TEMA 1: EL CONCEPTO DE CONSTITUCIN

1.1. Los contenidos y la forma de la norma constitucional

Las constituciones escritas son el punto en que desemboc la aspiracin del ser humano

por vivir en paz, libertad y seguridad. Es un pacto poltico y social al que se le llama

pacto constituyente celebrado entre todos los componentes (libres, iguales e

independientes) de una comunidad cuyo fin es preservar la libertad de cada uno y cuyo

contenido fundamental es que todos los acepten que ha de ser la decisin de la mayora

la nica que puede obligar al conjunto de la sociedad.

Los principios polticas fundamentales de una comunidad van a plasmarse en un cdigo

escritos (racional, ordenado y sistemtico) que regular orgnica y funcionalmente el

estatuto de los poderes del Estado, emanar de su poder constituyente y slo podr ser

modificado expresamente a travs de un procedimiento de reforma previsto en el propio

texto de la Constitucin. Pero adems tambin declarar los derechos y libertades de los

ciudadanos. Este pacto va a traducirse en la proclamacin de dos principios esenciales:

la separacin de poderes y la proteccin de los derechos personales. Estos son los dos

pilares de un Estado constitucional.

En cuanto a los derechos personales se hace un reconocimiento de los derechos y se

perder la condicin de privilegios, ya que los derechos sern de todos y los privilegios

dependan de la posicin estamental, con esto a su vez la Constitucin est en lucha

contra el despotismo. Para llevar esto a cabo la Constitucin ser una mecnica, un

conjunto de controles y sistemas de equilibrio destinados a garantizar la libertad. En

cuanto a la separacin de poderes, es un principio instrumental de la Constitucin. En

definitiva, ambos principios acabarn por relacionarse en su mutua funcionalidad. Las

constituciones se caracterizan por la combinacin de dos elementos jurdico-poltico:

por la materia que regulan y por su contenido y forma.

Se define por su contenido en primer lugar porque todas la procedern a reglamentar

ciertas materias. La configuracin de los poderes del Estado (composicin, estructura y

funciones), la forma de designacin de los miembros que lo forman, las mutuas

relaciones de los poderes estatales y las relaciones que esos poderes habrn de tener con

la ciudadana.

Se definirn por su forma por el proceder del poder constituyente, que es un poder

superior constituido por los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), por ser

normas singulares que se caracterizan y se diferencian de las otras por especial

solemnidad de sus procedimientos de elaboracin y sobre todo de reforma (ya que slo

pueden ser modificadas siguiendo las reglas de reforma incluidas en su propio texto

literal), por ser la norma superior entre el conjunto de los que componen el

ordenamiento jurdico y por la particularidad de ser un cdigo escrito, ordenado y

sistemtico, cuya vocacin es la de imponerse a todas y cada una de las normas a cuyo

travs se va a expresar la voluntad del parlamento.

1.2. Las tradiciones constitucionales francesa y norteamericana

El constitucionalismo se fue imponiendo de forma progresiva con el triunfo del

movimiento liberal en Estados Unidos y parte de Europa.

Se comienzan a configurar dos conceptos de constitucin muy diferentes desde el punto

de vista de su valor. Desde la perspectiva de significacin poltica adquiere un valor

jurdico en Norteamrica y un valor poltico en Europa. La constitucin fue concebida

como un documento poltico para organizar y disciplinar los poderes del Estado, sus

relaciones y limitaciones. Por otro lado, la constitucin en Estados Unidos fue

considerada como una norma jurdica, es decir, una norma bsica del ordenamiento

jurdico del Estado que era aplicable a los operadores polticos para determinar las

relaciones entre aquellos y los particulares.

La revolucin norteamericana est caracterizada por la proclamacin de independencia

lo que permiti optar por el nuevo tipo de rgimen poltico, la repblica. sta eliminaba

la necesidad de hacer del parlamento el garante del nuevo Estado constitucional. No

siendo el parlamento la clavel del sistema, sus leyes deberan respetar los contenidos de

la Constitucin y debern entenderse inaplicables en el caso de que vinieran a violarla.

Es James Madison, autor de la Constitucin Americana. En suma, la constitucin

vendr a configurarse en Norteamrica como una norma jurdica que no puede ser

contradicha por las leyes, correspondiendo al conjunto de los jueces, como una parte de

su funcin aplicadora de la ley, la facultad de vigilar aquella coherencia.

Para los revolucionarios europeos, la norma constitucional acabar siendo un

documento poltico permanentemente a disposicin de los dos rganos fundamentales:

el rey y el parlamento. La mayora de las constituciones europeas fueron durante los

ltimos siglos una sombra de los que sus impulsores originarios haban imaginado que

seran.

TEMA 2: EL MARCO HISTRICO DE LA CONSTITUCIN

2.1. Los grandes ciclos de la historia constitucional espaola

a) Constituciones moderadas

Constitucin de 1845: se caracteriza por su soberana compartida entre el Rey y las

Cortes, que son bicamerales. La Cmara Alta o Senado es escogido por el Rey y la

Cmara Baja representa al pueblo, que es una minora. El Rey, tiene mucho poder,

puede vetar leyes y controla el proceso de formacin de las Cortes (24 aos).

b) Constituciones conservadoras

Constitucin de 1876: retom las cosas en donde las haban dejado los moderados,

perfeccionando un sistema oligrquico y cerrado, que exclua de la vida nacional a todos

los que se quedaban fuera del turno pacfico y corrupto que constitua la base de la

monarqua restaurada.

Dur hasta 1923, cuando problemas como la crisis colonial, la lucha obrera y el

problema nacional combinando sus efectos convirtieron en imposible la supervivencia

del sistema de la Restauracin. El golpe de Estado del general Primo de Rivera en 1923

fue la certificacin oficial de defuncin de la Restauracin (47 aos).

c) Constituciones liberales

1- Constitucin de 1812: es la primera Constitucin espaola. Se promulg en 1812

pero fue abortada en hasta dos ocasiones por Fernando VII y restaurada otras dos veces,

hasta su final derogacin en 1837. La Constitucin de Cdiz se caracterizaba por

establecer la soberana nacional, por tener Cortes monocamerales, porque limitaba

mucho los poderes del Rey y recoga una amplia serie de derechos y libertades (6 aos).

Etapas: 1814-1820 (Sexenio absolutista)

1820-1823 (Trienio Liberal)

1823-1833 (Dcada Ominosa)

1834-1836 (Estatuto Real)

1836-1837 (Se vuelve a reimplantar)

2- Constitucin de 1837: es una especie de reforma de la Cdiz.

3- Constitucin de 1869: tiene lugar despus de la Revolucin Gloriosa de 1868 que

signific la coronacin de Amadeo de Saboya en 1870 y su inmediata abdicacin y

como consecuencia el nacimiento de la I Repblica espaola en 1873.

Se caracterizaba por ser el primer texto verdaderamente democrtico en Espaa, por su

limitacin extraordinaria de los poderes del rey y por su amplsima declaracin de

derechos y libertades.

Este texto, no tuvo ni tiempo de aprobarse, pues la disolucin manu militare de las

Cortes, por el general Pava a comienzos de 1874 y el posterior pronunciamiento del

general Martnez Campos proclamando a Alfonso XII rey de Espaa ponan fin a la

primera experiencia democrtica espaola.

4- Constitucin de 1931: es la Constitucin de la II Repblica que tena un gran

carcter democrtico y social pero tan slo dur cinco aos, ya que en 1936 una parte

del ejrcito se subleva contra el nuevo rgimen poltico y comenzara as la Guerra

Civil.

5- Constitucin de 1978: es la Constitucin que est actualmente en vigor. Ha

restaurado el sistema democrtico en Espaa.

Pese a que ha habido ms constituciones democrticas o liberales en Espaa que

conservadoras y que moderadas, la duracin de las primeras es mucho menor a la de las

segundas. De este modo, se podra decir que Espaa ha vivido una etapa de negacin

radical del constitucionalismo de 62 aos, una etapa de constitucionalismo oligrquico

de 68 aos y tan slo 30 aos de constitucionalismo democrtico (sin contar la

Constitucin de 1978).

a) Negacin radical del Constitucionalismo (62 aos): Sexenio absolutista, Dcada

ominosa, Primo de Rivera, Franco.

b) Constitucionalismo oligrquico, cerrado y antidemocrtico (68 aos):

Constitucin de 1845 y 1876.

c) Constitucionalismo democrtico (30 aos aprox): Constitucin de 1812,

Constitucin de 1837, Constitucin de 1868 y Constitucin de 1931 ms

tambin los 30 aos de nuestra Constitucin.

2.2. Problemas centrales del Constitucionalismo espaol

1- Forma de gobierno/relaciones rey-parlamento: ha habido en nuestra historia una

radical incompatibilidad poltica y social entre monarqua y democracia. De hecho, las

dos nicas experiencias de autntico impulso democrtico producidas desde el

establecimiento definitivo del rgimen constitucional a partir de 1836, iban a ser

republicanas (I Repblica de 1873 y II Repblica de 1931).

Si no fuese afirmar una contradiccin, que s lo es en sus propios trminos, podr

decirse que la monarqua parlamentaria resulta ser una monarqua democrtica, y

aqulla, a fin de cuentas, una forma de gobierno democrtico cuyo funcionamiento

pivota sobre un parlamento elegido por sufragio universal y un gobierno nacido de una

Cmara, el Congreso de los Diputados, que tiene la funcin de investirlo, censurarlo y

controlar su actividad.

2- Problema religioso: constituy durante todo el s.XIX y el primer tercio del siguiente

un autntico precipitado de las dos visiones de Espaa que se enfrentaron, an, bajo

banderas diferentes, desde comienzos del s.XIX: la liberal y la absolutista, la moderada

y la progresista.

El factor religioso actu como un cemento que soldaba posiciones en contra y a favor.

La aconfesionalidad del Estado, constitucionalmente proclamada, se proyect despus

de 1978 en la resolucin legislativa de gravsimos problemas conectados con la misma

(divorcio, aborto, enseanza de religin en escuelas) y permiti plantear las relaciones

entre el Estado y las iglesias, sealadamente la catlica, en el nico terreno imaginable,

y aceptable, en un sistema democrtico: el de la separacin y el mutuo respeto a los

mbitos de decisin de cada cual.

3- Problema militar: en el pasado el ejrcito interfiri de forma constante en el

desarrollo de la vida nacional y las fuerzas armadas terminaron constituyndose como

una especie de pequeo Estado dentro de del Estado. Esto llev a que se hablara de un

fenmeno caracterstico de Espaa: el del pretorianismo. El problema militar acab por

traducirse en el progresivo protagonismo poltico del ejrcito espaol y en su creciente

autonoma respecto de los rganos encargados de la direccin poltica estatal.

En claro contraste con esas pautas del pasado, la Constitucin de 1978, establecer por

primera vez en nuestra historia un modelo plenamente civilista de relaciones civiles-

militares, al convertir a las fuerzas armadas en el sector de la administracin encargado

del uso de las armas. Las dicotomas civiles-militares dejaron con ella, sencillamente, de

existir. La administracin militar qued sujeta, al igual que el resto de las

administraciones, a la direccin poltica emanada de un gobierno democrtico.

4- Conflicto en las relaciones Estado-sociedad: el Estado espaol fue configurndose a

lo largo de su evolucin durante los dos ltimos siglos como un Estado fuertemente

oligrquico, militarizado, clerical y antipluralista y ello result posible, entre otras

cosas, por la inexistencia durante todo el perodo citado de un autntico sistema de

libertades y derechos garantizador de verdaderos mbitos de autonoma de los

particulares.

La Constitucin de 1978 rompi de forma radical con esta situacin, reconociendo no

slo un amplsimo catlogo de libertades y derechos, sino estableciendo tambin un

slido y completo sistema para garantizarlos.

5- Problema nacional: este problema no era otro que el de satisfacer las reivindicaciones

histricas del nacionalismo vasco y cataln. El esfuerzo realizado desde 1977 hasta el

presente, para encontrar una salida a la conflictiva cuestin territorial ha acabado por

conducir a un situacin verdaderamente sorprendente: a que Espaa sea hoy el Estado

ms descentralizado de la Europa democrtica y a que, pese a ello, siga vivo un

conflicto que parecera que la descentralizacin lejos de haber venido a solventar ha

termino por enconar hasta extremos en algunos casos de delirio.

Nuestras Constituciones fueron siempre durante el s.XIX y hasta que, ya bien entrado

en el s.XX, la de 1931 cambi el ciclo, documentos polticos que se limitaron a instituir

la respectiva posicin constitucional y facultades de los dos sujetos bsicos en torno a

los cuales girara el juego de poderes de la monarqua limitada: el rey y el parlamento.

Otro fenmeno del constitucionalismo espaol es que mientras otras monarquas

evolucionaron hacia una progresiva y creciente parlamentarizacin, la monarqua

espaola evolucion de modo muy distinto: bien atrincherada del lado de algunos de sus

ms fieles defensores (oligarqua econmica, Iglesia y ejrcito) ni se parlamentarios ni

consisti la consolidacin de formas de gobierno alternativas. La Constitucin de 1845

inici as un camino hacia la inversin del parlamentarismo, que la de 1876 llegar a

perfeccionar hasta el escndalo.

Los instrumentos que la posibilitaron estaban tambin en la Constitucin aunque no

slo: facultades del rey de disolucin y/o suspensin del parlamento, libre designacin

de los gobiernos, bicameralismo con un Senado aristocrtico, falta de un autntica

autonoma de las instituciones provinciales y locales Para que todo ello funcionase

resultaba, claro, necesaria una paralela perversin de la vida poltica y social, que vino

posibilitada por la sistemtica limitacin, cuando no mera negacin, de los derechos

ciudadanos.

Tras la llegada de los moderados al poder, las Constituciones sern en Espaa poco ms

que meras hojas de papel. Los derechos no se recogen apenas en las Constituciones pero

cuando pese a todo, los espaoles se empean en ejercerlos, siempre puede echarse

mano del aparato militar para mantener el orden pblico (Guardia Civil y ejrcito).

La gravsima crisis colonial, la lucha obrera y el creciente problema regional en

Catalua y las provincias vascongadas acabarn minando la perfecta maquinaria del

sistema oligrquico espaol.

La Constitucin de 1931 encar los problemas fundamentales antes apuntados: libertad

de partidos, sufragio universal, Tribunal de Garantas, aconfesionalidad Pero la

Guerra Civil, la Repblica y la dictadura militar posterior pusieron fin a este intento de

establecer de una vez por todas un rgimen democrtico.

TEMA 3: LA TRANSICIN POLTICA Y EL PROCESO CONSTITUYENTE

3.1. La transicin al Estado democrtico: reforma y ruptura

Lo que hizo la transicin poltica espaola un proceso de cambio peculiar fue su

naturaleza negociada entre los herederos del franquismo y la oposicin democrtica que

lo haba combatido. Tal naturaleza fue la que explic el gran xito histrico de la propia

transicin y de sus dos logros ms visibles: sus bajsimos costes humanos y polticos y

la rapidez con la que se llev a cabo.

La negociacin se impuso finalmente porque coincidieron necesidad y posibilidad,

porque existieron razones que la posibilitaron y razones que la impusieron a las partes

como una necesidad inapelable.

a) Razones que posibilitaron la negociacin

- Profundos cambios econmicos, sociales y culturales (traslado masivo de

poblacin del campo a la ciudad, aumento del nivel cultural de la poblacin,

incremento de la industrializacin y progresiva aparicin de una clase media

urbana). Todo esto vino a debilitar lenta pero progresivamente el elemento

fundamental sobre el que se haba venido legitimando desde sus inicios la

dictadura franquista: la victoria militar en la Guerra Civil. As, se pas de una

visin cruzada de la Espaa autntica a otra de catstrofe nacional en la que

todos haban salido perdiendo y que de ningn modo poda volver a repetirse.

- Extraordinaria duracin de la dictadura, pues simples razones cronolgicas

haban determinado la aparicin de varias generaciones de espaoles que no se

sentan vinculados de forma directa por la Guerra Civil y que tendan a pensar

que, en todo caso, ese conflicto deba ser tenido en cuenta sobre todo para saber

cmo no deberan volver a hacerse las cosas.

- Prdida progresiva de una buena parte de los apoyos sociales e

institucionales del rgimen, como el de las clases medias, que no se sentan

reconocidas en un rgimen empeado en mantener vivo el discurso de la victoria

militar, que ya no era capaz de movilizar a casi nadie; el de la Iglesia, debido al

cambio de mentalidad de muchos de sus fieles con respecto a la dictadura o el de

sectores cada ms significativos de las lites industriales y financieras, que

buscaban la integracin econmica de Espaa en Europa.

En resumen, la transicin negociada iba a resultar posible porque, fallecido el dictador,

muy pocos estaban de verdad dispuestos en Espaa a asumir los costes previsibles de

una nueva confrontacin entre espaoles, bien para imponer manu militare la

continuidad de la dictadura, bien para imponer por la fuerza lo que los partidos de la

oposicin llamaban entonces la ruptura democrtica.

b) La negociacin fue necesaria por:

- Debilidad de las dos partes que muy pronto se vieron forzadas a negociar: los

herederos del franquismo y la oposicin democrtica.

- Triunfo del sector ms aperturista de los tres grupos franquistas, debido a

la decidida apuesta del Rey por el cambio poltico (design presidente del

Gobierno a Adolfo Surez mediado el ao 1976) y a la fuerte movilizacin

poltica a favor de la democracia.

En resumen, podra decirse que la coyuntura poltica de la Espaa del momento

marcaba un fuerte impulso a favor de una transicin democrtica negociada que los

cambios estructurales experimentados por la sociedad espaola a partir de finales de los

50 haban convertido, adems, en posible.

La transicin no fue para nada un camino de rosas, nadie estaba muy seguro cuando la

transicin se inici de cmo iba a acabar, pero la voluntad compartida por la mayora de

que era necesario caminar hacia la democracia y de que era conveniente hacerlo

negociando, acab por permitir el xito de una empresa histrica.

FASE 1: PRETRANSICIN

En esta fase el Rey, el grupo reformista de la lite franquista y la oposicin

democrtica asumirn su responsabilidad y su tarea para confluir en un objetivo comn:

aislar a Arias Navarro y lo que ste representaba. Ello exigi al rey toda su habilidad

para ir preparando un sustituto al presidente Arias sin enfrentarse, paralelamente, con

los sectores que lo estaban apoyando; exigi a los reformistas del franquismo respaldar

al Rey en tal delicada operacin y al mismo tiempo ir abriendo canales de comunicacin

con las fuerzas democrticas.

Finalmente, los diversos actores supieron mantener esos complicadsimos equilibrios, lo

que permiti que la situacin acabase finalmente decantndose con toda claridad hacia

el lado democrtico. La confirmacin de esa decantacin iba a producirse el 1 de julio

de 197, cuando el Rey ces a Arias Navarro y nombr en su lugar a Adolfo Surez

como presidente del gobierno.

FASE 2: TRANSICIN

a) Reforma

Esta primera etapa dentro de la transicin propiamente dicha comenz con el

nombramiento de Surez y se cerr con la entrada en vigor de la Ley para la reforma

poltica cuyo aprobacin por las Cortes orgnicas de la dictadura iba a ser el principal

objetivo del gobierno de Surez.

Esta ley encerraba en s misma los principios de la reforma y la ruptura. Fue aprobada el

18 de noviembre por las Cortes franquistas (en un acto de suicidio) y ratificada

finalmente en referndum el 15 de diciembre. La norma pretenda nicamente

instrumentar el proceso que, tras unas elecciones generales, debera conductor a la

apertura de un perodo constituyente de carcter democrtico.

Principios esenciales de la Ley para la reforma poltica: afirmacin del Estado

democrtico, supremaca de la ley, designacin de unas Cortes bicamerales elegidas por

sufragio universal salvo 1/5 del Senado que sera nombrado por el Rey

Aprobada la ley el gobierno de Surez inici un amplio proceso de negociacin con los

partidos de la oposicin, que se agruparon, despus de varias iniciativas en la

Plataforma de Organizaciones Democrticas. El resultado de las negociaciones, ms o

menos formalizadas y ms o menos pblicas fue el de ir allanando progresivamente los

obstculos que dificultaban la celebracin de unas elecciones libres, plurales y

democrticas.

b) Ruptura

En un contexto econmico, poltico y social marcado por una presin terrorista cuya

brutalidad no tena precedentes, una crisis econmica gravsima y una amenaza

permanente de golpismo, en los primeros meses de 1977 se produjo la progresiva

aprobacin de toda una serie de medidas que la oposicin consideraba indispensables

para poder encarar la celebracin de los comicios: se suprime el Tribunal del Orden

Pblico encargado de la persecucin de delitos polticos, se reconoce legalmente a los

partidos aunque todava con la significativa exclusin del Partido Comunista, se ampla

la amnista previamente concedida a los presos y exiliados, se reconocen las libertades

de expresin y sindical, se suprime la Secretaria General del Movimiento

As las cosas, cuando el da 9 de abril el presidente del Gobierno decide personalmente

legalizar el Partido Comunista de Espaa, la transicin hacia la democracia no pareca

tener ya punto de retorno.

Transcurridos casi 40 aos de dictadura, las primeras elecciones democrticas se

celebran, por fin, el 15 de junio de 1977. Los resultados de los comicios fueron los

siguientes: ninguno de los partidos iba a conseguir imponerse con absoluta claridad, por

el contrario, la ciudadana aparecer dividida entre izquierda y derecha, que obtienen

casi el mismo nmero de votos, aunque por efecto de las correcciones del sistema

electoral el reparto de escaos beneficie a la izquierda. De todos modos la victoria fue

para UCD (35%), seguida de PSOE (21%), PC (9%), AP (8%). Por ltimo estn el PNV

y el PDC.

El proceso constituyente acabar, finalmente, vertebrndose sobre estas grandes fuerzas

que haban obtenido representacin parlamentaria en el Congreso, aunque el PNV se

desmarcar en los momentos postreros del proceso, del acuerdo constitucional. A tal

acuerdo contribuirn tambin de forma decisiva la firma a finales de octubre de un gran

acuerdo poltico-social: los llamados Pactos de la Moncloa, que tuvieron por primordial

finalidad la de estabilizar la balanza de pagos y mejorar los equilibrios internos de la

deteriorada economa espaola.

3.2. El proceso constituyente: el consenso constitucional

El proceso constituyente, es decir, el proceso poltico constitucional que condujo a la

aprobacin de la Constitucin empez a fraguarse desde el momento en que, tras

producirse la apertura solemne del Congreso y del Senado, en junio de 1977, la Cmara

baja decide proceder al nombramiento de una comisin de asuntos constitucionales y

libertades pblicas, encargada de la redaccin de un anteproyecto de Constitucin y

cuya composicin interna era un fiel reflejo de la voluntad del consenso que iba a

presidir todo el proceso de elaboracin del texto constitucional, ya que sus

representantes fueron elegidos en relacin a los resultados de las elecciones.

El texto constitucional fue votado primero en las Cortes y fue aprobado por una

aplastante mayora (94% tanto en el Congreso como en el Senado). El resultado de la

votacin expresaba bien a las claras el altsimo grado de consenso alcanzado en torno a

la nueva ley fundamental.

Posteriormente, el texto constitucional tuvo un similar respaldo en la sociedad pues en

el referndum de ratificacin de la Constitucin, celebrado el 6 de diciembre de 1978

apoyaban el texto el 88% de los votos vlidos emitidos por el cuerpo electoral. La

Constitucin ya aprobada por el pueblo, era sancionada por el Rey el 27 de diciembre y

entraba en vigor el 29 de diciembre.

La forma en que se desarroll el debate constituyente result ser la consecuencia ms

notable de la dinmica general con arreglo a la cual se haba producido un cambio

poltico en el que la voluntad de acuerdo jug un papel fundamental. Esa voluntad se

tradujo en el mbito concreto del proceso constituyente en la adopcin del principio del

consenso, que hay que entender como un procedimiento para la toma de decisiones

relativas al proyecto de ley fundamental que iba a suponer, en esencia, la no

incorporacin al texto final de la Constitucin de ningn principio o norma que

resultase del todo inaceptable para algunas de las fuerzas parlamentarias que de l

participaban.

Slo una Constitucin que no contuviese nada inaceptable para fuerzas que participaban

en el proceso de discusin constituyente podra aspirar a obtener, a la postre, el acuerdo

y consecuentemente, el apoyo de las mismas. Se trataba, en suma, de cambiar una

dinmica presente en la vida poltica espaola desde la elaboracin de la primera

Constitucin de nuestra historia. El consenso no signific, como es obvio, que todos los

partidos convinieran finalmente en todo ni se tradujo, de formo alguna en la adopcin

de un nico sistema para alcanzar acuerdos parciales que, en cualquiera de los casos, no

resultasen inasumibles para nadie.

Tcnicas adoptadas para el consenso:

1- Incluyendo principios que algunos grupos consideraron indispensables

(nacionalidades).

2- Estableciendo simultneamente dos principios destinados a complementarse

mutuamente (Iglesia).

3- Do ut res, reciprocidad.

4- Dejando fuera o sin cerrar cuestiones en las que era imposible el pleno acuerdo

de todos los grupos (despenalizacin del aborto).

TEMA 4: EL ESTADO DEMOCRTICO EN LA CONSTITUCIN

4.1. La legitimacin democrtica de los poderes del Estado

La definicin del espaol como un Estado democrtico es la lgica e inevitable

consecuencia de la declaracin contenida en el Art.1.2 de la Constitucin, segn el cual

la soberana nacional reside en el pueblo espaol, del que emanan todos los poderes del

Estado. Y ello porque slo a travs del principio democrtico es posible convertir en

una forma eficaz de decisin poltica la decisin solemne de la soberana popular.

El Estado democrtico se manifiesta fundamentalmente en dos aspectos:

a) La participacin poltica

Es la participacin del conjunto de los ciudadanos con derecho de sufragio, por medio

de representantes, libremente elegidos en elecciones peridicas por sufragio universal.

De hecho, la lucha por la democracia como forma de gobierno habra de ser, en gran

medida, la del combate por la extensin progresiva del derecho de sufragio masculino

primero, y tambin del combate posterior por el voto femenino. El Estado democrtico

est basado en un sufragio universal.

b) Garanta eficaz del pluralismo

El pluralismo es el punto de partida que permite organizar una sociedad de tipo

democrtico, en la cual diversas fuerzas compiten ofertando a los electores sus

programas para que aquellos decidan libremente a quin otorgarn el poder y a quin

asignarn la responsabilidad del ejercicio de la funcin ejecutiva y legislativa del

Estado, funciones una y otra que van a permitir que la mayora, controlada por las

minoras, haga efectivos los programas referidos. El pluralismo es a fin de cuentas una

variedad de proyectos y programas que compiten entre ellos por imponerse como

institucionalmente mayoritarios a travs del procedimiento electoral.

La Constitucin espaola ha reconocido el pluralismo en su Art.1. y adems ha recogido

tambin diversas manifestaciones de ese pluralismo presente en la comunidad:

pluralismo poltico, econmico, social, territorial, idiomtico, informativo y religioso.

LEGITIMACIN DEMOCRTICA DE LOS PODERES DEL ESTADO

a) Poder legislativo

La legitimidad democrtica del poder legislativo es mediata y directa en relacin con el

rgano representativo del Estado, las Cortes Generales, cuyas Cmaras se eligen por

sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

- Universal: pueden votar todos los espaoles mayores de edad, inscritos en el

censo electoral, que estn sanos mentalmente y no estn incursos en ninguna de

las causas de privacin del derecho de sufragio establecidas en la legislacin

electoral.

- Libre: se traduce en un conjunto combinado de diferentes prohibiciones y

diversas garantas dirigidas a evitar que el elector pueda sufrir cualquier tipo de

presin que lo fuerce a votar, o a no votar, en forma diferentes a la derivada de

su voluntad.

- Secreto: garantiza que nadie pueda ser obligado a declarar el sentido de su voto

y supone la ilegalidad de cualquier operacin destinada a conocerlo y/o hacerlo

pblico.

- Igual: un hombre, un voto. Todos los votos valen lo mismo.

- Directo: los electores eligen directamente a sus representantes en el Congreso de

los Diputados y el Senado, con la excepcin, constitucionalmente contemplada

de los senadores de designacin Comunitaria.

b) Poder ejecutivo

La legitimidad democrtica del poder ejecutivo es ms mediata e indirecta. Esta

legitimidad se produce a travs del principio parlamentario, que hace del Gobierno una

directa emanacin de la correlacin de fuerzas que exista en cada caso en el Congreso

de los Diputados entre mayoras y minoras. El cuerpo electoral elige a las Cortes

Generales, y el Congreso, una de sus Cmaras, elige, al presidente del Gobierno y ste,

a su vez, designa a los dems miembros del gobierno.

c) Poder judicial

La legitimidad del poder judicial es tambin mediata e indirecta. La Constitucin

dispone en su Art.117 que la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes

del poder judicial, que actan sometidos nicamente al imperio de la ley. Y es

justamente ese sometimiento nicamente a la ley de los rganos encargados de la

administracin de la justicia la que condiciona y asegura, la legitimidad democrtica del

poder judicial, pues la ley es siempre emanacin de las Cortes Generales, y stas son a

su vez directa emanacin de la voluntad del conjunto del cuerpo electoral.

4.2. La democracia participativa y los partidos polticos

La democracia slo es posible cuando los individuos, a fin de lograr una actuacin sobre

la voluntad colectiva, se renen en organizaciones definidas por diversos fines polticos,

de tal manera que entre individuo y Estado se interpongan aquellas colectividades que

agrupan en forma de partidos polticos a las voluntades polticas coincidentes de los

individuos. La democracia requiere necesariamente un Estado de partidos.

Cambios que la consolidacin de partidos ha generado en la constitucin material de los

sistemas democrticos:

1.- Extensin extraordinaria del nmero de ciudadanos polticamente activos.

2.- Determinar un nuevo tipo de relaciones entre los ciudadanos-electores, los

partidos y los representantes surgidos del proceso electoral. Ciertamente, en el Estado

democrtico actual la posibilidad de que los ciudadanos resulten elegidos para

desempear los diferentes cargos pblicos depende casi en exclusiva de las

organizaciones de partido => proceso electivo de doble confianza: el elegido debe

contar con el apoyo del ncleo dirigente del partido que decide proponerlo al cuerpo

electoral y con el apoyo del propio cuerpo electoral.

3.- Crisis de la institucin parlamentaria, a pesar de la prohibicin legal el mandato

imperativo, en la prctica existe un mandato e partido, que convirti a los

parlamentarios elegidos en sus candidaturas en representantes disciplinados y

obedientes de las directrices que les marcan desde las cpulas dirigentes de sus partidos.

LEY DE PARTIDOS POLTICOS (6/2002): su precedente fue la Ley de Partidos

polticos (54/1978) que era muy corta. La Ley 6/2002 permite la disolucin no penal y

cubre las lagunas de la ley del 78.

a) Creacin de los partidos

Los espaoles podrn crear partidos polticos libremente y la afiliacin a los partidos es

libre y voluntaria.

Requisitos: ser mayor de edad en el pleno ejercicio de sus derechos, que no estn

sujetos a ninguna condicin legal para el ejercicio de los mismos. La ley tambin fija un

sistema de inscripcin registral, en un registro existente en el Ministerio del Interior.

b) Organizacin, funcionamiento y actividad de los partidos

1.- Debern ser democrticos.

2.- Debern tener una asamblea general del conjunto de sus miembros encargada de de

tomar sus acuerdos ms trascendentales, debern tener unos estatutos en donde se fijen

las reglas de su organizacin interna y en donde se establezca una tabla mnima de

derechos y obligaciones.

Entre los derechos estarn:

Participar en las actividades del partido y en sus rganos de gobierno y

representacin.

Ejercer el derecho de voto o ser elector y elegible para los cargos del partido.

Entre las obligaciones:

Compartir las finalidades del partido y colaborar para su consecucin.

Respetar lo dispuestos en los estatutos o abonar las cuotas con arreglo a lo

estatutariamente fijado.

c) Actividad partidista

Las diferencias en este aspecto con la anterior Ley de partidos son trascendentales, pues

sta va a regular con detalle un procedimiento para la ilegalizacin y posterior

disolucin de los partidos. La ley establece que los motivos de ilegalizacin no sern

nunca ideas, pretensiones o programas, sino que la actividad debe plasmarse en algunas

de las acciones que de forma tasada, explcita y precisa se fijan en la ley.

- Asociacin ilcita (orden jurisdiccional penal).

- Vulnerar de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura

interna y un funcionamiento democrtico, o persiga deteriorar o destruir el

rgimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrtico (la

legitimacin para instar la accin de ilegalidad corresponde al Gobierno y al

ministerio fiscal, pudiendo ser instado el primero por el Congreso. La resolucin

la emitir la Sala especial del Tribunal Supremo).

d) Financiacin

1.- Privada: es la procedente de las cuotas y aportaciones de los afiliados al partido, del

producto de sus actividades y del rendimiento de su patrimonio, de los crditos que

concierten, de las herencias o legados que reciban de las aportaciones no finalidad de

manos privadas (aunque con muchas limitaciones).

2.- Pblica:

a) Directa:

- Subvencin de la actividad electoral de los partidos.

- Subvencin de la actividad parlamentaria, tanto en las Cortes Generales

como en los parlamentos autonmicos.

- Subvencin de los gastos ordinarios de funcionamiento de los partidos

con una partida de los presupuestos generales del Estado.

b) Indirecta: espacios gratuitos de propaganda electoral en las emisoras de

televisin y radio pblicas, subvencin de los gastos derivados del envo a los

electores de sobres, papeletas y publicidad electoral

4.3. Las instituciones de la democracia directa

Pese a que el sistema en Espaa es el de la democracia indirecta, ello no significa que la

Constitucin haya desconocido algunas de las instituciones ms extendidas de la

democracia directa, como la iniciativa legislativa popular, la del referndum consultivo

y el derecho de peticin parlamentaria, formas todas de democracia directa que

funcionan sin la intermediacin de representantes entre los ciudadanos y los rganos del

Estado democrtico.

a) Iniciativa legislativa popular

Institucin que posibilita que los ciudadanos puedan realizar un trmite conducente a

dar inicio al procedimiento parlamentario dirigido a la aprobacin de una ley por las

Cortes Generales:

1.- El procedimiento se inicia mediante la presentacin, ante la mesa del Congreso, de la

documentacin que la propia norma exige entre la que destaca el texto articulado de la

proposicin de ley y la relacin de miembros que componen la comisin promotora de

la iniciativa.

2.- Tras ello, la mesa deber pronunciarse sobre su admisin o inadmisin.

3.- Admitida la proposicin, tiene lugar la iniciacin del procedimiento de recogida de

firmas, 500.00 como mnimo, para lo que los promotores tendrn 6 meses como

mximo.

4.- Cumplidos los requisitos muy estrictos contenidos en la ley para la recogida de las

firmas, la junta electoral central las comprobar y recontar y, en su caso, elevar la

correspondiente certificacin al Congreso.

5.- Se proceder finalmente a la publicacin de la proposicin y a su inclusin en el

orden del da del pleno de la Cmara para su toma en consideracin.

b) Referndum consultivo

Art.92: >. >. La convocatoria de consultas populares por va de

referndum es competencia exclusiva del Estado.

El referndum no es vinculante, el gobierno que decide convocarlo no queda

jurdicamente vinculado por aqul por lo que puede hacerle caso o no. Pero esto no

significa que de aqul no se derive ninguna obligacin: si el cuerpo electoral se

pronuncia de una forma clara y concluyente respecto de la decisin que se somete a su

consulta, resulta difcilmente imaginable que el Gobierno decida separarse del criterio

expresado democrticamente por el pueblo.

c) Derecho de peticin parlamentaria

Las peticiones, que pueden dirigirse al Congreso de los Diputados y al Senado, y que

pueden ser individuales o colectivas, han de estar siempre formuladas por escrito,

prohibiendo la Constitucin su presentacin directa por manifestaciones ciudadanas.

Tales peticiones pueden remitirse al Gobierno por las Cmaras y que, en caso de que tal

remisin llegue a producirse, el Gobierno queda obligado a dar explicaciones sobre su

contenido, siempre que las Cmaras lo exijan.

La peticin parlamentaria es una figura jurdica llamada a tener un escaso rendimiento

prctico en el mbito poltico, pues en realidad tal figura procede de otra poca.

TEMA 5: EL ESTADO DE DERECHO

5.1. La separacin de poderes

La Constitucin espaola de 1978 consagra tanto la divisin horizontal como la vertical

de los poderes estatales.

a) Separacin vertical entre poder constituyente y poderes constituidos

Una Constitucin supone antes que nada un poder constituyente. Los poderes

comprendidos en el establecimiento pblico estn todos sometidos a las leyes, reglas y

formas, en ningn caso son dueos de cambiar.

La garanta de una separacin realmente operativa entre poder constituyente y poderes

constituidos exige no slo el establecimiento en la Constitucin de normas reguladoras

de la reforma de la misma, sino tambin el establecimiento de un sistema que permita

expulsar del ordenamiento jurdico aquellas leyes que al no respetar tal procedimiento

debern ser consideradas inconstitucionales: en suma, exige el establecimiento de un

sistema de control de la constitucionalidad.

b) Separacin horizontal entre los poderes del Estado

Vertebra la organizacin de los tres poderes del Estado previstos en nuestra ley

(legislativo, ejecutivo y judicial), atribuyndolos, en primer lugar, a rganos distintos y

especializando, despus, a cada uno de esos rganos en el ejercicio de unas particulares

funciones estatales.

La Constitucin no se limita, en todo caso, slo a separar y especializar funcionalmente

los poderes sino que adems procede en segundo lugar a establecer los mecanismo de

cooperacin y de equilibrio entre ellos, que son indispensables para evitar o bien que la

separacin de los poderes conduzca a la parlisis en el funcionamiento del Estado o bien

que uno de ellos acabe imponindose ilegtimamente sobre todos los dems.

c) Separacin vertical entre el poder central y los diversos territorios

El principio de la separacin vertical de los poderes, como garanta de la libertad

definidora del Estado de derecho, slo se introducir en nuestra historia constitucional

con la actual Constitucin, que en su Art.137 dispone que >, entidades todas que gozarn de

respectivos intereses >>. Tal principio trata de dar cumplimiento a una de las

proclamaciones contenidas en el prembulo de la propia ley fundamental: la que se

refiere a la necesidad de proteger a todos los espaoles y pueblos de Espaa en el

ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

5.2. El reconocimiento de los derechos

El proyecto originario del Estado de derecho no consisti slo en separar Estado y

sociedad, sino tambin en asegurar a esa nueva sociedad libre, escindida del Estado; el

disfrute de un conjunto de derechos: los llamados derechos individuales, no slo por el

hecho de que quienes deban resultar sus titulares eran todos los individuos

considerados como tales sino adems porque el ejercicio de los derecho as

denominados no exiga ms que la abstencin del Estado, de modo tal que la eficacia de

cada uno de los que quedaban agrupados bajo el rtulo citado dependa nicamente de

la voluntad del titular del derecho de ejercerlo y no de la actuacin (represiva) por parte

del Estado, limitado o impidiendo ese ejercicio.

Slo cuando el Estado de derecho va poco a poco construyndose como un Estado de

derechos, los reconocidos y amparados por sus poderes pblicos comienzan a ser

tambin, por una parte, derechos individuales de ejercicio colectivo, o derechos sociales

que exigen no ya la mera abstencin estatal, sino mucho ms all, la participacin activa

del Estado garantizando las polticas pblicas indispensables para hacerlos eficaces. La

historia del Estado de derecho es as tambin, aunque no slo, la de la extensin

creciente y progresiva de las libertades y derechos, y de la lenta construccin de un

conjunto de mecanismos polticos y de tcnicas jurdicas destinadas a evitar que el

ejercicio de aquellos pudiera acabar siendo reducido, limitado o vaciado de contenido

por los poderes pblicos.

Los derechos y libertades de los ciudadanos espaoles estn ampliamente recogidos en

la Constitucin, prueba de ello es que algo ms de la cuarta parte de los artculos de sta

se centran en ese apartado. Pero no es slo su reconocimiento amplio y exhaustivo en

donde se pone de relieve el papel central de los derechos en la definicin de nuestro

Estado como un Estado de derecho, sino sobre todo en el completsimo sistema de

proteccin y garanta de los derechos proclamados. La Constitucin de 1978 recoge un

muy variado conjunto de medidas garantizadoras e instrumentos protectores de los

derechos fundamentales y de las libertades pblicas.

5.3. El imperio de la ley

El sometimiento de todos los poderes al imperio de la ley cierra el crculo definidor del

Estado de derecho. As, el Art.9.1 de la Constitucin de 1978 proclama que >. Slo donde, y cuando, los poderes estn efectivamente

sujetos a la ley es posible una eficaz garanta de los derechos y libertades ciudadanas.

Sujecin al derecho del poder legislativo: es su sujecin a la Constitucin: ser,

en efecto, la introduccin del control de la constitucionalidad de las leyes la que

posibilitar que el parlamento se convierta en un poder efectivamente sometido a

la Constitucin. Hasta entonces, el parlamento haba hecho las leyes con el rey,

dando desarrollo o, con muchsima frecuencia, vulnerando los principios de la

Constitucin.

Sujecin al derecho del poder ejecutivo: ha sido factible a travs de los medios

de control poltico del parlamento sobre el Gobierno y tambin por medo de un

control poltico y jurdico eficaz de la administracin que de l depende.

Sujecin al derecho del poder judicial: ha venido posibilitada por toda aquella

serie de elementos que ha garantizado la sujecin exclusiva de los jueces al

imperio de la ley: su responsabilidad, su seleccin, con arreglo a principios de

mrito y capacidad, su inamovibilidad y su efectiva imparcialidad e

independencia.

Nuestra Constitucin recoge plenamente todos los elementos apuntados y reconoce,

adems, en su Art.9.3 toda una serie de principios que concretan el solemne y general

del Art.9.1 anteriormente referido.

a) Principio de legalidad: es aquel en el que se concreta la formulacin jurdica del

principio poltico del imperio de la ley de su consecuencia bsica desde el punto

de vista de los poderes del Estado: la sujecin de la actuacin de todos ellos al

ordenamiento jurdico estatal.

b) Jerarqua normativa: exige que todas las normas que conforman el ordenamiento

jurdico estatal, a partir de la propia Constitucin, situada en su cspide forma y,

por ende, material, estn ordenadas jerrquicamente por su forma, segn el

rango que les concede a cada una el procedimiento a travs del cual han sido

elaboradas y el rgano del que proceden, de modo que las de rango superior

derogarn a las de rango inferior y no podrn ser derogadas por ellas.

c) Publicidad de las normas: las normas promulgadas debern ser publicadas en el

BOE para que sea posible su conocimiento y para que pueda funcionar el

principio de que entre normas de idntico rango, la posterior deroga a la anterior.

d) Irretroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas de derechos

individuales: este principio significa la imposibilidad jurdica de aplicar la ley

penal a acontecimientos que han tenido lugar antes de la entrada en vigor de la

ley de que se trate, siempre que se trate de disposiciones no favorables o

restrictivas de derechos individuales.

e) Responsabilidad de los poderes pblicos: supone la manifestacin de un

principio vertebral del Estado constitucional: el de que nadie puede en l ejercer

poder pblico sin asumir la responsabilidad de que tal ejercicio se derive. Por

eso la responsabilidad se pone de manifiesto en toda una serie de instituciones

que nuestra Constitucin regula o reconoce, como por ejemplo el derecho a

indemnizacin por los errores judiciales.

f) Interdiccin de la arbitrariedad de los poderes pblicos: es un principio

construido originariamente para afirmar la posibilidad del control jurisdiccional

de las potestades administrativas y de su eventual utilizacin arbitraria por parte

de sus titulares, que se extiende ahora, por disposicin del legislador

constituyente, a la totalidad de los poderes pblicos.

g) Seguridad jurdica: el Art.9.3 de la Constitucin establece que seguridad jurdica

es la suma de los principios anteriores, equilibrada de tal suerte que permita

promover, en el orden jurdico, la justicia, la libertad y la igualdad.

TEMA 6: EL ESTADO SOCIAL

6.1. El artculo 9.2 de la Constitucin y el Estado social

Lo caracterstico del Estado social es que vino a superar histrica y conceptualmente al

Estado liberal, entendido como aquel que naca con la vocacin declarada de respetar la

concurrencia natural de las fuerzas sociales y econmicas y de no inmiscuirse en la

sociedad ms all de lo que fuera estrictamente necesaria para el mantenimiento del

orden y de la seguridad pblicas fijadas por la ley o, lo que es igual, para el

mantenimiento del modo de dominacin poltico, econmico y social caracterstico del

primer capitalismo. Se podra resumir diciendo que mientras que el Estado liberal se

concibi como un Estado gendarme que deba limitarse a asegurar la paz y el orden sin

intervenir para nada en el libre juego de las fuerzas productivas y en sus consecuencias

sociales y econmicas (la desigualdad profunda, el trabajo casi esclavo y la pobreza de

la inmensa mayora), el social se identificar por su declarada voluntad de corregir

activamente las desigualdades presentes en la sociedad, intentando que la igualdad

formal definidora del Estado liberal se acerque de forma creciente y progresiva a la real.

La Constitucin espaola no slo ha proclamado el carcter social del Estado como uno

de los elementos definidores del tipo estatal que en ella se consagra sino que, adems, y

en plena coherencia con tal formulacin, ha recogido toda una serie de principios que

vienen a darle, como veremos de inmediato, un contenido sustantivo e incluso una cierta

eficacia constitucional. En primer lugar y de manera muy especial, el incluido en el

Art.9.2: >.

5.2. Los principios rectores y la Constitucin econmica

La traduccin constitucional de la afirmacin por el legislador constituyente del carcter

social de nuestro Estado no se limita a la proclamacin hecha en el Art.9.2, sino que

otros muchos preceptos de la Constitucin vienen a reafirmar ese programa del

constituyente de 1978 a favor de la participacin activa del Estado en la lucha por la

superacin efectiva de las desigualdades reales presentes en la >. Pero, sin duda, donde con mayor claridad quedar

puesto de relieve el programa enunciado en el Art.9.2. ser en el captulo III del ttulo I

de la Constitucin, regulador de los Principios rectores de la poltica social y

econmica:

a) Los relativos a la orientacin de la poltica econmica: el de distribucin de

la renta personal y regional de un modo ms equitativo o el de persecucin del

pleno empleo.

b) Los relativos al fomento de las polticas de asistencia y previsin social: el de

proteccin a la familia y a la infancia o el de proteccin del medio ambiente.

c) Los relativos al impulso y difusin de la cultura: el de acceso de todas a la

cultura y el de promocin de la ciencia y de la investigacin.

d) Los relativos a la regulacin del mundo del trabajo y a la disciplina de las

relaciones laborales: el de la limitacin de la jornada laboral y las vacaciones

peridicas retribuidas.

Todos los preceptos mencionado y algunos ms que podran researse conforman la

Constitucin econmica, as conceptuada por entenderse que la misma est constituida

por el conjunto de todas las normas y principios constitucionales conformadores del

modelo general de sociedad por el que en el mbito econmico opt en su da el

legislador constituyente.

Tal Constitucin, conformada esencialmente por principios y clusulas abiertas de

carcter general deja un amplsimo margen de maniobra para la accin tanto del poder

legislador como del poder ejecutivo surgido del Congreso, de la administracin

dependiente del Gobierno, e incluso, aunque en muchsima menor medida, del poder

judicial, cuya prctica habr de estar informada, segn disposicin expresa del

legislador constituyente, por los principios rectores de la poltica econmica y social.

Lo que si es cierto en el mbito de las instituciones estatales no lo es menos en el de las

instituciones de las Comunidades Autnomas de nuestro Estado federal, cuyos rganos

legislativos y ejecutivos podrn tambin, interpretando de formas diferentes los

principios de la Constitucin econmica, articular polticas pblicas de uno u otro signo.

TEMA 7: LA FORMA POLTICA DEL ESTADO. LA MONARQUA

PARLAMENTARIA

7.1. La monarqua espaola como monarqua parlamentaria

La Constitucin espaola de 1978 fue la nica en Europa que procedi a restaurar, o,

siendo ms precisos, a instaurar, un rgimen monrquico en todo el perodo cronolgico

posterior a la Il Guerra Mundial. Y esto porque los constituyentes espaoles tuvieron

que hacer frente a una peculiar necesidad: la de configurar constitucionalmente una

Jefatura del Estado monrquica, a la que inevitablemente haba que rodear, en

consecuencia, de algunos de los elementos que haban venido caracterizando durante el

S. XIX a las monarquas constitucionales limitadas, pero asegurando que tales

elementos no fueran a traducirse en la implantacin de un sistema de gobierno ni de

lejos similar al de las referidas monarquas, lo que hubiera resultado absolutamente

incompatible con la configuracin de un rgimen autnticamente democrtico. Pero es

que adems, la coyuntura del 1977-1978 iba a estar muy marcada por un segundo dato,

que junto al ya citado, define con bastante buena precisin la relacin con la cuestin de

la Jefatura del Estado: ese segundo dato es el del protagonismo poltico del Rey durante

los meses que dur la transicin y el proceso constituyente subsiguiente.

El Rey acab siendo, hasta la celebracin de las elecciones del 15 de junio de 1977, la

nica institucin que, fundando su legitimidad originaria en la dictadura que se quera

superar, dispona de la autoridad poltica y de los medios legales necesarios para abrir

un proceso de cambio susceptible de posibilitar el establecimiento de una nueva

legitimidad. Ser, por tanto, ese central papel poltico del Rey en el desarrollo de la

primera fase de la transicin el que vendr a determinar que a la hora de elegir entre lo

que podra denominarse una regulacin de mnimos y una de mximos, los

constituyentes optasen por una solucin ms cercana a la segunda posibilidad que' a la

primera, como puede verse por ejemplo en soluciones como las adoptadas respecto la

sancin o a las relaciones entre el Rey y las Cortes Generales.

En suma, podra decirse que la monarqua se restaura por la dictadura y se instaura con

posterioridad, tras una decisin democrtica, primero del constituyente y, despus, del

cuerpo electoral, mediante el correspondiente referndum de ratificacin de la

Constitucin.

El Art. 1.3 de la Constitucin proclama que la forma poltica del Estado espaol es la

monarqua parlamentaria. La definicin de la monarqua corno parlamentaria encierra

un preciso sentido constitucional que debe ser tenido en cuenta para la interpretacin

posterior de la mayor parte de los preceptos dedicados por la Constitucin a la Corona.

Y ello porque la monarqua parlamentaria no es sino la monarqua que se ha visto

forzada a un compromiso de convivencia con la democracia; podra incluso

denominarse a esta forma de gobierno como "monarqua democrtica" si esto no fuera

una contradiccin. La monarqua parlamentaria es, en suma, la forma de gobierno que

posibilitar histricamente la compatibilidad, poltica y terica, entre sucesin

hereditaria en la Jefatura del Estado y principio democrtico, mediante una sntesis que

consiste esencialmente en convertir al monarca en el titular de un rgano estatal

desprovisto de poder poltico efectivo.

7.2. Las funciones constitucionales del Jefe de Estado

La Constitucin ha configurado un Jefe del Estado que no participa en el desarrollo de

la vida poltica estatal por carecer de facultades efectivas para ello. sta es la nica

forma en que puede aceptarse en democracia la existencia de un rgano estatal al que se

desprovee de responsabilidad. El Rey no la tiene por sus actos, porque su voluntad

personal es por completo irrelevante en todos los que, pareciendo ser del Rey, son, en

realidad, actos de los titulares de otros rganos. Por eso, la Constitucin proclama en su

Art. 56.3 que la persona del Reyes inviolable y no est sujeta a responsabilidad y que

sus actos estarn siempre refrendados en la forma establecida en el Art. 64, careciendo

de validez sin dicho refrendo. El Rey slo ejerce las funciones que le atribuye

expresamente la Constitucin y las leyes; y estas funciones carecen de la naturaleza de

autnticos poderes: se trata slo de funciones constitucionales a travs de las cuales el

monarca se limita a formalizar, dndoles la forma jurdica constitucionalmente

establecida, decisiones polticas de otros rganos del Estado democrtico.

El cambio en la naturaleza del refrendo es la mejor prueba del paso de gigante que

media entre la ficcin jurdica sobre la que se sostiene la monarqua parlamentaria y la

realidad poltica del sistema democrtico previsto en la Constitucin: en efecto, el

mismo refrendo que sirvi durante todo el perodo de vigencia de la monarqua

constitucional para desplazar a los sujetos que tenan la obligacin de refrendar (de

poner su firma al pie de la firma del monarca) la responsabilidad poltica que el rey, al

ser, por definicin irresponsable, no poda asumir, se ha convertido en la monarqua

parlamentaria en una mera formalidad desprovista de todo contenido. Y es que en la

monarqua parlamentaria el refrendo no sirve para otra cosa que para poner de

manifiesto quin, el refrendante, toma de verdad, la decisin objeto de refrendo,

presentada, en virtud de una ficcin, como una decisin del Rey.

Funciones del rey

Relativas al ejercicio del poder legislativo

Sanciona las leyes, las promulga y ordena su inmediata publicacin. El rey no puede

negarse en ningn caso a sancionar una ley. La promulgacin y la orden de publicacin

se expresan, por lo dems, en una misma frmula jurdica, la promulgatoria, que da

cuenta pblica del acto de la sancin por parte del monarca.

Relativas al funcionamiento de las Cortes Generales

1.- Convocar elecciones generales en los trminos previstos en la Constitucin.

2.- Convocar y disolver las Cortes.

No existe aqu tampoco ninguna capacidad decisoria del monarca, porque esos

supuestos son tasados y resultan:

- Consecuencia de una decisin de otro rgano estatal: el de disolucin

anticipada decretada por el presidente del Gobierno.

- Del mero cumplimiento de sus previsiones automticas: los de disolucin

por extincin del perodo de mandato parlamentario de 4 aos

constitucionalmente fijado.

Relativas al ejercicio del poder ejecutivo

1.- Convocar referndum: en este supuesto el Rey se limita a formalizar una decisin

adoptada por el presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los

Diputados.

2.- Proponer candidato a presidente del Gobierno: en este supuesto el Rey debe

proponer al lder del partido que ha obtenido mayor nmero de escaos en el Congreso

de los Diputados.

3.- Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente. La

decisin la toma el presidente y el Rey se limita a formalizarla a travs de la firma de

los correspondientes Reales Decretos de Cese y Nombramiento.

4.- Presidir las sesiones de Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a peticin

del presidente del Gobierno.

5.- Funcin de mando supremo de las fuerzas armadas. Es un mando exclusivamente

simblico.

Relativas al ejercicio de la accin exterior del Estado

1.- Funciones de formalizacin en relacin con la acreditacin de los embajadores y

otros representantes diplomticos y recepcin de la de los representantes extranjeros.

2.- Declarar la guerra y firmar la paz.

En ambos casos son las Cortes el rgano poltico que tiene atribuida la decisin poltica

efectiva.

Relativas a la formalizacin del nombramiento de altas magistraturas del

Estado

Nombramiento de altas magistraturas del Estado. El nombramiento lo lleva a cabo en

cada caso quien tiene la competencia constitucionalmente atribuida para ello. Por

ejemplo, el Rey nombra al presidente del Tribunal Supremo a propuesta del Consejo

General del Poder Judicial.

TEMA 8: EL ESTADO AUTONMICO EN LA CONSTITUCIN

8.1. El ttulo VIII y la descentralizacin del Estado

La proclamacin del Estado autonmico en el Art.2 de la Constitucin fue realizada por

el legislador constituyente con un propsito claro: intentar buscar una solucin

adecuada y razonable a un grave contencioso histrico-poltico: el problema nacional.

La necesidad era la de mantener la unidad de Espaa como proyecto histrico de

convivencia colectiva y dar, al tiempo, una salida integradora a los movimientos

poltico territoriales del Pas Vasco y Catalua.

Tras los intentos histricos fallidos de las dos Repblicas, que a travs de sus

respectivos textos constitucionales haban intentado dar una respuesta a sus respectivas

reivindicaciones nacionales a favor de la elaboracin de un nuevo marco de relacin

poltica entre Catalua, las provincias Vascongadas y el conjunto del Estado, los

espaoles nos encontrbamos nuevamente con uno de los viejos conflictos de la historia

del constitucionalismo espaol.

Los nacionalismos vasco y cataln iban a demostrar, pese a sus muy diferentes races

sociolgicas, una notable consistencia poltico-ideolgica y una persistencia

organizativa sorprendente, que iba a permitirles estar presentes en el proceso

constituyente que se abri en Espaa tras la cada del franquismo. Las fuerzas

nacionalistas obtuvieron un ms que aceptable resultados en las elecciones democrticas

de 1977: 9 escaos de los 21 que se disputaban en las tres provincias vascas; y 12

escaos de los 47 que estaban en juego en las cuatro provincias catalanas. Esa notable

presencia del nacionalismo vasco y cataln en las Cortes constituyentes de 1977, unida a

la ausencia de cualquier formacin nacionalista de otro territorio y unida, claro, al peso

especfico de las regiones vasca y catalana, determinar que aquellas Cortes acaben

actuando teniendo a la vista sobre todo la necesidad de dar una salida a las

reivindicaciones polticas de unas fuerzas nacionalistas que, tras asentarse en regiones

de una indiscutible significacin, eran portadoras de una voluntad que, aunque

minoritaria en sus respectivos territorios, tena en ellos una voz que hubiera sido una

temeridad no escuchar atentamente.

La solucin fue un compromiso a favor de la apertura de un amplio movimiento hacia la

descentralizacin. Ese compromiso iba a encontrar una doble plasmacin en el texto

constitucional:

- Art.2: establece, con una redaccin abstrusa y circular los tres principios que

definen el Estado desde el punto de vista de su organizacin territorial: el de

unidad, el de autonoma y el de solidaridad.

- Ttulo VIII: fija las previsiones necesarias para que el proceso descentralizador

pudiera echar a andar en el supuesto de que as lo acordasen los sujetos

territoriales constitucionalmente facultados para ello y en la forma en que cada

uno lo decidiese en cada caso.

8.2. Los principios constitucionales de unidad, autonoma y solidaridad

En ningn caso el principio de autonoma puede oponerse al de unidad, sino que es

precisamente dentro de ste donde alcanza un verdadero sentido.

a) Unidad

Es el presupuesto, lgico y poltico, de una autonoma que ha sido en Espaa el punto

de llegada del proceso descentralizador. La unidad est protegida en la Constitucin por

toda una serie de principios e instrumentos destinados a garantizar el proyecto nacional

que Espaa significa, cuya unidad es indisoluble para constituir la patria comn de

todos los espaoles.

El instrumento fundamental a tal respecto es el sistema de distribucin de competencias

que se detalla en los Art.148 y 149 de la Constitucin, en virtud del cual se reserva al

Estado, con carcter exclusivo, compartido o concurrente, la competencia sobre toda

una serie de materias. Un sistema que est, a su vez, garantizado por la rigidez de la

Constitucin y vigilado por el Tribunal Constitucional.

La Constitucin no se limita, en todo caso, a fijar un instrumento para hacer efectiva la

proclamacin constitucional de la unidad de la nacin, sino que la traduce, a lo largo de

su texto, en toda una serie de normas y principios, como por ejemplo:

- El que mediante la definicin fsica de sus caractersticas dispone la

existencia de una bandera nacional.

- El que declara que la capital de Espaa es la villa de Madrid.

- El que establece que el castellano es la lengua espaola oficial del Estado

y que todos los espaoles tienen el deber de conocerla y el derecho a

usarla.

- El que declara que >.

b) Autonoma

Es, como derecho, la consecuencia constitucional y la manifestacin fundamental de un

entendimiento plural de la unidad de la nacin. Un derecho que al ser ejercido se

convierte tambin en un principio organizador de la estructura del Estado que se

traduce, como tal, especialmente en tres esferas: la de organizacin, la de las

competencias y la de la garanta constitucional de la primera y las segundas.

La significacin de la organizacin es evidente, pues la autonoma exige de forma

inexcusable la presencia de un entramado institucional propio para la persecucin de los

intereses respectivos de los territorios que gozan de la misma.

Las competencias son el resultado final de combinar mbitos materiales de actuacin y

potestades pblicas de los rganos polticos autnomos para actuar sobre ellos: las

competencias se resumen, en conclusin, en la posibilidad de que los territorios de

gozan de las mismas puedan realizar en realizar en relacin con ellas polticas pblicas

autnomas.

Finalmente, la garanta constitucional de la autonoma es la propia autonoma, garanta,

establecida en el texto de la Constitucin de que el estatus de las entidades autonmicas,

su organizacin y competencias, no podr ser alterado por decisin unilateral de la

entidad estatal respecto de la cual se obtiene autonoma: los Estatutos, considerados por

la Constitucin como la norma institucional bsica de cada Comunidad Autnoma son

la expresin jurdica esencial de esta garanta. Como tambin lo es la existencia de un

rgano estatal, el Tribunal Constitucional, que tiene atribuidas entre sus facultades, la

del control de la constitucionalidad y, por tanto, la de resolver los conflictos de

competencia entre el Estado y las Comunidades Autnomas, as como los de stas entre

s.

c) Principio de solidaridad

Constituye, en fin, el complemento constitucional ms esencial de la autonoma, aquel

que asegura que las diferencias que con la misma inevitablemente se generen entre las

diferentes Comunidades que conforman el sistema no se traducir en desigualdad ni

privilegios: de este modo dispone el Art.138 de la Constitucin que el Estado garantiza

la realizacin efectivo del principio de solidaridad > y que >.

La solidaridad no mira slo hacia el futuro, sino tambin hacia el pasado: lo que resulta

as por el hecho de que el constituyente la formulase a partir del reconocimiento

explcito de la existencia en Espaa de mediados de los 70 de desequilibrios reales entre

los diferentes territorios del pas, por lo que la solidaridad debe traducirse tambin en la

adopcin de medidas de redistribucin territorial tendentes a restaurar el equilibrio y a

evitar nuevos desequilibrios.

Aparece muy ligado a este principio el que algunos autores han denominado principio

de legalidad sustancial que el Art.158.2 de la Constitucin proclama que > y procede a la creacin de un

instrumento destinado a hacer desaparecer esos desequilibrios: el fondo de

compensacin, con destino a gastos de inversin, cuyos recursos sern distribuidos por

las Cortes Generales entre las Comunidades Autnomas.

TEMA 9: LAS CORTES GENERALES. ELECCIN Y ORGANIZACIN

9.1. Las Cortes Generales en el sistema constitucional: el bicameralismo

Las Cortes Generales representan al pueblo espaol y estn formadas por dos Cmaras:

el Congreso de los Diputados y el Senado de la misma forma que lo haban hecho

previamente la mayor parte de las constituciones que precedieron a la del 78. Pero, el

bicameralismo de la Constitucin de 1978 se establece con una vocacin que, en

principio, nada tiene que ver con los dems. El de las Constituciones de 1837, 1845 y

1976 era el tpico bicameralismo europeo de su poca y responda a un diseo de

naturaleza poltico-social que haca de las cmaras bajas las de representacin del

cuerpo electoral, por ms que ste estuviera estrictamente restringido y de las cmaras

altas de las de representacin de las ms elevadas categoras de la sociedad.

a) El bicameralismo oligrquico

Caracterstico del constitucionalismo europeo durante la mayor parte del s.XIX. Junto

con la facultad del rey para vetar las leyes precedentes del poder parlamentario y sus

facultades para convocar, suspender y disolver el parlamento y designar y cesar a los

ministros, la introduccin del bicameralismo va a traducir la voluntad de los nuevos

sectores dominantes del liberalismo europeo a favor, no slo de controlar, como hasta

entonces, el poder ejecutivo, sino adems de introducir un cambio esencial en la

conformacin material del poder legislativo, por virtud de la cual el rey no se limitara a

mediatizar el ejercicio por parte del parlamento de su funcin esencial de legislar (veto

y sancin) y su propia existencia temporal (poder para suspender el parlamento ya

elegido, o retrasar la convocatoria pendiente de elegir), sino que entrara de lleno en la

composicin interna del poder parlamentario, al reservarse la posibilidad de designar

parcial o totalmente una de las dos Cmaras: el Senado, que los parlamentos

bicamerales pasan a tener.

Los constituyentes europeos de la post-revolucin francesa van a controlar esa segunda

Cmara conservadora y oligrquica a travs de dos expedientes primordiales: primero

poniendo el nombramiento de una parte del Senado de mucha mayor dificultad para

poder acceder a l. El objetivo que se persegua, en palabras del diputado francs Boissy

DAnglas era conseguir que la razn corrigiese a la imaginacin.

En Espaa (como en la mayora de los pases europeos), el bicameralismo oligrquico

fue pieza ms con la que los monarcas constitucionales surgidos de la Revolucin

trataron de evitar, o retrasar, en todo caso, el proceso de parlamentarizacin de la

monarqua. Por eso, cuando las monarquas constitucionales, iniciado el ltimo tercio

del s.XIX, se parlamentarizaron, ya sin punto de retorno, las segundas Cmaras

oligrquicas tendiendo a desaparecer o a persistir como una mimtica reproduccin de

las Cmaras bajas, pues unas y otras pasaron sencillamente a duplicar la representacin

del cuerpo electoral.

b) El bicameralismo federal

Encontr su origen en la experiencia constitucional americana. Parte de un postulado

muy distinto al oligrquico. En el bicameralismo federal, lo que hay que representar en

la segunda de las Cmaras es algo cualitativamente diverso de lo que debe representarse

en las primeras: no al pueblo, o a la nacin, sino a las entidades territoriales en que ese

pueblo se organiza.

La experiencia constitucional americana en este sentido, tuvo, a la larga, una gran

influencia en los regmenes constitucionales europeos: una buena pare de los Estados

democrticos de Europa se organizan actualmente, desde el punto de vista de su

ordenacin territorial, sobre la base del principio federal, bien a travs del federalismo

regional, bien a travs de una profunda descentralizacin territorial, o bien, a travs de

la combinacin de una y otra tcnica de descentralizacin territorial.

9.2. La eleccin y composicin del Congreso y del Senado

Congreso

El Art.68 de la Constitucin Espaola se refiere a su composicin y forma de eleccin.

El Congreso se concibe como la cmara de representacin del cuerpo electoral que est

formada por un mnimo de 300 y un mximo de 400 diputados que son elegidos por

sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por un periodo de cuatro aos;

atendiendo a criterios de representacin proporcional en circunscripciones provinciales

a las que la Constitucin dispone que debe asignarse una representacin mnima inicial.

El resto de los diputados a elegir se distribuirn de forma proporcional al reparto de la

poblacin en las provincias, excepto en Ceuta y Melilla que tienen un diputado cada

una.

Las elecciones al Congreso tendrn lugar entre los 36 das de la terminacin del

mandato (se produce cuatro aos despus de la eleccin) o del da de la disolucin

anticipada. El Congreso deber ser convocado dentro de los 25 das siguientes al de la

consulta electoral.

Todos estos extremos han sido objeto de desarrollo pormenorizado en la Ley Orgnica

5/1985, del rgimen electoral general que ha fijado:

- En 350 el nmero de miembros del Congreso (manteniendo la cifra vigente de

las elecciones generales de junio de 1977).

- En 2 el nmero mnimo inicial de diputados por provincia.

- En 102 (los de Ceuta y Melilla, ms dos por cada una de las 50 provincias

espaolas) los que se asignan con independencia del reparto interprovincial del

conjunto de la poblacin y slo los 248 restantes teniendo en cuenta el criterio.

- La poblacin total de derecho de las provincias peninsulares e insultares se

divide por 248 para obtener la correspondiente cuota de reparto. sta divida por

la poblacin de cada una de las mismas permite atribuirles tantos diputados

como resulten asignndose todos los restantes a las provincias cuyo cociente

tenga una fraccin decimal mayor.

La combinacin de todas estas diversas disposiciones ha dado lugar a un sistema

electoral que produce dos notables distorsiones y que tienen a reducir la

proporcionalidad del sistema electoral dispuesto legalmente para la eleccin del

Congreso de los Diputados:

- Referida al procedimiento establecido para el reparto interprovincial de los

escaos entre los distintos electorales.

- La Constitucionalizacin de la provincia como distrito electoral determin

igualmente la existencia de un alto nmero de distritos provinciales de tamao

reducido.

El resultado final de esta combinacin es que nuestro sistema electoral viene a potenciar

los efectos desproporcionadotes de al frmula electoral elegida por el legislador

orgnico, la frmula DHondt que consiste en que en el reparto conjunto de los escaos

del Congreso resultan claramente favorecidos los partidos grandes y medianos y no

menos claramente perjudicados los pequeos.

Respecto a la forma de presentacin de candidaturas, se harn mediante listas en las que

tiene que haber tantos candidos como cargo a elegir y tres candidatos suplentes por

orden de colocacin. Las listas a su vez tienen que ser:

- Cerradas: los electores debern votar la lista en bloque no pudiendo, por lo

tanto, no incluir nuevos nombres en la lista ni eliminar ninguno de los que

figuran en la misma.

- Bloqueadas: los electores no pueden alterar el orden en que los candidatos

aparecen colocados en las listas presentadas.

Esto reduce la capacidad de seleccin del elector y pone en manos de los partidos que

los presentan al Congreso un gran poder que convierte el proceso electoral en un

proceso de doble confianza.

La apertura de las listas debera traducirse en un aumento de la autonoma del elector

respecto de lo que los partidos le proponen. No hay ninguna razn para pensar que lo

que los electores hacen en relacin con el Senado no lo haran, si ese fuera el caso

tambin en el Congreso. Los electores votan para el Senado, en la inmensa mayora de

los casos, a los tres candidatos y slo a los tres candidatos propuestos por el partido por

el que optan para el Congresos esos mismos electores, renunciando a la posibilidad

legal de que disponen para combinar candidatos de partidos diferentes y componen su

propia lista (panachage).

Senado

El Art.69 lo define como la cmara de representacin territorial con un total de 259

senadores. stos pueden ser:

- Provinciales: elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por

un periodo de cuatro aos en los trminos que seale una ley orgnica. Son 208

senadores y son cuatro por provincia a excepcin de Gran Canaria, Mallorca y

Tenerife que cuentan con tres por provincia e Ibiza-Formentera, Hierro,

Menorca, Fuerteventura, Gomera, Lanzarote, La Palma y las poblaciones de

Ceuta y Melilla que cuenta con dos.

- Autonmicos: designados a uno por comunidad y otro ms por cada milln de

habitantes de su respectivo territorio. Son 51 senadores y su asignacin le

corresponde a la Asamblea Legislativa o al rgano colegiado superior.

La ley electoral opt por un sistema mayoritario corregido, el del voto plural restringido

que slo permite a los electores dar su voto a un mximo de tres candidatos en

circunscripciones provinciales, dos y uno en las restantes circunscripciones insulares.

El diferente sistema electoral de Congreso y Senado se ha traducido en que la

correlacin de fuerzas internas de una y otra Cmara, pese a haber presentado una

composicin en lo esencial polticamente similar, se haya repartido en proporciones

diferentes en las sucesivas legislaturas elegidas desde la primera de 1977. Existe una

necesidad de un cambio en la configuracin del Senado que consistira en tratar de

convertirlo en una autntica Cmara de representacin territorial en la que estn

prevalentemente territorios. Las modificaciones seran de tipo funcional. Existieron

ensayos de diversas modificaciones como, por ejemplo, la Comisin General de las

CCAA del Senado introducida tras la reforma del reglamento de la Cmara del 11 de

enero de 1994. Esto llev a la conclusin de que tambin se necesitaran cambios de

naturaleza estructural.

Los cambios desde el punto de vista estructural consistiran en que todos los senadores

que lo forman fueran elegidos por las asambleas autonmicas lo que exigira, nada ms

reformar el Art.69 para suprimir la figura de los senadores provinciales. Ellos velaran

por el inters de su respectivo territorio segn la consideracin a tal efecto del partido y

del grupo parlamentario, al que pertenece cada uno.

Por lo tanto, se propondra la introduccin en Espaa de una Cmara Alta similar a la

Cmara que en Alemania representa a los Estados, el Bundesrat en la que estn

presentes los Estados federados alemanes. No sera un Senado representativo en el

sentido en que las Cortes espaolas lo son hoy.

No es seguro que con ello se diese solucin a los problemas que con un tipo de Senado

como se quieren resolverse porque tal Senado igualara a la posicin de todas las

comunidades que lo conforman el sistema. Este proyecto, ha sido rechazo por Catalua

y Pas Vasco.

9.3. Democracia y proceso electoral

Nuestra Constitucin tal y como es habitual en el constitucionalismo comparado, guarda

un gran silencio prcticamente absoluto sobre la normativa con arreglo a la cual habr

de desarrollarse el proceso electoral. Este ha sido desarrollado con gran detalle por la

ley electoral.

a) La administracin electoral

La administracin electoral est destinada a garantizar la transparencia y objetividad del

proceso de elecciones y el principio de igualdad. La administracin est integrada por:

1.- Juntas electorales

- Central: 8 vocales magistrados del Tribunal Supremo y 5 vocales profesores de

Derecho, Ciencias Polticas.

- Provinciales: 3 vocales magistrados de la respectiva audiencia provincial y 2

vocales profesores de Derecho

- Zonales: 3 vocales jueces de primera instancia o instruccin y 2 vocales

profesores de Derecho

2.- Mesas electorales: las circunstancias electorales estn divididas en secciones, que

habrn de contar con un mximo de 2000 electores y un mnimo de 500, y en cada una

de las cuales habr una mesa electoral.

3.- Oficina del censo electoral: es el rgano encargado de la formacin del censo,

documento que contiene la inscripcin de quines renen los requisitos para ser elector.

b) Desarrollo del procedimiento electoral

Est destinado a garantizar la correccin del proceso de elecciones, asegurando la

igualdad y libertad de los que ejercen el derecho activo y pasivo de sufragio.

1.- Presentacin de candidatos: podrn presentar candidatos o listas de candidatos los

partidos y federaciones inscritos en el registro correspondiente, las coaliciones

constituidas con arreglos a la ley y las agrupaciones de electores que renan los

requisitos legalmente establecidos, salvo aquellas que vengan a continuar la actividad de

un partido poltico declarado judicialmente ilegal y disuelto.

2.- Campaa electoral: la ley regula la forma en que los competidores podrn realizar

la propaganda y dems actos electorales.

3.- Votacin: se desarrollar entre las 9 y las 20 horas del da sealado para las

elecciones y respecto a la cual le ley ordena con un grado extraordinario de detalle la

forma de desarrollo de todas las operaciones de voto por parte de los titulares del

derecho de sufragio: la acreditacin de los votantes, las facultades de la mesa o las

garantas para hacer efectivo el voto secreto y el escrutinio que es pblico y comienza

terminada la votacin.

4.- Proclamacin de candidatos: se lleva a cabo una vez resueltas todas las

reclamaciones que eventualmente pudieran presentarse despus del escrutinio.

c) Regulacin de los gastos y subvenciones electorales y de los delitos e

infracciones que

pueden cometerse durante el proceso electoral.

1.- Contabilidad: toda candidatura deber tener un administrador electoral responsable

de sus ingresos y gastos y de su contabilidad, debiendo, adems, los partidos que

presenten candidatos en ms de una provincia contar con un administrador general.

2.- Financiacin: el principio es el de que el Estado subvencionar los gastos

ocasionados a los partidos que compiten en el proceso electoral, gastos que sern los

que por los diversos conceptos fijados legalmente (sobres, papeletas) realicen los

competidores desde el da de la convocatoria electoral hasta el de la fecha de la

proclamacin de electos.

3.- Delitos e infracciones electorales: regula la ley con exhaustividad las penas para los

delitos que pueden cometerse con ocasin del desarrollo del proceso electoral y el

procedimiento judicial a tal efecto, que habr de desarrollarse con arreglo a las

previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y debiendo tramitarse con la mxima

urgencia posible.

Todas las infracciones electorales que no constituyen delito con arreglo a la ley electoral

sern sancionadas con multa por la junta electoral en cada caso competente.

Todas las normas reguladoras del proceso electoral mencionadas tienen por objeto

asegurar que las elecciones sean libres, limpias y competidas.

9.4. Parlamentarios individuales y grupos parlamentarios

a) Inelegibilidades e incompatibilidades

La Constitucin contiene los grandes principios que sirven para determinar quin puede

ser parlamentario y cul es el estatuto de que gozan los ciudadanos espaoles que

ostentan tal condicin.

Por lo que se refiere a lo primero, no existen en nuestro ordenamiento constitucional

diferencias entre quien puede ejercer el derecho de sufragio activo (votar) y el pasivo

(ser votado); la Constitucin dispone incluso expresamente, en el caso del Congreso,

que son electores y elegibles todos los espaoles que estn en pleno uso de sus

derechos.

Sin embargo, hay una serie de situaciones en virtud de las cuales los espaoles que se

encuentran en pleno uso de sus derechos quedan imposibilitados bien para presentarse a

las elecciones (inelegibilidades) o bien para tomar posesin del cargo de parlamentarios

para el que hubieran sido electos (incompatibilidades).

Inelegibilidades: el inelegible debe optar, antes de que se cierre el plazo para la

prestacin de candidaturas, entre continuar desempeando el cargo o condicin

que origina la inelegibilidad. Supuesto en el cual no podr concurrir finalmente

como candidato, o abandonar aquel cargo o condicin, concurriendo despus en

consecuencia, al proceso electoral.

Incompatibilidades: el incompatible podr concurrir como candidato electoral

y slo en el caso de resultar elegido deber optar entre conservar el cargo o

condicin que provoca la incompatibilidad, supuesto en el cual no podr tomar

posesin del cargo pblico para el que hubiera resultado electo, o renunciar a

aquel cargo o condicin tomando posteriormente posesin del correspondiente

cargo representativo.

La existencia de las incompatibilidades se explica por la necesidad de asegurar

la dedicacin al cargo y la independencia y libertad en su ejerci