El 1 de junio del año 2009 comenzaba –según las expectativas de la mayoría de la

población salvadoreña- una nueva etapa en la historia del país, la cual supuestamente

estaría caracterizada por una ruptura con el orden neoliberal imperante hasta ese momento.

A tres años de dicha algarabía, la situación económica, social, ambiental y política no

muestra cambios sustanciales, sino más bien la profundización del agotado y fracasado

modelo neoliberal.

Ante tal estado de cosas, el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM),

como parte del movimiento social comprometido con las mayorías populares, expresa su

posicionamiento sobre la gestión de Mauricio Funes y su gabinete de gobierno,

evidenciando lo que nos parecen los principales aciertos –muy pocos- y desaciertos -

muchos- acaecidos durante estos tres años de gobierno.

Luego de veinte años de aplicación de políticas neoliberales, la economía salvadoreña

evidenciaba ya un fracaso y un agotamiento en su modelo de crecimiento. Con la llegada de

Mauricio Funes se generaron expectativas positivas, de un giro en la forma de hacer política

económica; sin embargo, para infortunio de la sociedad, a tres años del gobierno Funes la

economía nacional sigue teniendo un pírrico comportamiento, lo cual es causa del

continuismo del presente gobierno en el manejo de las políticas económicas, las cuales

siguen estando bajo la lógica neoliberal.

En el año 2009 la economía tuvo un decrecimiento de -3.1%, ello causado en parte por la

crisis económica mundial, pero también por factores estructurales de carácter interno

(dolarización, austeridad fiscal, escaso apoyo al sector agropecuario, bajo encadenamiento

productivo, baja inversión privada y pública). El fracaso económico del gobierno también se

ha visto en el bajo crecimiento de 2010 (1.4%) y 2011 (1.5%), lo cual también ha llevado a

la baja proyección para el presente año. Dicho comportamiento ha sido aún más grave para

el sector agropecuario, mismo que es clave para asegurar la alimentación a la población.

Ver cuadro 1.

El deterioro económico durante estos tres años de gobierno se ha hecho sentir en las

condiciones familiares, pues el desempleo ha incrementado, los salarios mínimos nominales

han subido menos que el alza en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y que la Canasta de

Mercado (CM). Asimismo, el alto precio de ésta última hace que las familias que tienen sólo

el salario mínimo no puedan acceder a ella, pues el valor de la CM supera en más de cinco

veces al salario mínimo, tanto urbano como rural.

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Coyuntura Nacional 2012

La administración Funes:

Tres años de continuismo neoliberal

Cuadro 1: indicadores del sector real de la economía, 2008-2012.

Indicador/año 2008 2009 2010 2011 2012

Variación PIB* Real (%) 1.3 -3.1 1.4 1.5 1.9-2.5**

Variación PIB Agropecuario (%) 3.0 -2.9 3.1 -3.8 nd

Desempleo (%) 5.9 7.3 7.1 nd nd

Salario Mínimo Urbano ($) 182.5 194.8 194.8 210.3 210.3

Salario Mínimo Agropecuario ($) 90 97.2 97.2 105 105

Canasta Básica Alimentaria Urbana ($) 171.2 168.0 168.3 183.0 176.1

Canasta Básica Alimentaria Rural ($) 127.9 120.9 118.4 144.4 137.5

Canasta de Mercado ($) 760.9 759.5 775.4 814.9 738.1

Fuente: elaboración propia con datos de: BCR, MTPS y DIGESTYC.

Nd: no disponible.

*Producto Interno Bruto.

**proyección.

En cuanto al sector fiscal, es evidente el deterioro en la situación de las finanzas públicas,

la cual se refleja en el creciente déficit experimentado por el Sector Público No Financiero,

cuya cota superior la alcanzó en el año 2009 (-5.7% respecto al PIB) y que el año pasado

fue de -4.0% del PIB (ver cuadro 2). Lo más crítico es que el gobierno central no tiene

autonomía para diseñar su política fiscal, pues la misma se encuentra anclada al Acuerdo

Stand-By suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual exige mantener la

dolarización (otra camisa de fuerza) y racionalizar el gasto público –recorte de subsidios-,

sin crear impuestos que graven el capital.

Cuadro 2: indicadores del sector fiscal de la economía salvadoreña, 2008-2011.

Indicador/año 2008 2009 2010 2011 2012

Déficit fiscal SPNF/PIB -3.2 -5.7 -4.3 -4.0 Nd

Deuda Pública (millones de U$)

9,723.6 11,173.5 11,778.3 12,951.2 13,230.7*

Fuente: elaboración propia con datos de BCR y MH.

Nd: no disponible.

La política comercial por su parte, tampoco muestra ningún cambio sustancial, pues se le

sigue apostando a una inserción internacional vía maquila y productos de bajo contenido

tecnológico. Eso ha provocado que la balanza comercial se deteriore todavía más,

pasando de $-3,459.3 millones en el año 2009 a $-4809.4 millones en el año 2011 (ver

cuadro 3). Asimismo, el país sigue siendo altamente dependiente del exterior para

satisfacer su demanda de alimentos, con lo cual la búsqueda de una auténtica soberanía

alimentaria también es una asignatura pendiente para el actual gobierno.

Cuadro 3: déficit comercial (en millones de U$), 2008-2011.

2008 2009 2010 2011

-5176.6 -3459.3 -3998.9 -4809.4

Fuente: elaboración propia en base a información de BCR.

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2012

2012 Coyuntura Nacional

Artículo de Opinión No. 06

Otro componente continuista y crítico de la política comercial es la negociación y

suscripción de acuerdos comerciales, a sabiendas de todas las asimetrías y desventajas

que ellos conllevan para la clase trabajadora y los sectores productivos nacionales.

Además de las nefastas consecuencias de los TLCs en desempeño comercial, también se

tienen las demandas que empresas multinacionales han interpuesto contra el Estado

salvadoreño, como son las de Pacific Rim y la de Commerce Group ante la negativa del

gobierno salvadoreño para otorgarles la licencia de explotación de minas de oro a cielo

abierto en nuestro país.

En materia de política social sí puede verse un cambio –aunque no en todas las áreas- en

el accionar de este gobierno, pues son loables ciertos programas y proyectos en el tema

de la vivienda (Programa Casa para Todos), en salud (Ecos Familiares), en educación

(Paquetes Escolares, Vaso de Leche). Si bien se dice desde algunos sectores que tales

programas son populistas, ciertamente son necesarios a corto plazo para mitigar –aunque

sea de manera asistencialista- los efectos de la crisis económica sobre los segmentos

poblacionales más vulnerables.

Los aspectos negativos en la política social son dos: el financiamiento de la misma, que

se está haciendo mayoritariamente vía préstamos, lo cual conlleva a mayor

endeudamiento para las futuras generaciones y, en segundo lugar, los derechos

laborales, área ésta en la cual no existe una determinación del gobierno central para

hacer cumplir tales derechos.

Respecto al medio ambiente, es claro que el patrón de producción vigente en El Salvador

ha generado graves deterioros al medio ambiente, entre ellos: el agotamiento y la

contaminación de los recursos hídricos, del suelo y del aire, afectando así la calidad de la

salud de niños y niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas; ante tal estado de cosas,

sería de esperar acciones tendientes a revertir dicha situación. No obstante, la práctica

del gobierno central ha sido más bien a permitir el deterioro medioambiental; los ejemplos

de dicho comportamiento son numerosos y diversos: megacarreteras, represas

hidroeléctricas, instalación de transnacionales como Wall Mart, etc. Con ello, se alteran

los ecosistemas, se reduce la infiltración de agua, se destruyen hábitats de especies

animales y vegetales, etc.

Pero la amenaza más grande al actual estado –ya de por sí deplorable- del medio

ambiente en nuestro país es la minería metálica1, tanto a nivel interno como también la

que se realiza en las zonas transfronterizas a El Salvador. Al interior de nuestro país, el

gobierno central mantiene (al menos en el discurso) una negativa a otorgar permisos de

explotación minera, lo cual es muy positivo; sin embargo, recientemente se ha conocido la

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) realizada por el Ministerio de Economía –cuando

debería hacerla el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales- en la cual se deja

clara la intención del ejecutivo de sentar las bases para permitir la explotación minera en

el país, sin importarle los irreversibles daños que ella ocasionaría en términos

ambientales, sociales, económicos y culturales. De hecho, la EAE más bien parece un

estudio de preinversión que solamente viene a justificar la supuesta viabilidad de la

minería metálica en territorio salvadoreño.

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En cuanto a la minería transfronteriza, la principal amenaza actualmente se cierne sobre

el occidente del país, específicamente el río Ostua, el Lago de Güija y la cuenca alta del

Río Lempa debido al proyecto de la Mina Cerro Blanco ubicado en Asunción Mita,

Guatemala. En ese sentido, es positiva la reacción expresada por el vice-presidente de la

república al reconocer la amenaza ambiental que constituye el proyecto en cuestión. No

obstante, hacen falta más esfuerzos por la vía diplomática para solicitar la cancelación de

la mina Cerro Blanco. Pero dichas acciones deberían llevar aparejados esfuerzos por

impedir definitivamente la realización de minería metálica en El Salvador, lo cual podría

hacerse promulgando una ley que prohíba dichas actividades en nuestro país.

Siempre en el tema de minería transfronteriza, existen en Guatemala ocho proyectos

mineros1 en zonas fronterizas con nuestro país, así como cuarenta proyectos mineros en

lugares fronterizos con Honduras1 –incluido un proyecto de extracción de uranio- en el

Golfo de Fonseca. Ante esa coyuntura, si bien actualmente en El Salvador no existen

minas en funcionamiento, es preciso decir que los proyectos de Guatemala y Honduras

afectarían los recursos naturales del país.

Dicho lo anterior, se hace pues urgente un plan de parte del gobierno para denunciar las

posibles afectaciones –sumamente graves e irreversibles- que dichos proyectos

causarían en el deteriorado medio ambiente de nuestro país.

1 De hecho, si bien es cierto que actualmente no existen proyectos mineros en ejecución, los últimos que

hubo en el país (en la década de 1970) han dejado graves daños al medio ambiente en radios de territorio bastante amplios. Al respecto, véase CEICOM, 2010. Determinación de metales pesados en suelos, sedimento y semilla de maíz, en áreas agrícolas expuestas a desechos de minería metálica, y su repercusión en la cadena alimenticia. El Divisadero, Morazán, El Salvador.