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La comisión especial designada por la APDH para el “tratamiento de detenidos”, presentaba en marzo de 1978 un informe en el que declaraba la necesidad de salvaguardar la dignidad de las personas detenidas, cualquiera fuera el delito cometido, al tiempo que sostenía que era esencial la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas internas, los derechos civiles y políticos, y el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso.
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