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Número 1
Veracruz, el miedo que silencia Daniela Pastrana
Periodista independiente especializada en temas de derechos humanos y directora de
Periodistas de a Pie
El 6 de diciembre de 2012, a las 7:36 p.m. el portal de noticias plumaslibres.com publicó
en la red social Twitter unos mensajes de alerta:
“Por la falta de garantías para el ejercicio del periodismo en Veracruz y el respeto a la
integridad de sus miembros…
“Plumas libres retirará la información sobre los hechos en Antigua
“Esperamos la comprensión de la sociedad ante un escenario de descomposición
creciente para el periodismo en Ver”
Los tuits se referían a una nota sobre la localización de 8 cuerpos en el paraje de la
Ceiba, que había sido subida a la página dos horas antes. “Reportan masacre en
Cardel”, titulaba la nota. Cardel es la cabecera municipal de La Antigua, municipio que
está a unos 30 kilómetros al norte del puerto de Veracruz.
Plumas Libres era el último reducto de resistencia al silencio forzado de periodistas y
medios de comunicación de ese estado suroriental, impuesto por los grupos criminales y
avalado por autoridades de todos los niveles de gobierno. Fundado en mayo de 2009,
rápidamente se convirtió en un medio de referencia, en el que algunos periodistas se
atrevían a publicar sin firma la información que no cabía en ningún otro medio. Desde
que nació, hizo público un código de ética1
1Plumas Libres “Código de ética”, s.a, http://plumaslibres.com.mx/codigo-de-etica/
que establece un compromiso con el derecho
a la información y a la libertad de expresión, y pautas claras en las relaciones
comerciales con sus clientes. Así aguantó los dos primeros años del gobierno de Javier
Duarte, en los que Veracruz se convirtió en uno de los sitios más peligrosos para ejercer
el periodismo.
Duarte tomó posesión del cargo como gobernador del estado el 1° de diciembre de
2010, en sustitución de Fidel Herrera Beltrán. De esa fecha a diciembre de 2012 fueron
asesinados 9 periodistas, al menos otros 4 están desaparecidos, una veintena se vio
forzada a abandonar el estado y/o a dejar el periodismo por amenazas a su vida y un
diario fue incendiado.
El gobierno de Veracruz ha intentado por todos los medios mejorar su imagen. La
franquicia del Hay Festival Xalapa tuvo en 2012 a famosos periodistas como invitados
especiales. La oficina de Comunicación Social mantiene una dura política de control
sobre los medios a través de las pautas publicitarias, y en varios casos ha solicitado a
los directivos el cambio de asignatura de reporteros críticos.
En septiembre de 2011, después de que dos ciberactivistas que difundieron rumores de
ataques en escuelas fueron encarcelados por “terrorismo”, el Congreso del Estado
aprobó una controvertida reforma al artículo 373 del Código Penal, popularizada como
“Ley Duarte” que sancionaba con 2 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de
salario a quien “por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos
explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas
o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando perturbación del orden
público”.2
Finalmente, en junio de 2012, el gobernador anunció la creación de la Comisión Estatal
para la Defensa de los Periodistas, que se formalizó el 18 de diciembre con un
presupuesto anual de 15 millones de pesos, de los cuales, más de la mitad serían para
salarios de 37 personas que forman la estructura operativa.
La Comisión está integrada por Rocío Ojeda Callado, directora de la facultad de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, como presidenta, y la académica
Namiko Matzumoto Benítez, como secretaria ejecutiva, además de ocho comisionados:
Baltazar Pazos Gómez, dueño de uno de los medios más influyentes en la zona
conurbada; Norma Gibb Guerrero, propietaria de La Opinión de Poza Rica; Rogerio
Pano Rebolledo, director de Telever; Jorge García Morato, coordinador de MVS Radio
en Poza Rica; Benita González Morales, directora de Notisur; Gerardo Enríquez Aburto,
presidente de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos; Martín Jesús García
Pérez, presidente del Frente de Comunicadores del Norte de Veracruz y Jorge Morales 2 La presión de organizaciones de la sociedad civil forzó al gobernador a realizar una enmienda que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2012, que incluye un elemento de intencionalidad en el delito.
Vázquez, reportero reconocido en el gremio y uno de los socios de Plumas Libres, cuyo
nombramiento fracturó al equipo y lo obligó a separarse de su actividad en el portal.
Pero los reporteros ven al organismo “autónomo” como un instrumento más de control
estatal y la mínima confianza que le tenían se esfumó a principios de 2013, cuando
Morales fue apercibido por hacer públicos los gastos de la Comisión.
El mapa de la agresiones en Veracruz
Veracruz es la tercera entidad más poblada del país, con 7,6 millones de habitantes, y
uno de los nueve que no han conocido la alternancia política. Tiene 720 kilómetros de
costas y fronteras con otras siete entidades. En la última década se convirtió en la zona
más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos.
Es también una de las regiones más asoladas por la violencia que ha producido la
extensión de Los Zetas -el más cruel de los grupos criminales que operan en México- en
la franja oriente del país3
El escenario político también es complejo. En las elecciones presidenciales de julio de
2012, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) perdió todas las casillas de la zona
urbana de la capital, pero ganó en el resto del estado con el voto de las áreas rurales,
donde los grupos criminales tienen el control, y de la región petrolera, controlada por el
senador priísta Carlos Romero Deschamps.
. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de
2012 y basada en registros forenses, reveló que de 24 mil cuerpos enterrados sin
nombre en el gobierno del presidente Felipe Calderón, 5 mil están en Veracruz. La
información es incompleta, pues el gobierno estatal se negó a entregarla argumentando
que "invadiría la privacidad" de los cadáveres desconocidos.
En ese contexto, Veracruz saltó en 2011 y 2012 a los primeros lugares de todas las
listas negras de libertad de expresión. Registró todas las formas graves de ataques a la
prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques
a medios de comunicación y periodistas forzados al exilio. En el mapa de las agresiones
a periodistas destaca el puerto, con seis periodistas y una trabajadora del área de 3Los Zetas diversificaron las modalidades del crimen, del narcotráfico y la trata o el tráfico de personas, hasta el
contrabando de gasolina. El 21 de septiembre de 2011, 35 cadáveres fueron abandonados en un puente en el
puerto, donde había una reunión de todos los procuradores del país; la acción fue atribuida a un grupo contrario a
Los Zetas.
publicidad asesinados, seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la
corresponsal del Semanario Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría
de los periodistas desplazados.
Hay otra zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca, donde
desaparecieron tres periodistas -uno de ellos, Noé López Olguín, fue asesinado-. En esa
región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, se encuentra Ciudad Isla,una
comunidad que es foco rojo por desapariciones y asesinatos de mujeres.
Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera
montañosa colindante con la Zongolica y Río Blanco, una parada importante en la ruta
de los migrantes centroamericanos. Los reporteros de la región confirman que, desde
hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con
indicaciones de lo que deben o no publicar.
Pero la gran zona de silencio está en el norte del estado, en la región del Pánuco que
colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter es el único medio para tener información de las
constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el
Diario de Poza Rica, municipio ubicado entre la capital y esta zona.
Impunidad, miedo y exilio
La prensa de Veracruz captó la atención del mundo con los asesinatos de Miguel Ángel
López Velasco y Yolanda Ordaz, veteranos periodistas de Notiver, el diario de mayor
circulación del puerto, en junio y julio de 20114
4 El 20 de junio, hombres armados asesinaron en su casa a Miguel Ángel López Velasco, editor de la sección policiaca de Notiver que escribía bajo el pseudónimo de Milo Vela. Fue asesinado junto con su esposa, Agustina Solana y su hijo menor, Misael López Solana, fotorreportero en el mismo diario. Su lugar fue ocupado por Yolanda Ordaz. El 24 de julio, sus compañeros reportaron su desaparición y dos días después, fue localizado su cuerpo con señales de tortura.
. Entre finales de julio y mediados de
septiembre, al menos 13 reporteros huyeron del estado, entre ellos, Miguel Ángel López
Solana (hijo de López Velasco), Hugo Gallardo, corresponsal de Televisa, y Rafael
Pineda Rapé, corresponsal de Milenio y Chamuco.
En diciembre de ese año, la Red de Periodistas de a Pie recopiló los testimonios
anónimos de cinco reporteros5
La psicosis se ha apoderado del periodismo en Veracruz (…) Ante el éxodo masivo
de reporteros policiacos, las mesas de redacción se quedaron con el problema de
cómo llenar esa sección (…) el nuevo gobierno estableció la política de censura
‘sutil’, la cual significa que, casi inmediatamente de subir una nota que hable sobre
la violencia en el estado, los medios reciben una llamada de parte de Comunicación
Social pidiendo que la eliminen o que sólo dejen el boletín de prensa publicado.
Nadie sale a informar desde aquel 26 de julio, día en que se encontró el cuerpo
decapitado de Yolanda Ordaz. De por sí el compromiso por buscar un buen
reportaje en Veracruz se mantenía de bajo perfil. La investigación y el quehacer
periodístico han quedado en segundo plano.
–tres del puerto, uno de Xalapa y otro de Acayucan-
sobre lo que habían vivido ese año. Este es parte de uno de ellos:
La inacción de las autoridades para esclarecer los crímenes y garantizar el libre ejercicio
del periodismo provocó una escalada en las agresiones graves a periodistas. En 2012,
Veracruz concentró 6 de 8 asesinatos y trabajadores de medios y 2 de las 4
desapariciones que se documentaron en todo el país.
El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, quien el 28 de abril de 2012
fue estrangulada en el baño de su casa en Xalapa, elevó al máximo la alerta en el
gremio. Martínez era una periodista reconocida que trabajaba en un medio de circulación
nacional, vivía en la capital -que hasta entonces parecía intocable- y no cubría la fuente
policíaca, sino temas de política y corrupción. Su asesinato fue noticia en la prensa
mundial y en la ciudad de México hubo protestas. En Xalapa, los periodistas vivieron una
crisis de terror que se agravó con el asesinato del profesor universitario José Luis
Blanco, un académico cercano a la periodista.
En el testimonio que había escrito apenas cuatro meses antes, y que es uno de los cinco
recopilados por Periodistas de a Pie, dejó claro el terror con el que vivía:
La prensa veracruzana vive sus momentos más difíciles, de represión,
desapariciones, asesinatos, amenazas de muerte, despidos y censura. La
5 Periodistas de a Pie, "Los riesgos de informar en Veracruz", Nuestra Aparente Rendición, http://www.nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=795%3Alos-riesgos-de-informar-en-veracruz%2Ftestimonios-de-5-periodistas*&Itemid=108
autocensura se ha extendido a raíz de los asesinatos, hay pánico en los reporteros
y fotógrafos que ya no salen a cubrir accidentes o las notas policiacas (…) A los
fotógrafos, la misma policía les ordena desaparecer imágenes. Otros reporteros
tienen amenazas de secuestro. Ahora vivo el peor clima de terror, cierro con llave
toda la casa, no duermo y salgo a la calle viendo a un lado y otro para ver si no hay
peligro...
Cinco días después del asesinato de Martínez, Veracruz volvió a ser nota mundial. El 3
de mayo, mientras el mundo celebraba la Libertad de Prensa, fueron localizados en un
canal de drenaje del puerto-y adentro de bolsas de plástico- los cuerpos mutilados de
tres fotógrafos: Gabriel Huge, de Notiver, Guillermo Luna, de la agencia Veracruznews y
Esteban Rodríguez, ex colaborador del diario AZ, así como de Irasema Becerra,
trabajadora del área de publicidad del diario El Dictamen. Los fotorreporteros habían
huido de Veracruz en julio de 2011, pero regresaron ante la imposibilidad de conseguir
trabajo en otro lado. Esteban Rodríguez ni siquiera regresó al periodismo; estaba
trabajando en un taller mecánico. Sus compañeros de trabajo recibieron la orden
expresa de los directivos de sus diarios de no asistir a los funerales. El diario AZ se
deslindó públicamente de cualquier relación laboral con su ex empleado y la hermana de
uno de ellos, que trabajaba en El Dictamen, fue despedida con el argumento de que su
presencia ponía en riesgo a la empresa. Las condiciones en las que encontraron los
cuerpos provocaron el segundo éxodo de reporteros del estado.
Uno de ellos, Miguel Ángel López, decidió buscar asilo en Estados Unidos y el 22 de
mayo, en el Foro de Austin del Periodismo de las Américas, presentó un conmovedor
testimonio de la soledad de los periodistas veracruzanos6
El 11 de mayo, Cecilio Rodríguez Domínguez, reportero de la revista Proyectos de
Chinameca, desapareció, de la misma forma y en la misma región que un año antes
desaparecieron Noé López y Manuel Fonseca. Pero su ausencia pasó desapercibida, en
medio del escándalo por los asesinatos de sus colegas.
. Otro reportero que tuvo que
dejar el país fue Andrés Timoteo, corresponsal de La Jornada. Un periodista veterano en
medios locales confesó en una reunión que para soportar la tensión de esos días había
aumentado su consumo de alcohol. Otro, ante la pregunta de “¿qué necesitan?”, pidió
una pistola. Pero aclaró: “no es para defenderme, sino para que no me agarren vivo”.
6 Knight Center, “Miguel Ángel López Solana”, http://vimeo.com/42842545
El 7 de junio, para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión, el gobierno estatal
anunció la creación de la Comisión para protección de periodistas y en una fiesta rifó,
entre otros regalos, 5 automóviles último modelo y 10 becas para un curso de una
semana en España, con gastos pagados7
El 25 de julio, Miguel Morales Estrada, fotógrafo policiaco del Diario de Poza Rica fue
desaparecido. El 19 de julio avisó a los directores que necesitaba salir de la ciudad por
"problemas personales" desde entonces nadie, ni su esposa, volvió a saber de él.
. Víctor Manuel Báez Chino, editor de la
sección policiaca de Milenio Xalapa y de la página web Reporteros Policiacos, ganó uno
de los automóviles rifados. Pero no tuvo tiempo de estrenarlo. El 13 de junio fue
secuestrado al salir de su oficina y al día siguiente su cuerpo fue localizado con un
mensaje del grupo criminal. Era el segundo periodista asesinado en la capital.
Para el gobierno de Veracruz, todos los casos están resueltos.
Días después del asesinato de Milo Vela y su familia, el entonces Procurador de Justicia
Estatal, Reynaldo Escobar, señaló como responsable a Juan Carlos Carranza Saavedra,
un ex oficial de tránsito municipal relacionado con la mafia, y ofreció una recompensa
por su captura. Pero un mes después ligó el asesinato de Yolanda Ordaz con presuntas
“ligas” con grupos criminales y como prueba exhibió unas grabaciones y el video de un
interrogatorio extrajudicial en el que se mencionan los nombres de los periodistas de
Notiver. El diario respondió el 27 de julio con un duro editorial donde rechaza el
señalamiento “por injusto, irresponsable y majadero”, exige una disculpa pública y la
renuncia del funcionario.
Escobar dejó el cargo en octubre de ese año y su lugar fue ocupado por Amadeo Flores
Espinosa, quien repitió la fórmula de su antecesor para “aclarar” los asesinatos de 2012.
En agosto, anunció la detención de siete integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación
que, según su versión, confesaron haber participado en el homicidio de los
fotorreporteros en el puerto. "[El testigo] sostuvo que la razón de ello fue que estos
reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas,
asesinados", dijo el funcionario, que no ofreció más detalles y no respondió a preguntas.
La Procuraduría no consideró ninguna otra línea de investigación, a pesar de que en
febrero de 2008, Huge denunció ante la fiscalía federal que fue privado de su libertad,
7 Plumas Libres, “Agasajan a prensa con vehículos, becas y comisión”, México, 2012, http://plumaslibres.com.mx/2012/06/07/agasajan-a-prensa-con-vehiculos-becas-y-comision/
amenazado y atormentado física y psicológicamente por agentes de la Policía Federal
Preventiva8
En la misma conferencia en la que dio por concluida la investigación del cuádruple
homicidio del 3 de mayo, Amadeo Flores dijo que también resolvió el asesinato de Báez
Chino. En ese caso, la PGJE culpó a dos personas muertas que, según su versión, eran
una célula de Los Zetas. Los acusados no pudieron confesar porque fueron asesinados
el 19 de junio, cinco días después que el periodista.
. El perito médico de la Procuraduría General de la República certificó las
lesiones y el fiscal Arturo Cruz, ofreció enviar la denuncia a la Fiscalía Especializada de
Atención de Agravios a Periodistas, lo que nunca hizo.
Finalmente, el 30 de octubre, la Procuraduría de Justicia Estatal presentó a los medios a
uno de los presuntos asesinos de Regina Martínez, que resultó ser un hombre de 34
años, seropositivo y analfabeto. Según las autoridades, el hombre confesó haber matado
a Martínez para robarla. Sin embargo, ante el juez declaró que había sido torturado y su
madre amenazada de muerte, si él no confesaba. Proceso no aceptó el resultado de la
investigación. “En ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como
posible motivo del asesinato”, dijo el periodista Jorge Carrasco, comisionado por el
medio para seguir las indagatorias.
La inconsistente acusación en contra del único detenido no es el principal motivo de
desconfianza hacia la investigación. Desde el asesinato, funcionarios estatales
comenzaron a filtrar rumores de que Martínez había sido asesinada por un amante y
presionaron a sus cercanos con interrogatorios sobre los hábitos personales de la
periodista. Sus amigos fueron hostigados por las autoridades judiciales. El caso extremo
es el de Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, quien recibió el citatorio
judicial en plena calle, en una protesta por el asesinato de Regina9
.
Los más vulnerables
Mary Jose Gamboa era la conductora del noticiero de televisión por cable que se
transmitía a las 8:00 de la noche por el Canal 6 y que estaba posicionado en primer lugar
de auditorio. Fue despedida el 5 de junio de 2012 por negarse a cambiar la línea
8 Su declaración quedó asentada en la investigación con la Averiguación Previa AP/PGR/VER/VER/IV/105/08 9 Editorial, “Del compromiso político a los hechos”, La Jornada Veracruz, 2012, http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=120608_053847_355
editorial. Su salida de Megacable fue el último eslabón de una serie de advertencias que
Gamboa recibió durante el primer semestre de ese año y que ella atribuye a sus críticas
al gobierno. Antes, le habían roto los vidrios y las llantas de su automóvil estacionado y
había recibido amenazas vía Twitter, en las que le hacían evidente que estaba vigilada:
“Te conozco más de lo que crees. Ten cuidado. Un mundo nos vigila” (22 de abril). “Qué
lindo verte ayer en familia por plaza. Saludos a Polin” (2 de mayo). Días antes de su
despido, Gamboa encontró la puerta de su casa abierta y los juguetes de su hija regados
por su cuarto y la escalera, uno de ellos con un machete enterrado.
El 5 de junio Notiver anunció su incorporación como columnista, con una editorial titulada
“¡Ginochetazo a Marijose!”, en referencia a la coordinadora de comunicación social del
estado, Gina Domínguez, con quien la conductora había tenido varios enfrentamientos y
a quien se atribuyó la presión para despedirla.
Otro caso es el de Hugo Gallardo, quien era el corresponsal de Televisa y por órdenes
de la empresa salió del estado después del asesinato de Yolanda Ordaz. Estuvo fuera
más de seis meses y regresó sin trabajo. El 1° de mayo inauguró el portal mirevista.com
con una columna que tituló: “Así es ¡Estoy Vivo!”10
Gamboa y Gallardo ejemplifican una realidad generalizada en la entidad: las acciones
contra la prensa tienen un patrón de relación entre autoridades (estatales y municipales)
y el crimen organizado, que no permite identificar claramente al agresor. Entre mayo y
junio de 2012, con la segunda oleada de periodistas desplazados, el gobierno del estado
ofreció, al menos a tres reporteros, mantener los gastos de su estancia fuera de
Veracruz “hasta después de las elecciones”. El día de la jornada electoral, los principales
medios nacionales –Proceso, La Jornada, Reforma, Televisa— no tenían corresponsales
activos.
en la que narró detalladamente los meses en el exilio, la soledad, el encuentro en diciembre de 2011 en la ciudad de México con el director de Televisa Veracruz, Ignacio Reyna Carrera, quien le informó que la empresa no podía seguir pagando sus gastos y sería liquidado. También contó su infructuosa búsqueda de trabajo: “hay una especie de acuerdo
con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una
mano oficial poderosa, que sugieren no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’
como un periodista de riesgo”.
10 Hugo Gallardo, “Así es ¡Estoy vivo!, Mi Revista Veracruz, México, 2012, http://mirevistaveracruz.com/?p=11
Otros actores, como las fuerzas de seguridad federales que llegaron con el operativo
Veracruz Seguro, y los dueños de las empresas, completan el cuadro de vulnerabilidad
de periodistas. El 24 de marzo de 2012, Manuel Monroy, fotógrafo del diario Imagen de
Veracruz, y Eduardo Guevara, de Notiver, fueron detenidos por la policía naval cuando
cubrían un accidente vial. Les quitaron sus equipos, pero ellos lograron conservar
imágenes de su detención ilegal. La denuncia no prosperó y meses después, Monroy se
separó de Imagen y del periodismo.
El 1° de junio, después del testimonio de Miguel Ángel López en Austin, Notiver
respondió con una furibunda editorial en la que no sólo lo descalifica y desconoce su
relación laboral, sino que incluso lo pone en un riesgo mayor, al sugerir una relación del
reportero con los asesinos de su familia: “Ahora que está en Estados Unidos puede
entrevistarse con la DEA y el FBI -decirles todo lo que sabe-, que usted sabe bastante.
Estamos seguros que si alguien sabe quién asesinó a su familia, y por qué, es usted. Tal
vez hasta lo contraten como testigo protegido”.
En Veracruz, el sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira en los dos medios
impresos de mayor circulación es de 5 mil pesos al mes. Fuera del puerto o de la capital,
los salarios pueden bajar a menos de 3 mil pesos. No tienen prestaciones y algunos ni
días de descanso. Muchos tienen un doble trabajo en áreas de comunicación de alguna
institución oficial. Los directivos de los medios han hecho oídos sordos a situaciones
bien conocidas en el gremio: llamadas telefónicas de parte de criminales para ordenar la
agenda, citas a reporteros, “castigos” –generalmente con tablazos- a los que no
cumplen, y una suerte de compensación salarial forzada. En la capital, la principal
presión para los reporteros proviene del gobierno estatal.
La mínima organización gremial, el miedo y la desconfianza, complican el escenario. Sin
embargo, las y los periodistas han mostrado gran disposición a participar en cursos de
actualización, desde redacción y fotografía hasta programas de seguridad, autocuidado
emocional y derechos humanos. Esperan de las organizaciones de libertad de expresión
una presión política sobre las autoridades locales y dueños de medios. “No nos dejen
solos”, pide uno de ellos.
Número 2
Hacer periodismo con el viento en contra Jade Ramírez
Periodista e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección a Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
A l@s colegas que han desaparecido, muerto, callado o declinaron.
A l@s que no conocemos sus nombres ni las claras razones por las que renunciaron al
oficio,
pero que sembraron una migaja de verdad para la cruda realidad.
Primera parte: el género en la encrucijada de la violencia
Evasión
Evasión suele ser la sensación secundaria al miedo, la duda, la fragilidad por la que
transita una víctima de ataque físico y psicológico.
Evades porque la frustración de que poco tienes por hacer te invade. Porque sabes que
no hay para dónde correr, que tus cercanos se alejan o les pides involuntariamente que
se alejen, porque no hay muchas estructuras a las cuales confiar si eres periodista y
mujer.
Evadir es lo que hace un jefe ante la noticia de que una de sus periodistas está bajo
amenaza, sobrevivió a un ataque o está siendo origen de acoso en general al medio de
comunicación para el que trabaja. Si no hay regaño, por lo menos se le neutraliza
momentáneamente y, en el peor escenario, la destituye de sus labores periodísticas.
Evasión con silencio y poca atención física, financiera, psicológica, es lo que hacen las
instituciones de seguridad, procuradoras de justicia, cuando sin distinción de género, se
da un ataque a periodistas por motivos de la labor e investigación que ha realizado o
está llevando a cabo, en la que se evidencian prácticas políticas injustas, ilegales,
impunes desde el gobierno, desde un grupo del crimen organizado o redes delictivas.
Las cifras no mienten, nos dicen cosas, pero tampoco son exactas debido a que al
evadir lo que le sucede a una reportera, se ocultan incidentes de seguridad por
desconfianza y entonces no aparece el reporte en ninguna cifra.
Desde luego es vital detenernos en el incremento que año con año, sobre la estadística
de atentados, agresiones, hostigamiento, asesinatos y desapariciones de periodistas,
personas trabajadoras de los medios de comunicación, blogueros o activos usuarios de
las redes sociales incrementa, pero que las formas, los modus operandi y el rasgo de
ataque de género es lo que sitúa en alarmante el contexto nacional: según reportes de
ONG’s en el 2008 fueron 5 casos de violencia contra mujeres periodistas, en el 2009 se
reflejan 13, en 2010 son 94 casos, en 2011 y 2012, 31 y 37 respectivamente.
Pero lejos de los números, queda otra lista de acontecimientos e incidentes de seguridad
entre reporteras, presentadoras de noticias, redactoras, fotógrafas, encargadas de
publicidad, relaciones públicas o áreas administrativas de medios de comunicación, que
difícilmente se reportarán, por lo que el sub registro de este tipo de acciones violentas
continúa; se auto asume la condición de desventaja por ser mujer y por tanto la
vulneración se vuelve rasgo cotidiano, no hay sorpresa o sobresalto por ser acosada,
hostigada, amenazada o violentada en los derechos como mujer y periodista. Y es que
se trata de que el periodismo que se hace en México brincó de un estatus alarmante a
francamente un oficio tenebroso en el que orilla a muchas de las mujeres que lo ejercen,
a caer en prácticas no éticas, no seguras, no las propicias para garantizar la equidad y la
protección de la libertad de expresión por no perder un empleo, un contrato, una
exclusividad, un espacio en la redacción, una fuente de información institucional que
facilita el trabajo.
Consternación.
Consternación y rabia es lo que brota cuando se narra la noticia que nunca se desea
dar: asesinaron a una periodista, una reportera ha desparecido, hubo un nuevo ataque
violento a la redacción de un diario, ultrajaron la casa de una colega o llegaron
amenazas electrónicas. Inexplicable se vuelven ese tipo de pésimas noticias para
algunos círculos y pequeñas redes de periodistas que autogestivamente se han
configurado para pugnar por la libertad de expresión, el derecho a la información y la
imperante garantía que debe existir en un país corrupto como México donde para los
periodistas responsables y comprometidos con el oficio, no se les de trabajo, se les
persigue, coarta, asecha, mata.
El informe más reciente de AMARC-México detalla que de 2008 a 2010, se recrudeció la
persecución gubernamental que históricamente se ha ejercido contra las radio
comunitarias que transmiten sin permiso, clasificándolas de ilegales y por tanto,
ejecutando operativos sin diplomacia, con extrema violencia y desapego a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, por la COFETEL, SEGOB y PGR, contra radio que
emiten señal con menos de 5 watts y cuyos realizadores radiofónicos, agentes
comunicadores, son precisamente mujeres y niños.
Pero son pocos los casos que de consternación exaltan al repudio colectivo, aunque
gradualmente se ha ido transformando la visión de que no sólo ciertos expedientes de
colegas como Lydia Cacho, Anabel Hernández o Sanjuana Martínez son los que
ameritan radicalizar la consternación.
Segunda parte: El contexto y sus actores
Indignación.
Al 31 de diciembre de 2012, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS),
revela en su informe anual, que ocho personas fueron asesinadas a causa de su labor
periodística o por laborar dentro de un medio de comunicación. Distrito Federal, Oaxaca
y Veracruz son las entidades que arrojan la más alta cifra.
Las ocho personas asesinadas por ejercer el periodismo de manera cotidiana o laborar
dentro de un medio de comunicación, sin duda, sabían que antes de ellos, había otros
más que también habían sido asesinados, muchos otros que vivían desplazados,
hostigados, perseguidos, despedidos, "halconeados", señalados dentro de su redacción.
Un egresado de cualquier escuela de periodismo, un recién acogido en algún medio, un
longevo periodista, sabe que hoy en día, a la profesión poco se le respeta dentro y fuera
de las redacciones, se ejerce en constante acotamiento y con peligro, a menos de que
se labore dentro de las intocables franquicias de información que sostienen el duopolio
mediático en nuestro país.
Es común que a las personas trabajadores de la información las estadísticas y su
realidad cotidiana, transiten de la consternación, a la evasión para llegar a la indignación
y entonces se continúe investigando y trabajando, desde el filo desgastado de la
prudencia, clasificada también como autocensura, para continuar dentro del universo del
periodismo desde dos vías: con alternativas de auto protección adheridas a redes
autogestivas que en pocas ocasiones se crean dentro del mismo medio, o con
displicencia ante el escenario adverso y por lo tanto, risueño con los poderes que
oprimen la libertad de expresión.
Las agresiones registradas en 2012 por CENCOS, refieren a 182 hombres y 37mujeres,
que han sido víctimas de agresión verbal y física, una balacera o incendio, robo de
artículos personales y casa habitación, obstrucción a la circulación, ataque cibernético;
en los casos de calumnia, intimidación, presión y detención temporal, las mujeres
periodistas sufren además agresiones de género.
Los atacantes construyen un perfil y desde redes sociales virtuales, durante ruedas de
prensa, eventos públicos, llamadas telefónicas, comentarios de pasillo en recintos
públicos y círculos de convivencia operan, desprestigian y utilizan la información
personal mezclada con trabajo periodístico para asechar. Cuando de ataque físico y
asesinato se trata, ensucian la escena del crimen para desviar la cifra del ataque a una
periodista responde a un "asunto personal, pasional" o derivado de la violencia cotidiana
en que está envuelto el país y por ende desplazarlo a la zona de asuntos no relevantes
para los procuradores estatales de justicia.
¿Quién está al otro lado del espejo?
Las agresiones al gremio periodístico, según el registro de CENCOS donde se
sistematizan los casos del 2012, al conjugar las formas y los estilos, es difícil separar las
fuentes de las agresiones, porque 69 casos se clasifican como Presuntos responsables
a Particulares o No identificados, por tanto, la etiqueta de no identificados o no
asociados con alguien, no sólo no nos sirve para entender el fenómeno, sino que nos
abre la tenebrosa puerta para imaginar el escenario de cuántos en realidad responden a
intereses afines, de los 157 Funcionarios y partidos políticos que sí se han logrado
identificar como los autores intelectuales y materiales de agresiones a periodistas
durante 2012.
En el momento por el que atraviesa México y que arrastramos desde hace más de cinco
años, donde la línea es sumamente delgada entre las relaciones perversas que el poder
institucionalizado mantiene con grupos del crimen organizado, se abren tres variantes o
tres grandes fuentes desde donde se originan los atentados contra periodistas:
a) Grupos delictivos del crimen organizado.
b) Entes y funcionarios del poder institucionalizado.
c) La mezcla de los dos anteriores.
Por ello el factor desconfianza que prevalece entre periodistas respecto a las respuestas
que el gobierno mexicano ha dado ante el escenario violento en que se ejerce el oficio,
es difícil desmantelarlo, sin mencionar que las trayectorias de formación y construcción
de identidad del gremio, son débiles, a diferencia de la organización que tienen los
defensores de derechos humanos que promueven entre otras cosas, la libertad de
expresión.
En agosto de 2010 salimos a las calles de la Ciudad de México, a gritar "Los Queremos
Vivos" expresión que encerró la desesperación que envolvía a quienes sobrevivimos a
ataques y agresiones sistemáticas y a quienes sin un incidente de violencia en su haber
sabían la vulnerabilidad en la que se estaba ejerciendo desde sus ciudades. Entonces
aún con vida Miguel Ángel Granados Chapa dirigió un sencillo pensamiento sobre la
violencia dirigida a representantes de los medios y periodistas: "no requerimos inventar
nada nuevo, sino que sencillamente, las averiguaciones previas se elaboren de
conformidad con la ley y que los ministerios públicos de este país entiendan lo que atañe
a un atentado contra reporteros".
¿Ya vas a dejar de cubrir causas perdidas?
Es una pregunta cotidiana que proviene de colegas que poco entienden la sensibilidad e
indignación desarrollada a lo largo de los años, por periodistas que permanecen
abiertamente comprometidos en el seguimiento informativo de denuncia social, motivo
que fecunda la amenaza y la persecución porque finalmente todas las historias ya
trastocan la impunidad con que el crimen organizado dentro y fuera de las instituciones
se eterniza.
La única respuesta que los periodistas hemos encontramos ante el escenario de
violencia e impunidad que continúa recrudeciendo, ha sido la auto protección y la
profesionalización del oficio no necesariamente jubilándose para radicar dentro de la
academia, sino consolidando las investigaciones, trabajando en red, compartiendo los
datos y fuentes de información antes del manejo exclusivo. El periodismo de
investigación encontró un espacio privilegiado y asechado por quienes incluso dentro de
sus redacciones base no encontraron eco: coautorías de publicación impresa, creación
de sitios web producción de radio, arte o cine-documentales, han sido la respuesta que
mujeres periodistas principalmente idearon y financian para el seguimiento de la
violencia de Estado en México y la vulneración de derechos humanos, desde la
narración de historias, de identidades, de comunidades, de los oprimidos y no
privilegiados por el sistema.
(Para publicar en la semana del 24 al 28 de junio)
Número 1
En Coahuila no pasa nada Juan Noé Fernández Andrade
Columnista de Milenio Laguna y la agencia de noticias Infonor y director del mensuario
EntreTodos.
La violencia en la región lagunera de Coahuila y Durango pareciera algo inherente a este
pedazo de suelo mexicano. En la historia de la Laguna los hechos de sangre, muchas
veces producidos por verdaderas masacres, son numerosos. Una de las más
sangrientas y bestiales fue la matanza de chinos por gente de a pie que, al calor de la
barbarie desatada por y empujada por la lucha revolucionaria, en 1911 victimó a más de
300 ciudadanos de origen chino que habían llegado a Torreón a trabajar y promover un
desarrollo que, pese al hoy de violencia generalizada, aún notoria.
Los periodistas, en territorio coahuilteca, no han escapado a esta expresión ancestral.
Según datos, Salvador Guerrero Álvarez fue el primer periodista asesinado en Coahuila
(1942). Su familia sigue creyendo que su crimen lo decidió, el entonces gobernador
general Benecio López Padilla (1941-1942). Es en la Laguna, principalmente, donde las
agresiones contra los comunicadores se acentúan y diferencian respecto al resto del
estado.
Pocos lo recuerdan, pero Cuauhtémoc Ornelas Campos inició el registro de periodistas
desaparecidos. Desde el 3 de octubre de 1995 nadie volvió a saber de él. Era director de
la revista Adelante, de circulación en Sinaloa, Durango y la Laguna. Comunicadores de
Torreón y Gómez Palacio “tomaron” la subdelegación de la Procuraduría de Justicia del
Estado (gobernaba Rogelio Montemayor Seguy) para presionar y exigir su presentación.
No pasó nada. Jamás ha sido reportado nada sobre él. Se apuntaba como presunto
responsable del hecho a un hermano del entonces alcalde, Mariano López Mercado. La
impunidad se lo tragó.
La noche del 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero policíaco de La
Opinión Milenio, de Torreón, fue asesinado en el conurbado municipio de Gómez
Palacio. En Saltillo, el 8 de enero de 2010, el joven reportero del diario Zócalo, Valentín
Valdés Espinoza murió acribillado. Dos periodistas abatidos por las balas, por la
descomposición social y la aparición fortísima del crimen organizado en Coahuila y la
comarca.
El 29 de julio de 2010, en las cercanías del Centro de Readaptación Social de Gómez
Palacio, Durango, tres reporteros de televisión fueron capturados por un grupo armado y
posteriormente liberados, cuando cubrían un hecho noticioso: Javier Canales Fernández
(camarógrafo de Multimedios Laguna), Alejandro Hernández Pacheco (camarógrafo de
Televisa Laguna), Héctor Gordoa Márquez (reportero de Televisa México que esa
mañana había llegado a Torreón), y Oscar Solís (reportero del periódico Vespertino). El
segundo pidió asilo político en los Estados Unidos y lo obtuvo tras verse asediado.
Nacido en Francisco I. Madero (Laguna de Coahuila), también de Zócalo, pero en Monclova, desde el 8 de julio de 2006 ya no se volvió a ver ni a saber del reportero Rafael Ortiz Martínez.
Luis Emmanuel Ruiz Carrillo, joven periodista coahuilense, también fue asesinado,
aunque éste cayó en Monterrey el 25 de marzo de 2011. Trabajaba para La Prensa, de
Saltillo.
Pero la violencia continuó contra los comunicadores y los medios, las noticias de más
agresiones corren de Ciudad Acuña a Saltillo, y de Piedras Negras a Torreón. Las
amenazas a reporteros y directivos se sucedieron: advertencias telefónicas, mantas,
ataques a las instalaciones de, por ejemplo, El Siglo de Torreón, que en agosto de 2009
y hasta marzo de este 2013, sufrió cinco atentados, con daños materiales producidos por
armas de alto poder a su edificio de la avenida Matamoros entre Acuña y Rodríguez, en
pleno centro de la ciudad. Un civil que deambulaba por ahí, murió. La noche del 8 de
febrero pasado, y por varias horas, cinco trabajadores de la empresa –ninguno
reportero- se vieron privados de su libertad en las inmediaciones del periódico, y
golpeados y amenazados por los 21presuntos delincuentes que, días después acabaron
siendo detenidos en la región y en otras entidades a donde habían huido.
El 9 de febrero de 2011, un técnico operario del Grupo Milenio Laguna, perdió la vida
ante el ataque y robo que perpetró un grupo armado. La madrugada de esa fecha
Rodolfo Ochoa Moreno cayó abatido ante una intensa ráfaga de balas. Una víctima
inocente. Nada tenía que ver con cuestiones periodísticas.
Narcomantas contra Televisa Laguna y TV Azteca Laguna, que han quedado,
afortunadamente, en meras bravatas.
Sin embargo, el listado de los reporteros levantados, golpeados y amenazados es largo.
Algunos han optado por retirarse de la actividad, dejando atrás sus carreras en este
ambiente laboral de zozobra, miedo y necesidad.
En Saltillo la reportera policíaca Estephanía Rodríguez Cardoso, del periódico Zócalo,
quien estuvo en peligro junto con su hijo, desapareció del 8 de junio de 2012 al día 15 de
ese mes en que se reportó viva. Una llamada telefónica al noticiero de la periodista
Denisse Maerker, sin dar detalles, hizo saber que estaba bien, con miedo, pero de pie.
Otro periodista muerto es José Valdez, asesinado el 6 de enero de 2006 en Sabinas. Se
presumió que el narco lo victimó.
Buenas intenciones legales, pero la impunidad manda
Cabe agregar que el 19 de marzo pasado, el diputado local Samuel Acevedo Flores, del
Partido Social Demócrata (PSD), llevó al Congreso de Coahuila una iniciativa. La Ley
para la Protección y Garantía de la Libertad de Expresión de las y los Periodistas del
Estado de Coahuila, que consta de 26 artículos.
Antes, el 20 de octubre de 2010, hubo otra intentona legal: la Ley del Secreto Profesional
del Periodista en el Estado de Coahuila de Zaragoza. Constaba de 7 artículos.
Aquí, no pasa nada, en términos reales, a favor de los periodistas. Más allá de las
agresiones físicas, amenazas y atentados, el clima es de incertidumbre laboral. Los
despidos, sean o no por argumentos válidos, no cesan. Reporteros como Reginaldo
Luna y Javier Casio, ambos de Milenio Laguna, por citar dos casos ejemplares, se vieron
despedidos por la intolerancia prevaleciente. El primero, por haber criticado –al parecer
sin fundamento- a Rubén Moreira Valdez, siendo éste secretario de Gobierno con su
hermano Humberto como gobernador; el segundo, al atreverse a poner el nombre de
Ricardo Martín Bringas, de la familia lagunera fundadora y dueña de la cadena de
supermercados Soriana.
En este sentido, se podría hacer todo un libro con nombres y apellidos de reporteros de
diferentes medios en todo Coahuila, pero más en Saltillo y Torreón.
El conocido columnista Ricardo Alemán, el domingo 3 de julio de 2011, en una mesa de
debate por televisión nacional (Foro TV), a propósito de la elección de Rubén Moreira
ese día como nuevo gobernador del estado, afirmó que en Coahuila “no pasa nada.
Tienen 30 años sin periodismo”.
En el remate de toda esta caótica situación, el 11 de marzo de 2013 el periódico Zócalo
editorializó: “En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”.
Esta empresa cuenta con ediciones diarias en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y
Acuña. Su propietario, Francisco Juaristi, alguna vez secretario de gobierno con Rogelio
Montemayor, recientemente fue amenazado a través de medio centenar de mantas por
grupos criminales. En 2010 un artefacto explotó en el estacionamiento del periódico en
Piedras Negras.
Lo único cierto es que por la falta de una organización grupal sólida, los comunicadores
coahuilenses atraviesan una etapa de profunda vulnerabilidad.
El polémico obispo de Saltillo, Fray Raúl Vera López, pidió a la Fiscalía Especializada en
Delitos Contra Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República
(PGR) que ya trabaje, que no finja que investiga, “porque no se han visto resultados”.
Número 2 (Texto que cierra la ronda)
Las agresiones a la libertad de expresión en el contexto de violencia Jorge Luis Sierra
Knight International Jornalism Fellow, Centro Internacional para Periodistas
El reto más grave de los periodistas en 2012 fue el simple ejercicio de su profesión en
entidades afectadas por el enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia
organizada y de éstos contra las fuerzas federales, principalmente el Ejército y la
Armada de México.
Tratando de silenciar a los medios o convertirlos en su caja de resonancia durante los
enfrentamientos entre sí o con las fuerzas federales, las bandas de la delincuencia
organizada mantuvieron una presión exacerbada contra periodistas que incluía la
amenaza de muerte, el secuestro, los golpes, la desaparición forzada y el asesinato. En
algunos casos documentados en este informe, los grupos delictivos también recurrieron
al uso de explosivos y granadas contra instalaciones de medios de comunicación.
Esa violencia contra periodistas fue más intensa en los estados de Veracruz y Coahuila,
lugares donde se ha extendido una serie de enfrentamientos armados entre la Nueva
Federación, una coalición de grupos criminales que incluye al Cartel del Golfo, al Cartel
Sinaloa, La Familia Michoacana, además de otros de reciente creación como Jalisco
Nueva Generación, contra Los Zetas, un grupo que fue formado originalmente por ex
soldados del ejército mexicano.
En 2012 ocurrieron 8 asesinatos de periodistas, 6 de ellos del estado de Veracruz, y 4
casos de desaparición, 2 en Veracruz, uno en San Luis Potosí y otro en Tamaulipas.
Esas agresiones extremas han contribuido a crear un clima de angustia y zozobra
permanente que ha llegado a provocar el abandono de la profesión o el éxodo masivo de
periodistas que abandonan sus empleos y se desplazan a localidades de menor riesgo.
Algunas organizaciones periodísticas han preferido no publicar más información de
violencia relacionada con la delincuencia organizada, aunque eso no les ha protegido de
las agresiones provenientes de grupos criminales y funcionarios públicos corruptos.
Los grupos criminales han impuesto distintos niveles de agresión a periodistas y medios
que no siguen sus instrucciones al pie de la letra. En el caso de Coahuila, los grupos
criminales empezaron a realizar secuestros al azar de empleados de los medios locales
para presionar a éstos a cubrir incidentes a su conveniencia y satisfacción. Esto puso en
evidencia que no sólo reporteros y editores estaban en riesgo, sino que también
personal administrativo y de producción. Las amenazas provenientes de la delincuencia
organizada se extendieron a todos los medios de comunicación de ciudades como
Torreón.
Los periodistas, particularmente los que cubren la fuente policiaca, han tenido que
aprender el modo y ejercicio particular de las agresiones de cada organización delictiva
hacia los medios de comunicación.
Periodistas de Tamaulipas, por ejemplo, reportan que el Cartel del Golfo no permite la
publicación del nombre de sus integrantes que mueren asesinados o en
enfrentamientos, ni tampoco el nombre de las personas que sus miembros asesinan.
Para este grupo lo importante es mantener la noción pública de que en sus zonas de
control hay paz relativa.
La colusión de este cartel con funcionarios públicos se hace evidente cuando sus
integrantes prohíben a los medios la difusión de noticias sobre la corrupción de ciertos
funcionarios. Según reporteros de la zona, las prácticas de este grupo hacia los medios
son siempre agresivas, con amenazas, y sus miembros suelen citar y golpear a los
reporteros que no obedecieron las órdenes para cubrir eventos de su interés.
El contacto directo y amenazante entre grupos criminales y periodistas se ha
multiplicado en el país. Los grupos criminales mantienen presión sistemática a
periodistas locales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes
electrónicos.
En algunos estados del país, los grupos delictivos obligan a los periodistas a asistir a
reuniones de control. Periodistas de Tamaulipas reportan que, en otro ejemplo de esa
tendencia, Los Zetas llamaron a reuniones a periodistas de Nuevo Laredo que cubren la
fuente policiaca para convocarlos a la colaboración a cambio de prebendas. Aquellos
colegas que rehúsan colaborar con el grupo criminal se ven obligados a dejar la fuente
policiaca, cambiar de medio y en ocasiones, salir de la ciudad.
La intimidación a periodistas se ha vuelto una práctica extendida a todo el país. Según
testimonios de reporteros de Michoacán, el grupo Los Caballeros Templarios,
presentándose como un grupo de empresarios del aguacate, convocaron a una reunión
a reporteros, editores y productores de los medios de comunicación del estado para
informarles sobre sus planes de inversión. En la reunión, los integrantes de esa
organización criminal amenazaron de muerte a todos los periodistas reunidos y les
exigieron que no perjudicaran la imagen de Michoacán y sólo publicaran notas
aprobadas previamente por el grupo criminal.
El secuestro intimidatorio de periodistas se ha vuelto otra tendencia en el país, junto con
el silencio de las víctimas y de sus propios medios de comunicación. Ese parece ser el
caso de los medios de comunicación de Torreón, Coahuila, donde las amenazas de la
delincuencia organizada se han concretado en el secuestro de periodistas o de
empleados que salen o entran de las instalaciones de los medios. Los grupos criminales
secuestran periodistas con el fin de que sus medios publiquen noticias a modo del grupo
de interés. Los grupos rivales responden con el secuestro y golpes contra los periodistas
que firmaron las notas y publicaron la información conveniente al grupo rival.
No todas las entidades con presencia de los cárteles del narcotráfico presentan las
mismas tendencias de agresión hacia periodistas. Algunos estados como Nayarit, Baja
California Norte y Jalisco no han presentado los mismos niveles de agresión, aunque
persiste ahí la práctica de los grupos criminales de dejar mensajes o mantas con el
objeto de que su contenido sea divulgado en los medios de comunicación.
Las agresiones extremas ocurrieron en el contexto de varios factores como: las
elecciones federales, estatales y locales; el uso predominante de la fuerza militar en la
ofensiva gubernamental en contra de la delincuencia organizada; el reacomodo de las
organizaciones criminales en algunas regiones del país y los niveles de impunidad en la
investigación de los crímenes contra periodistas; que contribuyeron a incrementar el
nivel de riesgo general y tuvieron como resultado un número muy elevado de ataques
contra periodistas en el país.
Análisis de las estadísticas disponibles
Por lo general, no existen en el país estadísticas completas sobre ataques contra
periodistas debido entre otras cosas a la dificultad de obtener información sobre esos
crímenes y al silencio de las víctimas de la agresión. A eso se agregan las diferencias de
criterios entre las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas para
reconocer casos de agresión originados por motivos profesionales.
Algunas organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos),
Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York y la
organización Article19, están trabajando de manera permanente para registrar y
documentar casos de agresión contra periodistas.
Éstas son algunas aproximaciones al análisis de los datos presentados por Cencos en el
registro de casos ocurridos en 2012, el último año del sexenio de Felipe Calderón, y uno
de los peores que haya registrado la historia reciente del periodismo en México:
Durante 2012, los reporteros que trabajan para medios estatales y locales son los de
mayor riesgo y sufren las agresiones más graves. Todos los casos de agresión grave
que resultaron en muerte, desaparición o atentados contra periodistas ocurrieron en
poblaciones del país donde existe una presencia importante de la delincuencia
organizada y donde ocurren enfrentamientos frecuentes con las fuerzas federales.
Ninguno de ellos ocurrió en el Distrito Federal o en alguna de las grandes zonas
metropolitanas. Esa situación podría implicar que la mayoría de las agresiones graves
ocurrieron en poblaciones relativamente pequeñas con uno o dos medios locales donde
el periodista está muy reconocido o identificado. Las condiciones de vulnerabilidad en
estas poblaciones se agravan cuando los medios locales están sujetos a la presión de
funcionarios públicos o de grupos criminales.
Veracruz fue la entidad donde ocurrió el mayor número de agresiones graves a
periodistas (seis de ocho asesinatos y dos de cuatro desapariciones). Sin lugar a dudas,
esas agresiones tuvieron lugar en medio de una lucha armada entre grupos criminales
que se disputan el control de la ruta del tráfico de drogas por el Golfo de México, así
como de las ciudades donde existen facilidades relativas para las industrias del
secuestro, la extorsión y la trata de personas. Durante 2011 y 2012, la entidad estuvo
afectada por manifestaciones de violencia inusitada que incluyeron la matanza masiva
de presuntos narcotraficantes a manos de grupos delictivos de otras partes del país en
una aparente disputa territorial con organizaciones criminales antagónicas.
A esa situación podemos agregar dos factores más: la aplicación de la fuerza naval y/o
militar para controlar la situación de violencia, así como la posible existencia de fuerzas
criminales interesadas en provocar desestabilización política a través de agresiones a
periodistas. Esos crímenes ocurrieron antes de las elecciones federales y estatales del
1° de julio, lo que lleva a pensar en la posible existencia de elementos de política local o
federal en la decisión de asesinar a los periodistas.
Los periodistas de la Fuente policiaca siguen siendo los que están en mayor riesgo y
sufren los ataques más graves. Según el recuento de Cencos, los periodistas de la
fuente Policiaca experimentaron el 42% del total de agresiones graves en 2012. Lo que
se eleva a 67% si incluimos en la misma categoría a periodistas de la fuente de
Seguridad. Esa condición de vulnerabilidad expresa la encrucijada que viven muchos
periodistas del país que reciben órdenes, a menudo encontradas, para publicar
información de policía que beneficia a un grupo criminal y perjudica a otro. Algunos
reporteros de Torreón, Coahuila, por ejemplo, se quejan de que un cártel les da
instrucciones para guardar silencio sobre un incidente, mientras que el grupo rival fuerza
a los editores a publicar información sobre el mismo incidente.
La agresión Física/Material fue la categoría más numerosa en el registro de casos (poco
más de 51% del total de 258 agresiones registradas en el país durante 2012), seguida
por la Amenaza(15.9%) y la Detención (12.8%). Es posible que en estos casos exista
una cifra negra de periodistas que no denuncian la agresión sufrida con tal de conservar
su seguridad. De acuerdo con la investigación de Cencos, los cinco municipios con más
agresiones físicas registradas son Ensenada, Baja California; Saltillo, Coahuila; Morelia,
Michoacán; Totolapan, Morelos; San Pablo Huixtepec y Oaxaca de Juárez, en el estado
de Oaxaca.
El mayor número de agresiones Físicas/Materiales con armas de fuego o explosivos
contra instalaciones y oficinas de medios de comunicación ocurrió en Tamaulipas y
Nuevo León, ambos estados donde ocurre una confrontación aún no resuelta entre el
Cartel del Golfo, Los Zetas y células de otras organizaciones de narcotraficantes
provenientes de otras partes del país, y en donde el gobierno federal ha ocupado
principalmente la fuerza militar y naval en contra del narcotráfico y otras expresiones de
la delincuencia organizada.
En 2012, las instalaciones de Televisa Matamoros y El Mañana de Nuevo Laredo
sufrieron dos ataques cada uno. Las instalaciones del Expreso de Matamoros y Hora
Cero también fueron víctimas de ataques semejantes. El Norte de Monterrey
experimentó tres agresiones y la distribuidora Dipsa sufrió un incendio provocado. Un
total de 37 medios de comunicación del país sufrieron ataques en 2012.
La Amenaza de daño a la integridad física o psicológica fue el segundo tipo de agresión
contra periodistas con 41 casos registrados en el país. Aunque la mayor parte de las
amenazas de daño ocurren de manera verbal, los grupos criminales lanzaron una
amenaza contra periodistas a través de un mensaje abandonado cerca del cadáver de
personas asesinadas. También ocurrieron cuatro amenazas vía electrónica, dos por
Twitter y otras dos por correo electrónico. En el caso de Coahuila, Durango y Michoacán,
las amenazas son lanzadas contra el gremio periodístico en general con el objeto de
silenciarlo o forzar su anuencia para publicar datos que beneficien los intereses del
grupo criminal.
Los funcionarios públicos son los supuestos responsables de la mayor parte de los 258
casos de agresión registrados. Es posible que esa cifra esté determinada por el hecho
de que los periodistas estén más inclinados a reportar agresiones provenientes de
funcionarios públicos que a reportar agresiones cometidas por grupos de la delincuencia
organizada. Sin embargo, el hecho de que el 55.04% de las agresiones registradas sean
atribuidas a funcionarios públicos es una evidencia de la necesidad de monitorear a las
autoridades que muestran rechazo al escrutinio público a través de los medios de
comunicación y están inclinadas a reprimirlo.
Algunas aproximaciones generales
Los periodistas están siendo sujetos de agresión principalmente en contextos locales
donde podríamos presumir que existe contubernio entre autoridades civiles y policiales
con organizaciones criminales, o bien existe negligencia y desinterés de las autoridades
para investigar los casos de agresión y propiciar su impunidad.
Los asesinatos de periodistas en Veracruz nos permiten establecer la hipótesis de que
grupos criminales y grupos políticos han estado interesados en la muerte de periodistas
como una forma de ejercer presión ante la proximidad de las elecciones estatales y
federales en la entidad. Esto cambiaría por completo los parámetros futuros de cobertura
electoral en el país, pues los procesos políticos podrían estar contaminados de una
mezcla de intereses políticos, económicos y criminales que actúan con relativa
impunidad y constituyen un factor de riesgo para los periodistas.
Es necesario resaltar que los periodistas que trabajan para medios del Distrito Federal
no están exentos de riesgo. Aunque ninguno ha experimentado un ataque grave como
los ocurridos en otras entidades del país, algunas experiencias recientes nos indican que
esos periodistas aumentan su nivel de riesgo cuando salen a los estados a cubrir
incidentes sin conocimiento del terreno, del contexto, y sin fuentes confiables que
puedan facilitar su labor. Por otra parte, en la ciudad de México y su zona metropolitana
está ocurriendo un proceso de control criminal por parte de grupos delictivos que tienen
su sede en otras entidades del país, pero mantienen operaciones importantes en la
capital. Esa condición es indudablemente una situación de riesgo para periodistas que
debe tomarse en su magnitud adecuada.
A pesar de que tienen la intención de recuperar territorio controlado por la delincuencia
organizada, las operaciones militares han resultado irrelevantes para evitar o prevenir los
atentados contra periodistas. Esto es particularmente grave, porque a pesar de los
esfuerzos federales, los indicios de contaminación criminal en las filas policiales a nivel
municipal o estatal siguen constituyendo un factor de alto riesgo para el gremio.
Los grupos responsables de ataques contra periodistas están utilizando explosivos o
secuestros aleatorios en operaciones de intimidación y control de medios de
comunicación. Este uso de explosivos, aunque no ha resultado en la muerte o daño
masivo de empleados de los medios atacados, podría ser el preámbulo de ataques
terroristas de una magnitud mucho mayor, si no se define una política gubernamental
diseñada específicamente para prevenirlos a través de sus sistemas de inteligencia o la
coordinación con los medios de comunicación.
El predominio de agresiones hacia reporteros y editores que trabajan para medios
locales en poblaciones relativamente pequeñas, donde está registrada una alta actividad
de grupos criminales, hace pensar en la necesidad de que autoridades federales,
estatales, municipales trabajen con una intensidad y niveles de cooperación no
observados hasta el momento para proteger a comunicadores, prevenir futuros ataques
en su contra y sancionar a los responsables.
Es importante también observar que un número significativo de reporteros de la fuente
política o de la fuente general sufrió ataques en el ejercicio de su labor. Los asesinatos y
ataques contra candidatos en procesos electorales hacen visible que la política y el
crimen pueden coincidir en momentos determinados, lo que podría ser un elemento
desfavorable para la seguridad de los reporteros de dichas fuentes que no están
capacitados para cubrir crímenes y carecen de información del contexto de criminalidad.
Sigue siendo una prioridad la inversión de recursos para capacitación de los periodistas
que cubren la fuente policiaca y de seguridad. En la medida en que las organizaciones
criminales buscan de manera activa y planificada controlar mediante el terror a los
equipos de reporteros y editores de esa fuente, las organizaciones periodísticas deben
reforzar sus esfuerzos de entrenamiento, cuidado y prevención hacia estos periodistas.
Dado que en 2012 hubieron varios casos registrados de agresión contra reporteros
ciudadanos que carecen del mínimo de infraestructura empresarial o de redes de apoyo
profesional a su labor, la protección gubernamental debe extenderse a ellos.
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