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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
I 0001229"
echa:21/07/2016-11:52:13
P A R L A M E N T A R I O
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de
Ley sobre reforma fiscal, lucha contra el fraude y la evasión fiscal y Cooperación
Fiscal Internacional para su debate en el Pleno.
En el Congreso de los Diputados, a 21 de julio de 2016
EL DIPUTADO
PEDRO SAURA GARCÍA
PORTAVOZ D RLAMENTARIO SOCIALISTA
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PARLAMENTARIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Grupo
Socialista
del Congreso
Reforma fiscal Carrera de San
28014 Madrid España no t iene una e levada presión f iscal agregada. De hecho , nuestros ingresos
públicos en relación al PIB se si túan en el 3 7 , 8 % frente al 4 5 , 2 % del promedio de los
países de la Unión Europea y no superaron el 41%, ni en plena burbuja inmobiliaria.
Nuestro problema es que esa presión fiscal se concentra mucho sobre pocos
contribuyentes y pocas bases imponibles. La consecuencia es que el sostenimiento
del gasto público recae de forma casi exclusiva sobre las rentas del trabajo,
fundamentalmente medias y bajas, que soportan directamente, e indirectamente a
través de las cotizaciones sociales, el grueso de la presión fiscal, en torno a nueve de
cada diez euros recaudados, según algunas estimaciones.
Necesitamos una nueva política fiscal que simplifique nuestro sistema tributario,
haciéndolo más eficiente y que promueva la transición hacia un nuevo modelo
económico, incentivando la inversión productiva, el emprendimiento y la innovación,
frente a otro tipo de actividades, que deben ser desincentivadas como la especulación,
la contaminación o aquellas que contribuyen al cambio climático.
Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado, como queda dicho, sobre la
tributación de la renta anual y del factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la
carga tributaria, en parte, hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. Al
mismo tiempo, la fiscalidad debe recuperar el principio de equidad, tanto vertical, que
pague más quien más gana, como horizontal, es decir que a igual nivel de renta,
tributación similar independientemente de las fuentes de renta.
Nuestra Constitución establece entre los deberes de los ciudadanos el contribuir al
mantenimiento de las cargas generales del Estado de acuerdo con la capacidad de
pago de cada uno. Por eso establece un sistema tributario progresivo en el que aporte
proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane. Sin
embargo, la actual descoordinación entre el IRPF, IS, y el Impuesto de Patrimonio
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impide gravar adecuadamente la riqueza, dando lugar a una doble no tributación que
permite que determinadas grandes fortunas y patrimonios no contribuyan de forma
adecuada al sostenimiento de los gastos públicos.
Que nuestro sistema fiscal precisa de una reforma en profundidad se ha puesto de
manifiesto, además, a raíz de las desafortunadas decisiones del Gobierno del PP en la
X legislatura, que aprobó una irresponsable bajada del IRPF a favor de los
contribuyentes de más altas rentas, así como una injustificada e inequitativa bajada del
Impuesto sobre Sociedades. Ello ha conducido a España a incumplir, una vez más, los
compromisos de reducción del déficit, exponiendo a nuestro país a la aplicación de
importantes sanciones, en especial en relación con el desembolso de los fondos
europeos. La Comisión Europea está estudiando también la exigencia de medidas
para efectuar un duro ajuste adicional, que podría poner en riesgo el mantenimiento
del Estado de bienestar en un contexto de elevada desigualdad. En este sentido
resulta claro que acometer, con urgencia, una reforma del sistema fiscal no es sólo
una exigencia de los principios de justicia y equidad tributaria, sino una necesidad
inaplazable para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales.
Lucha contra el fraude v la evasión fiscal
Lograr una mayor equidad del sistema tributario, implica luchar de forma decidida
contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal e incorporar todas las manifestaciones de
capacidad económica, de manera efectiva al sistema tributario, como reclama la
Constitución. Ello ayudará a un reparto más justo de las cargas, a la sostenibilidad y
estabilidad del Estado del Bienestar y a una mayor competitividad de la economía
española y a la creación de empleo de calidad.
Pese al consenso existente en esta materia, el Gobierno del PP aprobó una "amnistía
fiscal" que ha tenido graves consecuencias económicas y éticas tanto para la sociedad
en su conjunto como para la Hacienda Pública. La injusticia de esta medida y el
secretismo en relación a sus beneficiarios, han provocado desde el principio un
rechazo generalizado en la ciudadanía española.
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Acabar con el fraude no ha sido una prioridad para el Gobierno si nos atenemos a las
decisiones tomadas durante la X legislatura y a tenor de la ausencia de medidas a lo
largo de la misma.
Y así, nuestro país tiene el nivel de recursos humanos más bajo de la UE de los 27 en
la Administración Tributaria, (5,7 inspectores por cada 10.000 habitantes, comparados
con los 17,5 de Francia o 14 de Alemania, por ejemplo), sólo superado por Italia.
Además, se ha reducido en 2.847 personas el número de efectivos de la AEAT. Por
ello, es necesario abordar una reforma integral de la Administración Tributaria que
incremente de forma efectiva y gradualmente los recursos humanos y materiales de la
misma.
Conocidas son también las constantes injerencias del Gobierno en la dirección de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), destacando los incesantes ceses
producidos desde enero de 2012 (cúpula de la Oficina Técnica de Control de la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Dirección del Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria, etc.), la pretensión de
condicionar las actuaciones inspectoras (caso CEMEX), la arbitraria, reprobable y
escandalosa negativa de la AEAT a prestar el debido auxilio a los órganos
jurisdiccionales (trama Gürtel), o la utilización política del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas de datos con transcendencia tributaria, bien con fines
estrictamente partidistas, o bien como instrumento de coacción política.
En consecuencia resulta necesario adoptar, con carácter urgente, aquellas medidas
que permitan una corrección inmediata de los comportamientos que están propiciando
el citado deterioro de la administración tributaria y de la conciencia fiscal de los
ciudadanos, adoptando igualmente medidas eficaces para acabar con la evasión
fiscal, especialmente de las grandes empresas.
Cooperación Fiscal internacional
La globalización económica ha aportado elementos positivos para mejorar el bienestar
de los ciudadanos. Sin embargo, el hecho de que las grandes multinacionales
planteen sus estrategias de negocio globalmente, y la competencia fiscal se atribuya
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individualmente a cada jurisdicción, ha puesto en tela de juicio la adecuación del
sistema fiscal internacional para gravar los beneficios que estas empresas generan en
cada Estado. Este sistema, creado hace unos 80 años, ha quedado obsoleto ante la
nueva realidad económica. Se hace necesaria, por tanto, la Cooperación Internacional
en materia fiscal para que siga siendo eficaz. Ahora se está abordando precisamente
la lucha contra la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas tanto por la
Comisión Europea como por el Parlamento Europeo. El diálogo sobre posibles
medidas para abordar este tema entre éstas instituciones y el Consejo, es cada vez
más intenso. De hecho, actualmente hay tres propuestas de directiva que incluirían la
aplicación de medidas anti elusión sobre las que el Consejo se tendrá que pronunciar
en breve y, el 6 de julio del presente mes y año, el Parlamento Europeo ha aprobado
una Resolución sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos
similares (TAXE 2) (2016/2038(INI)), que contiene importantes orientaciones y
decisiones para luchar con eficacia contra la evasión y elusión fiscal internacional.
La Comisión Europea estima que la magnitud de la evasión y la elusión fiscales se
cifra en 1 billón de euros al año, mientras que la OCDE calcula que la pérdida de
ingresos a nivel mundial se sitúa entre el 4 % y el 10 % del total de ingresos derivados
del impuesto de sociedades, lo que representa entre 75 000 y 180 000 millones de
euros al año (niveles de 2014). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (CNUCED) considera que los países en desarrollo se ven
afectados de manera desproporcionada por la elusión del impuesto de sociedades,
que se calcula provoca unas pérdidas anuales de ingresos tributarios de 100.000
millones de dólares estadounidenses; dicha situación priva a estos países de los
recursos fundamentales para financiar los servicios más básicos y perjudica las
políticas de cooperación al desarrollo de la UE.
El problema de la evasión y elusión fiscal viene facilitado por la competencia a la baja
que provoca una competencia desleal entre grandes empresas multinacionales -que
se benefician de las fisuras del sistema fiscal internacional- y las pymes nacionales
que no pueden aprovechar estas fisuras para reducir su "coste/inversión fiscal". En
definitiva, las consecuencias negativas que conllevan estas prácticas para los
presupuestos de los Estados miembros y los ciudadanos son obvias, perjudicando la
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confianza en la democracia, erosionando las bases imponibles de los Estados
miembros y, por tanto, provocando una pérdida de ingresos fiscales que debilitan las
economías y la capacidad de los Gobiernos de proporcionar un nivel adecuado de
servicios públicos, inversiones y seguridad social.
Además, la citada Resolución de 6 de julio del Parlamento Europeo ha puesto de
manifiesto que sigue sin existir, pese a su urgencia, una definición y una lista comunes
para toda la Unión de jurisdicciones no cooperativas; que algunas entidades
financieras y empresas de auditoría o bufetes de abogados han desempeñado un
papel de intermediarias en la creación de estructuras legales complejas que han
desembocado en ios sistemas de planificación fiscal abusiva utilizados por empresas
multinacionales, tal y como se ha puesto de manifiesto con «LuxLeaks» y los papeles
de Panamá; que los Estados miembros y la Comisión deben aprobar más propuestas
legislativas sobre elusión del impuesto de sociedades dado que los Estados miembros
aún tienen margen para endurecer sus normas contra las prácticas abusivas a fin de
luchar contra la erosión de la base imponible; que debe avanzarse en la presentación
de una propuesta sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades (BICCIS) antes de finales de 2016; que debe ponerse en marcha
rápidamente el marco legislativo necesario para iniciar el intercambio automático de
información sobre resoluciones fiscales; que los Estados miembros deben reforzar sus
administraciones tributarias con la disponibilidad adecuada de personal, con el fin de
asegurar una recaudación tributaria eficaz y de hacer frente a las prácticas fiscales
perniciosas; que los Estados miembros deben adoptar sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias, incluso de carácter penal, contra directivos de empresas
implicados en evasión fiscal, así como la posibilidad de revocar las licencias
profesionales de los trabajadores y las empresas con participación demostrada en el
diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva o evasión fiscal; que debe crearse
un nuevo Centro de coordinación y coherencia de la política fiscal de la Unión en la
estructura de la Comisión para garantizar un funcionamiento correcto y coherente del
mercado único y la aplicación de normas internacionales; que la OCDE y otros
organismos internacionales han de empezar a trabajar en un plan de acción BEPS II
ambicioso; que debe avanzarse y extenderse el proyecto piloto de intercambio
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automático de información sobre titularidad real entre autoridades fiscales, iniciado en
abril por los cinco Estados miembros más grandes de la Unión, creándose un registro
público de la Unión sobre la titularidad real dotado de normas armonizadas de acceso
a información sobre titularidad real; y, por último, que debe apoyarse la creación de un
organismo mundial, en el marco de las Naciones Unidas, bien dotado y con recursos
adicionales suficientes, con el fin de garantizar que todos los países puedan participar
en igualdad de condiciones en la elaboración y la reforma de las políticas fiscales a
escala mundial.
Dada la amplitud de los objetivos perseguidos, el Gobierno español, además de
colaborar activamente a nivel europeo e internacional en la lucha contra los paraísos
fiscales y la evasión fiscal, debería llevar a cabo una estrategia nacional, incluyendo
actuaciones eficaces para avanzar decididamente en dicha lucha, concretando
medidas contra la evasión y la elusión fiscal de las empresas multinacionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforma fiscal
• Crear una Comisión de Expertos/as que, en el plazo de seis meses,
presentarán sus conclusiones para una reforma en profundidad de nuestro
sistema tributario, que mejore la incorporación de la riqueza al sistema general
de tributación.
Mientras tanto:
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Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto
de Sucesiones como en el de Patrimonio, para evitar en la práctica, su
vaciamiento.
Estudiar la creación de un Impuesto Extraordinario sobre las Grandes
Fortunas, garantizando que se sometan a tributación efectiva todos los grandes
patrimonios, independientemente del vehículo financiero utilizado para
canalizar la riqueza.
Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de
ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación. Para ello, se revisarán
las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de
escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del
15% en el Impuesto de Sociedades sobre el resultado contable de las grandes
empresas que no haya generado bases imponibles que hayan tributado de
forma efectiva en otro país, de modo que contribuyan a recuperar la
recaudación y estabilizarla en el tiempo.
Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música.
Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se
puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o
digitales, considerando su carácter cultural, así como a bienes de primera
necesidad.
Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión
Europea, entre ellos España. El ITF será un impuesto de base amplia, que
incluya el mayor número posible de productos financieros, acciones, bonos y
derivados, para desincentivar la especulación financiera.
Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos
unos auténticos impuestos medioambientales, en línea con los principales
países europeos. Dicha fiscalidad medioambiental se pondrá en marcha en
concertación con las CC.AA.
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2. Lucha contra el fraude y la evasión fiscal
• Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los
próximos cuatro años.
• Destinar al Presupuesto de la AEAT, para luchar contra el fraude fiscal, un
porcentaje real y automático de la recaudación bruta derivada de los actos de
liquidación y gestión recaudatoria.
• Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude
fiscal que se pudiera producir a través de tal Instrumento tributario.
• Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. En todo caso,
se modificará el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos
fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y
prescripción a los 10 años) y aquellos que revistan especial gravedad, las
penas a imponer siempre serán en su mitad superior.
« Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la
AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado. En
particular se promoverá la creación de juzgados especializados en delitos
económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios
adecuados y suficientes.
• Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular,
se considerarán medidas puestas en práctica en otros países como la
ampliación de la limitación en el uso de efectivo en las transacciones
económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las
pequeñas empresa.
• Elaborar una Ley Antifraude que incorpore las modificaciones necesarias para
corregir los vacíos legales y aquellas interpretaciones normativas que
posibilitan la elusión fiscal. Remitir al Parlamento un informe anual con la
evaluación de los resultados de la lucha contra el fraude y su comparación
internacional.
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Adquirir el firme compromiso de no aprobar una nueva amnistía fiscal. Dentro
del marco de una reforma constitucional debe prohibirse de forma absoluta el
recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.
Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaría, dentro de los
límites constitucionales, que permitan conocer el nombre de
los defraudadores, acogidos a la amnistía fiscal.
Exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las
autoridades españolas los clientes que tienen cuentas en paraísos fiscales y,
en caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas,
ser sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta
de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.
Establecer un mayor control de las SICAV mediante: (i) Establecimiento de un
porcentaje de participación máximo para cada inversor; (ii) Se estudiará la
fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas
sin que tributen; (¡ii) Dotar legalmente a la AEAT de competencias para
supervisar e inspeccionar a las SICAV.
Revisar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVES),
que se ha convertido en una fuente de elusión fiscal importante. Se endurecerá
el régimen de exención tributaria de los beneficios y dividendos de esta figura.
Hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos
tributarios que superen determinados umbrales. Además, se institucionalizará
la evaluación permanente de los incentivos fiscales, tanto desde el punto de
vista recaudatorio como desde la perspectiva de la eficiencia económica y su
impacto. Esto abarca también las memorias de los proyectos de ley que
incorporen incentivos fiscales.
Impulsar las modificaciones necesarias para que la legislación tributaria
contemple como infracción las prácticas de elusión repetitiva, no solo de los
clientes, sino también de las consultoras o comercializadoras, así como la
inclusión del correspondiente tipo delictivo en el Código Penal.
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