Citation preview
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 4/101
CISA / Co mu ni ca ción e Información, SA de
CV
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Francisco Álvarez Romero, Estela
Franco Arroyo, Salvador Corro Ortiz, Rafael Rodríguez Castañeda,
Julio Scherer Ibarra
DIRECTOR FUNDADOR: Julio Scherer García †
SUBDIRECTOR FUNDADOR: Vicente Leñero Otero †
DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda
SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales;
ayudante, Luis Ángel Cruz
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández
ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura
Ávila
COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González
COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda
EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc
Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos
Ortega
REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan
Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado,
José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Mathieu
Tourliere, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil
CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora;
Chiapas, Isaín Mandujano;Guana juato: Verónica Espinosa;
Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Michoacán, Francisco
Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías;
Puebla, María Gabriela Hernández; Tabasco, Armando Guzmán;
Veracruz, Noé Zavaleta
INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid:
Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J.
Jesús E squivel
CULTURA : Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Isabel
Leñero, Niza Rivera Medina, Colum- ba Vértiz de la Fuente,
reporteras; Colaboradores: Javier Betancourt, Blanca González
Rosas, Estela Leñero Franco, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía
Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Pa- redes, Raquel Tibol,
Florence Toussaint; cultura@proceso.com.mx
ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador.
espectaculos@proceso.com.mx
DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra
FOTOGRAFÍA : Marco Antonio Cruz, coordinador; Fotógrafos:
Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Ben jamín Flores, Octavio
Gómez, Eduardo Miranda; asistente, Aurora Tre jo; auxiliar,
Violeta Melo
AU XILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez
ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel
Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas,
Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Héctor Tajonar,
Ernesto Villanue- va, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera,
Hernández, Naran jo, Rocha
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan
Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales
CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, co ordinador;
Serafín Díaz, Daniel González, Patricia Posadas
semanario de información y análisis
ELECCIONES 2016 /VERACRUZ
30 Entre los Yunes, la sombra de Morena /Noé
Zavaleta
32 La herida sigue abierta /Noé Zavaleta
INTERNACIONAL
60 ECUADOR: Un sismo con remezones económicos... y
políticos /Rafael Croda
63 BRASIL: Rousseff, las cartas que le quedan
/Andrés Carvas
66 CHILE: Libertades cercenadas
/Francisco Marín
ANÁLISIS
69 Golpe /Naranjo
DESASTRE
CASO AYOTZINAPA
12 El GIEI se va, las dudas aumentan, los normalistas no
aparecen /Gloria Leticia Díaz
17 Con nombres y detalles, la acción de la Policía
Federal en Iguala /Anabel Hernández
20 La infamia contada a muchas voces
/John Gibler
VIOLENCIA
24 Historia de la tortura videograbada /Juan
Veledíaz
27 Michoacán: la multiplicación de los cárteles
/Francisco Castellanos y José Gil Olmos
Índice No. 2060 • 24 de abril de 2016
Fo to por tada:
30
12
DISEÑO: Ale jandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando
Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y
Juan Ricardo Robles de Haro
COMERCIALIZACIÓN: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63.
Mercadotecnia: Lucero García,
Norma Velázquez. Tel. 56362059. Karina Valle.
Circulación: Mauricio Ramírez. Tel. 5636-2064. Pascual
Acuña, Barbara López, Gisela Mares, Fernando Polo, Andrés
Velázquez. Publicidad: Ana María Cortés. Tel. 5636-2077 / 2091
/ 2062. Eva Ángeles, Rubén Báez. Suscripciones: Cristina
Sandoval Tel. 5636- 2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises
de León, Benita González, Atención a suscriptores
(Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García, Rosa
Morales.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon
Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier
Venegas
ALMACÉN y PRO VEEDURÍA: Mercedes Guerra,
coordinadora; Rogelio Valdivia
MANTENIMIENTO: Miguel Olvera
COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz
OFICINAS GENERALES:Redacción: Fresas 13; Administración: Fresas 7,
Col. del Valle, 03100 México, DF
CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Susana Arellano, 5636-2000
FAX: 5636-2055, Palabra de Lector; 5636-2086, Redacción.
AÑO 39, No. 2060, 24 DE ABRIL DE 2016
IMPRESIÓN: Quad Graphics. Durazno No.1, Col. San José de las
Peritas, Xochimilco, México, DF
EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Sara Pantoja, Miguel
Ángel Vázquez, Concepción Villaverde,María Luisa Vivas; Tels.:
5636-2087
EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección:
www.procesofoto.com.mx
Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y
contrataciones: 5636-2016 y 56362017
EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico:
acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y
Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE
TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez,
desarrollador, Mussio Jair Cárdenas. Tel. 5636-2106
Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido
No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones
de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una
Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas
del Instituto Nacional del Derecho de
Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V.,
bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN:
1665-9309
Circulación certificada por el Instituto Verificador de
Medios
Registro No. 105 / 23
Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses,
$850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año,
$1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00.
Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo,
fotografía o información publicados sin autoriza- ción expresa de
Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los
derechos.
agencia proceso de información
71 Dilma y nuestro abismo /Marta Lamas
72 La rebelión de las masas bajo el
capitalismo /Sabina Berman
73 integridadpública.mx /Ernesto Villanueva
LIBROS
76 Un niño a bordo de La Bestia /Paulina
Rocío del Moral González
CULTURA
78 Volveré a escribir: Del Paso, Premio Cervantes
/Alejandro Gutiérrez
82 Leyendo a Cervantes en cautiverio
/Ariel Dorfman
7860
REPORTE ESPECIAL
35 A 30 años: Los secretos de Chernobyl Textos: Anne
Marie Mergier
36 En medio del apocalipsis 38 Cronología
de la tragedia
42 Más allá de la imaginación
46 Crimen nuclear
53 El precio de la verdad
56 Un asunto de héroes
58 La “zona” le cambió
la vida
86 La armoniosa andadura cervantina (II de III)
/Samuel Máynez Champion
89 Versiones de sonetos de Shakespeare
/Alfredo Michel Modenessi
DEPORTES
92 Tlalnepantla: combate por dos canchas de futbol
/Raúl Ochoa
96 Palabra de Lector
tortura le ocasiona /Helguera y Hernández
8/17/2019 Revista Proceso México
C
OATZACOALCOS/XALAPA,VER.– “¿Qué esperan? ¿Qué se des- baraten
los cuerpos para no reconocerlos?”, grita una mu- jer. A su
lado una treintena de trabajadores de Pemex y
familiares de desaparecidos durante la explosión del miércoles 20
en el complejo petroquímico Pajaritos la escuchan, im- potentes.
Tienen la mirada vidriosa.
Frente a las instalaciones, con el rostro cubierto, efectivos del
Ejército y la Marina forman una valla humana para impedir- les el
paso y atestiguan los lamentos y pa-
taleos de los inconformes que llegaron de Coatzacoalcos, Agua
Dulce, Las Choapas, Minatitlán y el Uxpanapa.
Un sobrecalentamiento en el área de hornos y la falta de
mantenimiento en un complejo cuyas válvulas e infraestructu- ra no
lo recibieron de manera adecuada provocaron dos explosiones en una
de las
“Coatzacoalcos,
Hace tres años Pemex entregó en comodato parte de la administración
del Complejo Petroquímico de Pajaritos a la empresa Mexichem, con
la promesa de que pronto lle- garía el dinero a Coatzacoalcos. Pero
no llegó. Lo que sí se presentó la semana pasada fue la tragedia,
la más devas- tadora que se haya registrado en el sur de Veracruz.
Fami- liares de los trabajadores subrogados de la paraestatal se
lanzaron contra el presidente Peña Nieto –quien sólo estuvo tres
horas en la planta siniestrada–, el gobernador Duarte y la empresa
Petroquímica Mexicana de Vinilo. Y en un video que se hizo viral
apareció la leyenda: “Ni tres, ni 13, ni 24. Son cientos (los
muertos). Coatzacoalcos, no te calles”.
no te calles”
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 7/101
tres áreas del complejo, la de Clorados III. Al cierre de edición
se reportaban 27
muertos y más de 160 heridos –una veinte- na de ellos de gravedad–
y 18 desaparecidos, según las autoridades de la paraestatal y del
gobierno estatal. La nube tóxica se expan- día, mientras los
rescatistas sacaban los ca- dáveres en camionetas de redilas.
Adentro, en el área siniestrada –que des- de hace tres años fue
cedida a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) y es
administrada en comodato por la firma Mexichem, de Juan Pablo del
Valle, y por Pe- mex–, el presidente Enrique Peña Nieto re- corrío
el lugar del desastre, el peor que se ha registrado en
Coatzacoalcos.
Lo acompañaban el director de la pa- raestatal, José Antonio
González Anaya, el gobernador Javier Duarte, el titular de la
Defensa, general Salvador Cienfuegos, el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora Areli Gómez.
“Relajaron la seguridad”
En Villa Allende, la congregación que con- centra la actividad
petrolera, todos hablan de la tragedia: jefes de manzana, lanche-
ros, tenderos, taxistas y comerciantes; todos, dicen, tienen
familiares, vecinos, amigos entre los afectados.
La tragedia pudo evitarse. La planta sólo necesitaba mantenimiento,
comen- tan en coro los obreros de Pemex, los pro- veedores y los
contratistas. Quieren que los reporteros locales, nacionales y
extran- jeros oigan sus historias y las difundan.
Desde que Mexichem tomó las riendas de Pajaritos, los protocolos de
seguridad se relajaron; incluso se utilizaban sople- tes muy cerca
de donde había fugas, se- gún advirtieron los empleados del área de
seguridad, comenta vía telefónica Didier Murguira Cadena, de la
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que agrupa
a 320 empleados de Pemex disiden- tes del corporativo Sindicato de
Trabajado- res Petroleros de la República Mexicana.
Pero sus superiores y el encargado del complejo los ignoraron.
“Hubo una negli- gencia criminal –dice–. Estamos hablando de
delitos industriales”.
Murguira Cadena detalla que una vez que entraron en operación
Mexichem y PMV, a los disidentes se les complicó ob- tener
información sobre los procesos de seguridad. “Una compañera
jubilada del área de seguridad –cuenta– recién nos confió que las
normativas y la seguridad se empezaron a relajar con Mexichem. Eso
le causó conflictos con su superior”.
En Pajaritos, agrega, casi nadie traba- jaba con la ropa de
seguridad, lo que con- traviene las normas; además, ingresaba mucho
personal de compañía sin la capa- citación adecuada.
En Facebook una imagen que captó el momento de la explosión se hizo
viral. La acompaña una leyenda en la que se recri- mina a los
gobiernos federal, estatal, a los directivos de Pemex y la empresa
Mexi- chem. Y añade: “Ni tres, ni 13, ni 24; son cientos (los
muertos). Coatzacoalcos, no te calles”.
Algunos medios de Coatzacoalcos, a 417 kilómetros de la capital del
estado, tuvieron acceso a un video de una empre- sa privada ubicada
dentro de Pajaritos. Se observa cómo la primera explosión cortó de
tajo torres de hornos y la estructura del complejo petroquímico. En
menos de
A F P
p h o
t o /
S e r g
i o B a
l a n d
r a n o
2060 / 24 DE ABRIL DE 2016 7
DESASTRE
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 8/101
ROSALÍA VERGARA
L a planta Clorados III, de la empre- sa Petroquímica Mexicana de
Vinilo (PMV), donde se produjo la explo- sión del miércoles 20, fue
“desincor-
porada” el 30 de julio de 2013, días antes de que el presidente
Enrique Peña Nieto anunciara su iniciativa de reforma
energéti-
ca para aceptar la participación de capital privado en Pemex.
Forma parte de los tres polígonos del predio que administra en
comodato en el Complejo Petroquímico Pajaritos. Uno tie- ne 342 mil
675 metros cuadrados, otro 42 mil 240 y el tercero 91mil 471.
Hace tres años la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en
el Diario Oficial de la Federación “la desincorpora- ción del
régimen de dominio público de la federación de 476 mil 386 de los
990 mil 528 metros cuadrados del complejo ubi- cado en el municipio
de Coatzacoalcos, Veracruz, a efecto de que el organismo público
descentralizado Pemex Petroquí- mica lleve a cabo su enajenación a
títu- lo oneroso”.
El acuerdo lo firmó el entonces subse- cretario de
Responsabilidades Adminis- trativas y Contrataciones Públicas,
Julián
Alfonso Olivas, en ausencia del titular de la SFP.
“La venta de la mitad de la planta de Pajaritos, la más importante
y rentable de Pemex –genera 4 mil 500 millones de pe- sos anuales–,
es el último paso para con- cretar uno de los primeros
compromisos
asumidos por el actual Consejo de Admi- nistración de Pemex,
encabezado por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cold- well”
( Proceso 1923).
Según el reportaje publicado en este semanario el 8 de septiembre
de 2013, am- bas partes se comprometieron a aportar 556 millones de
dólares para la moderniza- ción de la planta. La empresa
Mexichem,
a la que pertenece PVM, contribuiría con 325 millones y Pemex
Petroquímica otros 231 millones, además de ceder casi la mi- tad
del complejo Pajaritos en un supuesto arrendamiento.
Meses antes, el 16 de enero de 2013, se constituyó la empresa PVM,
en socie- dad de coinversión entre Pemex Petro- química y el
consorcio privado Mexichem, antes Camesa.
El artífice
Mexichem se creó el 30 de junio de 1978 y el 18 de septiembre de
ese año se inscribió en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Mexichem se dedica a la elaboración de productos químicos,
petroquímicos, ácido fluorhídrico y a la extracción de fluo- rita.
Los productos que maneja la empresa, presidida por Juan Pablo del
Valle Pero- chena, son cloro, sosa cáustica, hipoclori- to de sodio
y tubos de policloruro de vinilo (PVC).
Del Valle Perochena es el menor de los seis hijos del fundador del
grupo de ne- gocios familiares, Antonio del Valle Ruiz, quien nació
en 1938, poco antes de la ex-
propiación petrolera; asimismo, es asesor de los 10 mexicanos más
acaudalados se- gún la lista que cada año publica la revis-
ta Forbes.
Del Valle Ruiz fue expulsado del gremio de los banqueros cuando su
institución, Bancrecer, pasó al gobierno en 1982. Pero no se
retiró, sólo se cambió al mercado de la petroquímica.
El 20 de marzo de 2013 Forbes publi- có una entrevista con Del
Valle Ruiz, quien declaró que las decisiones estratégicas de sus
empresas estaban en manos de sus descendientes y el equipo
ejecutivo:
“Ni me considero el empresario del se- xenio ni el empresario de
nada. Yo ya cum- plí con mi labor, que los jóvenes continúen y
sanseacabó”, dijo el fundador de Mexi- chem, principal fabricante
de tubos de PVC en el mundo. La empresa tenía un valor de 70 mil
millones de pesos en el mercado. De 2006 a 2013 aumentó 15 veces
sus ventas.
También relató que en noviembre de 2011 Mexichem informó al mercado
que postergaba su alianza con Pemex para operar en el complejo
Pajaritos una planta conjunta de etileno, la materia prima para
producir cloruro de vinilo o fabricar tubos de PVC. Le había
costado ocho años de negociación –desde el inicio del sexenio de
Calderón y los tres primeros del de Peña Nieto– y 5 millones de
dólares.
Del Valle Ruiz comenzó trabajando en El Asturiano, un negocio
textil fundado por su familia cuando llegó a México proce- dente de
España. En 1953 fundó junto con inversionistas mexicanos e ingleses
la em-
Mexichem, una empresa voraz
c o n s
t r u y
o s e g
u r o . c
o m
8 2060 / 24 DE ABRIL DE 2016
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 9/101
presa Cables Mexicanos para fabricar ca- bles de acero de alto
carbono.
En 1960 Cables Mexicanos cambió el nombre por Aceros Camesa. En
1978 se creó Grupo Industrial Camesa y la compa- ñía comenzó a
cotizar en la BMV.
En 1997, Grupo Empresarial Privado Mexicano (GEPM), también creado
por la familia Del Valle, adquirió Grupo Industrial Camesa. El
50.4% de participación era de Mexichem, mientras que la empresa
quí- mica y Elf Arochem, de Francia, tenía el 49.6% restante.
En 1999 GEPM se fusionó totalmente en Camesa, la cual aumentó su
participa- ción a 100% en Mexichem durante 2013 y entró en el
negocio químico. Un año des- pués obtuvo Química Flúor, una produc-
tora de ácido fluorhídrico, con lo que se convirtió en líder en el
ramo de Latinoamé- rica. A la par, compró Grupo Primex, una
empresa mexicana puntera en producción de resinas de PVC que se
posicionó en el primer sitio en México y en tercer lugar en
América Latina.
Reposicionamientos
En 2005 Del Valle Ruiz vendió Aceros Ca- mesa y Grupo Industrial
Camesa cam- bió su nombre a Mexichem, que ya existía.
Al siguiente año se expandió a nivel inter- nacional al
comprar Bayshore Group, una empresa de composición que operaba en
Estados Unidos.
En 2007 consiguió Amanco y sus filia-
les, productores de los sistemas y acceso- rios de tubería de PVC
para la conducción de fluidos, principalmente agua. Captó también a
Petroquímica Colombiana, em- presa dedicada a producir resinas de
PVC.
Ese mismo año Mexichem se quedó con 50% de las acciones de CI Geon
Po- límeros Andinos, también dedicada a los compuestos de PVC;
adquirió DVG, Indus- tria y Comercio de Plásticos, productora de
tubos de PVC rígidos para transportar agua potable y
residual.
Adquirió también la firma Fluorita de Río Verde, incluyendo
sus plantas de pro- ducción, así como dos concesiones mi- neras de
fluorita grado ácido; Quimir, una empresa de fosfatos de sodio;
Geotexti- les del Perú; la brasileña Fiberweb Bidim Industria y
Comercio de Nao-Tecidos y Colpozos, líder en sistemas de riego y
per- foración en Colombia.
En 2009 se apoderó de tubos Flexi- bles, una empresa mexicana con
cuatro plantas que producen tubos y conexiones de PVC. También se
hizo del 50% de las acciones restantes de CI Geon Polímenos
Andinos y compra Platisur, una empresa de PVC peruana.
Para 2010 obtuvo INEOS Group, un negocio de químicos fluorados con
pre- sencia en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Taiwán,
convirtiéndose en líder mundial en la producción de refrigerante y
gases medicinales. Otra compra fue Poli-
cyd, fabricante de resinas y Plásticos Rex, dedicada a la
producción de tuberías y ac- cesorios de PVC.
En 2011 se quedó con AlphaGary Group, productor de compuestos de
PVC, TPE y TPO con instalaciones en Estados Unidos y Reino Unido.
Al año siguiente compró Fluorita de Méxi- co y Wavin, una firma
europea líder en la producción de sistemas de tuberías
plásticas.
Para 2013, Mexichem consiguió el ne- gocio de resinas especiales de
PVC de PolyOne, con dos plantas en Estados Uni- dos, así como un
Centro de Investigación
y Desarrollo. De acuerdo con la propia página de la
empresa –www.mexichem.com– ese año Mexichem y Pemex Petroquímica
forma- lizaron una empresa conjunta: PMV, para producir monómero de
cloruro de vinilo. Como resultado de esta alianza estraté- gica, se
espera que la cadena de valor de etileno de Mexichem (a partir de
sal-eti- leno para resinas de PVC y sistemas de conducción de
fluidos) consolide “su es- trategia de integración vertical”.
De manera paralela, compró Occi- dental Chemical Corporation
(OxyChem), una subsidiaria de Occidental Petroleum
Corporation; con Mexichem formaron In- gleside etileno para
construir cracker de etileno.
En 2014 Mexichem, Enesa Energía, e Invenergy Clean Power formaron
un con- sorcio que fue seleccionado por Pemex como ganador para el
proyecto de coge- neración Cactus para la generación de
electricidad y vapor. Conquistó Dura-Li- ne, líder mundial en
soluciones de conduc- to HDPE, conductos y tuberías de presión para
las industrias de las comunicaciones de datos y telecomunicaciones,
energía e infraestructura.
Además, adquirió Vestolit, el sexto ma- yor productor de
resinas de PVC en Euro- pa, único productor europeo de SU-PVC y el
segundo mayor productor europeo de pasta de PVC.
Para 2015 Mexichem compró la licen- cia de distribución y venta
para el HFC- 227ea /P grado farmacéutico de DuPont
Fluoroquímicos.
Pero el exitoso ascenso de Mexichem se detuvo el miércoles 20 con
la explosión del complejo Clorados III en la planta de Pajaritos. Y
sus acciones en bolsa se vinie- ron abajo.
10 segundos el fuego envolvió un radio de 500 metros del área de
Clorados III.
Un colaborador eventual de la compa- ñía Lexer Industrial de
México, Siemens, API, JC Instrumentación o Emerson –encar- gadas de
dar mantenimiento a PMV– salió
20 minutos antes de la explosión. Cuenta vía telefónica que los
directivos sabían del sobrecalentamiento en el área de Clorados
III. Incluso el miércoles 20 hubo un cierre paulatino de válvulas y
disminuyó la acti- vidad industrial.
“Mi jefe me dijo que nos iríamos a las 3. Yo me fui antes, en
semanas anteriores ya se habían registrado diversos incidentes, sin
que la empresa hiciera algo al respec- to… todo pasaba por la falta
de manteni- miento”, relata.
El trabajador subrogado de Pemex ase- gura que el Complejo
Pajaritos carecía de mantenimiento lo cual se reflejaba en
es-
tructuras dañadas por el óxido; otras es- tán en condición
deplorable.
“Todos sabían que le faltaba manteni- miento a esa área. El riesgo
de explosión era elevado; pero la gente es valemadrista. A veces no
se fija, no mide el riesgo”. E in- siste: “Si me quedo media hora
más, ahori- ta no estaría vivo.”
La diputada federal de Movimiento Re- generación Nacional (Morena),
Rocío Nahle,
E s p e
c i a
l
La explosión en vivo
DESASTRE
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 10/101
se trasladó de la Ciudad de México a su ciu- dad natal,
Coatzacoalcos, para observar el daño causado por la
explosión.
La planta está destrozada. Aun no se puede ingresar al área cercana
al reactor y los hornos; le están dando tiempo para que se enfríe.
No sabemos si hay más víc- timas, escribió la legisladora en su
cuenta de Facebook.
Nahle comenta a los reporteros que desde la tribuna de San Lázaro
va a exigir la cancelación de la concesión de Pajaritos a
Mexichem.
En las inmediaciones del complejo todo es confusión; todos buscan a
sus fa- miliares. La madre de Víctor Hugo Corde- ro, un chiapaneco
de 20 años que llegó a trabajar a Coatzacoalcos hace dos meses, lo
busca afanosamente. Como no habla
español sólo muestra una fotografía de “su muchacho” y una hoja con
sus datos generales.
Julián Rodríguez, de 27 años, quien dejó a su esposa
embarazada y con dos hi- jos pequeños tampoco aparece. Lo
buscan con desesperación su abuela de crianza, su abuela sanguínea,
su madre, sus hermanos, sus tíos y su esposa, a quien sus hijos
atosi- gan con la pregunta: “¿a qué hora saldrá de trabajar
papá?”
Los hermanos Óscar y Abigaíl Sánchez, de 25 y 30 años,
respectivamente, se en- contraban en el área de Clorados III cuando
vino la explosión. Su familia no sabe dónde están. El primero es
andamiero de Peri Pan- tex, una proveedora de PMV; la segunda es
ingeniera en la misma empresa.
Familiares de Óscar y Abigaíl llevaban
días esperando noticias. El viernes 22 por la noche fue localizado
el cuerpo del anda- miero. Estaba totalmente calcinado en el área
de Clorados. Los forenses lo recono- cieron por su dentadura. De
Abigaíl nada se sabía al cierre de edición.
En la Fiscalía General del Estado, en el Servicio Médico Forense
(Semefo) y en la propia PMV los problemas se multiplican.
Familiares de Éric Caamaño Ramos, de 23 años, oriundo de Chinameca,
aseguran que en dos ocasiones el Semefo intentó darles un cuerpo
que no es el de su hijo, obrero de la empresa Prometálica, sub-
contratista de Ingenieros Civiles Asocia- dos (ICA). En ambas lo
rechazaron.
…Y Peña Nieto no dio la cara
El jueves 21 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto, en
medio de un im- presionante cinturón de seguridad policia-
co-militar en torno al Complejo Pajaritos, recorrió la zona
siniestrada, acompañado por el director de Pemex y el gobernador
Duarte. Sólo se permitió el acceso a medios previamente
seleccionados.
Afuera del complejo petroquímico unos 150 policías de la SSP
estatal y una trein- tena de militares fueron movilizados para
formar varios cinturones de seguridad y evitar que grupos de
familiares de obreros muertos, heridos o desaparecidos increpa- ran
a Peña Nieto.
Al terminar su recorrido se subió a un helecóptero de la Marina
para trasladarse al hospital de Pemex de Minatitlán. Sólo entonces
los efectivos de la SSP y de la Se- dena levantaron el cerco de
seguridad y dejaron entrar a mujeres a la planta de Pa-
jaritos para que buscaran a sus familiares.
En las inmediaciones de la planta Clorados III varias camionetas
Suburban
Y a h
i r C e
b a
l l o
s
Y a h
i r C e
b a
l l o
s
La indignación
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 11/101
F o t o
: T r a
b a j a
d o r e
s d e P
e m e x
Presidencia
y vehículos de lujo se confundieron con el convoy de Peña Nieto y
Duarte. Los fa- miliares de los afectados comenzaron a mentarles la
madre.
“Que baje caminando, que dé la cara, queremos a nuestros
familiares”, decían
algunos. Pero no. Peña Nieto descendió del helicóptero en un predio
despejado dentro del complejo petroquímico, y en esa misma aeronave
se retiró al hospital de Pemex en Minatitlán.
De ahí partió hacia el aeropuerto de Minatitlán, donde abordó su
avión y voló hacía la Ciudad de México, su estadía en el lugar de
la tragedia duró unas tres horas.
En la aeronave, Peña Nieto declaró a una reportera de Radio Fórmula
que Pemex, la empresa Mexichem y el gobierno federal asumirán su
responsabilidad en las indem- nizaciones a los afectados.
“Pemex y la empresa con la que está asociada tienen que asumir su
responsa- bilidad, sobre todo en términos de hacer la investigación
correspondiente –dijo–; pero lo más importante, que las personas
que resultaron lesionadas tengan la atención
médica debida, especializada y correspon- diente. Por eso estoy
aquí.”
Didier Murguira recuerda que hace tres años Pemex decidió
entregarle el complejo petroquímico a Mexichem “por una cues- tión
presupuestal”, según adujeron las autoridades.
“Nos dijeron que Mexichem, de Juan Antonio del Valle, iba a
inyectar dinero fres- co, que iban a tener una inversión multi-
millonaria. Todos nos dábamos cuenta, al pasar de los meses, que
seguían trabajando con el mismo equipo, que el dinero no lle- gó…
pero sí la tragedia”. (Con información de Ignacio Carvajal.)Retiro
de cadáveres
General Cienfuegos, Osorio Chong, Peña Nieto, González Anaya y la
procuradora Gómez. Visita apresurada
2060 / 24 DE ABRIL DE 2016 11
DESASTRE
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 12/101
A una semana de que concluya la asistencia técnica del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la
in- vestigación del caso Ayotzina- pa –y ante la serie de
obstácu-
los gubernamentales que enfrentó– no hay evidencias concluyentes
acerca del para- dero de los 43 normalistas desaparecidos.
GLORIA LETICIA DÍAZ
“Es el gobierno de (Enrique) Peña Nie- to el que está poniendo las
trabas y así no se llega a la verdad; por eso no ha atendi- do las
recomendaciones que hizo el gru- po de expertos”, acusa Emiliano
Navarre- te, padre del normalista desaparecido José Ángel
Navarrete.
En entrevista –y en vísperas de conocer de voz de los integrantes
del GIEI sus con-
clusiones, que serán públicas el domingo 24– Navarrete dice que
durante las reunio- nes que sostuvieron los expertos, familia- res
y sus representantes con la titular de la Procuraduría General de
la República (PGR), Arely Gómez, era evidente que “las búsque- das
que se hicieron de nuestros hijos ocu- rrieron por el trabajo de
los expertos, los de la PGR no hacían casi nada”.
El GIEI nació el 12 de noviembre de 2014 como parte de las medidas
caute- lares (MC/409/14) otorgadas por la Comi- sión Interamericana
de Derechos Huma- nos (CIDH) tras la desaparición forzada de los 43
normalistas en septiembre de ese año. Inició formalmente su labor
en marzo de 2015, con atribuciones para ela- borar planes de
búsqueda de los estu- diantes, analizar el expediente para
de-
X i n
h u a /
A l e
j a n d
r o A y
a l a
El GIEI se va, los normalistas
no aparecen
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 13/101
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha sido
central en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos: mediante un riguroso trabajo científico desmintió la
apresurada “verdad histórica” del gobierno... y eso lo condenó.
Mediante una campa- ña de desprestigio, presiones, madruguetes y
mentiras las autoridades lograron que los expertos abandonaran las
investigaciones. Pero las críticas planteadas por el GIEI siguen
vigentes: no hay pruebas de que los estu- diantes hayan sido
incinerados en Cocula, la acción de la PGR huele a consigna, no hay
certeza de que los restos identificados provengan del basurero y se
menosprecian
otras versiones que parecen más sólidas.
terminar responsabilidades penales, presentar un plan de atención
integral a las víctimas y familiares, y formular re- comendaciones
generales para atender el problema de la desaparición de perso- nas
en México.
Durante sus primeros seis meses de gestión, el GIEI derrumbó la
“verdad histó- rica” proclamada por el exprocurador Je- sús Murillo
Karam, que sostenía que los 43 estudiantes habían sido asesinados e
incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel
Guerreros Unidos.
La “verdad histórica” fue descartada mediante peritaje realizado
por un exper- to en dinámica de fuego, José Torero, con- clusión en
la que coincidió, meses más tarde, el Equipo Argentino de
Antropolo- gía Forense (EAAF).
Ante el golpe a la versión oficial, en oc- tubre de 2015 y en la
sede de la CIDH en Washington, el gobierno de Peña Nieto
prácticamente condicionó la segunda fa- se de colaboración del GIEI
a la realización de un nuevo peritaje, para determinar “si un
incendio o fuego controlado ocurrió en el vertedero de Cocula,
Guerrero, suficien- te para generar la incineración de cuerpos
humanos el 26 y 27 de septiembre de 2014”.
El 31 de marzo pasado, violando todos los protocolos establecidos
entre el GIEI y la PGR y contra las recomendaciones de los
expertos, el subprocurador de Dere- chos Humanos, Éber Betanzos, y
el espe- cialista en fuego Ricardo Damián Torres ofrecieron una
conferencia de prensa de cuatro minutos, sin admitir preguntas, en
la que dieron por definitivos los resulta- dos preliminares del
peritaje.
La decisión crispó la relación –de por sí tensa– entre la PGR y el
GIEI: los expertos intentaban avanzar en el esclarecimiento del
caso mientras sorteaban paralelamente una campaña de desprestigio
visibilizada por la presidenta de Alto al Secuestro, Isa- bel
Miranda de Wallace, y el presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad y Jus- ticia Penal, José Antonio Ortega, quien de hecho
interpuso una denuncia penal ante la PGR contra el secretario
ejecutivo de la CI- DH, Emilio Álvarez Icaza, desechada a los 15
días de haber sido admitida.
Bajo ese escenario, el viernes 15, el presidente de la CIDH, el
estaduniden- se James Cavallaro, responsable de la Re- latoría para
México, admitió que “no hay condiciones” para alargar la presencia
del GIEI, por lo que el organismo regional di-
señará un nuevo mecanismo de supervi- sión de las recomendaciones
que los ex- pertos independientes hagan.
En la primera etapa de su mandato, de marzo a septiembre del año
pasado, el GIEI propuso 20 recomendaciones para corregir la
investigación, determinar responsabili- dades y diseñar planes de
búsqueda.
En espera de que se conozca el nue- vo mecanismo de supervisión de
la CI- DH, Emiliano Navarrete insiste en la falta de voluntad
política para resolver el caso Ayotzinapa.
Apunta: “Yo le dije claro a esa señora (Gómez) que si no tenía la
convicción, si no estaba comprometida a esclarecer los hechos, que
mejor nos lo dijera, para qué nos están engañando; por el GIEI
acudi- mos a reuniones pero nomás hacíamos corajes, porque nos
decían que habían comprado tecnología de punta, pero en Guerrero no
vimos quién traía ese equipo para buscar a nuestros hijos”.
El eje criticado
Navarrete sostiene que para el GIEI “hu- bo muchos obstáculos, y el
gobierno está necio en hacernos creer que nuestros hi- jos
quedaron en el basurero de Cocula. Si hubieran trabajado en equipo
no estarían perdiendo el tiempo trabajando ahí”.
Ciertamente, a lo largo de estos 17 me- ses, la discusión sobre la
desaparición for- zada de los 43 normalistas se focalizó en el
basurero de Cocula. Sin embargo, hasta ahora no está demostrado que
ése haya si- do el destino final de los estudiantes, no só- lo
porque los peritajes del GIEI y del EAAF
CASO AYOTZINAPA
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 14/101
W ASHINGTON.- Por la crisis de dere- chos humanos y la falta de
clari- dad en la investigación del caso
Ayotzinapa, el Capitolio podría castigar al gobierno de
Enrique Peña Nieto con la retención de fondos para financiar la
lucha contra el narcotráfico, según adelan- tan asesores de alto
nivel del Poder Legisla- tivo estadunidense.
“Es inaudito lo que hizo el gobierno de
México con el GIEI al presionar a la CIDH para que diera por
terminado el mandato de participación de los expertos en la in-
vestigación de Ayotzinapa”, dice a Pro- ceso uno de los
asesores de un poderoso Comité de la Cámara de Senadores del
Congreso federal de Estados Unidos.
Durante una reunión en una sala del Capitolio, tres asesores de dos
influyentes comités senatoriales –quienes pidieron el anonimato–
explican que entre los legis-
El Capitolio se enoja J. JESÚS ESQUIVEL
ladores estadunidenses hay una creciente preocupación por el
deterioro de los dere- chos humanos en México.
“Secuestros, torturas, desapariciones, ejecuciones
(extrajudiciales), tráfico de personas y de menores de edad, son
sólo algunas de las violaciones de los dere- chos humanos que
cometen las policías federales y las Fuerzas Armadas de Mé- xico”,
comenta uno de los tres asesores
legislativos. “Lo más grave”, apunta el asesor en la
plática a la que fue convocado este sema- nario, “es que el
gobierno del presidente Peña Nieto rechaza cualquier señalamiento
en este sentido, pese a las evidencias”.
Armados de los más recientes infor- mes sobre la situación de
los derechos humanos en México, el de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y el del Departamento de Estado,
los tres machacan el tema del desco- nocimiento y rechazo total por
parte del gobierno de Peña Nieto a las acusaciones que se hacen
contra las fuerzas de seguri- dad del Estado.
“Son desconcertantes las acciones del gobierno mexicano, justo
cuando la
investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa ganaba un poco de credibilidad con la participación del
GIEI, echan a andar una estrategia política para hacerlo a un lado
y lo logran. Eso es reprochable”, matiza otro de los
asesores.
Contra la Iniciativa Mérida
Como el caso de Ayotzinapa, los conseje- ros legislativos también
mencionan como evidencia de la crisis de derechos humanos y la
participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones a las
garantías indivi- duales las matanzas de Tlatlaya, Estado de
México, y Tanhuato, Michoacán. Uno de los tres asesores no tiene
em-
pacho en adelantar lo que le recomendarán en los próximos meses al
gobierno de Barack Obama.
“Se le pedirá al Departamento de Es- tado que retenga nuevamente
15% de los fondos que se autoricen este año para la Iniciativa
Mérida. Nuevamente el gobierno mexicano será descertificado en
materia de derechos humanos”, asienta.
La descertificación en derechos huma- nos al gobierno de Peña Nieto
implicaría la retención de unos 19.9 de los 133.5 millones de
dólares que este año solicitó al
Capitolio el presidente Obama como parte del financiamiento de la
Iniciativa Mérida para la lucha bilateral contra el narcotráfico y
el crimen organizado.
Los consejeros enfatizan que en la Cámara de Senadores del Congreso
estadunidense, varios legisladores incluso ya han hablado con John
Kerry, el Secre- tario de Estado, para hacerle saber lo que le
exigirán en septiembre de este año con respecto a la retención de
ese 15%.
lo han descartado, sino por la forma en que aparece por primera vez
en el expediente.
De acuerdo con la averiguación pre- via, la primera mención no
surge de de- claraciones de los inculpados (Patricio Re- yes Landa,
El Pato; Jonathan Osorio,El Jona, y Agustín García Reyes, El
Chereje, señala- dos por Jesús Murillo Karam en la confe- rencia de
prensa del 7 de noviembre de 2014, cuando proclamó la “verdad
históri- ca”), sino de una llamada anónima recibi- da el 26 de
octubre, un mes después de la desaparición de los jóvenes.
Según el expediente sin censurar –al que tuvo acceso Proceso–, la
agente del
J a s o
n
R e e
d / R
e u
t e r s
Ministerio Público de la Federación Diana Elizabeth Guerrero Ruiz
dio fe de una lla- mada anónima recibida a las 23:15 horas del 26
de octubre en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delin- cuencia Organizada (SEIDO).
En la constancia ministerial de la agente adscrita a la Unidad
Especializada en Inves- tigación de Delitos en Materia de
Secuestro, en el telefonema “se escuchó la voz de una persona del
sexo masculino de aproxima- damente 45 años de edad, quien
manifestó que por seguridad no proporcionaría datos sobre su
identidad”, y que quería proporcio- nar información sobre los
normalistas.
Según el acta integrada en el tomo 14, el informante anónimo dijo
que los 43 nor- malistas “ya estaban muertos y que sus restos los
habían tirado en el lugar conoci- do como ‘El Basurero de Cocula
estado de Guerrero’ (sic), el cual se encuentra ubica- do a diez
kilómetros al suroeste de la cabe- cera municipal”.
El documento lo firman, en calidad de testigos de asistencia,
Aurelia Urzúa Do- mínguez y Luis Manuel López Mendieta. Ahí se
consigna que quien llamó a la SEI- DO colgó “de manera inmediata el
auricu- lar sin que esta autoridad ministerial pu- diera hacer
preguntas al respecto”.
Washington. Reacción
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 15/101
“El gobierno de México está perdiendo credibilidad internacional en
términos de derechos humanos. La forma tan categóri- ca como
rechaza las conclusiones de infor- mes tan importantes como el de
la CIDH y de las Naciones Unidas no tiene cabida en una sociedad
democrática como la mexica-
na”, matiza uno de los tres expertos. Aunque menos
vociferante que durante
el sexenio de Felipe Calderón, el Congreso estadunidense toma nota
de lo que ocurre en México en materia de derechos huma- nos, con el
pretexto del gobierno mexicano de que las violaciones que cometen
las fuerzas de seguridad del Estado se hacen en nombre de la lucha
contra el crimen organizado.
Durante el sexenio de Calderón, comi- tés del Congreso
estadunidense –como el de Relaciones Exteriores del Senado– lle-
garon a calificar de “Estado fallido” a gran parte de la zona norte
de México, porque
estaba prácticamente dominada por los cárteles del narcotráfico que
se peleaban las rutas de trasiego.
“No han cambiado mucho las cosas en México respecto a lo que
ocurrió en el gobierno del presidente Calderón con el del
presidente Peña Nieto. Pero por lo menos el presidente Calderón no
era tan intoleran- te con los señalamientos u observaciones que se
le hacían en relación a los derechos humanos”, apunta otro de los
asesores del Capitolio.
Creada en 2007, la Iniciativa Méri- da fue definida como una
herramienta bilateral de cooperación para combatir
al narcotráfico y al crimen organizado. Para financiarla, la Casa
Blanca propuso al Congreso un presupuesto de unos mil 400 millones
de dólares, los cuales se han venido aprobando y entregando por
partes cada año.
La primera retención de fondos de la Iniciativa Mérida se hizo
precisamente en agosto de 2013. Ese año el senador demó- crata por
Vermont, Patrick Leahy, retuvo varias semanas 95 millones de
dólares de
un paquete de 229 para financiar a la Inicia- tiva Mérida.
Leahy argumentó que la retención se debía a que los gobiernos de
Obama y Peña Nieto no habían informado al Con- greso estadunidense
cómo se gastarían los 95 millones de dólares, ni cuáles
serían
los objetivos que se alcanzarían con el financiamiento.
En la presidencia de Calderón, 90% de los fondos que se le
entregaron de la Inicia- tiva Mérida se utilizaron para la
adquisición de equipo militar, de tecnología de punta y para
proporcionar entrenamiento espe- cializado a grupos de élite del
Ejército, la Marina y la Policía Federal de México.
En el sexenio de Peña Nieto, los poco más de 400 millones de
dólares desem- bolsados por Washington para combatir al
narcotráfico se han destinado a financiar entrenamiento a
ministerios públicos, asis- tencia técnica y para echar a andar
progra-
mas de modernización del sistema judicial mexicano y de combate a
la corrupción.
El pasado 19 de octubre el Departa- mento de Estado, después de
recibir la recomendación del Congreso, anunció la primera
descertificación del gobierno de Peña Nieto en materia de derechos
huma- nos bajo la Iniciativa Mérida.
“El Departamento de Estado no pudo confirmar que México cumplió con
las expectativas sobre garantías básicas de derechos humanos”,
informó en ese enton- ces Mark Toner, portavoz de la Secretaría de
Estado.
El incumplimiento del gobierno de Peña
Nieto en protección de los derechos huma- nos implicó la retención
de unos 5 millones de dólares de un presupuesto de 195.
Aunque simbólica, la retención de fondos de la Iniciativa
Mérida representa mayor desprestigio internacional para
México.
En el mismo tomo se asienta que a las 00:20 horas del 27 de
octubre, a través de una nueva acta ministerial, Guerrero Ruiz
instruyó a su colega Francisco Cuauhtémoc Mauriño Cubas, en ese
momento comisio- nado en Iguala, a “descartar o verificar los
hechos manifestados en la denuncia anó- nima”, para lo cual debía
trasladarse “en compañía de peritos a dicho lugar”.
De acuerdo con el expediente, El Pato, El Chereje y El
Jona declararon el 28 de oc- tubre ante la SEIDO haber
ejecutado, calci- nado y tirado las cenizas al río.
La forma en que la SEIDO dio trámi- te a esta denuncia anónima es
de llamar
B e n
j a m
El GIEI
Lo que adelantan los tres asesores es una segunda descertificación
consecutiva por el tema de derechos humanos al gobierno de Peña
Nieto, justo cuando el desprestigio del país y de su administración
se acrecentó por
el caso Ayotzinapa y la exclusión del GIEI en las investigaciones,
amén de los casos de corrupción en el gobierno federal, como el de
la “Casa Blanca” del primer mandatario, o la de Malinalco, del
secretario de Hacienda.
“Lo que no se entiende es por qué el gobierno mexicano se adelantó
a informar que daba por concluida la participación del GIEI (Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes) de la CIDH, cuando
éste todavía ni siquiera entregaba su informe final”, destaca uno
de los asesores.
“Cuando Juan Méndez (relator de la ONU para la tortura) denunció
que la tortu- ra en México era generalizada, el gobierno
del presidente Peña Nieto lo descalificó y ahora ni siquiera lo
deja regresar al país”, resalta uno de los asesores. “Lo mismo está
haciendo con el GIEI, el cual ha des- mentido la versión original
del gobierno de la supuesta quema de los 43 normalistas en un
basurero (Cocula)”, agrega.
Los tres asesores legislativos que con- vocaron a Proceso para
hablar de la crisis de derechos humanos en México tienen una teoría
de lo que ocurre en el gobierno de Peña Nieto cuando se le hacen
críticas por las violaciones a las garantías indivi- duales que
cometen los militares y en ge- neral las fuerzas de seguridad del
Estado.
“Pareciera que vive en un estado de negación. Pareciera que no le
importa la realidad ni las evidencias; niega todo lo malo que pasa
en México y con ello aprue- ba la impunidad a los que comenten las
violaciones a los derechos humanos”, dice uno de ellos.
Exigencias. Oidos sordos
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 16/101
ANABEL HERNÁNDEZ
P or documentos internos de la base igualteca de la Policía Fe-
deral (PF) se conocen los nom- bres de los siete agentes de esa
corporación que entraron en acción la noche del 26 al 27 de
septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Bur- gos, de Ayotzinapa, desaparecieron.
Son Luis Antonio Dorantes Macías, suboficial jefe de la base de la
PF en Iguala; el subinspector José Carlos Hernández Ro- mero; los
oficiales Víctor Manuel Colme- nares Campos y Arturo Gómez Gómez; y
los suboficiales Emmanuel de la Cruz Pé- rez Arizpe, Marco Antonio
Pérez Guzmán y Alfonso Ugalde Cámara.
Colmenares y Pérez Arizpe son dos de los policías reconocidos por
un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Hu- manos,
cómplices de la desaparición de
la atención, pues en el expediente están integradas decenas de
llamadas anóni- mas y fotografías de narcomantas que no fueron
investigadas.
Emiliano Navarrete recuerda que cuando se reportó la llamada
anónima y se dieron las declaraciones de los in- culpados,
“estábamos integrados cinco
padres en la búsqueda de información, acompañados de la Policía
Federal, íba- mos de aquí para allá, viendo cómo no se hacían las
búsquedas como debería de ser, y de repente sale Murillo
Karam.
“Si ellos tenían la certeza de que los muchachos habían sido
quemados, nos habrían dicho de inmediato, no habrían jugado
con nuestros sentimientos, por eso es claro que la ‘verdad
histórica’ es una mentira planeada por Murillo”, considera.
La inconsistencia de la versión ofi- cial y la insistencia en
sostenerla pese a las pruebas científicas en contra llama-
ron poderosamente la atención de los integrantes del GIEI, contó la
exfiscal co- lombiana Ángela Buitrago en un acto or- ganizado por
el Colegio de México (Col- mex) el jueves 21.
En la sesión de preguntas y respuestas al término de su conferencia
“Ayotzinapa y el GIEI. Balance y lecciones”, la colom- biana
resaltó que la versión del basurero de Cocula se sostiene en “cinco
declara- ciones contradictorias” con “grandes in- congruencias”,
mientras que antes que éstas se tomaron declaraciones a otros siete
inculpados que señalan como desti- no final de algunos de los
estudiantes el cerro de Pueblo Viejo, en las inmediacio- nes de la
colonia Guadalupe (Iguala).
“Si fuera por fuerza numérica debía
tener más fuerza la primera versión de los siete inculpados que la
de los cin- co que hablaban del basurero de Cocu- la; si es en
contexto y en contenido de la versión, habría mayor congruencia en
las siete que en las cinco”, reflexionó la abogada ante los
académicos.
Abundó: en relación con el resto óseo
encontrado en el río San Juan e identifi- cado como de Alexander
Mora Venancio, no tiene que ver con el basurero, aunque “se ha
vendido de esa manera”. De he- cho, ambos puntos están separados
por más de seis kilómetros.
Limitada a dar detalles de lo que sería el informe final del GIEI,
Buitrago resal- tó que durante el segundo periodo de su gestión,
las búsquedas se enfocaron en los cerros de Pueblo Viejo y El
Zapatero.
Blanco de la campaña de despresti- gio desatada en los últimos
meses, Bui- trago advirtió en el Colmex que el trabajo de encontrar
la verdad en el caso Ayotzi-
napa “apenas empieza”, y que no será ni en tres ni en seis meses
cuando se cono- cerá el destino final de los jóvenes.
Para los padres de los desaparecidos, como don Emiliano Navarrete,
el tiem- po no importa. Está convencido de que la verdad se
conocerá a fuerza de no ce- jar en su lucha.
“Aunque se vaya el grupo de expertos y todavía no sepamos qué va a
pasar, es el gobierno quien tiene una deuda pen- diente con los
mexicanos; sabemos que el gobierno está acostumbrado a callar a la
gente, pero nosotros tenemos muchas personas que nos apoyan para
encontrar la verdad. No vamos a parar, van a tener que matarnos si
nos quiere callar”, sen- tencia don Emiliano.
O c
Encuentro. Lista de pendientes
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 17/101
La participación activa de la Policía Federal en la desa- parición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya no se puede disimular. Dos
polícías federales fueron seña- lados por un testigo de la CNDH
como activos partici-
pantes en el secuestro de más de 15 normalistas que viajaban en un
autobús el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con documentos
oficiales, ambos pertene- cen al grupo de siete integrantes de la
PF que tuvieron alguna intervención en la trágica Noche de Iguala.
Este reportaje se realizó con el apoyo del Programa de Perio- dismo
de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
los 15 o 20 normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro
1531 el 26 de sep- tiembre, revelaron fuentes vinculadas a la
investigación de la CNDH.
Según ese testigo, entre las 22:00 y las 22:30 horas –cuando los
policías munici- pales agredieron a los estudiantes en la autopista
federal 95 y los obligaron a bajar
del autobús para subirlos a vehículos de la Policía Municipal de
Huitzuco–, Colmena- res y Pérez Arizpe atestiguaron y permi- tieron
que ocurriera la agresión en un tra- mo carretero que, según
información de la propia PF y de la Secretaría de Comunica- ciones
y Transportes (SCT), está bajo juris- dicción federal.
Según testimonios publicados desde septiembre de 2015 por esta
reportera (Pro- ceso 2029), a la altura del Palacio de Justi-
cia los policías federales también apunta- ron sus armas contra los
normalistas, a la vista de decenas de automovilistas que ha- bían
quedado varados por el bloqueo insta-
lado para atacar a los estudiantes. En lo que parece una acción de
encu-
brimiento, en vez de someterlos a inves- tigación, después de los
hechos Colme- nares y Pérez Arizpe fueron trasferidos a otras bases
de la PF. El primero a Tlaxca- la y el segundo a Tlalnepantla,
Estado de México, ambos en funciones de vigilancia.
De acuerdo con documentos obteni- dos de la Secretaría de la
Función Públi- ca y de la PF mediante la Ley Federal de
Transparencia, Dorantes y Colmenares tienen historiales de
indisciplina e irregu- laridades en la corporación. Súbitamente,
menos de un mes después de la desapari- ción de los normalistas, el
primero renun- ció a la Policía Federal y nunca ha sido in-
terrogado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo algunos de los siete fede- rales mencionados detuvieron el
camión donde viajaban los jugadores de futbol del equipo Avispones,
a la altura del Pa- lacio de Justicia, mientras ocurría el ata- que
contra los normalistas; tras dejarlos ir, metros adelante fueron
baleados con armas de grueso calibre según la denun- cia hecha por
padres de los futbolistas a principios de marzo pasado.
Según la tarjeta informativa No. 1364/2014, Colmenares, Hernández,
Gó- mez, Pérez Arizpe y Ugalde fueron los pri- meros en llegar tras
el ataque contra los jugadores, en el cual murieron tres
perso- nas. Los efectivos de la PF negaron apoyo a los heridos y no
llamaron a la ambulancia, de acuerdo con el testimonio de sobrevi-
vientes, de sus familiares y de un funcio- nario del gobierno de
Guerrero.
En la investigación periodística reali- zada se cuenta con pruebas
documenta- les que demuestran que la base de la PF de Iguala vigiló
a los normalistas de Ayo- tzinapa desde el 25 de septiembre,
cuando
Con nombres y detalles,
Ex pedient e. Señalamient os dir ect os
CASO AYOTZINAPA
2060 / 24 DE ABRIL DE 2016 17
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 18/101
llegaron a las inmediaciones de Iguala pa- ra hacer un primer
boteo.
Y el 26 de septiembre, junto con el Ejército y la policía estatal,
Colmenares y otros federales vigilaron el camión Es- trella de Oro
1531 desde las 20:00 horas, cuando los estudiantes llegaron a la
case- ta número 3 en la entrada de Iguala. Cua- tro horas después,
en el Palacio de Justicia de ese autobús desaparecieron todos los
normalistas.
Desde diciembre de 2014, en el repor- taje La historia no
oficial (Proceso 1989) se reveló que la PF había
participado activa- mente en el ataque a los estudiantes y el
Ejército había estado presente.
Vigilados desde el 25
De acuerdo con la documentación reca- bada para este trabajo, la
Policía Federal estaba en alerta por la presencia de nor- malistas
desde al menos un día antes. En la tarjeta 1348/ 2014 (hoja 881)
fechada el 25 de septiembre, Dorantes informó a sus superiores que
la PF vigiló en la autopista Iguala-Mezcala durante tres horas a 50
es- tudiantes de la normal que viajaban en un autobús Estrella de
Oro.
“Por parte de esta estación Iguala se en- cuentra monitoreando a
distancia el mo- vimiento, para prevenir cualquier acto vio- lento,
de igual manera se solicita el apoyo y presencia de la policía
estatal”, señaló Do- rantes y luego informó que los normalistas se
retiraron a las 15:00 horas.
“Acciones inmediatas: Se mantiene personal de esta estación
pendiente en el tramo carretero en coordinación con au- toridades
estatales para llevar a cabo ac- ciones preventivas”, señaló en
otra tarje- ta informativa.
También policías estatales vigilaron a los normalistas desde hora y
media antes de que fueran atacados.
El 26 de septiembre de 2014 José Ada- me Bautista, coordinador
operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Gue- rrero, en
la tarjeta informativa 02370 en- viada al titular de la SSP,
Leonardo Váz- quez, informó que a las 20:00 horas él se coordinó
con Colmenares y cinco policías federales más para monitorear a los
nor- malistas que habían llegado en el autobús 1531 de Estrella de
Oro.
Los normalistas afirman que se fueron de la caseta para dirigirse a
la central de autobuses de Iguala a fin de rescatar a 10 compañeros
que habían sido encerrados en un camión por un chofer.
De acuerdo con las pruebas documen- tales, a las 21:55 horas el
policía estatal Erik Nazario Hernández, desde el C-4 de Iguala,
informó a la base de la PF que “los estudiantes de la Escuela
Normal Rural de Ayotzinapa, a bordo de dos autobuses de la empresa
Estrella de Oro, ocasiona- ros disturbios en la calle Juan N.
Álvarez y sobre la avenida Periférico de esta ciudad contra
elementos de la Policía Preventiva Municipal”, señala la tarjeta
informativa 1369/2014 rotulada “disturbios por estu- diantes de
Ayotzinapa en la ciudad”.
Fue después de que la PF recibió esa información cuando sus
efectivos fueron vistos por testigos en el Palacio de Justicia
–incluyendo al revelado por la CNDH la se- mana pasada– y en la
calle Juan N. Álvarez.
Asimismo, dos policías municipales de Iguala declararon el 27 de
septiembre que vieron a agentes federales en al me- nos una de las
escenas del crimen.
“Atravieso mi unidad sobre el Periféri- co para dar seguridad y fue
que permanecí
varios minutos escuchando que solicitaban el apoyo por el Puente
del Chipote, donde se encuentra el Palacio de Justicia, enfren- te,
por lo que indico a mis compañeros que nos subiéramos a la patrulla
para trasladar- nos a brindar el apoyo al Puente del Chipote y al
llegar a dicho lugar hice lo mismo, dar seguridad a la retaguardia
semiatravesan-
do la unidad y me percaté que había varias patrullas, entre cinco o
seis patrullas… y de ahí me percaté que llegaron dos patrullas de
la Federal de Caminos, así como una pa- trulla de la Policía
Ministerial”, declaró an- te la Fiscalía General de Guerrero
Alejandro Andrade de la Cruz, quien aseguró que iba a bordo de la
patrulla 28.
“No recuerdo la hora exacta (…) cuando pidieron el auxilio para que
nos trasladára- mos frente al Palacio de Justicia ubicado en
Carretera Nacional México-Acapulco, me dijo el comandante Alejandro
Andrade de la Cruz que le habían reportado una riña, y al llegar a
este lugar ya no había casi na-
die; encontramos una patrulla de la Policía Federal, después nos
retiramos a hacer re- corrido”, afirmó Nicolás Delgado Arellano,
quien también iba en la patrulla 28.
“(Los estudiantes) no refieren expresa- mente que hayan visto
disparar a policías federales, pero sí estaban ahí, había pre-
sencia de policías federales, ¡había!, eso es claro, lo tienen muy
presente”, afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los normalis- tas y
de sus padres, en entrevista el 21 de marzo de 2015.
Según el testigo de la CNDH, en las in- mediaciones del Palacio de
Justicia hubo un diálogo entre federales y los policías municipales
que bajaron a los normalis- tas del autobús Estrella de Oro
1531.
“Allá atrás chingaron a un compañero, se los van a llevar a
Huitzuco, allá que el patrón decida qué va hacer con ellos”, ha-
bría dicho un policía municipal igualteco a los dos federales
mientras los estudian- tes eran subidos a patrullas de la policía
de Huitzuco, según el testigo de la CNDH.
“¡Ah! Ok, ok, está bien”, respondie- ron, mientras veían cómo se
llevaban a los normalistas.
El pasado viernes 15 la CNDH dijo que dos agentes federales
“habrían consenti- do que de manera indiscriminada dos cor-
poraciones policiales municipales operen en dicha zona de
jurisdicción federal; ade- más asienten que los normalistas deteni-
dos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un
municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que
actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de
Huitzuco”.
La información confirmada por fuen- tes directamente relacionadas
con el caso señala que Colmenares y Pérez Arizpe son esos dos
policías.
También se descubrió que a las 22:55 horas del 26 de septiembre la
PGR ya esta-
O c
Agentes federales. Ocultamiento
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 19/101
ba enterada de los ataques, aunque duran- te meses lo ha negado y
ha dicho que no podían hacer nada al respecto. César Iván Pilares,
agente del Ministerio Público de la Federación, en un oficio ordenó
a Dorantes “investigar la veracidad” de la información sobre que
“alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a
balazos
con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un
fuerte operati- vo en las calles céntricas de esta urbe, ha- ciendo
del conocimiento que dichos estu- diantes tienen en su poder
autobuses...”.
Declaraciones falsas
Pese a las tarjetas informativas, oficios y los señalamientos
contra la PF, seis de los siete agentes no fueron llamados a decla-
rar por la PGR, sino hasta el 11 de mayo de 2015. Dorantes no
declaró porque supues- tamente no fue localizado. Colmenares mintió
ante la PGR, de acuerdo con la co-
pia íntegra que se tiene de su declaración. Dijo que el 26 de
septiembre, cubrien-
do su turno de las 15:00 a las 23:00 horas, junto con Pérez
Arizpe estuvo en la patru- lla 09908. Dijo que le tocó el tramo
carrete- ro Puente de Ixtla-Iguala.
En su declaración admitió que el 26 de septiembre participó en un
operativo con la policía estatal en las inmediaciones de la caseta
3 junto con Pérez Arizpe y otros ele- mentos, pero mintió sobre la
hora en que estuvieron ahí y omitió decir que vigilaron a los
normalistas, como lo afirma Adame Bautista en la ficha informativa
referida.
Colmenares dijo que entre las 22:15 y las 22:30 les llamó Dorantes
para orde- narles ir a la base de la PF ubicada sobre la carretera
95, a la entrada de Iguala. De acuerdo con el mapa carretero, pudo
pa- sar el Palacio Judicial en el tiempo en que el testigo de la
CNDH ubica su diálogo con policías municipales mientras ocurría la
desaparición.
Colmenares no mencionó en su decla- ración el incidente. Dijo que,
ya en la esta- ción, Dorantes les ordenó ir al Palacio Mu- nicipal
a entrevistarse con Felipe Flores, jefe de la Policía
Municipal de Iguala, para investigar la balacera alertada por la
PGR.
Afirmó que habló con el jefe policia- co quien, según él, le dijo
que hubo deto- naciones de arma de fuego en el centro de Iguala y
que cuando los municipales acu- dieron al lugar, fueron agredidos
por los normalistas, “viajando éstos a bordo de un autobús Estrella
de Oro, iniciando una persecución que terminó frente al Palacio
Judicial, el cual se encuentra ubicado en carretera nacional
Cuernavaca-Chilpan- cingo (tramo municipal), dejando abando- nado
dicho autobús en el lugar”, escribió Colmenares en una tarjeta
informativa de la cual se tiene copia.
Pero también mintió en eso. El Palacio
de Justicia ya está dentro del perímetro de jurisdicción
federal.
En las declaraciones de militares (Pro- ceso 2027 ) uno de
ellos afirmó que vie- ron cómo la empresa Grúas Nava remolcó
después de la medianoche el autobús Es- trella de Oro 1531, que se
encontraba cer- ca del Palacio de Justicia.
Según documentos de la SCT obteni- dos para este reporte, Grúas
Nava opera en el tramo bajo la jurisdicción de la PF y esta
corporación es la que debe orde- nar a dicha empresa mover los
vehículos incidentados.
En Iguala se acudió directamente a Grúas Nava, ubicada muy cerca
del Palacio de Justicia, para preguntar sobre el camión Estrella de
Oro 1531. El señor Nava, encar- gado de la empresa, visiblemente
asusta- do, mintió y dijo que ellos no habían labo- rado esa noche
y que había que preguntar a la PF cómo y a dónde se llevaron el
auto- bús. Pero según el rol de grúas entregado
por la SCT, del cual se tiene copia, esa no- che sí trabajó Grúas
Nava.
Colmenares declaró que después de hablar con Flores regresaron a la
coman- dancia y pasadas las 24:00 horas salieron seis agentes al
sitio del ataque contra los Avispones en las patrullas 9908, 11744,
11740 y 9910. Al lugar también llegó Do- rantes en la patrulla
11742 y después arri- bó el subprocurador de Guerrero, Ricardo
Martínez, con dos asistentes.
Declaró que en el lugar él dio seguri- dad perimetral y mintió de
nuevo al afir- mar que el Ministerio Público del fuero común, luego
del levantamiento de cadá- veres, ordenó a la grúa retirar los
vehícu-
los incidentados, entre ellos un taxi, para llevarlos al corralón.
Pero, de acuerdo con documentos firmados por el propio Do- rantes,
fue la PF la responsable de ordenar el levantamiento de tales
vehículos.
Pérez Arizpe en su declaración, de la cual también se tiene copia,
igualmen- te mintió en los horarios en que estuvie-
ron en el operativo con la policía estatal y omitió decir que
vigilaron a los normalis- tas. También faltó a la verdad al decir
que prestaron auxilio a los futbolistas.
Dijo que al llegar al lugar del inciden- te, cerca del cruce con
Santa Teresa, “se les brindó seguridad y se solicitaron los servi-
cios de emergencia”. De acuerdo con la in- formación de la Cruz
Roja, fue un taxista quien llamó a la ambulancia.
“Estaba lloviendo y ni los elementos del Ejército ni de la Policía
Federal les ha- bían brindado apoyo (a las víctimas)”, afir- mó en
declaración rendida el 29 de octu- bre de 2014 un funcionario del
gobierno de
Guerrero que esa noche acompañaba al subprocurador Ricardo Martínez
Chávez.
En las declaraciones rendidas por Col- menares Campos y Pérez
Arizpe, la PGR no les formuló ni una sola pregunta.
Negro historial y sanciones
Desde hace meses esta reportera investi- ga los antecedentes de
Colmenares y Do- rantes. Por medio de la Ley de Transpa- rencia se
obtuvo el historial de arrestos y sanciones de ambos policías,
obtenidos tanto de la Secretaría de la Función Públi- ca como de la
propia PF, la cual en un prin- cipio se negó a entregarlos.
G e r m
Los camiones. Claves despreciadas
8/17/2019 Revista Proceso México
contada a muchas voces
Son flashazos en primera persona, destellos testimo- niales de los
sobrevivientes de la Noche de Iguala. Son relatos del terror que
sintieron quienes se supieron víctimas de un operativo de
exterminio. Normalistas, profesores, periodistas… John Gibler
reunió ese gran coro trágico en el volumen Una historia oral de la
infa-
mia (Grijalbo sur+) que acaba de salir de la imprenta.
He aquí unos fragmentos.
JOHN GIBLER
J UAN SALGADO, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO. No llegaba ninguna
autoridad para resguardar el lugar de los hechos. No llegaba la
Policía Estatal, no llegaba nadie para resguardar el lugar.
Estuvimos, pues, por nuestra cuenta, señalando los car- tuchos de
bala, ubicando dónde estaban. Les poníamos pie- dras, les poníamos
un vaso o algo para que nadie las moviera,
como evidencia. Algunos empezaron a tomar fotografías. Porque al
ver que no llegaba nadie, dijimos “pues nosotros resguardamos el
lugar aunque sea”. Y al poco rato vimos que empezaron a llegar
reporteros, también llegaron compañeros de apoyo de la Normal.
Llegaron dos Ur- van. Desconozco bien cuántos compañeros eran, pero
sí llegaron.
–¿Qué les pasó, cómo están? –Estamos bien. –¿Y los demás? –A
algunos se los llevaron –¿A cuántos se los llevaron? –Entre 15 o 17
se llevaron en las patrullas. –¿Pero ustedes están bien? –Sí, pero
hay dos heridos. –¿Y los demás heridos? –Se los llevaron al
hospital. Y, bueno, ya estuvimos ahí, con reporte de 100 preguntas,
las entre-
vistas, y en ese momento un compañero de tercer año nos dio un
cigarro y dijo: “fúmense un cigarro aunque sea para calmar los
nervios, porque sí están espantados”. Y nos sentamos en una
banqueta.
GERMÁN, 19, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO. Tardamos un rato ahí.
Em- pezaron a tomar fotos, creo que llegó la prensa o algo así, no
sé. Empeza-
Colmenares fue dado de alta en la Po- licía Federal de Caminos en
1987 por ór- denes del comandante Enrique Hara- ri Garduño,
detenido en 2000 acusado de presuntos vínculos con la delincuencia
organizada. Desde el principio, Colmena- res acumuló decenas de
arrestos de horas y días e incluso fue sujeto de
investigacio-
nes ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras
su paso por Ba- ja California Norte, Texcoco e Iguala.
Entre las muchas faltas cometidas en su trabajo como policía está
el no pre- sentarse a sus servicios, fallas operativas, no elaborar
partes informativos, abando- no de su puesto de trabajo,
desobedien- cia, falta de supervisión del personal a su cargo, no
entregar sus armas al terminar sus servicios, utilizar su vehículo
particu- lar sin placas, “haber hecho mal uso del radio-transmisor
en servicios de seguri- dad y vigilancia”, “relajar la disciplina
en oficinas” y “participar en conato de bron-
ca en centro de vicio, resultando daños al establecimiento”.
En 2003 el Órgano Interno de Control de la PF le inició un
procedimiento cuan- do estaba adscrito a Texcoco. Se le acusó de
sustraer de la carpeta de novedades la licencia médica de un
policía federal y de alterar el documento “imprimiendo la le- yenda
VIH (sida) en el rubro de diagnósti- co” de dicho compañero,
exigiendo a otros policías testigos “no mencionar nada al respecto
a nadie”. Como consecuencia fue suspendido 30 días.
En 2014, ya en Iguala, la ASF revisó el desempeño del “Apoyo en
política migra- toria” de la PF y descubrió irregularida- des en la
actuación de Colmenares y otros cuatro agentes. Se les acusó de
abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones por haber
detenido ilegalmente a un ciu- dadano de Ecuador en las
inmediaciones Morelos, sin tener autoridad para hacer- lo, para
después ponerlo a disposición del Instituto Nacional de
Migración.
La PF lo protegió a él y a sus compa- ñeros y el 9 de septiembre de
2014, días antes de la desaparición de los normalis- tas, fue
absuelto por el Órgano Interno de Control de la PF.
Dorantes también acumula irregulari- dades en su carrera policial,
como “falta en el desempeño de su servicio de guar- dia”, “no
rendir novedades”, “no llenar co- rrectamente el libro de control
de vales de gasolina”, faltar a sus servicios, no hacer su trabajo
y omitir consultar el banco de datos de vehículos robados, no
cumplir con las órdenes de servicio y omitir la re- visión de
vehículos que transportan pro- ductos y derivados del petróleo, así
como “relajar la disciplina dentro de las instala- ciones de la
comisaría”.
El 23 de octubre de 2014 presentó su renuncia “irrevocable” a la
PF.
20 2060 / 24 DE ABRIL DE 2016
8/17/2019 Revista Proceso México
http://slidepdf.com/reader/full/revista-proceso-mexico 21/101
ron a tomar fotos de donde estaban los impactos, los casquillos, la
sangre que había quedado del compa caído. Yo estaba hablan- do por
teléfono con mi novia. Le decía que ya había pasado todo, que ya
estaba más tranquilo, que ya se habían ido los policías. Y
gracias a eso yo me alejé porque como estaban en bola ahí todos, yo
dije, “no, pues voy a hablar por teléfono”. Estaban como unos cinco
conmigo, seis, estábamos cuidando el otro lado de la ave - nida a
ver si veíamos algo. Estaba hablando con mi novia cuan- do escuché
que empezaban a disparar de nuevo. No vi quiénes eran porque yo
estaba retirado del lugar, estaba casi en la orilla, lejos de
ellos. Yo escuché los disparos. No volteé a ver sino que empecé a
correr, a correr. Le colgué a mi novia, porque lo escu- chaba. Con
nosotros iba una muchacha, una muchacha de otra organización. Ella
conocía Iguala y nos hizo el favor, nos metió en una casa. Ahí
estuvimos escondidos. Me marcó mi novia pe- ro no le contestaba yo.
Le mandé un mensaje de que no podía hablar porque estábamos
escondidos, en silencio, para no hacer mucho ruido. Le escribí: “yo
estoy bien, gracias a Dios, yo te mar- co, no te preocupes”.
JORGE HERNÁNDEZ ESPINOSA, 20, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO.
Estábamos parados en la esquina donde estaban los auto- buses.
Estaba platicando con mi compañero, ése al que le quita- ron el
rostro, y me empezó a platicar cómo había estado el pro- blema,
cómo se habían llevado a nuestros compañeros y todo eso. Él estaba
muy desesperado, muy nervioso, asustado, la voz se le cortaba, así
como que quería llorar pero a la vez, no sé, co- mo que tenía miedo
pues. Entonces yo le dije a él, recuerdo que yo le dije “a ti no te
pasó nada”, y él me dijo: “no porque para mi fortuna yo era uno de
los que venía hasta atrás y me escondí na- da más, y cuando tiraron
balazos ellos, les tiraron al autobús”, y él se tiró debajo de los
asientos.
Entonces ahí de repente pasa una camioneta y nos tomaron unas
fotos, sacaron flash. Yo le dije al Chilango “oye, ¿y ése, qué
pedo?”. No hicimos caso, seguimos platicando y al rato no sé, yo me
asomé hacia el otro lado de la carretera y veo a tres hombres
vestidos de negro, cubiertos, y ya cuando empezaron a disparar, yo
lo que hice fue correr hacia abajo, hacia la parte de abajo, y re-
cuerdo que El Chilango corrió atrás de mí.
JUAN RAMÍREZ, 28, ESTUDIANTE DE PRIMER AÑO. Los policías
se fueron. Andamos paseando con un primo. Llegaron los pe-
riodistas, los reporteros, pues para tomar notas de cuanto car-
tucho había, algo así. Después de que pasó eso, los compañeros
compraron cigarros. Todos los compañeros estuvimos fumando. Yo
estaba platicando con el chavo de México. Pero, cómo pasó ese caso,
pues, y él también, uno no esperaba… Me comentaba pues que al
siguiente día él se iba a ir a su casa porque no quería arriesgar
su vida. Él pensaba en su familia, en su esposa, su hija que es lo
que le importaba más. De repente yo vi una camioneta negra. Yo no
los vi bien. Empezaron a tirar para arriba. Y luego de repente
empezaron a tirarnos a nosotros y yo me olvidé del ca- marada de
México. Yo corrí como pude.
PEDRO CRUZ MENDOZA, MAESTRO DE IGUALA, MIEMBRO DE LA COORDINADORA
ESTATAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE GUERRERO.
Nosotros estábamos en una reu- nión con compañeros de la CETEG.
Como a las diez de la noche me llegó un mensaje de una compañera.
Me comuniqué po