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Historias que vienen
Revista de
Estudiantes de Historia
Historias que vienen. Revista de Estudiantes de Historia UDP
#5 : octubre 2014
Escuela de Historia – Centro de Estudiantes de Historia Universidad Diego Portales
Historias que vienen: Revista de Estudiantes de Historia (5: 2014)
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Prontos a celebrar la sexta versión de la Jornada de Estudiantes de Historia organizada por la Escuela de Historia y el Centro de Estudiantes de Historia de la Universidad Diego Portales,
presentamos Historias que Vienen. Es este su primer número, aunque es también la quinta
edición. Desde 2010, una selección de las ponencias presentadas por las y los estudiantes en la Jornada fueron publicadas en la página web de la Escuela bajo el nombre de Revista Historia y
Patrimonio. Considerando las actualizaciones y cambios de línea historiográfica experimentados en los últimos años, académicos y estudiantes decidimos modificar también el nombre de la
publicación electrónica, pues resultaba tan estrecho como impreciso, e iniciar un proceso de
transformación de la edición, formato y selección. En este quinto primer número de la revista de estudiantes de Historia de la UDP, saludamos el esfuerzo de las y los organizadores, participantes,
ponencistas y comentaristas que año a año han dado forma a las jornadas. Asimismo, agradecemos a los autores y autoras de las investigaciones publicadas y por publicar. Los llamados a presentación de trabajos y normas editoriales serán publicados periódicamente.
Todo comentario o consulta es bienvenido HistoriasqueVienen@gmail.com
[www.udp.cl/facultades_carreras/ciencias_sociales-historia/esc_historia_revista.asp]
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Índice.
Joaquín Montalva. Disonancias en la política: la revista Marsyas como articuladora de litigios culturales en la
esfera pública chilena (1927-1928), pp. 4-33.
Alfonso Salgado. La familia de Ramona Parra en la Plaza Bulnes: una aproximación de género a la
militancia política, la protesta social y la violencia estatal en el Chile del siglo XX, pp. 34-57.
Roberto Lazcano. Los militares, la Dictadura y el fútbol
profesional: el complejo control del deporte más popular (Chile, 1975-1981), pp. 59-78.
Rodrigo Ulloa. Del final de la dictadura al final de la
CEPI: El colonialismo de Estado dentro de la construcción de la ley indígena (1989-1993), pp.78-101.
Felipe Seguel. La misión inconclusa: el Ejército de Chile, bajo la Comandancia en Jefe del general Ricardo Izurieta y la sombra del dictador (1998-2002), pp.102-
125.
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Disonancias en la política: la revista Marsyas como
articuladora de litigios culturales en la esfera pública chilena (1927-1928).
Joaquín Montalva Armanet1
Disonancias en la política.
“Se ha podido observar el interesante
fenómeno de que en ninguna esfera de la actividad de este país se producen mayores disonancias que en el pequeño mundo de la armonía, o sea entre las personas que por una u otra razón se ocupan de música” Carlos Silva Vildósola 1927.2
Entre 1920 y 1932 la política chilena experimentó grandes conflictos y cambios que
derivaron en lo que se denomina el fin del periodo parlamentarista y el inicio de nuevas formas de hacer política, más dinámicas pero al mismo tiempo más
personalistas y autoritarias, forjadas al alero de figuras fuertes, como Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo. Uno de los factores principales de este giro
político-social fue la emergencia de una clase media ilustrada formada al alero del Estado, que ingresó a la
esfera pública con nuevos litigios y exigencias inéditas para el sistema político/social.3 Dicho sector no solo manifestó sus ideas en los espacios clásicos de la
política monopolizados por la elite,4 en su mayoría bajo el control de la oligarquía, sino que diversificó las
formas de expresión, politizando y profesionalizando
1 Bachiller en Ciencias Sociales, Diplomado en Filosofía y
Pensamiento Contemporáneo y Licenciado en Historia de la
Universidad Diego Portales, Estudiante del Magister en Filosofía y Pensamiento Contemporáneo (IDH -UDP). 2 SILVA, Carlos. La Polémica musical. El Mercurio, 12 de mayo de
1927, p. 3. 3 CORREA, Sofía et.al. Historia del siglo XX chileno:
Sudamericana, 2001., p. 31. 4 FERNÁNDEZ, Enrique. Estado y Sociedad en Chile 1891-1931: El
Estado Excluyente, la lógica estatal oligárquica y la formación de la sociedad. Santiago: LOM, 2003., p. 35.
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diversas disciplinas en donde la tradición y el poder de la elite se vieron opacados.
Bajo esta lógica, Cristián Gazmuri ha argumentado que a principios del siglo XX diversas figuras de la intelectualidad del país, desde diferentes
sectores políticos y sociales, denunciaron la existencia de una crisis latente.5 Durante los primeros años del siglo fueron pocas las figuras que optaron por
denunciar la existencia de una crisis, principalmente si se considera que en aquel periodo el país vivía una
gran “estabilidad”, y por esto dichos discursos sólo fueron adoptados por la mayoría de la población cuando el sistema político colapsó a mediados de la
década del 20. Pero lo que llama la atención de los pronósticos de ese puñado de intelectuales, es que se trató de
“figuras desperdigadas por todo el abanico ideológico y en que la crítica misma no era (salvo excepciones) fruto de un compromiso político o doctrinario claro, sino, principalmente, el resultado de una actitud emotiva de los autores frente a su observación de la realidad chilena.”6
A pesar de la diversidad de diagnósticos y
perspectivas que diferencian a dichas figuras, según argumenta el mismo Gazmuri en otro trabajo, “Los une
el dolor, la percepción emotiva de la enfermedad social que aqueja a la patria, el sentimiento de impotencia frente a un momento histórico negativo; pero ningún
elemento objetivo común”7. Por otra parte, Mario Góngora, al estudiar los medios de difusión de la FECH
y su desarrollo durante la década del 20, analiza el proceso mediante el cual los sectores estudiantiles ingresaron como actores políticos a la esfera pública,
quienes en conjunto a los intelectuales de la época, forjaron y difundieron una postura crítica a la sociedad en su conjunto. Es más, “…la generación del 20 ha
conformado el tipo chileno del “intelectual de
5 GAZMURI, Cristian. El Chile del centenario los ensayistas de la crisis. Santiago: P. Universidad Católica, 2001., p. 17.
6 Ibídem. 7 GAZMURI, Cristian. Testimonios de una crisis Chile: 1900-1925.
Santiago: Universitaria, 1980, p.12.
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6
izquierda”, pero de una izquierda no oficial, sino permanentemente en crítica del orden social
existente.”8 En el ámbito artístico, se ha estudiado de forma bastante acabada cómo los sectores intelectuales se
apropiaron de las vanguardias europeas y las reconfiguraron para constituir una opción autónoma tanto cultural como política en el Chile de principios
del siglo XX. Un trabajo muy completo en esta materia ha sido el desarrollo por Bernardo Subercaseaux.9 En
dicho periodo, el grupo Los Diez fundado por los escritores Pedro Prado y Augusto D´Halmar, se ha constituido en el ejemplo más característico en esta
tendencia, pero no en el único. La influencia de la publicación de Altazor de Vicente Huidobro, el
costumbrismo de la denominada Generación del 13 y las primeras publicaciones de un joven Pablo de Rokha en la revista Claridad, son todos casos ejemplares de
un fenómeno muy estudiado y conocido dentro de la historiografía y la crítica literaria, siempre entendidas
como opciones estéticas que escapan del ámbito netamente artístico para establecerse en el quehacer político.
En este escenario cultural se enmarca el nacimiento y desarrollo de la Sociedad Bach de Chile,
quienes llevaron a la esfera musical las pretensiones político/artísticas del grupo de Los Diez,10 convirtiéndose en los intermediadores entre la
disciplina musical y las perspectivas político/sociales del periodo. Paradójicamente, a pesar de que el ámbito
musical era considerado como una disciplina menor (principalmente técnica) al lado de la literatura, el teatro y la pintura, fueron los integrantes de la
Sociedad Bach quienes más influyeron en el quehacer político, logrando la promulgación de dos decretos ley que re-formularon el paradigma en que se forjaba la
enseñanza artística en Chile, interviniendo incluso en
8 GÓNGORA, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago: Universitaria, 1990., p. 158.
9 SUBERCASEAUX, Bernardo. Genealogía de la Vanguardia en Chile. Santiago: LOM, 1998.
10 SANTA CRUZ, Domingo. Mi vida en la música: contribución al
estudio de la vida musical chilena durante el siglo XX. Santiago:
Ediciones PUC, 2007. p. 59.
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la creación de la Facultad de Bellas Artes a principios de la década del 30. Por ende, la importancia de esta
institución no se limita únicamente a su influencia al interior de la esfera musical, sino que debe ser comprendida como un actor activo y dinámico en los
cambios sociales por los que abogaron intelectuales y artistas de diversas disciplinas.
Un argumento para el estudio socio/político de la música en Chile.
El ámbito artístico y su producción en el Chile de
principios de siglo XX ha sido analizado por la historiografía como un mero “agregado cultural”, en
donde el trabajo de artistas chilenos de diferentes disciplinas como Pedro Prado, Vicente Huidobro, Julio Ortiz de Zárate y Pedro Humberto Allende, suele ser
estudiado como una manifestación de las tendencias y los gustos de la época11. Bajo dicha óptica, la agencia de los artistas en la esfera pública queda relegada a
constituirse como simples creadores de obras que registran o representan los sentires de su contexto,
separando irreconciliablemente la esfera de la política tradicional de todo tipo de manifestaciones de carácter subjetivo.12 En contraste a dicha tendencia, en el
presente trabajo se considerará que dicha dicotomía es un artificio creado por la subdivisión de las disciplinas
académicas, propiciado en un principio por el desarrollo de análisis positivistas, materialistas o estructuralistas, que en función de la elaboración de
11 Esto se ve reflejado en los manuales de Historia de Chile provenientes de diversas corrientes historiográficas, cuyos trabajos
se caracterizan por destinar capítulos específicos para el ámbito
artístico como forma de complementar la comprensión del
ambiente cultural de la época sin relacionarlo con el ámbito social
o político. Ejemplos de este fenómeno son los trabajos de: VIAL, Gonzalo. Historia de Chile 1891-1973: la sociedad chilena en el cambio de siglo 1891-1920. Santiago: Santillana del Pacífico ,1987.
DE RAMON, Armando. Historia de Chile: desde la invasión incaica hasta nuestros días. Chile: Catalonia, 2004. AYLWIN, Mariana.
Chile en el siglo XX. Santiago: Planeta, 1994. 12 Entendida como el ámbito institucional bajo el cual se desarrolla
la acción partidista y electoral, sin considerar las manifestaciones
que se alejan de los circuitos oficiales de expresión y manifestación.
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sistemas “racionales” de explicación han relegado la producción artística a constituirse como una
manifestación ajena al desarrollo de la política. En otras palabras, nuestra pretensión de analizar la obra de difusión elaborada por la Sociedad Bach, parte
desde un enfoque cultural, en cuanto se entrega un especial énfasis a las prácticas sociales y los significados que emanan de sus acciones. Es más,
siguiendo al historiador Elias Palti, nuestra pretensión deriva “de un intento de historización de las ideas, del
afán de arrancar de su abstracción las categorías genéricas en que la disciplina se funda, para situarlas en su contexto particular de enunciación.”13
Basándonos en dicha premisa, se argumenta que la obra de arte y las diversas formas de crítica y difusión presentes en el Campo Cultural (revistas y
conferencias) no son separables de su contexto de producción y recepción, sino que, como argumenta
Pierre Bourdieu, su definición está socialmente instituida. En otras palabras:
“El producto del valor de la obra de arte no es el artista, sino el campo de producción como universo de creencias que produce el valor de la obra de arte como fetiche al producir la creencia en el poder creador del artista.”14
Pero incluso el valor de la obra como
manifestación socialmente significada no es la única relación que se establece entre la manifestación
artística y la sociedad. Según el autor ya mencionado, la producción artística se desarrolla en lo que él denomina campo cultural, el cual constantemente es
definido y redefinido por los agentes que lo sustentan; por ende, es un espacio donde “cada cual trata de
imponer los límites del campo más propicio a sus intereses, es decir, la definición de las condiciones de la auténtica pertenencia al campo.”15 Bajo dicha lógica, el
campo cultural es transgredido por luchas de definición del lugar, lo que implica, no una disputa que compete
13 PALTI, Elías. El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado.
Buenos Aires: Siglo XXI. p. 25. 14 Óp. cit. BOURDIEU. 15 Ibid., p 331.
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únicamente a los productores culturales, sino que también al resto de la sociedad como público y a las
diferentes instituciones como agentes. En este punto, el concepto ya referido de campo cultural de Bourdieu permite la compresión de lo que
Jácques Ranciere denomina reparto de lo sensible16. Concepto de gran utilidad para el presente trabajo en
cuanto propone que la relación entre la producción artística y la sociedad no es unilateral, debido a que se encuentra significada por los patrones sociales pero, al
mismo tiempo, dicha esfera es capaz de modificar patrones y categorías de sociabilidad.17
Siguiendo estas conceptualizaciones, todavía persiste un punto por resolver dado que no queda claro lo que podría diferenciar al arte como productor de
significados y otras manifestaciones que producen enunciados, como la ciencia o la política, entre otros.
Este punto es tratado por Friedrich Nietzsche en Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, en donde el
filósofo responde a dicho problema al considerar la facultad intuitiva del arte como una herramienta que permite desgarrar al lenguaje sin necesidad de seguir
una argumentación lógica.18 Debido a esto, el arte emerge como “uno de esos lugares inciertos del espacio social que ofrecen puestos mal definidos, más por
hacer que ya hechos y, en esta misma medida, extremadamente elásticos y poco exigentes…”19,
constituyéndose como un lugar de constante disputa y crítica. En este sentido, el arte se establece socialmente como el lugar privilegiado para manifestar la
subjetividad, y se convierte también en un canal de manifestación política basado en la sensibilidad gracias a que entrega un mayor grado de libertad al no tener
que atenerse a la argumentación lógica. Es decir, 16 Definido por el autor como: “El reparto de lo sensible hace ver
quién puede tener parte en lo común en función de lo que hace,
del tiempo y el espacio en los cuales esta actividad ejerce (…) y como el sistema de formas a priori que determina lo que se da a
sentir”. Óp, cit. RANCIÈRE., Pp. 9-10. 17 Ibíd. p., 10-11. 18 NIETZCHE, Friedrich. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en
nietzsche.com.ar/textos/sobre_verdad_y_mentira_en_sentido_extr
amoral.htm p.12. 19 Ibídem.
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influye en el desarrollo de la esfera pública sin la necesidad de constituirse como una forma de expresión
“racionalmente” establecida
El ambiente musical chileno previo a la década del 20.
Previo a la irrupción de perspectivas críticas y
renovadoras que se desplegaron en el área de la interpretación y composición musical desde la mitad de
la década de 1920, la ópera se constituyó como el máximo ejemplo de actividad social en torno a la música, prestigio que mantuvo entre las décadas 1840
y 1920.20 Dicho género se vio estimulado por la creación del Teatro Municipal de Santiago en 1857 y el periodo de auge del Conservatorio Nacional en 186321.
Existe un amplio consenso dentro de los estudios sobre la música en Chile con respecto a la hegemonía estética
que gozaba dicho género. Como ejemplos se pueden citar al estudio de Jorge Urrutia Blondel, quien argumentó que “La ópera se constituyó en
representante de toda la música, como la única manifestación de ésta, “totalitariamente” dominando en
el ambiente y formando conciencia y gusto”22. Otro caso es el de Eugenio Pereira Salas quien llegó a aseverar que “La ópera personifica a este periodo”23.
Por último, se puede mencionar el caso de Vicente Salas Viu, quien expresó que:
“Como resumen de cuanto en el país se ha hecho en los dominios de la música en el siglo precedente, al abrirse el nuestro sólo dos
instituciones tienen definitivo arraigo: la ópera italiana, cuyas representaciones por las Fiestas Patrias alcanzan el carácter de costumbre nacional, y un conservatorio que en cierto modo ha llegado a ser la antesala de esta ópera.”24
20 Óp., cit. GONZÁLEZ, Juan Pablo y ROLLE, Claudio., p. 30. 21 Óp., cit. GUARDA, Ernesto y IZQUIERDO, p. 44. 22 ÓP., cit. CLARO, Samuel y URRUTIA, p. 87. 23 PEREIRA, Eugenio. Historia de la música en Chile 1850 – 1900.
Santiago: Universidad de Chile, 1957, p. 335. 24 SALAS, Vicente. La creación musical en Chile: 1900-1951.
Santiago: Universidad de Chile, 1951, p. 20.
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Por ende, desde la mitad del siglo XIX y principios
del siglo XX se debe comprender que en el perfeccionamiento de la interpretación musical en Chile, la ópera italiana constituyó un canon estético
que se manifestó en la temporada lírica que cada año llenó las salas del Teatro Municipal en los meses de
Agosto y Septiembre. Dicho género se vio legitimado, desde el plano teórico, por la formación que recibían los músicos al interior de las aulas del Conservatorio
Nacional, institución que restaba “fuerzas para montar repertorio sinfónico y desarrollar un público para la
música antigua y moderna,”25 forjado principalmente por el repertorio de la tradición francesa y germana, que constituían los ejes fundamentales de las
tendencias musicales que se estaban desarrollando en el resto del mundo. Un caso emblemático que da cuenta de la fuerte influencia que ejercía el arte lírico
en Chile fue la reconstrucción del Teatro Municipal en 1873, luego del incendio de 1870, en donde “se amplió
considerablemente el foso de orquesta, centrándose cada vez más en el repertorio de la ópera italiana”26 y junto a esto, no es de extrañar que los directores de La
Orquesta del Teatro Municipal de Santiago más influyentes a principios del siglo XX fueran de origen
Italiano, como son el caso de Alfredo Padovani y Giacomo Armani (ambos egresados del Conservatorio). También es importante recalcar que los principales
profesores del Conservatorio Nacional, incluso los que no tenían origen italiano, optaron por perfeccionarse en Roma o Milán, como es el caso de Enrique Soro
Barriga, quien fue Director del conservatorio entre 1919 y 1928.27
De esta forma, la música italiana del siglo XIX se institucionalizó en Chile, convirtiéndose en la tradición musical por excelencia, al punto de forjar pautas de
sociabilización, que dejaron una fuerte impronta en las prácticas de distinción social. Con respecto a este
tema, Joaquín Edwards Bello escribió que “La historia
25 GONZÁLEZ, Juan Pablo. Música: de la partitura al disco. En:
GAZMURI, Cristián (ed.). 100 años de cultura chilena 1905-2005.
Santiago: Zig-Zag, 2006, p. 203. 26 Ibíd., p. 58. 27 Ibíd., p. 78.
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de un teatro de la ópera es como la historia de una sociedad. Estos teatros, con sus diversos pisos, señalan
diversas categorías humanas en la noche de la función”28. Es decir, asistir a las temporadas líricas del Teatro Municipal constituía una importante instancia
de distinción social que se manifestaba físicamente en la disposición espacial de los concurrentes en función de su “clase social”. Eventos en donde se hacía
prácticamente imposible ingresar al Hall del Tempo del Bel Canto sin un impecable smoking, a diferencia de la
platea que no se veía afectada por los altos precios de los palcos y las rigurosas convenciones sociales. Esto
derivo en que:
“El Balcón se convirtiera en el sólido asiento de la clase media naciente, entreviendo en sus alas extremas por algunos palcos de luto, en que ocultos a la manera oriental disfrutaban la ópera de los dolientes del interminable duelo de antaño.”29
Bajo estas dinámicas de diferenciación se establecieron prácticas de carácter “elitista” que
escapaban a la producción artística, pero que, paradójicamente, se desarrollaban como
manifestaciones propias de las mismas funciones. A pesar de que la asistencia a este tipo de eventos era considerada como una instancia obligatoria de
refinamiento cívico,30 la música era relegada a una segunda categoría, como una especie de excusa para el
desarrollo de los rituales sociales, es decir:
“Cuando la oligarquía asiste a las funciones del Teatro Municipal no lo hace por la satisfacción estética o intelectual que podría brindarle la calidad de espectáculo, sino porque dicho local está consignado como lugar de moda. No importa la calidad de la obra, la virtuosidad de los intérpretes, la categoría de la orquesta. No cuentan el valor de la representación en sí ni los
28 EDWARDS, Joaquín. Crónicas del centenario. Santiago: Zig-Zag,
1968, p. 107. 29 Op.cit. PEREIRA, p. 336. 30 Ibíd., p. 355.
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gustos del espectador (...) Para la oligarquía concurrir allí no es más que un alarde de elegancia.”31
Como expresan Luis Barros y Ximena Vergara, la interpretación musical quedaba relegada a una especie
de “adorno” en un universo de prácticas de distinción social, que se desarrollaba gracias a las disposiciones de visibilidad que entregaba la misma estructura del
teatro. Un testimonio muy ilustrativo frente a esta situación lo presenta una vez más Joaquín Edwards
Bello, quien escribió que:
“A veces, a los palcos cuevas, la gente iba de preferencia para mostrar y para compararse. Se conocía el estado monetario y físico de las familias por la laya del palco que ocupaban y por las joyas o vestidos que lucían.”32
Otra función social que se desplegaba al interior de las presentaciones del Municipal, relegando la
música a un segundo plano, fue el desarrollo de lo que Manuel Vicuña denomina como el “Mercado
Matrimonial”33, forjado por las distintas instancias en donde las jóvenes de la aristocracia tenían la oportunidad de salir del ámbito de lo privado, para
ingresar al circuito de interacción social con los jóvenes del sexo opuesto. En dicha esfera, las obras del Municipal forjaban una oportunidad clave para hacer
ingresar a las solteras en dicho “Mercado Matrimonial”, que según argumenta el autor, permitía exponerlas
debidamente ante los solteros sentados en la platea, lo común era acomodarlas en la primera fila de los palcos.”34 Cabe destacar que hasta 1910 las luces
permanecían encendidas durante las funciones del Municipal35; de esta forma se establecía una mejor
31 BARROS, Luis y VERGARA, Ximena. El modo de ser aristocrático: el caso de la oligarquía chilena hacia 1900. Santiago:
Ariadna Eds., 2007, p. 50. 32 Op., cit. EDWARDS, p. 108 33 VICUÑA, Manuel. La belle époque chilena: alta sociedad y mujeres de elite en el cambio de siglo. Santiago, Chile:
Sudamericana, 2001, p. 56. 34 Ibíd., p. 62. 35 Op., cit. GONZÁLEZ, p. 210.
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visibilidad que legitimaba el desarrollo de ciertas pautas de sociabilidad que se incorporaban al
espectáculo, si es que no se convertían en el “espectáculo principal”. A pesar de esto, no se debe desmerecer la influencia que ejerció la ópera italiana en
el imaginario colectivo. Como también argumenta Manuel Vicuña, la ópera influyó fuertemente en las nociones de amor y relación conyugal, dado que se
articuló como: “Un vehículo de difusión, sobre todo entre las mujeres, de una sensibilidad romántica, en el
advenimiento de mayores expectativas frente a las relaciones afectivas entre hombres y mujeres”36.
Cabe destacar que la ópera italiana se
caracterizaba por la producción de obras “veristas”37, es decir, que se basaban en situaciones e historias cotidianas de amor y desamor. En este sentido como
argumentan Donald Grout y Claude Palisca, “La ópera verista es la abuela inocente del melodrama televisivo y
cinematográfico”38. En función de lo anteriormente expuesto, la
ópera italiana se desarrolló al alero de pautas de
sociabilidad de carácter aristocratizante que dejaron un limitado espacio para el propicio desenvolvimiento del
arte musical. De esta forma, y debido a la casi inexistencia de un repertorio nacional, la música italiana del siglo XIX se constituyó en el ejemplo de
música de la época. Esto derivó en la constitución de un patrón estético que impidió que la producción e interpretación musical chilena se viera influenciada por
el romanticismo alemán y francés39, lo que produjo que dichas tendencias se popularizaron de forma más
tardía. La ópera italiana mantuvo su hegemonía hasta principios de la década de 1920, coincidiendo con la
irrupción de nuevos sectores ilustrados a la esfera pública y la crisis política que pondrá fin al régimen
parlamentarista. En este periodo se diversificaron los medios de difusión masiva, los cuales -como
36 Op., cit. VICUÑA, P. 58. 37 Tendencia musical italiana de la segunda mitad del siglo XIX,
que centraba sus temáticas en situaciones cotidianas. 38 GROUT, Donald y PALISCA, Claude. Historia de la música
occidental, Vol. II. Madrid: Alianza, 1999, p., 799. 39 Ibíd., p. 734.
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argumentan Ossandón y Santa Cruz- permitieron cotidianizar la modernidad, y se comenzaron a perfilar
nuevos espacios de discusión que permitieron la emergencia de voces disidentes frente a la hegemonía de la ópera en Chile.
Un malestar en la cultura: emergencia de los sectores medios en la esfera pública.
Bernardo Subercaseaux argumenta que en “Los
entretelones de la celebración se advierten incluso en el propio ámbito de gobierno, pero también en un abanico de posturas intelectuales y políticas, actitudes que
desde distintos ángulos o corrientes de pensamiento perfilan un país que difiere del que se proclama”40.
Principalmente en las fechas cercanas a la celebración del centenario emergió una multiplicidad de voces que manifestaron desde varios canales y estilos (política,
pintura, literatura, historiografía y música) sus diagnósticos, con la utilización de un cargado lenguaje emotivo, en donde las alusiones a una crisis de
carácter moral o espiritual fueron transversales a todo el universo político y social.
Dicha crisis se ha estudiado como un proceso de ruptura de un orden pre-existente, en donde la concepción de una supuesta unidad nacional41, u
orden social más o menos establecido se “había roto”. En términos prácticos, “La mayoría de los autores
están de acuerdo en que las virtudes de la vieja oligarquía chilena, si es que alguna vez las tuvo, habían terminado por eclipsarse ya a finales del siglo XIX”42.
Actualmente dicho enfoque ha sido puesto en duda por Enrique Fernández, quien argumenta que reconocer la idea del quiebre de un orden implica suponer que entre
“la sociedad” y los “rotos” hubo consensos doctrinarios políticos y sociales, lo cual, en un sistema de sostenida
exclusión social se ha constituido como una mera ilusión. Por ende, como argumenta el autor, “No hubo “crisis de legitimidad” exactamente por la misma razón
40 Óp., cit. SUBERCASEAUX, Bernardo. 2004., p. 43. 41 Óp., cit. VIAL. 42 Óp, cit. DE RAMON, p. 109.
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que no hubo consensos ni ruptura de éstos.”43 Por el contrario, lo que se conoce como “el quiebre de la
legitimidad”, fue simplemente
“que diversos sectores de la población, a partir de sus propias dinámicas, comenzaron a alterar significativamente la realidad que las oligarquías habían creado y querían mantener. Eran los “rotos” que desde mediados del siglo XIX se hacían cada vez más abundantes y visibles en
las ciudades, y que con su creciente actividad organizativa empezaron a invadir y desbordar, no solo los espacios exclusivos de las oligarquías, sino también la institucionalidad del Estado Excluyente.”44
Con respecto a lo que concierne al presente
trabajo son los denominados “sectores medios”, los que pusieron en jaque el status quo que derivaba del
tradicionalismo en que la aristocracia mantenía el desarrollo artístico, caso que es especialmente fuerte en la disciplina musical. Pero frente a este concepto
demasiado amplio, que muchas veces es copado de significado por oposición a los conceptos de “elite” y de “sectores populares”. De esta difusa categorización,
como han argumentado Julio Pinto y Gabriel Salazar, ha derivado la homogenización conceptual de diversos
estratos que no cuentan con la existencia de un proyecto común, lo cual los hace más difícil de teorizar45. Por esta razón, los autores establecen varias
subdivisiones para poder analizar de forma más rigurosa la multiplicidad de grupos sociales que convergen en el concepto de “grupos medios”. De
dichas definiciones, abordaremos sólo la que concierne a la emergencia de una clase media forjada por el
sistema educacional estatal denominada por los autores como “Los grupos Profesionales”, que se caracterizaban por estar constituidos por:
“Los intelectuales y profesionales sin fortuna heredada, que ascienden socialmente por su
43 ÓP., Cit. FERNÁNDEZ, p. 99. 44 Ibíd., p. 103. 45 SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio. Historia contemporánea de Chile: Volumen II. Santiago: LOM, 1999-2004, p. 68.
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esfuerzo en el campo de las artes, la universidad, la política y su desempeño en la empresa privada. Estas “tribus” suelen ser estatistas, laicas y proeducacionistas. Cerrados los caminos del empresariado medio, su opción es la educación como principal fuente de sobrevivencia y ascenso social. La universidad –especialmente la Universidad de Chile- es su gran institución.”46
Dicho grupo a través de la “esperanza
mesocrática”, puso en jaque el valor intelectual de la elite -convertida en una clase ociosa47- en las más variadas disciplinas. De esta forma lucharon para
perder el estigma de “siúticos” y “rotos acaballerados” con que los había recubierto la oligarquía decimonónica. Es decir, “dejaron de ser
“insignificantes”. Se convirtieron en la clase culta, de profesionales e intelectuales, que daría forma a la
“esperanza mesocrática.”48 A pesar de esto, cabe mencionar que al no forjarse un proyecto propio de dichos estratos, “los grupos medios se habrían abocado
a solucionar los problemas acumulados por decenios de gobierno oligárquico, como nueva clase redentora”49.
Por lo cual, no es extraño que varios intelectuales y artistas provenientes de la elite, como el caso paradigmático de Vicente Huidobro o del mismo
Domingo Santa Cruz, adoptaran el espíritu de cambio y los valores mesocráticos, y en conjunto con los sectores medios formaran parte del proceso de renovación
artística. A pesar de este intercambio, fue la emergencia de
nuevos actores la que produjo el ingreso a la esfera pública de litigios inéditos. Esto derivó en el desarrollo de nuevos diagnósticos del estado nacional, y fue el
campo cultural, uno de los ámbitos en donde más fuerte se sintió la emergencia de los sectores medios. Es más, como argumentan José Joaquín Brunner y
46 Ibíd., p. 82. 47 En cuanto, “Su retrato corresponde al de una clase que vive una situación perfectamente dicotómica; se agota en llenar su ocio,
entreteniéndose a sí misma, y descansa para recuperar su
capacidad de consumir para entretenerse” Óp., cit. BARROS, Luis
y VERGARA, Ximena, p 34. 48 Óp., cit. SALAZAR, Gabriel y PINTO, Julio, p. 66. 49 Ibíd., p. 68.
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Gonzalo Catalán, “por ese entonces, los intelectuales y artistas de clase media y de provincia comenzaron a
predominar en el campo de las artes y la literatura, socavando así las bases de la supremacía cultural de la oligarquía, incuestionable hasta ese momento.”50
Son diversos los factores que permitieron el ingreso de estos nuevos actores a la esfera pública y la pérdida de hegemonía intelectual de la elite, pero es
innegable que el fenómeno produjo cambios tanto a nivel de la política institucional, de las condiciones de
vida a nivel material y de subjetividades compartidas. En este último ámbito, se manifestó la re-articulación de una retórica política de carácter cada vez más
pasional que alude a un imaginario nacional de carácter espiritual, similar al marco en el cual se expresaban el mundo político previo a la hegemonía de
la retórica positivista, en donde las categorías de “alma”, “nación”, “unidad” y “espíritu” se convirtieron
en moneda común al momento de articular discursos sobre la situación del país y que fueron fuertemente desarrollados en el ámbito político, académico y
educacional, es más frente a un sistema político que parecía cada vez más estéril:
El espíritu se convirtió en la preocupación predominante de los filósofos de este período. Los intelectuales lucharon por realzar el estudio de la espiritualidad, pero la realidad de la época los obligaron a prestar mayor atención a la política. Y lo hicieron al elaborar conceptos de espíritu que eran, lógicamente, contrarios a la política.51
De esta forma, el lenguaje político del periodo mutó a la articulación de discursos de carácter más
emotivos y metafísicos, por sobre las clásicas temáticas institucionales del sistema partidista.
La revista Marsyas: creación de un ethos musical y
radicalización de la labor crítica
50 BRUNNER, José Joaquín y CATALÁN, Gonzalo. Cinco estudios sobre cultura y sociedad. Santiago: FLACSO, 1985, pp. 13-36. 51 JAKSÍC, Iván. Rebeldes académicos: La filosofía chilena desde la
independencia hasta 1989. Santiago: UDP, 2013, p. 174.
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La Sociedad Bach decidió crear la revista 1927 con la pretensión, según sus fundadores, de suplir el rol
social que el Conservatorio de Nacional y el Teatro Municipal habían malogrado, al mermar el desarrollo de un ambiente musical libre y moderno. Cada número
de la revista contiene entre 35 y 40 páginas, de las cuales la mayoría fueron destinadas a la publicación de
pequeños ensayos de diversos tópicos, principalmente biografías de artistas, temáticas estéticas, crítica a la música litúrgica, al Conservatorio, sus tendencias
pedagógicas y ensayos donde se trata la relación entre el arte y la sociedad. El resto de la revista contiene una estructura más rígida, formada por secciones con áreas
específicas: la primera se titulaba “Los Libros”. En ella se analizaba un libro distinto cada mes. Luego estaba
la sección denominada “Crónica Musical”, en el cual se hablaba de las presentaciones musicales de cada mes. La tercera se denominó “Crónica en el Extranjero”,
donde se publicaron noticias de varios países gracias a la ayuda de revistas internacionales; y por último,
desde el número cuatro se comenzó a integrar un suplemento musical en el cual se difundieron partituras de diversas composiciones que hacían
alusión a algún artículo de la revista, cabe destacar que desde el número 6 se comienzan a publicar trabajos de chilenos, con el fin de incentivar la difusión de la
producción nacional. A pesar de que gran parte de los artículos de la
revista parecen ser sobre temas teóricos o filosóficos sin ninguna relación con las coyunturas políticas del país, una lectura más detenida, permite relacionarlos
con problemáticas sociales, culturales o incluso políticas de orden general. Esto, en cuanto los artículos de la revista forjaron una noción de músico entendido
como; un agente social y políticamente comprometido, con el deber de salvaguardar la espiritualidad de la
comunidad, en donde los artistas se sentían con la obligación de enfrentar problemáticas que afectaban, según ellos, a la sociedad en su conjunto. Esta
característica se manifestó principalmente en los artículos que presentaron biografías de músicos
consolidados. Por ejemplo, en el primer número de la revista dedicada a la celebración del centenario de la muerte de Beethoven, se trató su figura desde diversos
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aspectos, tanto su creación musical, como su vida personal.
En lo que respecta a la figura del “músico comprometido”, Carlos Humeres expresó en un artículo de la revista que “La vida de Beethoven es como el
evangelio del verdadero artista. Al leerla, llega hasta nosotros el estremecimiento sagrado que emana de la tragedia de los destinos sobrehumanos”52. Este
enunciado reivindicaba al artista, no como creador ajeno a la realidad social, sino como ser humano que
sufría en carne propia los martirios de la existencia y lucha por una causa (en el caso de Beethoven por la Revolución Francesa), al mismo tiempo que
sobrellevaba sus penurias personales. Además, esto se vio acompañado por una visión del artista en un sentido humanístico, donde este también era filósofo y
escritor. Casos similares se vieron expuestos en artículos sobre artistas como Bach, Debussy, Ravel y
Wagner, entre otros, creando la idea de un “deber ser” del artista comprometido socialmente. Bajo dicha lógica, es particularmente interesante analizar el
número diez de la revista, dado que en la sección “Crónica musical” se habló de una exposición de Carlos
Isamit,53 quien por ser a la vez escritor, músico y connotado pintor nacional, se le presentó como el arquetipo del “artista del siglo XX” de la siguiente
forma:
“Su caso es típico de este siglo, en que una cultura uniforme, una intelectualidad equivalente, ha borrado las vallas que separaban a los hombres encastillados en sus corcheas de lo
que miraban el mundo solo a través de su paleta. Si el arte chileno es uno Isamitt ha hecho una buena labor en esta unidad.”54
Dicha elaboración de una identidad como artista,
en función de ciertos fines específicos, coincide con la
noción de un sub-campo de producción restringido de
52HUMERES, Carlos. Apuntes sobre Bethoven. En: Marsyas.
Marzo de 1927. N° 1, p.5. 53 Músico y pintor que posteriormente tuvo gran relevancia en la
Facultad de Bellas Artes. 54 ANÓNIMO. Marsyas. Enero de 1928. N° 10, p.377.
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Bourdieu, donde se disputan las formas de definición del campo establecido, en este caso la definición de
artista55. Dicha reivindicación se forjó debido a que, como expone Domingo Santa Cruz en la misma revista, la percepción social del músico era de carácter extraño
o negativo. Según sus propias palabras: “Cuando algún caballero pasaba por artista era porque adquiría obras de arte o solía hablar de pintura: el músico pertenecía a
la categoría de gente rara, casi sospechosa.”56 Esta idea se vio estimulada con los artículos
dedicados al rol social del arte. Un trabajo muy característico en este contexto fue “Significado del Arte” escrito por Jorge Urrutia, donde el autor criticó el
racionalismo personificado en lo que denomina como “el hombre práctico” de la siguiente forma: “Se ha dicho con insistencia que el edificio científico es una
construcción arbitraria, sobrepuesta a la realidad, e incapaz absolutamente para revelarnos sus aspectos
más profundos”57. Esto lo contrastó con la figura de un “hombre de la intuición”, sobre el cual expresó: “Solo el artista, por la actividad creadora de su espíritu, por su
visión intuitiva, es capaz de hacernos penetrar en el corazón de la vida, en la realidad esencial”58. Otro caso
lo presentó Domingo Santa Cruz en un artículo llamado “Las Cosas, el Artista y la Simplicidad”, donde reivindicó el rol del músico diciendo:
“la sensibilidad del artista, en su intensidad, tiene una potencia suavísima, sutil y diestra para desnudar con prolijidad a las cosas de la gris caparazón de verdadera estupidez con que la envuelve el transeúnte apresurado, rozando los
mundos de relaciones armoniosas, de colorido, de sonido, de vida, en fin.”59
55 Óp. cit. BOURDIEU., p. 322. 56 SANTA CRUZ, Domingo. “Por qué el Conservatorio no ha llenado su función cultural.” En: Marsyas. 26 de Marzo 1927 a 15 de
Febrero 1928, n° 3, p.75. 57 HUMERES, Carlos. “El significado del arte.” En: Marsyas. 26 de
Marzo 1927 a 15 de Febrero 1928, n° 8, p.285. 58 Ibíd., p. 286. 59 URRUTIA, Jorge. “Las cosas, el artista y la simplicidad.” En: Marsyas. 26 de Marzo 1927 a 15 de Febrero 1928, n° 10, p.372.
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Estos representan algunos ejemplos donde se trató, desde una perspectiva teórica, (y haciendo
alusión a filósofos y escritores como Kant, Platón, Nietzsche, Goethe, Baudelaire, entre otros) una reivindicación de la subjetividad del artista por sobre la
racionalidad del hombre moderno/burgués. En este sentido, se comenzó a crear una figura de músico en Chile como intelectual con el deber social de
salvaguardar la espiritualidad de la comunidad. Según el filósofo Jean-Louis Déotte, los actores
políticos se constituyen como tales por la “toma de la palabra” y la dimensión del daño que producen. Es decir, mientras sean capaces de alterar las divisiones
entre lo visible y lo invisible, lo decible y lo no decible. Dicho de otra forma: “Los actores políticos se inventarán trayendo a la plaza pública un objeto de
litigio inédito.”60 En el caso de la Sociedad Bach, luego de forjar una identidad de artista se constituyó como
actor político en función de las críticas elaboradas principalmente desde su órgano difusor. Una de las principales y más fuertes, como hemos visto, estuvo
dirigida al Conservatorio nacional y al sistema educacional chileno.
Desde el primer número de la revista se escribieron artículos en contra de la educación musical en Chile, con especial énfasis de su concentración en la
técnica y la especialización en desmedro de las concepciones estéticas más generales y la sensibilidad artística. Es más, como argumentó Domingo Santa
Cruz, “El conservatorio se declara satisfecho de formar mentalidades pequeñas de “obreros del arte” a quienes,
como un albañil o un carpintero, es inútil hacer explicaciones generales”61. El Conservatorio en este periodo, carecía de cursos de historia del arte,
literatura y otras disciplinas. Además, los estudiantes para entrar se veían obligados a abandonar sus
estudios primarios, dejando un vacío de conocimiento que les impedía interactuar y comprender su entorno. Además, como argumentó la sociedad Bach, las mallas
60 ÓP., CIT. DÉOTTE., p. 104. 61 SANTA CRUZ, Domingo. “Por qué el Conservatorio no ha llenado
su función cultural.” En: Marsyas. 26 de Marzo 1927 a 15 de Febrero 1928, n° 3, p.81.
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curriculares se separaban entre músicos de interpretación y de dirección, impidiendo una
compresión cabal por cada alumno de la disciplina musical. En un artículo firmado por Alberto Spikin-Howard, se destacó este punto como uno de los
fundamentales problemas del sistema educacional, argumentando que: “La técnica no puede separarse de la música. La técnica, en su sentido verdadero, no es
sino el medio muscular-instrumental por el cual la música expresa su íntimo contenido.”62 Son diversos
los apartados de la revista en donde se vuelve sobre este tema enfatizando lo estéril que era pretender crear músicos bajo las doctrinas burguesas de división de
tareas en función de formar -según la expresión que se le atribuye a Enrique Soro- “obreros del arte”, a quienes, como argumentó Santa Cruz, al igual que un
albañil o un carpintero, era inútil hacer explicaciones generales.63
En contraste a dicha perspectiva, las ideas de Spikin-Howard resumen muy bien la postura de la revista al defender una enseñanza amplia que
considerara el ámbito de las humanidades, el arte, la historia y el rol social del arte en la comunidad. Todo
esto bajo la consigna de que el arte era inseparable de la sociedad en el que fue creado y sólo puede ser comprendido desde una óptica amplia.
Junto a la crítica de las tendencias pedagógicas y artísticas de la enseñanza musical en Chile, lo que hace que la crítica a dicha institución fuera más
transversal a la sociedad, era el hecho de que el Conservatorio Nacional era una institución pública bajo
la tutela de los gobiernos de turno. En este sentido, es importante constatar que el Conservatorio debía responder a la sociedad chilena, y bajo esta lógica
Santa Cruz argumentó que “el Gobierno malgasta los fondos públicos en un organismo que, pésimamente
orientado, a la vez revestido del respeto supersticioso oficial, es en el día de hoy el tropiezo mayor que halla entre nosotros el desenvolvimiento del arte nacional”64.
Por ende, la institución, al estar bajo la tutela de la
62 Ibíd., p. 35. 63Óp., cit. SANTA CRUZ., p. 248. 64 Ibíd., p. 73.
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administración pública, se encontraba sujeta al escrutinio público con todo lo que esto implicaba. Lo
que derivó en una crítica mordaz a la denominada “politiquería”, a la elite tradicional y los diversos agentes o instituciones que tenían influencia en el
devenir del Conservatorio. Dichas críticas se manifestaron en un artículo de Santa Cruz denominado “Por qué el Conservatorio no ha llenado su función
cultural”, en el que expresó:
“El Gobierno de antes, que él que creía que con un consejo de instrucción verdadero jurado docente, elegido por los partidos políticos o por los ascendientes históricos de ciertas familias bastaba para enderezar la enseñanza pública, puso a la cabeza de los establecimientos artísticos personas dotadas de conocimientos técnicos, pero desprovistos del ascendiente cultural de un director.”65
En la cita anterior se muestra cómo un problema
particular, que incluso puede ser considerado técnico, cómo lo es una disputa de paradigmas de enseñanza
musical, derivaron en problemáticas de carácter mucho más general como lo son el rol de la política e incluso la influencia de la familia en el desarrollo de las
instituciones educativas. Por ende, como argumenta Bourdieu, se establece un campo donde convergen las diferentes instituciones para combatir la definición del
arte y sus derivados, lo que implica que las discusiones de carácter estético escapan al ámbito específico de los
“artistas” y permean la subjetividad de las personas que conforman la esfera pública. Este es un punto claro, incluso para los mismo artistas que escribían en
la revista, como por ejemplo es el caso del artículo “El simbolismo de Los maestros Cantores” presente en el número cuatro de la revistas Marsyas firmado
“anónimo”, donde el autor llegó a la conclusión de que “El devenir artístico nos plantea además el problema
que podríamos llamar ‘político’ del antagonismo que siempre ha existido entre la autoridad oficial y las
corrientes renovadoras del arte.”66
65 Ibíd., p.75. 66 ANÓNIMO. Marsyas. Junio de 1927. N° 4, p.121.
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Por otra parte, Santa Cruz, en un artículo incluido en el número tres de la revista Marsyas,
expresó que “Nadie ignora ya, que los asuntos musicales pasan por una aguda crisis.”67 Se percibía un cierto estancamiento en las pautas estéticas
desarrolladas a nivel nacional, no sólo en las instituciones estatales como el Conservatorio y el
Teatro Municipal, sino que también se presentaba una fuerte crisis en la música eclesiástica. Frente a este malestar, la Sociedad Bach, a través de sus diferentes
órganos de difusión, enfatizó de forma bastante dramática la percepción de que el país se enfrentaba a una fuerte crisis de carácter espiritual que ponía en
peligro a todo el tejido social. La falta de composiciones de carácter nacional, como las existentes en Francia,
Inglaterra y Alemania, y el poco énfasis que se le entregaba a las composiciones en el culto católico, fueron presentados por la revista como síntomas de
fenómenos transversales de una sociedad que se ahogaba en una racionalidad estéril que empobrecía el
alma de los chilenos. Dicho sentimiento de crisis fue contrastado y exaltado por artículos de la revista, donde se hablaba de personajes o épocas que se
encontraban en comunión con la espiritualidad. Ejemplos de dichas ideas se presentaban en el artículo “La música del renacimiento”68 de Carlos Húmeres. En
él se argumentó sobre un supuesto ideal del artista, quien debía estar conectado con su entorno en función
de la búsqueda de la verdadera belleza. Esta idea también se encuentra presente en el artículo “El misticismo en el arte de Bach”, del mismo autor, donde
se hablaba de la relación entre la obra del compositor y su piedad; es más, expresó que: “Fue la piedad lo que sostuvo y llenó su existencia laboriosa, bajo una idea
esencialmente religiosa de la música.”69 Frente a este diagnóstico poco prometedor se
enfrentaron las iniciativas de diversos compositores relacionados con la Sociedad Bach, como Alfonso Leng, Humberto Allende y Domingo Santa Cruz, cuyas 67 SANTA CRUZ. Óp, cit, p.73. 68 HUMERES, Carlos. “La música en el Renacimient”. En Marsyas.
Mayo de 1927. N° 3, p.87. 69 HUMERES, Carlos. “El misticismo en el arte de Bach”, Marsyas. Septiembre de 1927. N°7, p.238.
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composiciones ingresaron a la esfera pública en función de combatir la definición del sonido nacional.
El carácter combativo de dichas iniciativas se manifestó en la misma revista que al referirse al trabajo de los tres compositores citados, expresó que: “Anticuados
ídolos con pies de barro no resisten la humedad saludable de una verdadera y sólida cultura musical naciente en nuestro país, que señala con dedo
acusador y destructivo las formas y escuelas caducas.”70
De esta forma, fue enfrentado el sentimiento de crisis espiritual chileno a través de la búsqueda de la creación de composiciones nacionales. La Sociedad
Bach se esmeró por difundir obras de diversos compositores desde la mitad de la década del 20 hasta su disolución, pero tanto en las charlas, audiciones y
artículos publicados por la sociedad se le dio un especial énfasis al trabajo de dos compositores: Alfonso
Leng y Humberto Allende, músicos relacionados con la Sociedad y que escribieron activamente en la revista. La iniciativa por parte de la Sociedad de difundir la
obra de estos dos compositores se entiende bajo la lógica de enfrentar la italianización bajo la cual se
encontraba el Conservatorio Nacional y derivado de esto, la poca producción de obras nacionales que se desarrollaban.
En un artículo anteriormente citado de Domingo Santa Cruz denominado “Por qué el Conservatorio no ha llenado su función cultural”, el autor criticó la
influencia italiana, que se sustentaba bajo el argumento de Enrique Soro, quien, según Santa Cruz
había expresado en diversas ocasiones “que el arte en Chile no existe y no existirá porque no hay ‘materia prima’ en el chileno.”71 Contra estas duras e incluso
racistas afirmaciones, las iniciativas de estos compositores avalados por la Sociedad Bach se
constituyeron como bastiones de lucha en la esfera pública, en función de determinar una pretendida identidad musical chilena. Con la pretensión de 70 ANÓNIMO. “Edición musical.” En: Masyas. Junio de 1927. N°4.
P.140. 71 SANTA CRUZ, Domingo. “Por qué el Conservatorio no ha llenado
su función cultural”. En: Marsyas. 26 de Marzo 1927 a 15 de Febrero 1928, n° 3, p.77.
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incentivar y difundir las composiciones tanto de Allende como de Leng, la revista desde su número 6
comenzó a publicar breves suplementos musicales de composiciones chilenas, es decir, pequeñas partituras pensadas para el uso privado. Dicha iniciativa fue
presentada por la revista, al publicarse que frente al fenómeno de renovación cultural que se estaba dando en el ámbito musical “Marsyas ha de contribuir
también a medida de sus fuerzas, publicando en sus páginas estudios sobre música chilena, y dando a
conocer, en suplementos musicales, obras inéditas de nuestros compositores.”72 Dichos suplementos se caracterizaron por ir acompañados de artículos del
compositor presentado en función de difundir no sólo la obra, sino que también a la figura del músico.
Con respecto a la crítica que la revista establece a las instituciones eclesiásticas, Santa Cruz se constituyó como una de las figuras fundamentales debido a sus
ensayos publicados en la revista. En su primer trabajo que lleva de nombre “La semana Santa y la Música”73, presente en el segundo número, defiende las obras sacras de carácter polifónico de autores como el mismo Bach, que han sido sustituidas en las celebraciones por
obras del romanticismo Italiano de compositores como Griesbacher, Haller y Ravenello, entre otros. Frente a
este problema, el autor argumentó, al aludir a pequeños conciertos que había desarrollado la Sociedad Bach con el motivo de Semana Santa, que:
La sociedad Bach, que ha dado a conocer a nuestro público en sus audiciones numerosas obras de arte polifónico, no ha logrado, a pesar de
su ejemplo y de sus repetidas protestas a las autoridades eclesiásticas remedien el abandono injustificado que encuentra en el culto la música religiosa.74
Esto se manifestó en la revista número once, donde Santa Cruz publicó un artículo denominado “El
72 ANONIMO. “Nuestra música Nacional.” En: Marsyas. Agosto
1927. N° 6. P. 198. 73 SANTA CRUZ. “La Semana Santa y la Música.” En: Marsyas.
Abril de 1927. N°2. P. 53. 74 Ibíd., p. 54.
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culto católico y la mala música”. En este trabajo el autor estableció un diagnóstico poco prometedor con
respecto a la interpretación de música eclesiástica en las iglesias de la capital, haciendo énfasis en la importancia de la música en el culto para alcanzar
mayores grados de espiritualidad y la poca atención que la Iglesia le prestaba a dicho problema. Frente esto, el autor expresó que la disociación entre el espíritu
religioso es tan intensa, que incluso se llega a interpretar música pagana o vulgar, prescindiendo de
su significado con la única pretensión de entretener a los fieles que no comprenden el ritual de la misa. Al respecto, Santa Cruz se expresó de la siguiente
manera:
La absurda lucha de nuestro espíritu, que desea recogerse, y que, en el noventa y nueve por ciento de los casos, es solicitado por una música impropia en el culto; o fastidiosa y monótona como para producir somnolencia o, en la mayoría de las ocasiones, vulgar hasta lo increíble y profana en su procedencia y significado. Cuando estas ilustraciones musicales son suaves, uno suele lograr desentenderse de ellas, pero cuando en los grandes órganos es en donde cometen la atrocidad de ejecutar música de cabaret, uno echa de menos algún dispositivo que la naturaleza no creyó necesario en los oídos al igual de los ojos.75
Bajo esta óptica, donde la Iglesia Católica pasó a ser comparada con el cabaret en el que se interpretaba
música vulgar, el autor llegó a la conclusión que dicha institución una de las culpables de corromper el gusto del pueblo y alejar a los fieles del catolicismo, al caer en
la vulgaridad y trivialidad de prescindir de la importancia de la música en el rito.
Conclusión.
75SANTA CRUZ, Domingo. El culto católico y la mala música. En: Marsyas. Febrero 1928. N°11, p.409.
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La Sociedad Bach a través de su órgano difusor (la revista Marsyas) estableció desde un ámbito
específico una crítica estética a ciertos patrones artísticos de la esfera musical chilena. Pero además, la música al ser un espacio de producción de
sentimientos y subjetividades, la acción de la Sociedad construyó y llevó a la esfera pública nuevas formas de
concebir el estado de la cultura en Chile, haciendo gran alusión a un sentimiento de crisis espiritual que sufría el país. Bajo esta lógica, sus críticas no respondieron a
las dinámicas políticas tradicionales, que pretenden justificar sus discursos en función de argumentos objetivos, sino que, en contraste de dicha perspectiva
los integrantes de la Sociedad Bach defendieron e interpelaron a la sensibilidad para discutir y criticar
tanto problemáticas de orden teórico o filosófico, como también de orden político o coyuntural.
Por esto dicha organización contribuyó desde una
esfera artístico/intelectual a acentuar el sentimiento de crisis política y social que se desenvolvió entre 1927 y
1928, haciendo eco de las demandas que emergían de diversos sectores de la sociedad que ponían en tela de juicio al sistema social imperante en el Chile de la
primera mitad del siglo XX. La influencia política que llegó a tener dicha agrupación quedó manifestada en las reformas que lograron llevar a cabo en el área
artística del sistema educacional chileno, logrando permear otras esferas de la política desde un ámbito
que se pretendía totalmente ajeno al devenir nacional. A través de su obra los integrantes de la Sociedad Bach se constituyeron como actores políticos influyentes, que
ingresaron a la esfera pública nuevos litigios y problemáticas que eran totalmente inéditas para el país, que en el caso de la labor cultural de la revista
Marsyas fueron la crítica al desarrollo musical al interior del culto Católico, la influencia de las ideologías
liberales en los programas del Teatro Municipal y el arte en general, y el estado de la educación artística en Chile.
Por estas razones, el presente trabajo se desarrolló como una iniciativa provisoria con el fin de
indagar en un amplio campo de posibilidades de análisis político que emergen de las múltiples relaciones que se desarrollan al interior de los Campos
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Culturales y que entregan un amplio rango de análisis para comprender mejor el desarrollo de las sociedades
en una de sus variadas manifestaciones. Dicho esto, considero que no se debe desprestigiar a-priori el rol que ejercen en la política las esferas artísticas, por ser
consideradas disciplinas que solo se dedican a crear obras para la contemplación, sino que deben ser
consideradas como manifestaciones de una subjetividad presente en la sociedad que tanto representa el pensar de su tiempo y que también tiene
la posibilidad de influir en la sociedad. Y como es el caso de la música se debe considerar que entrega significados sin la necesidad de tener significantes, por
lo cual, como argumenta Edward Said:
La música en su conjunto, se halla en los límites más remotos de la humanidad, pero en esos límites donde la humanidad, que está dotada de un nuevo lenguaje y envuelta en un llamamiento a la intensidad consumada, a plasmar el mundo del “nosotros.”76
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La familia de Ramona Parra en la Plaza Bulnes:
Historias que vienen: Revista de Estudiantes de Historia (5: 2014)
34
Una aproximación de género a la militancia política, la protesta social y la violencia estatal en
el Chile del siglo XX.
Alfonso Salgado77
Introducción
Este artículo reflexiona sobre la naturaleza de la protesta social, la militancia política y la violencia
estatal en el Chile del siglo veinte, estudiando para ello un caso específico: la tristemente célebre masacre de la Plaza Bulnes, ocurrida el 28 de enero de 1946 en la
plaza del mismo nombre, ubicada en el centro de Santiago.
La lectura de los hechos que aquí se plantea,
influenciada por la historia de género y los estudios de redes familiares, busca traer a la luz dos elementos
claves. Primero, la concepción marcadamente masculina de la protesta social de la época ―compartida tanto por manifestantes como por
represores― que hacía del hombre trabajador el sujeto histórico por antonomasia. Segundo y más importante,
los soterrados lazos de parentesco que contribuyeron no sólo al éxito de la protesta en cuestión sino a la perduración del activismo político y social a lo largo del
siglo recién pasado. En términos conceptuales, este artículo se nutre
e interviene en la literatura sociológica e histórica sobre
la dialéctica entre protesta social y represión policial. La protesta social ―ya sean protestas de comunidades
premodernas, la clase obrera moderna o jóvenes posmodernos― ha acaparado la atención de historiadores y cientistas sociales desde hace ya varias
décadas.78 Algunos analistas han comenzado también a 77 Licenciado en Historia por la P. Universida Católica de Chile,
estudiante de Doctorado, Universidad de Columbia. 78 Los estudios más influyentes dentro del marco de las ciencias
sociales y las humanidades son aquellos de sociólogos como
Charles Tilly y antropólogos como James Scott, que han centrado
su atención en los repertorios de protesta de los movimientos
sociales y las resistencias cotidianas de los sectores populares. Véase, por ejemplo, James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New Haven:
Historias que vienen: Revista de Estudiantes de Historia (5: 2014)
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interesarse en las dinámicas de género que se dan en la protesta y en el papel que estas dinámicas juegan en la
represión de la misma.79 En el marco de la nutrida literatura chilena sobre la protesta social y el activismo político, este artículo puede leerse como una
contribución crítica, que deconstruye el ethos masculinista de la protesta sindical al tiempo que devela la presencia de otros actores ―mujeres y niños―
en el espacio público. Al centrarme la ignorada dimensión familiar del
activismo se complementa, además, una literatura que tiende a reducir el estudio de la izquierda al parlamento, la fábrica y la sierra. El análisis
politológico de los sistemas de partidos, la historia de la organización de los trabajadores y el estudio de grandilocuentes guerrilleros y sobrios funcionarios
clandestinos se han erigido en los paradigmas dominantes desde los cuales pensar a la izquierda en
Yale University Press, 1979; y Charles Tilly, The Politics of Collective Violence, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
En la disciplina histórica, el principal ímpetu renovador provino de
los estudios de los historiadores marxistas británicos. Véase, por
ejemplo, Edward P. Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century,” Past & Present 50, 1, 1971, pp.
76–136; y George Rudé, The Crowd in History: A Study of Popular Disturbances in France and England, 1730-1848, New York: John
Wiley & Sons, 1964. En lo que a la historiografía latinoamericana
respecta, algunos de los trabajos más notables son: Daniel James, Resistance and integration. Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976, New York Cambridge University Press, 1988, pp. 7-40; Douglas Cope, The Limits of Racial Domination. Plebeian
Society in Colonial Mexico City, 1660-1720, Madison: The
University of Wisconsin Press, 1994, pp. 125-160; e Hilda Sábato, La Política en las Calles. Entre el Voto y la Movilización. Buenos Aires, 1862-1880, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes,
2004. 79 Sobre el concepto de género, Joan Scott, “Gender: A Useful Category of Historical Analysis,” The American Historical Review
91, 1986, pp. 1053-1075. Particularmente influyentes en el
análisis de género de la protesta social que aquí se desarrolla, son: Olwen H. Hufton, Women and the Limits of Citizenship in the French Revolution, Toronto: University of Toronto Press, 1992, pp.
1-50; Gay L. Gullickson, Unruly Women of Paris. Images of the Commune, Ithaca: Cornell University Press, 1996; y Javier Auyero,
Contentious Lives. Two Argentine Women, Two Protests, and the Quest for Recognition, Durham: Duke University Press, 2003.
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nuestro continente.80 Centrándome en un espacio de reconocida importancia en la praxis política
latinoamericana como lo es la plaza, y tensionando lo que entendemos por espacio público al traer al tapete el rol principal de la familia de Ramona Parra en los
sucesos de la Plaza Bulnes, mi objetivo es abrir nuevas vetas de investigación sobre la militancia política de izquierda y matizar ciertos énfasis de las narrativas
predominantes. En términos empíricos, este artículo contribuye a
enriquecer nuestro conocimiento sobre la masacre de la Plaza Bulnes al basarse no sólo en la prensa contemporánea sino en el proceso abierto por el
Segundo Juzgado Militar de Santiago, hasta ahora no consultado por otros historiadores. Este expediente judicial de cerca de mil fojas consta de declaraciones de
carabineros, dirigentes sindicales, manifestantes heridos, periodistas, vecinos y curiosos, amén de
informes y peritajes varios.
80 Para una muestra de estas distintas facetas y perspectivas desde las cuales entender a la izquierda latinoamericana, véase Jorge Castañeda, Utopia Unarmed: The Latin American Left after the Cold War, New York: Vintage Books, 1994. En lo que al Partido
Comunista de Chile respecta, colectividad a la cual este artículo
dedica la mayor parte de su atención, las principales
contribuciones han tendido a centrarse en su orgánica clandestina
(Olga Ulianova, Rolando Álvarez), sus vínculos con los trabajadores (Jody Pavilack, Sergio Grez) y su línea política
(Carmelo Furci, Alfredo Riquelme). Véase, por ejemplo, Rolando Álvarez, Desde las Sombras: Una Historia de la Clandestinidad Comunista (1973-1980), Santiago: Lom, 2003; Carmelo Furci, The Chilean Communist Party and the Road to Socialism, London: Zed
Books, 1984; Sergio Grez, Historia del Comunismo en Chile. La Era de Recabarren, Santiago: Lom, 2001; Jody Pavilack, Mining for the Nation. The Politics of Chile’s Coal Communities from the Popular front to the Cold War, University Park: The Pennsylvania State
University Press, 2011; Alfredo Riquelme, Rojo Atardecer. El Comunismo Chileno entre Dictadura y Democracia, Santiago:
Dibam, 2009; Olga Ulianova, “El Partido Comunista Chileno durante la Dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931): Primera Clandestinidad y ‘Bolchevización’ Estaliniana,” Boletín de la Academia Chilena de Historia 111, 2002; y Olga Ulianova,
“Develando un Mito: Emisarios de la Internacional Comunista en Chile,” Historia 41, 1, 2008.
Historias que vienen: Revista de Estudiantes de Historia (5: 2014)
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La Masacre de la Plaza Bulnes: acontecimiento, causas y consecuencias.
A inicios de 1946, en ese tenso período de reordenamiento de fuerzas que tomó lugar entre fines de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la
Guerra Fría, Chile vivía una situación interna particularmente compleja. El Presidente de la República, Juan Antonio Ríos, cada vez más enfermo
de cáncer, había delegado su poder en el vicepresidente Alfredo Duhalde, quien asumió interinamente el 17 de
enero de aquel año. El mismo día en que Duhalde asumió en la capital, en el norte del país comenzaba a gestarse un conflicto laboral que tendría consecuencias
impensadas a lo largo y ancho del territorio. Aquel 17 de enero los trabajadores de las oficinas salitreras Mapocho y Humberstone respondieron al alza
unilateral de los precios en las pulperías declarándose en huelga. El gobierno de Duhalde decidió defender
unilateralmente los intereses de la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, enviando para ello refuerzos militares a la zona norte y anulando la personalidad
jurídica de los sindicatos de las oficinas en paro. La Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH),
poderosa organización de alcance nacional en la cual confluían trabajadores de diversas tendencias políticas, llamó a manifestarse en solidaridad con los mineros del
norte y en defensa de los derechos sindicales amenazados.
En Santiago, la CTCH fue autorizada ―a
regañadientes― a realizar una concentración en la Plaza Bulnes, la que debía tomar lugar a las 6 de la
tarde del 28 de enero. Si bien esta plaza no era el lugar predilecto de los organizadores de la manifestación, que pretendían originalmente utilizar la Plaza de la
Constitución, se acordó con las autoridades realizar la concentración en dicho lugar, suficientemente cercano
a La Moneda como para hacer oír la voz de los trabajadores ante las autoridades. Desde un comienzo, el vasto despliegue de fuerzas policiales en la Plaza
Bulnes no auguraba nada bueno. Los oficiales de carabineros se empeñaron primero en crear y luego en ensanchar un cordón de tropa que dejara un pasaje
libre al centro de la plaza, aún cuando crecía el número
Historias que vienen: Revista de Estudiantes de Historia (5: 2014)
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de asistentes y el espacio comenzaba a escasear, especialmente hacia el lado oriente de la plaza. Esta
inusitada medida policial impacientó a la concurrencia, provocándose serios conflictos entre manifestantes y carabineros. Mientras éstos hacían uso intenso de sus
bastones de mando, aquellos respondían con los palos de sus estandartes sindicales y champas de pasto arrancadas del suelo. Incapaz de mantener el cordón
policial con la presencia de los 150 infantes, los oficiales hicieron entrar dos tropas montadas, las que,
con bestial brusquedad, no hicieron sino enardecer más los ánimos. Había ya casi una treintena de civiles heridos y algunos carabineros lesionados cuando se
ordenó la retirada de la tropa. Lo peor, sin embargo, estaba aún por ocurrir. Cuando la fuerza policial abandonaba la plaza, y sin haberse dado orden de abrir
fuego, algunos miembros de carabineros comenzaron a disparar, primero de manera aislada y luego al
unísono, formados incluso en línea de tiradores. El público, incrédulo, huyó de manera despavorida. Algunos, apenas atinaron a lanzarse al suelo. La
investigación sumario concluyó que 45 carabineros efectuaron en total 256 disparos, matando a seis
manifestantes e hiriendo a bala a otros cincuenta.81 Durante las semanas siguientes el espectro
político se reconfiguró, cambio de gabinete incluido.
Mientras que los socialistas aceptaron las condiciones ofrecidas por el gobierno y entraron a formar parte del nuevo gabinete, respaldando a Duhalde y dando por
solucionado el conflicto, los comunistas decidieron prolongar la huelga de manera indefinida y estrecharon
lazos con los sectores de oposición. La consecuencia más duradera, sin embargo, fue la fracturación del movimiento obrero. En la práctica, desde ese momento
empezaron a funcionar dos confederaciones de trabajadores que se arrogaban el acrónimo de la antes
unitaria CTCH, una hegemonizada por los comunistas
81 Este párrafo se basa, principalmente, en el Dictamen del Fiscal y en la Resolución de la Corte Marcial del “Sumario por sucesos
ocurridos en la Plaza Bulnes,” Causa rol Nº 80-1946, Segundo
Juzgado Militar de Santiago, fojas 783-829 y 940-945. La
resolución y una versión abreviada del dictamen también pueden
consultarse en: Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), Ministerio del Interior, vol. 12386.
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y la otra por los socialistas, ninguna de las cuales fue capaz de aunar la voluntad de la clase trabajadora en
su conjunto.82
Sindicato, Protesta y Masculinidad: “Del Trabajo a la Plaza Bulnes”
La retórica que precede a la manifestación del 28 de enero de 1946 nos sitúa de lleno en el mundo del
trabajo. La consigna con la que la CTCH llamó a los trabajadores a concurrir a la concentración, “Del trabajo a la Plaza Bulnes,” establecía un nexo directo
entre la fábrica y la plaza, los principales espacios de constitución de la clase trabajadora como fuerza política en el continente.83 La prensa de izquierda ―el
espacio virtual por medio del cual se articulaban las demandas políticas de los trabajadores― amplificó este
llamado. El día de la manifestación, sin ir más lejos, la consigna de la CTCH sirvió de titular para las portadas de los diarios El Siglo, órgano del PCCH, y Las Noticias Gráficas, un periódico popular de propiedad del líder demócrata Antonio Poupin Gray.84 Esta retórica
subyace también a las declaraciones de muchos de los manifestantes que sirvieron de testigo durante el
sumario abierto por el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Interrogado por el fiscal militar, por ejemplo, el estucador Florentino Sánchez explicó: “el día lunes
28 del presente, después de salir de mi trabajo en la construcción del Banco Español, me dirigí más o
82 Sobre las consecuencias sindicales de la masacre de la Plaza
Bulnes, véase: Mario Garcés y Pedro Milos, FOCH, CTCH y CUT.
Las Centrales Unitarias en la historia del sindicalismo chileno,
Santiago: ECO, 1988, p. 84.
83 Sobre esto, véase Silvia Sigal y Juan Carlos Torre, “Una
Reflexión en Torno a los Movimientos Laborales en América
Latina,” en Rubén Katzman y José Luis Reyna (eds.), Fuerza de
Trabajo y Movimientos Laborales en América Latina, Ciudad de
México: El Colegio de México, 1979.
84 El Siglo (Santiago), 28 de enero de 1946, “Del trabajo a la Plaza
Bulnes,” p. 1; y Las Noticias Gráficas (Santiago), 28 de enero de
1946, “Del trabajo a Plaza Bulnes,” pp. 1 y 13.
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menos a las siete y media de la tarde a la Plaza Bulnes, donde se iba a realizar la concentración organizada por
la CTCH,” haciéndose así eco de la consigna de la confederación sindical.85
Es imposible saber si las decenas de miles de
asistentes a la concentración llegaron efectivamente del trabajo a la Plaza Bulnes, pero el expediente judicial da pistas sobre el arribo de varios de ellos. Como el citado
Sánchez, buena parte de los manifestantes interrogados concurrió directamente desde su lugar de
trabajo. Ahora bien, los sindicatos de los cual los trabajadores formaban parte fueron aún más importante que lugares de trabajo específicos en
garantizar el éxito de la concentración. En efecto, la mayor parte de los asistentes parece haber llegado a la manifestación desfilando junto a otros miembros de su
sindicato, en la medida en que esto era permitido. Las palabras del estucador Jorge López permiten hacerse
una idea de la gran cantidad de asistentes que llegaron junto a sus organizaciones sindicales, no todos los cuales trabajaban en las mismas empresas: “Concurrí
al comicio de la CTCH organizado el 28 del mes pasado en la Plaza Bulnes junto con unos cuatrocientos
miembros del Sindicato de Estucadores.” Como estas, hay muchas frases dispersas en el expediente que demuestran el rol principal de los sindicatos en la
movilización de los manifestantes. A riesgo de cansar al lector, sirvan de muestra algunas de ellas. Domingo Martínez, por ejemplo, apuntó en su declaración ante el
fiscal militar: “Yo pertenezco al Sindicato de Enlozados y llegué junto con mis compañeros de Sindicato como a
las siete de la tarde al comicio.” Su homónimo Domingo Olivares, herido durante la jornada de protesta, declaró: “El día 28 de enero último formé con mis
compañeros del Sindicato de las Cervecerías Unidas para venir al meeting de la Plaza Bulnes.” Juan
Ahumada, obrero de la construcción, señaló igualmente: “Llegué a las seis de la tarde del 28 de enero pasado a la Plaza Bulnes, acompañado de
algunos miembros del Sindicato de Areneros de San
85 Causa rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago,
fojas 318-319.
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Miguel.” El mecánico Federico Gutiérrez, por su parte, explicó: “El veintiocho del presente concurrí al comicio
celebrado en la Plaza Bulnes con el Sindicato del que formo parte, ‘Sociedad Productora de Papel.’”86
Los trabajadores de diversos sindicatos
santiaguinos no sólo marcharon juntos, sino que muchos de ellos se situaron también juntos al llegar a la plaza, portando sus estandartes y luciendo
orgullosos sus pancartas. El testimonio del dirigente sindical Enrique Peñaloza Leiva así nos lo sugiere:
“Llegué a la Plaza Bulnes a las seis y media de la tarde, llevando el estandarte del Sindicato Profesional de Obreros de Chanchería, de que yo soy Presidente,
acompañado de varios compañeros. Nos situamos a unos cinco metros de distancia del monumento, hacia el sur.”87 Aún cuando la policía dificultó la formación
conjunta de los miembros de los sindicatos en la plaza, obligando a varios de los portaestandartes a
permanecer en un lugar distinto al del resto de sus compañeros, la importancia del sindicato es incuestionable. De hecho, incluso en los casos en que
el sindicato no logró movilizar a muchos de sus miembros para llegar a la plaza juntos, aquellos que
concurrieron por sus propios medios tendieron a juntarse con los suyos una vez en la misma. Las palabras de René Duchens, Presidente del Sindicato
Electromán, así lo sugieren: “Unos quince miembros del sindicato me acompañaron para venirnos juntos directamente. Estimo que numerosos miembros del
sindicato se vinieron por su cuenta, pero casi todos nos reunimos en la Plaza. Nos ubicamos a un costado del
monumento, para el lado del Ministerio.”88 En otras palabras, el sindicato ―con sus estandartes y distintivos― actuaba como punto nodal y lugar de
referencia de los trabajadores en el espacio público. Hasta aquí, todas las citas que he escogido para
ilustrar el rol preeminente del lugar de trabajo y de las
86 Las citas de este párrafo se encuentran en Causa rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, fojas 545a, 356-
356vta, 312-312vta, 622-622vta y 626. 87 Causa rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago,
fojas 633vta-634v. 88 Causa rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, fojas 555-555v.
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organizaciones sindicales en la protesta del 28 de enero fueron proferidas por hombres. Esto se corresponde, en
cierta medida, con el expediente judicial que me sirve de fuente primaria principal, compuesto como está de innúmeras declaraciones de manifestantes heridos y de
dirigentes sindicales que tuvieron un rol relevante en la organización de la manifestación. No creo que sea necesario detenerme demasiado en la
sobrerrepresentación de los hombres en las cúpulas sindicales criollas de aquel entonces, máxime cuando
contamos ya con una rica literatura que nos retrata el sindicato como un espacio de sociabilidad eminentemente masculina.89 Las víctimas de la
represión policíaca nos ofrecen, sin embargo, una muestra de los asistentes a la manifestación que podría considerarse más azarosa. La Tabla 1 (véase abajo)
muestra la distribución de los heridos durante la protesta por sexo y edad. En lo que al sexo refiere, 79
(94,05%) de los 84 civiles heridos eran hombres. De los 81 heridos que ha sido posible determinar su edad, 63 (75%) tenían entre 21 y 45 años, la mayor parte de
cuales pertenece al grupo etario de 26 a 30 años (23,46%). Estamos, entonces, frente a una muestra de
los manifestantes que es abrumadoramente masculina, compuesta mayoritariamente de hombres adultos, aunque relativamente jóvenes.
≤15
16-
20
21-
25
26-
30
31-
35
36-
40
41-
45
46-
50
51-
55
56-
60 ≥61 s/d TOTAL
Hombres 3 4 8 18 10 12 11 1 5 1 3 3 79
Mujeres 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 5
TOTAL 3 5 8 19 12 12 12 1 5 1 3 3 84
Tabla 1: Distribución de civiles heridos por edad y sexo
Este cuadro etario y de género puede ser
complementado en base al oficio declarado por algunos
de los heridos. Lo que impresiona aquí es la
89 Véase, por ejemplo, Heidi Tinsman, Partners in Conflict. The Politics of Gender, Sexuality, and Labor in the Chilean Agrarian Reform, 1950-1973, Durham: Duke University Press, 2002; y
Thomas Klubock, Contested Communities. Class, Gender, and
Politics in Chile’s El Teniente Copper Mine, 1904-1951, Durham:
Duke University Press, 1998.
Historias que vienen: Revista de Estudiantes de Historia (5: 2014)
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composición marcadamente obrera del grupo. Abundan los obreros de cierta calificación, tales como
carpinteros, electricistas, estucadores y mecánicos, mientras que escasean los trabajadores que podríamos considerar parte de los sectores medios: sólo hay 4
empleados, 1 estudiante universitario y 1 periodista ―el último de los cuales estaba reportando para El Siglo―
entre los 44 civiles heridos cuya profesión conocemos con cierto grado de certeza. Todo esto confirma la importancia de determinados sindicatos de
trabajadores manuales de la capital en el éxito de la concentración obrera organizada por la CTCH.90 En los días que siguieron a la masacre, comunistas y
socialistas se disputarían la lealtad de estos sindicatos santiaguinos en su intento por sacar réditos políticos
del conflicto: los comunistas, intentando prolongar la huelga; y los socialistas, movilizando a sus seguidores de vuelta a las fábricas.91
Ahora bien, a la concentración también concurrieron trabajadoras, por lo general mujeres
jóvenes, la más famosa de las cuales es sin duda Ramona Parra. Enfrentados a un expediente en el que abundan los testimonios de víctimas masculinas y
dirigentes sindicales para los cuales ser hombre y ser trabajador parece ser una misma cosa, las pocas voces de las obreras que asistieron a la concentración son en
90 Esta información se basa en los informes individuales sobre los
heridos emitidos por la Asistencia Pública y el Servicio Médico
Legal, que se conservan en Causa rol Nº 80-1946, Segundo
Juzgado Militar de Santiago. Se trata, en total, de 84 civiles
heridos, cifra a la que he llegado tras omitir aquellas fichas que
dan cuenta de reiteraciones, víctimas fatales y carabineros ―no
siempre registrados como tales. En los pocos casos en que hay
discrepancias en la información entregada por la Asistencia
Pública y el Servicio Médico Legal, me he basado en los informes
emitidos por la segunda de estas instituciones.
91 Tras la masacre, la prensa partidaria de comunistas (El Siglo) y socialistas (La Opinión) informó con frecuencia del apoyo recibido
por sus disímiles posturas entre los sindicatos de la capital. Para
entender el apoyo de estas posturas entre distintos tipos de
trabajadores, los memorándums de la Sección Sindical de la
Dirección General de Investigaciones pueden resultar una fuente
interesante ―y, dicho sea de paso, menos interesada. Véase, ARNAD, Ministerio del Interior, volúmenes 12004 y 12005.
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extremo valiosas, pues nos permiten pensar la plaza pública como un espacio en disputa. Por regla general,
los testimonios judiciales de las mujeres trabajadoras destinan más tiempo a justificar su participación en la concentración, como si su presencia estuviera fuera de
lugar. Sirvan de muestra las palabras de Inés Altamirano, una obrera de 26 años: “El 28 de enero próximo pasado me puse de acuerdo con algunos
compañeros de mi trabajo en la firma Ferriloza con el objeto de concurrir al comicio que se iba a organizar
esa tarde en la Plaza Bulnes por la CTCh, pues según se nos había informado allí se iba a plantear el problema de la escasez de materias primas para la
industria que trabajamos, cosa que nos interesaba bastante.” Es difícil no intuir en las palabras de Altamirano una suerte de justificación por su
participación en la protesta, o, mejor dicho, por su penetración en el prohibido espacio público.
Las obreras sindicalizadas que asistieron a la concentración no sólo debieron justificar su asistencia a posteriori ante el fiscal militar, sino también ante los
carabineros el mismo día de la manifestación. Algunos carabineros, presagiando la confrontación con los
manifestantes y haciéndose eco de una noción de honor masculina que hacía del campo de batalla un espacio reservado a los hombres, buscaron impedir la
excesiva presencia de las mujeres a la plaza. Isabel Carvajal, una empleada de 18 años que resultaría herida durante la manifestación, llegó a la plaza
acompañada de otras de sus colegas de trabajo, pero, como recordaría unos días después en su testimonio
judicial, “un Oficial nos dijo que nos retiráramos mejor porque ‘esto huele mal’; mis compañeras se retiraron, no así yo que me vine en dirección al monumento y me
coloqué frente a él a cierta distancia y hacia el lado oriente.” Las causas que motivaron a Carvajal a
permanecer en la Plaza Bulnes pese a los riesgos que corría son un misterio, pero sus palabras reflejan que, al menos para algunos de los represores, las balas
debían reservarse para los hombres. Con menor cortesía, de hecho, un carabinero le dio a entender lo mismo a Mercedes Fuentes, una joven costurera que
asistió a la concentración. Al preguntarle Fuentes por la extraña posición en que se habían formado los
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agentes de orden, dicho carabinero ―testificó ante el fiscal la manifestante― “me respondió ‘que era
preferible que me fuera a la cama’, gesticulando en forma grosera.” En otras palabras, Fuentes estaba fuera de lugar y debía regresar al restringido espacio
que le correspondía. Iris Figueroa también fue advertida que su presencia no era bienvenida. “Como yo le llamara la atención a uno de los jinetes de su
violencia y ninguna consideración,” recordó Figueroa ante el fiscal, “[éste jinete] me contestó que me tenía
muy conocida en esta clase de manifestaciones y que tuviera mucho cuidado.” Figueroa, una joven y activa militante comunista que gustaba de ejercer su derecho
de manifestarse públicamente y que con los años llegaría a ser regidora de la populosa comuna de San Miguel, apenas tenía cabida en la plaza. El espacio
público era concebido, a fin de cuentas, como un espacio masculino, y a ello parecen contribuir tanto la
composición de género de las organizaciones sindicales como el lente policial del Estado.92
Los Otros Actores: “Mujeres y Niños Caían al Suelo”
No obstante lo hasta aquí dicho, reducir la manifestación de la Plaza Bulnes al movimiento obrero es, a todas luces, insuficiente. Junto a sindicatos
compuestos de hombres de trabajo y de alguna que otra obrera joven, a la Plaza Bulnes concurrieron un número no despreciable de dueñas de casa y niños
pequeños, incluso ancianos. Este apartado busca correr el velo que oculta la presencia de estos otros
actores en el espacio público, enfatizando el rol fundamental de las redes familiares en la articulación de la protesta social y del activismo político comunista
en particular. La prensa de izquierda ofrece pistas que nos
permiten rastrear la presencia de estos otros actores. En parte, esto se debe a un cambio en los énfasis retóricos, especialmente marcado en el discurso
comunista. Si el día de la concentración el diario del
92 Las citas de este párrafo se encuentran en Causa rol Nº 80-
1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, fojas 665-665vta, 664-664vta y 644-644vta.
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PCCH llamaba a sus lectores a ir “del trabajo a la Plaza Bulnes,” felicitando a los sindicatos que se habían
adherido a la manifestación y envalentonando a las organizaciones de trabajadores indecisos, los días que siguieron a la masacre se caracterizaron por una
retórica periodística de carácter familiarista y victimizante, que enfatizaba el gran número de niños y mujeres heridos por carabineros. Ya el día siguiente de
los luctuosos hechos, la noticia principal de El Siglo describía “una abigarrada muchedumbre de hombres,
mujeres que llevaban en sus brazos a niños de corta edad y jóvenes de ambos sexos,” hablaba de “mujeres y niños [que] caían al suelo pisoteados por las bestias
enfurecidas” y se detenía con cierto morbo en “los cuerpos de los heridos, entre los cuales era fácil
distinguir la indumentaria de mujeres que en gran número cayeron bajo las balas asesinas.”93 El 28 de enero de 1947, conmemorando el primer aniversario de
la masacre, el mismo diario resumía la brutalidad policial con las siguientes palabras: “Se atropellaba a
los trabajadores, se apaleaba a los niños, se insultaba a las mujeres.”94 Más allá de la retórica, la presencia de niños en
la protesta ―por detenerme en sólo uno de los actores olvidados― es innegable. Entre los 84 civiles heridos cuyo perfil sociológico esbocé arriba, se encontraban
también Tulio Montero, de 9 años de edad, y Remigio Rojas, de 11 años.95 La presencia de menores en la
plaza se evidencia también en las declaraciones judiciales, como por ejemplo en aquellas de los parlamentarios comunistas Carlos Rosales Gutiérrez y
Salvador Ocampo Pastene. Al día siguiente de los hechos, el diputado Rosales le contaba al fiscal militar que “cargaban dos carabineros montados sobre un
grupo de mujeres que blandían sus estandartes; a uno de ellos le detuve la brida del caballo para evitar que
atropellara a un menor que en ese instante pasaba por ahí.” Dos semanas después, y tal vez contagiado por la
93 El Siglo (Santiago), 29 de enero de 1946, “Cobarde masacre”, p.
1. 94 El Siglo (Santiago), 28 de enero de 1947, “Masacre, paro general,
funerales: Días apretados de lucha y dolor,” p. 3. 95 Causa rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, fojas 158 y 128.
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retórica en boga, el senador Ocampo recordaba que aquella tarde estaba conversando con el diputado
Bernardo Araya en la tarima de los oradores “cuando llegó un obrero con un niño de unos 6 o 7 años, en los brazos, exponiéndonos que los carabineros los habían
golpeado.”96 La prensa comunista, por su parte, dio a conocer también casos concretos de otros niños heridos. Ya al día siguiente de la masacre se informaba
del niño Luis Lobos, de 8 años, herido en la reyerta. Unos días después, el mismo menor aparecía
entregando “diez pesos para ayudar a los heridos en la matanza del 28 de enero.”97 El menor había ganado ese dinero poco antes, en un concurso organizado por el
mismo diario, que incluía en aquellos años una sección dedicada especialmente a los niños, buscando atraer así a los vástagos de los militantes comunistas. No
sabemos mucho más de este joven lector y precoz manifestante, pero es probable que haya sido hijo de
Carlos Lobos, también herido durante la protesta. Similar parece ser el caso de Damián Bugueño, uno de los manifestantes heridos a bala consignados tanto en
la prensa comunista como en el expediente judicial. Con sólo 15 años, Bugueño asistió a la concentración
junto a sus compañeros de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.). Era hijo de Josefina Bravo, presidenta del Sindicato de la Industria Ferriloza, quien se encontraba
en la Plaza Bulnes con sus compañeras de trabajo.98 El criterio editorial de El Siglo en seleccionar estos casos
nos es desconocido, pero ellos dan luces sobre el surgimiento de “comunistas desde la cuna,” para utilizar la terminología de un historiador de otras
96 Las declaraciones de Rosales y Ocampo se encuentra en Causa
rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, fojas 34-35
y 639-640. 97 El Siglo (Santiago), 29 de enero de 1946, “Menor de ocho años
fue brutalmente apaleado”, p. 2; y El Siglo (Santiago), 12 de febrero
de 1946, “Dice el niño Luis Lobos: ‘Yo también pido castigo para los masacradores en Plaza Bulnes’”, p. 2. 98 Sobre Josefina Bravo y su hijo Damián Bugueño, véase: Causa
rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, fojas 129,
515 y 627-627vta; Mundo Nuevo (Santiago), 2 de febrero de 1946, “Dos dirigentes de la JJCC víctimas de agresión del 28”, p. 2; y El
Siglo (Santiago), 30 de enero de 1946, “Fuimos a pedir pan y
justicia y el gobierno nos dio balas”, p. 2.
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latitudes.99 El número de mujeres de mediana edad y de menores políticamente activos, entonces, no debe
subestimarse. Ahora bien, si a la Plaza Bulnes parece haber
asistido un número no despreciable de niños y
mujeres, ¿por qué las listas de heridos están compuestas en su gran mayoría de hombres adultos? Primero, como se desprende de lo dicho arriba, la
represión operaba con un sesgo de género, que hacía de los hombres los actores políticos por excelencia, la
principal amenaza al orden público. Segundo, como veremos ahora con más detalle, la protesta social operaba también con sus propias lógicas de género, las
que tendían a dejar expuestos más a los hombres que a las mujeres.100 Los testimonios de algunos de los familiares de las víctimas fatales son reveladores. Olga
Schlenkert, quien enviudaría aquella trágica tarde, llegó al lado de su marido, Filomeno Chávez, y de “una
hijita de seis años hasta la Plaza Bulnes, junto con todos los compañeros de la Comuna Nº9 del Partido Comunista.” Tanto Olga Schlenkert como Filomeno
Chávez eran comunistas, pero las balas lo alcanzaron a él y no a ella. La explicación de ello reside, en parte, en
las mismas dinámicas de pareja, dinámicas íntimas que se reproducían en el espacio público. Cuando ingresó la caballería y el conflicto entre manifestantes y
carabineros subió de tono, Olga Schlenkert decidió alejarse del centro de la plaza:
99 La expresión “comunistas desde la cuna” la tomo prestada de
Kevin Morgan, “A Family Party? Some Genealogical Reflections on the CPGB,” en Morgan et alter (eds.), Agents of the Revolution. New Biographical Approaches to the History of International Communism in the Age of Lenin and Stalin, Bern: Peter Lang, 2005. 100 Las mismas consideraciones ―dicho sea de paso― corren para
las listas de detenidos en las protestas, el tipo documental del que
más se ha nutrido la literatura sobre protesta social en Chile. Algunas de las contribuciones más valiosas que aventuran un
perfil sociológico de los manifestantes a partir de este tipo de
fuentes, son Sergio Grez, “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”, Cuadernos de Historia 19, 1999, pp. 157-193; Gabriel Salazar, La violencia en Chile, Vol. I: Violencia política popular en las “grandes alamedas”. Santiago 1947-1987 (una perspectiva histórico-popular), Santiago:
SUR, 1990; y Pedro Milos, Historia y memoria. 2 de abril de 1957,
Santiago: Lom, 2007, pp. 325-375.
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“nos retiramos con mi hijita hacia el Teatro [Continental] y en medio de la confusión y temiendo que los acontecimientos se tornaran peores, le rogué a mi marido Filomeno Chávez Villalobos que nos siguiera, pero él creía que nada iba a suceder y se perdió en medio de la multitud. Al volver a buscarlo, comenzó el fuego de parte de los carabineros, por lo que yo corrí hacia donde la niña en medio de las balas que silbaban y rompían los vidrios de los automóviles estacionados frente al Teatro Continental.”101
Durante la concentración, la madre de Ramona Parra, en cuya figura nos detendremos más adelante con
mayor detalle, experimentó un conflicto muy similar al de la viuda de Filomeno Chávez. “Hubo un momento ―declaró ante el fiscal militar la madre de Ramona
Parra― en que los carabineros montados empezaron a atropellar a los manifestantes con los caballos y yo tuve
que subirme a un escaño para evitar que un caballo me arrollara. En ese momento mi marido me exigió que me retirara, lo que hice en seguida.”102
Como los testimonios de los deudos de Filomeno Chávez y Aurelia Alarcón sugieren, las dueñas de casa
y los menores tendieron a replegarse en lugares alejados de la confrontación, aún antes que los carabineros abrieran fuego. Los recuerdos posteriores
de otros asistentes tienden a confirmar aquello. La misma presidenta del sindicato al cual pertenecía Ramona Parra, Estela Rosas, estaba alejada de los
disturbios cuando estos comenzaron, refugiada a los pies del Teatro Continental, y sólo vino a saber de la
muerte de su joven colega cuando le informó de ello un compañero.103 El testimonio oral de la entonces joven comunista y “gran amiga” de Ramona Parra, Ana
González, rescatado a través de una entrevista de carácter biográfico realizada varias décadas después,
apunta en el mismo sentido:
101 Causa rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago,
fojas 600-601. 102 Causa rol Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago,
foja 688. 103 Véase Ramona, (Santiago), 29 de febrero de 1972, “Habla la
hermana de Ramona Parra”, pp. 16-23.
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“Ese día yo, como vivía tan cerca, tomé a mi niñita y la eché al coche… y me dirigí a la Plaza Bulnes. Estaba llena de gente, llena, llena; pero también estaba llena de carabineros… [El compañero Julio Contreras] se acerca y me dice, ‘Ana, creo que los carabineros están en una actitud bastante extraña. Algo va a pasar aquí. Sería mejor que salieras del tumulto y te quedes en los jardines.’ Entonces me paso para los jardines de la Plaza. Y allí quedé, pues, cuando de repente empiezan las balas.”104
Las palabras de González se asemejan bastante a
los extractos de los testimonios judiciales citados, pues traen a la luz el carácter familiar de la protesta social y las dinámicas de género que se daban en la misma. La
biografía política de la entrevistada, por lo demás, nos introduce de lleno en el rol de las redes familiares en la perduración del activismo político a lo largo del siglo
veinte. González formó un hogar comprometido con el proyecto político del PCCH, compromiso que se
mantuvo en el tiempo. Tanto así, que su esposo, dos de sus hijos y una de sus nueras pasaron a engrosar las listas de detenidos desaparecidos durante la dictadura
de Pinochet. A partir de entonces, ella denunció los crímenes de la dictadura a través de la Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hoy continúa militando, al igual que varios de sus nietos y bisnietos.
Las hermanas Parra: redes familiares y militancia comunista.
Los testimonios arriba citados no sólo permiten descubrir la presencia de mujeres y niños en la
protesta, sino que nos instan a considerar la importancia de las redes familiares en el activismo político a lo largo del siglo recién pasado. Esto parece
104 Entrevista a Ana del Rosario González González, Santiago, 23 de noviembre de 2009, en: Colección Archivo Oral de Villa
Grimaldi, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Sobre Ana
González y sus familiares muertos durante la dictadura, véase también Ernesto Carmona (ed.), Morir Es la Noticia: Los Periodistas Relatan la Historia de sus Compañeros Asesinados y/o
Desaparecidos, Santiago: Ernesto Carmona Editor, 1997, pp. 402-
405, 407 y 409-410.
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ser particularmente marcado en el caso de la militancia del PCCH, a cuya colectividad pertenecían cuatro de las
seis víctimas fatales del 28 de enero de 1946. Sin ir más lejos, tres de los cuatro comunistas muertos aquella tarde ―Filomeno Chávez, Manuel López y
Ramona Parra― tenían familiares en la plaza en la cual fueron heridos de muerte. Ya he mencionado el caso de Filomeno Chávez, quien asistió junto a su mujer, hija
pequeña y compañeros del Partido a la concentración. El caso de Manuel López parece ser similar, pues,
según la información de la prensa, éste fue a la marcha junto a su mujer y otros residentes de la Población Acevedo, cuya organización de pobladores presidía. Su
viuda, Juana Fuentealba, relató a El Siglo: “cuando cayó herido mortalmente, y nosotros desesperados le
rogamos que nos dejara llevarlo de allí, él protestó, no lo permitió. Al contrario, ¡nos mandó! ¿Sabe lo que dijo? No lo olvidaré jamás: ‘¡Luchen compañeros!
¡Luchen compañeros!’”105 Sin ponerse a discutir sobre la veracidad de estas palabras, este testimonio
periodístico nos permite situar a la viuda de López en la plaza y nos la retrata como una mujer comprometida con la lucha por la cual su marido dio la vida.
Juana Fuentealba no fue la única viuda que declaró ante la prensa comunista. La viuda de César René Tapia, el único comunista que no murió en
cercanía de sus familiares, también prestó testimonio ante El Siglo y dicho testimonio la vincula también a las
redes del PCCH ―explicando, de paso, su ausencia. Como explica la viuda de Tapia, ella no asistió a la protesta pues no se encontraba en la capital. Su
marido era un obrero minero que, desterrado de Potrerillos por agitador, aún no lograba instalarse del
todo en la capital, razón por la que la familia tenía que residir en otro lugar: “Ante la situación angustiosa por [la] que atravesábamos en Santiago, mi esposo me
envió a Inca de Oro a casa de mi suegro. Nos era imposible sostenernos aquí [en Santiago] sin encontrar dónde vivir, siendo nosotros una familia tan
105 El Siglo (Santiago), 3 de febrero de 1946, “¡Luchen
compañeros!”, p. 5. Huelga advertir que, pese a las palabras que
se le atribuyen a Juana Fuentealba, su esposo Manuel López no murió instantáneamente, sino unas horas después.
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numerosa.” La viuda de Tapia tenía planeado volver a Santiago junto a sus cinco hijos en el futuro cercano,
pues su marido ya había logrado hallar un lugar para arrendar, pero ella debió adelantar su viaje para recibir los restos de su deudo. En esta triste travesía la
acompañó su suegro, quien, haciéndose eco del discurso partidario, declaró ante el periodista de El Siglo que el PCCH debía ser incluido en un nuevo gabinete, de izquierda.106
Ramona Parra merece párrafo aparte. Si algo
sorprende de su caso es que ella no era si uno de los muchos miembros de la familia Parra que se
encontraban en la Plaza Bulnes aquella trágica tarde. Además de su padre y de su madre, a la concentración asistieron sus dos hermanas, Flor y Olga, y dos de sus
sobrinos: un hijo de corta edad de su hermana Olga y una hija de siete años de su hermana Flor. Con excepción de los infantes, el resto de los Parra parece
haber llegado a la plaza por cuenta propia. La madre, Aurelia Alarcón, quien no asistía a las protestas tan a
menudo como el resto de sus parientes, se trasladó en aquella ocasión junto a su nieta, encontrándose en la plaza con su esposo, Manuel Parra. Aurelia Alarcón no
se encontró sin embargo con ninguna de sus tres hijas y, al parecer, estas tampoco se juntaron entre sí:
Ramona llegó a la plaza junto a sus compañeros de trabajo y allí compartió con miembros de las JJ.CC.; Olga llegó junto a su hijo pequeño y en la plaza se
juntó con su marido. Las mujeres de la familia Parra fueron a la Plaza Bulnes acompañando a sus cónyuges o compañeros de clase, atraídas todas, sí, por el
poderoso vínculo que las unía: su militancia en las filas del PCCH, o, mejor dicho, su pertenencia a una cultura
política adquirida en el seno del hogar. La consciencia de clase y el ímpetu juvenil pueden haber llevado a las hermanas Parra hacia la plaza aquella tarde ―Ramona
es generalmente descrita como una joven “valiente” por la tradición oral comunista y los cronistas de la masacre resaltan que fue ella quien conminó a sus 106 El Siglo (Santiago), 4 de febrero de 1946, “Con 5 hijos pequeños
y en completo abandono queda la viuda del obrero César René Tapia”, p. 5. Sobre César René Tapia, véase también, El Siglo
(Santiago), 2 de febrero de 1946, “René Tapia, un obrero que vivió y murió al servicio del proletariado”, p. 4.
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colegas a asistir a la protesta― pero redes poderosas las atraían hacia lo público. Redes partidarias, sí, pero de
aquellas que se adquieren en el hogar.107 Los testimonios de los Parra revelan una historia
donde el activismo político es una cuestión de familia.
Nos obligan a adentrarnos en un terreno en el cual la filiación política se confunde con la filiación sanguínea. Hijas de padres comunistas, Ramona y sus dos
hermanas mayores crecieron en la comuna de San Miguel, tradicional bastión de la izquierda chilena.
Debido a sus estudios primarios en colegios de monjas,108 sin embargo, las hermanas Parra crecieron con un conflicto latente entre la cultura política
transmitida en el hogar y la enseñanza religiosa adquirida en la escuela. Ramona llegó incluso a sentir vocación por los hábitos de monja, a lo que su madre
se opuso tenazmente. “Nosotras, las hermanas Parra,” recuerda Olga, “éramos jóvenes católicas
anticomunistas y pasábamos peleando con nuestro padre, que era militante del Partido. Claro que él nunca nos impuso nada. Pero un día, con muy buen ojo, llevó
unos jóvenes militantes a la casa. Y así conversando con ellos nos fuimos vinculando con la juventud, mi
hermana Flor, Ramona y yo.” La socialización con sus pares de las JJ.CC. fue crucial en el desarrollo personal y en la consciencia política de las hermanas. “Hacíamos
de todo. Desde organizar fiestas hasta salir en la noche a hacer rayados,” recuerda su hermana Olga. Ramona llegaría a ser incluso miembro del Comité Regional de
Santiago de las JJ.CC. No obstante el rol crucial de dicha organización política en la socialización juvenil y
en la politización de las hermanas Parra, no debe soslayarse el rol de la madre de las hermanas en morigerar la vocación religiosa de la menor de sus hijas 107 La información de este párrafo está basado en los testimonios
de Aurelia Alarcón y Olga Parra ante el fiscal militar, en Causa rol
Nº 80-1946, Segundo Juzgado Militar de Santiago, fojas 688 y
688vta-689. 108 Si bien la educación católica de las hermanas Parra puede parecerle extraño al lector, huelga advertir que los padres de ellas
eran creyentes; de hecho, el nombre de Ramona se debe a una
manda que hizo el padre de la misma en los difíciles instantes
previos a su nacimiento. No obstante la enemistad ideológica entre
comunismo y catolicismo, en el contexto chileno no han sido poco frecuentes los cruces entre ambos universos.
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ni el rol del padre de las mismas en vincularlas con jóvenes miembros de su tienda política. Aún más
importante, tal vez, el activismo de las hermanas Parra en las JJ.CC. se experimentaba en conjunto, de manera familiar. Olga recuerda que “el 15 de enero de
1944, en una fiesta en la quinta Los Naranjos, nos entregaron el carnet [de militantes de las JJ.CC.] a las tres,” poniendo de relieve el carácter fraternal del
compromiso político adquirido y revelando al mismo tiempo el traslape de las redes familiares y políticas en
la cultura comunista chilena.109 Tras la muerte de Ramona, la familia de los Parra
siguió ligada al comunismo, por lo menos con certeza
durante los meses que siguieron a la masacre. Sirva de evidencia las noticias aparecidas en el periódico Mundo Nuevo, “la voz de las Juventudes Comunistas de Chile,” el cual contribuiría enormemente a la reinvención de Ramona Parra como un símbolo de los jóvenes
comunistas. Esta revista había circulado ya durante 1937 y 1938 y después entre 1941 y 1943, pero llevaba
varios años sin editarse. La semana posterior a la masacre, sin embargo, la difunta revista juvenil reapareció nuevamente. En el primer número de esta
nueva y última época de Mundo Nuevo, una nota elogiaba la donación de dinero que hizo la madre de
Ramona Parra al periódico en su nueva intentona de captar adeptos entre la juventud chilena de izquierda: “$100 para Mundo Nuevo dio madre de Ramona Parra.”
Unas semanas después, la revista informó de la asistencia de la madre de Ramona Parra a una
asamblea de jóvenes comunistas, donde, junto a su hija Flor Parra, recordó la trágica vida de la menor de sus hijas. Flor Parra, por su parte, viajó en los meses
siguientes a la Argentina junto al joven dirigente Samuel Riquelme para conocer a fondo el activismo
social y político de sus pares trasandinos. Luego, ambos hicieron una gira por Chile informando a sus compañeros de partido de los avances de la lucha
109 La información y las citas de este párrafo están tomadas de
Ramona, (Santiago), 29 de febrero de 1972, “Habla la hermana de
Ramona Parra”, pp. 16-23. También hay información biográfica de
alguna utilidad en Mundo Nuevo (Santiago), 28 de enero de 1947,
“Ramona Parra muchacha ejemplar”, p. 12.
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juvenil clasista allende Los Andes. Durante los meses siguientes a la masacre, entonces, la familia de los
Parra permaneció ligada a un partido que, en tan crítica coyuntura, intentaba operar como una familia extendida y articular una red de ayuda moral y
material a los deudos de las víctimas. Los padres de Ramona Parra, sin ir más lejos, enviaron una carta a El Siglo agradeciendo a la CTCH por haberse hecho cargo de los funerales y al Sindicato Cristalerías de Chile por haberles cedido un nicho de su mausoleo. En dicha
carta agradecieron también “a los compañeros y amigos que se acercaron a nosotros en nuestras horas de
intenso dolor… y a la señorita Violeta Parra, poetisa obrera, que con tanto acierto glorificó su memoria.”110 La conocida folklorista chilena, que compartía no sólo
militancia en las filas del comunismo sino casualmente también el apellido de la joven mártir, había enviado al mismo diario un poema que comenzaba con la
siguiente estrofa: “En la tarde del lunes/ caíste hermana/ Nadie olvida tu nombre/ Ramona Parra.”111
Conclusión: la política entre lo público y lo privado.
Este artículo plantea una interpretación particular de la masacre de la Plaza Bulnes,
centrándose para ello en las dinámicas de género que se dieron durante la frustrada concentración sindical y la consecuente represión policial. Más que resumir los
planteamientos esbozados arriba, sin embargo, esta brevísima conclusión pretende poner sobre el tapete una serie de conceptos interrelacionados ―redes
partidarias y vínculos familiares, vida privada y espacio público― que nos obligan a reflexionar sobre el objeto
de estudio que aquí nos convoca, el mismo que trataron de negociar dirigentes, manifestantes y represores ―a saber, los límites de la política en el Chile
del siglo recién pasado. En última instancia, la trágica historia de la familia de Ramona Parra en los luctuosos sucesos de la Plaza Bulnes nos interpela a incorporar el
110 El Siglo (Santiago), 15 de febrero de 1946, “Agradecen padres de
Ramona Parra”, p. 8. 111 El Siglo (Santiago), 6 de febrero de 1946, “Elegía”, p. 3.
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ámbito privado como un espacio de crucial importancia en la constitución de la cosa pública.
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Los militares, la Dictadura y el fútbol profesional: El complejo control del deporte más popular (Chile,
1975-1981)
Roberto Lazcano V.112
“Esta es la victoria de una posición mayoritaria que se percató desde hace mucho tiempo de la pésima conducción del
fútbol chileno. Nosotros buscaremos la unidad de todos los sectores, terminaremos con los grupos irreconciliables y llevaremos a cabo planes de trabajo que son una garantía para el fútbol”113. Rolando Molina, ex presidente de Universidad de Chile y de la Asociación Central de Fútbol.
La dictadura militar del general Augusto Pinochet
impulsó diferentes medidas para el control de la vida cotidiana de la población chilena, instrumentalizando
prácticas sociales y expresiones culturales para remodelar a la sociedad chilena, apropiándose e interviniendo distintos espacios. Entre ellos estuvo el
fútbol profesional. El interés de las Fuerzas Armadas por el fútbol, según explica Eduardo Santa Cruz, surgió
porque pretendían asignarle un enfoque comercial, idealizado como un espectáculo-mercancía, acorde a los postulados programáticos del neoliberalismo114. Por
otra parte, se ha señalado que lo más llamativo para que el Régimen se interesara en el fútbol es su característica de fenómeno de masas, reflejado en su
popularidad y capacidad de congregación de personas. A esto debe añadirse que el futbol genera un espacio de
valores simbólicos y de práctica de rituales, forja
112 Licenciado en Historia y Profesor de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad Diego Portales. Actualmente es Tesista del
Programa de Magíster en Historia de la P. Universidad Católica de
Valparaíso. Correo electrónico: rplazcano@gmail.com. 113 El fin de un reinado. Estadio. 4 de marzo 1975, n° 1647, p. 12. 114 SANTA CRUZ, Eduardo. Crónica de un encuentro: Fútbol y
cultura popular. Santiago: Ediciones Instituto Profesional Arcos,
1991, pp. 50-51.
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identificación y es capaz de producir y reproducir un sentimiento nacionalista que cohesiona a la población.
Por lo tanto, se convierte en una instancia de alienación y de distracción de problemas cotidianos115 y en consecuencia, uno de los estímulos para manejarlo
es su potencial utilización como mecanismo para controlar y despolitizar a las masas, al mismo tiempo que para obtener legitimidad nacional e
internacional.116 Con respecto a las oportunidades que tuvo la
dictadura para controlar al fútbol profesional, generalmente se ha planteado que los militares lo manipularon a su antojo, utilizándolo, principalmente
para distraer a la población de los problemas económicos o de las medidas represivas. No obstante, la hipótesis propuesta es que la Dictadura llevó a cabo
un control del fútbol profesional con la inserción de militares, autoridades locales y partidarios en varios
clubes e instituciones directoras del fútbol, pero su control fue indirecto e incompleto. Esto se debe a que el Estado no participó de forma oficial ni pública en esta
medida, mientras que los dirigentes de clubes deportivos priorizaron el bienestar de estos, si las
circunstancias lo permitían, y los suyos propios, en vez de intereses más abiertamente políticos. A partir de lo señalado, el presente artículo
abordará esta compleja relación entre la dictadura y el fútbol, que debía mantenerse desde lo extraoficial, pues los militares no podían intervenir públicamente, por las
sanciones que aplica la FIFA en situaciones de ese tipo. De esta manera, se indagará en la manera que los
militares buscaron acceder a la administración de su organismo principal, la Asociación Central de Fútbol (ACF) y los equipos, por medio de la inclusión de
hombres de confianza en las mesas directivas y la fundación de nuevos clubes de provincias, para luego
abordar una de las más importantes expresiones que permiten dar cuenta de los espacios que tenían los
115 CARREÑO, Paula. Fútbol y Política, una relación conflictiva durante la dictadura militar chilena (1973-1990) y regímenes totalitarios latinoamericanos y europeos. Tesis para obtener el
grado de Licenciada en Historia. Profesor guía: Luis Ortega.
Universidad de Santiago: Licenciatura en Historia, 2011, p. 124. 116 Ibíd., p. 11.
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dirigentes para efectuar lo que ellos creían que era conveniente para el fútbol, desestimando la opinión de
las Fuerzas Armadas, como lo fue la elección y mandato de Abel Alonso.
Cambios de administración en el fútbol profesional.
En el año 1975, correspondía la elección de una
nueva mesa directiva de la Asociación Central de Fútbol y las listas que compitieron por ganarla eran
lideradas por el presidente vigente de dicha institución, Francisco Fluxá, quien iba a la reelección y ya estaba en el cargo desde antes del Golpe Militar, mientras que
su rival fue el Subdirector General de Carabineros Eduardo Gordon Cañas, dirigente de Colo-Colo. Esta elección estuvo condicionada por el decreto-ley 349 de
marzo de 1974, el cual prohibía las votaciones y estipulaba que si alguien era electo antes de su
promulgación, el mandato se prorrogaba. En términos prácticos, la votación de un nuevo directorio no sería vinculante y Fluxá debía continuar siendo presidente.
Sin embargo, indica Daniel Matamala, él creía que era respaldado por los militares, de modo que insistió en
querer ser reelecto y negoció con la Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER) la manera de establecer un mecanismo para votar.117
El procedimiento de la elección, acordado por Fluxá y el coronel Oscar Coddou, consistía en que cada club nominara a 15 personas para conformar un
directorio de 10 integrantes, el cual definiría DIGEDER. Para conservar parte el sistema de elecciones de la
Central, los votos de los clubes de Primera División valdrían doble, y los de Segunda por uno118. Lo simbólico de esta medida, es que Fluxá permitió que las
decisiones del fútbol profesional, sean tomadas por un ente estatal como DIGEDER. En esta ocasión, facilitó
una mayor injerencia de los militares, pues rectificaron y legitimaron a la lista ganadora.
117 MATAMALA, Daniel. Goles y autogoles: La relación impropia entre el fútbol y el poder político. Santiago: Planeta, 2001, pp. 82. 118 COSSA, Manuel “El equipo de Eduardo Gordon superó al de Francisco Fluxá”, La Segunda, 1 de marzo 1975: p. 13.
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La llegada del general Gordon a la presidencia de la Central se explica porque los militares no querían la
continuidad de Fluxá por haber sido anfitrión de una cena en su casa entre el expresidente Salvador Allende y los empresarios, lo que resultaba inadmisible.
Naturalmente, los dirigentes deportivos debían contar con la aprobación de Pinochet119, por lo que optaron por buscar a alguien leal a la dictadura y le ayudara a
poder influir en el fútbol chileno, quedando Rolando Molina, dirigente de Universidad de Chile a cargo de
conseguir tal objetivo.120 Ahora bien, las razones definibles como oficiales entregadas por Molina para explicar una candidatura opositora, consistían en que
consideraban que Fluxá no respetaba los reglamentos y que ellos buscarían la reestructuración que imaginaban necesaria para el fútbol chileno con la regionalización
de los torneos y la distribución de recursos económicos en forma racional121.
Después de haber sido nominado, el general Gordon reconoció que fue contactado por dirigentes de Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica,
Santiago Morning, Everton y Santiago Wanderers, junto a otros de equipos de segunda división122. Al revisar los
clubes que apoyaron su candidatura, varios de ellos ya tenían en sus mesas directivas a los opositores a Fluxá desde antes del Golpe de Estado. Por ejemplo, Rolando
Molina estaba en “la U” y Héctor Gálvez ya era presidente de Colo-Colo antes de septiembre de 1973. Lo mismo ocurrió en Santiago Wanderers, Audax
Italiano y Ferroviarios, aunque distinto es el caso de Antofagasta Portuario, ya que el coronel Hugo Moya fue
su presidente después del Golpe. Tomando en consideración que varios dirigentes estaban en las mesas de sus clubes mientras
gobernaba la Unidad Popular, se entiende que hubo colaboración con los militares. Esto, se refleja en que
fueron sus representantes quienes favorecieron que la dictadura pudiera tener mayor injerencia en las
119 GONZÁLEZ, Carlos y QUEZADA, Braian. A Discreción: Viaje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar. Santiago: Forja,
2010, pp. 20-21. 120MATAMALA, Daniel. Op. Cit. pp. 76-85. 121 Estadio, 4 de marzo 1975. Op. Cit. p. 12. 122 Ibíd., p.13.
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políticas de la Central, al respaldar y hacer ganar a la candidatura de uno de los hombres leales a la
dictadura. En efecto, no fue una intervención propiamente tal a través de una política oficial, sino que un tipo de control del fútbol profesional que generó
la posibilidad de influir en las decisiones.
El control de los clubes profesionales. Los clubes profesionales fueron otro espacio
ocupado para ampliar la influencia de la dictadura en el fútbol, pues los militares o autoridades locales como alcaldes e intendentes designados, fueron presidentes o
parte de las directivas de equipos de su ciudad o región respectiva. Desde entonces, sostiene Matamala, los dirigentes se vieron limitados en sus funciones, ya que
estaban restringidos a colaborar con el régimen123. Algunos clubes de provincia con al menos un
militar o autoridad local en sus mesas directivas fueron el ya mencionado coronel Hugo Moya en Antofagasta Portuario y el general Lautaro Recabarren en Santiago
Wanderers. Por su parte, Rangers y Green Cross tuvieron como presidentes a los alcaldes de Talca y
Temuco respectivamente124. De esta manera, se podía controlar al fútbol como entretenimiento y propaganda en ciudades125. Ahora bien, para que un funcionario del
gobierno pudiera administrar a un equipo de fútbol, no era necesario que demostrara capacidad para desenvolverse en ello. Es decir, los motivos se deben a
lo político, pues primero se le designa como autoridad y luego pasa a la conducción de un club.
Una de las experiencias destacables de un club administrado por el alcalde de su ciudad de origen fue la de Ñublense de Chillán, con el edil Pedro Guzmán
asumiendo su presidencia a fines de 1974. Lo relevante de esta gestión es que ésta tuvo un mal comienzo,
debido a que a un año de haber estado en el cargo, reconoció que tenía poco del mercado futbolístico y que carecía de experiencia en el tema, a lo que añadió que
123 MATAMALA, Daniel. Op. Cit. p. 80. 124 Ibíd. 125 CARREÑO, Paula. Op. Cit. p. 240.
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no hubo planificación desde el comienzo126, y como consecuencia, Ñublense no pudo ascender a primera
división. En el fondo, se puede constatar que los criterios en aquel entonces para que un funcionario del gobierno pudiera dirigir administrativamente a un
equipo de fútbol, no tenían que ir de la mano necesariamente con su capacidad de desenvolverse en esta responsabilidad, independiente de cómo sea su
labor política. El 1° de abril de 1976 se produjo un caso
emblemático de intervención, que fue concretada por el régimen militar a Colo-Colo. Según un comunicado, la directiva de Héctor Gálvez fue destituida y reemplazada
con integrantes del Banco Hipotecario de Chile (BHC), designados justamente por las autoridades del gobierno. Las razones oficiales que entregaron por los
medios, fueron el manejo irregular de 3 millones de pesos y evasión tributaria127. Al respecto, San Cruz
afirma que las irregularidades nunca se probaron, sino que fueron parte de una campaña a través de la prensa en contra de la presidencia de Gálvez para provocar
que Colo-Colo respondiera a los intereses de los militares y no a los propios, puesto que sus dirigentes
ya no serían los escogidos por los socios.128 Intervenir a Colo-Colo fue visto como una oportunidad por los generales Hernán Béjares y
Enrique Montero Marx, secretario general de Gobierno y subsecretario de Interior respectivamente, más aún porque el primero era el encargado de la propaganda de
la dictadura. Por lo demás, ese momento era cercano a la elección de una nueva mesa directiva de Colo-Colo,
pero DIGEDER estableció que no era posible porque seguía vigente el decreto-Ley 349. Esta medida se tomó principalmente porque el dirigente sindical Tucapel
Jiménez respaldó a una de las listas que competirían contra Gálvez quien pensaba ir a la reelección, pese a
que se había dado un permiso especial para efectuar este tipo de elecciones. Posteriormente, al no haber
126 ALONSO, Eduardo. Pedro Guzmán, Presidente y Alcalde: Ñublense dejará de ser escolta”, La Segunda, 5 de diciembre,
1975: p. 23. 127 “Tres millones de pesos faltan en la cuenta de Colo Colo”, El
Cronista, 3 de abril, 1976: p. 1. 128 SANTA CRUZ, Eduardo. 1991. Op. Cit. p. 55.
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elecciones y con Gálvez destituido, el siguiente paso fue pensado por el general Béjares, el cual consistía en
sacar provecho político a través de Colo-Colo, instalando una directiva designada directamente por los altos mandos y que aprovechara la instancia que
tendría para aplicar la lógica del modelo neoliberal en el fútbol129. Sus fundamentos apuntaban a lo deportivo, para ayudar a Colo-Colo a superar problemas de
rendimiento y la disminución de público en sus estadios, pues había preocupación desde el gobierno
por lo que ocurría con el club popular.130 En el cambio dirigencial de Colo-Colo se puede
apreciar una forma de reflejar los avances de las
políticas de shock en este deporte. Incluso, Luis Alberto Simian quién después asumió la presidencia del club
reconoció que fue una forma de demostrar que estaban capacitados para hacer algo más que administrar dinero131. Por lo tanto, con la implementación de la
intervención en el “cuadro albo”, se podría contribuir a superar sus problemas financieros, apelando de esta
forma a que los hinchas de este club, en su mayoría provenientes de los sectores populares, pudieran asimilar positivamente lo que implicaba la puesta en
marcha del nuevo modelo económico que se comenzaba a aplicar en el país. Asimismo, si la intervención resultaba y mantenía un enfoque hacia lo deportivo, se
podrían conseguir logros en los torneos con planteles competitivos, atrayendo a más espectadores y
generando mayor entusiasmo en lo que podía ser obtenible a través del modelo neoliberal.
A los pocos días de la intervención, Béjares
desmintió que ésta haya sido por parte del régimen, pese a que se anunció en un comunicado oficial132. La explicación, es que el resto de los clubes exigió que se
hiciera respetar la autonomía del fútbol profesional y que Gálvez se negara a dejar la presidencia en primera
instancia. Al mismo tiempo, se sumaba el rechazo de la FIFA a acciones como la intromisión gubernamental, por lo que se corría el riesgo de la desafiliación. Así, es 129 MATAMALA, Daniel. Op. Cit. pp. 158-160. 130 “Al gobierno le preocupa Colo Colo, pero no ha intervenido”, El Cronista, 3 de abril 1976: p. 14. 131 Ibídem. 132 Ibídem.
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que en una reunión entre el Director de DIGEDER, el general Jorge Ehlers, Gordon, Montero y Béjares se
acordó que la intervención la haría la ACF y designaría al grupo BHC a cargo de Colo-Colo ya que tenía atribuciones para ello, mientras que una del gobierno
sería rechazada por la opinión pública y podría traer nefastas consecuencias. En el fondo, la Central asumía la formalidad de la intervención, pero en la práctica era
el régimen quien estaba a cargo133. La nueva directiva de Colo-Colo fue presidida por
Javier Vial y luego por Luis Alberto Simian, gerente general del grupo FINANSA, acompañados por personeros del grupo BHC y que pertenecían a los
Chicago boys, encargados de la economía del país. De esta manera, destacan Braian Quezada y Carlos
González, es que al entrar en el fútbol, se consolidaban aún más entre las corrientes de derecha que había dentro del régimen, ya que era una nueva forma de
reflejar que se les encomendaba el manejo económico del país134. Para los encargados de la administración de
uno de los clubes más importantes y con mayor cantidad de simpatizantes era clave un buen desempeño, debido a que al estar directamente
vinculados a los militares, esto podía repercutir en su popularidad, si se tiene en cuenta que el fútbol es uno de los temas con mayor atención en el país.
La intervención propiamente tal comenzó a funcionar el 7 de abril, siendo nombrada como la
“Comisión reorganizadora de Colo-Colo”. Si se revisa la manera en que se abordó desde un diario dirigido hacia los sectores populares en esa época, como “La Tercera
de la Hora” el énfasis estaba en los objetivos deportivos que es lo que más interesa al hincha.135. En efecto, se alimentaba la idea y las expectativas de que con la
intervención y el desarrollo del “fútbol-empresa” bajo la lógica de libre mercado, se podría cumplir con títulos y
refuerzos de renombre, que en el fondo serían el parámetro de los seguidores para poder asimilar si era positivo lo que se estaba haciendo, más aún si los
133 MATAMALA, Daniel. Op. Cit. pp. 162-163. 134 GONZALEZ, Carlos y QUEZADA, Braian. Op. Cit. p. 62. 135 “Comisión reorganizadora asumió anoche”, La Tercera de la Hora, 9 de abril, 1976: p. 20.
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militares estaban detrás y su imagen ya se había asociado a este proyecto.
Pese a los intentos que hubo por mejorar la situación de Colo-Colo, mantuvo campañas intrascendentes sin lograr clasificar a la Copa
Libertadores ni progresar en lo económico mientras duró la intervención. Esto lo explica Santa Cruz al sostener que los integrantes del grupo BHC eran
hombres de negocios, particularmente de finanzas que poco sabían de fútbol136. De esta manera es que si se
vincula lo de Colo-Colo con el caso del alcalde de Chillán, Pedro Guzmán en Ñublense, resulta entendible que los militares pretendían al tener funcionarios o
gente de su confianza a la cabeza de los clubes, era más que nada lograr el control de los clubes, puesto que los intereses de los equipos debían ser
reemplazados idealmente por los del régimen. Poco importaban los criterios deportivos y qué tan
calificados estaban los nuevos dirigentes para esta función, pues o tienen un mal comienzo o simplemente fracasan por su falta de formación, aunque dijeran a
los medios que sus fines eran triunfar, ya sea ganando competencias locales o prometiendo la obtención de la
Copa Libertadores de América.
Nuevos clubes de provincia. Los militares trazaron como meta llevar a cabo la
descentralización del país y fomentar el desarrollo de
las distintas localidades, por lo que establecieron entre 1974 y 1976 un nuevo plan de organización territorial
que modificó la administración geopolítica del país, con la redistribución de las regiones. Este proyecto fue vinculado al fútbol, puesto que el régimen propuso un
plan para masificar este deporte por todo el país, el cual estaría apoyado por la nueva regionalización, ya
que tenían en cuenta el valor propagandístico y de control social que se le podía asignar a este deporte137. Ante tal intención, las autoridades impulsaron la
creación de clubes en distintas provincias para que compitieran profesionalmente, sobre todo en lugares
136 Santa Cruz, Eduardo. 1991. Op. Cit. p. 55. 137 CARREÑO, Paula. Op. Cit. pp. 239-240.
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lejanos a la zona central y cuando los clubes todavía conseguían el profesionalismo por secretaría.
El primero de los clubes fundados en dictadura fue Malleco Unido en marzo de 1974. Con el coronel Manuel Rodríguez como principal responsable, el
equipo de Angol pudo participar en Segunda División y la Copa Chile, logrando que la población se sintiera representada por él, ya que contaba con un plantel
compuesto por jugadores de la zona.138 Junto con cumplir el criterio de incorporar a sus hinchas locales
al fútbol nacional gracias a la gestión de un militar, su directiva respaldó la candidatura del general Gordon y después de Rolando Molina, dejando en evidencia que
estuvo en el bando de los que respondían a los intereses del gobierno. El segundo club es uno de los más exitosos en
Chile. Se trata de Cobreloa de Calama, fundado en enero de 1977, explica Carlos Gómez, para aumentar la
actividad deportiva en la zona y por el entusiasmo que podía generar en la gente, aprovechando que contaba con los recursos necesarios139. Esta visión ha sido
complementada por Diego Damm al plantear que se favoreció su creación desde el Estado, quien lo auspició
con dinero de la División Chuquicamata de Codelco, ya que buscaba distraer a la población e impedir posibles movilizaciones en Calama y Chuquicamata140. Por lo
tanto, se pensó que esta ciudad podía ser una buena plaza para que fuera parte del fútbol profesional, al mismo tiempo que se le integraba al país, pues había
un equipo competitivo y que según medios especializados, estaba capacitado para el fútbol
profesional.141 Cobreloa cumplió con las expectativas que la dictadura tenía para él, gracias a que potenciado
138 “Un club en tiempo record”, Estadio, 10 de septiembre 1974, n°
1622, p. 14. 139 GOMEZ, Carlos. Libro Oficial Cobreloa. Un impacto en el desierto. 1977-2007. Santiago: CEDEP, 2007. p. 15. 140 DAMM, Diego. El deporte como elemento de la cultura popular moderna: Ídolos, casos y programas deportivos de los gobiernos durante el período 1970-1991. Tesis para optar al grado de
Licenciado en Historia. Profesor guía: Claudio Rolle. Santiago,
Chile: P. Universidad Católica, Licenciatura en Historia, 2003, p.
99. 141 “El optimismo está en Calama”, Estadio. 12 de enero 1977, n°
1744, p. 3.
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con dinero de una empresa estatal y al ser apoyado a nivel nacional al llegar a la final de las Copas
Libertadores de 1981 y 1982, mientras el país estaba en crisis económica durante la segunda oportunidad. La integración de Cobreloa al profesionalismo fue
gracias al Consejo de Presidentes de la Central para que se uniera a la segunda división desde 1977, debido a que era el postulante mejor preparado: Contaba con
el respaldo de Codelco, aseguraba estadía para los equipos visitantes y era una ciudad minera142. Es decir,
en su elección primó un criterio determinado por lo económico y lo geográfico, coincidiendo con la idea del gobierno de la regionalización. Si a esto se agrega que a
la cabeza de la Central permanecía el general Gordon, es entendible que desde el cumplimiento con condiciones hasta la aceptación está determinada por
la influencia de la dictadura. Es más, el primer presidente de Cobreloa, Francisco Núñez Venegas, era
prefecto de Carabineros, por lo que el mandato del club estaba ligado desde el inicio a las fuerzas armadas. En 1978 surgieron los equipos de la entonces
región de Tarapacá, Norte Arica y Deportes Iquique, fundados en febrero y mayo respectivamente. Sobre el
primero, éste fue invitado por el general Gordon para que postulara a entrar al profesionalismo, a lo que los dirigentes ariqueños respondieron con la presentación
de una buena situación del club, lo que les valió ser aceptados en el campeonato de segunda143. Entre los motivos de su admisión, estaba el nivel de compromiso
demostrado por los representantes y que incrementaría el número de partidos, lo que conllevaba a más
ganancias, pese al desgaste de los jugadores por los viajes144. Con respecto al segundo, el equipo de la ciudad tenía el antecedente de haber ganado de gran
manera el torneo nacional amateur de 1977145, y si bien se esperaba su postulación al profesionalismo, no
142 “Hay muy poco dónde elegir. La Segunda, 7 de enero 1977: p.
15. 143 “Oficial y por unanimidad la incorporación de Arica”, La Segunda, 16 de febrero, 1978: p. 12. 144 “A veinte días de la largada”, Estadio. 15 de febrero 1978, n°
1801, p. 16. 145 “Iquique se quedó con el carnaval”, Estadio. 8 de febrero 1978,
n° 1800, p. 4.
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alcanzó a concretarla146. Como consecuencia, su fundación oficial se pospuso para mayo con el nombre
de Deportes Iquique y pudo entrar a la competencia de Segunda División en 1979, la cual ganó. Los siguientes clubes en emerger fueron los de la
región de Atacama. El primero fue Regional Atacama de Copiapó cuyo ingreso ya había sido considerado en 1977, pues desde se tenía en cuenta que provenía de
una ciudad que debía “futbolizarse”, pero la falta de recursos pospuso la conformación del club
profesional147, lo que sí se logró en marzo de 1979. Dos meses más tarde se creó Cobresal de El Salvador, equipo que tal como Cobreloa contaba con el apoyo de
Codelco, dando pie para interpretar que al ser un club con el apoyo de recursos estatales, se le asignaría el mismo rol que a los calameños.
En relación a los clubes que se convirtieron en los representativos de su ciudad de origen como Arica,
Iquique y Regional Atacama, su ingreso a la Central se debió a gestiones de los alcaldes de las comunas de Tarapacá y al intendente de Atacama148. Por
consiguiente, esta vez se trató de funcionarios de gobierno que aportaron a cumplir con la meta de
ampliar la cobertura de localidades con equipo profesional, requerimiento acogido por la mesa directiva de la Central compuesta por subordinados o
colaboradores de los militares. Así, al tener injerencia en los cargos necesarios, se puede ayudar a desarrollar el programa político del régimen, como en este caso la
regionalización, en paralelo a la creación de espacios de control en el fútbol, pues en el fondo los nuevos clubes
son administrados por el oficialismo de una u otra forma, favoreciendo así que siga empleando al fútbol profesional para los fines políticos que se estimen
convenientes.
La era de Abel Alonso en la Central.
146 “Ariqueños dejaron su situación solucionada”, La Segunda, 14
de febrero 1978: p. 14. 147 La Segunda, 7 de enero, 1977. Op. Cit. p. 15. 148 CARREÑO, Paula. Op. Cit. p. 241.
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A comienzos de 1979, se jugó el Sudamericano Sub 20 en Paysandú, Uruguay, el cual entregaba cupos
para el Mundial de la misma categoría en Japón y los Juegos Panamericanos de San Juan en Puerto Rico a jugar en el mismo año. En cuanto a la participación de
Chile, ésta terminó en escándalo, puesto que fue descubierta la inclusión de jugadores que excedían el límite de edad con pasaportes falsificados, de modo que
cuando volvieron, estuvieron detenidos por unos días junto a parte del cuerpo técnico.
La relevancia que tuvo esta competición, se debe a que coincidió con la época de transición de la mesa directiva de la Central, cuya elección ganó la lista que
encabezaba el presidente de Unión Española, Abel Alonso, quien derrotó a la de Rolando Molina de Universidad de Chile, representante de la continuidad
del General Gordon y la dictadura. La votación había sido realizada el 25 de noviembre de 1978 y tuvo la
misma mecánica que en 1975, es decir, se nominarían personas y DIGEDER escogería quienes compondrían la mesa. Los resultados entregaron que Alonso sacó 36
votos contra 18 de Molina, destacando la particularidad de que la lista ganadora estaba integrada por miembros
de clubes que tenían a colaboradores del gobierno que habían apoyado al general Gordon e incluso militares como el Coronel Luis Zúñiga de Trasandino y el
Comandante Patricio Araya de Aviación149. Los motivos que ayudarían a entender por qué no
ganó las elecciones un aliado de los militares,
consistieron en que la directiva de Gordon realizó una gestión en que no se concretaron grandes proyectos, ni
siquiera la restructuración prometida y a nivel de Selección, no se clasificó al mundial de Argentina en 1978. Continuando con los criterios deportivos, Unión
Española ganó tres campeonatos locales y llegó a la final de la Copa Libertadores de 1975 durante la
administración de Alonso. Por su parte, “la U” con Molina tenía un opaco desempeño en las competencias nacionales y había fundado hacía poco la CORFUCH,
separando a la rama de fútbol de la Universidad de Chile de la casa de estudios. En cuanto a lo estratégico,
149 “Alonso elegido Presidente”, La Segunda, 25 de noviembre,
1978: p. 28.
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la DIGEDER estaba en una etapa de transición entre la salida de Jorge Ehlers y que asumiera su sucesor
Patricio Guzmán, por lo que no pudo producirse mayor influencia de la dictadura en las elecciones, a lo que se sumó que Molina no tenía el apoyo de una institución
como Carabineros con la que contaba Gordon, sino que era simplemente un civil que colaboraba con los militares150.
En 1975, cuando el General Gordon venció a Fluxá, el cambio de mando fue cosa de días gracias a la
rápida rectificación del triunfo por parte de DIGEDER. Sin embargo, esta vez intentó aplazarlo lo más posible, pero al estar el general Gordon involucrado en el caso
de los seleccionados de Paysandú, los presidentes de los clubes le exigieron la renuncia, ya que no correspondía un escándalo así151. En consecuencia,
Gordon tuvo que dejar la presidencia de la Central y para ser alejado de responsabilidades por el caso de los
pasaportes, Pinochet lo designó como embajador en Nicaragua y Alonso recién pudo asumir a mediados de enero de 1979.
Al observar cómo Abel Alonso llegó a la presidencia de la Central, resulta comprensible, que si
bien los militares contaban con gente de su confianza en la mayoría de los clubes, se hacía necesario armar una estrategia que debía permitir a Molina obtener la
adhesión de la mayoría de los dirigentes. Esto se explica, ya que no se le dio el respaldo preciso para competir contra Alonso, quien fue más exitoso al
administrar su club, lo cual habría sido más convincente para los otros dirigentes, demostrando de
paso que tenían cierta autonomía al poder votar por el candidato que ellos estimaban conveniente. La necesidad de planificar en ese momento, se puede
evidenciar aún más, si se tiene en cuenta que Molina fue electo presidente de la Central en 1983, gracias a
que se trabajó en conseguir los votos requeridos. Pese a que la dictadura perdió la opción de influir
en la mesa directiva de la ACF ante un presidente con
el que costaba negociar, al poco tiempo intentó recuperar tal espacio a través de la DIGEDER apelando
150 MATAMALA, Daniel. Op. Cit. pp. 89-90. 151 Ibíd., pp. 90-91.
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a lo económico. Ya en 1979, la Central y los clubes mantenían irregularidades en relación a los recursos
que les entregaba la Dirección de Deportes gracias a las ganancias de la “Polla Gol”, puesto que no rendían la cuenta de los gastos que realizaban. En efecto, esta vez
el tipo de control que se buscó ejecutar era para normalizar la situación de los clubes y así conservar el buen funcionamiento de la actividad, quedando el
general Iván Dobud como el encargado de arreglar la situación del fútbol profesional tras ser designado como
Director de Deportes en 1981. El general Dobud partió de la base que era
mucho el dinero que generaba la “Polla Gol”, al
entregar incluso premios de un millón de pesos semanales, por lo que era pertinente administrarlo correctamente, ya que desde distintos sectores del
deporte querían más de lo que recibían y además malgastaban. Así, es que solicitó que los gastos de la
Central y los clubes fueran racionalizados y respaldados, porque al ser dinero que se entregaba desde el Estado, se debían rendir ante la Contraloría. Si
no se cumplía con ello, Dobud amenazó con no entregar más dinero al fútbol.152
La medida tomada por Dobud se puede considerar como práctica, si se tiene en cuenta que en ese tiempo los clubes estaban comenzando a
incrementar sus deudas, por lo que exigir que se buscaran soluciones para arreglar sus problemas era necesario. No obstante, ante la amenaza de Dobud,
Abel Alonso respondió con que no se seguiría jugando el campeonato y renunciaría junto a Luis Santibáñez,
director técnico de la Selección Chilena que había clasificado al mundial de España 82’. En cuanto a los clubes, sus directivas también renunciarían para que
fueran intervenidos por el gobierno, lo que traería como riesgo la desafiliación de la FIFA y por consiguiente
Chile no podría ir al mundial153. Ante la medida de presión de Alonso, claramente
el coste que ello traería sería la baja de apoyo popular
para el régimen, pues la percepción de la sociedad sería
152 GONZALEZ, Carlos y QUEZADA, Braian. Op. Cit. p. 58. 153 “¿Qué pasa si se va Alonso?”, Deporte Total, 30 de junio 1981,
n° 3, p. 14.
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que los militares atentaban contra el desarrollo del fútbol y al mismo tiempo, serían reconocidos como los
responsables de que Chile no jugara un mundial, lo que se traducía en una posible amenaza de descontento general. Así, es que el mismísimo Pinochet
ordenó a Dobud que arreglara lo que estaba pasando en forma inmediata, por lo que el Director de Deportes no tuvo más opción que volver a entregar recursos a la
Central y los clubes. La versión que entregaba la prensa, era que por decisión de Pinochet esto se haría,
en forma íntegra y sin condiciones. En cuanto a Dobud, sería pasado a retiro, enviado como embajador a Panamá y reemplazado por César Manríquez. Este
último estuvo un año como Director de Deportes sin mayor trascendencia154.
Al observar que a través de un organismo del
poder central como la DIGEDER, se optó por persistir en mantener injerencia en el fútbol, es posible
constatar que se tomó un camino distinto para intentar mantener la influencia en el fútbol, tras haber perdido la línea directa que se tenía con el general Gordon. No
obstante, desde el accionar del general Dobud, se observa una estrategia con fines disímiles, pues el
propósito era regular lo que se hacía con los dineros entregados a la Central y los clubes, en el fondo para acabar los malos manejos que habían de estos y así
continuar en forma correcta con el funcionamiento de la actividad. Eso sí, ésta fue una maniobra de doble filo, pues se corrieron riesgos de disminuir la
popularidad del régimen al ser un ente estatal el que impedía que hubiera fútbol según la opinión pública,
cuando justamente la intención era que permaneciera. Por consiguiente, es que esta táctica obligó a Pinochet a tomar cartas en el asunto para que el fútbol siguiera
teniendo el objetivo inicial asignado por los militares. Es decir, si se unifican las distintas visiones dentro del
régimen, el fútbol profesional debía ser regulado y estabilizado económicamente para continuar operando, ya sea como distractor o bien, para promocionar los
logros obtenidos.
154 MATAMALA, Daniel. Op. Cit. pp. 103-105.
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Conclusiones Al observar el período entre 1975 y 1981, se
puede apreciar que los militares planearon tener a su disposición el fútbol profesional, para facilitar que la actividad respondiera a sus intereses. Es decir, que
fuera un ente distractor y propagandístico, que sirviera para desplegar los logros obtenidos de su proyecto político, en un espacio que captaba la atención de la
sociedad. En términos prácticos, el régimen consiguió tener un control indirecto del fútbol profesional, ya que
no hubo políticas públicas que correspondieran a una intervención oficial, sino que se enfocó en conquistar los espacios requeridos, como la Asociación Central de
Fútbol y parte de los equipos profesionales al instalar a gente de su confianza en los cargos pertinentes, a través de estrategias.
En cuanto a las medidas que se tomaron para los clubes, quizás el caso más representativo de cómo se
utilizó al fútbol fue la intervención -a cargo del grupo BHC con el gobierno detrás- a Colo-Colo, ocupado como medio de propaganda para difundir el nuevo
modelo económico neoliberal bajo el “fútbol-empresa”, aunque fracasó. A algunos nuevos equipos, se les
favoreció ayudándoles a ser fundados en provincias, para fomentar la regionalización e integración, siendo administrados por partidarios o funcionarios de los
militares. En cuanto a otros ya existentes, también pasaron a tener dirigencias similares, escogidas con un criterio político, dejando de lado la capacidad que
tuvieran como dirigente deportivo. Otra de las estrategias de los militares, fue
desplegada en 1979 cuando el régimen perdió influencia en la Central con la llegada de Abel Alonso a su presidencia, por lo que cambió su mecanismo de
control por la DIGEDER, dando un giro hacia regular la situación económica de los clubes y la Central. Sin
embargo, se corrió el riesgo a que la población pensara que el gobierno se negaba a ayudar al fútbol, por lo que la idea no prosperó. No obstante, después de la
participación en el mundial de España 82’, el régimen recuperó el control indirecto de la Central, con su colaborador Rolando Molina de presidente, aunque bajo
su mandato la mayoría de los clubes entró en crisis.
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El ser de tipo indirecto el control que tuvo la dictadura en el fútbol significó que las directivas
tuvieron instancias para actuar con autonomía, por lo que no siempre cumplieron con el propósito de servir como los militares deseaban que funcionara el fútbol
profesional, sino que también tuvieron la posibilidad de hacerlo en base a las necesidades de los equipos. De este modo, es que al no ser un control absoluto u
oficial, el régimen influyó en las decisiones, independiente de los niveles de presión que ejercieran o
de lo dispuestos a colaborar que estuvieran los funcionarios.
Bibliografía
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Estadio (Santiago): 1975 – 1981
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Del final de la dictadura al final de la CEPI: El colonialismo de Estado dentro de la construcción de
la ley indígena (1989-1993).
Rodrigo Ulloa Fredes155
Introducción Este artículo analiza el período final de la
Dictadura y los comienzos de la transición democrática, en la perspectiva del desarrollo de la Ley 19.253 y sus repercusiones en las distintas organizaciones mapuche.
Analizaremos el rol generado por la Dictadura, para finalmente abocarnos a un análisis de la candidatura y gobierno de Patricio Aylwin, en conjunto con el rol de la
Comisión Especial para el Desarrollo Indígenas en el desarrollo de la ley núm. 19.253.
La hipótesis que planteamos postula que hubo relaciones coloniales entre el Estado-nación chileno en el período de temprana transición democrática, hacia el
pueblo mapuche, heredadas con matices del régimen militar. Así postulamos que la dictadura militar y los
candidatos presidenciales Hernan Büchi y Patricio Aylwin con sus respectivos proyectos políticos, representan, en cuanto a relaciones políticas, una
continuidad colonialista hacia el mundo indígena en general y mapuche en particular, en sus formas de ejercer políticas públicas, que niegan las distintas
agencias políticas mapuche. A través de esto, pese a que Aylwin, representaba un importante cambio de este
paradigma, especialmente con la intención de legislar sobre la temática indígena, finalmente esta legislación pese a la importante participación indígena, en los
procesos posteriores se concluyeron en la perpetuación de lógicas colonialistas que perduran hasta el día de
hoy, ratificados políticas públicas de corte asistencialista y paternalista.
155 Licenciado y Profesor de Historia, Universidad Diego Portales,
Estudiante de Magister en Estudios Latinoamericanos,
Universidad de Chile.
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El colonialismo como categoría de análisis. Uno de los autores fundamentales es Catherine
Walsh,156 quien plantea que en América Latina hay una colonialidad del saber, donde el modelo de desarrollo político, económico y social a seguir es el netamente
eurocéntrico; donde el saber creado desde este continente y específicamente por los pueblos originarios, se tiende a deslegitimar. Esta colonialidad
del saber instaló una diferencia que no es simplemente étnica y racial, sino colonial y epistémica. Esto es
fundamental de considerar en el caso chileno, ya que las distintas instituciones indígenas emanadas de la ley núm. 19.253 fueron propuestas por el gobierno y
aprobadas por el Parlamento. Así, se creó una subjetividad intrínseca ligada un “otro” totalmente renegado, donde finalmente es la centralidad del
Estado nación quien decide los caminos a seguir. Esto implicó que las formas de los distintos saberes
indígenas quedaran postergados por el peso político de las autoridades. En consecuencia, el Estado nación chileno prefiere velar por el equilibrio político que por el
bienestar de la población indígena, lo que genera distintos tipos de ventajas políticas a escala del
gobierno y la oposición, como también a nivel regional. Este discurso estatal propicia otro discurso, de índole contestataria, contra hegemónico, contrainsurgente,
anticapitalista y anticolonial, que emana de estos saberes relegados, tal como nos señala Héctor Llaitul, miembro de la Coordinadora de Comunidades en
Conflicto Arauco-Malleco:
“Creemos que las vías que el sistema ofrece, sus
programas y políticas sociales, resultan funcionales al sistema que nos oprime, no nos sirven. Queremos pasar a otro tipo de práctica: ocupar el territorio y controlarlo (…) Entendemos que existe la educación formal y que hay una gran demanda por mejorarla. Constatamos que
156 WALSH, Catherine. “Geopolíticas del conocimiento, interculturalidad y descolonización” [PDF].
://icci.nativeweb.org/boletin/60/walsh.html> [consultado 15.08.
2013]; WALSH, Catherine. “Interculturalidad, reformas
constitucionales y pluralismo jurídico” [PDF].
<http://icci.nativeweb.org /boletin/36/walsh.html> [consultado 15.08.2013].
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80
ha habido avances en educación y salud; que hoy existe, por ejemplo una salud que incorpora la sabiduría mapuche en esta materia, que hay machi en los hospitales (…) Estrictamente, debemos considerar que la machi es una figura central, una ordenadora de las ceremonias, que su medicina debe ser desde y en las comunidades (…) siempre reivindicamos, para la mantención y recuperación de nuestros derechos políticos y territoriales, el rol histórico y ancestral de nuestras autoridades tradicionales y, en esta perspectiva, no nos restamos a denunciar al Estado y al gobierno de querer, intencionadamente, desvirtuar nuestras figuras.”157
En este sentido, Josef Estermann entrega una
definición fundamental sobre colonialidad al señalar que hay una multiplicidad de fenómenos, desde los sicológicos hasta los económicos (incluido lo militar),
donde la dominación de un “uno” hacia un “otro” es primordial, donde hay una imposición de una cultura, filosofía, religiosidad y un modo de vivir, entre otros158.
Esta definición muestra que la colonialidad –o como también el autor lo señala, el “neo-colonialismo”–
permite entender el gran abanico de posibilidades que hay dentro de este concepto. Al respecto, Chatterjjee indica que “según mi lectura, el nacionalismo
anticolonial forja su propio espacio de soberanía dentro de la sociedad colonial mucho antes de iniciar su
batalla por la política con el poder imperial”.159 Esto resulta fundamental para el caso chileno, ya que este abanico de posibilidades se enmarca tanto en el
contexto de la dictadura, como en la herencia del modelo impuesto por ella. Pero también hay una serie de imposiciones hegemónicas y unilaterales de los
distintos gobiernos democráticos hacia los mapuche,
157 LLAITUL, Héctor, ARRATE, Jorge. Weichan, conversaciones con un weychafe en la prisión política. Santiago: Ceibo Ediciones, 2012,
pp.123-124. 158 ESTERMANN, Josef. “Colonialidad, decolonización e
interculturalidad, Apuntes desde la Filosofía Intercultural”, en
VIAÑA, Jorge et al. Interculturalidad crítica y descolonización,
fundamentos para el debate. La Paz: III-CAB, 2009. 159 CHATTERJEE, Óp. Cit. P. 93.
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que han ido en detrimento del movimiento mapuche, especialmente ilustrada en el apoyo del gobierno de
Frei y su relación con las grandes empresas del sector energético y forestal.
Por su parte, Quijano expone otra característica
de este colonialismo: el capitalismo mundial eurocéntrico ha creado estereotipos como forma de dominación colonial en el sentido económico, pero esta
dominación también genera formas de sociedad. En este sentido, este autor nos habla de raza como un
constructo mental creado para generar dominación, utilizado desde la Colonia hasta nuestros días.160
Junto con este autor, Mignolo es fundamental
para contextualizar esta reformulación del colonialismo, ya que el autor propone que esta colonialidad está fuertemente presente dentro de los
márgenes de la modernidad.161 Para este autor, la colonialidad es constitutiva de la modernidad, pero
dentro de su seno surgen las voces de descontento, de desconfianza, de los que reaccionan en contra del sistema. Esto es fundamental de tener en cuenta; en
especial dentro de la relación que se puede generar, tanto en la praxis como en la espíteme, de los distintos
grupos mapuche que luchan contra el Estado chileno. Estos conceptos generan la base teórica para comprender las relaciones entre el mundo indígena y el
Estado nación chileno, y todas las cargas subjetivas que de estas emanan.
Contexto antidemocrático
El golpe de Estado supuso un cambio radical tanto en el devenir del movimiento mapuche, como para el sistema político y económico vigente en Chile en
los ‘70. En primer lugar, se inició un proceso de contrarreforma agraria propiciado por los grandes
160QUIJANO, Aníbal. “¡Qué tal raza!” (online)
alainet.org/active/929 [consultado 15.08.2013]. 161MIGNOLO, Walter. “El pensamiento decolonial: desprendimiento
y apertura. Un manifiesto”, en CASTRO-GÓMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón. El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo
del Hombre, 2007; MIGNOLO, Walter. La Idea de América Latina.
Barcelona: Gedisa, 2007.
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terratenientes y la dictadura militar, que fue sumamente violento para los campesinos y, en
particular, para los mapuche que habían recuperado tierras162. Dentro de este contexto, José Aylwin163 señala que los decretos emanados desde la dictadura
militar apuntaron a eliminar legalmente la vida en comunidad, una idea nada nueva dentro del aparato del gobierno, donde la privatización de las tierras
indígenas (aquellas que se salvaron del proceso de contrarreforma agraria) a grandes empresas
transnacionales, conllevaron al silenciamiento discursivo del ser indígena. Esto, según Aylwin, tiene como fin poner a las comunidades mapuche a tono con
el modelo de libre mercado tras la puesta en marcha del proyecto neoliberal, con los altos costos sociales, económicos y culturales que conllevó al introducirlos a
la fuerza dentro de la “modernidad”. La dictadura militar de Augusto Pinochet –como
lo señala Teresa Durán– fue sumamente represiva hacia el pueblo mapuche, tanto en el ámbito de la violación a los derechos humanos (desaparición forzada
de personas, torturas, prisión política, exilio) como por las políticas públicas que permitieron instaurar el
modelo económico neoliberal.164 La eliminación de este último será una de las banderas de lucha del movimiento mapuche durante los ‘90. Además cabe
señalar, que tal como señala Florencia Mallon,165 los
162 Para complementar análisis ver: MALLON, Florencia. La sangre del copihue, la comunidad mapuche de Nicolas Ailío y el Estado chileno. Santiago: LOM, 2004; CORREA, Martín, MELLA, Eduardo.
Las razones del illkum/enojo. Santiago: Lom ediciones, 2010.
RAILAF, Rafael, Et. Al. A desalambra, historias de mapuches y chilenos en la lucha por la tierra. Santiago de Chile: Editorial Ayun,
2010. CORREA, Martín, MOLINA, Raúl, YAÑEZ, Nancy. La reforma agraria y las tierras mapuches, Chile 1962-1975. Santiago: LOM,
2005. 163 AYLWIN, José. Políticas públicas y pueblo mapuche. Temuco:
Instituto de Estudios Indígenas Universidad de La Frontera, 2001. 164Para un análisis más profundo ver: DURÁN, Teresa. Muerte y Desaparición Forzada en la Araucanía: Una Aproximación Étnica.
Efectos psicosociales e interpretación sociocultural de la represión
política vivida por los familiares de detenidos-desaparecidos y
ejecutados mapuches y no-mapuches. IX Región. Chile. (1973-90).
Santiago: LOM, 1998. 165 Ver MALLON, Florencia. La Sangre del Copihue: La comunidad Mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno 1906-2001. Santiago
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mapuche fueron los primeros en sentir el rigor del golpe de Estado previo al 11 de septiembre, en donde el
29 de agosto de 1973 comienzan los allanamientos y las torturas para el mundo mapuche inmerso dentro del proceso de recuperación de tierras.
El análisis de la represión a los sectores mapuche hay que tenerlo presente, ya que instaura una manera de proceder ante la lucha indígena, donde no solo la
represión desempeña un rol clave, sino que también la legislación. Según Durán, la procedencia de esta
represión obedece a una violencia étnica basada en la estigmatización de los mapuche, heredada del imaginario colonial proveniente del siglo XIX, que es
muy notorio no sólo en las autoridades, sino que en la sociedad en general: “las desapariciones son más frecuentes en las zonas donde se produjo una “limpieza
social” a manos de los grupos paramilitares de personas acusadas de robos de ganado y participación
en las tomas.”166 No obstante, con el fenómeno de la
estigmatización es posible trazar una línea de
continuidad con el pasado colonial debido a que este perdura fuertemente hasta nuestros días, tanto en las
autoridades como en la sociedad chilena, categorizando al mapuche contemporáneo como símbolo de la barbarie.
El periodo represivo vivido durante la dictadura militar es fundamental para comprender el posterior desarrollo del movimiento indígena.167 La violencia
política implicó una serie de abusos hacia las comunidades mapuche, referidas por importantes
de Chile: LOM, 2004. Esp. C.5: “Cuando los fogones se apagaron,
1973-1992. 166DURÁN, Teresa. Óp. cit. P. 30. 167 “El pueblo mapuche fue el que mayores atrocidades sufrió
durante el golpe militar. Muchos cuerpos, ya en descomposición aparecían flotando en el río Toltén. El hospital regional de Temuco
informó, alrededor del 20 de septiembre, que cerca de 40
cadáveres mapuche habían llegado a la morgue del hospital. Todos habían sido muertos por balas” visto en GAVILAN, Víctor. La Nación Mapuche, Puelmapu ka Gulumapu (PDF)
www.mapuche.info/wps_pdf/gavilan20110920.pdf [Consultado 15/08/2013]
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autores.168 En este sentido cabe señalar, que posterior al golpe militar las autoridades implementaron una
serie de políticas que buscaron alcanzar dos no excluyentes objetivos: chilenizar a los mapuche -idea no muy original tomando en cuenta el pasado político,
discursivo y practico del Estado chileno y- paralelamente generar el ambientes propicio para la privatización de los terrenos. Esto fue favorecido
mediante decretos y leyes para recuperar las tierras otorgadas a las comunidades mapuche a raíz de la
reforma agraria, privatizarlas y con ello hacer entrar al mapuche en particular y a la sociedad en general modelo de libre mercado. Por consiguiente, la dictadura
militar reformuló el colonialismo estatal, mediante la puesta en marcha de un sistema político, social y principalmente económico, en donde el ser indígena no
existe. Desde el mismo tejido de dictadura militar, se
comenzaron a generar nuevas propuestas políticas mapuche, primero dentro de una concepción partidista al crear organizaciones o movimientos al alero de
partidos de oposición a la dictadura. Según José Marimán169 estos son fundamentales para comprender
el período de temprana transición, ya que esta identificación partidista ayudará a la generación de ideas en primer lugar críticas a la dictadura militar,
168Ver AYLWIN, José. Óp. cit.; CORREA y MELLA. Óp. cit.; MELLA,
Eduardo. Óp. cit.; MILLALÉN y CANIUQUEO. Óp. cit.; SAAVEDRA,
Alejandro. Óp.cit.; MALLON, op.Cit. 169“Estas organizaciones son integracionistas y se diferencian unas
de otras por su relación de dependencia con una institución
estatonacional diferente (es conocida la vinculación de Ad Mapu
con el Partido Comunista, NehuenMapu con la Democracia
Cristiana, Lautaro ÑiAyllarehue y la Asociación Mapuche Arauco con el Partido Socialista. Callfulican fue formada por ex militantes
socialistas, el Centro Cultural Mapuche fue creado por un ex-
militante de alto rango del Partido Comunista). La integración
promovida por estas organizaciones no implica renunciar del todo
a la cultura propia, sino que se trata de una integración con ella.
Finalmente, un número no despreciable de dirigentes mapuche de las mismas tienen o han tenido la experiencia de haber militado en
partidos políticos, lugar donde han recogido ideología y experiencia
política”. Visto en: MARIMÁN, José. “Transición democrática en
Chile ¿Nuevo ciclo reivindicativo mapuche?”, en
www.mapuche.info/mapuint/jmar5a.htm [Consultado 15.08.2012].
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pero que luego cuajaron en formulaciones de índole más étnica. En este sentido, hay un cambio
considerable en la segunda mitad de los ‘80, ya que se dejan de lado los modelos partidistas y aparecen modelos políticos con una afiliación étnica más que de
clase. Desde nuestra perspectiva, discrepamos en este punto con Marimán, si bien consideramos que este es un punto importante, pero no pone en manifiesto la
gran dimensión de estos movimientos, ya que se puede observar una continuidad étnica desde la creación de
los llamados centros culturales170, al amparo de la Iglesia, que pretendían resguardar la cultura mapuche y que se opusieron rotundamente a la ley de división de
tierras de 1979. Estos centros culturales marcaron la base para la posterior creación de grupos mucho más politizados como el Ad-Mapu, organización
fundamental durante las dos últimas décadas del siglo XX, que ofició como la voz del movimiento mapuche y
resultó fundamental para el Pacto de Nueva Imperial y la creación del borrador de la Ley Indígena por la CEPI.
Estos centros culturales rescatan la cultura
mapuche y ponen en la palestra un tema de identificación étnica, lo que generó, a posteriori,
organizaciones políticas mapuche en Chile y en el extranjero, que incluso a mediados de los ‘80, consiguió enviar documentos a la ONU para poner en el foco
mundial la situación del mundo mapuche. En este sentido, esta afiliación étnica siempre estuvo presente durante la dictadura militar, la cual buscaba
contrarrestar las políticas publicas de la dictaduras decididas a la invisibilización de lo mapuche.
Pese a lo señalado, este proceso basado en la identificación étnica de los grupos mapuche no implica que estos movimientos estén ausentes de aspectos
ideológicos o de clase, en lo que Marimán llama
170Con respecto a los Centros culturales mapuche, en 1978, y con
el apoyo del Instituto Indígena y la propia Iglesia Católica, se crearon los Centros culturales mapuche. Según Meillan Painemal,
“los objetivos eran simplemente promover la cultura mapuche y la
organización como pueblo que nuevamente comenzaba a levantar cabeza”. Visto en: GAVILAN, Víctor. La Nación Mapuche, Puelmapu ka Gulumapu, en
www.mapuche.info/wps_pdf/gavilan20110920.pdf [Consultado 15/08/2013].
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“conflicto nacionalitario”171, ya que debemos tener en cuenta la complejidad de los grupos sociales, que no
siempre tienen una dirección lineal y especifica y sus postulados pueden variar por completo desde una perspectiva histórica. Hoy, la complejidad de las nuevas
demandas mapuche incluye la autonomía, la autodeterminación, aunque esta concepción es muy variable dentro de la heterogeneidad del mundo
mapuche:
“En ese marco no me resulta extraño que un mapuche pueda responder a una encuesta renegando teóricamente o en su práctica cotidiana de aspectos etnoculturales de su nacionalidad, o de sus luchas, y que al mismo tiempo reafirme –consciente o inconscientemente– la diferencia étnica, base de los conflictos nacionalitarios. Si no, cómo entender palabras tan contradictorias en un mapuche como: ‘entre más evangélico soy, más mapuche me siento”172
Período de transición democrática y nueva legislación.
El 5 de octubre de 1988 se realizó el plebiscito, el
cual tuvo como finalidad dar continuidad a la Dictadura o reestablecer un sistema democrático. El resultado fue la vuelta al sistema democrático y el
llamado a elecciones presidenciales para finales del año
171 El concepto Etnonacionalismo o nacionalitario como también lo
habla el autor, esta de la mano con la constante lucha
nacionalista de los distintos pueblos originarios alrededor del mundo en detrimento a un Estado nación con pretensiones
homogéneas, en este sentido reducir la problemática indígena en
Chile a solo un conflicto de tierra, sería no comprender la
complejidad de las relaciones sociales dentro de un Estado nación
que omite al “otro”, en este caso indígena dentro del discurso
oficial. Por consiguiente el Etnonacionalismo es comprendido como una auto identificación étnica, cultural, política, económica y
social dentro del mundo indígena. 172MARIMAN, José. “El conflicto nacionalitario y sus perspectivas
de desarrollo en Chile” (PDF).
www.archivochile.com/Pueblos_originarios/estud/POestudios0001.pdf [Consultado 15.08.2013]
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1989. Aquí se presentaron como principales candidatos: Patricio Aylwin, abanderado de la
Concertación de Partidos por la Democracia, y Hernán Büchi, representante de la continuidad del régimen. Tomando en cuenta este precedente, los mapuche no
estuvieron alejados de la contingencia política ni en la disputa electoral, lo cual significó el intento de estos dos candidatos por cooptar al mundo indígena.173 En
este sentido José Santos Millao, líder de Ad-Mapu, señalaba “la política que se ha generado en esta
sociedad no es la situación de la cual los mapuches u otras etnias deban marginarse y la cuestión es cómo participar en todos los desafíos que signifiquen velar
por el destino de la sociedad chilena”174. Esto por consiguiente reinterpreta la importancia mapuche en de las elecciones presidenciales como actores políticos
con su propia agencia histórica. A raíz de lo anterior, ambos candidatos
trabajaron fuertemente para -hacerse suyo- el voto mapuche, en donde hubo una gran diferencia de trabajo. Por parte del abanderado de la derecha “el
dirigente del comando de Büchi, Diego Benavente, aseguró que el candidato conoce una buena parte de
los hábitos, cultura tradiciones del pueblo mapuche.”175 Esto es fundamental dentro de la lógica de producción de discursos que suponen una tradición
colonialista por parte de la derecha dictatorial y su posterior brazo político desarrollado por la UDI y RN en el contexto democrático. En estas circunstancias la
colonialidad del poder se hace más patente en donde el candidato de derecha es capaz de “comprender” a
cabalidad la realidad mapuche en particular, por lo tato niega la intervención mapuche como proyecto intercultural dentro del posterior desarrollo de su
173 Cabe señalar que no existe un grupo político, o en este caso un
grupo indígena que sea lineal, o las subjetividades inmersas
dentro de su seno no influyan la dirección estos grupos, ni tampoco que sea patrimonio de un sector político. Por lo tanto no
es difícil ver mapuche de izquierda como de derecha en la
actualidad, pero este no es un hecho contemporáneo, sino que ha
sucedido en el pasado reciente y más lejano desde la ocupación de
la Araucanía por parte del ejército chileno. 174 La Tercera, 11.03.1989, p.12. 175 El Austral de Temuco, 18.11.1989, p.A7.
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gobierno, claramente una continuidad colonialista del régimen militar y su legislación de división de
comunidades. Además niega los saberes encausados desde el mundo mapuche, en donde el candidato de derecha finalmente es el “único” capaz de velar por un
mejor desarrollo para este pueblo. Por otra parte, la Concertación logró un dialogo
más potente con el mundo indígena en general y
mapuche en particular, durante el año 1989 tal como lo señala Gerardo Zuñiga176 en un primer periodo de
negociación, en donde el 12 de octubre de ese año una comisión especial para los pueblos indígenas encabezada por José Bengoa, pone sobre la mesa una
propuesta para el entendimiento entre este grupo político y las organizaciones indígenas para el dialogo. Aquí hay que considerar que esta propuesta fue
emanada desde el seno de la Concertación y no de las organizaciones indígenas, por lo tanto podemos ver que
al igual que Büchi, en esta coalición política es permeado por mecanismo colonialista, en donde los “expertos mapuchistas” optan los mecanismos políticos
para la “inclusión” del mundo indígena al Estado nacional, que desde esta perspectiva utiliza al mundo
indigna con fines políticos y generando una aparente imagen intercultural, y que como lo analizaremos posteriormente este proceso, terminó como la máxima
expresión colonial. Esto finalmente se fue ratificado el 1 de
diciembre en el Pacto de Nueva Imperial, a escazas dos
semanas de las elecciones presidenciales. Este acuerdo estableció lo siguiente:
“1) El reconocimiento constitucional de los PUEBLOS INDIGENAS, y de sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales. 2) La creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de un Fondo Nacional de Etnodesarrollo, con la participación activa de los distintos PUEBLOS INDIGENAS del país, como entidades públicas encargadas de coordinar la
176 ZUÑIGA, Gerardo. “La problemática indígena en el Chile actual”. En: FLACSO-CHILE. Entre la II Cumbre y la detención de Pinochet, Chile 1998. Santiago: FLACSO, 1999.
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política indígena del Estado y de promover el desarrollo económico, social y cultural de los mismos. 3) Creación, al iniciar su gestión de gobierno, de una Comisión Especial de los PUEBLOS INDIGENAS (…) que en el plazo no superior a cuatro años culminaría con la implementación de la Ley Indígena y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Por su parte, los dirigentes se comprometieron a: “Apoyar y defender el futuro gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia y (…) Canalizar sus legitimas demandas de aspiraciones de justicia frente a los graves problemas que afectan a los pueblos indígenas a través de las instancias y mecanismos de participación que serán creados por el futuro gobierno de acuerdo a lo previsto en el Programa de la Concertación a objetivo de facilitar una acción más efectiva y coordinada del Estado y las Organizaciones Indígenas que permita avanzar en la solución de dichos problemas.”177
Hay que considerar el último párrafo del acta debido a su repercusión en el movimiento mapuche, ya que este deberá “defender el futuro gobierno de
Aylwin”, lo que quiere decir que los grupos alejados de este futuro gobierno no tendrán cabida en las posteriores políticas públicas. Esto supone cooptar el
movimiento mapuche, hacerlo parte del movimiento de retorno a la democracia, pero bajo una
institucionalidad específica; es decir, a las demandas y protestas ajenas a este marco se le aplicará todo el rigor de ley al desconocer a estos grupos dentro de la
centralidad del Estado-nación chileno. Este es el momento específico donde la futura legislación para
“todo” el mundo indígena generó la división de este mundo al dejar partidarios y detractores al modelo. Estos últimos no tendrán cabida dentro de la
legislación. 177S/N. Acuerdo de Nueva Imperial (PDF) www.politicaspublicas.net/panel/biblioteca/cendoc/cat_view/88-
documentos-transicion.html [consultado 15/08/2013]. Este pacto
es el punto de partida para el posterior desarrollo del movimiento
indígena durante los ’90 y las posteriores luchas políticas,
sociales, económicas y culturales, alejadas de las cúpulas concertacionista.
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Luego de la victoria electoral de Patricio Aylwin, se pone rápidamente en marcha la institucionalidad
establecida en el acuerdo, con el fin crear una legislación lo más rápido posible. En estas circunstancias el 27 de julio de 1990 nace la Comisión
Especial para los Pueblos Indígenas (en adelante CEPI).178 para todos los efectos. Con motivo de la creación de la CEPI, Patricio Aylwin señala:
Quisiera señalar con claridad que el Gobierno
no pretende instrumentalizar al movimiento indígena, ni construir un movimiento progubernamental o de corte oficialista, como lamentablemente a solido ocurrir. La autonomía de los movimientos indígenas que es muy importante que se salvaguarde. Pero tampoco quisiéramos que se formara una elite de dirigentes indígenas que estuviera alejada de sus bases. Queremos que los dirigentes que participan en esta Comisión sean portavoces del Sentir de sus pueblos.179
Desde otra lectura a este párrafo180 podemos
comprender los miedos y las críticas que subyacen en
esta nueva institucionalidad. Al hablar Aylwin sobre
178 El decreto n° 30 del 27 de julio de 1990, en sus consideraciones
iniciales estableció: Artículo 1°: Créase una Comisión Especial de
Pueblos Indígenas, en adelante la Comisión, que tendrá por objeto
asesorar al Presidente de la República en la determinación de las políticas de Gobierno respecto de los grupos étnicos indígenas
que integran la sociedad chilena y, en particular, en lo
concerniente a su pleno desarrollo económico y social, a la
conservación, fortalecimiento y difusión de sus expresiones y
valores culturales, y a la debida participación y proyección de sus
miembros en la comunidad nacional, en www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7833 [Consultado 15.08.2013]
Artículo 2°: Le corresponderá a la Comisión, cumplir los siguientes
cometidos:
a) Formular un diagnóstico de la realidad, problemas, necesidades
y aspiraciones de los pueblos indígenas y de sus miembros; b) Estudiar y proponer planes y proyectos orientados a lograr el
integral desarrollo y progreso económico, social y cultural de
los pueblos indígenas y de sus miembros. 179COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Congreso nacional de Pueblos Indígenas: Temuco, 1991. Santiago:
Comisión Especial de los Pueblos Indígenas, 1991. 180 Ver: GUHA, Renahit. Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Barcelona: Crítica, 2002.
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que no pretende instrumentalizar ni construir un movimiento progubernamental, esto supone que la
relación histórica se ha basado en la instrumentalización y en los movimientos progubernamentales para obtener mayor beneficio. Por
lo tanto, si las relaciones entre grupos mapuche y el Estado chileno han estado marcadas por estas condiciones, la autonomía de los movimientos
indígenas se hace cada vez más escasa. La afirmación realizada por Patricio Aylwin suponía que no se
establecerían cúpulas indígenas cercanas a la Concertación. Por consiguiente, esta legislación en teoría promueve las diferentes agencias indígenas
independientes del sector político y social. Esto, por otro lado, supone la predisposición del gobierno no solo a dialogar, sino que también a promover a sectores
indígenas totalmente ajenos a la vida política establecida por la Concertación.
A partir de esta naciente estructura institucional,
logra un gran trabajo de campo generando una participación activa de la mayoría del mundo indígenas, en este sentido José Bengoa director de este
organismo argumenta que “todas las organizaciones, con excepción de una [con esta se refiere al Consejo de
Todas las Tierras], han participado de las actividades que la comisión ha realzado para preparar la ley indígena.”181 La CEPI, a través de distintas reuniones,
visitas a comunidades, genera un mecanismo para formar delegados. Luego de terminar este largo proceso
genera un amplio congreso de pueblos indígenas realizado entre el 16 y el 18 de enero de 1991: “En definitiva el Congreso estuvo conformado por 250
delegados tradicionales, Machis, Loncos y personalidades destacadas de nuestros pueblos y 50 invitados de honor del mundo no indígena a nivel
nacional e internacional”182. Para la realización de este congreso, la CEPI generó un documento de trabajo-
emanados desde estos expertos mapuchistas- el cual serviría de base para la discusión de la nueva ley indígena. Esto quiere decir, que la CEPI les propuso
181 La Nación, 19.10.1991, p.4. 182 Óp. Cit COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. P.26.
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una visión unilateral de la ley, en donde el mundo indígena puede cambiar ciertos aspectos de forma pero
no de fondo. Igualmente sin el ánimo de menospreciar el trabajo realizado por esta institución, este documento se encuentra elaborado a través de un
interesante análisis a nivel nacional de la realidad indígena, como a su vez lograr combinar esto con el derecho internacional preexistente.
Como ya se señaló, desde la CEPI se generó documentos como base para la discusión de la nueva
legislación, en donde el resultado de este congreso, significó una ampliación y refinación desde las distintas organizaciones a este gran canal legislativo. A
través de esto, pese a la imagen de democracia en la creación de esta ley, finalmente se ciñen a los cánones máximos que la Concertación puede adoptar en este
contexto de transición democrática y con todas las debilidades de este sistema, debido a que Pinochet
todavía se mantiene con importantes cuotas de poder al mantenerse como Comandante en Jefe del Ejército. Bajo estas lógicas, la definición de pueblos indígenas
que emanó de este congreso fue la siguiente:
La definición de pueblos indígenas debe considerar cuatro criterios fundamentales:
a) Lo histórico: Que estáre presentado por el hecho de que son agrupaciones humanas que tienen un origen y una historia distintos a los del resto de la población que habita dentro de las fronteras del Estado chileno.
b) Lo étnico demográfico: los descendientes de los pueblos originarios de Chile conforman hoy una población importante, étnicamente diferenciada del resto de la sociedad. No son sólo pueblos del pasado sino que existen hoy como tales.
c) Lo cultural: Que está representado por el hecho que los rasgos culturales y valores sociales que caracterizan a los pueblos indígenas son diferentes a los de la sociedad nacional.
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d) Lo territorial: Estos pueblos se han desarrollado preferencialmente en ciertos espacios territoriales del país en los cuales viven y sobre los que tienen derechos.183
Esta interesante definición, fue la base del dialogo dentro de la CEPI posterior al congreso para
establecer el proyecto de ley enviada al Parlamento durante el periodo de enero de 1991 a octubre del
mismo año, que finalmente fue enviada para la tramitación al ejecutivo. Podemos ver un proceso de discusión interno de la CEPI, en donde finalmente bajo
su propia potestad desarrollaron un proyecto de ley que finalmente se re articulan las lógicas coloniales desde
la centralidad del Estado-nación chileno, ya que como sabemos esta institución puede tener toda la intencionalidad de realizar los cambios más favorables
al mundo indígena, pero es finalmente esta institución se sostiene a partir de un conglomerado político y su relación con la oposición. Congruentemente a lo
señalado es esta institución la que decide lo que va incluido y lo que no, bajo sus propias subjetividades,
que pueden distar (como también no) de os pueblos originarios. Esto de alguna forma sigue representando las lógicas colonialistas patentes dentro del Estado-
nación chilena durante este periodo histórico. Finalmente podemos ver el proyecto de ley enviado a
tramitación con respeto a la misma definición de calidad de indígena articula lo siguiente:
Artículo 1°.- Se entenderá por Pueblos
Indígenas a los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio chileno desde tiempos precolombinos y que conservan manifestaciones étnicas y culturales distintas a las del resto de los habitantes de la República, tales como sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo, idioma, religión o cualquier otra forma de manifestación cultural autóctona.
183 Ibíd., p.30
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Para los fines de la presente ley se entenderá que los principales pueblos indígenas de Chile son el Mapuche, el Rapa Nui, el Aymara, las comunidades atacameñas y la Comunidad Colla del norte del país, la comunidad Kawashkar o Alacalufe y la comunidad Yámana de los canales australes.
El Estado valora y respeta la existencia de estos pueblos que son parte esencial de las raíces de la sociedad chilena, así como su integridad y desarrollo.
El Estado reconoce que los Pueblos Indígenas existentes en Chile son poseedores de una cultura propia que engloba conocimientos, técnicas, Instituciones, expresiones y valores que los distinguen de la cultura global. Estas culturas son un patrimonio de la Nación chilena. Se reconoce asimismo que estos pueblos tienen un idioma propio que es su medio natural de expresión. El Estado reconoce que los habitantes y poseedores originarios del territorio chileno fueron los pueblos indígenas, y que para ellos la tierra es el fundamento principal de su vida y su cultura. Es deber del Estado, a través de sus instituciones, el respetar, proteger y promover el desarrollo de estos pueblos y sus culturas, adoptando las medidas adecuadas para tales fines. Es función especial del Estado el proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada
explotación y por su equilibrio ecológico. Artículo 2°.- La utilización del término "pueblos" en esta ley, al igual que en los convenios internacionales ratificados por Chile sobre estas materias, no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional.184
184 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Historia de la ley n° 19.253, Establece normas sobre protección fomento y desarrollo de
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Esta definición muestra claramente el afán por
parte de la CEPI de adentrarse al derecho internacional y definir lo indígena de manera similar a la manera de que se había expuesto en el congreso nacional de los
pueblos indígenas y trabajado con estos profundizar aún más lo trabajado durante los meses anteriores. Finalmente el 15 de octubre de 1991 este proyecto de
ley se pone en discusión en el parlamento, en donde si es que en algún momento hubo participación indígena,
aquí finalmente desaparece y se cercena la ley, transformadora en ciento ochenta grados. Esto se puede ver claramente en el uso del lenguaje por parte
de los diputados, que indistintamente del color político niegan la noción de pueblo y sobreponen el de etnia. Esto por lo tanto supone un cambio importante a nivel
de legislación a nivel nacional, como a su vez la repercusión de esta y la adaptación de esta al derecho
internacional. Lo anterior se reflejado en lo señalado por el diputado Roberto Muñoz Barra (diputado por el distrito 49 gran población indígena, el cual engloba las
comunas de Curacautín, Galvarino Lautaro, Lonquimay, Melipeuco, Perquenco, Victoria y Vilcún.
Electo por el Partido Socialdemócrata y representante de los postulados del gobierno):
Señor Presidente, mi intervención será sólo para señalar que los Diputados socialdemócratas concurriremos con nuestros votos a aprobar este proyecto, que, indudablemente, constituye un serio intento por hacer justicia a un pueblo que ha sufrido la injusticia por casi cinco siglos. Es importante e interesante escuchar en el Parlamento el análisis sociológico de estas etnias.185
En este sentido lo que pretenden generar las
lógicas colonialistas es ir modificando la palabra pueblo por etnia. Bajo este prisma, si bien utiliza la palabra
pueblo dentro de su argumentación, este la utiliza para realizar un análisis del pasado del mundo indígena, de
los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Valparaíso: Biblioteca del Congreso Nacional, p.9 185 Ibíd., p.171.
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ese pasado idealizado descrito por Ercilla en La Araucana, ese indígena que mezclado con español
generó la “Raza Chilena”. Pero posteriormente utiliza la palabra etnia para referirse al indígena actual. Aquí las lógicas coloniliastas presentes en el sector de gobierno
se hacen cada vez más fuertes, en donde el indígena contemporáneo debe ser analizado por expertos (como lo hizo la CEPI en momentos atrás) y este dentro de sus
bases no puede generar un discurso valido para los ojos de los parlamentarios. Siguiendo esta lógica, los
partidarios del gobierno no fueron los únicos captadores de esta tradición colonialista heredada de líderes anteriores, sino también la oposición de la
época, la derecha chilena o el brazo político de la dictadura generó este análisis. Esto se puede observar en lo analizado diputado José Antonio Galilea (electo
por el mismo distrito que el diputado Muñoz, pero representante de Renovación Nacional) cual señala:
Es en base a estos postulados que nos oponemos con igual energía a los criterios de asimilación como de segregación y postulamos una integración amplia y creadora. Toda medida que obstaculice una integración sólo perjudica a quienes se pretende beneficiar. Apartar a los mapuches y otras etnias originarias de la comunidad nacional es cerrarles las posibilidades a compartir el progreso de la nación chilena, con cabal respeto a su identidad, y condenarlos.186
Bajo este análisis se puede ver mucho más fuerte el rol colonialista de la oposición derechista, el cual
indistintamente va a permear el desarrollo de la discusión de la ley, como también el resultado de esta. Aquí podemos ver patente el colonialismo al querer
integrar al mundo indígena al Estado chileno y nuevamente imponer el termino etnia en desmedro de
Pueblos indígenas. Finalmente la ley promulgada el 29 de septiembre
de 1993, desde su matriz ideológica inicial a la
aplicación de esta, este colonialismo se hizo patente, con el fin de relegar al mundo indígena en general y mapuche en particular a una situación de paternalismo
186 Ibíd., p.188
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y asistencialismo político, en desmedro de las categorías de desarrollo propias mapuche la cual
engloba economía, cultura, política y sociedad. Esto se ve reflejado en el resultado de la ley indígena que finalmente niega la noción de pueblos indígenas
adentrando aún más a esto al modelo político, neoliberal y la modernidad occidental, negando cualquier tipo de saber indígena local:
El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimará Rapa Nui o Pascuences, la de las comunidades Atacameñas Quechuas y Collas del norte del país las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yamana o Yagan de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.187
Conclusiones
Como se señalado anteriormente, el Consejo de Todas las Tierras, se mantuvo al margen de esta legislación ya que representaba un proyecto político
que de proponía descolonizar al mundo mapuche hasta producir una nación mapuche. Esto se puede ver claramente durante el proceso de firma de la ley
indígena en donde señalaban lo siguiente:
La explicación que tiene el presidente del Consejo, Luis Huilcamán, es que reconociendo que la nueva legislación constituye un “avance” y
187 Ibíd., p.661
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un “progreso” a la realidad actúan, no se suman porque siguen siendo leyes hechas “por los huincas, más bien dicho por los chilenos; leyes que van afuera hacía adentro y que no representan nuestro sentir nacional” agrega el ‘lonko’ --proveniente del sector Malleco o ‘nagche’ de las Tierras bajas—que “incluso el presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, José Bengoa, no es mapuche sino que un huinca que piensa y actúa como tal.188
Este párrafo es fundamental para comprender lo
que hemos señalado sobre el colonialismo, ya que éste grupo representó a un importante sector indígena que
no estaba de acuerdo con adaptarse a la centralidad del Estado-nación, en donde finalmente éste, pese a lograr avances a nivel del mundo indígena, nunca repensará
su labor con el fin de descolonizar al mundo indígena. El claro ejemplo de esto es la ley núm. 19.253, tal como lo señala Huilcamán fueron los wingkas de donde
emanó esta legislación, decidieron lo que va dentro de esta y lo que no y finalmente la aprobaron, la
participación del mundo indígena pese a la parafernalia de la inclusión y participación, finalmente esta quedó en términos anecdóticos y la lógica partidista
colonialista se impuso como mecanismos y dispositivos colonial a un dialogo intercultural con el mundo
mapuche. En conclusión podemos observar que las lógicas colonialistas hacia el mundo mapuche presentes en los
sectores dominantes del país, es heredera de un sistema antidemocrático, el cual al momento de dar el paso a un sistema mucho más abierto políticamente se
quedó estancada en el pasado. Es posible elucubrar este análisis debido a que el sector político de la
Concertación, pese a ser la vanguardia del paso a la democracia, siguió perpetuando estas lógicas colonialistas y partidistas, en donde el desarrollo
indígena queda supeditado a un segundo o tercer nivel, negando cualquier forma de agencia indígena que no se
adecué a estos mecanismos, debido a esto al Consejo de Todas las Tierras se le aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado cuando decidieron tomarse terrenos.
188 La Segunda, 11.10.1991, p.5.
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Finalmente las lógicas colonialistas del Estado-nación chileno, al momento de negar cualquier saber indígena
“peligroso” aplica todo el rigor de la ley prevaleciendo, como se ve durante toda la década de los 90s y del 2000, la defensa del capital nacional y trasnacional a
cualquier costo (incluso muertes) por sobre el desarrollo propio mapuche.
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La misión inconclusa: el Ejército de Chile, bajo la
Comandancia en Jefe del general Ricardo Izurieta y
la sombra del dictador (1998-2002)
Felipe Seguel Rojas189.
“No voy a estar tranquilo mientras el general Augusto Pinochet no esté de vuelta en el territorio nacional. Ojalá tengamos al general en el más breve plazo”.
General Ricardo Izurieta.190
Introducción.
Los dos grandes objetivos que tenía el Ejército durante la Comandancia en Jefe del general Ricardo Izurieta fueron cambiar la imagen de la institución
frente a la sociedad chilena y modernizarla, con lo que se pretendía avanzar en la normalización de las
relaciones cívico-militares. Se buscaba dejar atrás la herencia pinochetista como eje de las relaciones con las
autoridades civiles y avanzar en la conformación de una nueva forma de entender el profesionalismo militar a través del tratamiento de temáticas centradas en lo
castrense, abandonando la intervención en política contingente. Con esto se buscaba avanzar en la subordinación al poder civil, tan esquiva desde antes
del retiro del general Pinochet. Con tal propósito, el Ejército se disponía a concentrarse en los procesos de
modernización delineados desde la Comandancia en Jefe y consolidar su profesionalismo de cara al siglo XXI. No obstante, la noticia del apresamiento en
Londres de Augusto Pinochet desorganizó este escenario y los objetivos propuestos debieron ser
reformulados. Los estudios existentes respecto del período se han centrado en dos dimensiones: la primera de ellas
tiene relación con los efectos políticos que tuvo la detención del general Pinochet en Londres, destacando
189 Profesor de Estado en Historia y Ciencias Sociales y Magíster (c)
en Historia, mención Historia de América por la Universidad de
Santiago de Chile. 190 El Mercurio, 18.12.1998.
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su gravedad o importancia para la transición democrática chilena. Otros destacan el avance en el
liderazgo civil dentro de las relaciones cívico-militares del Presidente Ricardo Lagos, señalando que bajo el tercer gobierno de la Concertación se avanzó de forma
cualitativa en la subordinación militar al poder civil.191 La pregunta central de este artículo es ¿cómo y hasta qué punto afectó la contingencia política a los
objetivos propuestos por la Comandancia en Jefe del Ejército del General Ricardo Izurieta? Para ello, nos
enfocaremos en cuatro tensiones centrales dentro del periodo: la detención en Londres del ex Comandante en Jefe general Augusto Pinochet, la Mesa de Diálogo, la
llegada de un socialista a La Moneda, y los juicios a uniformados y al propio Pinochet en Chile. En definitiva, frente a este contexto, preguntarnos hasta
dónde se pudo avanzar en la formación de un Ejército subordinado al poder civil y profesional como se
pretendió en 1998. Entendemos que los objetivos propuestos por el Comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo
Izurieta, al momento de iniciar su periodo de mando no pudieron ser cumplidos, debido a que se enfrentó a un
doble cuestionamiento: por una parte, fue elegido dentro de una quina de oficiales, especialmente por sus capacidades tecnocráticas y perfil modernizador. Por
otro lado, tuvo que enfrentar la contingencia política del periodo que afectaba directamente a su gestión y cargo. De esta manera, la detención del general 191 Respecto a la detención de Pinochet en Londres ver: Steve Stern, Recordando el Chile de Pinochet, en vísperas de Londres
1998, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2009;
Fernando Labra, Impasse en Londres, Editorial Forja, Santiago de
Chile, 2007; Carolina Stefoni Espinoza, Francisco Rojas Aravena (Editores), El "caso Pinochet": visiones hemisféricas de su detención en Londres, FLACSO Chile, Santiago, 2001; Mónica Pérez, Augusto
Pinochet: 503 días atrapado en Londres, Los Andes, Santiago, 2000. Para el estudio de Ricardo Lagos ver, Robert Funk (Ed), El gobierno de Ricardo Lagos: la nueva vía chilena hacia el socialismo,
Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2007; Juan Alberto Fuentes, Los libros de la Defensa Nacional de Chile 1997-2002 como instrumento de política pública, Academia Nacional de
Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, 2009; Hugo Fazio Rigazzi, Lagos: el presidente "progresista" de la Concertación, LOM,
Santiago, 2006.
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Pinochet en Londres, la frustrada experiencia de la Mesa de Diálogo, el retorno de un socialista a La
Moneda y la primera oleada de juicios contra uniformados por violaciones a los derechos humanos en Chile, constituyeron el difícil contexto, provocando
que la gestión de Izurieta al mando del Ejército no logró ser mayormente significativa debido a que en cada uno de estos episodios se tensionaron las relaciones cívico-
militares, mostrando al Ejército fiel y cercano a la impronta de Pinochet, cuando lo que se proponía en un
principio era precisamente lo contrario. Esta doble tensión, terminó por frustrar las intenciones de un cambio, quedando su misión inconclusa, dominado por
la amarga sensación de fracaso respecto a las expectativas depositadas sobre sus hombros. En definitiva, el contexto primó por sobre los avances de
un cambio significativo respecto de las relaciones cívico-militares.
La detención del dictador: El Ejército y la transición en peligro.
El 22 de septiembre de 1998, el ex Comandante
en Jefe de Ejército y Senador Vitalicio Augusto Pinochet, emprendió un viaje a Londres con el objetivo
de someterse a una intervención quirúrgica a su columna. Este periplo pareció ser solamente un trámite dentro de la rutina del General.
Sin embargo, en la noche del 16 de octubre de 1998 miembros de la Policía Metropolitana de Londres, Scotlan Yard, le notificaron sobre la orden de captura
internacional que había emitido el juez español Baltasar Garzón por crímenes relacionados con
violaciones a los derechos humanos. A partir de ese momento, el “patriarca” del Ejército quedaba detenido en la capital londinense. En Chile, el hecho se
constituyó en una noticia ineludible y el diario El Mercurio tituló: “Retenido Pinochet en clínica de Londres” e inmediatamente expuso la primera tesis de la defensa en este caso, la inmunidad diplomática: “El
embajador de Chile en Londres, Mario Artaza, fue debidamente informado por el gobierno británico e inició de inmediato las gestiones para (…) obtener la
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anulación de la medida por tener éste inmunidad diplomática.”192
La detención provocó que la defensa del general Pinochet y parte de la del gobierno de Eduardo Frei, en una primera instancia, se apoyara en la inmunidad
diplomática que supuestamente protegía a Pinochet al momento de iniciar su viaje. En contraste a esta postura, algunos parlamentarios socialistas, miembros
de la Concertación, se mostraron favorables a un enjuiciamiento en el extranjero.
Este conflicto político al interior del oficialismo, repercutió en la opinión pública y dentro de las filas del Ejército. El Alto Mando institucional encabezado por
Ricardo Izurieta no ocultaba su malestar por las declaraciones de parlamentarios de gobierno y por las intenciones de algunos de ellos de emprender un viaje a
Londres si fuese necesario con el objetivo de presionar para que se enjuiciase al General. Las críticas
apuntaban directamente hacia el Partido Socialista, el cual estuvo desde el comienzo a favor de la detención y criticaron al Ejecutivo por una política –a su juicio- de
defensa hacia el ex dictador. La detención del general Pinochet abrió un
impensado escenario para el gobierno de Eduardo Frei, quien tuvo que enfrentar la crisis con especial cuidado para mantener la confianza del Ejército. Las
declaraciones del general en retiro Guillermo Garín y de Hernán Guiloff vicepresidente de la Fundación Pinochet apenas ocurrido el hecho, pusieron en
evidencia un conflicto con las filas del Ejército y con los partidarios de Pinochet, que podía tornarse más
complicado. Sostenía Guillermo Garín: “Si no liberan a mi General, puede ocurrir cualquier cosa. No quiero ni imaginar un golpe de Estado, pero a los Comandantes
en Jefe se les haría muy difícil la situación dentro de los cuarteles”. Hernán Guiloff, por su parte, afirmaba:
“Si el general no vuelve, hervirá la olla.”193 La defensa de las fuerzas armadas, especialmente el Ejército, se sostuvo en la lealtad a su líder y al
mismo tiempo a la obra del gobierno de las fuerzas
192 El Mercurio, 17.10.1998. 193 Rafael Otano, Nueva crónica de la transición, LOM, Santiago,
2006, pág 461.
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armadas, la que se veía empañada por este hecho.194 No se trataba de un personaje cualquiera, sino la de
quién ostentaba el grado de Benemérito, representaba la encarnación de la obra del gobierno de los militares, asimilado por los uniformados a las obras
institucionales, independientemente de los cargos que se le formulaban y que se tornaron prácticamente innegables para la comunidad internacional y la
sociedad chilena. El gobierno de Eduardo Frei utilizó como primera
estrategia el argumento de la inmunidad diplomática de Pinochet en su calidad de ex Presidente de la República desconociendo a la jurisdicción de los tribunales
extranjeros para casos cometidos en Chile. Estos principios fueron respaldados por los abogados de Pinochet en Londres y por las Fuerzas Armadas en la
primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, el 11 de noviembre de 1998. En esa reunión
el conjunto de las instituciones castrenses respaldaron las gestiones del gobierno en el caso. En declaración oficial: “El Consejo fue informado (...) de las gestiones
realizadas por el gobierno para reclamar su inmunidad y afirmar la incompetencia por falta de jurisdicción de
los tribunales que pretenden juzgarlos.”195 Sin embargo, la estrategia de utilizar la instancia
del COSENA para escuchar las demandas de los
militares obtuvo buenos resultados, toda vez que, se evitaron manifestaciones de presión similares al Boinazo o el Ejercicio de Enlace. Utilizar la
institucionalidad vigente para evitar tensiones mayores fue una estrategia que, además, le entregó cierto nivel
de tranquilidad a las fuerzas armadas al ser escuchadas sus inquietudes respecto de la convivencia nacional por la máxima autoridad del país, quienes
habrían manifestado al Presidente Frei su preocupación por la creciente polarización que estaba
viviendo el país y por las acciones de algunos sectores
194 Carlos Castro Sauritain, “Las relaciones cívico-militares en
Chile”, Revista Fuerzas Armadas y Sociedad. FLACSO-Chile, Año
14, N° 4, pp. 13-27, Santiago de Chile, octubre-diciembre 1999, p.
24. 195 El Mercurio, 12.11.1998.
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políticos cuyas declaraciones – a su juicio – habrían a perjudicado la soberanía y convivencia nacional.196
En efecto, el caso Pinochet permitió que resurgieran las tensiones en el país y las demandas de justicia respecto a las violaciones a los derechos
humanos y los juicios a los uniformados acusados hasta entonces. En este contexto, no existió del gobierno de Frei una política respecto de estas
demandas, mientras desde la clase política se hablaba del fin de la transición y de la reconciliación nacional.
Con la detención del general en Londres revivieron las demandas por justicia y el debate sobre los “temas pendientes” volvió a la primera línea.
La imagen de Pinochet polarizó a la sociedad chilena nuevamente y en la opinión pública se reactivaron las manifestaciones a favor y en contra de
su detención. En noviembre de 1998 se esperaba el fallo de la Cámara de los Lores para definir la situación
de inmunidad de Pinochet, frente a lo cual el Ministro del Interior, Belisario Velasco llamó a la cordura y a evitar manifestaciones que pudiesen provocar
reacciones del sector contrario: “hay que mirar la situación con calma.”197
En el mismo día del fallo, el COSENA se reunió por segunda vez, y en esta oportunidad la declaración explicitaba su tajante rechazo al fallo:
1-. El fallo vulnera y contradice normas de nuestra soberanía jurisdiccional profundamente arraigadas en la tradición nacional. 2-. Las acciones emprendidas por el Supremo Gobierno cuentan con el irrestricto respaldo de todas las instituciones. 3-. Todas las instituciones de la nación deben colaborar al éxito de estas gestiones con un comportamiento responsable conforme al Estado de derecho y el pleno acatamiento del ordenamiento democrático. 4-. Que los hechos no afecten la convivencia nacional que el país necesita para el progreso y estabilidad de nuestra nación.198
196 Ibíd. 197 El Mercurio, 21.11.1998. 198 Ibíd.
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La declaración oficial del COSENA puede
interpretarse como una concesión a las fuerzas armadas, y al Ejército en particular, debido a que en ella se acogía la tesis que con el fallo se vulneraba la
soberanía nacional y también hacía un llamado a la unidad nacional. Estos principios, denunciados por los uniformados, se convirtieron en los pilares de la
estrategia del gobierno de Frei y en parte fundamental del discurso oficial que se transmitió al país.
Abandonando la segunda reunión del COSENA, el general Izurieta expresó su malestar e indignación con el fallo por considerar que se estaba atropellando
injustamente al ex Comandante en Jefe del Ejército y le entregó toda la responsabilidad al accionar de las autoridades del gobierno:
“Para quién les habla y para el Ejército, es frustrante, es indignante y de mucha preocupación la injusticia que se ha producido con el General Pinochet en Londres. Que les puedo decir, hoy ha terminado una etapa que es eminentemente jurídica y comienza una nueva etapa que es política. Así que, a las personas que van a tener la responsabilidad de hacer los esfuerzos para ir a Londres a conversar esta materia, les deseo que tengan mucho éxito y que reviertan la situación injusta y dolorosa en que está el General Pinochet.”
Entendemos que las declaraciones del
Comandante en Jefe del Ejército apuntaban a una estrategia castrense que buscaba alejar el caso de la órbita jurídica, escenario más perjudicial para sus
intereses, y presionar por una salida política, plano en el que podrían obtener algún beneficio para el General.
En este sentido, la declaración del General Ricardo Izurieta al expresar el fin de la etapa jurídica para el caso, demuestra que los uniformados buscaban
avanzar en el plano político, instancia en la que podrían presionar frente al complejo panorama judicial que afectaba a Pinochet. De esta manera, las
declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército en relación a desviar el curso de la estrategia del gobierno
hacia una gestión política relegando la vía jurídica a un
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segundo plano, buscaba impedir la acción de los tribunales sobre los crímenes que se le imputaban a
Pinochet y, además, demostró que el respeto por la legalidad, que decían tener las autoridades castrenses, podría ser completamente relativizada en función del
contexto. El Ejército entregó un comunicado oficial emitido
en el mismo día, en el que expresó su frustración por lo
acontecido en Londres, manifestando que las acciones a realizarse en adelante deberían tener la “oportunidad
y significación que la instancia requería”, argumentando que el fallo atentaba la “soberanía nacional y la dignidad de la Patria”199. De esta forma,
se mantenía la estrategia de los militares de presionar por una salida política al caso y así impedir la acción jurídica, escenario desfavorable para los intereses
uniformados. El “caso Pinochet” continuó su tramitación en
Londres, esperándose la resolución del Ministro del Interior británico Jack Straw que era el siguiente paso. Una vez conocido el fallo de la Cámara de los Lores el
gobierno chileno le envió una carta, al propio ministro inglés, en la que por primera vez argumenta razones
humanitarias para buscar la liberación del General. Esta nueva estrategia era la tercera que emprendía el gobierno, pues ni la inmunidad diplomática ni la
defensa de la soberanía habían logrado el objetivo de la liberación de Pinochet.
Sin embargo, en coherencia con el fallo anterior,
el Ministro británico decidió dar curso a la extradición de Pinochet a España. El fallo, argumentó en lo
medular que el General no gozaba de inmunidad y que no se configuraban las razones humanitarias que le impedirían enfrentar un juicio y que los delitos de los
cuales se lo acusaba en España eran extraditables en el Reino Unido.
La decisión del ministro Jack Straw provocó la inmediata reunión del COSENA. En esta tercera reunión desde que se encontraba detenido Pinochet en
Londres, la declaración oficial volvió a estar centrada en la defensa de la soberanía y en el respaldo irrestricto a la acción del gobierno de Frei. El COSENA, en su
199 Ibíd.
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declaración oficial afirmó que “junto con repudiar la resolución adoptada por el gobierno británico,
manifiesta la disposición de todos sus integrantes y de las instituciones que representan, en orden a continuar incasablemente su labor bajo la conducción
de S.E Presidente de la República para lograr el regreso del senador Pinochet a Chile.”200
El comunicado oficial, como se observa, mantuvo
el apoyo al gobierno, mientras buscaba una nueva estrategia para el ansiado retorno del octogenario
General al país. La defensa del gobierno obtuvo su primera victoria recién al conocerse el nuevo fallo que revocó la decisión inicial de la Cámara de los Lores que
había desconocido la inmunidad diplomática de Pinochet. La revocación argumentaba que Lord Hoffmann, uno de los jueces, tenía “fuertes” vínculos
con Amnistía Internacional debido a que su esposa era parte de dicha organización, lo que lo inhabilitaba.
El caso continuó su curso. En el nuevo escenario, el gobierno chileno fue aceptado como parte en la apelación que presentaría la defensa de Pinochet,
proceso en que también se hizo parte Amnistía Internacional en representación de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos. De esta forma, la Cámara de los Lores nuevamente debió resolver si el ex Comandante en Jefe
tenía inmunidad diplomática. El 24 de marzo de 1999 en fallo divido se estableció que el General tenía inmunidad por jurisdicción de los delitos cometidos en
Chile sólo hasta 1988, debido a que Pinochet firmó la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, el 7 de octubre de 1988, dos días después del Plebiscito. De esta manera, se redujo el universo de las acusaciones formuladas por el juez Baltasar Garzón,
quedando sólo los delitos de ‘conspiración para cometer tortura’ y ‘tortura’ como delitos extraditables y sin
inmunidad.201 En este nuevo escenario, se abrió una posibilidad
para el retorno de Pinochet a Chile. Así lo explicitó el
Presidente Frei, apuntando a que la estrategia diplomática chilena se había centrado en la defensa de
200 El Mercurio, 12.12.1998. 201 El Mercurio, 25.03.1999.
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principios, no de personas, por lo que el gobierno se había hecho parte en este juicio y esperaba una salida
al proceso que – según él- concluía.202 Sin embargo, el proceso no acabó ahí, pues la estadía del General en Londres duró casi un año más.
Durante ese periodo recibió la visita de la ex Primera Ministra británica Margaret Thatcher, quien solidarizó con Pinochet e hizo un llamado a su liberación,
destacando que fue él quien devolvió la democracia a Chile.203 La visita de la “dama de hierro” fue importante
ya que sucedió con posterioridad al reconocimiento de inmunidad diplomática para Pinochet hasta 1988, lo que abrió la posibilidad para una salida política al
proceso, debido a que la última decisión en el caso le correspondía al Ministro del Interior Británico, Jack Straw.
Luego de este fallo, en la cuarta reunión del COSENA, se hizo un llamado a la unidad nacional para
enfrentar la crisis. En la declaración oficial se expuso este principio: “El apoyo de toda la comunidad nacional a las gestiones que está llevando a cabo el Supremo
Gobierno, instándola a no desarrollar acciones que debiliten la consecución de los objetivos trazados, en
orden a lograr el pronto regreso del senador Pinochet a Chile.”204 Entendemos con esta declaración que la visión
que buscaban imponer las fuerzas armadas sobre la unidad nacional frente a este caso era completamente alejada del contexto político nacional, que buscaba
instancias para enfrentar las temáticas pendientes en materia de violaciones a los derechos humanos.
La defensa constante que realizó el general Ricardo Izurieta del general Pinochet fue lo más destacado de su gestión al mando del Ejército,
quedando marcado por este hecho ante la opinión pública. En definitiva, este caso imposibilitó cualquier
avance por despinochetizar el Ejército chileno bajo su Comandancia en Jefe, ya que en cada oportunidad que tuvo el general Izurieta buscó defender a Pinochet,
representando en su calidad de autoridad máxima el
202 Ibíd. 203 El Mercurio, 27.03.1999. 204 Ibíd.
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sentir de su institución lo que impidió avanzar el una nueva imagen del Ejército frente a la sociedad.
Con la estrategia de las razones humanitarias el caso se dilató en lo judicial pero centró las posibilidades de avance en lo político. El mismo general
Izurieta lo interpretó de esa forma, pues para la máxima autoridad del Ejército la detención del general Pinochet se trataba solamente de un problema político
y en ese sentido la solución pasaba por la gestión que las autoridades políticas pudiesen lograr y explicitaba
la estrategia castrense al declarar que “hemos perdido nuestra confianza en la vía jurídica como una alternativa de solución”205. Con estas declaraciones el
Comandante en Jefe del Ejército presionó a las autoridades civiles, toda vez que el Ejército manifestaba su confianza respecto de los avances de las gestiones
del gobierno, pero dejando en claro que los responsables de conseguir el retorno del General eran
las autoridades civiles. Además, el hecho de desconocer la vía jurídica situó al general Izurieta en una posición al margen de la legalidad que, dado el carácter de su
cargo, representaba también la postura del Ejército frente al caso.
Con ese objetivo, la estrategia tanto entre los uniformados como en las autoridades de gobierno fue apelar a las razones humanitarias. De esta forma, el 11
de enero de 2000 el dictamen entregado por el equipo médico británico sostuvo que Pinochet no estaba en condiciones de asumir un juicio por problemas de
salud. El Ejército envió un comunicado oficial mostrándose satisfecho por esa decisión:
Ante la decisión recientemente adoptada por el Ministro del Interior británico Jack Straw en relación al proceso de extradición que enfrenta el ex Comandante en Jefe del Ejército y senador de la República, la institución señala lo siguiente: 1-. El Ejército de Chile ha recibido con satisfacción la noticia de que el gobierno inglés ha manifestado su voluntad de negar la solicitud de extradición del Capitán General Augusto Pinochet Ugarte a España, en relación a los recientes exámenes médicos practicados.
205 La Tercera, 10.11.1999.
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2-. El Ejército continuará apoyando con sus medios todas las gestiones que sean del caso para el logro del digno regreso (…) a Chile, lo que contribuye al restablecimiento de la soberanía nacional que tanta preocupación ha ocasionado al país. 3-. Estando de por medio la vida del ex Comandante en Jefe del Ejército, la institución espera que esta situación se tome con prudencia y que no sea aprovechada con otros fines.206
Esta decisión fue el primer paso para el retorno de Pinochet a Chile. El Ministro del Interior británico Jack Straw el 1 de marzo de 2000 decidió ratificar la
incapacidad de Pinochet. Esta noticia permitió el regreso del líder. El primero en comentar la decisión fue el Presidente Frei, afirmando: “He cumplido mi
compromiso. Ahora los tribunales de justicia tienen la palabra.”207 De esta manera, al contrario de lo que
planteó el general Izurieta, desde el Ejecutivo se dio la señal de que se apoyó el retorno del General, pero que no se había perdido la confianza en la vía jurídica,
como se había planteado desde el Ejército, sino que llegado a Chile debía responder a los tribunales
nacionales. El epílogo de la estadía de Pinochet en Londres se cerró con el recibimiento con honores militares, que el
Ejército le brindó. Una vez descendido del avión la banda de guerra del Ejército tocó los sones de “Los Viejos Estandartes”, marcha preferida del octogenario General, momento descrito por El Mercurio:
De improviso, y en un gesto que los médicos que
lo cuidaron en el viaje no dudarían en calificar después de “un gran esfuerzo” el ex jefe de Estado se puso de pie y abrazó a su sucesor en la Comandancia en Jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta. (…) En los minutos siguientes, caminando apoyado en un bastón metálico y del brazo del general Izurieta, el parlamentario vitalicio saludó a los ex colaboradores del
206 El Mercurio, 12.01.2000. 207 El Mercurio, 03.03.2000.
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gobierno militar, parlamentarios de centro derecha, empresarios y amigos.208
Como conclusión del arresto del Pinochet en Londres podemos afirmar que para el Ejército bajo el mando de Ricardo Izurieta fue uno de los contextos
más difíciles de enfrentar. Se puso en evidencia constantemente la tensión entre las expectativas de
cambio sembradas sobre su persona al momento de asumir la Comandancia y las concesiones que debió realizar a los uniformados por la detención del general.
En suma, la detención de Pinochet en Londres fue uno de los hechos más trascendentes que enfrentó el Ejército durante la comandancia de Ricardo Izurieta.
De ahí en adelante se sucedieron otros hechos que tensionaron su gestión e impidieron el logro de su
misión: desligar a la institución de la impronta del “patriarca.”
El intento fallido de la Mesa de Diálogo.
La Mesa de Diálogo fue una iniciativa del
gobierno de Eduardo Frei para enfrentar la crisis por el surgimiento de un debate nacional respecto de las
violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Esta discusión sobre las temáticas pendientes de justicia y reparación fueron una
consecuencia directa del apresamiento del general Pinochet en Londres. En este sentido, sostenemos que
esta iniciativa no surgió desde una política establecida por el gobierno con anterioridad, sino como reacción frente al conflicto provocado por dicha detención.
En el escenario político nacional anterior a octubre de 1998 se planteaba un consenso entre los sectores más ligados a las cúpulas tecnocráticas y
neoliberales respecto del cierre de la transición democrática y el comienzo de la reconciliación nacional.
Fueron públicas las intenciones de parte de la oposición, y también del gobierno, por apurar el cierre de las causas de violaciones a los derechos humanos
en los tribunales. El segundo gobierno de la
208 El Mercurio, 04.03.2000.
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Concertación no tenía una política específica para el problema de los derechos humanos y frente al contexto
de crisis tuvo que reaccionar. La solución provino del Ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, quién volvió a asumir después
de su renuncia a principios de 1998. Esta vez su misión fue pensar una forma de dar respuesta a la complicada problemática, siendo el hombre indicado
para asumirlo, debido a su cercanía con los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana y su
profundo anticomunismo, dada la experiencia del asesinato de su padre Edmundo Pérez Zujovic, durante el gobierno de la Unidad Popular. Además, en su
primera etapa como Ministro de esa cartera trabajó en la confección del primer Libro de la Defensa Nacional, lo cual generó confianza entre los militares, siendo
incluso condecorado por el propio Pinochet antes de que éste abandonara la Comandancia en Jefe del
Ejército. La idea del Ministro fue sentar en una mesa a ambas partes, militares y víctimas de violaciones a los
derechos humanos, sin una agenda concreta ni plazos establecidos, con el fin de obtener información acerca
del paradero de detenidos desaparecidos. Con este plan se buscó poner fin al problema de los derechos humanos en Chile y ayudar a la reconciliación y la
unidad nacional. A primera vista esta iniciativa pareció a la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
un intento más por cerrar los casos y evitar la acción de la justicia. Entonces, su presidenta, Sola Sierra, se
refirió a la instalación de la Mesa de Diálogo, planteando que los familiares de las víctimas nos tenían la intención de ser parte de ninguna Mesa, ni
negociar ningún acuerdo. Exigían que se les reconociera el legítimo derecho a la verdad y la
justicia.209 Con esta respuesta, la iniciativa de la Mesa de Diálogo nunca logró tener a los representantes
necesarios para que sus objetivos hubiesen sido mayores. Al restarse de este proceso los familiares de los detenidos desaparecidos quedó en entredicho el
209 Otano, p. 470.
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verdadero alcance de este intento del gobierno por dar respuesta a un problema que, aparentemente, nunca
tuvo la intención de solucionar. La respuesta de las fuerzas armadas fue distinta, pues vieron en esta oportunidad la posibilidad de
obtener un acercamiento con la sociedad civil y mejorar su imagen pública. Además, esta instancia podría aminorar la presión de los tribunales de justicia sobre
los uniformados, algunos de los que ya estaban siendo procesados por delitos de lesa humanidad. Algunos
estudios han planteado que la Mesa de Diálogo fue una concesión hacia las fuerzas armadas, especialmente al Ejército, debido la delicada situación de la detención de
Pinochet en Londres.210 En esta lectura, compartimos que esta iniciativa estuvo diseñada para que los uniformados fuesen los más beneficiados, ya que
apuntaba a buscar alternativas para evitar los juicios, con la entrega de información fuera de los cauces
investigativos. De este modo, se instaló la Mesa el 21 de agosto de 1999, conformada por representantes de las cuatro
ramas de las fuerzas armadas, el Ministro de Defensa, académicos, miembros de la Iglesia Católica y la
abogada de derechos humanos, Pamela Pereira, cuyo padre era un detenido desaparecido. Al momento de comenzar a funcionar la Mesa de Diálogo, Edmundo
Pérez Yoma expresó que buscaba avanzar hacia un horizonte amplio y máximo, paso a paso pero teniendo siempre presente el “problema fundamental de los
detenidos desaparecidos.”211 Para el Ejército, la Mesa de Diálogo se constituyó
en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la reconciliación nacional y demostrar que la institución podía colaborar. Ricardo Izurieta se refirió al
trabajo de su institución, destacando que han apoyado y adherido a los esfuerzos para lograr la unidad
nacional, formando parte de la Mesa de Diálogo. Reafirmó que la institución estaba comprometida para cooperar, pero sin transar el prestigio y “correcta
proyección histórica de nuestro Ejército”, aclarando
210 Ibíd., p.471 211 Ibíd. P. 472
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que se no se podía pretender que el Ejército tuviera la verdad “para tantos y tan complejos asuntos.”212
En este sentido, las declaraciones del Comandante en Jefe del Ejército apuntaban a la búsqueda de reconocimiento por parte de la sociedad
chilena, pero sin un sustento para aquello, simplemente declarando su adhesión al sistema democrático pero sin un reconocimiento respecto de las
responsabilidades institucionales durante el régimen militar.
Sin repercusión mediática, la Mesa de Diálogo deambuló entre la intrascendencia y el sin sentido. Eclipsada por la liberación y posterior vuelta de
Pinochet a Chile, esta iniciativa no logró su objetivo de ser una instancia de reconciliación nacional, ni mucho menos, de obtención de verdad respecto de los
detenidos desaparecidos, lo cual se vio corroborado al fin del mandato de Frei con la inminente llegada de
Ricardo Lagos a La Moneda, cuando se buscó apurar el cierre de este episodio, debido a los exiguos resultados obtenidos.
La Mesa de Diálogo logró llegar a su fin el 13 de junio de 2000. En esa jornada, después de casi un año
de trabajo, las partes subscribieron el acuerdo en el que rechazaron la violencia ejercida por organizaciones del Estado en perjuicio de otros chilenos. Sin embargo,
con el ánimo de la reconciliación, el acuerdo también rechazó la violencia de la oposición al régimen, equiparando las responsabilidades del quiebre
institucional y condenando las acciones de “algunos opositores al régimen.”213
Con este argumento, el acuerdo de la Mesa de Diálogo procuró equiparar las responsabilidades de la violencia del Estado e intentó explicar la represión
mediante la lógica de un enfrentamiento igualitario. Sin este argumento, no hubiese tenido sentido la
concepción de reconciliación nacional que buscaba imponer este Acuerdo.
En definitiva, la Mesa de Diálogo no logró ser una
instancia significativa para el Ejército del General
212 La Tercera, 10.11.1999. 213 Texto completo del acuerdo de la Mesa de Diálogo. El Mercurio,
14.06.2000.
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Izurieta. Su participación le reportó más críticas que halagos y no logró aminorar el desfile castrense por los
tribunales de justicia, el fin último de la participación en esta iniciativa. A pesar del reconocimiento parcial realizado por las fuerzas armadas sobre su
responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos- aunque manifestando que sólo serían delitos individuales y no institucionales- la imagen del Ejército
no se pudo desligar de la impronta de Pinochet, generó múltiples reproches y mayores sospechas por parte de
la sociedad civil que lo siguió percibiendo como un enclave del pinochetismo, el cuál se negaba a colaborar.
El intento fallido de la Mesa de Diálogo por lograr una solución al tema de los derechos humanos se reflejó en los resultados proyectados. La mayor parte de
los integrantes de la Mesa declaró posteriormente su arrepentimiento por haber participado en ella,
señalándola como una pérdida de tiempo. Una iniciativa que podría haber generado mayores objetivos, pero que finalmente se tradujo en una concesión desde
el gobierno de Frei hacia los uniformados por las dificultades que se derivaron por la detención de
Pinochet en Londres.
La llegada de un socialista a La Moneda y el proceso del Juez Juan Guzmán.
Mientras Augusto Pinochet se encontraba bajo
arresto en Londres, en Chile las elecciones presidenciales enfrentaron a Ricardo Lagos, el
candidato oficialista, con Joaquín Lavín representante de la oposición derechista. Ambos candidatos coincidieron en que las acciones judiciales contra el
general deberían ser asunto de los tribunales chilenos y apuntaron a que en la proyección de sus posibles
mandatos este tema lo vería ese poder del Estado. Los procesos judiciales contra los militares,
específicamente el que llevaba el juez Juan Guzmán
Tapia contra Pinochet en Chile, fue uno de los últimos factores que afectó Comandancia en Jefe del general Ricardo Izurieta. Este proceso fue el último obstáculo
que debió enfrentar bajo su cuatrienio en que la responsabilidad de las violaciones a los derechos
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humanos seguía siendo el eje de la percepción de la sociedad civil con respecto al Ejército.
El triunfo de Ricardo Lagos en las elecciones fue percibido por los militares como un factor más de las complicadas relaciones entre el gobierno y el Ejército,
ya que se encontrarían con un Presidente socialista, el primero después de Salvador Allende en sentarse en La Moneda. Esta última tensión enfrentada por el Ejército
fue la conclusión de un proceso que no tuvo la trascendencia esperada ni para los uniformados ni
para los civiles, ya que se cerraba el mandato de Izurieta sin ningún avance en las relaciones con la sociedad civil.
Al momento de asumir la Presidencia de la República, Ricardo Lagos entendió que su principal objetivo en materia de Defensa sería recomponer las
relaciones con el Ejército, congeladas por el “caso Pinochet” en Londres. Este objetivo sería el eje de su
política en ese plano, buscando establecer lazos con un sector especialmente desconfiado de su gestión por constituirse como el primer Presidente socialista en
llegar al cargo desde el golpe. Si bien entendemos que la agenda programática del tercer gobierno de la
Concertación no tenía coincidencias con lo que buscaba implementar la Unidad Popular en los años setenta, de igual forma se constituyó en un factor que
despertó suspicacias y alteró la confianza de la oficialidad del Ejército.
La política que buscó implementar la gestión de
Lagos estuvo centrada en la reafirmación de la autoridad presidencial y la no deliberación de las
fuerzas armadas, una reestructuración del Ministerio de Defensa y la incorporación de mayor cantidad de civiles en la toma de decisiones del sector con el fin de
enriquecer el debate para la generación de una política nacional de Defensa. El mismo Lagos proponía eso
consciente de que: “Enfrentaremos dificultades y limitaciones que a lo mejor harán más difícil alcanzar nuestros objetivos.”214
Las limitaciones y dificultades estuvieron centradas en la problemática de los juicios que en su mayoría llevaba el Juez Guzmán Tapia. Un total de 56
214 “La agenda militar laguista”, La Tercera, 18.01.2000.
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querellas, entre las cuales había procesado a 54 militares, sólo cuatro de ellos en retiro. Este contexto
fue el primer escollo que debió enfrentar la relación de las nuevas autoridades con la oficialidad castrense.
La explosión de causas por violaciones a los
derechos humanos en los que estaban involucrados uniformados comenzó a partir de la detención de Pinochet en Londres. Como hemos señalado, la política
del gobierno de Eduardo Frei al respecto buscaba apurar el cierre de las causas y avanzar en la
“reconciliación nacional”. En el marco de la nueva situación, el General Ricardo Izurieta hacía alusión al efecto que había generado en los militares el abultado
número de causas y cuestionaba la naturaleza ética de éstos: “Son éticamente inaceptables (…) Ha causado en nuestras tropas y en parte importante de la
ciudadanía, sentimientos encontrados que no siempre es fácil mantener en los cauces que todos quisiéramos
(…) [Es un error] juzgar a los militares por hechos ocurridos en un contexto en que imperaba la lógica de guerra y el odio impuestos por los enemigos de
Chile.”215 Con el avance de las investigaciones por el Caso
Caravana de la Muerte y con el general Pinochet en Chile, el Juez Guzmán decidió enviar la solicitud para desprender de su fuero parlamentario al aún senador
vitalicio. Este trámite judicial hizo reaccionar inmediatamente a las fuerzas armadas, pero en especial al Ejército, a pesar de que mientras el ex
Comandante se encontraba preso en Londres pareció haber un consenso entre las autoridades civiles y
militares por apurar su retorno con la condición de que fueran los tribunales chilenos los que se hicieran cargo de enjuiciarlo. Sin embargo, frente a esta nueva
situación, el Ejército reaccionó con preocupación. El 25 de abril de 2000, el general Izurieta visitó el Palacio de
La Moneda para manifestarle al Presidente Lagos su preocupación por la petición de desafuero a Pinochet, El Mercurio destacó: “el jefe castrense planteó la
inquietud de su institución por el proceso de desafuero que se inicia hoy en contra del senador Pinochet.”216 No
215 La Tercera, 10.11.1999. 216 El Mercurio, 26.04.2000.
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obstante, las tensiones se acentuaron cuando al día siguiente de la visita, el Presidente de la República
manifestara que en el Chile de ese momento nadie debía estar intranquilo, además, todos los chilenos, independientemente su condición, debían responder a
los tribunales de justicia.217 La reacción del Presidente Lagos fue coherente con los objetivos que buscó plantear respecto de la no deliberación de las fuerzas
armadas y reforzar la autoridad presidencial. Las investigaciones que avanzaba el Juez
Guzmán en el caso Caravana de la Muerte, apuntaban a la responsabilidad de los uniformados por la obediencia irrestricta impuesta en una institución
como el Ejército, dada la verticalidad de mando. Este argumento fue clave para involucrar a Pinochet y enviar la petición de desafuero, debido a que la acción
institucional se hizo evidente en este caso. El 5 de junio de 2000 la Corte de Apelaciones de Santiago
emitió el fallo, aprobando el desafuero a Pinochet por 13 votos a favor contra 9 en desacuerdo, decisión que provocó celebraciones en sectores opositores, mientras
el Ejército, si bien no emitió un comunicado oficial, trascendió en la prensa que lamentaba el fallo, pero
que lo respetaba.218 En este sentido, durante su mandato Ricardo Izurieta demostró una desigual mezcla entre
continuidad del pensamiento pinochetista y muy poco de un proyecto de un nuevo Ejército, aunque entendió que debía de abrir los cauces para que la institución
avanzara en un mejoramiento de su imagen, estructura y pensamiento.
El principal triunfo de la tesis del juez Guzmán fue la resolución por 16 votos a favor y 4 en contra en el fallo de la Corte Suprema a favor del desafuero
parlamentario a Pinochet, el 8 de agosto de 2000, por su participación en el caso Caravana de la Muerte. De
esta forma, el máximo tribunal del país ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones y consideró necesario someter a proceso a Pinochet por delitos de
homicidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal. El juez Guzmán declaró que el fallo de la Corte
217 El Mercurio, 27.04.2000. 218 El Mercurio, 06.06.2000.
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Suprema mantenía el delito de secuestro como un delito de carácter permanente y en ese punto coincidía
con lo interpretado por él y debía respetársele como “ley que nos obliga a todos.”219 Las tensiones con el gobierno se hicieron evidente
producto de los procesamientos a uniformados y al propio Pinochet. Por este motivo se reunió el COSENA el 02 de enero de 2001, instancia en la que los
uniformados habrían solicitado que la Ley de Amnistía fuera aplicada según su sentido original, en abierto
desacuerdo a la tesis construida por el juez Juan Guzmán. En el comunicado oficial emitido tras la reunión, se expresó que “la unidad y reconciliación
nacional se consolidarán con el buen funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho en su independencia e interacción, respetando las diferentes
visiones sobre nuestra historia reciente.”220 Las diligencias apuntaron a la realización de
exámenes, trámite del cuál Pinochet finalmente resultó ileso en materia judicial. Los resultados arrojaron que Pinochet se encontraba mentalmente incapacitado para
enfrentar un juicio de estas características y se sobreseyó de manera temporal el procesamiento contra
el General el 9 de julio de 2001. Esta resolución lo alejó finalmente de la escena pública y si bien continuaron los procesamientos por violaciones a los derechos
humanos, el tema para el Ejército bajo el mando de Ricardo Izurieta ya no tuvo la misma importancia.
Conclusiones. En el presente artículo hemos estudiado los años del
Ejército bajo la Comandancia en Jefe del general Ricardo Izurieta, afirmando que el contexto político
afectó especialmente su institución, privándolo de conseguir mayores niveles de subordinación al poder civil. En este sentido, las intenciones de avanzar en la
recomposición de las relaciones cívico-militares, alejándose de la imagen de Pinochet y proyectando una
nueva imagen del Ejército no fueron cumplidas,
219 El Mercurio, 09.08.2000. 220 La Tercera, 03.01.2001.
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afectando el desarrollo profesional y el proceso de modernización.
La detención de Pinochet en Londres se constituyó como el hecho político más importante de la transición, ya que alteró el equilibrio político del país y
desordenó la agenda proyectada con las instituciones castrenses. El Ejército a través de su Comandante en Jefe hizo pública la defensa institucional del ex general,
postergando cualquier avance en función de desmarcarse de su impronta. Fueron ellos, los
militares, los más perjudicados con este hecho, ya que exhibieron su resistencia al cambio y a la subordinación a las autoridades civiles. Cabe destacar,
que aunque no hubo en este periodo episodios que implicasen movilización de fuerzas, como en el Ejercicio de Enlace o el Boinazo, no podemos afirmar que existió un avance en las relaciones entre ambas partes, debido a que producto del apresamiento del “patriarca”,
Izurieta intervino en la contingencia política presionando y exponiendo el punto de vista
institucional. De este modo, la improvisada y fallida Mesa de Diálogo se generó cómo un intento desesperado para
dar solución al “problema” de los derechos humanos. Un vacío en la política del gobierno de Frei que nunca
tuvo la intención de enfrentar, hasta antes del apresamiento de Pinochet en Londres. En cuanto a sus resultados, las consecuencias fueron igualmente
perjudiciales para el Ejército, dado que la información errónea que se entregó sobre el paradero de los detenidos desaparecidos afectó enormemente su
imagen institucional. En relación a los procesamientos a los
uniformados y al propio Pinochet en Chile a cargo del juez Guzmán por causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, el Ejército intentó imponer la
tesis de un contexto de guerra, de un enfrentamiento mutuo reflejado en el acta final de la Mesa de Diálogo, tesis que no impidió el desafuero de Pinochet. La
presión pública del Comandante en Jefe enfrentó la respuesta seca del Presidente Lagos que intentó
avanzar en su agenda en Defensa relacionada con no deliberación y subordinación de los militares. Los resultados fueron exiguos mientras Pinochet estuvo
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sometido a proceso. Sin embargo, una vez sobreseído de la investigación del caso Caravana de la Muerte, el
Ejército de Izurieta retomó el rumbo de la profesionalización.
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Historias que vienen. Revista de Estudiantes de Historia #5 / octubre
2014. Escuela de Historia – Centro de Estudiantes de Historia /
Universidad Diego Portales. Esta edición fue responsabilidad del
profesor Alberto Harambour R.
HistoriasqueVienen@gmail.com
[www.udp.cl/facultades_carreras/ciencias_sociales-
historia/esc_historia_revista.asp]
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