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EL ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO El acto administrativo se define como cualquier declaración de volunta, deseo, conocimiento o juicio, realizada por una Administración Pública en virtud de una potestad administrativa, distinta de la potestad reglamentaria y controlable por Juzgados y Tribunales. Por tanto, podemos decir que un acto administrativo es cualquier acto dictado por la Administración con arreglo a las normas de derecho administrativo. Las características básicas de este concepto, son las siguientes:

• Es un acto jurídico, es decir, un acto que genera unas consecuencias jurídicas.

• Es un acto dictado por una Administración, de modo que

quedan excluidos automáticamente todos aquellos actos realizados por los interesados ( los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas) como solicitudes, recursos, quejas, sugerencias, reclamaciones etc...

• Es un acto sometido a derecho administrativo, es decir, con

arreglo a normas de derecho público y no privado, ya que la Administración puede dictar actos también sujetos a un régimen jurídico privado. Estos actos quedarían excluidos por tanto, del concepto de acto administrativo. Del mismo modo quedan excluidos del concepto de acto administrativo, las normas dictadas por la Administración que tienen alcance general, como los reglamentos, los contratos administrativos y las actuaciones por vía de hecho de la Administración.

La forma de los actos administrativos: Por otra parte, el acto administrativo es, a su vez, un acto formal, por lo que habrá de atender a una serie de requisitos de forma, es decir, ha de observar una determinada manifestación externa. Según el Art. 36 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre:

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Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. CLASES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Las distintas clasificaciones realizadas en torno a los actos administrativos atienden a diferentes puntos de vista, de modo que todas son perfectamente validas y todas responden a una especial incidencia sobre uno o varios elementos característicos de los actos administrativos. Reproducimos las más importantes a continuación. CLASIFICACIONES Según el órgano del que procede.

Acto simple: dictado por un solo órgano administrativo Acto complejo: dictado por varios órganos administrativos

Según la extensión de sus efectos.

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Acto General: acto dirigido a una pluralidad indeterminada de personas Acto Singular: acto dirigido a personas determinadas

Por el lugar que ocupan en el procedimiento administrativo.

Acto de trámite: acto que no decide la cuestión de fondo del procedimiento, sino que se dicta para preparar el acto que contendrá la resolución definitiva del mismo Acto definitivo: en contraposición al anterior, es un acto que contiene la decisión adoptada por un órgano administrativo, con respecto al objeto de un procedimiento Acto que causa estado: acto que agota la vía administrativa y que, por tanto, solo es recurrible ante la Jurisdicción contencioso administrativa. Acto firme: acto que se convirtió en irrecurrible por que se dejaron transcurrir los plazos para su impugnación, salvo por medio de recursos excepcionales como el recurso potestativo de reposición o el extraordinario de revisión, ambos administrativos.

Por su impugnación en vía contencioso – administrativa.

Acto impugnable: acto que pone término a la vía administrativa y que solo es recurrible ante el orden contencioso administrativo. Acto no impugnable: acto que no puede ser recurrido en vía contencioso administrativa porque no ha agotado la vía administrativa, requisito imprescindible para poder acceder a la impugnación del acto en vía judicial

Por su contenido.

Actos constitutivos: actos que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas.

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Actos declarativos: actos que contienen una declaración, es decir, que acreditan un hecho o una situación jurídica, pero no la crean, solamente manifiestan su existencia.

Por la potestad ejercitada.

Acto reglado: acto dictado cuando todos los elementos del acto están determinados por la norma jurídica aplicable, es decir, cuando se dicta en ejercicio de una potestad reglada. Acto discrecional: acto dictado en ejercicio de una potestad discrecional de la Administración que le permite determinar por sí misma, sin la obligatoriedad de la norma, uno o varios de los elementos del acto administrativo.

Por el modo de exteriorizarse.

Acto expreso: acto dictado de forma y modo expreso por la Administración. Acto presunto: acto que no se produce sino que se presume su existencia. Es un tipo de acto, que como veremos, actúa a modo de ficción jurídica.

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los elementos del acto administrativo, entendiendo por tales todas las partes intervinientes en su producción, se pueden clasificar del siguiente modo:

• Elemento subjetivo o sujeto

• Elemento objetivo u objeto • Elemento final • Elemento formal

• Elemento causal Cuando todos estos elementos se encuentran determinados en una norma, decimos que la Administración actúa con arreglo a una potestad reglada. Cuando alguno de ellos puede ser establecido libremente por la Administración, decimos que actúa con arreglo a una potestad discrecional.

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En cuanto a los límites de los actos, procedemos a su análisis a continuación: ELEMENTO SUBJETIVO O SUJETO DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido.

El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Para poder considerar un acto como administrativo, hemos indicado anteriormente, debe ser un acto dictado por la Administración con arreglo a las normas de derecho administrativo. Así pues los elementos básicos son:

• Acto dictado por la Administración

• Acto dictado por un órgano legalmente investido en su cargo • Acto dictado por un órgano imparcial

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas posteriormente, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. En relación con la imparcialidad del órgano a la hora de dictar un acto, hemos de hacer referencia por tanto, a las causas de abstención y recusación que afectan a los órganos administrativos. Según la ley del sector público (ley 40/2015) son motivos de abstención los siguientes:

• Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

• Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los

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interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

• Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

• Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

• Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.

La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. ELEMENTO OBJETIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO. El elemento objetivo de un acto administrativo es el objeto o el contenido del acto. Las características del objeto del acto administrativo son las siguientes:

• Debe ser lícito

• Debe ser posible • Debe ser determinado o determinable

• Debe ser adecuado al fin del acto ELEMENTO FINAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

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El elemento final del acto administrativo responde a la pregunta “¿para qué ese ha dictado un acto administrativo?”. La respuesta debe ser siempre: para conseguir un interés público, en aplicación del art. 103 de la Constitución española de 1978, que señala que la Administración sirve con objetividad los intereses generales. ELEMENTO FORMAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Por elemento formal entendemos el conjunto de trámites y de formalidades por medio de los que se configura la voluntad administrativa. El vicio de forma, se considera por tanto el vicio nacido de la ausencia de alguna de las formalidades que el ordenamiento jurídico impone a los actos administrativos.

Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. ELEMENTO CAUSAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Se refiere al porqué del nacimiento del acto administrativo, a la razón que lo justifica en su nacimiento. La motivación de los actos administrativos.

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Por motivación se puede entender, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, la "exposición de las razones o fundamentos en que se basa una decisión" y, por motivación del acto administrativo, la "obligación del órgano que adopta la decisión de incluir en ella una exposición sucinta de los hechos y fundamentos jurídicos en los que se basa". Características de la motivación según la jurisprudencia. La motivación es una garantía en contra de la arbitrariedad: “La motivación no consiste ni puede consistir (...) en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad que sería una proposición apodíctica, sino que ésta —en su caso— ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así en una garantía esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad” (Tribunal Constitucional, nº 77/2000, de 27/03/2000, Rec. Recurso de amparo 3.791/1995) La motivación es un requisito no sólo de forma sino también de fondo e indispensable: - La TS, Sala de lo Contencioso, de 12/04/2012, Rec. 5651/2009 en cuyo FJ 2º establece que: “El artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , exige que sean motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos a que alude, consistiendo la motivación, como bien es sabido, en un razonamiento o en una explicación, o en una expresión racional del juicio, tras la fijación de los hechos de que se parte y tras la inclusión de éstos en una norma jurídica, y no sólo es una «elemental cortesía», como expresaba ya una Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 julio 1981 , ni un simple requisito de carácter meramente formal, sino que lo es de fondo e indispensable, cuando se exige, porque sólo a través de los motivos pueden los interesados conocer las razones que «justifican» el acto, porque son necesarios para que la jurisdicción contencioso-administrativa

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pueda controlar la actividad de la Administración, y porque sólo expresándolos puede el interesado dirigir contra el acto las alegaciones y pruebas que correspondan según lo que resulte de dicha motivación que, si se omite, puede generar la indefensión prohibida por el art. 24.1 de la Constitución”. La motivación podrá ser sucinta, como señala la norma, pero ha de ser suficientemente indicativa de las razones que llevan a la resolución que se adopte, por tanto su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplias consideraciones, cuando no son precisas más explicaciones ante la simplicidad de la cuestión que se plantea y que se resuelve o que ha ser exhaustiva y compleja cuando las circunstancias del asunto así lo requieren (Cfr. Tribunal Constitucional, nº 37/1982, de 16/06/1982, Rec. Recurso de amparo 216/1981). Lugar de la motivación: la motivación por remisión. La motivación puede estar en el propio acto o bien puede realizarse por referencia a informes o dictámenes que le preceden, así, por ejemplo, en la Tribunal Constitucional, nº 150/1993, de 03/05/1993, Rec. Recurso de amparo 943/1990. se admite dicha posibilidad de motivación por remisión al decir que “no existiendo un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación judicial, no corresponde a este Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho, ni revisar la forma y estructura de la resolución judicial, puesto que su función se limita a comprobar si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión (Tribunal Constitucional, nº 174/1987, de 03/11/1987, Rec. Recurso de amparo 1.072/1986 , Tribunal Constitucional, nº 75/1988, de 25/04/1988, Rec. Recurso de amparo 601/1986, Tribunal Constitucional, nº 184/1988, de 13/10/1988, Rec. Recurso de amparo 1.305/1986, Tribunal Constitucional, nº 14/1981, de 29/04/1981, Rec. Cuestión de Inconstitucionalidad 17/1981 y Tribunal Constitucional, nº 175/1992, de 02/11/1992, Rec. Recurso de amparo 538/1989), incluso en supuestos de motivación por remisión (Tribunal Constitucional, nº 174/1987, de 03/11/1987, Rec.

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Recurso de amparo 1.072/1986, Tribunal Constitucional, nº 146/1990, de 01/10/1990, Rec. Recurso de amparo 760/1988 y Tribunal Constitucional, nº 27/1992, de 09/03/1992, Rec. Recurso de amparo 901/1989 y Tribunal Constitucional, nº 688/1986, de 10/09/1986, Rec. Recurso de amparo 394/1986 y Tribunal Constitucional, nº 956/1988, de 21/07/1988, Rec. Recurso de amparo 1.779/1987)". Sobre la motivación por remisión, se debe tener en cuenta, además, lo siguiente: TS, Sala de lo Contencioso, nº S/S, de 19/01/2004, Rec. 410/2001: Aunque “con carácter general, no es necesario que los informes obrantes en el expediente se incorporen literalmente en la resolución administrativa, pero también lo es que el supuesto contemplado en el artículo 89.9 LRJ y PAC es el relativo a la aceptación pura y simple de informes o dictámenes, y en tal caso el texto de éstos ha de constar en la resolución en la medida en que lo exige la propia motivación para dar a conocer las razones de la decisión administrativa”. TSJ La Rioja, Sala de lo Contencioso, nº 10/2016, de 13/01/2016, Rec. 271/2012: los informes y dictámenes “hayan sido evacuados por los correspondientes órganos consultivos, en cuanto coadyuvantes a la formación de la voluntad del órgano activo o incluso a otros documentos”. Actos administrativos que requieren motivación. Sin embargo, no todos los actos administrativos precisan de motivación sino sólo aquellos a los que alude el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre: Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

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Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Efectos de la falta de motivación. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1998 , la "falta de motivación o la motivación defectuosa pueden integrar un vicio de anulabilidad o una mera irregularidad no invalidante y el deslinde de ambos supuestos ha de hacerse atendiendo a un criterio que tiene dos manifestaciones: a) desde el punto de vista subjetivo, y dado que el procedimiento administrativo tienen una función de garantía del administrado, habrá que indagar

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si realmente ha existido o no indefensión; b) en el aspecto objetivo, y puesto que el proceso tiene por objeto determinar si el acto impugnado se ajusta o no a Derecho, será preciso verificar si se cuenta o no con los datos necesarios para llegar a la conclusión indicada”. Eficacia y validez de los actos administrativos. (Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Los efectos de los actos administrativos se regulan en el Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, que determina básicamente, al igual que hacía su antecedente legislativo inmediato (el Art. 50 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre) la presunción de validez de los mismos, así como la posibilidad excepcional de su eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado. Los efectos de los actos administrativos se encuentran recogidos en el Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre cuyo contenido es el siguiente: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

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Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 44 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Los apartados 1, 2 y 3 del Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se corresponden íntegramente con la antigua regulación del Art. 57 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mientras que el apartado 4 reproduce lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 18 ,Ley 30/1992, de 26 de noviembre: El único contenido original en este punto es el del apartado 5 del Art. 39 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Para conocer qué actos administrativos deben ser motivados, esto es, contar con una sucinta referencia de los hechos y fundamentos de derecho en que se basan, habrá que acudir a lo dispuesto en el Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. En cuanto a la forma del acto administrativo habrá que estar a los requisitos que al respecto establece el Art. 36 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. La autotutela declarativa: La autotutela es el más importante de los privilegios de la Administración, entendidos éstos como aquellas situaciones y poderes que el ordenamiento jurídico le otorga colocándola en una situación desigual y superior respecto de los administrados que con ella se relacionan. Su fundamento se encuentra en la necesidad de una eficaz gestión de los servicios públicos confiados a la Administración y tiene su respaldo constitucional en el artículo 103.1 de la Constitución. Analizaremos a continuación los dos tipos de autotutela. Cualquier persona que quiera hacer efectivo su derecho frente a otra que no se le reconozca, ha de acudir a los Tribunales de

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Justicia para que éstos le otorguen la tutela correspondiente. Esta es la regla general, aunque existen algunos supuestos de autotutela privada en los que el propio sujeto hace valer su derecho frente a los demás; se trata, sin embargo, de hipótesis excepcionales que precisan un reconocimiento legal explícito y que poseen carácter facultativo, sin que excluyan la intervención del Juez. Esto podría valer también para la Administración, en el sentido que la ejecución material de un acto requiriera su validación judicial. Pero la realidad es que la Administración no ocupa respecto de los Tribunales la misma posición que cualquier otra persona. A diferencia de éstos, está capacitada como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas sin necesidad de recabar la tutela judicial; es más, el Juez no puede interferir salvo cuando la autotutela se ha producido y precisamente para verificar si se ajusta o no al derecho material aplicable. Para el Tribunal Constitucional, el fundamento de la autotutela se encuentra en la necesidad de una eficaz gestión de los servicios públicos confiados a la Administración y tiene su respaldo constitucional en el artículo 103.1 de la Constitución (Sentencia 22/1984, de 17 de febrero), aunque esta justificación no excluye que la autotutela se considere como uno, si no el más importante, de los privilegios de la Administración, entendidos éstos como aquellas situaciones y poderes que el ordenamiento jurídico le otorga colocándola en una situación desigual y superior respecto de los administrados que con ella se relacionan. Se suelen diferenciar dos clases de autotutela: declarativa y ejecutiva. Hablaremos de la ejecutiva más adelante para respetar el orden de los epígrafes de este tema. La declarativa dimana de la ejecutividad de los actos administrativos, supone eximirse de la carga del juicio declarativo; la ejecutiva, de la ejecutoriedad, con la exención de la carga del juicio ejecutivo. Algunos autores, como García De Enterría, añaden la autotutela "en segunda potencia". La autotutela declarativa supone que todos los actos administrativos –(que, no se olvide, son decisiones unilaterales de

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la Administración) tienen fuerza ejecutiva, salvo cuando expresamente la Ley lo niegue. Es decir, la declaración administrativa que define una situación jurídica nueva, crea inmediatamente esta situación. Se encuentra actualmente recogida en el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en cuya virtud "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos", con algunas salvedades: "a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. c) Una disposición establezca lo contrario. d) Se necesite aprobación o autorización superior.". Como presupuesto lógico de la ejecutividad aparece la "presunción de legalidad" de las decisiones administrativas, por el cual los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo son ejecutivos, se presumen válidos y producen efecto desde la fecha en que se dicten, si bien la eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. No obstante, se trata de una presunción iuris tantum, que traslada a los administrados la carga de tener que acudir a los recursos para evitar la firmeza del acto y destruir aquella presunción de conformidad de la actuación con el ordenamiento jurídico, pero no afecta a la carga de la prueba, que ha de ajustarse a las reglas generales. Por otro lado, la presunción de validez no se extiende a los actos nulos de pleno derecho. Ahora bien, la autotutela declarativa presenta varios límites. En primer lugar, el dimanante de la vinculación de la Administración a sus propios actos declarativos de derechos, que le impide formalmente volver contra ellos mediante otros de signo de contrario; para ello deberá acudir a su impugnación contencioso

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administrativa, previa declaración de lesividad, salvo si se trata de actos nulos de pleno derecho. En segundo lugar, puede que la ejecución del acto haya sido suspendida en vía de recurso administrativo o de recurso contencioso-administrativo. La posibilidad de dejar en suspenso la eficacia de los actos de la Administración responde, entre otras, a la idea de que, si esos actos se han llevado a cabo sin posibilidad de vuelta atrás o, al menos, cuando resulta difícil la reparación de los perjuicios causados, parece inútil verificar la adecuación a Derecho del acto en cuestión. A ello se añade que la autotutela no parece un principio general que exprese valores fundamentales, sino una regla general excepcionable ante determinados derechos o potenciales agresiones a esos derechos de carácter irreversible, o ante simples garantías de cumplimiento futuro prestadas por el ciudadano obligado a cumplir en el acto. En tercer lugar, y enlazando con lo anterior, ha de recordarse que las resoluciones sancionadoras sólo son ejecutivas cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa (art. 90.3 de la LPACAP) , mientras tanto, carecen de tal cualidad. Finalmente, no ha de olvidarse que la autotutela administrativa no impide ni excluye en ningún caso la tutela jurisdiccional, sólo que la primera actúa inicialmente, mientras que la segunda revisa la legalidad de lo cumplido por la primera, es decir, actúa a posteriori, para comprobar si la actuación de la Administración se ha ajustado o no a la legalidad. Notificación de los actos administrativos (Art. 40-44 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Por notificación, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, se debe entender aquella "comunicación o puesta en conocimiento de una decisión administrativa que afecta a los derechos o intereses de cualquier persona física o jurídica". La regulación de la misma se encuentra en los Art. 40-44 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ la notificación es aquella "comunicación o puesta en conocimiento de una decisión administrativa que afecta a los derechos o intereses de cualquier persona física o jurídica". Para conocer el régimen de la misma, se

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debe acudir a lo dispuesto en los Art. 40-44 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Así, y por lo que respecta a la notificación propiamente dicha, el Art. 40 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala lo que se transcribe a continuación: El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

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Por su parte, el Art. 41 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece lo siguiente en relación con las condiciones generales para la práctica de las notificaciones: Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos: Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente. Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán

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para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica

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de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por lo que respecta a la práctica de las notificaciones en papel, el Art. 42 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre dispone lo siguiente: Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el Art. 44 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. En lo que concierne a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, habrá que estar a lo recogido en el Art. 43 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada

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única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el apdo. 4 del Art. 40 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. En los supuestos de notificación infructuosa, será aplicable el Art. 44 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre: Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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Publicación de los actos administrativos (Art. 45-46 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Los Art. 45,Art. 46 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan de la regulación de la publicación de los actos administrativos. El Art. 45 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a la publicación de los actos administrativos, señala lo siguiente: Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el apdo. 2 del Art. 40 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 44 ,ley 39/2015, de 1 de octubre, la publicación de actos y comunicaciones que, por

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disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente. Como dispone el Art. 46 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente Diario oficial. La aprobación por otra administración: Entre los efectos de los actos administrativos se introduce en la Ley de Procedimiento Administrativo Común la norma que recoge la LJCA en su art. 44, al regular el requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo cuando una Administración considere ilegal un acto de otra Administración Pública. El art. 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre inserta el requerimiento previo en el curso de un procedimiento administrativo en el que el acto a aprobar tenga como base un acto administrativo de otra Administración pública que se considere ilegal. En este supuesto el citado art. 39.5 dispone que, con carácter previo a la aprobación del acto, se podrá requerir a la otra Administración para que anule o revise el acto y, en caso de no ser atendido el requerimiento, quedará expedita la vía contencioso-administrativa. En este supuesto está previsto que se paralice el procedimiento en curso y, por tanto, quede en suspenso la aprobación del acto administrativo hasta que se resuelva el contencioso.