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INSTITUTO DE IBEROAMÉRICA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Factores que inciden en la violencia homicida en
México de 2007-2012 El caso de la Impunidad
Isaceln Isaloren Ponce Candidata a Máster en Estudios Latinoamericanos por el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Graduada en Sociología por la Universidad de Salamanca. Ha realizado una estancia en el Institut des Hautes Etudes de l´Amérique Latine (IHEAL) de la Universidad Sorbonne Nouvelle
Paris III en el marco del programa de Máster Internacional en Estudios Latinoamericanos.
Palabras Clave: Violencia homicida – México – Impunidad – Entidades Federativas
El presente documento forma parte de un Trabajo de Fin de Máster en proceso que
pretende encontrar en qué medida algunas cuestiones estructurales como la desigualdad, el
desarrollo y la impunidad inciden en la violencia homicida en México en el período 2007-
2012. Lo que a continuación se ofrece es el análisis referente a la variable impunidad.
Además, se ofrece una tipología de Entidades Federativas según sus niveles de violencia
homicida y tendencia de la misma; esto con la intención de explicar las diferencias
existentes dentro del territorio nacional.
1
Introducción
El presente trabajo pretende ofrecer una explicación parcial al fenómeno de la violencia
homicida en México, prestando especial atención a las diferencias entre Entidades
Federativas. El objetivo principal es contribuir con los estudios de violencia determinando
en qué medida cuestiones como la impunidad, la desigualdad y el desarrollo inciden en los
movimientos ascendentes y descendentes de las tasas de homicidio.
Debido a que se trata de un trabajo aún en proceso, lo que a continuación se presenta es
una breve pincelada del fenómeno. Se trata de un fragmento en el que se desarrolla
únicamente lo concerniente a la variable impunidad.
La primera premisa de la que parte este estudio es que México es un país sumamente
heterogéneo, por lo que el estudio de fenómenos como la violencia homicida cobra un
mayor sentido cuando se atiende a las diferencias internas.
Como es bien sabido, durante los últimos años México ha experimentado un pronunciado
crecimiento de la violencia (México Evalúa, 2012: 2). Sin embargo, esta situación al interior
de cada Estado es totalmente distinta. Mientras algunos Estados presentaron en 2012 tasas
de 2 homicidios por cada 100 mil habitantes, como es el caso de Yucatán, otros como
Guerrero o Chihuahua alcanzaron un valor de 77 homicidios por cada 100 mil habitantes
(INEGI, 2013). ¿Cómo explicar esas diferencias?
El año 2000 representó en México el cambio, por primera vez se dio una alternancia
partidista en el gobierno nacional: la democracia había tocado a la puerta. El Partido
Acción Nacional (PAN) asumió el poder y permaneció en él dos sexenios, hasta 2012 año en
el que el Partido de la Revolución Institucional (PRI) recuperó su hegemonía.
De 2000 a 2006 el panorama parecía prometedor, los niveles de inseguridad venían
descendiendo desde años anteriores y parecían mantener una tendencia a la baja; sin
embargo las cosas cambiaron en el segundo período del PAN (2006-2012), cuando el ex
presidente Felipe Calderón tomó la decisión de combatir expresamente el crimen
organizado. Entonces, la sangre brotó.
Por una parte, el incremento de la violencia homicida en el período 2006-2010 puede ser
explicada en mayor medida por lo que se denominó guerra contra el narcotráfico, “se concluye
que la mitad de los presuntos homicidios pueden atribuirse al crimen organizado” (México
2
Evalúa, 2012: 29); sin embargo, la otra mitad de estos decesos requieren todavía una
explicación.
El Gráfico 1 muestra la tasa de homicidios a nivel nacional de 1994 a 2012; la intención es
mostrar la tendencia del fenómeno a lo largo del tiempo.
A simple vista se observa que dicha tendencia era descendente hasta 2005, aunque alcanza
su menor valor en 2007. Sin embargo, es en 2008 cuando la tendencia emprende una
trayectoria ascendente. Al final de la administración de Calderón, la tasa de homicidios
aumentó su valor en un 220% con respecto al inicio del sexenio; es decir, pasó de 10 a 22
homicidios por cada 100 mil habitantes.
Gráfico 1: “Evolución tasa de homicidios 1994-2012”
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, Banco de Información
Ahora bien, habiendo observado la evolución de la tasa de homicidios a nivel nacional, es
quehacer de este trabajo analizar cómo se comporta dicho fenómeno a nivel estatal. Para
ello, y con la intención de sistematizar la información, se propone una tipología de los
Estados según niveles de violencia homicida. Además, se prestará atención únicamente al
período 2007-2012 por cuestiones de extensión.
3
Para construir la tipología que aquí se propone, se toma en consideración la evolución de la
tasa de homicidio de cada una de las Entidades Federativas de 2007 a 2012. De esta
manera, los Estados se han clasificado según el nivel de violencia homicida al final del
período y según el grado de aumento que han experimentado a lo largo del mismo.
Así, se propone que los Estados se ordenen de acuerdo a los siguientes criterios; por una
parte, se han clasificado según el nivel de violencia homicida, es decir, según su tasa de
homicidios en 2012. De esta manera, se consideraron como Entidades Federativas con
altos niveles de violencia aquellas que presentaron al final de período un valor mayor a 30
homicidios por cada 100 mil habitantes.
Se consideraron como Estados con niveles de violencia homicida media, aquellos que
presentaron valores de 10 a 30 en la tasa de homicidios en 2012. Y por último, aquellos que
presentaron valores de hasta 10 puntos, fueron considerados como Estados con bajos
niveles de violencia homicida.
Ahora bien, por otra parte, una vez clasificados los Estados según la tasa de homicidios al
final del período observado, se clasificaron en cuatro grupos: aquellos Estados que
experimentaron un aumento alto en la tasa de homicidios del inicio del período al final del
mismo (más de 15 puntos); aquellos que experimentaron un aumento medio en el mismo
período (de 5 a 15 puntos); aquellos que presentaron un aumento bajo (hasta 5 puntos); y
por último, los Estados que mantuvieron estables sus valores o que incluso presentaron
algún descenso.
Tabla 1: “Tipología de Entidades Federativas según niveles de violencia homicida y
tendencias de la misma durante el período 2007-2012”
Niveles de
Violencia
Homicida Alta
Niveles de
Violencia
Homicida Media
Niveles de
Violencia
Homicida Baja
Aumento Alto
(Más de 15 puntos)
Coahuila, Colima,
Zacatecas, Morelos,
Nuevo León,
Sinaloa, Tamaulipas,
Chihuahua,
4
Durango, Guerrero
Aumento Medio
(De 5 a 15 puntos)
Baja California,
Veracruz, Nayarit,
San Luis Potosí,
Sonora, Guanajuato,
Jalisco, México
Chiapas
Aumento Bajo
(Hasta 5 puntos)
Michoacán, Oaxaca,
Quintana Roo,
Distrito Federal
Campeche, Tlaxcala,
Puebla, Querétaro,
Tabasco, Hidalgo
Se mantuvo o
descendió
Aguascalientes, Baja
California Sur,
Yucatán
Elaboración propia a partir de la observación de datos del Banco de Datos del INEGI de la evolución de las
tasas de homicidio por Entidad Federativa en el período 2007-2012.
Consideraciones previas
Definir la violencia es una tarea difícil “no puede tener exactitud científica, ya que es una
cuestión de apreciación” (OMS, 2002: 4). Se trata entonces de un fenómeno bastante
subjetivo, cambiante de acuerdo a la interpretación; la cual a su vez se ve influenciada por
los contextos y significados que la contienen (Tosca Hernández, 2002: 59).
Debido a este problema de definición, es difícil determinar exactamente cuáles son las
causas de la violencia; ya que las mismas están intrínsecamente ligadas a la situación en la
que se desarrolla un comportamiento violento.
Muchos autores se centran en el estudio de las víctimas (México Evalúa, 2012); es decir, se
centran en las características de las víctimas para tratar de establecer links con los
perpetradores. De esta manera, se busca conocer tanto el perfil de las víctimas como el de
los perpetradores, esto con la intención de conocer las causas que empujan a los individuos
a la comisión de delitos y crímenes; así como las características que en cierta medida los
facilitan.
5
Al respecto, los estudios sobre las víctimas indican que existe una especie de coincidencia
entre perfiles de víctimas y perpetradores; es decir, se da una especie de traslape de perfiles
(Jennings; Piquero; Reingle, 2012). Normalmente, este tipo de estudios toman en cuenta las
características sociodemográficas y socioeconómicas de las víctimas; ya que aunque no en
todos los casos, sí en una gran mayoría de ellos las víctimas y los responsable de delitos
comparten contextos y condiciones.
Es entonces a través de la observación de las víctimas, que se puede inferir en una gran
parte de los casos el perfil del perpetrador del delito. Desde luego, este tipo de estudios no
son de mucha ayuda cuando el crecimiento de los homicidios se da por cuestiones
puntuales como pueden ser la explosión del crimen organizado u otro tipo de conflictos.
Ahora bien, en el caso de la violencia homicida su definición no es tan complicada, ya que
se trata de una acción más que obvia: se está vivo o muerto, no hay mucha discusión al
respecto. Los distintos Códigos Penales de cada Entidad Federativa en México recogen
sustancialmente la misma definición de homicidio, refiriéndose a él como el acto de “privar
de la vida a un ser humano”.
De manera general en México existen dos tipos de homicidio: doloso y culposo (INEGI,
2013). El primero refiere a aquellos homicidios cometidos intencionadamente, mientras
que el segundo tipo refiere a aquellos homicidios cometidos inintencionadamente, como
pueden ser homicidios por negligencia o por accidente (México Evalúa 2012: 16).
Este trabajo no pretende determinar las causas exactas que llevan a un individuo a cometer
un homicidio; sin embargo, sí pretende encontrar la medida en la que variables de corte
estructural inciden en la comisión de homicidios a un nivel más macro.
La literatura sobre criminalidad ha demostrado que existe una amplia relación entre algunas
cuestiones de tipo socioeconómicas y el crecimiento de fenómenos como la delincuencia
(Zepeda Lecuona, 2002: 171). Sin embargo, no todas las variables de este tipo inciden de la
misma manera ya que “indicadores de desempleo y bajos ingresos se asocian a la comisión
de delitos patrimoniales (como el robo); en tanto que variables como desigualdad social se
reflejan en crímenes violentos como las lesiones y el homicidio” (Zepeda Lecuona, 2002:
171).
6
La Oficina de Crimen y Drogas de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés)
señala en un estudio sobre homicidio en 2011 que el desarrollo, humano y económico, son
variables que claramente conectan con los homicidios (UNODC, 2011: 10).
Asimismo señala que este fenómeno fatal suele estar ligado a contextos en los que
predominan situaciones de desigualdad, injusticia, marginalidad, bajos niveles de educación
y una débil presencia de la ley (UNODC, 2011: 29).
Es por eso que el presente trabajo se centrará en variables de corte estructural como la
desigualdad, el desarrollo y la impunidad. Sin embargo, como se especificó anteriormente,
nos centraremos únicamente en la variable impunidad.
Sobre la impunidad
La impunidad es una variable crucial en el estudio de la violencia homicida, al menos en
cualquier caso latinoamericano, ya que se entiende que si las probabilidades de ser castigado
son bajas, es mayor la probabilidad de cometer un asesinato. Para Briceño-León “la
impunidad es una realidad que fomenta el delito” (2008: 113); además sugiere el autor que
de ser castigados todos los crímenes en los países latinoamericanos, probablemente no
habría capacidad suficiente en el sistema penitenciario ni en la red carcelaria; por lo que la
impunidad se presenta también como “una alternativa pragmática a esta realidad” (Briceño-
León, 2008: 113).
Según el informe sobre Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio realizado por la
Asociación Civil México Evalúa, una gran parte de los homicidios en México quedan
impunes, se estima que se resuelven aproximadamente 4 mil 350 homicidios al año, cifra
que se mantiene constante a pesar del incremento de homicidios (México Evalúa 2012: 31).
Asimismo, se intuye que un “15 por ciento de los que se resuelven lo hacen durante el
primer año, 50 por ciento en un lapso de dos años y más de 90 por ciento en un período de
ocho años” (México Evalúa, 2012: 31).
Ahora bien, si teóricamente una de las cuestiones que orillan a la comisión de un homicidio
es la baja probabilidad de ser castigado, es entonces tarea de las autoridades generar ciertas
herramientas o mecanismos de sanción que desincentiven a los perpetradores.
7
En México las sanciones penales se encuentran expuestas en un Código Penal Federal; sin
embargo, al mismo tiempo cada Entidad Federativa posee uno propio.
Tras revisar los 32 Códigos Penales correspondientes a cada Estado, se encontró que la
mayoría coinciden en las sanciones mínimas y máximas por homicidio doloso simple, como
se muestra a continuación en la Tabla 2.
Además de la sanción carcelaria, existe en algunos Estados la imposición de una multa que
se calcula en días del salario mínimo vigente, el cual desde el primero de Enero de 2014 va
de 63.77 a 67.29 pesos mexicanos diarios, según la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos, órgano dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; o lo que sería
equivalente en euros, de 3.54 a 3.74, al tipo de cambio del día 31/03/2014.
Tabla 2: “Sanciones por homicidio simple por Entidad Federativa”
Entidad Federativa Mínima Máxima Multa
Aguascalientes 8 años 20 años 25-250 días
Baja California 8 años 15 años
Baja California Sur 8 años 20 años Hasta 200 días
Campeche 10 años 25 años
Chiapas 8 años 20 años
Chihuahua 8 años 20 años
Coahuila de Zaragoza 7 años 16 años 50 días por cada año
Colima 15 años 25 años
Distrito Federal 8 años 20 años
Durango 12 años 20 años 860-1440 días
Guanajuato 10 años 25 años 100-200 días
Guerrero 8 años 20 años
Hidalgo 10 años 30 años 100-300 días
Jalisco 12 años 18 años
México 10 años 15 años 250-375 días
Michoacán de Ocampo 15 años 30 años
Morelos 15 años 30 años 500-1000 días
Nayarit 10 años 16 años 15-100 días
Nuevo León 15 años 25 años
Oaxaca 12 años 25 años
Puebla 13 años 20 años
Querétaro 7 años 15 años 100-500 días
Quintana Roo 10 años 25 años 750-1500 días
San Luis Potosí 8 años 20 años 160-400 días
Sinaloa 8 años 22 años
Sonora 8 años 20 años
Tabasco 8 años 20 años
Tamaulipas 12 años 20 años
8
Tlaxcala 8 años 16 años 10-50 días
Veracruz de Ignacio de la Llave 10 años 20 años Hasta 100 días
Yucatán 10 años 15 años
Zacatecas 8 años 20 años Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los Códigos Penales correspondientes a casa Entidad
Federativa.
Al respecto de las sanciones, el informe de México Evalúa arrojó que, no existe correlación
entre la tasa de homicidios y la sanción máxima por homicidio, que en la mayoría de los
casos es de 20 años (México Evalúa, 2012: 33). Esta cuestión pone de manifiesto que “el
nivel de sanciones por homicidio no tiene ningún efecto sobre los incentivos de los
perpetradores a cometerlos” (México Evalúa, 2012: 33).
Lo anterior nos orilla a pensar que no es la sanción la herramienta central de prevención del
delito. El problema no es la formulación de más y peores castigos, sino el desempeño de las
instituciones encargadas de la procuración de justicia en el país.
Otra cuestión que llama la atención en el tema de las sanciones es que, según la Encuesta a
Población en Reclusión en el Distrito Federal y el Estado de México de 2009 realizada por el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la mayor parte de los presos (55%) se
encuentran reclusos por robo; de los cuales, “la mitad de los robos son por 5 mil pesos
(277.95 euros) o menos, y una cuarta parte por 700 pesos (38.91 euros) o menos” (Azaola y
Bergman, 2009: 20). Además, aproximadamente una tercera parte de los presos son
reincidentes (Azaola y Bergman, 2009: 20).
En cuanto al homicidio, la misma encuesta reveló que para 2009 un 7,2% de los reclusos
cometieron delito de homicidio doloso, y un 6,7% cometió homicidio culposo. Estas cifras,
al menos en el caso del homicidio doloso parece van a la baja; ya que la misma encuesta
realizada en 2005 reveló que eran un 10.0% y en 2002 un 10.6% (Azaola y Bergman, 2009:
21). Cabe señalar nuevamente, que a pesar de que los homicidios aumentan entre 2005 y
2009, el porcentaje de individuos sentenciados disminuye.
Hasta aquí, es preciso señalar también que la sanción puede aumentar o disminuir según las
condiciones en las que se generó el homicidio. De esta manera, existen agravantes que
pueden aumentar la pena hasta en 30 años o incluso volverse cadena perpetua como es el
caso del Estado de Chihuahua, el cual considera la privación de libertad de por vida a
aquellos individuos que cometan tres homicidios.
9
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC), es un organismo no
gubernamental que depende del CIDE y que trabaja en un proyecto denominado “Justicia,
Crimen y Derechos Humanos en México” desde finales de la década de los 90; dicho
proyecto contempla dentro de sus objetivos la medición de los delitos en México, así como
la evaluación de las instituciones cuya responsabilidad es velar por la justicia.
Dicho proyecto realiza una serie de índices que combinan variables como los delitos
(robos, lesiones y homicidios), el desempeño de las instituciones de justicia, denuncias,
entre otras; con la intención de evaluar el rendimiento en materia de justicia de cada
Entidad Federativa.
Pero el tema de la impunidad en México es más grave de lo que parece. Los estudios al
respecto revelan que este fenómeno es generado “por la baja eficacia institucional de los
cuerpos policiacos mexicanos” (Carbonell, 2006: 353). No son entonces las herramientas
de combate a la violencia homicida lo que falla, sino los mecanismos e instancias
responsables de procurar justicia en el país.
Ahora bien, para analizar la impunidad, se ha prestado atención a la diferencia existente
entre el número de homicidios registrados y el número de individuos sentenciados por
homicidio. Al comparar dichos valores, se encontraron en muchos casos diferencias
abismales, además de que en algunos de los años observados, se encontró que el número de
sentenciados era mayor al de homicidios; lo cual nos conduce a pensar dos cosas, primero
que es probable que más de una persona sean sentenciados por un mismo homicidio; y
segundo, que existe un importante rezago entre la comisión de un delito de homicidio y la
sentencia del mismo.
La Tabla 2 muestra dicha situación. Los datos corresponden a cada Entidad Federativa y se
presentan el número de homicidios, el número de sentencias por homicidio y la diferencia
porcentual (recuadros en azul) que hay entre ambos valores; la cual nos indica el porcentaje
de homicidios que se han quedado sin una sentencia.
Asimismo, en la última columna se muestra el total de población reclusa por homicidio a
2012. Esto último con la intención de mostrar el desfase que existe entre el número de
homicidios y el número de individuos que por ley deberían estar reclusos; ya que si
consideramos la pena mínima por homicidio, que en la mayoría de los Estados suele ser de
unos 8 años, las cifras de la población reclusa no cuadran.
10
Tabla 2: “Sentencias por homicidio/Homicidios”
Entidad Federativa 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Población en centros
penitenciarios por homicidio
a 2012
Aguascalientes 64,29 35,59 23,88 36,00 41,46 64,44 165
Sentencias 27 21 16 27 34 29
Homicidios 42 59 67 75 82 45
Baja California 56,10 23,28 15,56 16,75 29,30 37,84 2203
Sentencias 207 240 238 256 237 221
Homicidios 369 1031 1530 1528 809 584
Baja California Sur 77,14 86,84 135,29 103,64 109,52 132,43 172
Sentencias 27 33 46 57 46 49
Homicidios 35 38 34 55 42 37
Campeche 116,00 100,00 89,66 93,75 106,38 73,42 342
Sentencias 58 54 52 45 50 58
Homicidios 50 54 58 48 47 79
Coahuila de Zaragoza 99,10 53,89 37,41 21,83 10,27 7,17 249
Sentencias 110 97 104 98 75 83
Homicidios 111 180 278 449 730 1158
Colima 118,60 122,81 68,85 48,09 25,77 15,85 71
Sentencias 51 70 42 63 42 42
Homicidios 43 57 61 131 163 265
Chiapas 277,23 110,27 53,50 135,68 137,63 56,12 943
Sentencias 280 290 275 270 256 220
Homicidios 101 263 514 199 186 392
Chihuahua 55,02 9,69 6,46 2,34 4,09 5,93 670
Sentencias 285 252 237 150 184 165
Homicidios 518 2601 3671 6407 4500 2783
Distrito Federal 74,85 64,73 62,72 61,65 57,49 57,33 4008
Sentencias 634 602 614 664 633 622
Homicidios 847 930 979 1077 1101 1085
Durango 58,62 25,24 9,38 5,68 7,06 7,18 342
Sentencias 102 106 95 63 75 59
Homicidios 174 420 1013 1109 1063 822
Guanajuato 96,80 81,02 48,47 50,79 38,86 37,90 1112
Sentencias 212 239 238 226 239 263
Homicidios 219 295 491 445 615 694
Guerrero 28,85 25,37 12,45 13,12 9,77 8,68 1164
Sentencias 221 255 231 204 236 233
Homicidios 766 1005 1855 1555 2416 2684
Hidalgo 217,57 180,00 114,38 106,25 69,19 108,64 686
Sentencias 161 135 167 119 146 176
Homicidios 74 75 146 112 211 162
Jalisco 93,71 77,68 61,27 44,12 31,26 33,46 2755
11
Sentencias 417 421 416 473 478 522
Homicidios 445 542 679 1072 1529 1560
México 45,07 35,28 32,96 26,10 17,23 14,87 2778
Sentencias 558 557 613 551 452 432
Homicidios 1238 1579 1860 2111 2623 2905
Michoacán de Ocampo 53,64 42,86 31,41 38,73 31,46 26,63 1513
Sentencias 302 282 294 280 269 220
Homicidios 563 658 936 723 855 826
Morelos 78,91 54,88 35,52 16,84 19,74 9,84 568
Sentencias 101 118 92 83 90 66
Homicidios 128 215 259 493 456 671
Nayarit 103,70 77,42 51,78 17,44 21,47 32,51 466
Sentencias 112 120 102 94 126 92
Homicidios 108 155 197 539 587 283
Nuevo León 55,20 73,44 47,81 17,03 6,44 8,39 1262
Sentencias 154 177 164 162 140 154
Homicidios 279 241 343 951 2174 1835
Oaxaca 44,86 38,96 36,35 24,56 26,69 23,74 906
Sentencias 253 240 217 180 182 165
Homicidios 564 616 597 733 682 695
Puebla 58,97 66,67 42,90 42,02 33,64 36,56 645
Sentencias 161 236 154 158 147 170
Homicidios 273 354 359 376 437 465
Querétaro 169,09 128,38 88,76 156,76 89,91 83,04 396
Sentencias 93 95 79 116 98 93
Homicidios 55 74 89 74 109 112
Quintana Roo 59,50 67,36 57,45 65,52 48,47 50,33 523
Sentencias 72 97 81 95 79 77
Homicidios 121 144 141 145 163 153
San Luis Potosí 101,40 82,91 78,10 43,99 35,16 31,94 823
Sentencias 145 165 164 161 128 145
Homicidios 143 199 210 366 364 454
Sinaloa 74,37 31,55 16,52 11,93 11,76 15,81 690
Sentencias 296 260 237 289 234 221
Homicidios 398 824 1435 2423 1990 1398
Sonora 99,38 73,62 50,96 34,82 48,71 48,67 1584
Sentencias 321 321 291 257 264 256
Homicidios 323 436 571 738 542 526
Tabasco 61,64 67,32 61,27 57,51 49,57 56,70 354
Sentencias 90 103 106 111 114 110
Homicidios 146 153 173 193 230 194
Tamaulipas 97,93 76,32 53,65 20,11 14,48 10,03 800
Sentencias 189 203 169 188 156 157
Homicidios 193 266 315 935 1077 1565
Tlaxcala 81,08 24,53 33,33 28,07 29,89 33,33 161
Sentencias 30 13 27 16 26 25
Homicidios 37 53 81 57 87 75
Veracruz de Ignacio de la Llave 66,84 82,65 35,21 58,13 21,30 17,76 1641
Sentencias 254 281 244 268 213 182
Homicidios 380 340 693 461 1000 1025
12
Yucatán 87,76 114,29 137,84 205,88 120,75 107,32 330
Sentencias 43 56 51 70 64 44
Homicidios 49 49 37 34 53 41
Zacatecas 104,00 80,00 56,49 35,66 17,93 10,99 82
Sentencias 78 80 74 51 52 51
Homicidios 75 100 131 143 290 464 Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de datos del INEGI: Bases de datos de Estadísticas Vitales y
Estadísticas Judiciales en Materia Penal.
A principios de la década de los 2000 se calculaba que en México “sólo 7 de cada 100 casos
concluye con la condena del responsable” (Zepeda Lecuona, 2002: 8). Sin embargo, esta
situación parece generalizarse en el resto de la región latinoamericana, ya que tal como
señala Briceño-León acerca de los sistemas judiciales penales, “apenas logran conocer una
parte pequeña de los delitos y castigar una ínfima porción de los mismos” (2008: 113).
Ahora bien, para conocer en qué medida la impunidad se encuentra relacionada con el
número de homicidios por Estado, se ha calculado un coeficiente de correlación
considerando por una parte el número de homicidios a 2012, y por otra parte el número de
individuos sentenciados por homicidio en el mismo año. El coeficiente arrojó un valor
positivo del 0,504; lo cual nos conduce a inferir que efectivamente existe una alta
correlación entre ambas variables. Sin embargo, cabría esperar que dicha correlación fuese
prácticamente total; es decir más cercana a 1.
Esto, debido a que cabría suponer que por cada homicidio hay por lo menos un individuo
sentenciado. Así, la diferencia entre las tendencias de ambas variables, o la distancia
observada representaría a grosso modo la impunidad existente a la hora de hacer efectivo el
castigo por homicidio.
Hasta aquí, es necesario hacer hincapié en el hecho de que en la realidad el número de
sentenciados por homicidio es todavía mayor que el número de procesados por el mismo
delito. Esto significa que, sólo una parte de los homicidios producen una sentencia y a su
vez, sólo una parte de las sentencias concluye en el procesamiento del acusado.
Pero, ¿por qué no concluyen las sentencias? La principal razón es porque las averiguaciones
previas no se llevan a cabo como debiesen, a veces se trata de expedientes que por
presentar algún error o falta de evidencia son simplemente archivados (Zepeda Lecuona,
2002: 181). Además de otras razones que ponen en tela de juicio el desempeño de las
instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad a los ciudadanos mexicanos.
13
Conclusiones
La violencia homicida en México ha ocupado un lugar protagónico en los últimos años, en
parte debido a las políticas empleadas en materia de seguridad como es el caso de la guerra
contra el narcotráfico. Sin embargo, el impacto desigual de este fenómeno entre las
distintas Entidades Federativas del país no puede ser explicado únicamente por el
desarrollo de este tipo de políticas públicas; esto debido a que no son sólo los Estados
fronterizos los que experimentaron un aumento más pronunciado en su tasa de homicidios,
como cabría esperar.
Podríamos decir de alguna manera que en este sentido no existe un patrón; es decir, los
Estados más violentos no son todos los que se encuentran en la frontera con Estados
Unidos, ni los más pobres; de ahí la necesidad de explicar dicho fenómeno a través de otras
variables, como en este caso la impunidad.
Además, es preciso señalar que el crimen organizado es también la punta del iceberg de un
problema mucho más grave y de tipo institucional; “el aumento de las actividades del
crimen organizado se da en un contexto en el que las condiciones sociales, económicas y
políticas lo permiten” (México Evalúa, 2012: 43).
Ahora bien, si a esto le sumamos un sistema de justicia corrupto en el que la impunidad
alcanza niveles altísimos, es difícil que la situación se revierta, al menos en los próximos
años.
La impunidad parece ser una constante en México, se trata de una variable que afecta
gravemente al sistema de seguridad y por ende a la confianza que los ciudadanos depositan
en el mismo. A pesar de que no es una variable que explica la totalidad de los homicidios,
es una cuestión que ha favorecido y perpetrado el fenómeno homicida.
En América Latina en general y en México en particular la impunidad juega un papel crucial
en el rendimiento de las instituciones de justicia. Tal parece que se trata de un problema
arraigado ya al sistema penal del país, y que pone de manifiesto la “escasa capacidad de
respuesta de nuestras instituciones frente al crimen y la limitada e insuficiente cobertura de
sus servicios” (Zepeda Lecuona, 2002: 178).
14
Como se ha visto a lo largo de este paper, es necesario trabajar en cuestiones como el
mejoramiento de la investigación criminal por parte de los cuerpos policíacos mexicanos, y
no precisamente en el endurecimiento de las normas.
El desempeño de las instituciones de justicia es en cierta medida deplorable; además existe
evidencia de irregularidades a lo largo de los procesos penales; se trata de cuestiones como
la falta de presencia de abogados durante las detenciones, o como señala Miguel Carbonell,
“se calcula que el 40% de las detenciones se realizan sin la orden de aprehensión que debe
emitir un juez” (2006: 117).
Sin embargo, quizá lo más preocupante es que las cárceles mexicanas están llenas de los
delincuentes que no precisamente han cometido los delitos más graves; es decir, “la justicia
penal castiga a los delincuentes novatos (…), el castigo de los delitos de “cuello blanco” es
un caso verdaderamente excepcional” (Carbonell, 2006: 118).
Pero, lo mismo sucede con otro tipo de delincuentes, tal parece que aquellos individuos
que representan una verdadera amenaza para la sociedad no son la prioridad para la policía
mexicana. Situación que desde luego incentiva la comisión de delitos.
La violencia homicida sigue siendo un tema difícil a estudiar debido a que las causas que la
provocan no son del todo claras en todos los casos. Así, aunque es posible determinar en
qué medida algunas variables inciden en dicho fenómeno; sin embargo, todavía queda un
largo camino por recorrer.
La violencia es además un fenómeno que suele concentrarse en sólo algunos puntos, de ahí
la importancia de estudiar las partes de un territorio y no el mismo como una totalidad.
Finalmente, es preciso reformar las instancias encargadas de la procuración de justicia en el
país, pero también es necesario comprometer de verdad a los individuos que en ellas
laboran. Todavía queda mucho para que México se convierta en un país transparente en el
que las leyes se cumplan al pie de la letra.
15
Bibliografía
Banco de Información del INEGI. Consulta on-line a través de la página
www.inegi.com.mx
Briceño-León, Roberto. La Violencia Homicida en América Latina. América Latina
Hoy, 2008, 50: 103-116.
Carbonell, Miguel. “Cuando la Impunidad es la Regla. Justicia Penal y Derechos
Fundamentales en México”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 2006, 39, nº 116: 351-
369.
Azaola, Elena; Bergman, Marcelo (Directores). Delincuencia, Marginalidad y Desempeño
Institucional. Resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el Distrito Federal y el
Estado de México. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 2009.
Hernández Tosca. “Des-cubriendo la Violencia”. Briceño-León, Roberto (Comp).
Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 2002.
Jennings, Wesley G.; Piquero, Alex R.; Reingle, Jennifer M. “On the Overlap
between Victimization and Offending”. Agression and Violent Behavior. 2012, 17: 16-26.
México Evalúa. Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio. México D.F.:
México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C. 2012.
Organización Mundial de la Salud. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud:
Resumen. Washington D.C.: OMS. 2002.
United Nations. 2011: Global Study on Homicide. Trends, Contexts, Data. Vienna:
United Nations Office on Drugs and Crime. 2011
Zepeda Lecuona, Guillermo. “Entre la Delincuencia y la Impunidad: El
Desempeño de las Instituciones de Procuración de Justicia Penal de México frente a los
Desafíos de la Seguridad Ciudadana”. Revista del Instituto Jaliciense de Investigaciones Jurídicas.
2002, nº 2: 171-191.
16
Anexo
1. Gráficos de dispersión en la que se muestra la evolución de las tasas de homicidio
por Entidad Federativa en el período 2007-2012. Estos gráficos muestran la línea
de tendencia en la que se ha basado la tipología por niveles de violencia homicida
que se propone en este trabajo.
4 5
6 6 7
4
0
2
4
6
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aguascalientes
12
33
48 47
25 18
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Baja California
6 6 5
8
6 5
0
2
4
6
8
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Baja California Sur
6 7 7
6 6
9
0
2
4
6
8
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Campeche
4 7 10 16
26
41
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Coahuila de Zaragoza
7 9 9
20 24
39
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Colima
17
2
6
11
4 4
8
0
5
10
15
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiapas
15
76 105
182
126
77
0
50
100
150
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chihuahua
9 10
11 12 12 12
0
5
10
15
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Distrito Federal
11
26
61 66 63
48
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Durango
4 5
9 8
11 12
0
2
4
6
8
10
12
14
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guanajuato
23 30
54 45
70 77
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guerrero
3 3
6
4
8
6
0
2
4
6
8
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hidalgo
6 8 9
14
20 20
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jalisco
18
8 10
12 14
17 18
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
México
13 15
21
16 19 18
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Michoacán de Ocampo
7 12
15
27 25
36
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Morelos
10 15 18
49 52
24
0
10
20
30
40
50
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nayarit
6 5 7
20
45
38
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nuevo León
15 16 16
19 17
18
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Oaxaca
5 6 6 6
7 8
0
2
4
6
8
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Puebla
3
4
5
4
6 6
0
1
2
3
4
5
6
7
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Querétaro
19
10 11 11 11
12 11
0
2
4
6
8
10
12
14
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quintana Roo
6 8 8
14 14
17
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
San Luis Potosí
14
30
51
85
69
48
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sinaloa
12
17
21
27
20 19
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sonora
6 8 10
28 32
46
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tamaulipas
7 7 8
9 10
8
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tabasco
20
3
5
7
5
7
6
0
2
4
6
8
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tlaxcala
5 4
9
6
13 13
0
5
10
15
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Veracruz de Ignacio de la Llave
3 3
2 2
3
2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yucatán
5 7
9 9
19
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Zacatecas
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