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7/29/2019 Las autonomas posibles en Mxico, Bolivia y Per
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LAS AUTONOMAS POSIBLES EN MXICO,
BOLIVIA Y PER
Fabiola Escrzaga
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Texto presentado en el IV Congreso de la Red Latinoamericana de Antropologa Jurdica
(RELAJU) Globalizacin y Pluralismo Jur dico: luchas sociales y legales en la const ruccin de
estados interculturales . Quito-Ecuador, 16-20 de agosto de 2004. Tema 1. Retos para la
construccin de estados interculturales. Mesa 1. Demandas autonmicas de base cultural en
Latinoamrica. Situacin y retos .
Reformas neoliberales y reconocimiento tnico
En la dcada anterior inaugurada con el Quinto Centenario, el avance de los pueblos indgenas
del Continente poda medirse en las reformas constitucionales en materia de reconocimiento
del carcter multitnico y pluricultural de los distintos pases. Tales marcos jurdicos fueron en
principio el acatamiento de la nueva legalidad internacional dictada por Naciones Unidas, con el
respaldo de las instituciones financieras internacionales: Banco Mundial y Fondo Monetario
Internacional y las agencias de ayuda a pases en desarrollo. Los cambios respondan a una
estrategia mayor a nivel internacional de reestructuracin de las relaciones entre el capital y el
trabajo, y entre los pases centrales y la periferia, en lo que se ha denominado el proceso de
globalizacin. La rudeza del ajuste econmico, que signific la prdida de derechos
econmicos y bienestar para la sociedad, requera de una compensacin, sta fue la apertura
democrtica2.
En el nuevo escenario democrtico, el campesinado indgena fue elegido entre los sectores
populares como el nuevo hijo predilecto de los Estados latinoamericanos que se auto
1Profesora investigadora del Departamento de Poltica y Cultura, rea Problemas de Amrica Latina.Universidad Autnoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Mxico.2 En varios pases latinoamericanos hubo en los aos setenta regmenes dictatoriales de duracinvariada que surgieron como mecanismo de contencin de procesos de creciente movilizacin yorganizacin popular que promovan programas antiimperialistas y desarrollistas de izquierda el mssignificativo de ellos fue el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile (1970). Las dictadurasreprimieron los movimientos sociales y destruyeron la amenaza que representaban para el Estado.
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achicaban, mientras que la clase obrera y los sectores medios fueron desplazados como base
de sustentacin poltica y fueron sacrificados econmicamente. Los pueblos indgenas
obtuvieron reconocimiento cultural y promesas de respeto a sus formas de produccin y
reproduccin social, a sus territorios ancestrales y a los recursos que contienen. Los diseos de
la reforma partieron de Naciones Unidas (Convenio 169 de la OIT) y sus diversos rganos
tcnicos y los gobiernos nacionales los acataron, traduciendo las propuestas generales a las
circunstancias concretas de cada pas, a cambio reciban una considerable inyeccin de
recursos de los organismos financieros internacionales. Era un proceso de reformas desde
arriba que contaba con una coyuntura favorable para formular un discurso legitimador del
neoliberalismo sobre este viejo sujeto: los pueblos indios.
Las reformas encontraron eco en los sectores indgenas que haban hecho su propia
acumulacin histrica en el contexto particular de cada pas y se propusieron aprovechar la
oportunidad que ahora se les ofreca. En la mayora de los pases con alto porcentaje de
poblacin indgena, haba organizaciones y movimientos autnomos con demandas propias y
capacidad de lucha. Las reformas y medidas gubernamentales que derivaban de ellas y la
propaganda, estimularon la iniciativa de los indgenas reforzando su capacidad de movilizacin.
Por el carcter vertical y exgeno de las reformas instauradas, su capacidad para responder
adecuadamente a las demandas de los pueblos ha sido limitada. Desde el propio diseo o ensu aplicacin concreta, los cambios constitucionales no representaron cambios cualitativos en
el conjunto del sistema, pues los dems factores de exclusin econmica y social de las
poblaciones indgenas permanecieron inalterados.
Hoy, los avances en la organizacin, en la formulacin de las demandas, programas y
estrategias de lucha y la afirmacin de la identidad tnica de los sujetos, hacen evidentes las
limitaciones sealadas. La accin autnoma de los actores tnicos tiende a rebasar los cauces
establecidos por las instancias internacionales y por los estados de los diversos pases. Inclusocomienzan a expresarse las contradicciones y los conflictos generados por las propias
disposiciones en materia de reconocimiento del carcter pluricultural, y/o su agotamiento.
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Una de las demandas o temas que aparecieron en estos aos entre algunos de los actores
tnicos es el de la autonoma, trmino ambiguo. La demanda de la autonoma indgena puede
significar distintas cosas y tener diferentes alcances, de acuerdo a las diversas situaciones
nacionales en que se plantee. Assies propone la definicin de Martnez Cobo. La capacidad
institucionalmente garantizada para gobernarse a s mismo, dentro del mbito de la soberana
de un estado, lo que supone el autogobierno dentro de un territorio reconocido de acuerdo a
sus usos y costumbres, la disposicin sobre s mismos y sobre sus recursos y la capacidad
para decidir tambin sobre los asuntos que ataen al conjunto del pas del que forma parte.
En muchos pases latinoamericanos, las reformas constitucionales orientadas al
reconocimiento tnico han afectado las autonomas preexistentes de hecho, ya sea por esas
reformas o por otras que corren paralelas y que tienden a la privatizacin de las formas
sobrevivientes de propiedad colectiva y comunal. En tanto que los mecanismos de autonoma
formal establecidas en la reformas, no alcanzan a viablilizar una autonoma real.
La base indispensable para la formulacin de proyectos autonmicos propios por los
movimientos indgenas es su consolidacin como sujetos polticos autnomos, liberados de la
tutela de los actores que acompaaron y contribuyeron a su proceso de constitucin como
sujetos tnicos: iglesias progresistas, partidos polticos de izquierda, movimientos guerrilleros,
organizaciones no gubernamentales y el estado.
Usaremos el referente autonmico para analizar la evolucin de los sujetos tnicos en las
ltimas dcadas en tres pases: Mxico, Bolivia y Per. Llamando no obstante la atencin sobre
el riesgo que representa el imponer el referente de un caso particular a los dems pases y
movimientos: en este caso el mexicano, donde la demanda de autonoma ha sido el eje
vertebrador del discurso del movimiento indgena desde fines de los aos ochentas.
Trataremos de analizar la dinmica establecida en cada pas entre las reformas
constitucionales implantadas por los estados, las demandas definidas por los actores indgenas
en sus movimientos reivindicativos y en sus prcticas ancestrales, y la distancia entre stas y
las reconocidas jurdicamente por los gobiernos.
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Estados nacionales y pueblos indgenas
Los avances en la constitucin autnoma de los sujetos tnicos en los pases latinoamericanos
son considerables, pero los puntos de partida eran distintos. El proceso de constitucin de los
actores tnicos marcha a distintas velocidades en cada pas, a partir de la interaccin de una
serie de variables. Reducimos el nmero de casos nacionales a tres para profundizar en el
anlisis de las variables elegidas:
Desde la sociedad debemos considerar las dimensiones y el emplazamiento territorial de la
poblacin indgena, las dimensiones demogrficas, el carcter de las relaciones intertnicas, la
vinculacin de las organizaciones polticas con los sujetos tnicos, y la maduracin del(os)
movimiento(s) indgena(s) en cada pas.
Desde el Estado consideramos la capacidad hegemnica del estado nacin, el contexto
poltico, econmico y social, la capacidad estatal para garantizar la gobernabilidad del pas y
para el ejercicio de la soberana; la presencia de entidades internacionales como complemento
o sustituto de un estado dbil.
El contexto de la accin de los movimientos indgenas y sus demandas son los estados
nacionales formalmente reconocidos como tales, aunque con diverso grado de consolidacin.
Los estados son instituciones contenidas en territorios que tienen fronteras reconocidas
internacionalmente y que se han configurado sin tener en cuenta las identidades de las
poblaciones indgenas que existen en ellos, estas han quedado al margen de las
construcciones nacionales blancas y mestizas y han sido fracturadas por ellas, an cuado
como en los pases andinos, las poblaciones indgenas sean mayoritarias.
El proceso de mestizaje se desarroll en ritmos diferentes en cada regin y pas, de acuerdo a
los procesos de expansin territorial de los colonizadores espaoles y sus descendientes,
marcados por estrategias de colonizacin definidas a partir de las oportunidades productivas de
los distintos territorios y sus poblaciones en el mercado internacional. El resultado de tales
procesos ha sido diferente: en Mxico la poblacin indgena es minoritaria, hasta un 30% de la
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poblacin del pas, mientras que en Per representa un 54% y en Bolivia un 70%3 En ambas
regiones pueden distinguirse poblaciones indgenas de tradicin campesina y poblaciones
indgenas de tradicin cazadora y recolectora. En Mxico las diferencias entre ellas se diluyen
en el plano poltico, en tanto su relacin con el estado nacional las ha homogeneizado durante
el siglo XX. En los pases andinos la localizacin de los cazadores y recolectores en el territorio
amaznico los mantuvo aislados y a salvo hasta hace pocas dcadas y an hoy existen
poblaciones no contactadas que rehuyen el contacto con occidente, debido a la conciencia
sobre los efectos nocivos que elprogreso del hombre blanco representa para ellos y que otros
grupos han experimentado.
Las relaciones intertnicas vigentes en cada pas o en regiones de los pases, se han
construido en la dinmica de largo plazo, desde la colonizacin y hasta el da de hoy, siendo
muy lentamente modificadas por las grandes transformaciones polticas y econmicas vividas
en cada uno. Los pases con mayoras indgenas como los andinos, presentan usos coloniales
ms arraigados, racismos ms exacerbados y relaciones intertnicas ms conflictivas y
violentas que las de Mxico.
La persistencia de la gran propiedad terrateniente en la agricultura andina con relaciones de
produccin precapitalista, permiti la existencia de situaciones de control territorial y productivo
por las comunidades indgenas y el ejercicio de formas de autogobierno y autonoma productiva
y cultural, an en condiciones de subordinacin a las haciendas y de gran explotacin por la va
del tributo, a diferencia de la agricultura mexicana donde la penetracin temprana de relaciones
mercantiles y la subordinacin de los espacios productivos a lgicas modernizadoras fueron
predominantes (Escrzaga; 1999). Las reformas agrarias aplicadas en cada pas y en funcin
de su eficacia, son procesos que eliminan o disminuyen las reas de autonoma productiva,
cultural y poltica de las comunidades indgenas.
Los procesos de constitucin de los sujetos tnicos en cada uno de los pases, particularmente
desde la segunda mitad del siglo XX, ha seguido cursos diferentes, lo que nos muestra que el
referente republicano ha marcado considerablemente el devenir de los sujetos tnicos, en tanto
3 De acuerdo a la estimacin alta de Wermes, 2002, 13, que no considera nicamente a los hablantes delengua indgena.
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marco jurdico y contexto de sus relaciones con otros sectores sociales, dominantes o
subalternos, adversarios o aliados.
En Mxico y en los pases andinos se dieron procesos de negacin de las identidades tnicas a
partir de los aos treinta del siglo XX4, como parte de las propuestas modernizadoras
impulsadas por sectores pequeo burgueses. Los gobiernos, los grupos dominantes aliados
con el capital externo, e incluso los sectores de izquierda coincidieron en considerar a las
poblaciones indgenas como un obstculo para el desarrollo capitalista de los pases,
particularmente cuando sus tierras eran apetecidas por el mercado nacional o el capital
trasnacional. Tal percepcin ha sido dominante hasta el proceso de globalizacin vigente, en
que los estados afirman haber dejado de percibir a los pueblos indgenas como una amenaza a
su proyecto de dominacin. Otros actores polticos han acompaado el proceso de constitucin
de los sujetos tnicos autnomos: la iglesia progresista, los partidos de izquierda y movimientos
insurgentes y las agencias de desarrollo. En los casos en que los sujetos tnicos han
alcanzado a constituirse en forma autnoma tales acompaantes han pasado a ocupar
posiciones secundarias.
En Per y Bolivia, la incorporacin del territorio amaznico entre los espacios aprovechables
por el mercado mundial en las ltimas dcadas, sobre los cuales la arremetida ha sido
implacable, complejiza la cuestin tnica. La estrategia estatal en ambos casos ha tendido a
mediatizar al sector del oriente, aislado del resto y poco numeroso, para confrontarlo con otros
sectores tnicos mayoritarios. A partir del proceso de desindianizacin iniciado en los aos
treinta promovido desde arriba, y de la propia recepcin del mismo por los sujetos tnicos, en la
actualidad se rechaza el trmino indio o indgena por los pobladores quechuas y aymaras de la
regin andina, en parte como mecanismo de defensa frente a la estigmatizacin y como
reivindicacin, pues el trmino indio o indgena fue la denominacin impuesta por el otro
invasor, espaol, criollo o mestizo y por tanto es tan artificial como otras denominaciones. Se
reivindica en cambio, el trmino originario o la pertenencia a la nacin quechua o aymara. El
problema de la terminologa no deja de interferir los procesos de unificacin entre los distintos
segmentos tnicos dentro de cada pas, las autoridades gubernamentales lo aprovechan para
profundizar la diferenciacin de programas y estrategias de lucha entre indgenas del oriente
4 En el siglo XIX fueron ms decididamente de despojo territorial y en el siglo XVI fueron genocidas.
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amaznico y los originarios de la regin andina. Esto es especialmente marcado en Bolivia
(Patzi, 1999).
La forma del conflicto entre los Estados nacionales y los indgenas tambin es diferente. En el
caso de Mxico el conflicto fue atenuado en tanto que hubo un relativamente exitoso proceso
de asimilacin, particularmente durante el siglo XX y la post revolucin, en donde el mestizaje y
la asimilacin han convertido a los pueblos indgenas en un 10% de la poblacin5, mientras que
el sector mestizo constituye la mayora. Hay en Mxico una constante histrica: el
establecimiento de alianzas entre mestizos e indios para enfrentar radicalmente a los grupos
conservadores aliados con potencias extranjeras (Katz; 1990 y Coatzworth; 1990), procesos
reiterados que permitieron el fortalecimiento del liberalismo en el siglo XIX y del nacionalismo
en el siglo XX, llevando a una relativamente progresista construccin estatal. La oligarqua fue
destruida con la revolucin de 1910 y la alianza de los sectores populares, mestizos e indios
con los grupos modernizadores favoreci la construccin de un estado nacional relativamente
slido y a la constitucin de un estado de bienestar que contribuy a la prolongacin de la
alianza progresista, sustentada en la redistribucin progresiva de la riqueza social. Los sectores
menos favorecidos por este proceso han sido precisamente los indgenas, que estn ubicados
en los espacios marginales al desarrollo, que a partir de la estrategia defensiva de repliegue en
las zonas de refugio durante cuatro siglos desde la conquista, de acuerdo a la formulacin de
Aguirre Beltrn, quedaron bajo la frula de los sectores propietarios de tierras y comerciantes
ms conservadores en las regiones ms apartadas del pas, las menos afectadas por las
transformaciones polticas y sociales generada por la Revolucin de 1910 y el proceso de
modernizacin previo y posterior a ella.
El ejido, la forma colectiva de organizacin productiva y propiedad de la tierra, impuesta por la
reforma agraria cardenista de 1936, fue una solucin formulada para resolver el problema de la
tierra en el esquema de desarrollo capitalista, antes que una solucin a la demanda de tierras
por los campesinos mestizos e indgenas, fue sin embargo un mecanismo de constitucin
negociada y no slo desde arriba, de la identidad social mestiza, a partir de la renuncia tnica
de los sujetos, a cambio del acceso a la tierra y al crdito y de un rgimen de proteccin de su
posesin de tierra, frente a las presiones del mercado. La propiedad comunal indgena fue
5 Dato oficial de acuerdo al criterio de lingstico.
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preservada como forma de tenencia de la tierra, pero no fue apoyada significativamente
(Escrzaga, 1999). Se crearon otras instancias como el Instituto Nacional Indigenista, creado
en 1948, que condujo el proceso de asimilacin de la poblacin bajo formas clientelares y
paternalistas.
Los casos peruano y boliviano presentan muchas semejanzas entre s, pues en tanto vecinos,
sus poblaciones indgenas comparten identidades, lenguas y cosmovisiones, y una forma de
articulacin productiva estatal ancestral que es parte de su historia comn. Han sido
artificialmente escindidos a partir de la conquista y particularmente a partir de la constitucin de
repblicas formalmente independientes. En Per y Bolivia el conflicto entre los estados y los
pueblos indios es ms intenso porque son mayora, no existen canales de mediacin, ni sujetos
mediadores y sus intereses estn abiertamente contrapuestos. Mientras que en Mxico el
elemento mestizo es un mediador entre blancos e indios o suele aliarse con los indios contra
los blancos, en los pases andinos la constante es la alianza de blancos y mestizos contra los
indios.
La dirigencia de la revolucin antioligrquica y antiimperialista de 1952 en Bolivia debi apelar
al apoyo de los campesinos indgenas quechuas y aymaras de los valles y el altiplano, como
fuerza de masas necesarias para que las elites mestizas progresistas pudieran derrotar a la
oligarqua minera y terrateniente. Para ganar a las masas indias e incorporarlas como su base
social al lado del proletariado minero, establecieron el voto universal, nacionalizaron las minas
y disearon una reforma agraria que adems de la ineludible satisfaccin de la demanda de
tierras, les permitiera subordinar clientelarmente a las masas campesinas quechuas y aymaras.
Para ello impusieron a las comunidades indgenas la forma de organizacin sindical, como
instrumento del reparto de la tierra y comercializacin de la produccin y mecanismo de control
vertical (Zavaleta; 1983 y Rivera; 1983 y 1996).
Los campesinos quechuas y aymaras aceptaron a regaadientes la forma sindical impuesta,
que en el discurso nacionalista de las nuevas elites significaba la eliminacin del indio como
factor de atraso y la eliminacin del estigma indio, aunque no la discriminacin y la
marginacin. Los implicados fueron asimilando la forma de organizacin sindical a sus propios
usos comunitarios. durante varias dcadas los sindicatos campesinos sirvieron eficazmente
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como mecanismo clientelar para el control vertical del campesinado por el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) el grupo progresista dominante y paralelamente, sin que los
grupos dominantes lo percibieran, por debajo de las formas sindicales, los campesinos
obligados a ser tales y a dejar de ser indios, mantuvieron, recrearon y adaptaron a las nuevas
condiciones polticas nacionales, sus formas comunales de acuerdo a la diversidad regional
existente (Patzi, 1999). De manera que el perodo de imposicin de usos sindicales ajenos y de
identidades distintas a la suyas, no result un perodo de destruccin cultural y prdida de
autonoma como en otros pases, sino uno de acumulacin y preparacin para su
reconstitucin autnoma. Los indgenas bolivianos pudieron aprovechar como parte de su
autoconstruccin identitaria las medidas de los grupos dominantes que se proponan lo
contrario. Bolivia ha vivido procesos polticos que han contribuido, aunque los sectores
dominantes no lo quieran y les afecte directamente, a consolidar unos sujetos tnicos que
asumieron tempranamente (tal vez nunca la perdieron) la conciencia de su enorme fuerza
social y potencial poltico en tanto mayora.
Per presenta casi el reverso de la moneda de la experiencia boliviana. Desde la dcada del
treinta, la accin de negacin y represin de las identidades tnicas por diversos actores
polticos ajenos a las identidades e intereses indgenas han obstruido la emergencia de
programas de lucha y la reivindicacin de las identidades tnicas, en algunos perodos por
medio de una gran violencia.
La reforma agraria de 1969, es uno de los procesos que ms contribuy a la auto-negacin de
las identidades tnicas. La reforma agraria peruana a diferencia de las de Mxico y Bolivia no
fue consecuencia de una revolucin popular, ni por tanto el producto de la alianza de sectores
modernizadores con la poblacin indgena, para enfrentar con su fuerza de masas a la
oligarqua terrateniente y para incorporar a los campesinos como base social de un proyecto
nacionalizador y democratizador de la sociedad. Fue mucho menos: una estrategia defensiva
por parte del sector progresista de las Fuerzas Armadas, para neutralizar el descontento del
campesinado indgena hacia los terratenientes tradicionales en decadencia. La fuerza
campesina indgena que haba aflorado de manera radical y violenta en los aos sesenta con
movimientos de toma de tierras, amenazaba al Estado en su conjunto. Con la reforma agraria
el gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975) buscaba primordialmente crear la
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integracin nacional que permitiera la defensa de la soberana territorial peruana, frente a las
supuestas amenazas de sus vecinos. Para ello deba peruanizarse a las poblaciones
indgenas, la fuerza material de tal defensa.6
La reforma agraria peruana elimin por decreto a los viejos terratenientes y cre en su lugar
formas asociativas (cooperativas de diverso tipo y dimensin de acuerdo a la localizacin y a la
actividad productiva pero orientada al mercado nacional o externo), diseadas y administradas
por tcnicos desarrollistas, ajenos a las realidades que queran modificar. Se reparti tierra al
campesinado en forma limitada y bajo la forma de venta. La reforma agraria no result eficiente
como solucin tcnica al problema de la modernizacin de la agricultura y la ganadera y
menos como solucin poltica en el campo. Ms bien result contraproducente pues no
resolvi satisfactoriamente las demandas campesinas de tierra y destruy los mecanismos
oligrquicos de control poltico rural, sin sustituirlos por otros, lo que abri la puerta al desarrollo
posterior de movimientos armados en campo. (Escrzaga; 1997)
Tampoco las izquierdas peruanas fueron capaces de acompaar los movimientos del
campesinado indgena respetando las identidades tnicas de esos campesinos, pese a su
reivindicacin del pensamiento de J os Carlos Maritegui, que entre otros temas abord
centralmente el problema indgena peruano y aport propuestas estratgicas muy importantes
para su auto organizacin (Maritegui; 1928 y 1929). En este contexto, la insurgencia maosta
de Sendero Luminoso iniciada en 1980, representa slo el caso ms extremo de la
incomprensin, irrespeto y negacin de las identidades tnicas de los sujetos sociales
incorporados a la lucha.
La autonomizacin de los su jetos indgenas
Van Cott, propone cinco elementos como parte del proceso de constitucin de las
reivindicaciones tnicas en la ltima dcada: el reconocimiento retrico del carcter multitnico
de los pases a travs de sus constituciones, lo que ha ocurrido en forma generalizada, peroson las medidas concretas y su real aplicacin lo que parece ms lejano de cumplirse: el
reconocimiento de la ley consuetudinaria, la proteccin a la propiedad colectiva de la tierra, el
6 En la lectura de los militares nacionalistas del problema nacional peruano pesaba la experienciatraumtica de la Guerra del Pacfico de 1879-1882, en que la derrota frente a Chile represent unaimportante prdida territorial.
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reconocimiento oficial a las lenguas y la educacin intercultural (Assies, 1999). Todos los
elementos pueden estar contenidos en las reformas establecidas, pero en la mayora de los
casos ellas se han hecho sin la participacin de los interesados, ms como acatamiento a las
recomendaciones externas, que como voluntad poltica de satisfacer las demandas de los
pueblos indios o resolver los problemas internos. En algunos casos incluso parecen trampas
puestas a la buena fe de los afectados.
Mxico
El mayor problema que enfrentaron los movimientos sociales y las organizaciones polticas de
izquierda mexicana, fue constituirse como fuerzas polticas autnomas frente a un Estado con
un alto grado de hegemona que haba incorporado demandas fundamentales de los grupos
subalternos a su programa, desde la formulacin del pacto social que fue la Constitucin de
1917, en la que demandas sociales como la educacin laica y gratuita (artculo 3), el derecho
al reparto agrario y la proteccin de la propiedad colectiva y comunal (artculo 27) y los
derechos de los trabajadores a la huelga, la estabilidad y la sindicalizacin (artculo 123) entre
otros ms7, fueron reconocidos y parcialmente satisfechos, incorporando a los sectores
populares mayoritarios bajo mecanismos corporativos como la base social de un Estado
burgus desarrollista, sustentado en una alianza nacional popular encarnada en un partido de
Estado, el Partido Revolucionario institucional (PRI).
Frente a una construccin estatal tan slida, la izquierda tena grandes dificultades para
formular un proyecto ms radical que las demandas ya incorporadas al proyecto estatal y para
disputar al partido oficial el liderazgo sobre los sectores populares. Lo que no significa que no
haya habido izquierdas y movimientos sociales radicales no incorporados a la hegemona
estatal, que por su exclusin de los beneficios del pacto social o su contraposicin de intereses
con los grupos econmicos dominantes, estatales o privados, enfrentaron al Estado y al orden
social dominante. Hubo campesinos, obreros, estudiantes, empleados pblicos e intelectualesque enfrentaron al estado en distintos momentos, pero su capacidad de irradiacin sobre el
conjunto de su respectivo sector o sobre otros sectores, fue mnima, y fue nula su capacidad de
7 Producto de formulaciones programticas previas y muy radicales como la del grupo anarquista deRicardo Flores Magn, que fueron recuperados por los ejrcitos de Zapata y Villa durante la Revolucinde 1910.
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articulacin entre el conjunto. El estado aplicaba estrategias de aislamiento y neutralizacin por
la va de la represin selectiva y oportuna, por la cooptacin de sus dirigencias e incluso por la
satisfaccin de sus demandas. La renta petrolera estuvo siempre a disposicin del Estado para
ampliar el sistema de bienestar social.
El inicio en 1982 del proceso de implantacin del neoliberalismo, fue producto de la imposicin
externa acatada por un sector del grupo hegemnico al interior del PRI y encontr gran
resistencia en otros sectores del mismo partido. El sector que asumi el programa neoliberal
estableci alianzas con sectores empresariales y de la derecha por fuera del PRI, e inici una
batalla al interior para concretar la reforma neoliberal del estado. Lo que llev a la fractura del
PRI y a la Candidatura independiente de Cuauhtmoc Crdenas8 en 1988, su triunfo y fraude a
favor de Salinas el candidato del PRI, permiti acelerar la implantacin del neoliberalismo. El
episodio, seguido de la creacin del Partido de la Revolucin Democrtica, una alianza de ex
pristas con varios partidos de izquierda, con ex guerrilleros y otras fuerzas de izquierda,
expres la ruptura del pacto social de 1917, que la implantacin del neoliberalismo impuso.
Los pueblos indios en Mxico estn en proceso de constitucin en sujeto autnomo, luego de
vivir bajo el control clientelar por ms de 40 aos de un Estado relativamente benigno, protector
de sus tierras y benefactor a cambio de su incondicionalidad poltica. Los movimientos
contestatarios que ocurrieron en ese perodo asumieron la tnica dominante impuesta por los
partidos de izquierda, de identificarse exclusivamente como campesinos y adecuar a ellos sus
estrategias de lucha.
La reforma al artculo 27 Constitucional en 1991 elimina el rgimen ejidal y la obligacin del
reparto agrario por el estado, dejando desprotegida la propiedad campesina y coloca a la tierra
a merced de las fuerzas del mercado, esa reforma fue compensada por otra, la reforma al
artculo 4 reconociendo el carcter multitnico del pas. Pero la compensacin fue insuficiente
y la relacin entre Estado y pueblos indios entr en crisis hasta llegar a la ruptura con una parte
considerable del movimiento indgena, no se puede aceptar menos por ms. El estado
neoliberal deja de tutelar o patrocinar a las organizaciones indgenas, las tierras que el
8 Hijo de Lzaro Crdenas, el presidente ms radical de la posrevolucin quien contando con un fuerteapoyo popular profundiz durante su gobierno las medidas antiologrquicas y antiimperialistas: reformaagraria y expropiacin petrolera y al mismo tiempo consolid las estructuras organizativas del sistemaclientelar encarnado en lo que ms tarde se denominara Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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campesinado indgena y mestizo poseen y sobre todo los recursos naturales que encierran, se
vuelven mercanca apetecida por el mercado mundial.
La rebelin indgena del 1 de enero de 1994 en el Estado de Chiapas, bajo la direccin del
Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional (EZLN), expresa la ruptura de la alianza entre el
Estado y el campesinado indgena y mestizo del pas. El EZLN se convirti en la caja de
resonancia de un movimiento indgena nacional en proceso de autonomizacin de la tutela
estatal. La formulacin de un programa de alianzas amplio, el alcance nacional de las
propuestas zapatistas y la reivindicacin de ellas por un sector significativo del movimiento
indgena nacional son parte fundamental de este proceso. Un rasgo novedoso del EZLN es la
gran capacidad de interlocucin que los rebeldes han logrado con la sociedad civil, a partir de
un programa de lucha y un discurso construido desde una lectura realista de la nueva
correlacin de fuerzas al nivel nacional e internacional, que adems incorpora una slida crtica
y autocrtica a la izquierda mexicana, sin dejar de reivindicarse como parte de ella, que
actualiza las propuestas y referentes posibles de la izquierda mundial. Ello le ha dado una gran
legitimidad que ha contribuido a su capacidad de negociacin con el estado mexicano y lo han
convertido en referente de las luchas populares a nivel internacional.
El movimiento indgena mexicano, enfrenta cotidianamente el reto de preservar la autonoma
poltica conseguida luego de la ruptura con el estado neoliberal. Mientras que el gobierno
pretende establecer una alianza bajo nuevos trminos. A partir de la irrupcin del zapatismo en
1994, el movimiento indgena, cercano o lejano de l, ha encontrado en la reivindicacin
autonmica la demanda fundamental de su programa y su organizacin, aunque ella haba
aparecido desde 1988.
La demanda autonmica zapatista formulada en las mesas de negociacin en San Andrs
Larrinzar en 1996, aceptada por el gobierno, qued plasmada en los Acuerdos de San
Andrs, en cuya formulacin participaron no slo los zapatistas, sino tambin dirigentes
indgenas, polticos y acadmicos expertos en la materia, todos ellos expresin de la sociedad
civil. Tales Acuerdos deban ser plasmados en la reforma constitucional pendiente. Para exigir
al Congreso el reconocimiento de la autonoma indgena los zapatistas realizaron en 2001, con
un gran apoyo de la sociedad civilnacional e internacional, la Marcha del Color de la Tierra,
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pero una alianza de senadores y diputados de los tres partidos mayoritarios vot unas reformas
diferentes a las propuestas en los Acuerdos de San Andrs, negando personalidad jurdica a
las comunidades indgenas y con ello el reconocimiento de la autonoma.
Hoy existen en Mxico dos vertientes del movimiento indgena: la Asamblea Nacional Indgena
por la Autonoma (ANIPA), que postula la necesidad de participar en procesos electorales bajo
las siglas de los partidos existentes, la obtencin de cargos en la administracin pblica federal
y estatal, para servir a los intereses de los pueblos indgenas, postula el establecimiento de una
organizacin con una estructura de mando definida para la articulacin nacional de sus fuerzas,
y ofrece una propuesta de autonoma indgena a partir de la creacin de territorios que integren
regiones pluritnicas, que sean reconocidas constitucionalmente, para lo cual su gestin
gubernamental es necesaria (Lpez Brcenas; 2004).
Otra es la posicin del Congreso Nacional Indgena (CNI), que reivindica el programa del
zapatismo y considera que el gobierno no va a resolver las demandas indgenas desde el
acceso a puestos de mando por los indgenas dentro de la estructura del gobierno, sino que es
la movilizacin y organizacin autnoma el medio para presionar al gobierno a reconocer los
derechos indgenas que se definieron en los Acuerdos de San Andrs Larrainzar en 1996. Ellos
postulan que no hay una frmula nica de rgimen autonmico sino muchos, en virtud de la
diversidad de situaciones regionales en el pas. La ms avanzada de las propuestas
autonmicas que postula el CNI parte de la experiencia compleja del Estado de Oaxaca, que
con una gran proporcin de poblacin indgena y una gran diversidad de grupos, 17 insertados
en un mapa poltico de ms de 500 municipios, que segmenta identidades y pueblos indgenas.
Los movimientos indgenas oaxaqueos han desarrollado propuestas de autonoma comunal y
municipal en un contexto de gran movilizacin poltica. El estado de Oaxaca ha respondido a
las demandas indgenas promulgando la primera Constitucin estatal de Mxico que reconoce
los usos y costumbres y los incorpora parcialmente en el sistema poltico estatal, con
resultados complejos, que no responden a las demandas autonmicas de los pueblos
indgenas, pero permiten explorar las posibilidades de solucin desde arriba y desde abajo.
(Barabas; 2004)
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Finalmente, la forma ms acabada de experiencia autonmica es la que se desarrolla en los
territorios liberados por los zapatistas en Chiapas, a partir del inicio de la insurreccin en enero
de 1994, que se han constituido como municipios autnomos en rebelda, ellos abarcan
alrededor de 30 mil km2, cerca del 40% del territorio estatal. En los que no sin conflictos y
roces con pobladores no zapatistas de la zona, la presencia de fuerzas paramilitares y la
amenaza permanente que representa el cerco militar establecido a su alrededor, mantienen
formas de autogobierno municipal. Las bases zapatistas, producen, comercializan, resuelven
sus problemas de salud y en algunos casos de educacin y mantienen viva su cultura, sin la
intervencin del estado y con la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional que
proporciona recursos materiales y asesora para implementar sus proyectos productivos y de
servicios.
Dentro del territorio zapatista existieron los Aguascalientes, cinco en total en diversos puntos
del mismo, eran los espacios de enlace y dilogo con la sociedad civilnacional e internacional.
En agosto de 2003, losAguascalientes se convirtieron en Caracoles, con sus J untas de Buen
Gobierno, que son instancias de autoorganizacin supra municipal, que norman y regulan las
relaciones al interior del territorio zapatista, entre zapatistas y no zapatistas y hacia el exterior,
definiendo internamente las reglas del intercambio con las instancias de la sociedad civil
nacional e internacional (organizaciones polticas, acadmicas, iglesias, organizaciones no
gubernamentales, etc.), asegurando la congruencia entre lo poltico, lo econmico y lo militar.
Un punto fundamental de la reformulacin es la regulacin y centralizacin de la distribucin de
los recursos materiales que llegan de fuera, para garantizar su distribucin equitativa entre las
bases sociales zapatistas, e impedir la diferenciacin social y corrupcin al interior,
manteniendo el control sobre las condiciones de resistencia frente a un cerco militar que se
estrecha (Subcomandante Insurgente Marcos; 2003).
Per
En Per prcticamente no existe hoy un movimiento indgena autnomo, debido a la conjuncin
de factores. Desde los aos cuarentas los campesinos indgenas aymaras y quechuas se auto
identifican como campesinos antes que indios, la reforma agraria de 1969 afirm esta
tendencia y la guerra interna de 1980 a 2000 la sell, al castigar a los campesinos indgenas
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por el hecho de serlo. En las dcadas del sesenta, setenta y ochenta en distintos espacios y
circunstancias se desarrollaron procesos de lucha del campesinado indgena en defensa de la
autonoma productiva que la expansin de las relaciones mercantiles, la reforma agraria o la
insurgencia senderista pretendi cercenar. La fuerza y radicalidad de estos procesos: tomas de
tierras, reconversin de cooperativas en comunidades y autoorganizacin para la defensa
frente a la insurgencia, alimentaron a una variada gama de organizaciones partidarias de
izquierda, incluidas las armadas. La represin de este proceso de emergencia social es la
razn fundamental para el establecimiento de dictaduras militares y la guerra sucia, por un
Estado incapaz de contener por medios polticos el avance popular. Este proceso adquiri
grados extremos entre 1980 y 2000, con la aparicin del movimiento insurgente del Partido
Comunista del Per-Sendero Luminoso.
La insurgencia senderista eligi al campesinado indgena como base social de su accin
armada y en consecuencia el ejrcito lo asumi como el agua que haba que eliminar para que
el pez senderista no pudiera desarrollarse. La guerra contra la poblacin indgena se estableci
as desde dos flancos el contrainsurgente y el insurgente, lo que no significa que masas
indgenas no hayan optado en sus inicios por seguir voluntariamente la convocatoria senderista
a la lucha armada, identificndola con sus propias demandas y voluntad de rebelda. A partir
del establecimiento de la guerra sucia, a fines de 1982, la poblacin indgena emigr
masivamente a las ciudades, donde perdieron parcialmente los referentes de sus identidades y
prcticas culturales, tampoco se incorporaron de manera plena en la sociedad urbana, su
situacin de marginacin prevaleci (Escrzaga; 1997).
Negar o renegar de su identidad diferente se convirti cada vez ms en el recurso que permita
la supervivencia de poblaciones indgenas dentro y fuera de sus territorios. Las fuerzas
armadas aplicaron una extrema violencia, solapada por los gobiernos civiles y habilitaron a las
propias comunidades indgena como fuerza contrainsurgente, a partir de la creacin de
Comits de Defensa Civil y Rondas Campesinas9. Desde 1990, el gobierno de Fujimori aplic
9 Los Comits de Autodefensa Civil (CADs) fueron establecidas desde el inicio de la guerra, retomandola experiencia de las aldeas estratgicas organizadas en Guatemala. Las Rondas Campesinas fueronorganizaciones surgidas espontneamente en el norte del pas a mediados de los aos setentas, paracombatir el abigeato por las propias comunidades en ausencia de autoridades que lo hicieran, seconvirtieron en instancias de aplicacin de justicia al interior de las comunidades. Gradualmente fueron
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ms eficientes polticas contrainsurgentes a travs de CADs y Rondas Campesinas que
complement con programas de asistencia social para comprar con ayuda al campesinado
indgena.
Fujimori no tuvo empacho en incorporar las reformas multiculturales a la Constitucin
promulgada en 1993, lo que le serva para legitimar una carta derivada del autogolpe de abril
de 1992, y de una constituyente cuestionada, el reconocimiento tnico fue la contraparte
necesaria de una Constitucin cuyo eje fundamental era la legalizacin de la guerra sucia como
estrategia contrainsurgente, complementada por las medidas de ajuste neoliberal, cuyo punto
central era la privatizacin de la propiedad comunal. Como se puede ver, el genocidio ha sido
en el caso peruano el medio fundamental para eliminar las identidades tnicas y para destruir
las posibilidades de existencia autnoma de las comunidades indgenas.
Luego de la cada de Fujimori, el gobierno de transicin de Paniagua estableci una Comisin
de la Verdad y Reconciliacin (CVR), cuyo informe fue presentado el 28 de agosto de 2003,
ella estableci el nmero de muertes producto de la guerra sucia en 69 mil, de las cuales ms
del 70% fueron hablantes de lenguas indgenas, estableci tambin que ms de la mitad de
esos muertos fueron responsabilidad de Sendero Luminoso y el resto lo fueron de las fuerzas
armadas.10 Lo que no ha hecho hasta ahora es llevar a la crcel a los culpables identificados en
el bando estatal, polticos civiles y militares; tampoco se propone resarcir los daos de los
agraviados, pues no hay recursos disponibles para indemnizaciones.
El gobierno de Alejandro Toledo, iniciado en 2002, hizo del tema indgena el eje de su campaa
presidencial y cre una Comisin de Pueblos Indgenas del Per (COPIP) a cargo de su
esposa, una antroploga belga. La COPIP ha sido convertida en Instituto en julio de 2004, con
incorporadas por el Ejrcito al combate contrainsurgente pero muy tmidamente, pues no se
consideraban capaces de controlarlas. Slo en 1991 con el gobierno de Fujimori, se comenz aproporcionarles armas de fuego. (Escrzaga; 1997).10 La Comisin recibi testimonios que permiten identificar a 23, 969 peruanos muertos o desaparecidosy de acuerdo a una metodologa estadstica elegida, multiplica por 2.9 es nmero para estimar el saldototal de muertos entre 1980 y 2000. En el informe se establece que la responsabilidad de SenderoLuminoso en las muertes es el 54% de acuerdo a los testimonios recibidos y de 46% de acuerdo a lasestimacin estadstica del total de vctimas, de acuerdo a este ltimo la responsabilidad de las fuerzasarmadas y policiales y con ellas de los Comits de Autodefensa Civil y Rondas Campesinas es de un37% (Comisin de Entrega de la CVR; 2004)
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ella se busca cooptar dirigentes y organizaciones indgenas existentes e impedir su
fortalecimiento. Es la instancia receptora de los fondos de asistencia internacional dirigidas a
las poblaciones indgenas, y ha sido acusada de traficar con esos recursos y hacer un uso
clientelar de los mismos. Para corromper o neutralizar los esfuerzos tmidos de constitucin
autnoma de un movimiento indgena.
Todos estos elementos han obstruido hasta hoy la constitucin de un movimiento indgena
autnomo en Per. Lo que no significa que no haya en distintos puntos del pas intentos en
este sentido y con apoyo de diversas fuerzas, aprovechando las relativamente favorables
condiciones actuales: el discurso indigenista gubernamental e internacional y la contencin de
la violencia, aunque el miedo paralizador persiste.
La creciente necesidad de defenderse del despojo de tierras y recursos naturales que el
neoliberalismo promueve, es el mayor incentivo para la recomposicin de los movimientos. Ms
all de un visible oportunismo de recientes liderazgos autoafirmados, de profesionales mestizos
que se reivindican como indios, se observa una general resistencia por parte del viejo
movimiento campesino, particularmente entre la mayora quechua, a reidentificarse como
indgenas a pesar de los apoyos econmicos que ello puede asegurar. Lo que plantea la
pregunta de si es necesario reemplazar el viejo andamiaje clasista de la organizacin
campesina, que integra a las comunidades quechuas y aymaras y que conserva una extensin
muy grande en el pas, por procesos de reafirmacin de la identidad indgena; o si aquellos
pueden ser aprovechados como base para los segundos.
Bolivia
Bolivia ofrece un ejemplo notable de reidentificacin tnica por parte de sectores considerables
de su poblacin. El cierre de la minera estatal en 1985, punto central del ajuste neoliberal que
llev al desempleo al 30 mil mineros y empleados pblicos (Kruse; 2000), oblig aldesplazamiento de la poblacin desempleada a otros espacios en busca de formas de
subsistencia alternativa, uno de ellos fue el Chapare en Cochabamba, en el cultivo de la hoja
de coca. Las grandes concentraciones de mineros en los enclaves se convirtieron a la vuelta de
una dcada y media, en la gran concentracin de campesinos cocaleros en la regin del
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Chapare (30 mil familias), quienes con su propio esfuerzo y recursos colonizaron esa regin de
ceja de selva (tropical) para desarrollar los cultivos de hoja de coca que el narcotrfico
demandaba. Mediante sus sindicatos campesinos organizaron sus asentamiento y la
produccin y defienden sus cultivos frente a la poltica de erradicacin impuesta por el gobierno
norteamericano y acatada por el gobierno boliviano, dispuesto a dejarlos nuevamente sin
medios de sustento.
Otros mineros despedidos se establecieron en la economa informal en la ciudad de La Paz y
se asentaron en la ciudad de El Alto, dormitorio de la fuerza de trabajo aymara y quechua que
sirve a la poblacin blanca y mestiza de La Paz. Ambas ciudades estn enclavadas en el
altiplano habitado por poblacin aymara, El Alto es hoy la mayor ciudad indgena de Amrica
autoconstruida con el esfuerzo de sus habitantes. 11
Este proceso de desplazamiento poblacional de un espacio a otro y de una identidad a otra,
tiene un sustento ideolgico, poltico y organizativo que inicia con la formacin a partir del ao
1969 del movimiento katarista por intelectuales aymaras (estudiantes y dirigentes campesinos)
que recupera las ideas indianistas de Fausto Reynaga, quien reivindica la figura del caudillo
aymara Tupac Katari, que organiz en 1781 un ejrcito indio para luchar contra los espaoles
invasores y recuperar lo que fue suyo: el territorio y los recursos naturales apropiados por los
blancos a partir de la conquista. En un proceso muy rico de decantacin poltica e ideolgica a
travs de lucha entre dos o ms corrientes, el katarismo encarna en 1979 en la nueva Central
Sindical nica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), organizacin autnoma del
campesinado quechua y aymara, especialmente desde los niveles provinciales y hacia abajo
hasta las comunidades, en tanto que la cooptacin partidaria funcionaba en los niveles
superiores. Paralelamente al fortalecimiento de la central se han dado procesos de
construccin de organizaciones partidistas, incluso guerrilleras dentro de la misma corriente.
(Patzi; 1999)
11 1.-Segn datos preliminares del censo de 2001 La Paz tiene 792 mil hab y El Alto 694 mil. La tasa decrecimiento anual de La Paz entre 1976 y 1992 fue de 1.78% y entre 1992 y 2001 de 1.14%, en tantoque la de El Alto fue de 8.86% y de 5.3% en los mismos intervalos. (Instituto Nacional de Estadstica(INE); (2001).
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Frente al creciente poder del movimiento katarista, que iba llenando el vaco dejado por el
debilitamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) expresin del otrora poderoso movimiento
minero, las elites neoliberales instaladas en el viejo partido Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), formularon una estrategia de neutralizacin del movimiento basada en
las reformas constitucionales de reconocimiento tnico de 1993, el discurso pluri-multi, cuyo
diseo toma como actor central de las reformas a los indgenas del oriente del pas, un sector
muy reducido de la poblacin en trminos cuantitativos y lejanos del centro poltico, ellos fueron
asumidos como los interlocutores privilegiados, en tanto que los quechuas y aymaras fueron
prcticamente ignorados.
Las reformas constitucionales bolivianas y la Ley de Participacin Popular en particular, han
evidenciado en muy poco tiempo su condicin de trampa destinada a neutralizar la
organizacin autnoma del campesinado aymara y quechua, mediante un proceso de
municipalizacin que no atiende a las formas de existencia de la organizacin comunal
originaria, el ayllu. Por el contrario, el esquema de municipalizacin propuesto tiende a la
destruccin de la lgica comunitaria sustentada en la posesin de un territorio discontinuo y la
intervencin de los partidos criollo-mestizos en la vida interna de las comunidades. El
movimiento sindical campesino y popular ha resentido las consecuencias en el avance de ese
proceso y se ha opuesto tajantemente a l, al nivel de la organizacin de base, para
contrarrestarlo acude a la movilizacin bajo las frmulas de la comunidad, que es el sustento
de la fuerza social del movimiento campesino aymara y quechua.
Desde el ao 2000, la capacidad estatal de contener el descontento popular contra las medidas
de expropiacin de sus recursos naturales ha ido reducindose. La guerra del agua en del
Departamento de Cochabamba en el 2000 en contra de la privatizacin de este recurso
(Gutirrez, 2001) y otras movilizaciones; la participacin electoral en el ao 2002 de dos
candidatos indios y la gran votacin alcanzada: el partido del movimiento cocalero, Movimiento
al Socialismo (MAS) con la candidatura de su dirigente el campesino quechua-aymara Evo
Morales; y un partido construido desde la CSUTCB el Movimiento Indio Pachatutik (MIP) con la
candidatura del dirigente aymara Felipe Quispe, cuyos votos sumados (20% y 6%
respectivamente) fueron ms que los del elegido presidente Gonzalo Snchez de Lozada
(21%); y finalmente la guerra del gas en 2003 en contra de la venta a precio de regalo de ese
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recurso a Estados Unidos a travs de Chile. Todos estos procesos muestran que hoy los
cocaleros, los campesinos quechuas y aymaras de la CSUTCB y los pobladores
mayoritariamente aymaras de El Alto, constituyen una fuerza social en movimiento, sustentada
en su organizacin autnoma, con una gran capacidad de movilizacin desde sus
organizaciones sindicales, sustentadas en la organizacin de base que son las comunidades y
ayllus, movilizados por sus propios medios y estrategias de control del territorio y con una
tradicin sindical que les permite una eficaz articulacin regional o nacional.
Las fuerzas populares han puesto en jaque a los gobiernos criollo-mestizos, al punto de hacer
renunciar a Gonzalo Snchez de Lozada en octubre de 2003, el presidente que implant las
reformas pluri-multi diez aos antes. La crisis del ltimo ao ha puesto en evidencia las
limitaciones de las reformas constitucionales que pretendan ser la solucin a los problemas de
gobernabilidad en Bolivia.
Al calor de la protesta popular contra los procesos de privatizacin y entrega de los recursos
naturales a los intereses trasnacionales, se formulan propuestas de ejercicio de la autonoma
indgena como forma de solucin a la crisis estatal no resuelta, pueden sealarse las de lvaro
Garca Linera y Flix Patzi (F. Escrzaga y R. Gutirrez; 2004).
Las autonomas posibles
La emergencia de los grupos indgenas fue inicialmente favorecida por las polticas de
reconocimiento tnico aplicadas por los gobiernos a instancia de las organizaciones
internacionales, pero los movimientos han ido mucho ms all de lo ofrecido por las instancias
internacionales y por los Estados. Tal vez para los tecncratas neoliberales la poblacin
indgena no representaba una amenaza significativa a las nuevas bases de dominacin,
vctimas del mismo racismo de las viejas elites, no contaban con su reiterada capacidad de
adaptacin y sobreviencia a las transformaciones ocurridas en su espacio vital en los ltimos
cinco siglos. El hecho es que en los pases latinoamericanos con poblacin indgena, la
capacidad de construccin de movimientos y programas alternativos desde los propios actores
se ha incrementado significativamente.
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Por su amplitud y profundidad, el caso boliviano es el ms avanzado en trminos de la
constitucin autnoma de los sujetos tnicos y de su articulacin en varios movimientos
indgenas, los que desde su particular desarrollo y maduracin tienden al mismo tiempo a
construir los lazos de su articulacin. Como mencionamos antes, en Bolivia pese a los
esfuerzos de los grupos dominantes por subordinar a las poblaciones indgenas mayoritarias y
desdibujar sus identidades culturales distintas, tanto la dinmica de los procesos productivos
como la capacidad de autoorganizacin campesina comunal, han impedido la consolidacin de
la hegemona criollo-mestiza y la estabilidad de sus gobiernos. La poblacin quechua y aymara,
pese al proceso de subordinacin a los gobiernos criollo-mestizos desde 1952 a 1974, hicieron
su propio proceso de acumulacin poltica desde su cultura diferenciada. El gobierno del MNR
les impuso la sindicalizacin y ellos preservaron en parte, por debajo de la forma sindicato, sus
formas productivas y de organizacin comunitaria, y su cosmovisin y formas jurdicas, la que
ms tarde les permiti sobrellevar los procesos de reestructuracin neoliberal, adaptndose a
las nuevas condiciones.
Dado el carcter mayoritario de la poblacin indgena y la radicalidad de sus demandas, el
referente autonmico en Bolivia resulta tal vez limitado, en la medida en que su reivindicacin
es por otra Bolivia, no por la inclusin en la nacin criollo-mestiza que el programapluri-multi
les ofreci sin cumplir, sino por la construccin de un pas indio que en parte recupera el
programa mesinico de reconstitucin de la antigua unidad andina encabezada por el Imperio
Inca antes de la llegada de los espaoles, expresado por la rebelin de 1780-1783, por los
liderazgos de Tupak Katari y Tupak Amaru y por otras rebeliones posteriores en toda la regin.
Si bien el propsito se antoja inviable en la actualidad, la persistencia de la unidad cultural de
quechuas y aymaras de la regin andina, ms all de las fronteras nacionales, y la persistente
incapacidad de hegemona de las elites blancas o mestizas, la fragilidad de sus estados y la
inviabilidad de las naciones que los pases andinos contienen, muestran al factor popular indio
con mayor fuerza y creatividad para la construccin de alternativas sociales que a las lites
polticas criollo-mestizas. Lo anterior es potenciado por la presencia depredadora de las fuerzas
econmicas trasnacionales, ante las que los gobiernos andinos no ofrecen la menor
resistencia, lo que hace que el descontento popular crezca.
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No existen todava las frmulas acabadas en los distintos pases analizados, para la
coexistencia entre estados nacionales y pueblos indios, enunciadas por los propios indios, su
formulacin no es nada fcil. Pero ahora resulta evidente que las frmulas generalizadoras o
tramposas para el encuadramiento y subordinacin de los pueblos indgenas, diseados y
plasmados en las reformas de los aos noventas, no han resultado adecuadas para mantener a
raya a estos sectores y mucho menos para resolver el problema de su integracin. Lo que salta
a la vista es que resulta imposible construir una forma adecuada de relacin institucional entre
estados nacionales y pueblos indgenas, sin que ellos participen en su formulacin. La
autonoma de hecho de las poblaciones indgenas producto de la resistencia secular o de la
confrontacin organizada, es la condicin necesaria para la formulacin de una propuesta
propia de autonoma, atenta a las condiciones particulares en que las poblaciones indgenas se
despliegan en los distintos escenarios nacionales, a las relaciones que mantiene con el Estado
y con otros sectores de la sociedad, con los que se va a confrontar o negociar, o con los que se
va a aliar. Tales son las pautas que deben considerar los movimientos indgenas para formular
la nueva relacin con el Estado y otros sectores en el futuro.
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