se toleran actos o prácticas que atenten contra la humanidad
(Walzer, 1998, pág. 36), existiendo la facultad de imponer sanciones económicas, condenas
colectivas o la interrupción del intercambio cultural, como consecuencia de la materialización de
los actos intolerantes (Walzer, 1998).
Igualmente, en relación con la comunidad internacional, el filósofo hace referencia a la
actividad diplomática, en la cual los diplomáticos negocian con tiranos y asesinos, llegando a
acuerdos que constituyen en la práctica actos de tolerancia, pudiéndose considerar como un
aspecto formal de la acción tolerante (Walzer, 1998).
En cuanto a las confederaciones, Walzer afirma que este régimen exige el respeto mutuo entre
los líderes de las comunidades o grupos humanos, teniendo en cuenta que la finalidad del
acuerdo constitucional es establecer límites a posibles actos de intolerancia en estas comunidades
(Walzer, 1998).
Por otra parte, en el Estado Nacional existe un grupo dominante, el cual tolera a la minoría
siempre y cuando no se les catalogue como peligro, pero esa tolerancia no tiene un carácter
colectivo sino individual, ya que prevalece la condición de ciudadanos sobre la de miembros de
determinado grupo, no siendo permitida la discriminación, y concediendo a los individuos la
posibilidad de asociarse voluntariamente, siempre y cuando no se organicen para ejercer
competencias legales sobre sus miembros (Walzer, 1998).
Similarmente, en las sociedades inmigrantes el Estado “considera a todos sus ciudadanos
como individuos en lugar de como miembros de grupos. Por tanto lo que se tolera, estrictamente
hablando, son las elecciones y acciones individuales” (Walzer, 1998, pág. 46) teniendo cada
individuo el deber de tolerar a las demás personas que conforma la sociedad, destacándose que
“la tolerancia de las elecciones individuales y de las versiones personales de la cultura y la
religión constituye el más alto nivel (o el más intenso) régimen de tolerancia” (Walzer, 1998,
pág. 49).
Igualmente, se resalta que en la sociedad de inmigrantes no es permitida el uso de la fuerza
para controlar el espacio público o monopolizar recursos públicos, no teniendo el Estado
preferencias por alguna asociación en específico, sino defendiéndolos a todos de igual manera.
(Walzer, 1998)
Adicionalmente, Michael manifiesta que el éxito de la sociedad está en aceptar la diferencia y
no oponerse, respetando al otro en el plano personal y político teniendo en cuenta las múltiples
identidades que se pueden presentar en una comunidad (Walzer, 1998, pág. 92), ya que “la
tolerancia hace posible la diferencia; la diferencia hace necesaria la tolerancia” (Walzer, 1998,
pág. 13).
Sobre el principio de tolerancia en específico, el filósofo indica que el respeto permite la
práctica de la tolerancia, destacando que las practicas tolerantes inician en los hogares ya que
“con frecuencia tenemos que hacer las paz étnica, cultural y religiosa con nuestra pareja, con
nuestra familia política y con nuestros hijos” (Walzer, 1998, pág. 99), siendo el objetivo de la
tolerancia el aseguramiento de la interacción continua y la coexistencia pacífica, constituyéndose
la tolerancia como proyecto central de la política democrática moderna, entendiéndola , tanto del
punto de vista individual, como del reconocimiento grupal.
Finalmente, dentro del pensamiento de Walzer puede visualizar la percepción de que “la
intolerancia es más virulenta cuando las diferencias culturales, étnicas o de raza coinciden con
las diferencias de clase, cuando los miembros de un grupo minoritario están dominados también
económicamente” (Walzer, 1998, págs. 68-69), pudiéndose dar una discriminación positiva con
el fin de romper el vínculo entre la clase y el grupo, enseñando el respeto y la tolerancia hacia las
personas de clase baja, pues la sola resignación a la presencia del otro, no constituye una práctica
tolerante.
1.3 IMPORTANCIA DE LA TOLERANCIA EN COLOMBIA
Acorde con lo expuesto anteriormente, el principio de tolerancia tuvo sus orígenes en la
búsqueda de la paz social, incrementándose el debate con el conflicto religioso, el cual llevó a los
filósofos a plantearse quienes debían ser sujetos de tolerancia teniendo en cuenta sus creencias y
cuestionándose a la vez por los límites de dicho principio.
Posteriormente, con la globalización, la discusión sobre la tolerancia empieza a girar en torno
al respeto hacia las personas en sociedades multiculturales originadas por la internacionalización,
manteniendo como objetivo la conservación de la paz y la convivencia social.
A modo de recopilación de los pensamientos de Locke, Habermas y Walzer, ha de decirse
que, la violencia surge por un problema en la comunicación, y el gobierno debe propender por
mantener un ambiente pacifico en el que los derechos de sus integrantes se puedan desarrollar,
para lo cual puede imponer ciertos límites a los comportamientos sociales dentro de un sistema
democrático, en donde las limitaciones no deben ser fijadas de manera arbitraria, ni desconocer
al individuo su condición de ciudadano, manteniendo el respeto hacia el otro y recordando
siempre que la tolerancia es un fundamento esencial para lograr una paz en la que haya lugar
para todos, pese a las múltiples diferencias que se puedan presentar.
“En su forma más simple y básica, la tolerancia consiste en reconocer a los demás el derecho
a que se respete su persona e identidad” (UNESCO, 1994, pág. 10), siendo a su vez, “la calidad
esencial mínima de las relaciones sociales que permite descartar la violencia y la coerción.”
(UNESCO, 1994, pág. 12), entendido así, la tolerancia como un principio y una herramienta para
construir la paz.
La construcción de paz, implica acordar e implementar procesos cuyo objetivo final sea la
transformación de una sociedad en conflicto a una sociedad pacífica, promoviendo la
reconciliación entre las diferentes partes, toda vez que, los enfrentamientos violentos, como los
que se produjeron en Colombia a raíz de la guerra con las FARC-EP, generan un deterioro del
tejido social del país, y dificulta el establecimiento de una cultura de tolerancia, la cual es el
camino para lograr la paz.
Dicho lo anterior, cabe resaltar que en noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia y las
FARC-EP firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, cuyo éxito de implementación seguramente se verá determinado por la
forma en la que se logre el acercamiento entre la población civil y los actores del conflicto y
entre ellos mismos, siendo una circunstancia fundamental el acercamiento al otro sin
resentimiento, sin prejuicios y con respeto, respeto por sus derechos, por sus pensamientos y en
definitiva respeto por la diferencia, de ahí la gran importancia de promover el principio de
tolerancia como el primer nivel para el encuentro entre las partes involucradas en los procesos de
construcción de paz.
Igualmente, es pertinente destacar, que es un deber constitucional crear las bases propicias
para una paz estable y duradera, teniendo en cuenta que la paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento (C.N. Art. 22), que todo ciudadano debe propender al logro y
mantenimiento de la paz (C.N. Art. 95), siendo un fin esencial del Estado y misión de las
autoridades asegurar la convivencia pacífica (C.N. Art. 2) (Constitución Política de Colombia,
1991), considerando que la paz tiene por base el reconocimiento de la dignidad y los derechos
inalienables de los humanos (Declaración universal de derechos humanos, 1948) y recordando
que “la paz es un presupuesto para la eficacia del Estado Social de Derecho, por cuanto
constituye una condición necesaria para el goce efectivo de todos los derechos fundamentales”
(Sentencia C-160, 2017)
Entre otras cosas el acuerdo Final busca la transformación y el fortalecimiento del campo, con
ayuda de los ex miembros de las FARC-EP, propendiendo por el aseguramiento del acceso a la
tierra y contribuyendo a mejora las condiciones de vida de los campesinos que ha sido uno de los
grupos más afectados directamente por el conflicto, ya que la mayor parte de la guerra interna se
vivió en los campos colombianos, desplazando a los campesinos y quitándole a sus hijos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante fomentar la educación en relación al principio
de tolerancia, ya que la transformación del campo significa un trabajo mancomunado entre
campesinos, gobierno y FARC-EP, siendo estos dos últimos varias veces los victimarios de la
población rural.
Así mismo, la partición política segura que propone el acuerdo, requiere del respeto de todos
los ciudadanos hacia los ex integrantes de las FARC-EP, descartando cualquier forma de
violencia y coerción dirigida hacia ellos, lo cual es una tarea realmente compleja teniendo en
cuenta que Colombia es un país polarizado, y que, además, ha visto a este grupo como unos de
los mayores actores armados del conflicto interno.
Igualmente, ha de comprenderse que no es fácil para muchas personas reconocer a un líder en
quien arrebató la vida de su padre, madre, hermana o hijo, por dar un ejemplo, o aceptar que
quien les trajo tanto dolor, hoy tenga voz en escenarios de gran importancia nacional como el
Congreso de la Republica. Es que, si no es sencillo lograr que todos sean tolerantes con las
personas y sus ideales, la tarea se dificulta más cuando una parte del debate político cuenta con
antecedentes no gratos, pero ha de ser un obstáculo a superar a través de la instauración de una
cultura de paz, la cual “necesita de una enseñanza planificada y orientada por los valores de la
paz, de los derechos humanos y de la democracia y, en lo más íntimo, de la tolerancia”
(UNESCO, 1994)
Por otro lado, la reintegración de los ex integrantes de las FARC-EP a una vida civil, implica
una interacción entre el grupo, las fuerzas públicas y la población civil en todo punto de la vida
cotidiana, lo que significa una interrelación en el trabajo, en el transporte, en los parques, centros
comerciales y cualquier sitio público que se pueda imaginar, acarreando la necesidad de
fomentar una comunicación tolerante en medio de un Estado democrático, en el cual todos son
reconocidos como iguales.
De la misma forma, la reconciliación con las víctimas, requiere de la búsqueda de un perdón y
una reconstrucción de las relaciones sociales, lo cual solo se puede lograr si el respeto hacia el
otro antecede los procesos de construcción de paz, y es que, cabe resaltar que uno de los
compromisos con las víctimas es la no repetición del conflicto, y por ende, se debe promover el
ideal de que “con tolerancia, es posible hacer realidad numerosas posibilidades humanas y
sociales, y en particular la evolución de una cultura de paz”. (UNESCO, 1994)
No obstante, es pertinente indicar que el ideal de tolerancia no se instaura en una sociedad en
cuestión de días, al igual que no se establece una cultura de paz en un corto tiempo, y menos en
un país con tantas heridas como Colombia, por lo tanto, es de vital importancia invertir en la
educación de paz como herramienta de transformación social, teniendo en cuenta que la cultura
de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida
basados en la adhesión del principio de tolerancia. (Asamblea General de Naciones Unidas,
1999)
2.PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ
El Acuerdo Final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera firmado entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, establece los procedimientos a
seguir para alcanzar la paz en Colombia, teniendo en cuenta que, el país ha suscrito tratados y
declaraciones internacionales que consagran la tolerancia como conducta universal, principio y
valor, que se debe aplicar y defender para alcanzar la paz, entendiendo la tolerancia como la
armonía en la diferencia (Acuerdo Final, 2016)
Dicho brevemente, el Acuerdo se conforma por seis puntos cuyo objetivo en común es la
construcción de paz. Los seis ítems del acuerdo son: reforma rural, participación política, cese al
fuego, de hostilidades y dejación de armas, solución al problema de drogas ilícitas, victimas y
mecanismos de implementación y verificación.
Mencionado lo anterior, cabe resaltar que cada punto es un acuerdo, el cual a su vez es un
proceso de construcción de paz, conformado por varios procedimientos para logar el objetivo
específico del punto, por lo tanto, durante el desarrollo de este capítulo se expondrán los
componentes fundamentales de cada punto del Acuerdo final para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera, sin antes mencionar que todos los procesos tienen
un enfoque territorial, diferencial y de género, promoviendo la equidad entre hombres y mujeres,
al igual, que propenden por una participación activa de la sociedad colombiana, toda vez que “la
participación y el dialogo entre los diferentes sectores de la sociedad contribuyen a la
construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia
en general, que es un objetivo de todos los acuerdos”. (Acuerdo Final, 2016, pág. 7)
2.1 REFORMA RURAL INTEGRAL
La reforma rural integral propuesta en el Acuerdo Final, busca la creación de “condiciones de
bienestar para la población rural –hombres y mujeres-” (Acuerdo Final, 2016, pág. 10),
“garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo (…) y
promoviendo la desconcentracion de la tierra” (Acuerdo Final, 2016, pág. 10), teniendo en
cuenta, que, el desarrollo rural es fundamental para el progreso social y economico del país,
ayudando a la erradicacion de la pobreza y al aseguramiento del disfrute de los derechos de los
colombianos, evitando asi, la repeticion del conflicto. (Acuerdo Final, 2016)´
Con base en lo anterior, se establecieron una serie de procesos para la transformación del
campo y el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos, tocando aspectos de desarrollo
económico de los campesinos, educación, alimentación, salud, etc. Entre los procesos que
conforman la RRI, está la creación de (Acuerdo Final, 2016):
El fondo de tierras de distribución gratuita, con el fin de lograr el acceso a ellas a partir
de tierras provenientes de la extinción de dominio, los baldíos ocupados o apropiados
indebidamente, de la actualización y delimitación de las reservas forestales, de la
extinción de dominio por no cumplir con la función social, las adquiridas o
expropiadas con base en el interés social o las donadas al Fondo de Tierras.
Subsidios y créditos especiales con el fin de facilitar la compra de tierras.
“Mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y
tenencia de la tierra” (Acuerdo Final, 2016, pág. 17)
Una nueva jurisdicción agraria.
Una instancia de alto nivel que se encargue de la formulación de lineamientos para
planeación indicativa del uso de tierras.
Mecanismos de dialogo entre el Gobierno Nacional y local, teniendo en cuenta a las
diferentes comunidades y al sector privado, con el fin de generar una agenda de
desarrollo común, que propenda por el bienestar de los pobladores rurales, el
desarrollo equitativo y la sostenibilidad socio-ambiental.
“Un Sistema General de Información Catastral, integral y multipropósitos, que en un
plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 19)
Programas de desarrollo con enfoque territorial, con el fin de ejecutar en las zonas
priorizadas los diferentes planes nacionales que emana del Acuerdo Final, asegurando
el desarrollo regional a través de la inversión pública, haciendo del campo un lugar de
reconciliación, con el propósito de construir la paz.
El Plan Nacional de Vías Terciarias, para lograr entre otras cosas el acceso a los
servicios sociales y a los mercados, favoreciendo los ingresos de los campesinos y el
derecho a la alimentación.
El Plan Nacional de Riego y Drenaje para fomentar la producción agrícola mediante el
acceso sostenible al agua.
El Plan Nacional de Conectividad Rural, con el fin de garantizar el acceso a la
electricidad e internet de alta velocidad, consolidar condiciones de vida digna.
El Plan Nacional de Salud, que promoverá un modelo especial para las zonas rurales.
El Plan Especial de Educación Rural, para suprimir el analfabetismo de las áreas
rurales, fomentando la pertenencia de los jóvenes en el campo impulsando el
desarrollo rural e incitando al fortalecimiento de la investigación enfocada en el sector
agropecuario.
El Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural, que
asegurara las condiciones de vida digna de los campesinos.
El Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y cooperativa rural, con el fin de
promocionar la asociación entre pequeños y medianos productores, que promueva la
autonomía económica, la comercialización de sus productos y el mejoramiento de sus
condiciones de vida y de trabajo.
El Plan Nacional de asistencia técnica, tecnológica y de impulso a la investigación,
para fortalecer la capacidad productiva de los campesinos.
El Plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la
economía campesina, familiar y comunitaria, para la consolidación de las condiciones
adecuadas de comercialización y mejorar la disponibilidad de los productos
campesinos, asegurando el derecho a la alimentación.
El Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores y
las trabajadoras rurales, conforme a las normas de la OIT aplicables, con el fin de
proteger los derechos de los campesinos.
El Plan de zonificación ambiental que delimitará la frontera agrícola y caracterizará el
uso de las zonas de manejo especial ambiental, para proteger la biodiversidad y el
agua, promoviendo el uso racional.
El Consejo Nacional de alimentación y nutrición, con el propósito de que establezca
los lineamientos de la política alimentaria, haga el respectivo seguimiento y coordine
los planes a nivel departamental y local.
Los consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición.
Así mismo, la RRI también busca “establecer planes nacionales financiados y promovidos por
el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 11), el “reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina
(ZRC)” (Acuerdo Final, 2016, pág. 11), la formalización de todos los predios de la población
campesina colombiana, formalizando 7 millones de hectáreas de pequeñas y medianas
propiedades rurales priorizando las zonas relacionadas con los PDET y poniendo en marcha el
sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural,
como mecanismo para asegurar dicho derecho, y así poder erradicar el hambre. (Acuerdo Final,
2016)
En cuanto al cumplimiento de estos procesos de construcción de paz a nivel nacional, ha de
decirse que los resultados no son los mejores, ya que, hasta el momento no hay una jurisdicción
agraria, adicionalmente en los últimos tres trimestres no han existido avances en la
implementación del acceso al uso de la tierra, ni mucho menos avances legislativos relacionados
con ese tema (CINEP; CERAC, 2019), además, “con corte al 31 de marzo de 2019, al Fondo de
Tierras habían ingresado un total de 546.700 hectáreas que representan 4.273 predios,
provenientes de cuatro de las doce fuentes señaladas en el artículo 18 del Decreto 902 de 2017”,
(Procuraduría General de la Nación, 2019, pág. 28), evidenciando una falencia en la gestión de la
Agencia frente a tema de procesos agrarios y la recuperación de tierras (Procuraduría General de
la Nación, 2019).
Así mismo,
Tras más de dos años de expedición del Decreto Ley 902 no se ha logrado reglamentar y
poner en marcha este subsidio para la compra de tierra. Sin embargo, se destaca la labor
de la ANT frente a la descongestión de otras figuras anteriores como es el caso del
Subsidio Integral de Reforma Agraria (SIRA) reglamentado a través del Decreto 1298 de
2015. Esta entidad reporta que desde el 2017 hasta la fecha de corte del presente informe,
se han otorgado 227 de estos subsidios: 188 en el 2017 y 39 en el 2018. (Procuraduría
General de la Nación, 2019, pág. 34)
Igualmente, cabe mencionar que de los 7 millones de tierras que el Acuerdo se propuso
formalizar, al 31 de marzo de 2019, solo han formalizado y adjudicado 1.890.287 hectáreas
(Procuraduría General de la Nación, 2019), siendo la RRI, un punto en el cual se debe trabajar
más, ya que para progresar en este punto, es necesario un mayor esfuerzo de la Agencia de
Tierras y las mesas del Consejo Nacional de Reincorporación. (Secretario General Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
2.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA: APERTURA DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUIR
LA PAZ.
El proceso de participación política como herramienta para construir la paz está conformado
por varios procedimientos, dirigidos a garantizar la participación activa de todos los ciudadanos,
en especial, los miembros de las FARC-EP, los líderes sociales, los defensores de derechos
humanos, las víctimas y los movimientos y partidos políticos de oposición, entendiendo que
“para la consolidación de la paz se requiere así mismo la promoción de la convivencia, la
tolerancia y no estigmatización, que aseguren unas condiciones de respeto a los valores
democráticos” (Acuerdo Final, 2016, pág. 35)
Como procesos para garantizar el ejercicio de la política, la participación ciudadana y la
cultura democrática, se encuentran los siguientes (Acuerdo Final, 2016):
La creación de un estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política,
dirigido al aseguramiento de los derechos de los partidos y movimientos políticos de
oposición.
La convocación de los partidos y movimientos políticos, de la Marcha Patriótica, el
Congreso de los Pueblos y dos delegados de las FARC-EP, a una Comisión para
definir los lineamientos del estatuto mencionado anteriormente.
La presentación del proyecto de ley dentro de los tres meses siguientes a la entrega de
las recomendaciones por parte de la Comisión de partidos y movimientos políticos.
La implementación de un nuevo sistema integral de seguridad para el ejercicio de la
política, el cual tendrá como fin la protección de las personas que ejercen política, y su
respeto por la libertad de pensamiento y opinión, garantizando “una cultura de
convivencia, tolerancia y solidaridad, que dignifique el ejercicio de la política y brinde
garantías para prevenir cualquier forme de estigmatización y persecución de dirigentes
por motivo de sus actividades políticas” (Acuerdo Final, 2016, pág. 38). Teniendo las
siguientes características y elementos: dependerá de la Presidencia de la República,
revisará el marco normativo “para elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen
la política” (Acuerdo Final, 2016, pág. 39), se fortalecerá la judicialización para
quienes cometan dichos crímenes, se implementará un sistema de alertas tempranas,
un programa de protección para los miembros del movimiento político que surja de las
FACR-EP, se brindará protección especializada para “quienes hayan sido elegidas
popularmente, quienes se declaren en oposición política, y líderes y lideresas de
partidos y movimientos políticos” (Acuerdo Final, 2016, pág. 40), activando un
sistema de planeación, información y monitoreo, un comité de impulso a las
investigaciones por delitos contra la oposición, y una Comisión de seguimiento y
evaluación del Sistema y del progreso del desmantelamiento de organizaciones que
atenten contra el ejercicio político en el país.
La revisión de la normativa “para elevar el costo de los delitos contra líderes y
lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de
derechos humanos” (Acuerdo Final, 2016, pág. 41), visibilizando las labores de los
líderes sociales y los defensores de DD.HH.
Igualmente, el Gobierno deberá fortalecer el programa de protección individual y
colectiva, y la implementación de un sistema que permita implementar estrategias
para garantizar la seguridad de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos
sociales y defensores y defensoras de derechos humanos (Acuerdo Final, 2016)
La elaboración de un proyecto de ley de garantías y promoción sobre participación
ciudadana, que promueva la “reglamentación del derecho de réplica y rectificación,
(…) frente a declaraciones falsas o agraviantes por parte del Gobierno Nacional”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 43), que apoye la creación de organizaciones y
movimientos sociales, y fortalezca los mecanismos de financiación de los proyectos de
dichas organizaciones a través de concursos públicos, promoviendo al mismo tiempo
los espacios de estas organizaciones en los canales y emisoras.
Instaurar convocatorias públicas garantizando la participación de las víctimas, para
adjudicar radios comunitarias que impulse el pluralismo.
Generar espacios en emisoras y canales institucionales y regionales que sirvan de
plataforma para difundir el trabajo de las organizaciones y movimientos sociales
(Acuerdo Final, 2016)
Financiar producciones que fomenten la cultura de paz y la reconciliación
Crear un “plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y
observatorios de transparencia” (Acuerdo Final, 2016, pág. 48)
Estimular una campaña de concientización de los deberes ciudadanos frente al control
de la administración pública.
Fortalecer el proceso de participación de las Juntas Administradoras locales en la
construcción de políticas públicas.
Ajustar las normas dirigidas a garantizar que las recomendaciones de los informes de
monitoreo sean atendidos por las autoridades públicas correspondientes.
Promover políticas de financiamiento de procesos de participación con perspectiva de
género a nivel local.
“Crear incentivos para la formulación y ejecución de presupuestos participativos”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 50)
Adelantar campañas para prevenir conductas que atenten contra la transparencia,
facilitando las denuncias y creando un sistema que le haga seguimiento a las mismas.
Crear un Tribunal Nacional de Garantías Electorales para contrarrestar problemas de
fraude electoral
“Apoyar la implementación de medios electrónicos en los procesos electorales, con
garantías de transparencia” (Acuerdo Final, 2016, pág. 52)
Promover que los gastos en la pauta oficial sean publicados
Crear una Misión Electoral, para que formule recomendaciones
Formar en las zonas especialmente afectadas por el conflicto interno, 16
circunscripciones transitorias especiales de paz, para que se elijan representantes a la
cámara, por dos periodos electorales.
Implementar programas de formación sobre derechos políticos, que fomenten el
liderazgo de las mujeres.
Habilitar un canal televisivo para divulgar el trabajo de organizaciones de víctimas y
sociales y las plataformas políticas de partidos y movimientos con personería jurídica
respetando la diferencia.
“Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y
movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones
de Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su constitución”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 50)
Generar campañas que fomenten la participación electoral, y realizar una operación
nacional de cedulación.
Y finalmente, teniendo orientado especialmente hacia a la construcción de la
reconciliación, la convivencia y la tolerancia en el marco político, erigir un Consejo
nacional para la Reconciliación y la Convivencia, que servirá como asesor del
Gobierno en el diseño de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de
la estigmatización, promoviendo la no estigmatización de grupos discriminados, los
programas para la apropiación del Acuerdo, implementándose en todos los niveles del
sistema educativo, y la “creación de una cátedra de cultura política para la
reconciliación y la paz” (Acuerdo Final, 2016, pág. 47)
En relación con los convenios de este punto, hay una sensación agridulce en la realidad
colombiana, puesto que los resultados no son los esperados, de hecho son altamente
preocupantes, y aún más si se tiene en cuenta que “avanzar en la apertura democrática no
requiere tanta inversión presupuestal, es más que todo una decisión política” (Instituto Kroc ,
2019, pág. 5). A continuación, se expondrán algunos datos que permiten dimensionar el estado
actual de los avances normativos, el paso de las FARC-EP a la vida política y la situación de
seguridad de líderes sociales, defensores de DDHH y ex integrantes del mencionado grupo.
Avances normativos.
En materia normativa relacionada con la apertura democrática, ha habido algunos logros
importantes como la aprobación del Estatuto de la oposición, pero a la vez, también se ha
frustrado ciertas partes del Acuerdo por falta de iniciativa, teniendo en cuenta que:
En abril de 2017, el Ministro del Interior presentó un proyecto de ley que incluía
propuestas relacionadas con autoridades electorales, Sistema Electoral, Financiación y
Responsabilidad de los Partidos, pero, lamentablemente el proyecto fue archivado el
30 de noviembre de 2017, por falta de votos. (PARES. Fundación Paz y
Reconciliación, 2018)
No se ha aprobado las circunscripciones transitorias especiales de paz, ni se ha
avanzado en la reforma política electoral, la cual tiene como fin ampliar la democracia
en los partidos, asegurar la igualdad de condiciones y fomentar la participación
política de las mujeres. (Instituto Kroc , 2019)
Proceso de las FARC-EP en la vida política
Por otro lado, hay que decir que el mejor logro en apertura democrática es el hecho de que
hoy en día sea una realidad la transformación de las FARC-EP de grupo al margen de la ley a un
partido político, que busca generar un cambio con la voz y no con las armas, denominándose
FARC, que significa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Así pues, el acto legislativo 03 del 23 de mayo de 2017 le aseguró a las FARC una
participación estable en el Congreso durante 8 años, habiendo presentado hasta el 2018, 20
proyectos de ley, 9 en la Cámara de Representantes y 11 en el Senado. (PARES. Fundación Paz
y Reconciliación, 2018).
Adicionalmente, es importante destacar que:
Los congresistas de FARC siguieron participando activamente en la actividad
legislativa, e incluso convocaron debates de control político y promovieron proyectos
de ley. El 21 de agosto, un congresista de FARC fue elegido vicepresidente de una
comisión del Congreso. El 2 de septiembre, el Presidente de FARC, Rodrigo Londoño,
fue elegido por los cinco partidos de la oposición para dar un discurso oficial de la
oposición. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Colombia, 2019, pág. 8)
El partido FARC ha participado activamente en la campaña para las elecciones locales
y departamentales y ha avalado 308 candidatos a los concejos municipales, las
asambleas departamentales y las alcaldías. De todos los candidatos, una tercera parte
son excombatientes, y el 38 % son mujeres. Un total de 60 candidatos se presentan a
las elecciones en listas de coalición con otros partidos y movimientos. Además,
algunos excombatientes de las FARC-EP se presentan como candidatos de otros
partidos. (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Colombia, 2019, pág. 8)
El 27 de octubre de 2019, mediante voto popular, es elegido como alcalde Turbaco
Julián Conrado, quien fue integrante de las FARC-EP.
Situación de seguridad de líderes/lideresas sociales, defensores/defensoras de DDHH y ex
intrigantes de las FARC-EP.
Lastimosamente, la situación de seguridad de los tres grupos es negativa y preocupante,
porque en Colombia están matando a la gente por defender derechos fundamentales, por decir lo
que piensan y por decidir construir un país equitativo y en paz. Por consiguiente, se exponen las
siguientes situaciones que atentan contra los líderes sociales, defensores y excombatientes:
Líderes y lideresas sociales y defensores/defensoras de DDHH
Los líderes y comunidades involucrados en procesos derivados del Acuerdo como lo
son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia
transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo
blanco de agresiones y homicidios. (Instituto Kroc , 2019, pág. 6)
La organización no gubernamental Misión de Observación Electoral confirmó que
desde el 27 de julio, día en que se cerraron las inscripciones de candidatos, se habían
producido 54 incidentes de violencia electoral, que comprendían 7 asesinatos, 5
atentados, 2 secuestros y 40 amenazas (Secretario General Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 2)
En lo que va de 2019, habido 123 presuntos asesinatos de defensores y defensoras de
derechos humanos y de líderes sociales. (Secretario General Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
La defensoría también ha advertido la situación de riesgo en la que se hallan inmersos
los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos (Defensoría del
Pueblo de Colombia)
Existen amenazas y asesinatos contra los líderes y comunidades indígenas y
afrodescendientes en general. (CINEP; CERAC, 2019)
La comunidad indígena Nasa, en el norte del Cauca, también se ha visto
particularmente afectada por los enfrentamientos entre organizaciones criminales por
el control territorial. Durante el período sobre el que se informa, 11 miembros de la
comunidad, incluidos 6 de sus líderes, fueron asesinados. En 2019 han sido asesinados
25 miembros de la comunidad Nasa. (Secretario General Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 10)
Ex integrantes de las FARC-EP
Igualmente, la situación de seguridad para los ex miembros de las FARC-EP no va por mejor
camino y también están siendo violentados teniendo en cuenta que:
Desde la firma del Acuerdo de Paz, la Misión ha verificado 147 homicidios, 12
desapariciones y 21 tentativas de homicidio. La mayoría de los asesinatos se produjeron en
los departamentos del Cauca (28), Nariño (20), Antioquia (19), Caquetá (17), Norte de
Santander (13), Putumayo (10), Valle del Cauca (8) y el Meta (7). Las mujeres
excombatientes y los hijos de excombatientes siguen expuestos a riesgos adicionales de
violencia, incluida la violencia sexual y de género y el reclutamiento forzado. (Secretario
General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 9)
2.3 CESE AL FUEGO, DE HOSTILIDADES Y LA DEJACIÓN DE LAS ARMAS -
REINCORPORACIÓN DE LAS FARC-EP A LA VIDA CIVIL
Bajo el compromiso de fomentar “una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas
en el ejercicio de la política” (Acuerdo Final, 2016, pág. 57), el Gobierno colombiano y las
FARC-EP acordaron una serie de procesos para contribuir a la construcción de una sociedad
democrática y tolerante en la cual los exguerrilleros se logren reincorporar a la vida civil, siendo
estos los siguientes:
Elaborar una hoja de compromisos mutuos para lograr el proceso de DA.
Cesar el fuego y las hostilidades, con el fin de iniciar la implementación del Acuerdo y
la reincorporación de las FARC-EP.
Crear un MM&V “que permite administrar distintos factores que puedan poner en
riesgo el CFHBD y DA y particularmente verificar el cumplimiento de las Reglas que
Rigen el CFHBD y DA.” (Acuerdo Final, 2016, pág. 60), haciendo seguimiento de los
protocolos en las ZVTN.
“Establecer 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 7 Puntos
Transitorios de Normalización (PTN)” (Acuerdo Final, 2016, pág. 61) para la preparar
la reincorporación de las FARC-EP, realizando capacitación laboral y educativa.
Atender en salud a los miembros de las FARC-EP en las ZVTN y realizar jornadas de
cedulación.
Construir tres monumentos con el armamento de las FARC-EP, “uno en la sede de las
Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 67)
Suministrar por parte de las FARC-EP información sobre la ubicación de MAP y
demás explosivos, y ayudar con su limpieza.
Poner en marcha “reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar,
mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la
República al nuevo partido o movimiento político, durante dos períodos
constitucionales contados a partir del 20 de julio de 2018” (Acuerdo Final, 2016, pág.
71)
Garantizar un mínimo de cinco curules en el Senado, y otras cinco en la Cámara de
Representantes.
Asignar un delegado ante el CNE, escogido por el partido o movimiento político que
surja de las FAR-EP, para participar en las discusiones, pero sin voto.
Construir “una organización de economía social y solidaria, denominada Economías
Sociales del Común (ECOMÚN)” (Acuerdo Final, 2016, pág. 72), con el fin de ayudar
a la reincorporación a nivel económico.
Fundar un “Centro de pensamiento y formación política, como institución sin ánimo
de lucro, que tendrá como propósitos adelantar estudios e investigaciones sociales, así
como diseñar y adelantar programas de formación política” (Acuerdo Final, 2016, pág.
72)
Instituir el Consejo Nacional de la Reincorporación y Consejos Territoriales de la
Reincorporación, con el fin de “definir las actividades, establecer el cronograma y
adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación, según los términos acordados
con el Gobierno Nacional” (Acuerdo Final, 2016, pág. 72)
Priorizar la reagrupación familiar de los menores de edad que hayan salido de los
campamentos de las FARC-EP, reconociéndoles los derechos, beneficios y
prestaciones de las víctimas.
Realizar un Programa Especial de Reincorporación para menores.
Realizar un censo socioeconómico para facilitar el proceso de reincorporación de las
FARC-EP.
Proporcionar por una vez a cada miembro de las FARC-EP “un apoyo económico para
emprender un proyecto productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones de
pesos”. (Acuerdo Final, 2016, pág. 75)
Apoyar económicamente a los integrantes de las FARC-EP que tengan proyectos
productivos o vivienda de manera individual.
Proporcionar un equivalente al 90% del SMMLV a cada miembro de las FARC-EP,
durante 24 meses, siempre y cuando no tenga ingresos y se hayan. terminado las
ZVTN.
Otorgar por una sola vez un equivalente a 2 millones de pesos a cada miembro de las
FARC-EP al disolverse las ZVTN.
Crear un encargo fiduciario para garantizar los pagos de seguridad social y pensiones a
quienes no estén vinculados a actividades remuneradas, durante 24 meses.
“Promover un Pacto Político Nacional y desde las regiones” (Acuerdo Final, 2016,
pág. 80) , cuyo fin es “hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos/as para
que nunca más, se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones
violentas como el paramilitarismo” (Acuerdo Final, 2016, pág. 80)
Crear “Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tendrá como objeto el
diseño y hacer seguimiento de la política pública y criminal en materia de
desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata este acuerdo que
amenacen la implementación” (Acuerdo Final, 2016, pág. 81)
Crear una “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las
organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones
criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 83)
Fundar un Cuerpo Élite en la Policía Nacional con enfoque multidimensional para
garantizar el objeto del acuerdo.
Implementar un programa de protección integral.
Elaborar un Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
Crear un Cuerpo de Seguridad y Protección conformado por miembros de confianza
del partido o movimiento político que surja de las FARC-EP y la Policía Nacional.
Instaurar una Mesa Técnica de seguridad y protección, con el fin de coordinar y hacer
seguimiento a un plan estratégico de seguridad y protección de los miembros del
partido político que surja de las FARC-EP y para los ex integrantes de las FARC-EP
Instituir una Subdirección al interior de la Unidad Nacional de Protección para la
protección de los miembros del partido político que surja de las FARC-EP y para los
ex integrantes de las FARC-EP, garantizando el funcionamiento de la Mesa Técnica
de seguridad y protección y el Cuerpo de Seguridad y protección
Crear reformas normativas que regulen temas de protección y seguridad referente a los
miembros del partido político que surja de las FARC-EP y sus familias.
Impulsar medidas normativas para dar presunción legal de riesgo al nuevo movimiento
político que surja de las FARC-EP.
Poner en marcha un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el cual
deberá planear y ejecutar el Programa de reconciliación, convivencia y prevención de
la estigmatización.
Fundar un programa integral de seguridad y protección de las comunidades y
organizaciones en los territorios, promoviendo campañas de legitimación y
reconocimiento de los defensores y defensoras de derechos humanos, impulsando los
MASC, e implementando un protocolo especial para los territorios afectado por el
conflicto.
Constituir en la Defensoría del Pueblo un sistema de prevención y alerta para la
reacción eficaz ante conductas criminales que amenacen los compromisos del
Acuerdo.
Verificar la idoneidad de los servidores/as públicos y seguimiento a patrimonio
económicos como medidas de prevención de corrupción.
Propulsar una reforma legislativa para sancionar a los partidos o movimientos
políticos que tengan candidatos condenados por vínculos con organizaciones
criminales y paramilitares, e imponer sanciones a las personas que avalen candidatos
sancionados penalmente.
En cuanto a la implementación de estos procesos, cabe resaltar que el cese al fuego y la
dejación de armas son procedimientos que ya se cumplieron, al igual que la consolidación del
Pacto Nacional por la Cultura Política y la no Violencia, en el cual “12 partidos políticos
nacionales, incluyendo FARC, firmaron (…) a fin de rechazar la violencia y la estigmatización y
promover el diálogo y los derechos políticos”. (Secretario General Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 2)
A su vez, pese a que “no se registraron avances en los casos de los ex miembros de las FARC-
EP que están tratando de obtener la tutela legal de sus hijos” (Secretario General Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 14), el proceso de reinserción ha
tenido avances positivos, tal como se muestran en los siguientes esquemas:
Gráfico I - Evidencias en la implementación del punto tres del Acuerdo Final.
Fuente: autora del proyecto, citado de (Instituto Kroc , 2019) (PARES. Fundación Paz y Reconciliación, 2018) (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Colombia, 2019)
Se evidencia la inclusión financiera y pensiones de un total de 13.049 personas ex integrantes
FARC, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) ha acreditado y notificado:
12.790, a las cuales se han abierto 12.632 (97%) cuentas de ahorro para que las personas puedan recibir los apoyos. (PARES. Fundación
Paz y Reconciliación , 2018)
.Se han aprobado 431 proyectos individuales y se han desembolsado fondos para 424 de ellos,
que benefician a 483 excombatientes. (Secretario General Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.6)
dos mudas de ropa, dos pares de zapatos y un cajón para guardar la ropa, además
es importante señalar que tienen acceso a los servicios públicos excepto al internet. (Defensoría del Pueblo de Colombia)
5.000 excombatientes participan en 120 organizaciones productivas, entre ellas
cooperativas y asociaciones (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Colombia , 2019)
El Consejo Nacional de Reincorporación se reunió en dos ocasiones y aprobó 11 proyectos productivos colectivos nuevos, con lo que el
número de iniciativas aprobadas asciende a 35, que benefician a 2.204 excombatientes.
(Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019,
pag.6)
La provisión de la asignación mensual a los exmiembros de las FARC-EP, fue prorrogada
por el Gobierno hasta diciembre de 2019, a condición de que continúen participando en actividades de reincorporación. (Secretario
General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019)
Los espacios territoriales de capacitación y reincorporación quedaran sujetos a un período
de transición de dos años durante el cual se mantendrían la provisión de servicios,
alimentos, atención en salud y esquemas de seguridad colectiva. (Secretario General Misión
de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019)
En los últimos meses se ha acelerado el proceso de aprobación de proyectos socio-económicos colectivos e individuales de reincorporación.
(Instituto Kroc , 2019, pag.6)
En muchos de los ETCR se observa que los excombatientes, las comunidades aledañas, organizaciones de sociedad civil y países
donantes, la Misión Política de la ONU, entre otros, están apoyando proyectos de ecoturismo,
escuelas de rafting, proyectos de energía alternativa, escuelas rurales alternativas y
alianzas comerciales. (Instituto Kroc , 2019, pag.6)
Gráfico II - Evidencias en la implementación del punto tres del Acuerdo Final.
Fuente: autora del proyecto, citado de (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, al 31 de julio vivían fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en diferentes ubicaciones en
zonas tanto rurales como urbanas, 8.816 excombatientes, es decir, aproximadamente dos
tercios de los acreditados (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas
en Colombia , 2019, pag.8)
Un total de 3.543 excombatientes (incluidas 914 mujeres) están inscritos en programas de
formación para el trabajo a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, y varias universidades e instituciones educativas ofrecen oportunidades
similares (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Colombia , 2019, pag.7)
822 los excombatientes que trabajan en actividades relacionadas con la implementación de la paz: 690 trabajan en la Unidad Nacional de Protección, 102 en Humanicemos (organización de desminado humanitario de FARC) y 30 en la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización. (Secretario General Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.6)
En julio, dos jóvenes excombatientes del antiguo espacio territorial de capacitación y
reincorporación de Agua Bonita (Caquetá) participaron en la reunión para América Latina de la Red Internacional de Jóvenes Constructores de Paz. (Secretario General Misión de Verificación
de las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.14)
Las universidades de varias regiones también están apoyando iniciativas para que sus
estudiantes y profesores apoyen los proyectos de reincorporación de los excombatientes
(Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.14)
Al mes de agosto de 2019, 120 de los 123 adolescentes previamente vinculados a las
FARC-EP habían cumplido 18 años; 111 se encontraban en la fase de reincorporación del programa y 110 recibían subsidios mensuales. Ocho adolescentes están bajo la protección del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Secretario General Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.13)
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización está promoviendo una mesa de trabajo e iniciativas regionales para prevenir la
estigmatización de los exmiembros de las FARC-EP (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , 2019, pag.9)
2.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS
El Acuerdo Final establece una serie de compromisos con el fin de dar solución al problema
de las drogas ilícitas en el país, bajo el entendido que la erradicación es un trabajo mancomunado
entre el Gobierno, las FARC-EP y la población civil, siendo de vital importancia lograr el
cumplimiento de dichos convenios, toda vez que el negocio de las drogas ilícitas ha financiado el
conflicto interno.
Entre los compromisos para lograr atacar el problema de drogas ilícitas en Colombia está la
creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual
es parte de la RRI. Los fines del programa son: lograr que los ciudadanos participaran en la
construcción de soluciones, superar las causas de la existencia de los cultivos ilícitos como lo es
la pobreza, promover la sustitución voluntaria, generar alternativas productivas para los
cultivadores con enfoque de desarrollo sostenible, conseguir que no haya más cultivos ilícitos en
el país, mejorando la presencia del Estado en los territorios afectados por dicha problemática.
Adicionalmente, el PNIS busca “poner en marcha comisiones municipales de planeación
participativa con las autoridades del orden municipal, departamental y nacional (…) y con los
delegados y delegadas que las asambleas comunitarias elijan” (Acuerdo Final, 2016, pág. 110)
con el fin de poder erradicar el problema de drogas en el país.
Bajo el mismo objetivo, el Acuerdo final plantea una serie de procesos para atender la
problemática, encontrándose entre aquellos convenios:
La creación de políticas de tratamiento especial para los cultivadores y los
consumidores de drogas ilícitas, dándole la oportunidad a los pequeños agricultores de
que manifiesten ante las autoridades su decisión de renunciar a contribuir con la
existencia de cultivos ilícitos, comprometiéndose en Gobierno a hacer ajustes jurídicos
para que la Fiscalía pueda renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción
penal o proceder con la extinción de la sanción penal.
Incrementar los esfuerzos para desmantelar las organizaciones de narcotráfico.
Crear los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo
alternativo (PISDA), con enfoque participativo, destacando las propuestas de las
asambleas comunitarias que se fortalecerán.
Realizar obras de infraestructura social de ejecución rápida, como vías terciarias,
puestos de salud, etc.
Ejecutar “Acciones de recuperación y adecuación de suelos para el establecimiento de
cultivos lícitos”. (Acuerdo Final, 2016, pág. 114)
Elaborar un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas
Ilícitas, con el fin de articular las instituciones implicadas en el tema, coordinar el
proceso de soluciones frente al consumo, promocionar estilos de vida saludable, y
promover la prevención y rehabilitación del consumo de drogas ilícitas en Colombia,
teniendo en cuenta la relación del consumo con diferentes clases de violencia, como lo
es la violencia contra la mujer, intrafamiliar y sexual.
Desarrollar un Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas
Ilícitas, “con el objetivo de mejorar la atención a los consumidores y las consumidoras
que requieran de tratamiento y rehabilitación de manera progresiva” (Acuerdo Final,
2016, pág. 117), incluyendo la inserción social con enfoque de género.
Establecer grupos interinstitucionales para atacar la corrupción y mejorar el desarrollo
institucional.
Promover una “Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones
Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra
las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea
necesario emprender". (Acuerdo Final, 2016, pág. 123)
Fomentar “espacios de diálogo en el marco de las organizaciones regionales, OEA,
UNASUR y CELAC, con el fin de avanzar en la construcción de consensos en torno a
la política de lucha contra las drogas”. (Acuerdo Final, 2016, pág. 123)
Crear “grupos interinstitucionales para adelantar investigaciones estructurales que
cuenten con mecanismos para reconocer y comprender las dinámicas locales,
regionales, nacionales y trasnacionales de la criminalidad en todas sus dimensiones y
prevenir la aparición de nuevos grupos dedicados al crimen organizado” (Acuerdo
Final, 2016, pág. 121)
Elaborar un mapeo del delito “en todos los niveles incluyendo el regional, que permita
identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado,
los usos de esos recursos, los responsables financieros” (Acuerdo Final, 2016, pág.
121), entre otros factores que contribuyan al funcionamiento del crimen organizado.
Promover “el reconocimiento de la relación entre producción y comercialización de
drogas ilícitas y conflicto, incluyendo la relación entre el paramilitarismo y el
narcotráfico” (Acuerdo Final, 2016, pág. 123), a través de las labores efectuadas por la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Implementar planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional, en
los cuales se tomen medidas para mejorar la atención en salud y prevención del
consumo de drogas ilícitas, fortalecer el liderazgo juvenil, prevenir desde las
instituciones educativas, precaver a la comunidad carcelaria femenina sobre la
prevención del VIH-SIDA, sensibilizar sobre la estigmatización de los consumidores,
y educar para la protección de los niños, niñas y adolescentes frente al consumo de
drogas ilícitas.
Así mismo, cabe resaltar que el Acuerdo formula que los planes de sustitución deben
contemplar que, en un primer momento la sustitución será voluntaria y concertada entre los
cultivadores, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, comprometiéndose a no sembrar
y a no participar en ningún nivel del negocio de drogas ilícitas. En segundo lugar, de no haber
acuerdo, el gobierno procederá a la erradicación manual, siempre y cuando se haya hecho una
socialización con la población.
Además, cabe resaltar que, el aumento de la presencia del Estado implica mejorar las
condiciones de seguridad de las comunidades afectadas, debiéndose hacer una limpieza de minas
antipersonales en el territorio afectado, e incluir un plan de atención inmediata y desarrollo de
proyectos productivos, con medidas como entrega de mercados y animales, empleos temporales,
guarderías infantiles, programas alimenticios para estudiantes y personas de la tercera edad, entre
otros.
Al igual que los otros puntos del Acuerdo Final, la solución al problema de drogas en
Colombia, deja entrever que la implementación de los procesos de paz es un trabajo arduo que se
debe realizar entre todos, teniendo en cuenta que la construcción de una cultura pacífica es un
procedimiento gradual. Entre los resultados de la implementación de este punto se encuentran los
siguientes:
En la erradicación de los cultivos de coca, la sustitución voluntaria ha sido exitosa, no
habiendo reincidencia. (Instituto Kroc , 2019)
“El 94 % de las familias cumplen los compromisos voluntarios de erradicación”.
(Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia,
2019, pág. 4)
A pesar de las alertas tempranas, los participantes del programa de sustitución de
cultivos ilícitos siguen siendo amenazados, atacados y asesinados. (Secretario General
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019)
2.5 VÍCTIMAS
En medio del reconocimiento de la responsabilidad de las FARC-EP y el Gobierno en los
daños ocasionados a las víctimas a través del conflicto armado, y teniendo como eje central del
Acuerdo Final la reparación de las mismas, se establece un Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición, el cual combina mecanismos judiciales y extrajudiciales que
permitan investigar, sancionar, conocer la verdad del conflicto, la búsqueda de desaparecidos y la
reparación de individuos y colectivos, manteniendo el enfoque diferencial y de género, esbozado
en todo el cuerpo del Acuerdo. (Acuerdo Final, 2016)
Dentro de los objetivos del Sistema está lograr la convivencia y la reconciliación a través del
reconocimiento por parte de la sociedad de la necesidad de aprovechar la oportunidad de una
transformación sobre la base de la justicia social, el respeto y la tolerancia. (Acuerdo Final,
2016) , teniendo en cuenta que “el éxito del Sistema Integral depende también de que encuentre
la más amplia aceptación en la sociedad” (Acuerdo Final, 2016, pág. 128)
Gráfico III - Mecanismos y medidas del SIVJRNR
Fuente: autora del proyecto.
A continuación, se expone el fin y los procesos que están a cargo de cada uno de los
mecanismos y medidas que conforman el Sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición,
entendiendo que cada uno de estos procedimientos y la creación de los mismos mecanismos y
medidas tienen como objetivo común la construcción de una paz estable y duradera.
Mecanismos y medidas del
SIVJRNR
Comisión para el
esclarecimiento de la verdad, la convivencia y
la no repetición
Garantias de no repetición
Unidad especial para la
búsqueda de personas dadas
por desaparecidas
Jurisdicción especial para la
paz
Medidas de reparación
integral para la construcción de
paz
Tabla 1 - Mecanismos del SIVJRNR
Mecanismo Fin Procesos a cargo
Unidad especial
para la búsqueda de
personas dadas por
desaparecidas en el
contexto y en razón
del conflicto.
Es la encargada de coordinar y
contribuir a la búsqueda e
identificación de las personas que
desaparecieron en el marco del
conflicto interno, promoviendo la
localización de las mismas o de sus
restos humanos, con el fin de hacer una
entrega digna a sus familiares.
(Acuerdo Final, 2016)
“Adelantar los procesos de búsqueda, identificación,
localización y entrega digna de restos”. (Acuerdo Final, 2016,
pág. 140), teniendo en cuenta las costumbres étnicas y culturales
en cuento a la entrega de los mismos.
Diseñar un plan nacional que establezca las prioridades para
el cumplimiento de sus actividades.
“Promover la coordinación interinstitucional para la
orientación de, y la atención psicosocial a, los familiares de las
personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto armado”. (Acuerdo Final, 2016, pág. 140)
Recolectar información sobre las personas desaparecidas a
causa del conflicto y generar un registro de fosas, cementerios
ilegales y sepulturas.
Jurisdicción
especial para la paz
Tiene como fin proteger los
derechos de las víctimas del conflicto
interno, garantizarles su derecho a la
verdad, a la justicia y a la reparación
integral. Juzgar conductas que se hayan
dado en el marco del conflicto interno,
y que supongan graves infracciones al
DIH y violaciones a los DDHH
La Jurisdicción Especial de paz está conformada por tres
salas, un tribunal y una unidad de investigación y acusación, las
cuales tienen las siguientes funciones:
Sala de amnistía e indulto, quien “otorga amnistía o indulto a
las personas procesadas o condenadas por los delitos estipulados
como amnistiables. Otorga libertad transitoria y condicionada a
comparecientes de las FARC-EP y los remite a la Sala de
Reconocimiento” (Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.).
Sala de reconocimiento o de verdad de responsabilidad y de
determinación de los hechos y conductas. La cual, está
encargada entre otras cosas de la “selección y priorización, abre
los casos que investiga la JEP sobre los hechos más graves y
representativos, (…) recibe versiones individuales y colectivas,
y convoca a audiencias de reconocimiento de responsabilidad”
(Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.)
Sala de definición de situaciones jurídicas, la cual tiene como
objetivo: definir “las situaciones jurídicas (renuncia a la
persecución penal u otra forma de terminación anticipada de los
procesos) en los casos menos graves (…) Concede y supervisa
la libertad transitoria, condicionada, anticipada y transitoria”
(Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.), entre otras funciones.
Tribunal para la paz, quien es “el órgano de cierre de la
jurisdicción especial para la paz que se crea en el SIVJRNR”
(Acuerdo Final, 2016, pág. 153). Así mismo, tendrá por función,
celebrar juicios contradictorios, de los cuales se proferirá
sentencia absolutoria o condenatoria, en cuyo caso se impondrá
las respectivas sanciones ordinarias o alternativas, e igualmente
tendrá una sala encargada de revisar las impugnaciones contra
sus sentencias.
Unidad de Investigación y Acusación, encargada “de las
investigaciones y del ejercicio de la acción penal cuando los
presuntos autores individuales o colectivos de graves
violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho
Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o
responsabilidad” (Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.).
Igualmente, decidirá “las medidas de protección aplicables a
víctimas, testigos y demás intervinientes” (Acuerdo Final, 2016,
pág. 159)
Comisión para el
esclarecimiento de la
verdad, la convivencia
y la no repetición
Busca conocer la verdad de lo que
ocurrió, fomentando el reconocimiento
de las víctimas y responsabilidades.
Igualmente deberá contribuir a
promover la convivencia, entendida
como la construcción de la más amplia
cultura de respeto y tolerancia en
democracia, velando porque las
Crear espacios en los que se hagan reconocimientos
individuales y colectivos a las víctimas, impulsando una cultura
democrática que cultive la tolerancia.
Dar lugar a que las FARC-EP y el Gobierno contribuyan al
esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de sus
responsabilidades.
Instalar audiencias públicas con el fin de escuchar las
diferentes voces, en especial la de las víctimas, con la
audiencias sirvan para fortalecer el
respeto y la tolerancia.
participación de diferentes sectores generando una reflexión
conjunta sobre el conflicto.
Elaborar un texto final sobre la verdad del conflicto, teniendo
en cuenta los diferentes contextos y proponiendo
recomendaciones.
Crear un comité de seguimiento y monitoreo a la
implementación de las recomendaciones.
Implementar estrategias pedagógicas y de difusión dando
cuenta de sus avances en la investigación sobre la verdad del
conflicto.
Fuente: autora del proyecto, citado de (Acuerdo Final, 2016) (Jurisdicción Especial para la Paz, s.f.)
Por otra parte, el SIVJRNR, implementa medidas de reparación integral, para subsanar el
daño ocasionado a las víctimas a raíz del conflicto armado interno, encontrándose las siguientes:
Realización de actos de reconocimiento de responsabilidad y de solicitud de perdón de
los diferentes actores.
Contribuir en obras de infraestructura en territorios afectados por el conflicto
Participar en programas de remoción de MAP
Contribuir a los programas de sustitución de cultivos ilícitos y de búsqueda de
personas dadas por desaparecidas con ocasión al conflicto
Colaborar en programas de reparación de daño ambiental como reforestaciones.
Crear Planes nacionales de reparación dirigidos a colectivos “con el fin de reconocer
las especiales características de su victimización, recuperar su identidad y su potencial
organizativo, y reconstruir sus capacidades para incidir en el desarrollo de políticas
locales y nacionales” (Acuerdo Final, 2016, pág. 181)
Ampliar la cobertura pública de la atención psico-social, con el fin de contribuir a la
recuperación de las víctimas.
Mejorar las estrategias de rehabilitación comunitaria para la transformación del tejido
social, generando proyectos de vida en común, fortaleciendo la confianza en las
instituciones estatales y logrando la convivencia pacífica entre víctimas, ex integrantes
de organizaciones paramilitares y las FARC-EP.
Crear espacios de duelo colectivo.
Recuperar las prácticas sociales perdidas por el conflicto interno.
Promover pactos de convivencia pacífica entre víctimas y actores del conflicto.
Implementar programas colectivos con relación al retorno y reubicación de los
desplazados.
Fortalecer el programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior
mediante planes de retorno de las víctimas.
Construir un mapa de victimización, individual y colectivo, que servirá como fuente
de información e instrumento de reconocimiento y memoria, de hechos cometidos con
ocasión del conflicto (Acuerdo Final, 2016)
Igualmente, el Acuerdo establece como garantías de no repetición, los resultados de los
procesos de construcción de paz convenidos en cada uno de los diferentes puntos del acuerdo,
estableciendo, además, los siguientes compromisos con la garantía de los derechos humanos:
Promover la conciencia sobre los derechos de los otros, haciendo énfasis en el respeto
y la convivencia con base en la tolerancia y el respeto a las diferencias.
Diseñar un plan nacional de DDHH, y fortalecer el plan nacional de educación en
derechos humanos, a través de campañas públicas de prevención de la violación a los
DDHH.
Fortalecer las organizaciones de DDHH.
Garantizar plenamente la movilización y la protesta social a partir del sistema
normativo.
Establecer una comisión que asesore al Gobierno en temas de DDHH.
En lo que concierne a la implementación de los procesos de construcción de paz relacionados
con la verdad, la justicia y la reparación, ha de destacarse que de los tres puntos el que ha tenido
un desarrollo más lento es la reparación de víctimas. Seguidamente, se muestra el progreso de
cada ítem:
Verdad
“La CEV avanza en el desarrollo de su mandato y en el inicio formal de su despliegue
territorial” (CINEP; CERAC, 2019, pág. 177)
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición
presento su Plan de acción para el 2019. (Instituto Kroc , 2019)
Para el funcionamiento de Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la no repetición se aprobó un presupuesto equivalente al 60% de lo que solicito, por
lo cual su plan de acción no se desarrollara tal como lo habían previsto. (CINEP;
CERAC, 2019)
“La Comisión ya ha inaugurado 22 de las 27 Casas de la Verdad que prevé abrir en las
diferentes regiones” (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones
Unidas en Colombia, 2019, pág. 4)
“La UBPD ya inició las labores de búsqueda y prepara su entrada a 17 territorios del
país”. (CINEP; CERAC, 2019, pág. 177)
La UBPD tiene en la actualidad información para proceder a la búsqueda de 1.082
personas, incluyendo casos presentados por las FARC y organizaciones sociales
(Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia,
2019)
Justicia
La JEP trabaja en sus labores judiciales, llevando casos relacionados con UP y el
reclutamiento de menores por parte de las FARC-EP (CINEP; CERAC, 2019)
Con respecto al funcionamiento operativo, se puede manifestar que el presupuesto que
se aprobó para la JEP para el año 2019 presento una disminución del 28% que fue
solicitado en el congreso. (CINEP; CERAC, 2019)
La JEP “dio prioridad a la participación de las víctimas en los siete casos de los que se
está ocupando en la actualidad, ayudándolas a solicitar su acreditación para así
permitirles presentar pruebas, obtener asesoramiento jurídico y solicitar medidas de
protección” (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Colombia, 2019, pág. 3)
En junio de 2019 la JEP “recibió un informe con testimonios de personas que habían
sido reclutadas a la fuerza por las FARC-EP cuando eran niños y que habían
sobrevivido a un ataque del ejército en el año 2000”. (Secretario General Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 2019, pág. 14)
En agosto del presente año, a través de un video público, ex miembros de las FARC-
EP anunciaron el inicio de una nueva Marquetalia, por lo cual la JEP ordenó la
detención de cuatro de las personas que aparecen en el vídeo y anunció su decisión de
excluir a ‘Jesús Santrich’ y a Hernán Darío Velásquez de su jurisdicción y retirarles
los beneficios (Secretario General Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Colombia, 2019)
Reparación
El 9 de abril se conmemoró el día de la memoria y de la solidaridad con las víctimas,
por lo cual se llevó a cabo audiencia en el Congreso, (CINEP; CERAC, 2019).
“La corte (…) reafirmó que aquellos bienes que se surtan del proceso de extinción de
dominio y de los cuales se llegue a probar que pertenecían a las FARC, deben
destinarse al Fondo para la Reparación de Víctimas”. (CINEP; CERAC, 2019, pág.
219)
2.6 MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN
Con el fin de lograr la implementación exitosa de lo convenido en el Acuerdo, y con el
propósito de realizar un seguimiento a los procesos de construcción de paz para poder realizar las
respectivas mejoras, se propone la creación de:
Una Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del
acuerdo final (CSIVI), la cual estará encargada de verificar la implementación de los
procesos de construcción de paz, y de resolver las diferencias que se puedan presentar
entre las partes del Acuerdo.
Un Plan marco de implementación del Acuerdo Final, el cual deberá contener las
metas, prioridades y recomendaciones para la implementación de los procesos de
construcción de paz.
Reformas, con el fin de que la implementación del Acuerdo sea tenida en cuenta
en los planes de desarrollo departamentales y municipales.
Un sistema de información de la implementación, que contenga aspectos sobre la
ejecución de los recursos que se invierten.
Un plan de apoyo para la creación de veedurías y observatorios de transparencia.
Un mecanismo para la atención de denuncias relacionadas con los actos de
corrupción que se puedan presentar en la implementación del Acuerdo.
Leyes necesarias para el funcionamiento de la JEP, la UBPD, la CEVCNR, entre
otras.
Un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios a
los pueblos indígenas.
Una instancia de alto nivel en la cual participen los pueblos étnicos.
20 emisoras en FM y un canal institucional de televisión, para hacer pedagogía en
relación a la implementación del Acuerdo.
De lo cual, cabe resaltar que, la CSIVI se ha seguido reuniendo de forma regular, y se ha
convertido en foro de trabajo en donde se abordan, desde el debate y el diálogo, diversos retos de
la implementación. (Instituto Kroc , 2019)
2. EL PRINCIPIO DE TOLERANCIA EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
DE PAZ
Acorde con lo expuesto, la tolerancia consiste en el respeto por la diversidad y el reconocimiento
de los derechos del otro sin importar si es diferente, teniendo presente que, la diferencia en un
sistema democratico no implica una discriminacion negativa hacia el individuo, toda vez que
existe una igualdad material ante la ley.
Entendida asi, la tolerancia es fundamental para construir relaciones sociales pacificas, que
materialicen el derecho y el deber de la paz en la sociedad. Por lo tanto, la tolerancia implica la
ausencia de actos discrimitorios, violentos o cualquier hecho intolerante que conlleve a la
violacion de los derechos de los individuos o los colectivos.
Según la Constitucion Politica de 1991 Colombia es un Estado social de derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
(Constitución Política de Colombia, 1991).
Asi pues, al menos desde el plano formal, el Estado se encarga de garantizar los derechos de
cada uno de los individuos, considerando que:
la igualdad es material y por ende, determinante como principio fundamental que guía las
tareas del Estado, es decir, sus políticas, con el fin de corregir las desigualdades
existentes, promover la inclusión y la participación, garantizando a las personas,
individualmente consideradas o en grupos, que se hallen en situación de desventaja, el
goce efectivo de sus derechos fundamentales (OCHA, 2011)
Por consiguiente, la tolerancia se erige como pilar fundamental para la construcción de la
forma de Estado que se propuso el constituyente del 91, ya que la democracia, la participación y
el pluralismo, el cual promueve la inclusion de todos los individuos y grupos, solo es posible si
se establece una cultura tolerante en el país, donde haya respetuo mutuo entre todos los
miembros de la sociedad.
Dicho lo anterior, cabe resaltar que, bajo esta forma de Estado, Colombia se traza como fin
garantizar los derechos de todos sus habitantes, siendo indispensable la tolerancia como un
presupuesto para poder desarrollar los derechos, puesto que, sin tolerancia no hay paz, y sin una
convivencia pacifica no hay forma de asegurar el desarrollo de los derechos fundamentales,
sociales, economicos, culturales y colectivos.
En consecuencia, el país se ha comprometido con la comunidad internacional a promover y
hacer todo lo posible por asegurar la paz en su territorio, tal como se puede evidenciar en la
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Agenda de Desarrollo 2030.
Siendo de gran importancia cumplir con dicho compromiso, ya que la comunidad internacional
no tolera los actos que violan los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.
De modo que, el establecimiento de la paz se convierte en un fin del Estado, y por lo tanto,
edificarla es un deber (constitucional e internacional) del gobierno y de todos los ciudadanos,
debiendo implementar el principio de tolerancia como base de las relaciones sociales, y como
pilar de los procesos de construccion de paz.
Lo dicho hasta aquí supone que, el conflicto interno siempre conlleva violaciones a los
derechos humanos, lo cual a su vez repercute en lo mas íntimo del ser, como lo es la parte psico-
afectiva de las víctimas y sus proyectos de vida, por lo tanto, la tolerancia desarrolla un papel
importante en los conflictos internos, en vista de que, por medio de una cultura de tolerancia se
puede llegar la finalizacion de la guerra, lo que abre la puerta al Estado para que pueda garantizar
los derechos de las generaciones presentes y futuras, certificando que no se repita la
problemática.
En cuanto a Colombia, antes de entrar a analizar la tolerancia en los procesos de construccion
de paz implementados con el Acuerdo Final, es pertinente recordar que entre sus fines se
encuentra: lograr que el pais avance a través de una economia sostenible sin el uso de cultivos
ilícitos, instaurar una paz estable y duradera y alcanzar una reconstruccion del tejido social, y
una transformacion de la esfera política, que permita el desarrollo del Estado democratico,
pluralista y participativo.
3.1 LA TOLERANCIA EN LA APERTURA DEMOCRATICA PARA CONSTRUIR PAZ.
En cuanto a la apertura democrática, como lo decía Walzer, el proyecto central en materia
política es la tolerancia, ya que la pluralidad de posiciones políticas implica un respeto por los
ideales del otro y por sus opiniones.
A causa de esto, el Acuerdo propone realizar un estatuto que garantice la oposición, lo cual se
traduce en el respeto por las opiniones políticas de los opositores al partido de gobierno, y ese
respeto solo se logra si se practica la tolerancia y se implementa una cátedra de cultura política,
enfocada a la reconciliación y a la paz, tal como lo propone lo convenido, llevando un mensaje a
los jóvenes de aceptación y respeto por la diversidad de pensamiento, teniendo en cuenta que:
La tolerancia positiva exige una acción responsable para crear las condiciones de la
tolerancia que son esenciales para la realización de los derechos humanos y la paz. En la
educación, exige cultivar las actitudes de apertura, un interés positivo por las diferencias
y un respeto por la diversidad, enseñando a reconocer la injusticia, adoptado medidas
para superarla, resolviendo las diferencias de manera constructiva, y pasando de
situaciones de conflicto a la reconciliación y a la reconstrucción social. (UNESCO,
1994).
Otro punto importante de esa apertura democrática son todos los procesos que buscan
garantizar la seguridad para ejercer la política y el respeto por la libertad de pensamiento, lo cual
denota dos situaciones: La primera, consiste en el compromiso de tolerancia entre las partes del
Acuerdo, promoviendo este principio hacia todos los grupos y movimientos políticos. La
segunda, evidencia la necesidad de promover una cultura de tolerancia desde los diferentes
espacios públicos, en especial desde el sector educativo, como forma de respuesta a la
intolerancia política que se vive en el país.
Por otra parte, el Acuerdo también formula una elevación de los costos que deben pagar las
personas que cometan crímenes contra líderes/lideresas sociales y defensores/ defensoras de
derechos humanos, presentando así, un límite a la tolerancia del Estado respecto a los grupos
ilegales, reafirmando que no se aceptará ningún acto intolerante contra los líderes y defensores,
bajo el presupuesto que la tolerancia encuentra sus límites en la perturbación de la paz civil y la
violación de derechos fundamentales.
Finalmente en cuanto al aspecto político, se busca generar espacios de comunicación y
publicación de los ideales de los diferentes partidos y movimientos, incluso, a través de medios
de comunicación como la radio, el televisor y redes sociales, originando un verdadero acto de
tolerancia, en el entendido que la tolerancia consiste en soportar al otro diferente, y se necesita
para garantizar el derecho a tener una postura política, a defenderla siempre y cuando no utilice
la violencia, y a socializar sus pensamientos sin coaccionar a los demás.
3.2 HACIA UNA RECONCILIACION NACIONAL A TRAVES DE LA TOLERANCIA.
Para que haya una reconciliación entre gobierno, población civil y FARC-EP, debe existir
verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como derechos que se debe asegurar a
cada víctima del conflicto interno, para lo cual, cabe resaltar lo dicho por la Corte Constitucional
en Sentencia 370 de 2006:
(…) (i) durante los procesos de transición hacia la paz, como el que adelanta Colombia, a
las víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber, b) el derecho a
la justicia y c) el derecho a la reparación; (…) La reparación tiene una dimensión doble
(individual y colectiva) y en el plano individual abarca medidas de restitución,
indemnización y readaptación; (xi) en el plano colectivo, la reparación se logra a través
de medidas de carácter simbólico o de otro tipo que se proyectan a la comunidad; (xii)
dentro de las garantías de no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados
acompañada de medidas de reinserción. (Sentencia C-370/06, 2006)
Y lo dicho por la misma Corte en sentencia C-027 del 2018
(…) Asimismo, las medidas estatales deberán brindar una mayor relevancia a los
derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación y a la no repetición, pues a través de
ellos se garantiza la reconciliación y el fortalecimiento del Estado social y democrático de
derecho (Sentencia C-027/18, 2018).
En relación a los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, ha de destacarse que
necesariamente implican un encuentro entre víctimas y actores del conflicto, siendo relevante
que el acercamiento sea positivo para ambas partes, con el fin de que se pueda llegar a una
reconciliación y al fortalecimiento del Estado democrático. Con tal que, para lograr una
aproximación exitosa, es necesario establecer la tolerancia como el primer nivel de reencuentro,
ya que, de lo contrario, no podrá existir una verdadera comunicación entre las partes, causando
nuevas situaciones violentas.
Así mismo, las medidas de no repetición implican un verdadero desarrollo del principio de
tolerancia, toda vez que conllevan entre otras cosas, a la reincorporación de las FARC-EP a la
vida civil. La reincorporación, requiere que se proporcionen a los ex integrantes del grupo una
serie de medidas económicas para sus sustentos, pero adicionalmente, necesita generar un
ambiente en el cual, ellos y ellas, puedan tener oportunidades laborales dentro de sus
comunidades y puedan tranquilamente hacer parte activa de todas las actividades de la sociedad,
a través de una sociedad tolerante que reconozca a los miembros de las FACR-EP una igualdad
material de derechos, erradicando la discriminación y estigmatización de los mismos.
Por otra parte, en relación con la reconciliación nacional, también se acuerda elaborar el pacto
político, que busca mejorar la comunicación y firmar el compromiso de todos los partidos y
movimientos en la dejación de toda forma de violencia en el ejercicio político, lo cual es un claro
acto de tolerancia, ya que, como dice Habermas, la violencia es un error en la comunicación, y
esta a su vez, es el entendimiento mutuo entre las partes.
3.3 LA TOLERANCIA INMERSA EN LA TRANSFORMACION DEL CAMPO
COLOMBIANO.
El territorio rural de Colombia fue transformado por el conflicto interno que se llevó a cabo
con las FARC-EP, implicando, la siembra de cultivos ilícitos a causa de la pobreza, la
implantacion de MAP y el desplazamiento masivo de los campesinos hacia las ciudades, lo cual
conllevó a un sistema rural debil.
Por lo tanto, los procesos de construcción de paz que buscan la transformación del campo,
deben tener como base un trabajo mancomunado entre la población civil y los actores armados
de la guerra, con el fin de desminar los campos, lograr que los campesinos retornen a sus tierras
y erradicar los cultivos ilicitos, siendo importante una reconciliación con la poblacion para lograr
estos objetivos.
Pero dicha reconciliación debe darse tanto con el Estado que los abandonó, ocasionando que
los campesinos optaran por participar en la red de las drogas ilicitas para tener un nivel de vida
digno; como con los ex miembros de las FARC, quienes deben ayudar a desminar y resembrar
los campos, lo cual actualmente estan haciendo, y de una manera muy productiva, ya que los ex
miembros de las FARC-EP han generado proyectos agricolas, llegando incluso a exportar café a
Estados Unidos, como lo hace le proyecto del Café La Esperanza, Paramillo, San Pedro y
Marquetalia.
Por lo tanto, como se ha expresado anteriormente, ese encuentro entre comunidad y actores,
solamente se puede conseguir por medio de la prevalencia de una cultura tolerante, donde no se
discrimine a las personas que ocasionaron los daños, se les permitan resarcirlos y contribuir a
una sociedad en la cual las victimas puedan trabajar de la mano con el gobierno y los ex
miembros de las FARC-EP.
3.4 PEDAGOGÍA PARA LA PAZ
Finalmente, ha de recordarse que uno de los fines del Acuerdo es lograr instaurar una paz
estable en Colombia, lo cual implica mas que firmar un acuerdo, desminar los campos o crear un
partido político, pues la paz estable y duradera requiere de educación.
Como lo diria la gran pedagoga María Montessori, la educación es la mejor arma para la paz
(Montessori Mexico , s.f.), pues a traves de la historia, la educación ha sido un instrumento de
transformación, y es que, solo por medio de la enseñanaza dirigida a la tolerancia se logra
alcanzar una cultura pacifica, de ahí la importancia de la correcta y efectiva implementación de
la Cátedra de paz en todos los niveles de educación, que permitirá promover valores y principios
democráticos para consolidar la democracia en el proceso de fortalecimiento de ciudadanía.
En consecuencia, cabe resaltar que, es importante que Colombia trascienda a una sociedad en
paz, por medio de una educación que promueva el ideal de respeto por la diferencia, fomentando
la resolución de conflictos por medio de vías no violentas, y enseñando que la pluralidad no es
motivo para transgredir los derechos del otro, dado que, se debe aprender a convivir con las
diferencias, en otras palabras, se debe educar a ser individuos e instituciones tolerantes, lo cual
seria sumamente util en una sociedad donde asesinan personas que defienden e impulsan los
procesos de construcción de paz.
CONCLUSIONES
1. El principio de tolerancia consiste en respetar la diferencia, reconociendo que el otro
tiene derechos que no se pueden transgredir. El principio nace con un sentido
utilitarista, el cual se mantiene en la actualidad, pues la tolerancia desde la antigüedad
hasta hoy, se promueve con el fin de mantener la paz social. Por lo tanto, adquiere su
relevancia en el contexto colombiano, toda vez que, el país se encuentra en una
transformacion dirigida a encontrar una paz estable y duradera en sus territorios.
2. El Acuerdo final para la Terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera firmado entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, enmarca
una extensa serie de procesos de construcción de paz, con enfoque participativo,
territorial, diferencial y de género, encaminados a establecer en Colombia una cultura
de tolerancia, en la cual, se logre una reconstrucción del tejido social y el desarrollo
del país, por medio del trabajo mancomunado entre las víctimas y los actores armados.
3. La tolerancia desarrolla un rol vital como primer nivel del encuentro entre las víctimas
y los responsables del conflicto, siendo útil para lograr obtener una buena
comunicación entre las partes, y así, prevenir el desarrollo de la violencia en futuras
generaciones.
4. El principio de tolerancia como base fundamental de la convivencia pacífica, exige al
gobierno y a todos los miembros de la sociedad colombiana, contribuir con la
instauración de una cultura de tolerancia, que facilite la apertura democrática, la
trasformación del campo, y la reincorporación de los ex miembros de las FARC-EP a
la vida civil, siendo la aceptación de la diferencia una puerta de entrada a la
reconciliación nacional.
5. El cambio de una cultura de violencia a una cultura de paz, requiere de un proceso
generacional donde la educación se convierte en el pilar fundamental de
reconstrucción de tejido social, formando ciudadanos críticos, reflexivos, tolerantes y
capaces de gestionar y resolver conflictos a través del diálogo.
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