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El encierro adolescente en Uruguay 10 años de denuncias sobre la violencia como método de

contención.

BRECHA 24 Junio 2005 La agonia de las conspiraciones Tres motines en Colonia Berro en los últimos quince días pusieron al descubierto fuertes luchas de poder en el INAU. Un grupo de funcionarios, que dirige el centro desde hace años, resiste las remociones de cargos y el fin del reparto de encargaturas que busca aplicar Víctor Giorgi. Leer más... +++++++++++++++++++++++ 29 Julio 2005 Réquiem para un modelo delirante

El abogado Carlos Uriarte asumió el pasado viernes la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) con la idea de mejorar el actual sistema de privación de libertad que considera “alucinado, fuera de la realidad”. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++ 12 Agosto 2005 Bajo lupa parlamentaria

Juicios penales, investigaciones parlamentarias, motines: el inau sufre por estos días una nueva arremetida desde distintos frentes, y las soluciones se vislumbran aún lejanas. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++ 7 Octubre 2005 Efecto “Mano invisible”

Mientras las acusaciones llueven sobre el directorio del INAU, varias investigaciones internas echan luz sobre gestiones anteriores. Paralelamente, la existencia de una “mano invisible” detrás de las rebeliones ya dejó de ser un comentario en los pasillos para ser una denuncia pública.” Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++ 17 Febrero 2006 Chispas y más chispas

Los incidentes en la colonia Berro trascendieron a la prensa como violentas rebeliones, a pesar de que en su mayoría no alcanzaron la intensidad de un motín. Pero algunos estallidos preocuparon a las autoridades: fueron tomados como rehenes seis funcionarios del complejo penitenciario juvenil, entre ellos Luis Balbi, su director. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++ 8 Junio 2007 La violencia como método de contención

La directiva del sindicato de trabajadores del INAU defendió a capa y espada a tres funcionarios de la Colonia Berro destituidos por violar los derechos humanos de varios adolescentes internados en el hogar SER. En la búsqueda ciega de garantías para los destituidos, la directiva argumentó errores formales del proceso administrativo. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++ 12 Octubre 2007 Cuentos de tortura, silencio y miedo

Ahora que el discurso oficial arremete contra la violación de los derechos humanos durante el régimen cívico-militar, parece necesario recordar que para una porción de la sociedad, en este caso niños que viven en un hogar del INAU, la dictadura sigue siendo un hecho cotidiano. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++ 14 Marzo 2008

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Colonia Berro: sórdida e inmutable

No hubo motines, ni sirenas, ni movileros de crónica roja. Pero la violencia otra vez quedó expuesta en su grado más oscuro en la Colonia Berro luego del informe presentado esta semana por el Comité de los Derechos del Niño Uruguay. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++ 14 Marzo 2008 Entre la negación y las mínimas mejoras

El polémico informe sobre la Colonia Berro despertó todo tipo de reacciones. Muchos hablaron mucho. Algunos negaron todo. Pero el amplio coro de voces no logró articular un debate que aún está pendiente. Leer más... +++++++++++++++++++++++++ 28 Marzo 2008 Buscar alternativas a la privación de libertad

Las denuncias consignadas en el informe del Comité de Derechos del Niño sobre hogares de la Colonia Berro, presentado hace quince días, siguen generando polémica. Intentando bucear un poco más profundo, Brecha dialogó con el presidente del inau, Víctor Giorgi. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++ 11 Abril 2008 La jueza, el fiscal y demasiados jóvenes privados de libertad

Mientras la justicia hizo lugar al recurso de amparo en favor de los menores internados en la Colonia Berro, las autoridades del INAU acatan el fallo y muestran su preocupación por el fuerte aumento de derivaciones judiciales. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++ 11 Abril 2008 Cuando (casi) todo es castigo

Nuevos datos y viejas sombras sobre el sistema de encierro de adolescentes que infringen la ley. Hoy se presenta un libro que cuestiona el papel del Poder Judicial en la suerte de los menores que terminan tras las rejas. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++ 23 Mayo 2008 De fracasos y encierros

La Colonia Berro está signada por el escándalo y la frustración. Con la renuncia del padre Mateo fracasa el segundo intento de cambiar la realidad en lo que va de esta administración. Luego de la renuncia del propio presidente del inau, Víctor Giorgi, lo que queda en evidencia es la dificultad de modificar aspectos centrales de la gestión. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++ 29 Mayo 2009 Aclaraciones esenciales

En la misma semana el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de internación de menores infractores del INAU y dejó sin efecto la medida. Desde el SUINAU piden la renuncia de todos los directores. La presidenta de INAU, Nora Castro, analiza las razones que llevaron al decreto y los fundamentos de su levantamiento. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++ 19 Junio 2009 La trabazón

La idea de tumba de los cracks se cierne sobre la Colonia Berro. Casi nada de lo que se ha intentado hacer en esta administración ha dado resultados sostenidos y la pregunta sobre la propuesta educativa para los menores infractores sigue sin contestarse. En entrevista con Brecha, el padre Mateo explica los motivos de esa “trabazón”. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++ 28 Mayo 2010 El limbo, lo paradójico y algunos cambios

Luego de visitar distintos centros de privación de libertad para jóvenes, Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, concluyó que a pesar de algunos cambios

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positivos respecto a su última visita en 2008, se mantienen algunos lugares de encierro en condiciones “inaceptables”. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 8 Octubre 2010 Hora de investigar

La Organización Mundial Contra la Tortura (omct) envió el pasado lunes una carta abierta al presidente José Mujica en la que denuncia violaciones y abuso sexual a adolescentes internadas en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (ciaf). Leer más. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 15 Octubre 2010 La vida brava

Ha pasado toda su vida en el INAU. Acaba de ser liberado y trabaja como limpiavidrios en una esquina montevideana. Aquí la peripecia de Luis (el protagonista del comercial “Pantalón Cortito”), y la historia de todos: homicidios, fugas, encierros tortuosos, medicalización extrema. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++ 25 Marzo 2011 Enlatados

Unas fotos que circulan por Internet muestran unas nuevas instalaciones en las que el INAU va a alojar a jóvenes infractores. Los “contenedores” de chapa albergarán a unos 35 muchachos. Las autoridades manifiestan que, por ahora, es la única solución posible y que esa forma de reclusión es mucho mejor que otras. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++ 8 Abril 2011 En el ojo de la tormenta

El seminario “Políticas para el abordaje de la infracción adolescente” trató los puntos que han estado en discusión: mantenimiento de los antecedentes, agravamiento de las penas, rebaja de la edad de imputabilidad y la creación de un nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++ 15 Abril 2011 “Esa locura que es la Colonia Berro esperamos que no exista nunca más”

Los contenedores, nuevas condiciones edilicias, el trato con los funcionarios, planes de reinserción para los jóvenes infractores, edad de imputabilidad, lo que se repite (como un castigo) y lo que se intenta cambiar. Todo en esta entrevista con Javier Salsamendi, presidente del INAU. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 29 Abril 2011 Sin lugar para las fugas

La destitución del gerente del Semeji, Jorge Jouroff, en medio de la campaña para bajar la edad de imputabilidad y ante la necesidad de evitar que la oposición insista sobre la incapacidad de contención del INAU, parece indicar que la tolerancia de las autoridades de la institución hacia las fugas llegó a cero. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9 Septiembre 2011 Hasta las manos

Las autoridades del inau investigan graves denuncias contra una ex directora del hogar Sarandí de la Colonia Berro. Presuntamente, mantuvo relaciones sexuales con algunos de los adolescentes del establecimiento y vendió droga a los internos. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++ 21 Octubre 2011 Historias de vida, islas y buques

Pronto se inaugurará el Sistema Penal Adolescente, que entre otras disposiciones establece que más de trescientos muchachos del INAU estén recluidos en un mismo sitio. Pero esta crónica se centra en el relato de algunos adolescentes (y sus vivencias y percepciones) que visitaron la Isla de Flores por un día. Leer más...

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++++++++++++++++++++++++++++++++ 9 Diciembre 2011 ¿Interno cuida interno?

Aunque su gestión fue exitosa por la reducción de las fugas de jóvenes privados de libertad, Rolando Arbesún no tuvo buenas relaciones con los funcionarios ni con las demás autoridades del inau. Ese cuento se repite. Lo que llama poderosamente la atención es que muchos funcionarios sean ex internos de la institución. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9 Diciembre 2011 “Cambiar la cultura para no fracasar”

Modernizar la infraestructura, propiciar el ingreso de técnicos mejor capacitados y motivados, cambiar la forma en que se encara el trabajo educativo y la futura inserción laboral de los internos son algunos de los objetivos declarados por Rubén Villaverde, el nuevo director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7 Septiembre 2012 A los compañeros no se los delata

Distintas autoridades del sistema de privación de libertad de jóvenes han intentado modificar sin éxito los abusos, corrupción y violación de los derechos humanos. Nuevas denuncias han enfrentado otra vez a los denunciantes con el sindicato (SUINAU), donde consideran “buchones” y “traidores” a los que rompen el cerco de silencio. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 14 Septiembre 2012 El ansiado encierro

Todo indica que ya se juntaron las firmas y que en las próximas elecciones deberemos decidir si mandamos o no a la cárcel a los menores de 18 que infrinjan la ley. ¿A quién le importan los adolescentes infractores? Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++ 10 Enero 2013 ¿Educadores o guardacárceles?

Para el último concurso realizado por el Sirpa se bajaron los requerimientos mínimos de formación, se otorgó un peso decisivo a la entrevista personal en la selección. En los legajos de los miembros del tribunal que define los ingresos constan varios sumarios. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 10 Enero 2013 Brazos gordos, vista gorda

La alevosía detectada en un nuevo caso de torturas en la Colonia Berro coincidió con la recorrida que el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (omct), Eric Sottas, hizo la semana pasada. Sotas dijo que el problema es serio y espera una actitud mucho más proactiva por parte de jueces y autoridades. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 22 Febrero 2013 El hervidero

“Nosotros precisamos funcionarios que permanezcan en los centros”, afirmaban las autoridades del Sirpa para justificar las innovaciones introducidas en el polémico concurso de diciembre. A dos meses de haber ingresado mediante aquel llamado, la esposa del presidente del sindicato ya obtuvo su traslado. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++ 6 Septiembre 2013 Se acaban los plazos

Cuatro muchachos por celda encerrados más de veinte horas por día, dos baldes para “necesidades” y aseo, sin médico permanente y sin maestra desde mayo. Denuncias de castigos a raíz de haber dicho esto a los inspectores de la INDDHH. El hogar ser continúa como siempre, sin

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que la sentencia de amparo librada en 2008 por la jueza Vila inhiba a sus colegas de seguir internando ahí. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 20 Septiembre 2013 Interpretaciones encontradas

Aumentan las denuncias por torturas en el Hogar Ser. Las mismas recaen directamente sobre quienes dirigen el SIRPA desde hace dos meses. Al margen de una investigación interna en marcha, las autoridades confían en la actual administración y presumen un intento de boicot. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 18 Octubre 2013 Iguales ante la ley

Ser, Ceprili, ciaf, Hogar Cimarrones o Ituzaingó, son nombres que no logrará olvidar quien haya estado alguna vez allí. Son algunos de los centros de reclusión que integran el SIRPA y que Brecha recorrió junto al Ielsur y el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 11 Abril 2014 La cultura del encierro

Los éxitos en la reducción de fugas y motines en los centros del INAU tienen una contracara de graves violaciones de los derechos de los menores, denunciadas en el Parlamento. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 Mayo 2014 Mirar para el costado

Una disyuntiva entre dos males –las fugas o la tortura– enmarca el debate sobre malos tratos a menores infractores, mientras decenas de organizaciones sociales reclaman la separación del cargo del presidente del Sirpa y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en Ginebra, analiza la situación. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9 Mayo 2014 Aliados

Desde que la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo público los informes sobre la situación de los adolescentes presos, denunciando torturas y malos tratos sistemáticos, ese estado de cosas soterrado tomó el centro del debate público y fortaleció una pregunta: ¿quién está al frente del sistema penal adolescente? Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++ 16 Mayo 2014 “La gran impunidad”

El discurso de la comisión delegada del SIRPA, encabezada por Ruben Villaverde, y el del sindicato de trabajadores del INAU (SUINAU), en manos de Joselo López, ha permeado a los integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que rechazó sumarse al pedido de renuncia de la dirección del SIRPA. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++ 23 Mayo 2014 Barrer para abajo de la alfombra

Una reiterada incapacidad para sortear situaciones incómodas, unida a cierto orgullo político mal entendido, embretan a los administradores en trampas que se cierran. La última de estas situaciones se está dando como el segundo –o tercer– tropezón con la misma piedra, en las reacciones a las denuncias sobre malos tratos en centros de reclusión de menores infractores. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++ 29 Mayo 2014

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Alternativas al encierro

En medio del escándalo por las torturas en el Sirpa (bendecidas por buena parte de la izquierda y del pit-cnt), los partidarios de la reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal adulta en Uruguay han dicho que el objetivo de esa reforma es erradicar las situaciones de violación extrema de los derechos humanos que existen en la actualidad. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++ 20 Junio 2014 Hoy como ayer

Pasa el tiempo, pasan los gobiernos, pasan los directores, y el sistema de privación de libertad de los adolescentes infractores –aunque cambie de nombre– sigue por el mismo rumbo: el uso de la violencia como método de contención y la cerrada defensa del sindicato de los “compañeros” torturadores. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17 Julio 2014 Las gurisas

Desde que la Institución Nacional de Derechos Humanos comenzó a monitorear las condiciones de reclusión en el sistema penal adolescente, puso su acento en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF). Las gurisas sufren el triple de desidia de las autoridades: por ser presas, por ser adolescentes y por ser mujeres. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17 Julio 2014 Respaldos y mordazas

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados escucharon los testimonios de madres de menores internados en el hogar Ser del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y de la abogada Sandra Giménez, sobre las torturas reiteradas cometidas por funcionarios identificados. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17 Julio 2014 De gritos y sordos

Las nuevas denuncias sobre los hogares femeninos y los testimonios desgarradores de madres de adolescente torturados en el Sirpa agregan datos. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos se rindieron a la evidencia de las barbaridades, pero algunos representantes del oficialismo relativizan los hechos, al borde de la complicidad. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++ 25 Septiembre 2014 Primera causa

Tras un año de investigación, siete pedidos de procesamiento a funcionarios del SIRPA esperan la resolución de la jueza penal de Pando. Es una de las múltiples causas por torturas y tratos degradantes que pesan sobre el sistema penal adolescente. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 17 Octubre 2014 Todos procesados

“Reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos” es el motivo del procesamiento de los siete funcionarios del sistema penal adolescente en una de las causas que investiga la jueza penal de Pando, Isaura Tórtora. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++ 26 Noviembre 2014 El vendaval

Varios conflictos comenzaron a asomar en las cárceles de menores y se ha quebrado la “fuga cero” en el Sirpa. De fondo, la tensión en el relacionamiento entre la dirección del sistema y el funcionariado. En el medio, la seguridad de los internos. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 29 Abril 2015

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Traslados

Si bien las condiciones en que se encontraban alojados los adolescentes detenidos en el Ceprili eran violatorias de los derechos humanos, nada parece indicar que en su nuevo destino -uno de los establecimientos del Sirpa- mejore su situación. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++ 25 Junio 2015 ¿Compañero de quién?

La promoción de Joselo López a la vicepresidencia del Pit-Cnt es sólo un hito más en una larga y vergonzosa historia: la crónica de cómo los dirigentes de la central única de trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del Inau. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++ 2 Julio 2015 La evidencia

A partir del análisis de un expediente del departamento jurídico del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) puede verse cómo la anterior autoridad competente (la Comisión Delegada) amparó a uno de los responsables de maltratos y torturas a adolescentes presos. Redujo y dilató las sanciones reclamadas por dicho departamento jurídico y lo promovió como director de otro centro de reclusión. Leer más... +++++++++++++++++++++++++ 2 Julio 2015 La cárcel nació junto a su proyecto de reforma

La directora del Sistema Penal Adolescente, Gabriela Fulco, marca distancia de la anterior administración reconociendo la situación crítica en la que se encuentra el sistema. Es acuciante el estado en el hogar Hornero, de la Colonia Berro, que está sin agua hace un mes, y en el Ariel, en peligro de derrumbe. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6 Agosto 2015 La rosca impune

La aparición del video de la represión en el INAU termina por despejarles muchas dudas a los incrédulos. Otros, convenientemente, seguirán dudando. Mientras, el sindicato de trabajadores cierra filas para amparar a los torturadores y acusar a los denunciantes. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6 Agosto 2015 Más que mil palabras

El poder de las imágenes descorrió el velo. Tras la divulgación de un video que muestra cómo una horda de funcionarios reprime brutalmente a un grupo de adolescentes privados de libertad, apareció la indignación, ahora sí, de la sociedad uruguaya. Las imágenes traen consigo la incertidumbre sobre la actitud que tomará el gobierno y el PIT-CNT. Leer más... +++++++++++++++++++++++++++++ 14 Agosto 2015 Cierran filas

El verdadero valor del video es que hizo insoslayable una realidad que se viene denunciando desde hace muchos años. Y como no se puede negar porque las imágenes son evidentes, entonces lo que se reprocha como desleal contra los trabajadores es mostrarlas, exigir que se ventile esta infección que hasta el momento nadie ha podido curar. Leer más... ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 14 Agosto 2015 Lo indefendible

Brecha pudo confirmar que horas antes de la represión a los internos del CEPRILI, difundida en un video la semana pasada, un grupo de funcionarios abortó un intento de fuga de otros seis adolescentes con igual o más violencia que la que se vio luego en las imágenes. ¿Quiénes son los participantes del video y qué hay de fondo en la crisis desatada? Accedé acá si sos suscriptor o conseguila en tu kiosco

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++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Fabián Werner

24 junio, 2005

La agonía de las conspiraciones

Tres motines en Colonia Berro en los últimos quince días pusieron al descubierto fuertes luchas de poder en el INAU. Un grupo de funcionarios, que dirige el centro desde hace años,

resiste las remociones de cargos y el fin del reparto de encargaturas que busca aplicar Víctor Giorgi.

Colonia Berro. Foto: Alejandro Arigón

Tres motines en Colonia Berro en los últimos quince días pusieron al descubierto fuertes luchas de poder en el inau. Un grupo de funcionarios, que dirige el centro desde hace años, resiste las remociones de cargos y el fin del reparto de encargaturas que busca aplicar Víctor Giorgi. La forma de lucha apela al motín para desestabilizar a la institución, lo que abrió un debate político que recién comienza.

Cientos de historias de motines provocados, fugas arregladas, prebendas escandalosas, amenazas impunes y suicidios inexplicables, merodean hace años los pasillos de la Colonia Roberto Berro. El motín del martes 14 en el hogar ser, y los que tuvieron lugar en el hogar Piedras el viernes 17 y el lunes 20 permitieron por primera vez que los pactos de silencio se resquebrajaran, dejando al descubierto nuevos hechos e implicancias. La imagen que devuelve esta lógica subterránea desnuda un mundo sórdido que poco y nada tiene que ver con la rehabilitación de jóvenes a la que debe estar abocado el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (inau).

Todo parece indicar que las formas de funcionamiento internas responden más bien a códigos mafiosos, que algunos funcionarios explotan en beneficio propio. Casi todos los episodios tienen como protagonista al temible grupo de “los 612”, forma en que se conoce a los “educadores” que pasaron a cobrar beneficios económicos especiales al asumir tareas de seguridad a partir de 1995. Todos ellos responden en forma directa a Sergio Migliorata, director del Instituto de Rehabilitación Juvenil (Interj), quien llegó a este cargo luego de un motín y a motín puro lo ha conservado, según diversas fuentes consultadas por BRECHA. Esto y el reparto de encargaturas le permitieron ir armando un estrecho y disciplinado grupo de colaboradores con quienes fundó un férreo feudo personal en la Colonia Berro. “Quien hable con él no puede creer que esté metido en todo eso”, comentó una fuente del establecimiento.

UN POCO DE HISTORIA. Los episodios de corrupción en la Colonia Berro se pueden rastrear, al menos, desde 1990, cuando en los albores del gobierno blanco asumió el directorio presidido por Silvia Ferreira, e integrado por Juan Pablo Robaina y María Elvira de Cantón. Durante este período fue que ingresó la mayoría de los funcionarios que actualmente han sido denunciados por malos

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tratos (consignados en un informe de la Organización Mundial Contra la Tortura, de marzo de 2004). Por aquellos días se discutía la inauguración de una cárcel de menores hasta que el Establecimiento de Miguelete se volvió “la solución”.

La lógica de los hechos se impuso por sí misma: el 31 de diciembre de 1990 un motín en La Tablada forzó la inauguración de Miguelete, espacio que no estaba preparado para albergar a jóvenes infractores. Tampoco había personal que atendiera a los menores, por lo que pocos días después se instrumentó un concurso muy sui géneris para la provisión de esos cargos: el único requisito era poder liberarse de dos “brazos gordos” (educadores) que custodiaban una puerta, y quien traspasaba el umbral era tomado como funcionario previa constatación de sus vinculaciones políticas. Desde ese momento comenzó a formarse una sólida estructura mafiosa, según diversos testimonios. Y los años posteriores no hicieron más que consolidarla.

En 1994 volvió el tema al tapete, cuando la Suprema Corte de Justicia declaró a Miguelete como establecimiento inhabilitado para albergar menores privados de libertad, lo que determinó que Jorge Spaulonzi terminara como interventor y luego director de ese establecimiento; Spaulonzi volvería años más tarde como mano derecha de Migliorata.

En 1996, bajo el gobierno colorado, cambió el directorio del Instituto Nacional del Menor (Iname): el nuevo presidente, Alejandro Bonasso (que asumió junto a Julio Saettone y Beatriz Argimón), impuso como asesor del directorio al profesor Migliorata.

Desde el inicio de la gestión de Bonasso se habló de la formación de un instituto encargado de la rehabilitación de los menores, idea que finalmente se plasmó en el Interj. Y a su frente se designó a Victoria Vega, una funcionaria con “fama” de defensora de los derechos humanos. De inmediato se desató una serie de motines, que desembocaron en el relevo de Vega y la asunción de Migliorata como director (luego de superar un concurso al que sólo él se presentó).

A medida que pasó el tiempo Migliorata y Spaulonzi empezaron a trabajar en estrecha colaboración, al punto de elaborar en forma conjunta el proyecto que terminaría en 1998 con el cierre de Miguelete y La Tablada (el otro establecimiento que albergaba menores infractores de alta peligrosidad), que permitió reunir a todos los reclusos en la Colonia Berro. Ese traslado implicaba agrupar todo lo malo de ambos lugares, pero también fortalecer la autoridad de Migliorata, quien a partir de entonces podía aspirar a un lugar en el directorio del Iname gracias a una exitosa gestión en el Interj.

Migliorata repartió cargos entre los ex funcionarios de Miguelete, muchos de los cuales pasaron a cumplir tareas de alta responsabilidad. Así Spaulonzi fue elevado al cargo de director de programa, Alicia Ximénez (prima de Spaulonzi) asumió como directora administrativa del Interj, Pedro Sotelo (esposo de Ximénez) como director del Hogar Agrario, Isabel Ayala (tía de Ximénez) como directora del hogar Oportunidad, Heber Bentancur como coordinador del hogar ser, Jorge Muñoz como coordinador general de la Berro y toda la “pesada” de Miguelete pasó a formar parte de la cuadrilla de educadores de la colonia. Finalmente los dos instrumentos para consolidar esta estructura de poder, según confirmaron a BRECHA diversas fuentes, fueron la provocación de motines para impedir o generar traslados o cambios de muy diferente tipo, y las denominadas encargaturas, que permitieron poner en lugares estratégicos a personas leales a las autoridades del Interj.

La llegada de Víctor Giorgi al frente del inau implicó el primer intento serio de generar una inflexión en esta lógica mafiosa. El mismo día de su asunción (12 de abril último), Giorgi se comprometió por escrito a estudiar las distintas formas contractuales existentes en la institución y a “analizar las encargaturas que fueron asignadas por las anteriores administraciones”, así como “los criterios de percepción de beneficios”.

Giorgi explicó a BRECHA que al ingresar al inau se encontró con aproximadamente 700 encargaturas otorgadas a algunos funcionarios con grados máximos (16) y a otros que se ubicaban en los grados más bajos de la escala. El directorio realizó de inmediato una primera selección entre los encargados de mayor grado (de 12 hacia arriba) y ahora prepara un llamado para proveer muchos de estos cargos. En el concurso se piensa tener en cuenta méritos y antecedentes, y además se exigirá una propuesta de trabajo a cada uno de los candidatos y se aplicará una prueba

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adecuada al perfil del cargo. “Esto va a permitir otorgar encargaturas con una consistencia, una estabilidad y una autonomía de la discrecionalidad del directorio y de los mandos medios en ejercicio que le dan al funcionario la mayor seguridad.” La medida del directorio aportaba orden a la estructura interna de la institución, pero representaba en los hechos un golpe al poder centralizado de Migliorata en el Interj.

TROPEZONES Y CAÍDAS. Los problemas para Migliorata empezaron el 15 de abril de 2003, a raíz de un violento episodio protagonizado por Heber Bentancor, uno de sus funcionarios, quien luego de la fuga de dos internos capturó a uno de ellos y lo golpeó dentro de una comisaría. Bentancor terminó procesado por la justicia y se le instruyó un sumario con separación del cargo. No fue casual que durante cuatro días seguidos se hayan producido alzamientos en la Berro: los menores reclamaron todas las veces el regreso de Bentancor. El funcionario, pese a la gravedad de sus procedimientos, finalmente fue reintegrado al trabajo (pero fuera del Interj) por decisión del directorio del Iname. Migliorata lo había dejado solo y las consecuencias no tardarían en vislumbrarse.

El violento motín de marzo de 2004 en la Berro buscó marcar la cancha a Fernando Repetto, el nuevo presidente de la institución. Con el correr de los meses, y con un poco de asesoramiento, Repetto decidió crear la figura de director de la colonia, que cumpliría el doble papel de administrar el establecimento y disminuir el poder de Migliorata. Para ello se mencionó el nombre de Nancy Russo, una funcionaria con una larga trayectoria en la institución. De inmediato se puso a funcionar una vez más la estructura: enseguida los menores del hogar Piedras comenzaron a agitarse. La estrategia de amotinar a los jóvenes funcionó, y el nombramiento se pospuso, pero en setiembre último el directorio volvió a intentar designar a alguien en ese cargo. Esta vez el candidato fue Enrique Sasías, procurador administrativo del hogar Piedras. La respuesta no se hizo esperar, pero esta vez implicó a más actores. En una reunión dispuesta por Migliorata con todos los directores de la Berro (Jorge Muñoz, conocido como el “Boca”, su esposa Paula Cores y Mariela Fernández), se cuestionó duramente la figura de Sasías.

El día que Sasías iba a asumir como director se inició una revuelta en el hogar Piedras. Se informó de la situación a Repetto, quien se encontraba en España, y se decidió postergar la designación para que no se consumara el motín. Un nuevo éxito.

NADA QUEDARÁ EN PIE. Las elecciones de octubre de 2004 despertaron una fuerte incertidumbre dentro de la Berro. El cambio de gobierno podía significar que todo aquello que se había cosechado desde principios de la década del 90 se perdiera, y había que actuar. La estrategia elegida fue evitar a toda costa motines y fugas, para aumentar las posibilidadades de que Migliorata alcanzara un cargo en el directorio del inau.

Pero en la primera quincena de enero de este año se produjo un motín que hizo peligrar el plan. Fuentes de la Berro dijeron a BRECHA que los incidentes surgieron por descontentos legítimos de los internos, pero aclararon también que posiblemente Bentancor encontró la oportunidad de vengarse de Migliorata.

Al analizar los alzamientos de estas últimas semanas, Giorgi recordó que las autoridades del inau adoptaron recientemente algunas medidas de ordenamiento institucional que generaron “incomodidad” en algunos sectores, lo cual provocó “nerviosismo. Y eso se trasmite a los muchachos”. Este es uno de los puntos de mayor discrepancia entre el nuevo directorio y el sindicato. Su presidente, José Luis López, dijo a BRECHA que la institución tiene los mecanismos para deshacerse de los funcionarios que hayan incurrido en faltas graves, “y eso es lo que debe dictaminar si realmente todas estas cosas que salen a la opinión pública se concretan”. Consideró, además, “de muy mal gusto que se generalice y se hable de los funcionarios, y no decir quiénes son. Si esto no ha colapsado antes es producto del compromiso que tienen los trabajadores con esta institución”.

En cambio, Giorgi consideró que “llama poderosamente la atención la forma en que se da esta cadena, la forma en que coincide con nuestra presencia en el Parlamento. Nosotros decíamos en la comisión que la historia de los motines muestra que siempre hay una coincidencia entre éstos y determinadas propuestas de cambio en la estructura que generan temores en algún sector.

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Nosotros tenemos indicios de que esto no es algo totalmente espontáneo. Y eso se está procesando en las investigaciones internas”.

Por lo pronto, para Giorgi hay elementos llamativos que hacían pensar que desde el día domingo 12 se sabía que iba a pasar algo. De hecho, “no les vamos a dejar nada” fue una frase que se escuchó en la Berro pocos días antes del motín que terminó el martes 14 con la destrucción total del hogar ser y un escándalo político.

Esa noche todo transcurría con normalidad en el hogar ser. Uno de los turnos (en el que había tres mujeres solas a cargo del establecimiento) salió como de costumbre, y entró el siguiente con seis funcionarios masculinos (en total finalmente hubo siete, por lo que el inau investiga por qué había uno que no debía estar allí). En un momento, que algunos señalan como el del reparto de la cena, se capturó a los siete funcionarios presentes de uno en uno y se los tomó como rehenes. Tres de ellos fueron liberados en las primeras horas del incidente. Eran 28 los jóvenes que participaban del motín, mientras los 12 restantes fueron retirados ni bien comenzó, y trasladados en las primeras horas de la noche en una camioneta.

En esa situación, los cuatro funcionarios restantes permanecieron como rehenes durante todo el proceso, pero en condiciones bien diferentes: uno de ellos (el que tenía menos antigüedad en la colonia) en la azotea con un cuchillo en la garganta, con un trato aparentemente duro por lo que se podía ver desde afuera. Los otros tres, bien tratados en una habitación cerrada. Al hacerse de las llaves, los jóvenes pudieron acceder a todas las instalaciones del hogar, entre ellas un lugar que está en obra y donde había herramientas del Ministerio de Transporte que se utilizaron como armas. También accedieron a la cocina, donde obtuvieron los cuchillos además de los cortes que ya tenían. Paralelamente, en un hecho que también es objeto de investigación, hubo dos intentos de fuga del hogar Piedras.

Según el presidente del sindicato, el aviso del motín fue dado por un funcionario que llegó tarde al turno. La alarma a las autoridades del Interj y a la Policía desató un operativo de seguridad que desbarató la idea inicial de los muchachos, que era fugarse. A partir de allí, todo se complicó.

Las primeras negociaciones estuvieron a cargo de Migliorata, pero terminaron “sin ningún éxito. No tenían ninguna reivindicación más que la de irse. El diálogo se cortaba, cuando él llegaba los muchachos se retiraban y no hablaban”, dijo Giorgi.

Una segunda etapa de negociación estuvo a cargo del juez de Canelones Humberto Álvarez, quien intentó dialogar con ellos y darles algunas garantías para que fueran trasladados, pero tampoco tuvo éxito. En un tercer momento el mismo Giorgi intentó un acercamiento junto con Migliorata, y allí se logró entablar un breve diálogo, hasta que uno de los jóvenes interrumpió la charla: “Corten la conversación, les están haciendo la cabeza”, dijo al resto.

Cuando llegó el senador Eduardo Lorier (ep-fa, pcu) comenzó la cuarta etapa de la mediación. Al acercarse junto a Giorgi, Lorier explicó su función pública y aseguró que podía darles garantías para que pudieran salir sin problemas. “Recién ahí se empieza a establecer cierto nivel de diálogo”, sostuvo Giorgi. Una hora más tarde se inició la etapa de negociaciones que terminaría con la liberación de los rehenes. Al llegar la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, los amotinados empezaron a plantear las inhumanas condiciones de vida que tienen. “Allí es donde la ministra, aprovechando una situación del diálogo y sin haber hecho un análisis ni habernos consultado, dice por qué no le muestran dónde y cómo viven. Los muchachos dicen que está todo roto, pero ella insiste”, narró el jerarca.

Las deliberaciones comenzaron de un lado y otro de la reja de entrada. “Nosotros lo hacemos para ver si era sensato lo que se iba a hacer”, explicó Giorgi. En ese momento la ministra insiste en que “por una decisión personal quiere entrar, y se vio que existía un clima de cierto respeto hacia su investidura y entonces entró. El senador la acompaña. Entran, recorren, dialogan con ellos y salen sin ningún momento de violencia”. A partir de ahí, según el relato del presidente del inau, la ministra Arismendi quedó como interlocutora, “y no como ordenadora del operativo. Eso no fue así, en ningún momento dirigió”.

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Como producto de todos estos movimientos, Arismendi acordó la posibilidad de que salieran bajo ciertas condiciones; se hicieron dos listas para trasladarlos a diferentes lugares: unos a otro emplazamiento dentro de la colonia y otros a un local del inau en Montevideo. “Cuando vamos a hacer el traslado ingresó la camioneta, lo cual complicó las cosas”, dijo Giorgi. Los jóvenes salieron con el rehén amenazado con un cuchillo y se subieron a la camioneta. En ese momento quienes negociaban con los amotinados consideraron que no era conveniente que un funcionario condujera el vehículo, porque no había condiciones de seguridad para hacerlo. “El senador se ofrece, los muchachos dicen ‘que maneje él’. Nosotros tratamos de disuadirlo, incluso retengo la llave durante un rato para ver si se puede buscar otra solución a ese trance, pero ellos empiezan a ponerse un tanto nerviosos. Finalmente no vimos otra opción en ese momento.”

Luego de un breve trayecto (con una camioneta del grupo geo detrás) los jóvenes “empiezan a hablar en jerga carcelaria”, y le piden al legislador que detenga el vehículo, amenzándolo con un cuchillo. Seis internos se bajaron del vehículo inmediatamente para fugarse, y los restantes siete se quedaron discutiendo qué iban a hacer. De inmediato, el móvil del grupo geo que los perseguía decidió actuar y pudo recapturar a los jóvenes que se habían quedado con el legislador.

Tras la compleja resolución del asunto, las cosas se mantuvieron tensas, por lo que las autoridades decidieron el lunes 20 el traslado de 31 jóvenes al módulo F del penal de Libertad. La disposición es violatoria del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, y de las normas internacionales que el país suscribió en cuanto a la privación de libertad para los niños y adolescentes, recordaron a BRECHA integrantes de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario Juvenil Uruguayo. Pero la medida también afecta el sentido común, porque el funcionario del inau escogido para supervisar a esos muchachos fue Edgar Rivero, el director del hogar Piedras, removido de su cargo pero finalmente confirmado en él luego del motín en la noche del viernes 17.

ESTALLA PIEDRAS. Las autoridades del instituto habían decidido remover a Rivero, uno de los principales hombres de Migliorata en la Berro. Así se decidió efectuar una requisa, que comenzó a las 5 de la tarde aproximadamente de ese viernes, en compañía de representantes de la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario Juvenil, el director de la Defensoría de Oficio, Arturo Caumont, y la presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Nirta Gaudín. Todo funcionó como estaba previsto, incluyendo la asunción del nuevo director, Enrique Sasías, hasta que las autoridades abandonaron el lugar. Cuando eso ocurrió, el director saliente, Rivero, le comentó a uno de los menores internados que había sido despedido. “Me echaron”, le dijo a M C, un menor considerado por sus pares como “infiltrado” (por las prebendas que logra con los funcionarios debido a “regalos” que su familia lleva al lugar). Éste fue quien comenzó a incitar a sus compañeros a amotinarse debido a la remoción de Rivero y el nombramiento de Sasías, quien rápidamente comenzó a ser acusado de “traidor”.

En ese contexto Sasías (hasta ese momento procurador jurídico de Piedras) decidió no asumir el cargo, y se resolvió imponer nuevamente a Rivero, quien en el momento de irse se había parado en las puertas del hogar con los brazos abiertos y hacia arriba, en señal de agradecimiento a los jóvenes que coreaban su nombre. En condiciones normales, esta actitud hubiera significado una investigación administrativa por la incitación al motín, pero lejos de ocurrir esto Rivero recuperó su puesto y luego fue designado por el director del Interj como el responsable de custodiar a los jóvenes que serían trasladados al penal de Libertad.

Según varias interpretaciones recogidas por BRECHA entre distintos actores del sistema, el primer round de esta batalla por el control de la Berro fue ganado por la estructura de poder consolidada en torno a Migliorata.

Es que el factor político ha jugado un papel central desde el Parlamento y los medios. En ese marco, las autoridades deberán decidir si aprovechan la coyuntura para pisar el acelerador y cambiar las cosas definitivamente, o recurrir a una paz que garantice tranquilidad por un tiempo. Aunque ese remedio puede resultar mucho peor que la enfermedad que pretende curar.

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Brecha 2015

Fabián Werner

29 julio, 2005

Réquiem para un modelo delirante

El abogado Carlos Uriarte asumió el pasado viernes la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) con la idea de mejorar el actual sistema de privación de

libertad que considera “alucinado, fuera de la realidad”.

Carlos Uruarte. Foto: Archivo Brecha

Con el nuevo Director del Interj

Uriarte, que aceptó el reto de dirigir el Interj en un momento crítico, afirma que existe un clima institucional propicio para concretar los cambios, aunque el modelo que pretende aplicar “está lejos” del que se aplica hoy.

—¿Cómo encontró al Interj?

—Todavía lo estoy encontrando. Estos días han sido de urgencias, de emergencias, de detenerse a pensar de a ratos, de cierta planificación. En principio me encuentro con lo que esperaba: una institución con cosas que están bien, más o menos y mal. No podría hacer todavía un diagnóstico acabado y en algunas dimensiones tendré que mantener un poco de silencio para ir tanteando. Después iré ahondando en las distintas reparticiones y armando los equipos de trabajo. Veo un campo de buenas posibilidades, porque hay una atmósfera de cambio en el inau, buenas líneas, mensajes claros, y gente muy valiosa. Y además este nuevo ministerio (de Desarrollo Social), más allá de las dificultades de la hora, permite ambientar y juntar cosas que estaban desparramadas, así como separar lo que hay que separar, y pensar conjuntamente.

—¿Habrá que esperar ese diagnóstico acabado para plantearse los objetivos?

—No, yo tengo objetivos claros, de acuerdo a un modelo al cual debería apuntar. Lo que no está claro todavía es cómo aterrizo ese modelo a la realidad, qué estrategias despliego. El modelo no puede ser fundamentalista ni dogmático, tiene que tener un horizonte pero hay que ver cómo desarrollarlo.

—¿Y cuál es el modelo?

—En primer lugar es una concepción, de la que soy portador, de qué es una infracción desde el punto de vista político-criminal e institucional: qué es un infractor, qué es una institución que se

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vincula con infractores, cómo debe desarrollar sus objetivos y metodología, y sus mecanismos de evaluación.

La infracción para mí es una construcción social, jurídica, que determina que un comportamiento es un delito al que se le adscribe una sanción, que en el caso de los jóvenes es una medida socioeducativa. Pero eso no le da una sustancia propia a “lo delictivo”, porque es una construcción antes que una realidad. A partir de eso pienso que la minoridad es una construcción institucional. Mi gestión no debe apuntar tanto a un proyecto criminológico de menores infractores sino también a la idea de la minoridad infractora, porque ésta es un producto institucionalmente construido.

Esto quiere decir que en vez de mirar tanto al joven que está ante mí, miro a los procesos institu-cionales que hacen que el joven esté ante mí. Se trata de un cambio en la concepción, obviamente un cambio en los objetivos, en la metodología y en los resultados esperados.

Yo vengo influido por toda la temática de los derechos humanos, no como un ingrediente para una ensalada sino como una antropología personal, filosófica, ética, a partir de la cual articulo las cosas. Entonces, derechos humanos e infracción, desde estas dos perspectivas, se suman en el campo de los jóvenes a un proceso jurídicamente revolucionario que en las instituciones todavía no se ha concretado: eso es un horizonte, pero también es un modelo al cual apuntar con las instituciones. La institución punitiva es particularmente compleja, y hay que entender su complejidad, sobre todo cuando uno se plantea una estrategia de cambio.

—¿Qué tan lejos está el modelo actual del modelo pensado?

—Está lejos, por su propio diseño. La resolución de creación del Interj está anclada en un paradigma superado, impracticable, y tremendamente frustrante para el sistema y los funcionarios. Nace con el designio de rehabilitar a alguien, lo cual implica ponerlo bajo una cobertura discursiva de una ideología que a mi juicio está superada. Ya nace con una meta que no va a cumplir, en un país que se empezaba a caer. Entonces, nace con un discurso criminológico muy puro que pasaba por el siguiente esquema: menor infractor por determinadas causales que lo llevaron al delito, lo saco, lo trabajo, lo rehabilito y lo devuelvo. Ese es un modelo que califico como alucinado, fuera de la realidad.

En la mitad de los noventa algunos sociólogos y politólogos se dieron cuenta de que las políticas sociales en Uruguay estaban diseñadas para un país que ya no existía, basado en la familia nuclear y con trabajo. Ahora apareció la exclusión social, que es el producto final de un proceso expulsivo. Como ese Uruguay no tiene respuestas de otro tenor, y como no había políticas de familia y niñez ni instituciones para ello, el inau (en ese entonces iname) y el Interj comienzan a trabajar con la emergencia y a éste le toca trabajar bajo el signo de la intervención punitiva.

Como no hay nada entre la situación de exclusión social y el Interj-inau, los gurises empiezan a llegar por esa vía al sistema de contención. Yo digo que esto es lo mismo que pasa con los bañados, que cuando hay creciente el agua entra rápido y sale lentamente, son reguladores de creciente. Cuando desaparece el bañado y entuban, el agua va con una violencia depredatoria brutal. Lo que ha pasado es que la situación cambió de tal forma que necesitamos un bañado que no había. Una zona en la que cual la exclusión no termine en la institución punitiva. Se dispararon las cifras de intervención institucional, por vía de amparo o por vía punitiva, pero todo muy mezclado. Además del proceso conocido de infantilización de la pobreza, hubo un proceso de infantilización de la detención y la privación de libertad.

Así que al Interj empezaron a recargarlo, a exorbitar su capacidad instalada, cuando comienza el aumento de la privación de libertad. Hasta el año 2000 fue más lento, porque aparecieron los programas de libertad asistida. Antes, esos programas no funcionaban como alternativa a la privación de libertad sino a la libertad, pero luego se disparan y se multiplican por tres. Desde entonces, comienza la crónica de una muerte anunciada, porque el sistema se recalentó y empezaron a saltar los tapones. Y los tapones son el Interj. Ese es el balance que yo hago en perspectiva histórica.

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—Está claro cuál era el contexto social en el que se creó el Interj. Pero también había una realidad institucional complicada y se había apostado por un modelo determinado y por determinadas personas. ¿Se puede contar con esa gente para el nuevo modelo?

—Ese es un punto neurálgico. Creo que cuando se cambia el enclave institucional a la vez que se produce una gran movilización subjetiva mucha gente encuentra un espacio que antes no tenía. La misión mía es mostrar claramente cuál es el espacio de trabajo que tiene mucha gente que, se puede decir, de otra manera no funcionaba. Tengo claro cuál es mi planteo para ver si sigo adelante con esas personas. Separo claramente, por ejemplo, lo que es seguridad en la privación de libertad de lo que es trabajo social o educativo.

Un error de diseño inicial de la institución es que esto se mezcle. Por más que había muchos educadores, había otros que tenían una doble práctica. Y ese fenómeno institucional termina pervirtiendo cualquier discurso que apunte a una gestión de trabajo social o educativo. Lo primero es separar, y yo doy la opción de alinearse en la seguridad, en la privación de libertad (y profesionalizarse en ella) o de alinearse en la educación. La línea político institucional que planteo es diseñar primero un trabajo y después el sistema de seguridad para eso, no al revés.

—Hablando de complicaciones institucionales, usted habló hace algunos días de corrupción y de pactos entre funcionarios y autoridades anteriores. ¿Cómo piensa actuar con eso?

—Primero voy a aclarar lo que dije. Cuando en las instituciones duras de privación de libertad se pierden los programas de trabajo social educativo y la institución queda en manos de la seguridad, como no está diseñada para organizar un cotidiano educativo, termina en un statu quo pactado, como señala Eugenio Zaffaroni en un trabajo publicado en 1991. Y cuando eso queda aislado se fortalece y se trasforma en un núcleo de poder donde, entre otras cosas, hay corrupción, hay transas. Un periodista me preguntó si ese era mi diagnóstico. No, pero quiero verlo con mis propios ojos. Eso fue lo que dije. Cuando estas cosas pasan ya voy alertado de que tengo que hacer un nuevo diseño de la seguridad, traerlo y meterlo en un trabajo de grupo. Ahí sé cómo juego y cómo se maneja la institución.

—Ahora, ese diagnóstico general es parecido a lo que se ha denunciado varias veces.

—Sí, es parecido porque es así. Pero acá no hay que reaccionar sacando a determinadas personas, porque el sistema quedaría intacto. Lo que genera la violencia está antes. Por eso yo creo que el principio de humanidad en los establecimientos de privación de libertad no es sólo el punto final de la tortura, del maltrato, del abuso, sino que hay que desplazarlo hacia atrás, hasta la tolerancia a las estructuras institucionales que tarde o temprano llevan a eso.

—¿Qué piensa de las recientes posturas del sindicato del inau?

—Creo que es un componente histórico. Han escrito una página que no está en los libros, que es sumarse a un planteo de minimización de la privación de libertad, pero como actitud gremial. Creo que eso es justo desde el punto de vista de su fuero sindical, porque luchan por sus condiciones de trabajo, pero además es justo desde el punto de vista de los derechos de los jóvenes privados de libertad. Y es justo de acuerdo al principio de uso excepcional del recurso. Aparte de eso, el planteo tiene un respaldo teórico, jurídico, porque hay autores que comienzan a pensar, en criminología, cómo se puede frenar la privación de libertad. Una de las posibilidades es la idea del número de tope: cuando entra uno sale otro, no puede haber más gente que lugares.

—¿Las instituciones están preparadas para aplicar un sistema como ése?

—Probablemente no en este momento. Pero ese es un mandato constitucional, porque el hacinamiento viola la dignidad del ser humano, cosa que la Constitución prohíbe. Aceitar un mecanismo de esa naturaleza, sobre todo cuando se pone en marcha un proceso, es complicado. Pero en el año 1991, cuando en Miguelete murieron tres chicos, la Suprema Corte de Justicia aconsejó a los jueces que fueran muy prudentes a la hora de enviar jóvenes a un lugar con hacinamiento. Así que hubo una política institucional, y en aquel momento funcionó.

En estas instancias conflictivas que vivimos yo sugerí reglamentar el abanico de medidas alternativas, en consulta con el Poder Judicial, para que los jueces dispongan de posibilidades ante la privación de libertad. Y todavía no son políticas sociales, son intervenciones punitivas que dentro

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tienen trabajo social, que no es lo mismo. Todo esto funciona como un mecanismo muy frágil, basta un episodio con resonancia pública para que automáticamente empiece a desestabilizarse.

Hay una fragmentación estructural entre sistema legislativo, Policía, justicia, ejecución de medidas, pero es posible acordar algunas líneas políticas sin perjuicio de mantener la aplicación de la ley, porque el Código da ese espacio.

Lo que ocurre es que hay un vacío que estaba siendo llenado sólo por la libertad asistida, y ésta entró en crisis al cambiar el Código del proceso que le quitó espacio. Por otro lado, creo que a los jueces también hay que darles un programa cautelar alternativo. Eso implica un cambio de cabeza en algunos técnicos y darles a las medidas cautelares otras posibilidades, siempre dentro del marco agobiante de la intervención punitiva.

—¿Qué es lo que hay que cambiar en el sistema de medidas alternativas?

—Hay que generar un abanico para garantizar que funcione y continuar avanzando en una autocrítica de los programas de libertades asistidas, tratando de formular sus objetivos de otra manera, los indicadores de gestión y el control, porque si la institución pública no controla eso se pierde en una tercerización que va en contra del principio republicano de gobierno.

—¿Hasta qué punto todo eso no está condicionado, desde el momento que los programas son realizados a través de convenios con otras organizaciones?

—Creo que los convenios hay que rediseñarlos pero también el Interj tiene que controlar esos convenios, y nadie puede molestarse por eso. De lo que se trata es de diseñar objetivos e indicadores y hacer un control racional, que sea el mismo que haga el ministerio público y el Poder Judicial dentro de las limitaciones institucionales y dentro de las diferencias que pueden tener jueces y fiscales por su independencia técnica.

Brecha 2015

Fabián Werner

12 agosto, 2005

Bajo lupa parlamentaria

Juicios penales, investigaciones parlamentarias, motines: el inau sufre por estos días una nueva arremetida desde distintos frentes, y las soluciones se vislumbran aún lejanas.

Carlos Uriarte. Foto: Archivo

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En una semana, el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (inau) recibió dos demandas penales, enfrentó un motín en la Colonia Berro (con un funcionario como rehén) y un alzamiento en el Centro de Estudio y Derivación en el Cordón (con quema de colchones y posterior traslado de los cinco gurises implicados). Además, recibió la noticia de la conformación de una comisión investigadora en el Parlamento sobre los motines ocurridos en junio. En medio de este panorama, la movida que significó la designación del abogado Carlos Uriarte como director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) quedó en un segundo plano, y de lo que se habla ahora es mucho más de los problemas que de los proyectos a futuro.

Uno de los problemas a resolver a la brevedad es la permanencia de ocho jóvenes en los módulos de acero del penal de Libertad, lo que motivó el viernes 5 la presentación de una denuncia penal contra el directorio del inau por parte de los cuatro jueces de menores (la demanda también incluye a los integrantes de la directiva del sindicato de la institución por su negativa a aceptar el ingreso de los adolescentes derivados por el Poder Judicial).

Uriarte explicó a BRECHA que el regreso de esos adolescentes a la colonia depende del ingreso de 20 nuevos educadores, cuya contratación ya fue resuelta. Algunos jóvenes (mayores de edad) podrían permanecer en Libertad, dependiendo de las actuaciones judiciales que se realizan por el motín de junio en el Servicio de Evaluación y Rehabilitación (ser) de Berro. Incidente durante el cual se tomaron cinco funcionarios como rehenes y varios jóvenes se fugaron.

A mediano plazo, también se debe resolver el difícil clima interno que se vive en la Colonia Berro. En la noche del martes 9 el director del Interj se reunió con los directores de los establecimientos y una delegación del sindicato de funcionarios. Según Uriarte, el encuentro sirvió para “mejorar la calidad de la comunicación” entre las partes y empezar a planificar en forma más ordenada. Actualmente el ser alberga a apenas 18 adolescentes, por lo que habría plazas disponibles para recibir a más menores. Pero Uriarte explicó que el problema radica en la falta de funcionarios para completar los turnos. La contratación de educadores habilitaría el regreso de los menores que están en Libertad y posibilitaría una mayor especialización laboral (véase entrevista en BRECHA, 29-VII-05). “Algunos de los funcionarios actuales van a centrar sus actividades en la seguridad, lo que permitirá una mayor profesionalización de esa función”, dijo.

Para el jerarca, ahora no existe una programación diaria de tareas, y además los técnicos (educadores, asistentes sociales, psicólogos) no tienen un ámbito de trabajo adecuado, por lo que los jóvenes pasan muchas horas dentro de las celdas y “cuando se abre la reja no se sabe lo que se va a encontrar”. La llegada de nuevos técnicos, a su juicio, va a permitir planificar el trabajo en forma semestral y facilitar al Poder Judicial los informes técnicos necesarios cada vez que las autoridades soliciten la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, con el objetivo de descongestionar el inau.*

MOTÍN BAJO INVESTIGACIÓN. Pero la realidad del inau no es fácil y abre un desafío nuevo a cada paso. En la noche del lunes 8 otro motín volvió a encender una luz de alerta. La rebelión se produjo pasadas las 20 horas, en un área remodelada del establecimiento ser (que había sido destruida durante el motín del 15 de junio). El episodio comenzó cuando un funcionario abrió una celda para servir la cena y fue reducido por dos adolescentes, a los que inmediatamente se unieron otros tres. Algunos de estos gurises habían regresado hacía unos días del penal de Libertad, luego de permanecer semanas en durísimas condiciones de reclusión.

Para Uriarte, el hecho fue “espontáneo”, y el único objetivo era fugarse. Y gracias a que el motín ocurrió en un módulo aislado fue fácil evitar su contagio. El incidente “fue solucionado rápidamente, con un buen diálogo”, aunque Uriarte reconoció que la llegada de un contingente del Grupo Especial de Operaciones (geo) de la Policía de Canelones funcionó en forma disuasiva. Durante la hora que duró la rebelión no hubo casi daños materiales y el funcionario tomado como rehén recibió un pequeño corte cerca de la oreja, que no le impidió reintegrarse a sus tareas un poco más tarde.

Este nuevo incidente aportó un elemento más de preocupación por la crítica situación del inau, y abonó la discusión en el seno de la bancada oficialista de diputados, donde Doreen Ibarra (Espacio 1001) planteó a sus correligionarios que se reconsiderara la decisión de votar la creación de la investigadora solicitada por el Partido Nacional. Luego de intensas negociaciones se arribó a una

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solución salomónica: se votaría el informe en minoría redactado por el diputado emepepista Javier Salsamendi, pero se leería en sala una declaración respaldando la actuación de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y de las autoridades del inau.

El informe finalmente aprobado deja constancia de que, a juicio de Salsamendi, los hechos mencionados en la denuncia presentada por la legisladora nacionalista Sandra Etcheverry ante la preinvestigadora “no deberían ameritar la constitución de una comisión investigadora”, y que serían el “objeto típico” de una comisión asesora, permanente o especial. El texto recuerda también que los acontecimientos fueron analizados en anteriores comparecencias de la ministra Arismendi al Parlamento “sin que a partir de ello se hayan producido consecuencias políticas ni judiciales”. Sin embargo, Salsamendi recomienda habilitar la investigación por tres razones: por un “elemental criterio” de transparencia y cortesía parlamentaria; por considerar importante “analizar, investigar, el contexto general en el que estos hechos se produjeron y cuáles fueron las causas –en sentido amplio– que los motivaron”; y por compartir “plenamente el espíritu de la denunciante de intentar sentar las bases para una política de Estado en la materia”.

Las motivaciones manifestadas en el informe en mayoría, redactado por el herrerista Pablo Abdala y apoyado por el quincista Daniel Bianchi, son bien distintas. En ese documento se coloca en el centro del interés los hechos ocurridos en la madrugada del 15 de junio, debido al “impacto” que generó en la población la “fuga de infractores de evidente peligrosidad”. Entre las “muchas interro-gantes y contradicciones” surgidas luego de esos episodios, el informe en mayoría menciona el papel que les cupo a la justicia y a la Policía en esos hechos, así como la “controversial” participación de Arismendi y el senador oficialista Eduardo Lorier, “quienes irrumpieron en escena asumiendo un desproporcionado protagonismo”. Los parlamentarios opositores plantean en su informe la necesidad de deslindar responsabilidades incluyendo eventuales derivaciones a la justicia penal por “abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley, la usurpación de funciones o la omisión contumacional de los deberes del cargo”.

También Abdala y Bianchi recomiendan esclarecer las declaraciones de las autoridades con respecto a la existencia de “mafias” entre los funcionarios y a su influencia en la generación de motines, así como las condiciones “no del todo claras” en las que renunció el ex director del Interj Sergio Migliorata. Los diputados también señalan la existencia de un “triángulo conflictivo” entre el directorio del inau (al que acusan de incurrir en la “ilegalidad”), el sindicato (que habría incurrido en “aparente desacato”) y la justicia (que “ha exigido celosamente la vigencia del derecho y el cumplimiento de la ley”).

Este último informe fue votado solamente por la oposición. El redactado por Salsamendi en minoría fue apoyado por la unanimidad de los presentes (Ibarra se retiró de sala), por lo que la investigadora contará con seis meses de plazo (que pueden prorrogarse) y estará compuesta por diez miembros (seis oficialistas, tres nacionalistas y un colorado).

Para el director del Interj, la investigadora parlamentaria no es una mala noticia: “Me parece bien, y si se le dio la retroactividad dará la posibilidad de levantar la mirada y no ver sólo episodios recientes en forma aislada. El control parlamentario es una buena cosa, más allá de las cuestiones político partidarias”. Además Uriarte consideró a este ámbito como propicio para presentar propuestas de políticas de Estado en la materia.

Pero parece difícil que esto ocurra si cada vez que se busca introducir cambios estalla un motín capaz de frenar la iniciativa y se continúa eludiendo discutir sobre la vulneración de los derechos de los gurises privados de libertad.

* El directorio del inau envió días atrás a la justicia los antecedentes de 15 jóvenes que podrían ser beneficiados con medidas alternativas a la privación de libertad. El objetivo es habilitar plazas para posibles nuevos ingresos.

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Brecha 2015

Fabián Werner

7 octubre, 2005

Efecto “Mano invisible”

Mientras las acusaciones llueven sobre el directorio del INAU, varias investigaciones internas echan luz sobre gestiones anteriores. Paralelamente, la existencia de una “mano

invisible” detrás de las rebeliones ya dejó de ser un comentario en los pasillos para ser una denuncia pública.

Víctor Giorgi. Foto: Alejandro Arigón

En los pocos meses que lleva el nuevo gobierno ya hubo 13 motines en diferentes establecimientos de la Colonia Berro, y alrededor de 30 adolescentes lograron fugarse de allí en el correr del último mes. La crisis del sistema de reclusión para jóvenes en conflicto con la ley es real, pero se arrastra desde hace años, sin que nadie haya intentado antes plantear la aplicación de un modelo diferente. En este diagnóstico coincide la mayoría de los actores del sistema. Sin embargo, ahora parece haber una fuerte lucha de intereses entre quienes impulsan el cambio de modelo y quienes preferirían que todo quedara como está. Actualmente se procesa una serie de cambios en la Berro que incluye la reorganización de los distintos hogares según el perfil de los internos. “La reestructura tiene que ver con asignar a cada uno de los establecimientos de la Berro su lugar, un tipo de perfil, y para ello hay que hacer adecuaciones edilicias. Incluso transitoriamente se cerraría alguno de ellos para distribuir mejor los funcionarios”, explicó a BRECHA, el presidente del directorio del inau, Víctor Giorgi.

También se trabaja en el refuerzo de las actividades socioeducativas y en la articulación de las propuestas alternativas a la privación de libertad, de forma que se permita bajar el número de internados. Pero la principal preocupación para Giorgi tiene que ver con la seguridad. “Es un tema enorme que está pendiente. La colonia es un lugar muy inseguro, hay un número importante de fugas y creo que la reorganización ha generado un período de desconcierto que llevó a un aparente debilitamiento de la seguridad”, comentó. Entre los objetivos finales ya enunciados por las autoridades está el de separar las labores de educación y seguridad, profesionalizando ambas cosas. “Hasta ahora la mezcla lo que hizo fue sacrificar la educación en aras de una seguridad que demostró no funcionar”, consideró Giorgi.

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Una de las propuestas que se plantearon para solucionar este problema fue recurrir al servicio 222 de la Policía, pero Giorgi descartó esta posibilidad por “inviable” debido a su falta de capacitación para la tarea de custodiar a adolescentes infractores. “Además no pueden estar armados dentro de los establecimientos, por lo que tener presencia de uniformados desarmados en contacto con los jóvenes puede generar problemas, es absolutamente desaconsejable.” El proyecto que sí está en marcha tiene que ver con la instalación de una fuerte guardia perimetral para controlar el ingreso y egreso de la colonia. El inau está analizando con el Ministerio del Interior la forma de instrumentar este mecanismo de seguridad y la elaboración de los manuales de procedimiento.

MANO INVISIBLE. En los últimos días se han escuchado varias voces que hablan de la existencia de una “mano invisible” que genera las condiciones propicias para el comienzo de motines, para la tenencia de “cortes” entre los jóvenes internados o para facilitar fugas de la Colonia Berro. Por ejemplo, la ong Casa del Camino denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de diputados que la alta cantidad de fugas es responsabilidad de los directores de los establecimientos, que ven sobrepasada la capacidad de los locales.

Pero el diputado nuevoespacista Horacio Yanes, integrante de la comisión investigadora sobre los motines del 14 y 15 de junio de la Cámara de Representantes, fue más lejos. Dijo que la serie de alzamientos que tuvieron lugar en los últimos meses está lejos de tener una generación espontánea ya que desde que asumió el nuevo directorio “hubo algunas coincidencias que debemos atribuir a una mano invisible, porque no vemos la cara ni el cuerpo, pero sí la mano y los hechos que ésta genera”. Según el legislador resulta sorprendente el surgimiento de una rebelión en algún lugar de la Colonia Berro cada vez que las autoridades del inau comparecen ante el Parlamento o cuando se produce algún cambio significativo dentro de la institución.

“Cuando parece que las cosas se encaminan, como cuando se remueve un funcionario cuestionado, hay un motín. Cuando se consigue apoyo en el Parlamento para el ingreso de nuevos funcionarios se producen fugas que nadie conoce, pero cuando las autoridades se reúnen en el Parlamento para tratar el presupuesto no sólo hay un motín sino que trasciende públicamente que en los días anteriores hubo 25 fugas”, relató Yanes. “No podemos creer en las coincidencias, porque siempre ha ocurrido lo mismo en los últimos ocho o diez años”, recordó. Investigar estos asuntos es la intención de los representantes del gobierno en la investigadora, pero parece que no de la oposición. “Quienes vamos a la comisión tenemos objetivos aparentemente distintos. Además del interés de aclarar los hechos, puede haber algunos diputados interesados en saber qué hacía el senador Lorier, o la ministra Arismendi (el día del motín en la Berro). Nosotros creemos que tenemos que ir un poco más a fondo”, explicó Yanes. Según el diputado nuevoespacista, “estas cosas se tendrán que investigar, porque no hay un 14 y 15 de junio si no hubiera existido descontrol en los funcionarios que estaban en ese momento manejando la dirección del Interj”.

La dirigencia del sindicato asegura que este extremo nunca se ha probado y sostiene que las autoridades del inau deberían buscar las pruebas necesarias antes de realizar denuncias públicas. Pero este no es el único punto de enfrentamiento con la gestión encabezada por Víctor Giorgi. El gremio cuestiona la demora en el ingreso de 212 nuevos funcionarios para subsanar la falta de personal, carencia que según los sindicalistas es lo que propicia los motines y las fugas.

Sin embargo, Giorgi dijo que las 212 personas van a ingresar como funcionarios públicos, por lo que es necesario procesar los llamados, los concursos, la evaluación de méritos, los exámenes psicofísicos, “y todo eso lleva tiempo. Para que entren tenemos que saber cuáles son los primeros lugares en la lista y para eso tenemos que comparar con el total”. El próximo 15 de octubre será la prueba de conocimientos y se calcula que los primeros comenzarán a trabajar dentro de un mes (antes ingresarán becarios y pasantes egresados del Cenfores, el centro de capacitación del inau). Se calcula que al menos 150 de los nuevos funcionarios ocuparán cargos en Montevideo y habrá un contingente en cada uno de los cinco departamentos en los que hay vacantes. “Hay un diálogo con los directores y con el sindicato para establecer un mecanismo de distribución”, aclaró Giorgi.

INVESTIGACIONES. Mientras el diputado herrerista Pablo Abdala insiste públicamente con su pedido de renuncia de Giorgi por una “vocación viajera” que le impediría cumplir con sus

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obligaciones, en el inau se procesa una auditoría cuyo resultado cuestiona severamente el proceder de una compañera de sector de este legislador. Según pudo saber BRECHA, la investigación administrativa en curso encontró una desmesurada liquidación de viáticos por viajes al Interior y al exterior de la ex directora herrerista Estela López, quien ocupó un sillón en el directorio del ex Iname durante aproximadamente diez años. Por ejemplo, los investigadores encontraron que López cobró viáticos completos por salidas de Montevideo en días en que figura como participante de las sesiones del directorio (con intervenciones que constan en las actas), que percibió compensaciones por giras al interior del país en días en que su vehículo registra poco más de diez quilómetros recorridos o que habilitó el cobro de este beneficio para su chofer, cuando ella permanecía en la capital. Por el momento, los resultados de la auditoría sólo abarcan la “vocación viajera” de López desde 2003 en adelante.

Otras investigaciones internas, vinculadas a la conducta de varios funcionarios de la Colonia Berro, ya culminaron y están en curso los pedidos de destitución. Uno de ellos se encuentra ya en la órbita de la Oficina Nacional del Servicio Civil a la espera de su opinión (no vinculante) e involucra a tres trabajadores de la colonia que hace más de dos años participaron de una golpiza a un adolescente internado en el establecimiento ser de la Berro. Luego de la agresión el joven fue dejado en una celda, aislado y completamente desnudo. El manejo de este tipo de trámites de destitución ha generado roces en los últimos tiempos entre la onsc y el inau (e incluso en la propia interna de la institución, con la División Jurídica), debido a los diferentes criterios que se manejan en ambas reparticiones estatales sobre la sanción a los funcionarios públicos.

Pero en los últimos días se dio inicio a una nueva indagatoria, que tiene que ver con el inédito “rescate” a mano armada de un menor internado en la Berro mientras era trasladado a otra dependencia del inau. Si bien el joven ya fue capturado en Salto (estaba junto a uno de los adolescentes que logró fugar en el motín del 15 de junio), hay varios elementos que siguen siendo motivo de investigación. Entre ellos, la participación que tuvieron los dos funcionarios que ocupaban el vehículo de traslado, ya que uno de ellos es un “brazo gordo” (cuyo nombre figura en varias denuncias de mal trato) y el otro es el chofer que cobraba viáticos desmesurados a nombre de la ex directora herrerista Estela López.

Brecha 2015

Fabián Werner

17 febrero, 2006

Chispas y más chispas

Los incidentes en la colonia Berro trascendieron a la prensa como violentas rebeliones, a pesar de que en su mayoría no alcanzaron la intensidad de un motín. Pero algunos estallidos

preocuparon a las autoridades: fueron tomados como rehenes seis funcionarios del complejo penitenciario juvenil, entre ellos Luis Balbi, su director.

Foto: Archivo Brecha

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El inicio del año estuvo jalonado por una serie de incidentes en la colonia Berro que trascendieron a la prensa como violentas rebeliones, a pesar de que en su mayoría no alcanzaron la intensidad de un motín. Pero algunos estallidos preocuparon a las autoridades, como el que tuvo lugar el viernes 10 cuando fueron tomados como rehenes seis funcionarios del complejo penitenciario juvenil, entre ellos Luis Balbi, su director.

De hecho, la interna está tan convulsionada que algunos trabajadores señalaron a Brecha que hay mucha resistencia a las transformaciones y que se busca desgastar al oficialismo. Todos los pasos que se han dado desde el 14 de junio de 2005 –cuando se produjo el amotinamiento que terminó con la destrucción del establecimiento del Servicio de Evaluación y Rehabilitación (SER) y dio lugar a la formación de una comisión investigadora en el Parlamento –han ido en esa dirección.

La difícil situación y las alternativas para superar la crisis son evaluadas cada miércoles en un ámbito de discusión constituido por las autoridades del Interj y el gremio de la institución. Fue allí en donde se planteó la preocupación del gremio por la seguridad de los funcionarios y las precarias condiciones de trabajo.

Infraestructura reforzada. Uno de los pilares de la reforma proyectada es la concreción de las reformas edilicias, que también incluirán mejoras en la caminería interna y en la iluminación de todo el predio. Las más urgentes se realizarán en el hogar Ariel, que es el que presenta los mayores problemas de seguridad. Allí se realizará un cambio de rejas para reformar el cerco perimetral y se repararán las ventanas internas, para lo cual ya hubo reuniones con el equipo de arquitectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)

Cuando culmine esta labor se continuarán los trabajos en el SER, con el objetivo principal de aumentar su capacidad locativa. La idea final, dijo Balbi, es que la Colonia Berro quede organizada en una estructura basada en cuatro hogares: SER y Piedras (los dos con mayor seguridad) tendrán capacidad para 28 jóvenes cada uno y tendrán entre 32 y 36 educadores. En tanto, los hogares Rincón y Ariel (considerados de mediana seguridad) tendrán una capacidad locativa para 20 jóvenes cada uno y trabajarán allí entre 28 y 32 educadores. Los cuatro funcionarios flotantes que habrá en cada hogar estarán disponibles para casos de traslados, derivaciones a juzgados o comisarías o sustituciones imprevistas de funcionarios en otros establecimientos. El hogar Ituzaingó, en tanto, mantendrá su capacidad actual de 28 internados y verá aumentado en dos el número de funcionarios, por lo que llegará a 30. En tanto los dos hogares abiertos, La Casona y Cerrito, tendrán una capacidad límite de 12 jóvenes y contarán con 22 funcionarios. Paralelamente se convirtió la antigua sede del Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF, en Montevideo) en un hogar especializado en la atención psiquiátrica.

La primera parte de la reestructura implica que la capacidad total de la colonia berro alcance entre 145 y 150 jóvenes, y en marzo se planea iniciar una serie de talleres para disminuir el tiempo de ocio que tienen hoy los adolescentes presos. Esta idea se materializará a través de dos vías, una es la actividad de diferentes ONG que se encargarán de organizar actividades recreativas y continuarán administrando la panadería y el trabajo agropecuario. Por otro lado estarán los talleres de carpintería, herrería, corte y confección, cerámica y tambo que realizarán los propios funcionarios de Berro.

Acción y reacción. Como ha ocurrido en la historia reciente de la institución, a todo anuncio de cambio o reestructura le sucede de inmediato una crisis. Es que los intereses que se mueven en berro tienen muchos años (Brecha 24/VI/05) y plantea una fuerte resistencia a los cambios. Algunas pistas en ese sentido fueron lanzadas por Carlos Uriarte en recientes declaraciones a la prensa, luego del motín iniciado en la noche del viernes 10. La requisa policial realizada después de los incidentes halló cortes y cigarrillos de marihuana. Posteriormente, el juez de Pando, Pedro Zalazar, convocó a funcionarios de Berro (especialmente los tomados como rehenes durante el motín) para investigar las causas del alzamiento y el intento fallido de futa de un menor pocas horas antes del amotinamiento.

Un incidente de características similares ocurrió el miércoles 15, cuando en medio de un partido de fútbol entre los internos se produjo un intento de fuga de dos menores. La huida fue interceptada por integrantes de la guardia perimetral de la Policía, pero a partir de allí el clima comenzó a

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volverse más tenso. El inconveniente mayor se produjo al caer la tarde, cuando debía producirse el cambio de turno, y varios funcionarios se befaban a ingresar porque estaban preocupados por su seguridad. Finalmente, las gestiones de la dirección de la colonia para localizar a otros funcionarios que se hicieran cargo de la situación prosperaron y las cosas retornaron a su cauce. Pero la vida cotidiana de Berro está llena de este tipo de situaciones, y la cuestión de fondo parece ser el proceso de reformas que ya comenzó a tener resultados concretos.

De hecho, Uriarte admitió que “se está produciendo un fenómeno por lo menos inquietante. Cada vez que se produce un motín primero se entera la prensa y luego avisan a las autoridades”. Asimismo destacó que “no deja de llamar la atención y nos tiene sumamente preocupados la sucesión de conflictos perlados de baja intensidad en medio de conflictos gremiales también de baja intensidad”. El malestar de los funcionarios, que los ha llevado a mantener apenas una guardia gremial en Berro en las últimas semanas, trascendió oficialmente a través de su presidente, José Luis López: “Está preocupando mucho que (los incidentes) cada vez se generan con más violencia, con más amenazas, y se nos ocurre que en cualquier momento va a pasar algo muy grave. López insistió, además, en que uno de los motivos de la ocurrencia de motines es la falta de funcionarios. De hecho, la redistribución de éstos y el ingreso de otros nuevos son dos medidas que forman parte de todo el plan de reestructura que tiene previsto el Interj y la dirección de Berro.

En ese marco, el ingreso de 35 nuevos trabajadores a Berro luego del llamado a concurso para la privación de 212 puestos dentro del INAC dio la oportunidad a las autoridades del Interj de redistribuir a los funcionarios dentro de la colonia, explicó Balbi a Brecha. La política de las autoridades, agregó, es atender a los jóvenes “dentro de un sistema humanizador” en el que también se le dé importancia la seguridad. Con esa idea se concretó el aumento de funcionarios en los distintos servicios con el objetivo de formar equipos de dirección, en los que participen el director del establecimiento, el coordinador general y seis coordinadores de turno. La provisión de estas nuevas vacantes y la regularización de los cargos actuales se realizará mediante un concurso interno, que abarcará las direcciones de todos los hogares para lo cual ya hubo un período de inscripciones. La intención de esta medida también es terminar con las encargaturas dentro de la institución que al momento de asumir la nueva dirección llegaban a 700. Junto con esto habrá otro concurso para designar al nuevo director de Programa de Berro, cargo que actualmente está acéfalo.

Por otra parte, también se piensa modificar el actual régimen de horarios y turnos, que establece que por cada 12 horas de guardia en la colonia el funcionario cuenta con 48 horas de descanso. El objetivo es que haya equipos de trabajo fuertes (para terminar con la dependencia excesiva de algunas personas en algunos hogares) y que puedan superarse problemas como los que existen hoy debido a la ausencia de trabajadores por prescripción médica o licencias atrasadas. “Todo se hace como parte de un proceso, no se puede hacer un corte y empezar de cero, aunque si pudiéramos hacerlo sería más fácil”, reconoció Balbi. No obstante, insistió en que ninguno de estos objetivos está cerrado a los aportes de los trabajadores, aunque por el momento la labor del gremio apunta a la situación de funcionarios contratados a término, el pago de las horas extras, la seguridad y las condiciones de trabajo. En este sentido las principales discrepancias con la mesa gremial de Berro y la dirección nacional del sindicato pasan por la calidad de los nuevos funcionarios, y sobre las bases del concurso en el que participaron, ya que ellos planteaban que fuera mayor el número de hombres que de mujeres, y que a su vez los nuevos fueran destinados a reforzar las tareas de contención-seguridad.

Es que para las dos partes, ese asunto no es menor, y la discusión sobre la “doble función” de educador y encargado de mantener la seguridad se arrastra desde hace tiempo. Para Balbi, “la mejor manera de contener es educar”, por lo que persiste la idea de trabajar en seguridad con un grupo de funcionarios a los que se les formaría en el servicio de contención sin recurrir a la violencia. De hecho, ya se analiza la forma de terminar con el régimen que predominó durante años y que consolidó una estructura de funcionarios conocidos como “los 612” *, ya que se ya demostrado que es un mecanismo que “no sirve como objetivo ni como herramienta, porque cuando se los necesita no están y cuando están son los mismos tres o cuatro”. Dijo Balbi. Para esto esta planteada la idea de destinar cerca de 20 funcionarios exclusivamente a la labor de contención (a estos se sumarían además cinco mujeres con el mismo objetivo) cuya labor sería la de prevenir

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conflictos reforzando los planteles en los horarios más complicados como los cambios de turno, el traslado o el ingreso o egreso de internados.

El desarrollo de todas estas iniciativas se ha enfrentado a resistencias que en muchos casos han tenido características violentas. En estos últimos días se han constatado “algunas presiones externas” para que algunos funcionarios no asuman sus nuevas funciones, admitió Balbi, e incluso “hemos llegado a tener algunas amenazas en el domicilio. Estamos en conocimiento de que eso ha ocurrido”. En la vida cotidiana de la colonia también se han manifestado estas presiones, y han involucrado a algunos jóvenes internados, que se han encargado de sugerir a estas personas que no aceptaran sus nuevos destinos “porque no iban a poder trabajar tranquilos.”

En medio de estos vaivenes, presiones y hasta amenazas, la oposición parlamentaria ha insistido en cuestionar la labor de las auto4ridades, en destacar la existencia de un “caos” en Berro que propicia las fugas y a reclamar intervenciones más punitivas. Sin embargo, la comisión investigadora que funciona en el Parlamento no ha podido demostrar por el momento la responsabilidad de las actuales autoridades en la crisis que atraviesa el sistema de privación de libertad de los jóvenes en conflicto con la ley.

*Esta denominación se debe al número del artículo de la ley de presupuesto de 1995 que otorgó beneficios económicos especiales a los “educadores” del entonces instituto Nacional del Menor (INAME, hoy INAU) asignados a tareas de seguridad. En la interna de la institución también se los conoce como “brazos gordos” debido a su corpulencia física.

Investigados

En medio de esta convulsión interna se procesan varias investigaciones que podrían afectar a numerosos funcionarios de Berro. Entre ellos se encuentran dos sumarios administrativos que podrían determinar la destitución de cuatro funcionarios presuntamente involucrados en el maltrato de los adolescentes internados en la colonia que fueron denunciados por diversas ONG-. Por otro lado se busca responder a una inquietud planteada por la oficina uruguaya del comité de Derechos del niño por la “sospecha” de que los jóvenes de Berro están siendo “medicados arbitrariamente” con psicofármacos. Por supuesto, esto se suma a las reiteradas denuncias de ingreso de droga (sobre todo marihuana) a través de personas y mecanismos todavía no definidos.

En este sentido, el director de la colonia Berro, Luis Balbi, dijo que ya son varias las medidas adoptadas para combatir el problema de la droga dentro del establecimiento, entre ellas la contratación de un servicio 222 en los horarios de visita para encargarse de la requisa (el pasado fin de semana también hubo un procedimiento realizados por efectivos de Narcóticos con perros y hubo “buenos resultados”). Paralelamente Balbi aseguró que el suministro de psicofármacos es una preocupación desde el primer día que asumió sus tareas en berro, porque “vimos que era excesiva la cantidad de medicamentos que se le daba a los jóvenes”. La primera meta en este aspecto es la reducción a la mitad en la cantidad de prescripciones, cuestión planteada en sucesivas reuniones con el plantel de médicos y directores de hogares dentro de la colonia. “El problema es que esto es como una costumbre, el propio joven lo pide, hasta como tranquilizante. Nosotros queremos sustituir ese tipo de droga por distintas actividades porque creemos que es mucho más útil la palabra, el trabajo personalizado”, explicó.

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Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

8 junio, 2007

La violencia como método de contención

La directiva del sindicato de trabajadores del INAU defendió a capa y espada a tres funcionarios de la Colonia Berro destituidos por violar los derechos humanos de varios adolescentes internados en el hogar SER. En la búsqueda ciega de garantías para los

destituidos, la directiva argumentó errores formales del proceso administrativo.

Foto: Alejandro Arigón

Noche del 15 de abril de 2003. “Todo arrancó porque los del nivel 2 sentimos los gritos del ‘Cocopelo’ que le estaban pegando. Ahí empezó el golpeteo de puertas y los funcionarios fueron abriendo pieza por pieza. Era el turno de los Márquez. Dijeron que saliéramos y nos sacáramos la ropa. Mareco y el Núñez entraron. Mareco ahí nomás me dio un piñe atrás de la oreja y cuando estaba saliendo me pone la pierna, yo caigo y antes de caer Núñez me da terrible patada de karate en la cara. Yo me desmayé, y cuando me despierto, Núñez me levantó y me daba piñas en la cara”, cuenta uno de los jóvenes protagonistas del episodio sucedido en la Colonia Berro que terminó –casi cuatro años después– con la destitución de los funcionarios Daniel Núñez, Carlos Márquez y Luis Mareco, acusados de faltas graves.

En aquel entonces la administración del inau abrió un sumario y separó del cargo a los tres funcionarios presuntamente involucrados. Pero luego, en la investigación administrativa, la División Jurídica de la institución exculpó a Mareco y recomendó una suspensión de 15 días para Núñez y de un mes para Márquez. La denuncia penal que se presentó entonces fue archivada por falta de prueba suficiente.

“En una abrieron la celda y Daniel Núñez apenas entró le dio un piñe al ‘Mepo’ que le partió el ojo. Después siguieron conmigo. Después nos dejaron a todos en bolas toda la noche”, cuenta otro adolescente. Un tercer joven interrogado también señala a Núñez: “El funcionario me agarró de los pelos, me dio la cabeza contra la pared como tres veces. Para que no me pegara más me hice el desmayado, y me pisaba la cabeza, me saltaba encima”. Otro recuerda que “entró a mi pieza el Daniel Núñez y me pegó terrible piña en la carretilla. Después cerró la puerta y se fue. A los cinco minutos vinieron el Daniel (Núñez), Márquez y el Mareco. Cuando entraron me sacaron de la pieza y me llevaron para el (nivel) 1 al palo” y “pintó patotazo, me dieron entre todos los que nombré”.

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En 2005, al cambiar las autoridades del instituto, el nuevo directorio solicitó un proceso de ampliación de prueba de aquellos episodios y se reinterrogó a jóvenes que estuvieron en los incidentes, pero que ya no estaban internados en la institución. Contaron detalles que habían omitido antes, una vez “por miedo” y la otra “porque un pibe corrió la bola de que había que dejar todo quieto porque nos iban a dar más vida. Y después nos dieron más vida”. La “vida” fue prometida a varios. El adolescente que esa noche fue desmayado por una patada de karate aseguró que en el primer interrogatorio negó los hechos “porque me sobornaron para que no dijera nada; el Mareco me entraba whisky y alcohol rectificado todos los domingos, lo hacía en una botella de Agua Jane. ¿Cómo los iba a denunciar si a mí me tenían como a un rey? Ahora lo digo porque ya estoy afuera y no voy a volver ahí y no quiero que a los pibes que están los verdugueen”.

Pero los destituidos contaron otra versión de los hechos, que fue respaldada por Joselo López, presidente del Sindicato Único del inau (suinau): “En una celda que era para dos había siete chicos hacinados. Se intentan prender fuego. Prenden fuego un colchón. Con la humareda y todo el caos los funcionarios intentan sacarlos, ellos se resisten, se querían autoeliminar ahí, y los sacan medio a prepo. Lo único que constatan los forenses es que hay un chico que tiene un corte en la ceja”.

Cabe consignar que el 19 de abril de ese año los internos del hogar ser –donde se produjo el episodio– se apoderaron de las llaves y aseguraron que la visita no se iría hasta que se presentara el juez de turno para denunciar lo que había sucedido la noche del 15. El magistrado asistió, tal como solicitaron, pero las pericias forenses se realizaron siete u ocho días después de ocurrida la golpiza. Salvo el corte de la ceja, que demoró más en curarse, fue tiempo “más que suficiente para que los adolescentes dejaran de tener marcas”, dice un escrito que forma parte del expediente.

LA INVESTIGACIÓN. Sostienen fuentes allegadas al proceso administrativo que con la ampliación sumarial los hechos quedaron totalmente confirmados: “Está probado el plantón desnudos y las golpizas, los sobornos y la extorsión”. Sin embargo, en opinión de la directiva del sindicato, nunca se comprobó nada: “Estamos en un 99 por ciento convencidos de que estos funcionarios no tienen nada que ver”, declaró a Brecha (16-III-07) Joselo López. “Lo que hay es una serie de denuncias de jóvenes internados que ahora están presos en el Comcar o en el penal de Libertad”.

En ese intento por exculpar a los destituidos, el presidente del sindicato relativiza hechos que para otros gremialistas son de extrema gravedad: la existencia de todo un sistema que funcionó durante años con reglas propias. Según contaron a Brecha algunostrabajadores de la propia Colonia Berro, hubo un período en el cual se crearon a nivel institucional las condiciones para que existiera “una mafia que aprovechó las diferencias de poder incluso para lucrar, para extorsionar a las familias, para entrar alcohol, drogas (…)”. De acuerdo al testimonio de la gremialista Silvana Gallo publicado en la citada nota de Brecha del mes de marzo, “denuncias de malos tratos siempre hubo y nunca se hizo nada. No teníamos dónde denunciar porque íbamos a la asamblea y allí estaban los compañeros a los que pretendíamos denunciar”. Son de esta misma época las denuncias sobre los famosos “cinco minutos”, práctica consistente en propiciar peleas entre los internados –“hasta que salga sangre” o “uno diga: ya fue”–, para dilucidar conflictos entre ellos o simple diversión de los funcionarios.

Las respuestas de un adolescente que estuvo internado 11 meses entre el hogar ser y el Piedras y que fuera interrogado el 4 de setiembre de 2003 por acusaciones realizadas contra otros funcionarios, evidencia que ciertas prácticas no eran una casualidad.

—¿Los han dejado sin ropa a los jóvenes en la pieza?

—Sí, cuando hacemos golpeteo de puerta y eso.

—¿Cuánto tiempo quedan sin ropa?

—Toda la noche.

—¿Desde cuándo pasó eso?

—Desde que yo estoy, siempre.

Además, según el instructor sumariante, doctor Ignacio Montedeocar, encargado de la ampliación de pruebas, se pueden constatar contradicciones entre las declaraciones de los funcionarios

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implicados, lo que, según él, “refuerza los dichos de los adolescentes”. En su informe subraya que “el argumento central de la defensa se basa principalmente en la descalificación de los jóvenes denunciantes”, señalando que estaban “privados de libertad por delitos de sangre, llegando a calificarlos como homicidas”. La lógica de desacreditar las versiones mediante la estigmatización fue también utilizada por el propio Joselo López cuando dijo a Brecha en marzo que “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero ellos son chicos como el ‘Cosita’ y el ‘Sapo’, que si bien no participaron estaban allí en ese momento”.

Según López, “el caso está lleno de vicios formales” porque se destituyó a los funcionarios con la opinión contraria de la Oficina Nacional de Servicio Civil (onsc) y porque no se dieron las garantías del debido proceso. Pero cabe aclarar que si bien el directorio del instituto tiene que avisar obligatoriamente a la onsc cuando decide una destitución, la opinión o recomendación de esa oficina no es vinculante ni obliga a las autoridades del inau, por lo que no habría en este caso ningún vicio legal. Por otro lado, es cierto que existió una falla formal en el proceso cuando el instructor sumariante omitió avisarles a los funcionarios que se iba a realizar una ampliación de pruebas. Según pudo saber Brecha, dicho error se subsanó dándole a la defensa la posibilidad de concurrir a los interrogatorios, lo que no modificó en nada la sustancia del asunto. Montedeocar consideró, luego de analizar la documentación, que “se cuenta con elementos probatorios suficientes para asignar responsabilidad administrativa a los funcionarios sumariados”. En relación con la responsabilidad penal, “correspondería poner en conocimiento” del juez las nuevas “declaraciones recabadas en la presente ampliación”, ya que éstas podrían modificar también la resolución judicial.

GARANTÍAS, PRUEBAS Y DERECHOS. En febrero de este año, los reclamos que hizo la directiva del sindicato en defensa de los tres destituidos dividieron a los trabajadores. Mientras desde una carpa ubicada en la puerta del directorio del inau, en 18 de Julio y Vázquez, parte del sindicato se declaraba en conflicto, en una carta pública firmada por más de 200 funcionarios pertenecientes al gremio se aclaraba: “No hablan en nuestro nombre los que detrás de posturas de supuesta defensa de los trabajadores olvidan decir que la enorme mayoría de los trabajadores del inau no queremos ser cómplices de prácticas abusivas y violatorias de los derechos de ningún niño, niña o adolescente”.

La idea de que el gremio estuviera defendiendo a funcionarios acusados de violar los derechos humanos resultaba increíble para muchos militantes y se dieron varias desafiliaciones: “Los niños desaparecieron de los planteos gremiales. Nos preocupamos por los que los maltratan y montamos un circo, con carpa y todo, para defender a torturadores”, dijo a Brecha una de las funcionarias que firmó la carta.

En opinión de otro de estos gremialistas consultados, “había testimonios muy claros que acusaban a las personas que fueron destituidas. No podíamos defender alegremente a tres personas acusadas de torturas. El sindicato debería haber puesto un signo de interrogación enorme e indagar. El interés superior de nuestro trabajo son los derechos de los niños y adolescentes que están internados. Y tan importante o más que las garantías de los trabajadores son esos derechos. Como sindicato deberíamos aclarar si hay tipos sentados al lado nuestro en las asambleas que torturaban adolescentes”, dice.

Pero a pesar de las opiniones divergentes, el pit-cnt respaldó el conflicto. El dirigente Juan Castillo –que participó en reuniones con el suinau y con el directorio por este tema– fue consultado por este semanario sobre las razones que tuvo la central obrera para otorgar su apoyo. Castillo aseguró que “en el sindicato estaban convencidos de que había elementos administrativos que no se habían cumplido. Nosotros no dijimos que estaban ante un caso de persecución ni ante tres inocentes. Pero tampoco los inculpábamos. Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes”.

Opina otro trabajador del gremio: “Joselo (López) logró sumar al pit-cnt en esta cuestión de reclamo de garantías. Pero quizás el abogado de la central podría haber estudiado mejor el expediente, porque se les mostró sólo una parte de la verdad y parecería que no quisieron ver mucho más”.

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Tal vez en el pit-cnt no conocieron cabalmente el legajo y se les pasó por alto que la doctora Lilián Barea, directora encargada del Departamento de Sumarios de la División Jurídica del inau –a pesar de que no recomendó la destitución de los funcionarios y sugirió sanciones más leves– escribió en un documento enviado a su jefe, Darío Caviglia, en octubre de 2006, que “los hechos efectivamente probados” se dieron dentro de un sistema “caracterizado por un uso reiterado de una violencia por momentos inusitada, practicada como método de contención”. Lo que supone una práctica organizada y no un episodio aislado, un error o una infamia.

Brecha preguntó a Castillo si con esos elementos no cabía, o cabe, otra actitud del pit-cnt, histórico defensor de los derechos humanos: “La cosa es muy vidriosa. Me imagino que cuando aparezca todo documentado, alguna cosita tendremos para decirle a la dirección del sindicato que nos llamó para meternos en este lío. Si efectivamente se cumple todo lo que nos dijo el directorio de inau, será muy grueso”, aseguró.

Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

12 octubre, 2007

Cuentos de tortura, silencio y miedo

Ahora que el discurso oficial arremete contra la violación de los derechos humanos durante el régimen cívico-militar, parece necesario recordar que para una porción de la sociedad, en

este caso niños que viven en un hogar del INAU, la dictadura sigue siendo un hecho cotidiano.

Hogar Desafíos del Inau. Foto: Eliana Gilet

El chiquilín llegó al hogar Desafíos, del inau, en una madrugada de enero. Venía del interior del país, enviado por el juez y acompañado por su padre y un funcionario del instituto. Unos meses después salió en libertad y volvió a sus pagos, a vivir con sus abuelos en el campo. Él, que era bastante “indomable”, a veces de tarde, después de trabajar en la chacra, estaba triste. Y empezó a contar lo que había vivido. Indignado, su abuelo decidió denunciar los hechos ante el director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), Carlos Uriarte, en una carta fechada el 1 de julio de este año.

El miedo ha reclamado que se borren nombres y algunos detalles. Pero la denuncia –cuya versión completa obra en poder de Brecha– da cuenta de una realidad de pesadilla. Lo que sigue es parte

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del relato escrito por el abuelo. Apenas lo recibieron “es alertado de no quedar con muchas pertenencias por posibles robos. Cuando se retira mi hijo, un funcionario cuyo apodo es P, a quien acompaña una mujer de nombre G, comienza a probarse la ropa de mi nieto”. Luego el joven es ubicado en una celda sin puerta, con otros dos adolescentes. Al día siguiente “le anuncian que debe ir a Dirección porque el director quería hablar con él. En la entrevista, palabras más o menos, el director le dice que ‘él no había sido pedido por el centro y que por lo tanto no se hiciera el vivo porque si complicaba le iban a pegar’”.

Advertido, lo trasladan “a la celda 8 que tiene tranca y sin luz en la noche. Allí si necesitaba ir al baño lo hacía dependiendo de la voluntad del funcionario, quedando muchas veces sin poder hacer las necesidades porque no le abrían la puerta”. Casi un mes después, por su buen comportamiento lo pasan al módulo C donde “están sin funcionarios toda la noche”, pero si “alguien se portaba mal, venía el cuidador de la puerta de la noche, apodado J, con una cachiporra de goma y los esposaba, los colgaba al portón o a las ventanas toda la noche, les daba baldazos de agua y los golpeaba en los dedos de los pies, las rodillas, codos y a veces en la cabeza, todo esto con otro funcionario que tenía una cachiporra de madera cuyo nombre es RP. Este último fue visto muchas veces con armas que exhibía entre los adolescentes allí recluidos. Los descolgaban al llegar el turno de la mañana”.

La denuncia consigna que en una ocasión “dejan de plantón toda la noche a un muchacho, de nombre L, que era desnutrido (tomaba pastillas por esa condición), quien hace una crisis, se descompensa y (los otros chiquilines) deciden plantearle la situación al director luego de hablarlo con la enfermera. El director no los escucha, los corre y amenaza. A esto debo agregarle que a la semana de su llegada (mi nieto) es entrevistado por la psiquiatra del centro y se lo obliga a tomar un medicamento para ‘que aguante’”.

Es la denuncia más reciente realizada sobre este hogar que funciona en un viejo edificio ubicado en la calle Chimborazo, con puertas de metal y rejas, adonde llegan de todo el país varones de entre 12 y 15 años, derivados judicialmente por infringir la ley. Pero no es la primera y quizás tampoco sea la última. A fines del año pasado colectivos barriales del Cerrito y el colectivo Rompesilencios denunciaron que los internos del hogar Desafíos eran sometidos continuamente a maltrato físico y psicológico. Aseguraban que algunos funcionarios golpeaban a los niños con “varas de mimbre, caños de pvc y toallas mojadas” y que los encerraban en calabozos. Advertían que “se vive un clima de tensión permanente” y que muchas veces algunos de los gurises eran “utilizados para castigar a otros” o “los incitan a lastimar a quienes tienen problemas con algún funcionario”.

Incluso decían que era habitual el suministro masivo e indiscriminado de medicación psiquiátrica como estrategia de control. Además de que “la dinámica cotidiana presenta un formato carcelario”, los tiempos de privación de libertad son “inciertos”, los niños no tienen prácticamente acceso a abogados defensores y desconocen en general el proceso de su causa.

En aquel entonces los funcionarios del hogar consultados por la prensa negaron todas las denuncias sobre malos tratos y alegaron que la medicación se entregaba por orden médica sólo a quien lo necesitara. Por su parte el presidente del inau, Víctor Giorgi, aseguró que inmediatamente se inició una investigación. Desde el gremio de funcionarios del inau dijeron desconocer tanto la denuncia como el comienzo de una investigación. Aquella indagatoria no arrojó resultados y todo siguió igual.

A la luz de esa nueva queja, Giorgi confirmó a Brecha la existencia “de por lo menos tres denuncias”, y aseguró que se han iniciado investigaciones y peritajes, “pero que aún no se han establecido responsabilidades, ni siquiera la comprobación de los hechos denunciados”. Por otra parte, fuentes del instituto vinculadas a la investigación aseguraron que “existen indicios” que confirman las denuncias, pero que a la hora de poner en negro sobre blanco las irregularidades, se cierra un cerco de silencio, tanto entre los funcionarios como con los internos, que impide la conclusión de las investigaciones. “A la hora de concretar, nadie vio ni sabe nada”, dijeron. De todas formas los funcionarios implicados no han sido trasladados a otros centros, ni separados de sus cargos preventivamente. Siguen en el mismo hogar, trabajando con chiquilines como si tal cosa.

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EL LENGUAJE DEL GOLPE. Según pudo saber Brecha, consultando a educadores de distintas ong y a estudiantes que hicieron prácticas en el hogar en cuestión, toda la estructura del centro presenta un deterioro importante: faltan vidrios en las ventanas, hay humedad, cuartos sin luz eléctrica, filtraciones en las paredes y las condiciones higiénicas son deplorables. “No es éste un lugar pensado para desarrollar una propuesta educativa”, aseguran.

Pero lo que más les llamaba la atención, “lo que más te impacta es que los adultos están, pero es como si no existieran. Hay gurises que son violados por otros, que les pegan hasta sangrar, y no hacen nada. Funcionan abiertamente los famosos ‘cinco minutos’ (una suerte de permiso para retar a otro a pelear sin que intervenga nadie). Es una regla no escrita. Puerta cerrada y que se manejen; los funcionarios no se meten. Veías gurises que estaban siendo reventados por otros y le decías al funcionario que reaccionara para separar y nos decían ‘no te metas, dejalos que se den’”, dice una estudiante que también prefiere mantener su nombre en reserva.

Ella cuenta: “éramos testigos del maltrato verbal moderado, pero de a poco se fueron soltando”. Y al tiempo ya no se cuidaban. Muchas veces les pegan a los gurises delante de ellas: “Exhibían cachiporras, o amenazaban con que tenían palos con clavos. Todo el tiempo los están golpeando e insultando. No tienen nombre, son pichis, estúpidos, enfermos, y piña para acá, patada para allá. A veces los gurises dicen ‘otra vez me vas a pegar’”.

Una vez, cuenta, en el Módulo C iban a hacer una lectura colectiva con los chiquilines y la manera de convocarlos que tenía un funcionario era obligarlos a participar pegándoles con un cable. “Al final no la hicimos, porque le dijimos que así no era. Y argumentaba que ahí había que tener esa mano, que los nuevos educadores que entraron por concurso no tienen mano dura y que hace falta más represión, que quieren hacer todo por medio de la palabra y que estos gurises no entienden y hay que darles. Ése era el discurso todo el tiempo”, asegura.

Por lo que cuentan, “no es uno o dos funcionarios, son varios personajes de ese tipo, hombres y mujeres. En el gimnasio, cuando no acatan alguna orden les pegan en la cabeza o les dan patadas en el suelo”.

Una de las educadoras sociales que estuvo trabajando para una ong con menores internados allí, relata que una vez “hubo una especie de motín y los gurises apretaron a un compañero, no lo lastimaron pero estuvo tres días sin ir a trabajar. Después que se reintegró, los otros funcionarios le dijeron que llevara a los gurises al gimnasio, que ahí las cosas se arreglaban así. Renunció. El disidente del sistema renuncia. Y el que denuncia sabe que también se tiene que ir, porque hay todo un sistema muy sutil de manejo de los chiquilines para que hagan el trabajo sucio. Por ejemplo, el funcionario dice: hoy se pasan toda la tarde sin fumar. Los chiquilines preguntan por qué y el funcionario dice que es culpa de un compañero de ellos que hizo tal o cual cosa o que no quiere obedecer. Al rato están todos los gurises apretando al desobediente. No se precisa decir más nada. Por eso es que vos sentís que pasan cosas, ves a veces los resultados, pero en realidad no podés probar nada”, explica con impotencia. Otro testimonio cuenta: “un gurí tenía la pierna marcada y le preguntamos qué le había pasado. Dijo que era la vara de mimbre. Y el coordinador anda todo el día con la vara. No lo vimos pegarle, pero era obvio”.

CÓDIGOS, VÍNCULOS Y PELUQUERÍA. Después del atardecer la cosa se pone más densa, entra la melancolía, la depresión. Pintan altercados. “A una compañera, un gurí le dijo cualquier ordinariez, la atomizó y ella se fue llorando. Un funcionario se jactaba de que después del episodio ‘le dio hasta dejarlo llorando’ al chiquilín. Me lo contó él, orgulloso de su accionar”.

Los internados están acostumbrados a recibir golpes y la mayoría no se queja. Cuenta otra estudiante que una vez un adolescente decía que no quería que le pegaran más y otro le reprochaba: “Dejalos que te peguen, no seas botón, si no te duele, ¿sos mariquita?”. Está como mal visto, entre ellos, el reclamo de que no les peguen.

Una de las estudiantes tuvo un problema con uno de los internos, que le faltó el respeto. Intentó solucionar el tema conversando y cuenta: “uno de los coordinadores me encerró en un cuarto y me dijo que toda palabra había que acompañarla con un golpe, ‘reventalos, zamarrealos, mirá que en mi turno está todo bien, les podés pegar, no pasa nada’. Nosotros no entendíamos, era como si los gurises fueran propiedad de ellos”.

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Otra coordinadora de turno les dijo, luego de que el grupo de estudiantes solicitara su intervención porque estaban “reventando a un gurí”, que él la complicaba “porque no respondía a los golpes como todos los demás”. Cuentan que algunos gurises recurrían al adulto y les respondía que no los iba a defender, que se manejaran.

Según una de las estudiantes, los internados “están acostumbrados y responden a esa lógica. Es muy difícil plantarte desde otro lugar. A nosotros al principio nos costó. Les preguntábamos si los teníamos que tratar horrible para que nos respetaran, ¿me tenés que tener miedo? Con algunos lográbamos otro vínculo”, dice.

Los gurises adquieren códigos carcelarios, formados en la institución: si no peleás sos el gil, los “pesados” tienen otro lugar. “Si un chiquilín pide ayuda a un funcionario, el lugar que le espera es muy jodido. O te acostumbrás y aprendés los códigos o la vas a pasar muy mal. A los que no se defienden, son más débiles o vienen del Interior, los ves que están hechos pelota”, explican.

Por lo que relatan los testimonios, hay un manejo muy perverso de esos códigos, y algunos internos son más “cuidados” que otros. “Al que se atreve a decir que no le pueden pegar porque los va a denunciar, es peor, y le dan la bienvenida al adentro, lo invitan a olvidarse del exterior, bienvenido a la arbitrariedad. Un día el funcionario a cargo decide que se tienen que quedar todos después de comer sentados en la mesa y sin tele. Porque yo digo. Porque se me ocurrió.”

Cuentan las estudiantes: “Una vez una funcionaria se ofreció a cortarles el pelo a los chiquilines. De onda. Les preguntaba ¿cómo querés que te lo corte? Y los chiquilines le decían: rapame acá en los costados, dejame el jopo, y así. Pero apenas elegían, les hacía todo lo contrario. Al que pidió el jopo, fue lo primero que le rapó. Les cortó a todos igualito. Los peló. Y se reía. Como diciendo mirá cómo los jodí”.

Pastillas

Además de las denuncias por malos tratos, existen algunas situaciones metodoló gicamente inconcebibles, como la utilización arbitraria de psicofármacos. “Cuando llegamos nos dijeron que eran pocos los medicados, y en realidad los medican a casi todos”, recuerda una de las estudiantes. Cuenta que los gurises se quedaban dormidos en el piso y no se podían levantar, que no los podían despertar y que después quedan como en otro mundo y no pueden ni hablar. “Hay gurises que se caen literalmente arriba de la mesa de la cantidad de medicación que toman. Andan mutando, engordan, no pueden hablar y los diagnósticos parecen calcados, todos iguales”, dice la educadora. En ese sentido, a pesar de que la responsabilidad de la medicación es atribuida al técnico correspondiente, “algunas veces los gurises les piden a los funcionarios que los mediquen porque están nerviosos, y otras les dan pastillas cuando se les ocurre, a voluntad”.

Director por tres*

1) “Una vez le planteamos al director qué pasaba con el uso de preservativos y él nos contestó que ahí no tenían relaciones sexuales, que eran todos varones. Pero era obvio, te lo contaban los gurises y los funcionarios también lo saben, que a veces mediante la fuerza y a veces con consentimiento, existe sexo entre los internos. A los que están amenazados de que los van a violar, los encierran en una celda toda la noche, una especie de cucha de aislamiento, que le llaman ‘la pieza para pensar’.

2) “El director se jactaba de que había sacado las rejas, que era un sistema semiabierto, pero si lo analizás, las rejas fueron sustituidas por la medicación, los golpes, el miedo y la imposibilidad de circular dentro del hogar. Pasan el día entero en un cuarto multiuso donde duermen arrollados en el piso, tienen los talleres ahí, comen ahí, se cagan a piñas ahí.”

3) “El director siempre aparece como que no tiene nada que ver. Una vez dijeron que un gurí le había robado a un funcionario. El director fue a hablar, con un discurso de no violencia, de resolver el tema conversando y terminó agarrando al gurí del cuello violentamente y amenazándolo con que lo iba a cagar a patadas. Era una demencia el divorcio entre lo que decía y lo que hacía.”

* Los testimonios corresponden a estudiantes que hicieron su práctica en el hogar y que prefieren mantener sus nombres en el anonimato.

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Con cierto orgullo

Hay un funcionario que cumple doble función en el hogar: en un turno trabaja de educador y en otro de policía. Según dijo Giorgi a Brecha, esa situación responde a que tiene un pase en comisión desde Jefatura y además le otorgan turnos de 222. Según las autoridades del inau, si existe una irregularidad, en todo caso corresponde a la Jefatura de Policía. Lo que no se entiende es por qué en el inau no le asignan al policía, cuando ejerce como tal, otro lugar de trabajo. Según supo este semanario, a esta persona se le inició una investigación por maltrato tras una denuncia que quedó perdida en el silencio. Cuentan las estudiantes que a ese mismo funcionario una vez lo patotearon entre varios gurises y le dieron una paliza. “Después él agarró a uno de ellos. Nosotros no vimos cuándo le pegó, pero al llegar al otro día estaba encerrado y todo lastimado. Le preguntamos qué le había pasado y el gurí nos contó: ‘Me partió un banco de madera en la espalda, me pegó en el estómago y me está matando con la comida’. Le preguntamos al funcionario y nos confirmó todo lo que había hecho. Eso nos llamaba más la atención, te lo decían como con cierto orgullo.”

Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

14 marzo, 2008

Colonia Berro: sórdida e inmutable

No hubo motines, ni sirenas, ni movileros de crónica roja. Pero la violencia otra vez quedó expuesta en su grado más oscuro en la Colonia Berro luego del informe presentado esta

semana por el Comité de los Derechos del Niño Uruguay.

Foto: Archivo Brecha

La perversión de este sistema carcelario para jóvenes, encubierto por mandatos de rehabilitación, quedó en evidencia en el informe de los hogares ser y Piedras presentado esta semana por el Comité de los Derechos del Niño Uruguay.

Un sistema rígido, esencialmente violento y de naturaleza carcelaria donde se “privilegia lo custodial por sobre lo educativo” con la “existencia de rejas y mecanismos que hacen del adolescente una persona dependiente del adulto hasta para realizar sus necesidades”, puede ser un resumen conceptual del documento que recomienda el cierre de todos los centros que funcionan en la colonia. La carencia de colchones y ropa de cama, los problemas de ventilación, los interiores

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estrechos, la poca luz y los servicios higiénicos inadecuados parecen trivialidades cuando además se denuncia una vida cotidiana caracterizada por un régimen de 23 horas diarias de encierro y el sometimiento a “malos tratos físicos y psicológicos en forma frecuente como medida correctiva y como castigo”. Algunas prácticas narradas por los entrevistados consignan golpes de puño, golpes propinados por varios adultos contra un solo adolescente, la utilización de esposas, golpes estando en el piso, mojarlos con agua fría y desnudarlos haciéndolos pasar toda la noche en esas condiciones, introducción de un palo en el ano, obligarlos a arrodillarse sobre sal gruesa o pedregullo como castigo por fuga, arrojarles hormigas en la cara o introducir sus cabezas en el inodoro. Por si fuera poco, según el informe, “los adolescentes no cuentan con ningún mecanismo institu cional para presentar denuncias por estas situaciones”.

También se informa sobre la mala atención médica, el abuso de psicofármacos para “planchar” a los adolescentes y la escasa alimentación. “No cuentan con una asistencia en salud integral. No hay sistema de atención de emergencias dentro del centro” y “todas las comidas se hacen dentro de la celda, sin cubiertos adecuados y sin mesa”. La utilización del servicio higiénico es demandada por los adolescentes golpeando la puerta de la celda, y muchas veces “se les entrega una bolsa de nailon para que hagan sus necesidades en la noche dentro de la celda”.

SEGURIDAD, SEGURIDAD. La carencia de propuestas educativas definidas con claridad se suma a que “no se trabaja para la reintegración social” del internado, “por el contrario, se potencia el aislamiento y el estigma de peligrosidad”. Si bien en el Centro Piedras existe una maestra que tiene un plan educativo, su desarrollo está sujeto a la voluntad y criterio de los funcionarios de contención que según el informe “determinan, apoyados por el sindicato, la frecuencia y duración del encuentro entre el adolescente y la maestra”.

No existen criterios claros de lo que son faltas en la convivencia, y éstas se definen de forma arbitraria por el adulto de turno de acuerdo al grado “de subordinación a las normas abusivas, implícitas y ocultas, que los propios funcionarios formulan. Los jóvenes manifiestan que las sanciones son impuestas ‘por cualquier funcionario’ y ‘por cualquier cosa’”. Patear la puerta de la celda, bañarse o lavar la ropa sin permiso, pelearse con un compañero, no querer entrar en la celda o secar el piso con un buzo pueden ameritar la sanción.

La mayoría de los educadores tiene una antigüedad de aproximadamente dos años dentro del centro. Señala el documento que, en el caso del ser, la relación de estos técnicos “con (los funcionarios de) contención es conflictiva y tensa. En el caso de Piedras la relación entre los equipos es claramente subordinada; el equipo técnico de Piedras desarrolla sus tareas en función de los requerimientos de contención intentando evitar conflictos o represalias”.

QUIÉN MANDA. Todas las situaciones antes planteadas contradicen los planes y los preceptos ideológicos presentados por las autoridades del Interj al asumir la nueva administración. Si bien las posturas garantistas y la apuesta al “ámbito de la palabra” son banderas que no se han arriado explícitamente, en la práctica pervive el sistema de la violencia, la manipulación y la tortura como formas de mantener “ese“ orden. Se desprende de la denuncia del comité que “no existe una línea de autoridad clara que imponga formas y criterios de trabajo, no existe un respeto por la jerarquía y ésta no ejerce el mando, el desempeño de las tareas es conflictivo y actualmente están enfrentados la visión de los nuevos técnicos y la dirección, por un lado, con el sindicato, que se opone a impulsar los cambios. Está instaurado un sistema de represalias que determina el amedrentamiento a los técnicos que pretenden una apertura y mejora del trato de los internados. Los funcionarios de contención, sostenidos en los parámetros del sindicato, resisten cualquier modificación que lleve a un acercamiento a la protección y promoción de los derechos humanos. En la posición del sindicato no se tiene en cuenta el interés superior del niño, no visualizan en la medida de privación de libertad ningún contenido educativo-restau rativo, ven a los internados como sujetos peligrosos con los cuales hay que tener las máximas precauciones para que cumplan la medida, sin tenerlos en cuenta como personas en desarrollo”.

Dice la denuncia que el discurso oficial apunta “a negar la existencia de problemas y el carácter carcelario de la institución”, en una “actitud de renuncia a ejercer el poder que conlleva la responsabilidad institucional y dejar el control en manos de los funcionarios”.

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En resumen, el comité “percibe una situación de gobierno compartido o desgobierno, en donde conviven las directivas de las autoridades junto a las directivas sindicales que se suman a acciones de boicot de funcionarios que resisten lo que en la jerga denominan ‘apertura’ y que en definitiva terminan con los adolescentes como rehenes”.

MÁS CUENTAS PENDIENTES. Pero las denuncias consignadas en el informe del comité no son las primeras ni las únicas. Existen varios documentos (que obran en poder de Brecha) elaborados y presentados ante las autoridades de inau por distintos equipos técnicos que ratifican el ejercicio sistemático y constante de la violencia institucional contra los adolescentes allí internados.

En una carta del 21 de noviembre de 2007, el colectivo de psicólogos de la Colonia Berro planteaba su “preocupación por el mantenimiento de prácticas altamente violatorias de los derechos humanos en algunos establecimientos de la colonia”. Entendiendo que las mismas, “además de merecer nuestra condena como ciudadanos, jaquean cualquier propuesta que desde la especificidad de nuestra disciplina propongamos”.

Se preguntan: “¿Cómo ayudar a los jóvenes a la consideración del otro cuando se reproduce e incluso se mag nifica la desconsideración a ellos por parte del entorno inmediato? ¿Cómo promover que se corran del lugar del estigma cuando son tratados como peligrosos enemigos? ¿Cómo plantearnos promover un sujeto activo en la autoconstrucción de su identidad y su destino, en un marco de promoción de la sumisión, la anulación y la dependencia absoluta en el desempeño de las más básicas necesidades?”.

Además, señalaban que “la idea de peligrosidad y las prácticas consiguientes, combatidas desde los nuevos discursos ya legitimados por el orden jurídico, siguen predominando y tiñendo el cotidiano en algunos establecimientos, y pensamos que no es posible la coexistencia de las mismas con concepciones y prácticas garantistas a las que nosotros, así como las actuales autoridades, adherimos”.

Sobre el final, el documento alerta que “el objetivo de minimizar los efectos negativos de la privación de libertad se torna pura retórica en un contexto de violencia directa lisa y llana”.

El 20 de diciembre de 2007 el equipo técnico del hogar ser envió otra carta a las autoridades del inau donde se habla de cierta “contradicción en los discursos de las autoridades, cuando se nos solicita apoyar y planificar la ‘apertura’ de este centro para reducir las horas de encierro” sin contar con un “lugar físico ni simbólico donde llevar adelante una práctica profesional y humana”. El 3 de enero de este año, en otra carta dirigida a la doctora Fer nanda Albistur, directora del hogar ser, los técnicos reiteraban su “preocupación por la situación de algunos centros de la colonia”, manifestando que en el corto período trascurrido entre la primera y la segunda carta “la situación no sólo no ha mejorado, sino que constatamos una consolidación y aumento de situaciones gravemente vio latorias de los derechos humanos”. Asimismo señalaban que en “las condiciones de encierro impuestas en el ser, resulta imposible un ejercicio profesional ético”, y que las acciones que se pudieran realizar en ese marco estarían en “contradicción con uno de los objetivos prioritarios de nuestra tarea: aportar a la reducción de los daños propios del encierro”. Además, “alerta mos sobre los riesgos del actual grado de violencia insti tucional sobre la integridad física y psíquica de los jóvenes”.

Finalmente, el 16 de enero, el colectivo de psicólogos envía una nueva carta a la directora del Programa de Hogares Cerrados, Isabel Bisio (con copia a la directora del Hogar ser, a la gerencia del Interj y al directorio del inau), donde se aclara que “ningún psicólogo de este equipo accede a trabajar en el Hogar ser en las circunstancias actuales (…) en tanto se carece de los instrumentos mínimos necesarios que aseguren una práctica del psicólogo garantista. Considerando que las acciones violatorias de los derechos humanos en el ser deben cesar sin más demora y que al equipo técnico del ser no le quedó más alternativa que retirarse del establecimiento”.

Desde el miércoles 12, día en que el Comité de Derechos del Niño presentó en conferencia de prensa su informe, Brecha intentó concretar una entrevista con autoridades del inau. A través de una de sus secretarias, el presidente Víctor Giorgi se excusó de hacer declaraciones “hasta no tener bien analizado el documento”. Al cierre de esta edición, problemas de agenda hicieron inviable la entrevista.

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Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

20 marzo, 2008

Entre la negación y las mínimas mejoras

El polémico informe sobre la Colonia Berro despertó todo tipo de reacciones. Muchos hablaron mucho. Algunos negaron todo. Pero el amplio coro de voces no logró articular un

debate que aún está pendiente.

Colonia Berro. Foto: Archivo Brecha

Autoridades del Instituto del Niño y del Adolescente (inau), del Ministerio de Desarrollo Social, parlamentarios y políticos del gobierno y de la oposición, unicef, integrantes del Poder Judicial y dirigentes sindicales del instituto se expresaron esta semana sobre el informe del Comité de los Derechos del Niño, pero el debate estuvo sobre todo teñido de negaciones, intereses políticos, corporativos y mediáticos.

Se reconoció en general la legitimidad del Comité de los Derechos del Niño Uruguay para realizar el monitoreo según los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño (cdn) aprobada por las Naciones Unidas en noviembre de 1989 y ratificada por nuestro país en setiembre de 1990. Pero si bien hubo muchos puntos de acuerdo con el trabajo presentado, también hubo duros cuestionamientos hacia la ong y sobre algunos de los aspectos denunciados.

Víctor Giorgi, presidente del inau, legitimó la seriedad del informe y aseguró compartir muchas de las recomendaciones allí establecidas. En este mismo sentido un comunicado de instituto “reconoce la importancia del trabajo que encomienda la Convención de los Derechos del Niño al comité” y asegura que “dicha tarea resulta de especial relevancia dada la propensión a la vulneración de derechos que conlleva el encierro”. En términos parecidos se manifestaron los legisladores del Frente Amplio que integran el Grupo Parlamentario de Niñez y Adolescencia.

Sin embargo, una cerrada negativa surgió desde el gobierno, el inau y el sindicato de trabajadores con respecto a las prácticas de maltrato físico y psicológico denunciadas por el informe. Las expresiones apuntaron a deslegitimar las afirmaciones realizadas por el comité en ese sentido, cuestionando la veracidad de los testimonios brindados por los propios adolescentes y la opción metodológica de usar las declaraciones como fuente de información.

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El inau consideró inexacto que se responsabilizara al personal de contención de la práctica sistemática de situaciones de abuso y maltrato, y criticó al comité por haber retenido las denuncias de torturas y malos tratos desde octubre del pasado año hasta marzo del presente sin formalizar denuncia ni acción alguna. La directora del instituto, Cristina Álvarez, respaldó al sindicato y negó que haya malos tratos y castigos en los hogares ser y Piedras. Dijo que “no es una práctica sistemática. Y además desmiento que haya submarinos, hincadas en sal y ese tipo de cosas” (Canal 12, 13 de marzo). Aseguró que si eso fuera verdad, los técnicos que trabajan en la colonia ya lo habrían denunciado, olvidando quizás que entre noviembre de 2007 y enero de este año varios técnicos de los hogares mencionados presentaron cuatro cartas (véase Brecha, 14-III-08) ante las autoridades, denunciando “un contexto de violencia lisa y llana”. Jorge Ferrando, director del inau, a quien quizás también se le traspapelaron esos documentos, dijo que “estamos seguros de que las torturas no son sistemáticas” y aseguró que “no queda claro si hay efectivamente denuncias planteadas o son comentarios citados de conversaciones con los jóvenes de los centros” (La Diaria, 14 de marzo). De todas formas Ferrando confirmó que “el personal está autorizado a esposar a la cama como modo de proceder en situación de crisis o de conflicto”.

Carlos Uriarte, director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) que prefirió no hacer declaraciones para Brecha “sobre un proceso de cambio que ha sido muy complejo”, afirmó días atrás que “muchas veces los chiquilines cuando hacen las denuncias las hacen en forma grosera, exagerada y entonces pierden verosimilitud” (El País, 15 de marzo). Por su parte los legisladores frenteamplistas del Grupo Parlamentario de Defensa de los Derechos del Niño expresaron su preocupación ante la vaguedad de las graves denuncias realizadas en relación a torturas y malos tratos, “hechos de los que sólo en un caso se establece con precisión fecha y lugar”.

Joselo López, presidente del sindicato del inau (suinau), afirmó a distintos medios de prensa que los trabajadores se sienten “profundamente agraviados” ante las acusaciones, que estudian la posibilidad de demandar penalmente a la ong y aseguró que “no se puede sembrar dudas sobre un tema tan complejo” y que sus compañeros “han sido enchastrados públicamente”. Cabe consignar que esta misma dirigencia sindical ha establecido siempre una defensa cerrada de las garantías de los trabajadores, aun para aquellos que fueron sumariados y destituidos por este mismo directorio y por razones muy similares a las que se denuncian actualmente.

Siempre atenta a esta temática, la diputada nacionalista Sandra Etcheverry afirmó que estos hechos denunciados por el comité “sólo podrían ocurrir en la dictadura”, olvidando que desde hace por lo menos diez años se repiten las denuncias de este tipo sin que el Estado logre resolver la situación.

El diputado del mpp Javier Salsamendi, que trabajó en el inau antes de iniciar su carrera parlamentaria, dijo a Brecha que tiene “un profundo respeto por la gente que hace el informe. El tema es que frente a denuncias que son extremadamente graves tiene que haber elementos que permitan sustentarlas. Esta es la duda que nos surge”.

Salsamendi cree que la actitud del gobierno sigue siendo de defensa de los derechos humanos y “que la situación hoy (en la Colonia Berro) es completamente distinta de la que se planteó en ocasiones anteriores. Por lo menos en términos genéricos, sistemáticos. Sé lo complejo que es para cualquier actor que trabaja ahí; los niveles de estrés y de violencia que se generan en cualquier lugar de encierro. Ahora, la cantidad de gurises que hoy tiene la colonia, inevitablemente determina diferencias”.

OTRAS PREOCUPACIONES. En su comunicado el inau declaró su preocupación “por la frecuencia con que se emplea la privación de libertad en adolescentes en clara contradicción con la normativa nacional e internacional que la ubica como última medida y por menor tiempo posible”. El texto expresa que las medidas privativas de libertad se han incrementado significativamente en los últimos meses “saturando la capacidad de atención dentro de los niveles mínimos de calidad”. Con idéntica perspectiva los legisladores frenteam plistas advierten que el espíritu de la norma “resulta muy difícil de cumplir ante la presión de ingresos permanentes derivados de los juzgados de Adolescencia y la obsoleta y anacrónica estructura edilicia de la que dispone el inau”.

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Otro punto en común entre las autoridades del inau y los legisladores oficialistas respecto de las observaciones del comité refiere a la recomendación de priorizar alternativas educadoras y rehabilitadoras. Pero plantean desacuerdo con el documento cuando se refiere a la inexistencia de proyectos socioedu cativos. Giorgi sostuvo que no comparte que la Colonia Berro carezca de un proyecto educativo y de inserción social de los adolescentes, aunque reconoció que “su aplicación ha sido discon tinua”, y muchas veces se ha visto relegada “por el mantenimiento de la seguridad”. El jerarca explicó que “atentan contra el proyecto la rotación permanente del personal y los adolescentes, y la resistencia de algunos trabajadores”.

TODOS POR EL CIERRE. En cuanto al recomendado cierre de la Colonia Berro como lugar de detención, la mayoría de los actores se manifestaron de acuerdo, aunque señalaron la falta de posibilidades reales de hacerlo dada la falta de alternativas para alojar a los adolescentes que infringen la ley.

Víctor Giorgi afirmó que sería “irresponsable” anunciar el cierre sin generar alternativas y éstas implican erogaciones muy fuertes que “se estarían sacando de otras inversiones en la infancia”. Por su parte, Cristina Álvarez afirmó que “cerraría la Colonia Berro mañana mismo”, y que el inau ya tiene un nuevo local en Montevideo que se destinará a la internación de adolescentes infractores, ubicado en un lugar céntrico con fácil acceso a juzgados y hospitales.

También intervino en la polémica el fiscal civil Enrique Viana, quien sostuvo que impulsará un recurso de amparo ante la justicia civil donde hará suya la recomendación del Comité de los Derechos del Niño sobre la necesidad de cerrar la Colonia Berro.

Con respecto a este tema, Salsamendi coincidió y piensa que “la creación del complejo Berro, en los términos en que fue creado, no fue la mejor solución posible. El tema es el esfuerzo que implica desde el punto de vista económico y social”.

Los viejos problemas de la Colonia Berro no han podido ser resueltos aunque se han intentado cambios y nuevas perspectivas. Los responsables y una parte de los funcionarios que promueven la famosa “apertura” y las posturas “garantistas” no dudan en asegurar que no están tan mal como cuando comenzó esta administración. Sin embargo, en las organizaciones civiles vinculadas al tema hay preo cupación sobre la aparente inmutabilidad de los esquemas más violentos que reinan en algunos centros emblemáticos, y por cierta postura negadora por parte de las autoridades a la hora de aceptar que es poco lo que se ha podido hacer para mejorar los centros donde se recluye a los jóvenes en conflicto con la ley.

También como sociedad deberíamos plantearnos algunas preguntas. ¿Queremos mantener aislados y encerrados 23 horas al día, sin condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, y sin propuestas socioeducativas que los reinserten en la sociedad a los adolescentes que infringen la ley? ¿Nos importan? ¿O se prefiere abonar en cuotas la miserable vida que espera a estos niños y adolescentes, en el interminable circuito de la privación de libertad al delito?

En los próximos días el inau convocará a unicef y al Comité de los Derechos del Niño a dialogar acerca de los contenidos del informe, y se rumorea que pronto habrá cambios radicales en las direcciones de los hogares cuestionados.

El debate debería centrarse en la defensa y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes uruguayos, para lo cual es fundamental escuchar lo que ellos tienen para decir.

Con Rosa María Ortiz

“Para mí fue un espectáculo dantesco”

Cuando el 26 de octubre de 2007 una delegación del Comité de los Derechos del Niño Uruguay visitó –como parte de las actividades de vigilancia de la vigencia de los derechos humanos de los adolescentes privados de libertad– los hogares ser y Piedras de la Colonia Berro, la integrante del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas Rosa María Ortiz salió “aterrada” por lo que había visto y oído en la visita. Es más, luego de abandonar nuestro país, contó vía correo electrónico que había sufrido pesadillas por varios días derivadas de la experiencia.

Brecha dialogó con Ortiz telefónicamente. Lo que sigue es parte de esa charla.

http://brecha.com.uy/especiales/el-encierro-adolescente/ 39

—¿Cuál fue la impresión que le dejó su visita a los hogares ser y Piedras en octubre del año pasado?

—Estas instituciones visitadas en la Colonia Berro, para mí fueron un espectáculo dantesco. No se puede tener adolescentes 23 horas por día encerrados; a ningún ser humano, pero menos a los adolescentes. El Estado tiene la responsabilidad de darles programas de rehabilitación si han cometido un delito, y esas condiciones no sirven para ninguna rehabilitación. He conversado con una maestra, con una psicóloga y ambas profesionales me han dicho que es imposible hacer ningún tratamiento ni iniciar ningún proceso educativo, pudiendo encontrarse con uno o dos niños cada quince días durante media hora.

—¿Le explicaron por qué se daba esa situación?

—La razón que dan es que los encargados de la seguridad no pueden garantizar la vida de los técnicos si no actúan de a dos funcionarios por cada niño.* Así es imposible hacer terapia grupal, o iniciar cualquier proceso, viendo a los profesionales en esos cortos períodos, que además coinciden con las horas que tienen de descanso de la celda. Porque el tiempo dedicado a los tratamientos es el que los jóvenes tienen de alivio del encierro. Están absolutamente lejos del tratamiento que necesita un adolescente en conflicto con la ley.

—Las autoridades del inau, la directiva del sindicato de trabajadores e incluso parlamentarios oficialistas han cuestionado el informe presentado por el comité, por aspectos formales, por el tiempo que demoraron en hacerlo público, y por algunos contenidos que califican de inexactos. ¿Qué dice usted, que integró la delegación como miembro internacional invitado?

—Estoy absolutamente de acuerdo con todos los términos de ese informe y sorprendida por el tratamiento que reciben los jóvenes en esas instituciones que supuestamente son para su rehabilitación. Las recomendaciones que se le hicieron a Uruguay en materia de prevención para aquellos sectores más proclives a estar en conflicto con la ley son claras. Debe haber políticas de salud, educación y vivienda que impidan que comentan delitos, pero además los tribunales de menores tienen que estar presentes antes y después de que son cometidos. Es importante que se denuncien estas situaciones porque si no los cambios no se avizoran. Si estas cosas toman estado público hay esperanza de que cambie algo.

—Los aspectos que se consignan en el informe son graves, “dantescos”, dice usted. ¿Recogió en su visita testimonios de tortura?

—Si bien yo no participé directamente de las entrevistas con los chicos, porque dediqué mi tiempo a hablar con los técnicos, los compañeros de la delegación aseguran que los chicos mencionan episodios de violencia directa. Y no me extraña para nada, porque el solo hecho de tener a alguien encerrado 23 horas al día ya es una tortura.

* Según se relata en el informe, una de las estrategias de contención promovidas por los funcionarios se denomina “dos a uno”. Esta práctica –avalada sindicalmente– implica que por cada adolescente en movimiento ha de haber por lo menos dos funcionarios de contención.

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Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

28 marzo, 2008

Buscar alternativas a la privación de libertad

Las denuncias consignadas en el informe del Comité de Derechos del Niño sobre hogares de la Colonia Berro, presentado hace quince días, siguen generando polémica. Intentando bucear un poco más profundo, Brecha dialogó con el presidente del inau, Víctor Giorgi.

Víctor Giorgi. Foto: Alejandro Arigón

Las denuncias consignadas en el informe del Comité de Derechos del Niño sobre hogares de la Colonia Berro, presentado hace quince días, siguen generando polémica. Pero la discusión quizás no ha estado bien centrada. Las autoridades del inau se defendieron, antes que nada, negando y poniendo en duda que la violencia “aislada” sea tortura, o si el maltrato es sistemático u ocasional. Algunas voces reclamaron cerrar los establecimientos sin proponer qué hacer con los chiquilines privados de libertad, y parte de los trabajadores justificaron la ley del Talión y amenazaron con acciones penales contra la ong por sentirse “enchastrados”; fiscales civiles y penales solicitaron investigaciones urgentes y pusieron plazos perentorios de 24 horas para solucionar una situación que lleva décadas, algunos políticos oficia listas relativizaron las denuncias en función de ciertas mejoras y otros de la oposición buscaron su cosecha mediática manejando el tema con cierta superficialidad. Intentando bucear un poco más profundo, Brecha dialogó con el presidente del inau, Víctor Giorgi.

—¿Cuáles son los obstáculos para eliminar las 23 horas de encierro de estos chiquilines?

—En primer lugar hay un mandato legal que dice que ese chiquilín tiene que mantenerse privado de libertad. Eso quiere decir que no se puede escapar, que no puede causar daños a terceros y no se puede amotinar. La seguridad queda instalada como un elemento central en la exigencia legal, a nosotros nos citan los parlamentarios cuando se escapan los chiquilines, cuando hay motines y cuando hay funcionarios lastimados.

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—Y a veces hay motines justamente cuando ustedes están declarando en las comisiones parlamentarias…

—Sí, hay motines cuando estamos en algunas comisiones, en otras no. Pero prefiero no aventurar interpretaciones.

—Entiendo que sea un tema escabroso, pero no poder desarticular determinados mecanismos que están dentro de los centros de privación de libertad parece ser parte del problema.

—En algún momento eso pudo ser casi cierto, pero desde mediados de 2006 no es así, los motines han sido excepcionales y no han tenido la gravedad que tuvieron. Pero no necesariamente un motín tiene que ser armado o planificado; puede ser dejar correr cosas, pueden ser hechos mediá ticos, ha habido llamadas a los medios diciendo que había motines y no había, pueden ser generados por la propia situación de supuesta inestabilidad del directorio que da una comparecencia parlamentaria. También hay mucha gente muy perjudicada en términos económicos por las medidas disciplinarias que tomó esta administración y que puede estar apostando a la caída de este directorio, pensando que eso implica un retorno de ellos a determinados lugares de poder. Eso puede generar no la planificación de un motín, pero sí la exageración de pequeños hechos. Porque además sabemos cuáles son las redes de contacto.

—¿Cuáles son?

—Llaman a la prensa, llaman a los legisladores, llaman a determinados lugares; eso se utiliza mediáticamente por alguien que hace ese operativo, y después lo retoman otros con un sentido político. Sabemos que la semana pasada operadores políticos llamaron a los canales preguntando qué pasaba que no hablaban más de Berro. Lo sabemos por los propios canales.

—El informe plantea que los proyectos educativos son casi boicoteados por algunos funcionarios. ¿Cuál es su visión sobre ese punto?

—Yo lo plantearía en estos términos: hay un mandato que implica que prevalece la seguridad por encima de los proyectos educativos. En Berro hicimos un esfuerzo muy grande con Jurídica para depurar muchos elementos de corrupción que existían. Hoy tenemos educadores que en su mayoría tienen un promedio de dos años de trabajo, en general con formación terciaria, que entraron por concurso. Por otro lado tenemos un personal de contención, que también fue contratado por esta administración por sus antecedentes, el perfil de personalidad y la capacidad para manejar situaciones de estrés. A eso se le suman los técnicos, psicólogos y educadores sociales. Y ahí se da un conflicto, que tiene que ver con los lugares que ocupa cada uno. Los educadores quieren desarrollar sus proyectos educativos y el personal de contención trae un principio que tiene mucho de realidad: cuidado, estos chiquilines pueden tornarse un peligro, puede haber lastimados, puede haber fugas, y ellos son los responsables y aparecen como los que tienen la última palabra. Ese conflicto es producto del proceso de cambio, porque en 2004 no había conflicto, había una sola palabra, la de los ursos, y nadie peleaba por hacer proyectos educativos. Se trata de eso, hoy tenemos recursos humanos con un potencial mucho mayor. Por eso introducir el tema de la tortura y calificar así a los que juegan de malos en la película no nos parece correcto. Los muchachos hablan peor de los que les dicen que no. Es lógico que así sea, son los que ponen límites, son los antipáticos.

—Pero hay límites y límites.

—Por supuesto, no digo que los cuelguen de los árboles, pero esa tensión y esa tendencia de los muchachos a echarles la culpa de los malos tratos a ellos puede entenderse desde esa lógica. De todos modos hay que investigar. Este directorio ha sido muy claro en el sentido de investigar todo, hemos sancionado y destituido funcionarios por pegar; la norma es que el que pega no juega más. No estamos de acuerdo con lo que dijo públicamente algún funcionario, que si a él le pegan se defiende; esto no es una cancha de fútbol. El personal de contención está capacitado para contener a los muchachos sin golpear y sin lastimar. Esas son las cosas de la cultura institucional que hay que transformar.

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—¿Qué papel juega el sindicato? Porque ha defendido cerra damente a funcionarios que luego fueron destituidos por hechos que ameritarían acciones penales.

—El sindicato, con su autonomía, ha pasado por diferentes momentos, en una aparente coherencia. Cuando introdujimos la idea de que a los chiquilines no se les puede pegar, el sindicato en muchos casos defendió algunas actitudes de los trabajadores apelando al estrés, a la sobrecarga, a situaciones límite que ocurrían. Es cierto que hubo una posición de defensa a las destituciones que concretamos a fines de 2006. Eso dividió al sindicato. Si bien la tendencia mayoritaria respaldó a esos trabajadores y planteó la necesidad de una serie de garantías, también hubo un sector importante que dijo que no les hacía bien a los trabajadores defender a ese tipo de compañeros. En este momento el sindicato sale con la misma posición, pero en otra realidad. Hasta ahora no han aparecido pruebas de que haya ese tipo de maltratos, golpes o torturas, como dice el comité. Nuestra política ha sido investigar todas las denuncias. Hay 22 procesos en Jurídica, 11 de ellos de la Colonia Berro. Los procesos existen y avanzan; son muy lentos, pero eso no es una cuestión de voluntad de la administración. Es un proceso muy engorroso. Pero no podemos poner bajo sospecha a todos los funcionarios que trabajan, porque los funcionarios son necesarios.

—¿Las denuncias recaen siempre sobre los mismos funcionarios?

—Eso era así cuando asumimos; había funcionarios que tenían 13, 14, 15 sumarios. Hoy no podemos decir que haya funcionarios por los cuales pasen sistemá ticamente las denuncias, la gran mayoría ha entrado identificada con un proceso de cambios.

—¿Por qué renunciaron tantos de los nuevos técnicos contratados entonces?

—No son tantos los que renunciaron, son muchos los que fueron trasladados. Porque la privación de libertad es una condición de trabajo muy dura, para el muchacho y para el funcionario. En general la gente que ingresó no lo hizo con la cabeza para esto y no soportó la privación de libertad. Muchos tuvieron períodos de desequilibrio emocional, con licencia psiquiátrica. Una de las dificultades para cambiar el modelo es que hay cosas que se repiten, entre ellas el desgaste y la baja motivación para iniciar cosas nuevas.

—¿Les sorprendió el informe del comité?

—El comité señala o denuncia dificultades o carencias, pero no se involucra –ni le corresponde involucrarse– en un proceso de transformación. Como decimos acá, “no se embarra”. Porque si uno se embarra se da cuenta de que de la noche a la mañana no va a haber una plena vigencia de derechos, uno agarra las cosas como están y las va transformando. Entonces ese planteo hipercrítico, que es necesario como opinión, no es el que permite la transformación. Y la acusación a los funcionarios parece excesiva. Seleccionamos funcionarios y –con toda la relatividad que tiene una selección– parecen ser los mejores entre los que se presentaron. Los mandamos a trabajar en un lugar difícil y sabemos que no están formados para esa especificidad, en el país no hay gente formada para trabajar en la privación de libertad desde la perspectiva de derechos, no abunda ese recurso humano. Sin embargo ante el primer conflicto y la primera acusación los catalogamos de torturadores. Hay que tener cuidado, porque nosotros necesitamos personal que se sume al cambio y que soporte el conflicto. No digo que si torturan no se les diga nada. Pero tengo la sensación de que en el informe del comité está la herencia de 2003 y no es lo mismo. En 2003 el comité exigió la remoción de directores, que ya no están; exigió el ingreso de personal con mayor capacitación, este personal tiene mayor capacitación; exigió un mejor ordenamiento de salud, ahora hay un mejor ordenamiento de salud, hay personal de enfermería que entrega la medicación; exigió mejoras edilicias, las mejoras edilicias se hicieron…

—Sin embargo hubo una actitud de negación ante las denuncias.

—Las lógicas de gobierno y de oposición a veces generan algunas situaciones un poco extrañas. También te podría decir que legisladores que hoy se horrorizan por estos temas fueron gobierno y tuvieron la actitud de negación en su momento; hasta hace pocos días estaban reclamando mayor dureza y hoy se suben al carro de un informe que plantea, entre otras cosas, la necesidad de disminuir la privación de libertad. Ese discurso es incoherente y creo que de deshonestidad intelectual. Estamos bastante convencidos de que determinadas cosas que se dicen en el informe,

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como la tortura sistemática, como introducir un palo en el ano, no existen, porque tenemos una serie de mecanismos y equipos de trabajo que, más allá de que las relaciones no sean buenas en algún caso, nos habrían hecho llegar esa información. Que me digas que hay golpes, zamarreos, situaciones de violencia, siempre pueden ocurrir, pero si determinadas cosas fueran sistemáticas estaríamos frente a una conspiración de silencio de un montón de actores, incluidos los propios técnicos.

—Pero los técnicos denunciaron la violación sistemática de los derechos humanos.

—Los técnicos, por lo menos lo que he visto de las cartas y he hablado con ellos, denuncian con mucho énfasis el tema del encierro y de no poder desarrollar un proyecto, lo que plantean como violatorio de los derechos humanos. Y a su vez denuncian algunos hechos concretos que están siendo investigados. De eso sí tenemos noticia, están en proceso sumarial y se van a tomar las decisiones que correspondan. No digo que no haya algún funcionario que esté haciendo cosas que no debe, pero ha habido una renovación importante del funcionariado y no podemos tirar todo por la borda.

—¿Cuánto pesa lo presupuestal en la generación de alternativas a la Colonia Berro?

—Se necesitaría una fuerte inversión en infraestructura, lo cual de por sí no garantiza el cambio de modelo. No olvidemos que la Colonia Berro también fue algo nuevo en su momento, no hace tanto tiempo. Sin embargo se transformó en una especie de gueto en el que se potencia mucha cosa negativa, donde los controles son difíciles, la propia lejanía permite muchas fantasías y muchas realidades que no se ven. Desconcentrar la colonia sería una buena medida, pero implica una inversión grande.

—Pero si tuvieran el dinero, ¿hay un plan hecho?

—Para la privación de libertad hay una línea de trabajo, que es contar en Montevideo con un centro de ingreso que permita el traslado a los juzgados, con posibilidad de tener a los muchachos el tiempo suficiente –que eventualmente puede llegar hasta la primera audiencia– como para hacer los estudios técnicos, para ver cuál es la medida definitiva que se toma, y a partir de allí, según los perfiles, distribuirlos de determinada manera. Eso ya está en obra, pensamos que este año va a estar habilitado. Eso no quita que este directorio dé los pasos necesarios para construir un establecimiento de máxima seguridad en Montevideo, de acuerdo con los lineamientos internacionales. Pero la gran dificultad, más allá de la inversión, es la ejecución de la obra y todo lo que el establecimiento llevaría dentro, no sólo el equipamiento sino también los recursos humanos, los técnicos que garanticen que esa inversión va a tener un buen resultado. La eliminación de la colonia sería, para todos los que trabajamos desde la perspectiva de derechos, un horizonte. Cerrarla hoy sería una medida totalmente demagógica.

—¿Cuánto sienten que han avanzado en los procesos de cambio?

—Para nosotros la situación de Berro responde a una crisis del propio proceso de cambio. Estuvimos un poco mejor, llegó un momento en que el proceso se estancó y empezó a amagar con retroceder. Hay que tomar medidas para profundizarlo. El informe hace aportes en muchos aspectos, primero es la función del comité servir de crítico, de veedor y es bueno que lo haga, porque la gestión o el gobierno tienden a veces a minimizar algunas cosas. Hay una parte importante del informe, que se ha mencionado poco en la prensa, que cuestiona la utilización de la privación de libertad. Eso no fue la noticia. Las recomendaciones recogen cosas muy compartibles, como la imple mentación de medidas no privativas de libertad y la desconcentración de la colonia. El Poder Judicial tiene una actitud disímil frente al tema. Algunos chiquilines están privados de libertad por hurto, lo que no es coherente con la intencionalidad del Código del Niño ni con la convención. No es un problema fuerte en Montevideo, donde tenemos jueces especializados en el tema que han mostrado su permeabilidad a medidas alternativas. En este momento el inau tiene casi cien muchachos con medidas alternativas, a pesar de que la estructura es muy frágil todavía en ese programa. Tenemos chiquilines en trabajos por la comunidad, y en seis departamentos hay equipos técnicos que están siendo capacitados para implementar medidas no privativas de libertad. Además abrimos un centro en Mal donado –en conjunto con la Intendencia de Maldonado, Salud Pública y el Poder Judicial–, que ya tiene unos 15 adolescentes con medidas no privativas. El

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código y la convención son muy claros en ese sentido, la privación de libertad es la última medida, por el menor tiempo posible. Sabemos que no vamos a evitar la privación de libertad, sería una ingenuidad pensar que todos los chicos podrían funcionar en este tipo de programas, pero el número que hay hoy es demasiado elevado. La privación de libertad tiende a reforzar esa pertenencia al mundo fuera de la ley, una especie de identidad, como los “pibes chorros”. Si queremos revertir estas historias de vida, desestructurar el destino, tenemos que ensayar medidas alternativas.

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Daniel Erosa

Director de Brecha

11 abril, 2008

La jueza, el fiscal y demasiados jóvenes privados de libertad

Mientras la justicia hizo lugar al recurso de amparo en favor de los menores internados en la Colonia Berro, las autoridades del INAU acatan el fallo y muestran su preocupación por el

fuerte aumento de derivaciones judiciales.

Foto: Archivo Brecha

La acción de amparo a favor de los adolescentes privados de libertad en los hogares ser y Piedras de la Colonia Berro, presentada ante la justicia por el fiscal Enrique Viana, se basa en el informe dado a conocer semanas atrás por el Comité de los Derechos del Niño. Según el escrito el recurso se funda en “la inexistencia de un centro de reclusión juvenil, jurídicamente adecuado para albergar a adolescentes, respecto de quienes, por disposición judicial, se disponen medidas de privación de libertad”. Viana argumentó que el Estado “ha sido y sigue siendo inconsecuente con aquella responsabilidad pública” porque “no ha provisto de lo necesario para contar con esos recintos y hacerlos funcionar de acuerdo a las nuevas exigencias normativas, vigentes desde, por lo menos, setiembre de 2004”.

El fiscal le pidió al juez que en un plazo “de 24 horas (se) proceda a: suprimir el sistema de 23 horas diarias de encierro compulsivo en celdas, establecer programas alternativos al encierro, disminuir la administración indiscriminada de psicofármacos para los adolescentes como

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mecanismo de coerción médica, dictar un reglamento de convivencia y habilitar un sistema independiente de monitoreo para velar por el cumplimiento de la legislación en la materia”.

La jueza actuante, María Luz Vila Vidal, hizo lugar al recurso manifestando algunos matices. Según la sentencia, la magistrada no creyó, “como lo solicita el fiscal, que en 24 horas pueda suprimirse el sistema de 23 horas de encierro en celdas, ya que para ello, como se dijera, deben implementarse caminos que lo hagan viable para que no se produzca el efecto contrario, o sea fugas que no permitan la ejecución de las medidas judiciales dispuestas”.

Por otra parte compromete a los directores de los hogares a implantar medidas que permitan “una mayor apertura y donde la misma deba ser aceptada por los propios funcionarios”. De esta manera piensa la jueza que se lograrán “más horas (de) patio diario, más actividades de talleres y educación”, lo que podría “ser un planteo alternativo a las horas de encierro”. Respecto al establecimiento de programas educativos alternativos, la jueza admitió que la parte “demandada presentó documentación al respecto y ha expresado que ha emprendido un proceso de clara apertura en los centros” referidos. Asimismo solicitó que en un plazo máximo de 60 días se realice un “control exhaustivo de administración de psicofármacos”, tendiendo a su reducción y dándole intervención a los médicos del Instituto Técnico Forense. Además obligó a que se dicte “definitivamente el régimen de convivencia programado” y se habilite “un sistema independiente de monitoreo”.

Las autoridades del inau anunciaron que no apelarán la sentencia porque la consideran “razonable” y que la mayoría de las medidas solicitadas estaban planteadas, incluso algunas ya funcionaban. Fuentes del Interj dijeron a Brecha que “disminuir las horas de encierro es un proceso en que estamos de acuerdo y estamos encaminando, pero hay que implantarlo operativamente, ya que no podemos permitir que se dé la proliferación de fugas”. En el mismo sentido se refirió el director del inau Jorge Ferrando: “El tema crítico es cómo administrar día a día la capacidad locativa, la cantidad de funcionarios y la tensión entre seguridad y educación”.

Dijo además que el reglamento de convivencia ya estaba confeccionado, pero que, por distintos motivos, no lo habían podido implementar. Sobre el sistema independiente de monitoreo solicitado por el fiscal, explicó que es un proyecto presentado por el directorio en noviembre del año pasado. En aquel entonces el inau invitó a un grupo parlamentario y al propio Comité de los Derechos del Niño para formar una comisión tripartita que velara por las condiciones de los centros de reclusión dependientes del instituto. Ferrando dijo a Brecha que si bien el comité había anunciado informalmente que no participaría de la comisión, todavía no han recibido una respuesta por escrito.

SUPERPOBLACIÓN. Pero al mismo tiempo que la jueza hiciera lugar al recurso de amparo presentado por Viana, los funcionarios de la Colonia Berro establecieron nuevas medidas gremiales. Preocupados por la superpoblación que registran los centros y los riesgos que ello implica, fijaron un “cupo” máximo de internos para cada establecimiento y decidieron que si igualmente se producían nuevos ingresos se retirarían de la colonia, dejando toda la responsabilidad en manos de las autoridades.

El presidente del sindicato, Joselo López, dijo a la prensa que debido al continuo “desgaste de los trabajadores” hay muchos “compañeros que están con ganas de tirar la toalla”. El propio director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), Carlos Uriarte, admitió su preocupación por que todos los centros “están saturados e ingresar jóvenes se está convirtiendo en un tema complicado”.

Sin embargo, el sábado 5 de abril tres jóvenes fueron trasladados a la colonia. Ante la negativa de los trabajadores de permitir los ingresos, luego de una extensa negociación entre el sindicato y las autoridades del Interj, Uriarte solicitó que se firmaran actas que dieran cuenta de la situación y radicó una denuncia en el juzgado de Pando por “principio de desacato”. Al cierre de esta edición la presidenta de la mesa sindical de la Colonia Berro, Claudia Montenegro, y el secretario declaraban en dicha sede.

Brecha consultó a Ferrando sobre esta situación. El jerarca manifestó que “a partir de la denuncia del sábado se hicieron varias reuniones con el sindicato y se lograron encaminar bastante bien las cosas”. Explicó que “cada actor juega su papel, y para el sindicato en las condiciones actuales es

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muy importante garantizar la seguridad de los trabajadores”. Igualmente señaló que los funcionarios “están preocupados por que estas situaciones no perjudiquen el normal funcionamiento de la institución. Incluso estamos evaluando no ratificar la denuncia hecha el sábado en la medida que se generen las condiciones para asegurar la atención mínima”.

Por otra parte, fuentes del Interj dijeron a Brecha que existe preocupación de las autoridades por el creciente número de ingresos de adolescentes con medidas de privación de libertad. Comparando enero de 2007 (cuando hubo 35 internaciones) con el mismo mes de 2008 (con más de 50), se registra un aumento de 51 por ciento. Si bien las razones son difíciles de establecer, porque hay muchas variables en juego, cabe consignar que el aumento de derivaciones judiciales no se desprende de un mayor número de detenciones policiales, ya que comparando los mismos meses, la cifra de jóvenes capturados por la Policía es idéntica. A esto se suma, según las fuentes consultadas, que “de enero a la fecha existe un fuerte aumento de derivaciones de menores infractores desde el Interior hacia Montevideo”. De no cambiar “la mirada en política criminal, podría colapsar el sistema”, ya que se está dando un “escalón parecido al que sucedió con los presos adultos después de aprobada la ley de seguridad ciudadana allá por el 95”. De continuar así “vamos caminando hacia el hacinamiento”, aseguraron.

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Daniel Erosa

Director de Brecha

11 abril, 2008

Cuando (casi) todo es castigo

Nuevos datos y viejas sombras sobre el sistema de encierro de adolescentes que infringen la ley. Hoy se presenta un libro que cuestiona el papel del Poder Judicial en la suerte de los menores que terminan tras las rejas.

Foto: Archivo Brecha

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Un nuevo trabajo sobre la situación de los menores privados de libertad, elaborado por unicef y el Observatorio del Sistema Judicial del Movimiento Nacional Gustavo Volpe, refleja, según dijo a Brecha Susana Falca, una de las coordinadoras del proyecto, “que no se está cumpliendo con los estándares internacionales mínimos en las condiciones en que los jóvenes privados de libertad deben transitar su proceso”.

El estudio cuestiona, además de las conocidas carencias y conflictos de los lugares de encierro, el proceso judicial y el papel de jueces y abogados defensores en el desarrollo de cada causa y su función socieducativa.

Para Falca queda claramente establecido que “las responsabilidades institucionales están repartidas. El encierro no es sólo responsabilidad del inau, sino también del Poder Judicial, que tiene la obligación por ley de controlar las condiciones en que se cumple la privación de libertad”. El derecho a la defensa, dice, “es la única forma confiable de que los adolescentes puedan comprender la causa judicial”, y este trabajo “muestra un gran desconocimiento de los adolescentes sobre ese proceso. La sanción por ley tiene un carácter socioeducativo. El adolescente tiene que participar informado y asistido en todas las etapas. De lo contrario pierde todo el sentido que la ley establece. Y la mayoría desconoce el proceso judicial. Nadie se los está haciendo entender. Y así, todo se reduce al castigo”.

El informe se basa en el trabajo que desde 2005 viene realizando el Observatorio del Sistema Judicial (osj) haciendo el seguimiento y el análisis de expedientes judiciales y de casos concretos relevantes. Este abordaje permitió “un acercamiento objetivo y estadísticamente confiable” de las prácticas judiciales derivadas de infracciones a la ley penal de niños, niñas y adolescentes.

Otra parte del estudio se realizó encuestando adolescentes detenidos en centros de Montevideo, Mal donado y Salto. El 95 por ciento son varones.

EL JUEZ, APARTE. La ley obliga a los jueces a visitar por lo menos cada tres meses los centros de privación de libertad y dejar constancia del resultado. Es una tarea prevista para vigilancia, control y seguimiento de las medidas socioeducativas. Sin embargo, el 82 por ciento de los adolescentes consultados “dice no haber recibido ninguna visita del juez de su causa durante la privación de libertad”. Para la mayoría de los jóvenes, la figura del juez de su causa está más presente que la de su abogado defensor: un 65 por ciento dice conocer a aquél. Pero a la vez, el contacto no es frecuente y el 85 por ciento afirmó haber visto al magistrado por última vez en el juzgado. Lo que evidencia la ausencia casi absoluta de las visitas que, según indica el informe, “poseen una función preventiva”, ya que el simple hecho de que los jueces ingresen regularmente a los lugares de detención contribuye a la protección de quienes se encuentran detenidos.

Otro tanto sucede con los abogados defensores. Más de la mitad de los consultados aseguraron no conocer a su abogado defensor, y un 70 por ciento dice no haber tenido ninguna visita de éste durante el cumplimiento de su pena. El 20 por ciento lo vio una vez, el 9 por ciento dos veces, y el 2 por ciento tres. El 85 por ciento no sabe cómo conectarse con sus defensores y el 93 por ciento asegura no tener contacto.

Esta realidad demuestra que “muchas veces los adolescentes son privados de su libertad, pero no cuentan con información relativa al proceso, razón por la cual quedan librados a su suerte, sin capacidad de acción ni incidencia sobre lo que les ocurre”.

MUY BAJO PERFIL. Los datos obtenidos permiten conocer la realidad social en la que se encuentran inmersos los jóvenes. Se consideraron variables como el sexo, la edad, el lugar de residencia, la composición del núcleo familiar, el nivel educativo alcanzado y la vinculación con el mundo laboral. El mayor porcentaje de adolescentes privados de libertad tiene 17 años. Éstos representan el 33 por ciento del total, mientras que, en el otro extremo, el menor porcentaje (5 por ciento) se corresponde con la edad mínima de ingreso al sistema penal: 13 años.

El 73 por ciento reside en Montevideo y el resto es del Interior. Allí los residentes en Maldonado representan el 8,5 por ciento, seguidos de los de Canelones y Tacuarembó (con 5 y 4 por ciento respectivamente).

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En Montevideo, la mayoría vive en Piedras Blancas, La Paloma,Tomkinson, Casabó, Pajas Blancas, Cerro, Casavalle y La Teja, zonas donde se puede establecer una importante incidencia de la exclusión social. Barrios donde, hasta 2005, ocho de cada diez niños y adolescentes vivían en situación de pobreza, cuatro de cada diez en contexto de pobreza extrema y dos de cada diez en la indigencia. Allí también se concentran “las mayores tasas de desnutrición, retraso de crecimiento, fracaso escolar y deserción educativa”.

El núcleo familiar de estos adolescentes también es relevante para analizar las prácticas judiciales y el endurecimiento de las medidas que se toman, “sobre todo ante la persistencia de argumentos relativos a la incontinentación familiar o familia desintegrada en los expedientes”. El 49 por ciento de los adolescentes proviene de hogares monoparentales, en general con jefatura materna, mientras que el 31 por ciento convive con ambos padres, un 10 por ciento con otros familiares, y más de un 4 por ciento carece de núcleo familiar.

En cuanto al nivel educativo, surge del estudio que casi el 40 por ciento no terminó la escuela, el 30 hizo primaria completa e idéntico procentaje no culminó la secundaria. Por otra parte, el 53 por ciento expresó haber trabajado alguna vez en changas informales o tareas no remuneradas con familiares.

En definitiva los adolescentes que provienen de hogares pobres o marginales, con las consiguientes configuraciones sociales e individuales, resultan “más vulnerables frente a los sistemas de control social punitivo y corren un verdadero riesgo de ser institucionalizados”.

MALDITA RUTINA. El 73 por ciento de los entrevistados manifiesta no estar desarrollando ninguna actividad educativa. Pero esta realidad varía mucho según el sexo –las adolescentes participan más– y el centro de detención. Entre las actividades existentes se destacan los estudios de primaria, seguidos por los cursos de panadería, peluquería y orfebrería, carpintería, computación, costura, dibujo, taller de mimbre, tambo y herrería.

Muchos testimonios dan la idea de una rutina centrada en la satisfacción de necesidades básicas como comer y dormir.“Me levanto, me lavo los dientes, bajo a tomar la vaca (leche) y me siento a mirar la tele hasta la hora del alimento. Después pasamos mucho rato en el patio pero no hacemos nada ahí”, relata un joven.

Los adolescentes de algunos establecimientos destacan el ocio, la ausencia de actividades y el encierro. “Me levanto y me acuesto de nuevo, desayuno y duermo, ceno y duermo, estoy tomando pastillas para dormir.” “Me aburro mucho porque pasamos 22 horas trancados –explica–. Patio sólo tenemos una hora de mañana y una hora en la tarde. Estoy todo el día dibujando, o mirando tele, o jugando a las cartas.” Otro cuenta: “Lo único que hago es fumar, nada más. ¿Qué voy a hacer? Voy al patio en la mañana y después estamos trancados todo el día. Me levanto, miro tele, escucho radio… Estoy todo el día encerrado. Paso todo el día en la misma rutina”.

Una chiquilina explica que en un día normal “tomamos mate, salimos al patio, tomamos sol porque estamos re blancas. Nos trancan a las ocho y después miramos las paredes. Te trancan y pasás todos los días durmiendo”.

También la medicación está presente en los relatos. El 64 por ciento de los adolescentes entrevistados expresó estar tomando algún tipo de fármaco: 72 por ciento para dormir, 11 por ciento tranquilizantes y 11 por ciento “para los nervios”.

Los adolescentes no conocen la existencia de un reglamento que prevea conductas y sanciones.

—¿Cuál es la peor sanción?

—Que te corten las visitas o las llamadas.

—Las llamadas no tanto; las visitas es peor.

—Te las pueden cortar cuando se les antoje.

El 76 por ciento manifiesta no saber de qué forma plantear sugerencias o quejas a la institución. Y los conflictos se resuelven de distinta forma. La más violenta se relaciona con el régimen carcelario (“Un motín”, “Te agarrás a bombazos de una” o “A botellazos, motín, todo…”).

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Sin embargo los adolescentes que se encontraban en un establecimiento semiabierto opinaron distinto:

—Acá no da, acá estás libre, ¿para qué vas a hacer relajo? No da. ¿Para qué vas a hacer un motín?

—Y si está todo mal con alguien ¿qué hacés?

—Le pegás.

—De una.

—¿No le decís al funcionario?

—No, ni ahí.

—No, eso está todo mal.

* El libro “Privados de libertad. La voz de los adolescentes” será presentado hoy en las intalaciones del hotel nh Columbia y contará con la participación de uno de sus realizadores, Javier Palummo, y además el presidente de inau, Víctor Giorgi, Luis Pedernera por el Comité de los Derechos del Niño, un representante de la Suprema Corte de Justicia y uno del grupo parlamentario por los derechos del niño.

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Daniel Erosa

Director de Brecha

23 mayo, 2008

De fracasos y encierros

La Colonia Berro está signada por el escándalo y la frustración. Con la renuncia del padre Mateo fracasa el segundo intento de cambiar la realidad en lo que va de esta administración. Luego de la renuncia del propio presidente del inau, Víctor Giorgi, lo que queda en evidencia

es la dificultad de modificar aspectos centrales de la gestión.

Jorge Ferrando y Cristina Alvarez. Foto: Alejandro Arigón

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La renuncia del sacerdote salesiano Mateo Méndez a la dirección del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj) cayó como un balde de agua fría –tanto para la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismen di, como para el propio Tabaré Vázquez– y reactivó la noción de que el sistema encargado de hacer cumplir penas de privación de libertad a los menores en conflicto con la ley no tiene arreglo. Porque Mateo no se fue en silencio, como su antecesor Carlos Uriarte. Después de una semana minada de motines, fugas y amenazas de los funcionarios de entregar las llaves de los establecimientos por un tema de cupos, el jueves 26 de febrero Mateo tomó la decisión de irse y habló con la prensa. Y fue duro. Dijo que se trata de una institución enferma, que “tiene mucho de perverso y mucho de corrupción” y que le faltó el “respaldo mínimo” para desarrollar su proyecto. Tras cartón renunció también el presidente del inau, Víctor Giorgi, dejando aun más complicado el escenario. Antes de irse Giorgi reconoció en declaraciones al portal 180 que el Interj es “un sistema difícil de gobernar” y que la falta de apoyo puede entenderse porque el proyecto del sacerdote quedó siempre postergado por los problemas cotidianos. “Cada chico que ingresa es una negociación”, explicó.

Para la presidencia del inau fue designada la diputada Nora Castro, quien al cierre de esta edición aún no había asumido. El puesto de Mateo no ha sido ocupado y se designó en forma interina a la asistente social Marilú Sánchez como directora de División del Interj.

Brecha conversó con los dos directores en ejercicio, Cristina Álvarez y Jorge Ferrando, sobre la compleja realidad que está planteada.

—Es la segunda vez en esta administración que fracasa un proyecto de cambio para el Interj. Primero fue el caso de Uriarte y ahora el de Mateo. ¿Cómo se explica?

Cristina Álvarez —No se logra en poco tiempo cambiar una tradición de 50 años resolviendo el tema de forma disciplinaria y represiva. En el mundo entero es difícil resolver este fenómeno. Cuando asumimos no éramos tan ambiciosos como para pretender instalar un modelo educativo, sino de humanizar y bajar los niveles de violencia. Nos encontramos con un montón de funcionarios que estaban, habiendo sido seleccionados con criterios muy discutibles, acostumbrados a una modalidad… A algunos, los que cometían violaciones muy flagrantes de derechos humanos pudimos sumariarlos y hasta echarlos. Luego seguimos con los procedimientos y hubo otro tipo de sanciones. Sacamos a los más nocivos, pero quedaron prácticas instaladas que nos propusimos cambiar utilizando la influencia de las autoridades e ingresando personal nuevo mejor preparado. Y se da el choque entre la tradición y lo nuevo. Pero ninguno de los dos, ni Uriarte ni Mateo, tiene la preparación justa para garantizar la seguridad y a la vez humanizar, dignificar e intentar educar dentro de los límites de la violencia que genera el encierro. Carlos Uriarte es genial en el derecho penal juvenil, pero nos equivocamos en pedirle que dirigiera, controlara y gestionara. Y con Mateo pasó que sabe mucho de tratar chiquilines, pero no sabe nada de los procedimientos del derecho.

—Mateo habló de enfermedad, de corrupción, de una institución perversa… Los sucesivos informes del Comité de Derechos del Niño ratifican eso. Si hubo renovación de funcionarios con criterios de selección distintos, si hubo intentos de ganar la puja entre el encierro y la educación, ¿qué es lo que pasa que no se puede cambiar? Entre las propuestas de ustedes y lo que sale a luz cada tanto, hay un abismo. Se dice que no hay planes, que se desconoce el reglamento de convivencia, que no existen mecanismos para hacer denuncias, que los funcionarios se niegan sistemáticamente al cambio, que hay un boicot a todas las medidas que se toman. Hay cosas que no se pueden explicar solamente como parte de un proceso. Hay una oscuridad que es evidente que no se está pudiendo aclarar.

Jorge Ferrando —Hay aspectos estructurales y otros dinámicos. Yo le pregunté a la gente del comité cuáles son los ejemplos que tenemos en América Latina que pudiéramos seguir para tratar de mejorar. Sólo aparecía la experiencia de Costa Rica. Después hubo un informe de los comités del Mercosur y Uruguay aparecía como mejor ubicado. Es evidente que estamos ante un problema para el cual no estamos encontrando respuestas. Estamos ante los problemas derivados de la práctica y la convivencia que plantea la privación de libertad. Es un lugar donde nadie quiere estar. Ni los chiquilines ni los funcionarios que están porque es su trabajo, que tampoco es gratificante. La convivencia de todos los días pasa por etapas de agresividad, momentos de juego, calma, y otros de violencia e insultos. A lo largo del tiempo se va generando un tipo de vínculo que precisa otras

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herramientas que está claro que hasta ahora no hemos podido detectar muy bien. Y esa realidad lleva tendencialmente para el lado del encierro. Más allá de la vivencia de fracaso, que sí los hay, también hay que analizar cada etapa en su contexto. Pero el tema de la gestión cotidiana, y fue una de las debilidades de la propuesta de Mateo, termina predominando sobre las ideas. No tenemos claramente delimitado y consensuado cuáles son las formas de gestionar e implementar de manera consistente esas ideas que queremos desarrollar. Hay que reconocer que en ciertos aspectos no sabemos cómo hacer. Buena parte de la renuncia de Mateo tiene que ver con la dificultad para gestionar las buenas ideas en un marco que no es de hoja en blanco. Hablamos de una institución que tiene una larga historia de prácticas cotidianas que hace difícil la innovación. Creo que nos ha faltado apoyar más a los equipos de trabajo, favorecer la articulación entre los técnicos. Es una institución muy fragmentada, y si bien se va logrando más articulación, cada uno ve su parte y no tanto a la población en su conjunto.

—¿No es también una institución muy corporativa que no sabe recibir críticas sin considerarlas un ataque? Hubo investigaciones internas, auditorías del propio inau que ratifican las denuncias. ¿No hay una actitud como de barrer hacia abajo de la alfombra?

C A —Yo creo que uno de los problemas más serios es que no hay mandos medios… Aquellas personas proclives a los cambios no quieren aceptar las direcciones de los centros. Y fue aceptando gente que sí tenía compromiso y dedicación, pero que no sabe dirigir. Entonces si no tenés una dirección que ordene… Nosotros dimos toda la base material, ahora no falta nada, hay nutricionista, psicólogos, asistentes sociales, procuradores, profesores de educación física, maestros, la ropa, la comida… y sin embargo no está el cambio. Pero hay un sector que lo único que hace es denunciar… La gente que llega con más ganas de cambiar a los dos tres meses se quiere ir… Ir a un lugar como éste es duro, por la tensión de lo que ya está que no quiere el cambio, por la de los nuevos con mucha inmadurez (a veces no sabés distinguir los internos de los educadores jóvenes, como si se mimetizaran). Falta de rigurosidad en el trabajo, gente que no lleva un cuaderno de registros, que no se sienta media hora para conversar con sus pares sobre lo que estuvo bien y mal. Falta de un vínculo afectivo con los chiquilines, manteniendo la profesionalidad y el respeto. No se establecen criterios claros de trabajo…

—¿Pero quién tiene que impartir esos criterios y asegurarse de que se cumplan?

J F —De la gerencia del Interj hacia abajo como mínimo.

—Pero no pasa…

C A —En la gerencia tuvimos siempre gente con buenas ideas. Uriarte es el profesor de todos nosotros, el que nos ha enseñado casi todo, y a Mateo nadie le va a discutir su capacidad humana, pero hay fallas en la gestión concreta. Por un lado, los chiquilines no hacen alianzas con la gente que quiere cambiar, las hacen con el otro modelo porque tiene algunas ventajas y menos exigencias. El modelo educativo implica exigirles esfuerzo… El tema es que no hay demasiadas personas que quieran hacerse cargo y las que sí lo hacen muchas veces quedan muy expuestas porque están entre la exigencia nuestra del cambio y la resistencia de abajo que protesta, más la presión de los padres y de la sociedad que quisiera que lleváramos a los internos a la Isla de Flores.

—Parte de esa opinión pública está también influida por la colección de fracasos y esa sensación de que cada tanto todo vuelve a cero…

J F —Cada etapa deja logros desde los cuales avanza la siguiente. No volvemos siempre a cero. Es demasiado pesimista. Ha habido muchas mejoras. No podemos hacer sólo el balance con las cosas que no funcionan. Creo que hoy la situación de respeto de los derechos de los chiquilines no es la misma que en 2005. Es probable que haya situaciones que se siguen dando. No tenemos permanente control ni estamos todo el tiempo. Cuando asumió Mateo pensamos que iba a haber una presencia más intensa y que se metería en el cotidiano para desandar esas culturas. Nosotros apoyamos todas las investigaciones y estamos dispuestos a sancionar cada vez que algo se demuestre. Pero se dicen muchas cosas, en estos días salió la noticia de que un funcionario había sido acuchillado y no era cierto. Todo eso genera un clima en la opinión pública que acrecienta la percepción de fracaso. Esa idea de que esté quien esté en el inau nadie puede contra los

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adolescentes peligrosos y que toda la culpa es del sindicato, me parece que es una simplificación muy injusta.

—Pero los fracasos son estruendosos, porque Ma teo no sólo se fue en pocos meses después de haber sido nombrado y respaldado desde muy arriba. Y hay algunas señales que es muy difícil decodificar sin cierta suspicacia, cada vez que hay intentos de cambiar cosas o necesidad del sindicato de presionar por algo, comienzan a explotar motines por todos lados.

C A —La tensión entre el encierro y la apertura permanece. El cambio no lo decreta un directorio. Hay trancas burocráticas que enlentecen la gestión, hay dificultades en la aceptación de responsabilidades en los mandos medios, en el trabajo en equipo y una muy importante es que los proyectos muchas veces se hacen desde lo ideal y no sobre la realidad. Hay casos en que se arman proyectos para muy pocos chiquilines, y para otro tipo de perfil no sirven.

—Sin embargo, muchos técnicos dicen que chiqui lines que son intratables en determinadas condiciones, en un marco más abierto funcionan mejor.

C A —No todos. Por algo en el período de Mateo se triplicaron las fugas. Y nos preocupan las fugas porque cada vez regresan más deteriorados por causa del consumo de drogas. Mateo pensó en un solo tipo de chi quilín. Y volvemos a la tensión; para algunos funcionarios la respuesta es encerrarlos y medicarlos, y otros quieren hacer otra cosa pero no saben bien cómo. Y yo tampoco sé. No gano mucho en decirte que es difícil, pero lo cierto es que estamos mucho mejor que antes.

—Pero se siguen denunciando transas y malos tratos…

C A —No todo lo que se dice es cierto, pero igual se investiga todo.

J F —Hay un tema clave de gestión, y además políticamente no tenemos con sen suada una propuesta clara sobre qué debemos hacer con los adolescentes en conflicto con la ley. Eso atraviesa todo el sistema político. No hay un programa claro en ningún partido.

—¿Tenemos que aceptar –atendiendo a todas las dificultades planteadas y al dato de la realidad latinoamericana que usted citaba hoy– que este es un tema sin solución?

J F —Hay algunos adolescentes que pueden visua lizar cierta salida a una vida que no es perfecta, pero que les permite esquivar los circuitos de la delincuencia, otros sienten que están tan jugados que sus expectativas no son de un cambio posible. Nosotros podemos abrir opciones que se inscriben en historias de vida que tienen marcas y huellas muy profundas.

—Se puede entender que la población que atiende el Interj no es fácil, pero en general cuando aparecen los problemas más graves, casi siempre vienen del mundo adulto.

J F —Es cierto que todavía no hemos podido traducir un modelo de gestión y encontrar la gente adecuada para llevarlo adelante en equipo. Y no es una cuestión individual, tiene que haber un compromiso colectivo. Quizás sea un problema de estos tiempos, los mensajes no valorizan lo colectivo. Y otra debilidad del sistema es que hay un funcionamiento jerárquico que recomponer porque está muy desgastado.

C A —Yo soy optimista. Creo que no estamos igual que en 2003 o 2004. Cuando se quieren introducir cambios se remueve todo y parece que todo se cae a pedazos, pero no es así. Hoy no hay gerente, se fueron las 11 personas que vinieron con Mateo (que tuvo mucho mejores condiciones que Uriarte) y hoy no está peor que la semana pasada. Está tan difícil como entonces. Le decíamos el otro día a los funcionarios que quedaron que no queremos salvadores, que vamos a intentar defender lo que avanzamos y no retroceder.

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Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

29 mayo, 2009

Aclaraciones esenciales

En la misma semana el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de internación de menores infractores del INAU y dejó sin efecto la medida. Desde el SUINAU piden la renuncia de todos los directores. La presidenta de INAU, Nora Castro, analiza las razones que llevaron

al decreto y los fundamentos de su levantamiento.

Foto: Alejandro Arigón

En la misma semana el gobierno decretó la esencialidad de los servicios de internación de menores infractores del inau y dejó sin efecto la medida. El conflicto viene de largo y fue preciso este extremo para alcanzar un acuerdo mínimo con el sindicato (suinau) para cumplir con el mandato judicial de administrar las penas de los infractores. Desde el suinau se acusa al directorio de no tener una actitud negociadora, pero al mismo tiempo declaran que no darán “ni un paso atrás” y piden la renuncia de todos los directores. El clima de confrontación no terminó. La presidenta de inau, Nora Castro, analiza en entrevista con Brecha las razones que llevaron al decreto y los fundamentos de su levantamiento.

—¿Por qué se llega a la necesidad de apelar al recurso de esencialidad?

—Se llega luego de negociaciones y conversaciones que no lograron un acuerdo, porque hay una diferencia de criterio. Para nosotros es claro, legal y constitucional que quien determina cuáles, quiénes y qué cantidad de muchachos infractores de la ley penal juvenil son derivados al inau es el Poder Judicial, nadie más tiene competencia en eso. Lo que sí debe hacer el inau, con la responsabilidad del directorio, es aplicar las distintas medidas que indica la justicia. Nos encontramos con que el sindicato –y esta vez tuvimos resoluciones firmadas por ellos–, establecía cupos para los ingresos a los hogares, y además en la práctica concreta no aceptaba tener más de determinado número de muchachos. Esto fue acompañado por amenazas permanentes de lo que llaman “entrega de las llaves” de los establecimientos. Eso constituye una falta grave desde el punto de vista administrativo, atenta contra las disposiciones del propio Código del Niño y la Convención de los Derechos del Niño y además configuraría –si se diera– un abandono colectivo de funciones, un delito que tendrá que juzgar la ley penal.

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—Ese jaque mate que ha hecho el sindicato específicamente en el ex Interj (hoy Semeji) ha sido una constante en esta administración. Y llama la atención lo que dijo el ministro Bonomi en declaraciones de prensa. No es textual, pero dice algo así como que ahora queda claro que el sindicato reconoce la potestad exclusiva del directorio para aplicar las políticas de defensa de los derechos del niño. ¿Es un reconocimiento tácito de que los trabajadores tenían un gobierno paralelo dentro de la institución?

—Hacer ese reconocimiento y plasmarlo en negro sobre blanco en la tripartita del Ministerio de Trabajo es reconocer algo que ya estaba determinado pero no se quería reconocer. Lo que se ratifica y se reafirma es que el directorio tiene la exclusiva responsabilidad de la política rectora de gestión.

—Sin embargo el clima de conflicto parece no terminar con este acuerdo. Hay declaraciones de la delegada de la mesa sindical de la Colonia Berro que siguen pidiendo la renuncia de todo el directorio…

—Bueno… como ex militante sindical reconozco la autonomía de los sindicatos para hacer sus planteos…

—Se lo pregunto en relación con el clima de negociación para lo que sigue, porque también se habló de crear una comisión integrada por todas las partes para alcanzar medidas de largo alcance…

—En la tripartita estaban presentes también representantes de cofe y el pit-cnt y se habló de integrar una comisión con todas las partes para evaluar y abordar situaciones problemáticas. Pero ello no implica que haya efectos suspensivos sobre lo que está implementando el directorio. El clima por parte del directorio siempre ha sido de disposición a recibir a los trabajadores para conversar y alcanzar acuerdos. Lo que pasa es que uno trata y llega a acuerdos con el sindicato y luego por otro lado –y por separado– aparece otra línea de conflicto. Es difícil negociar y acordar cuando pasa eso.

—Respecto a los reclamos del sindicato, llama la atención que pidan más funcionarios cuando en esta administración han entrado cientos de nuevos trabajadores en la Colonia Berro. Aunque pasa algo casi perverso, que es que los funcionarios entran por la puerta de Berro y luego se dispersan en otras áreas de la institución…

—En un año y poco entraron 1.500 funcionarios por concurso, de ésos se fueron un tercio. Eso es grave. Muy pocos se jubilaron, pero hay un número importante de gente muy calificada que cuando llega a hacer el trabajo de campo se siente frustrada o no se adecua al perfil y pide traslado, o se va a otros organismos o a la actividad privada, o simplemente como es una tarea sumamente desgastante –por lo que todos tienen una compensación salarial– pide licencia (sobre todo psiquiátrica). El problema de las certificaciones médicas es todo un tema que estamos corrigiendo con mayores controles. Había hogares que tenían en plantilla 25 trabajadores y 13 estaban certificados con licencia médica. Todo eso agudiza la necesidad de trabajadores.

—Pero más allá del desgaste lógico de la tarea, no es difícil encontrar testimonios de técnicos que hablan de una suerte de “mafia interna” –de la que de algún modo habló también el padre Mateo en su renuncia– que boicotea cualquier cambio y hace imposible cualquier trabajo técnico bien hecho…

—Sobre las declaraciones públicas que hizo Mateo Méndez, cuando se hablaba de que había hecho denuncias, yo las busqué y no están presentes en su carta de renuncia. Hemos rescatado todos los procesos de investigación que tiene la sección jurídica, que de repente estaban muy enlentecidos, y les hemos dado curso. En una modalidad de trabajo colectivo, en la cual debemos incorporar la voz de los muchachos a las propuestas que hagamos, creo que las partes sanas de las instituciones se desarrollan. Que hay obstáculos para hacerlo, sí: hay muchos obstáculos. Pero yo no creo en el no se puede.

—Lo que le pregunto concretamente es si ustedes detectaron a esa suerte de organización para obstaculizar los cambios.

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—Toda práctica que sea contraria a la Convención de los Derechos del Niño o traspase lo impuesto en el reglamento está siendo tratada, e intentamos ajustar al máximo posible. Todo el mundo sabe que no es una tarea fácil.

—Otro de los reclamos de los trabajadores es que se destine más presupuesto. Hay una cifra que todavía no es oficial, pero es de buena fuente, que indica que cada menor internado con medidas de privación de libertad le cuesta al inau 120 mil pesos mensuales…

—Yo no tengo esa cifra, tengo una menor. Pero según el escalafón, desde el punto de vista de los trabajadores, por estar en trato directo cobran una compensación del 20 por ciento y otra compensación a la función por el desgaste (el artículo 612), y hay otros (el 612 especial) que refieren a un trabajo de mayor contención. Por supuesto está el gasto de alimentación, vivienda…

—Pero cuando usted dice una cifra menor, ¿es sustancialmente menor? Porque si tenemos en cuenta que son 200 internos, es un millón de dólares mensuales…

—En un hogar de amparo común tenemos un gasto de 30 mil pesos por mes por cada interno. En el Semeji estaríamos entre 55 y 60 mil. No sé cómo hiciste la cuenta…

—Es un dato que está ahí y quería confirmarlo con usted. Me gustaría saber la cuenta. Lo que preocupa es la aparente incongruencia de un gasto de ese tamaño y los reclamos por mayor gasto.

—Sí, sobre el mal uso de la inversión. Es probable que estén hablando de la necesidad de mayores recursos para inversiones, si es eso podemos hacer acuerdo con los trabajadores, en el otro tema no.

Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

16 junio, 2009

La trabazón

La idea de tumba de los cracks se cierne sobre la Colonia Berro. Casi nada de lo que se ha intentado hacer en esta administración ha dado resultados sostenidos y la pregunta sobre la propuesta educativa para los menores infractores sigue sin contestarse. En entrevista con

Brecha, el padre Mateo explica los motivos de esa “trabazón”.

Foto: Archivo Brecha

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—Usted asumió el cargo con una idea y un montón de planes, y en poco tiempo dijo “esto no se puede hacer” y renunció. ¿Qué fue lo que encontró?

—La idea nuestra, conociendo mucho de afuera el tema, era la humanización del sistema. Pero todo lo que tiene que ver con la humanización habla de derechos y obligaciones. Yo tengo derechos, pero también obligaciones, tanto lo digo para el trabajador como para los adolescentes. Convocamos a los directores para escuchar cómo venían trabajando esto de derechos y obligaciones, y cómo venían trabajando el tema de los proyectos. Imposible trabajar con adolescentes sin tener proyectos o propuestas armadas, programadas, evaluadas y ajustadas. Las primeras reuniones eran con demandas y planteos desde las direcciones, pero después se fue entendiendo que si construíamos proyectos educativos, el trabajo iba a ser siempre mejor. Había trabajadores, educadores y técnicos interesados en participar en el armado de proyectos educativos, y otra gente que esperaba que nosotros lleváramos un proyecto para que se cumpliera. La propuesta nuestra siempre fue: armemos proyectos. No corresponde imponer, corresponde que la gente que ya venía trabajando participara.

—¿No había ningún proyecto, no había nada en marcha?

—Nos encontramos con una batería bien diversa de propuestas, de proyectos que se venían trabajando desde hacía un tiempo y era lo que estaba más armadito en ese momento. En algunos hogares encontramos unas líneas, en otros varias programaciones, no proyectos, y en otros las ganas de comenzar a construir. A partir de ahí comenzamos el trabajo. Lo primero fue eso, un acercamiento a la realidad con los directores, y después el director de la Berro fue tomando más contacto con los educadores, con los técnicos, para ver qué disponibilidad o qué disposición de ánimo había para acompañar esta propuesta que estábamos comenzando.

—¿Y con qué se encontraron en esa segunda instancia?

—Había de todo, gente que estaba comprometida en llevar adelante la propuesta, gente a la que le había gustado la idea, otra gente que miraba con cierta desconfianza, y otra gente con un cierto escepticismo que decía “esto acá no puede funcionar”. Hubo alguien que llegó a decir “yo soy el proyecto”. Fuimos viendo esta disparidad de motivaciones, como también hay disparidad de perfiles, de formación, de intereses y también en la manera como se encara la relación con el adolescente. Este es uno de los elementos más complejos, porque toda institución debe presentarle a quien entra a trabajar, cuál es el proyecto, cuál es la propuesta. Si no la hay, surge el ¿qué entro a hacer acá?, ¿cuál es mi rol?, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer como educador, como técnico, como funcionario? No se trata de aguanto o trato de dejar pasar las 12 horas… La institución no tenía una propuesta educativa para los adolescentes en conflicto con la ley. En algún momento dijimos que no era una cuestión solamente del inau sino una cuestión de Estado. El Estado tiene que saber qué está haciendo con esos adolescentes. Como institución tengo que saberle decir: “Tú vas a estar tres meses, vas a estar seis, este es el currículo que vas a recorrer, y te vamos a acompañar a hacerlo, no te vamos a dejar que hagas lo que tú quieras”.

—La idea generalizada parece ser que el adolescente que comete un delito va y cumple con un castigo. Ha sido cuestionado el rol del inau en ese sentido, en términos de generar conciencia en el joven del delito que cometió, y generar el mecanismo para que reconsidere lo que ha hecho. Sin ese trabajo, los hogares parecen un depósito donde se cumple un castigo.

—El adolescente tiene que reconocer que se equivocó, y a partir de la equivocación tiene que comenzar su camino. Y eso no está claro en la institución: estás en penitencia, estás castigado; no viniste a un hotel cinco estrellas. Y trabajar en la propia conciencia de los padres, porque les cuesta aceptar la realidad de su hijo para acompañarlo y decirle: “Tú estás aquí porque cometiste un error, te equivocaste, te vamos a acompañar para que tomes conciencia y a partir de ahí te acompañaremos para que te puedas reintegrar a la vida de familia, a la vida del barrio, a la vida de la comunidad, acompañarte para que despegues y armes un proyecto con tu vida”.

—¿Pero la cuestión no es más compleja? Por ejemplo esto que sucedió la semana pasada, que terminaron procesando a dos familiares en un motín. Muchas veces no hay una familia armada, estructurada, o que incluso acepte que su hijo realmente se equivocó. Hay una

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identidad generada en los códigos al margen de la ley. ¿El Estado puede influir en esa realidad?

—Esa es la tarea del Estado. Si no me lo devuelven mejor que cuando lo llevaron, ¿en qué consiste la tarea? Es una tarea educativa, es una tarea de recuperación de valores. Nosotros siempre apuntábamos a trabajar sobre lo sano del adolescente. Rescatar aquello en que nos podemos apoyar para empezar juntos a hacer ese camino de recuperación. Me niego a creer que el adolescente es malo, todo malo. Cuando el adolescente descubre lo bueno que tiene él mismo, se entra a valorar. Pero si yo no trabajo sobre ese espacio de lo sano, no puedo esperar un cambio de actitud. Durante el tiempo en que el adolescente está en la institución tengo que tener esa cercanía y ese acompañamiento con la familia. Es imposible trabajar sólo con el adolescente. ¿Qué ganamos con trabajar con él durante tres meses y se lo devolvemos a la familia, una familia que tiene la problemática que tiene? El papá puede estar preso, la mamá también y los hermanos también. ¿Cómo hago con ese adolescente cuando vuelva a su familia, que no está? Insistíamos en que es imposible que haya rehabilitación si no se integra la familia, la comunidad de donde viene. Para eso tiene que haber un proceso, un acompañamiento, un seguimiento, tiene que haber un recuperar los elementos positivos. Hay gente que dice “hay adolescentes que son irrecuperables”. ¿De dónde sacás tú que son irrecuperables? ¿Porque tiene tres asesinatos o tres violaciones ya está, lo archivamos con la etiqueta de “irrecuperable”?, ¿hay que tenerlo encerrarlo hasta que cumpla la pena y se vaya? Y después pasará a mayor y después no se sabe qué. Así estamos generando un pronóstico nefasto sobre la vida de estos adolescentes.

—¿Estamos a años luz de ese acompañamiento social más integral?

—Mientras sigamos manteniendo las cosas como están y no hagamos un corte transversal y profundo, sí. A los infractores tengo que sacarlos de la institución. Hay que armar otra cosa. Y para armar otra cosa yo necesito todo nuevo: trabajadores nuevos, técnicos nuevos, edificios nuevos, propuestas nuevas. No puedo seguir repitiendo más de lo mismo. El resultado está claro: no da, no puedo seguir insistiendo. ¿Por qué seguir insistiendo en determinadas prácticas, en determinadas propuestas, si no sirven? ¿A quién le sirve que esto funcione así?

—¿Usted se contestó esa pregunta? ¿La realidad le contestó esa pregunta?

—Hay una especie de trabazón en esto, una cierta inmovilidad. Quizás la misma propuesta llevada por un laico y no por un cura hubiera funcionado mejor, habría habido más apoyo, o mucha gente se habría arrimado más para apoyar la propuesta.

—Pero había un laico antes –Carlos Uriarte–, y también fracasó. Por eso la pregunta: ¿a quién le sirve el fracaso de las propuestas de apertura? Las trabas parecen premeditadas. ¿Cuáles son las resistencias concretas que usted percibió?

—No teníamos resistencias con el portero ni con el personal de limpieza. Teníamos dificultad más arriba. Teníamos dificultades donde se corta y se reparte el bacalao, ahí y un poco más abajo. Hay alianzas, y si hay alianzas…

—¿Alianzas de qué tipo?

—Político, sindical, de poderes, hay mucho poder, mucha ambición por el poder. Cada uno hace sentir su poder a partir de donde está. No lo tenemos con exactitud, pero más del 50, 60 por ciento del tiempo que utilizamos durante los seis meses fue con adultos –no con los adolescentes–, tratando de solucionar conflictos, problemas, dificultades, traslados. El adulto siempre estaba dificultando el proceso. Hay como una mala intención ahí. Dije alguna vez que la institución está enferma, esos son signos de enfermedad. Porque muchas veces se dice que entraron 200, 300 funcionarios nuevos; ¿alguna vez entrevistaron a los funcionarios nuevos y les preguntaron qué había pasado con ellos en su gestión de querer innovar, cambiar y hacer propuestas nuevas? Los mandan y se acabó. Y después entrás en la rosca donde entrás, y si no entrás te expulsan o te hacen la vida imposible. Hay una perversidad en la propuesta, hay esa cosa dañina que no permite que determinadas cosas se puedan hacer. La pregunta es si, en todo lo que se programa y se proyecta, el adolescente es el centro. Cuando hay una continua dificultad para trabajar con los técnicos, permanente y sistemática, no se puede. Nos preguntábamos ¿qué hace esta gente acá?,

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¿por qué está acá? Cuando precisábamos los informes para llevarlos al juez, no estaban. Más de una vez un juez dijo: “¿Y dónde están los informes?”. Llegaron a decir que los informes eran un cliché en los expedientes de los chiquilines. Les cambiaban la fecha y el nombre. No lo dije yo, lo dijeron los jueces. Hay un corporativismo impresionante. Las dificultades, las discusiones que tuvimos con los técnicos; algunas cosas son impublicables, por esa agresividad que había, una especie de amargura, una especie de bronca interior, que uno decía “esta gente no puede estar acá adentro”. Están trabajando con adolescentes.

—¿Trabajan sin creer, sin esperanza, o era una resistencia a la propuesta?

—Nada, un derrotismo, un pesimismo. Había gente que apostaba a otra cosa, al encuentro, a la charla con los chiquilines, a la visita de la familia, pero se contaba con los dedos de una mano.

—Se dice que los funcionarios que perduran son los que se mimetizan; y los otros, los que vienen con otro ímpetu, se van o son “expulsados”.

—Se presentan a otros concursos para irse cuanto antes, o dando parte médico. Hay partes médicos por toneladas.

—Y ahí hay un ida y vuelta complejo, porque los chiquilines no son ingenuos, y construyen alianzas, pactos de silencio con quienes les exigen menos y les dan algunas prebendas… pero también está el miedo y los famosos “códigos”.

—Volvemos a la enfermedad y a la perversidad del sistema. No puedo trabajar veinte años en una propuesta así, ni diez años; a los cinco años me tengo que ir. Y digo cinco años como exageración, porque se va enfermando el adulto y enferma la relación, enferma el vínculo, enferma el ambiente, y estamos trabajando con personas enfermas. Si vos estás trabajando con personas enfermas es imposible que puedas recuperar a alguien. ¿Es el adolescente el irrecuperable, o somos nosotros los mediocres que no supimos darle una respuesta a su situación y no supimos acompañar, que no lo supimos entusiasmar con algo? Se está trabajando con un sistema pedagógico de otra época, el sistema educativo que se trata de implantar es repetir lo que se ha venido haciendo, con los resultados que ya sabemos. Hay algunos hogares de la Berro –que son hogares, no son centros de contención– que han hecho una propuesta diferente, de mayor integración, de mayor participación, donde el adolescente siente que aquello forma parte de un proyecto.

—¿Por ejemplo?

—La gente del Ituzaingó, de Cerrito, del Hornero, que son hogares abiertos. Están los otros de contención que son más duros, más exigentes, pero la cuestión no pasa por la dureza y por la exigencia, pasa por que el adolescente entienda que tiene que estar ahí, y que ahí hay una propuesta que lo va a acompañar durante ese tiempo hasta que salga. Es probable que vuelva, ¿por qué vuelve? ¿Qué falló en esos tres meses que la institución no pudo hacer? ¿No acompañó lo suficiente a la familia? ¿No fue al barrio y recorrió? Hay gente que dice “no vamos porque es peligroso donde vive”. Si tú no podés hacer el trabajo, da un paso al costado y que lo haga otro. Por profesionalidad, por honestidad con tu profesión. Yo no me puedo quedar en casa cuando sé que tengo que salir y visitar a la familia, llevar la planillita, tomar datos, sentarme a hablar con la familia de cuál es la realidad. Hay una especie de despreocupación. En enero no había ni un psiquiatra, estaban todos de licencia. La preocupación es la conciencia de que hay que rehabilitarlos, y sentir alegría por las recuperaciones que los gurises van teniendo, cuando ves que van cambiando de actitud. Y para eso hay que ocuparles la cabeza. Pero yo no le ocupo la cabeza una hora y media por semana con un taller para entretenerlo. Tengo que pensar que este gurí cuando se vaya se tiene que llevar algo con que ganarse la vida, un hábito, algo. Lo conversaba con la gente de utu, que estaba dispuesta a plantear talleres. Acá los talleres tienen que durar de dos horas y media a cuatro horas diarias de lunes a viernes. No queríamos engañar ni a los gurises ni a la familia ni a la población, diciendo “tienen taller de herrería” una vez por semana una hora y media. El mismo chiquilín se da cuenta de que no estamos haciendo las cosas prolijas, que puede hacer cualquier cosa y está todo bien.

—Y si da lo mismo, lo que quieren es irse de ahí…

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—Las 24 horas pensando cómo hacer para salir. Porque si uno no les da otras cosas… había problemas para que salieran a hacer deportes porque podían fugarse, había problemas para ir a la escuela porque quedaba en la otra punta y no hay locomoción, no pueden ir… Conseguimos un ómnibus para el traslado interno…

—Y ahí aparece la dificultad con el sindicato que exige dos trabajadores de contención por cada adolescente fuera de la reja…

—Si tenés la propuesta armada no hay necesidad de esa cuasi persecución, porque el gurí se siente perseguido y el adulto se siente perseguido por los comportamientos de los chiquilines. Si un chiquilín te quiere golpear, preguntate por qué te quiere golpear, ¿es malo o vos en algún momento tuviste una confrontación con él y te prevaleciste de la autoridad? No es que el adolescente siempre es el malo y el perverso, el adulto también juega su parte. No es que el gurí es irrecuperable, es que el adulto que ya está irrecuperable, le tiene que dejar el lugar a otro.

—El senador Fernández Huidobro dijo el otro día que había mafias actuando dentro de la Colonia y que ya se probó cambiar a los directores y los gerentes y nada funciona. Se preguntaba si no sería hora de cambiar el plantel de funcionarios. ¿Usted coincide con eso?

—Totalmente, no hay vuelta. Ponen a los nuevos entreverados con los demás y pasa lo que pasó hasta ahora. Probemos a hacer algo nuevo, una experiencia nueva. Y hay que poner gente que tenga experiencia en trabajar con menores. No poner un chiquilín de 22 años que por primera vez va a ver a un infractor cara a cara.

—¿Se termina mimetizando?

—O termina transando con el gurí, porque no puede. Hay que llevar gente que viene con experiencia de trabajo con adolescentes en barrios, que viene fogueada. Gente que tiene cierto aplomo, que sabe pararse delante de un gurí y administrar situaciones difíciles. Cuando se desborda un adolescente los funcionarios muchas veces no saben qué hacer con él. Tienen que venir tres o cuatro para reducirlo.

—Y de hecho le están dando un empoderamiento impresionante.

—Imaginate: cuatro para mí solo.

—¿Qué haríamos si nos juntamos cinco?

—Ahí viene el motín.

—¿Cuáles son los mecanismos que operan en los motines? La ministra Arismendi dijo el otro día que eran demasiadas casualidades, que cada vez que se hablaba de cambiar algo en la Berro empezaban a surgir motines. ¿Hay algún resorte así, tan mecánico?

—Hay adolescentes motineros y hay trabajadores motineros. Y a veces el propio funcionario, a través del comportamiento que tiene con el adolescente, genera un conflicto. ¿Será premeditado? No sé. Pero si yo insistentemente tengo una relación conflictiva contigo, por lógica va a terminar en un desborde. ¿Y quién generó el desborde? ¿Es el trabajador, consciente o inconscientemente, en su relación con el adolescente? ¿O el adolescente que se siente tratado como un perro, “ladrando” toda la mañana o toda la noche para ir al baño y les dicen que no hay funcionarios para sacarlos y terminan haciendo sus necesidades en una botella o en una bolsa? ¿Ese adolescente va a tener la capacidad suficiente como para decir: “No, está bien, estos pobres tienen miedo de nosotros; está bien, nos vamos a quedar quietos”? No, no hace ese proceso. Ni el adulto lo hace frente a la demanda del adolescente: “Ah, pobres gurises, vamos a acompañarlos y los sacamos de ahí adentro”. Ese tipo de cosas es lo que hace que todo lo que vas proponiendo se vaya cayendo, se cae, no se sostiene, porque no es el proyecto educativo lo que lo sostiene, son personas que manejan el sistema interno a partir de eso. Y donde vos les compliques demasiado la cosa, te pegan un faltazo y te dejan con todo. Y los que vienen, si dan, dan, y si no, trabajan dos, ¿y quién abre las celdas con dos funcionarios? Los gurises están contenidos adentro de tal manera que, sea quien sea, aprovechan el momento. Esas son las cosas que hacen que esto no se destrabe, que esto esté como detenido en un círculo vicioso.

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—Hubo una declaración hace poco de un dirigente sindical de la Berro, que sostiene que el Partido Comunista boicoteó su gestión. ¿A usted le consta eso?

—No tengo elementos para sostener esa afirmación. Yo puedo decir que me parece que aquello se maneja política y gremialmente… y no digo solamente los grupos de izquierda, también los otros grupos que también los hay y son muy fuertes. Entonces la pregunta es: ¿es un solo lugar, o una cuestión de tuya y mía, tuya y mía, y en el medio están los gurises? ¿Quién hace sentir más el poderío gremial o el poderío político? Si la cosa está manejada de esa manera, pobre adolescente. Si se trata de poderes y quién hace sentir más las influencias y el poderío, ¿qué hacemos con el gurí ahí? Todos están comiendo y cobrando un sueldo gracias al adolescente, y no lo cuidan ni siquiera para no perder el trabajo. Aunque es muy difícil que lo pierdan.

—¿Cuál es la salida?

—Hogares nuevos, funcionarios nuevos, centro terapéutico, comunidad terapéutica, y un centro de contención en serio. Lo otro es que la diversidad de perfiles de los adolescentes tiene que estar contemplada, cada centro tiene que tener un perfil de trabajo para adolescentes, yo no puedo mezclar todo, ni por el consumidor de drogas ni por el psiquiátrico.

—¿Volvería a aceptar el cargo?

—No, así no. Ni pensarlo, no, no. Yo le agradezco al presidente, que tuvo la confianza y se jugó por esto, pero una cosa es cuando uno mira de afuera, y otra cosa es cuando estás adentro. Allí llegás a entender esta trabazón. Conseguir un repuesto para un tractor que hacía dos años que estaba descompuesto nos llevó cuatro meses. No seas malo. Supuestamente quien lo usó una vez lo rompió, y ahí quedó. Hay demasiada maldad, hay gente ahí que no tiene que estar. Creo que está faltando pensar en los gurises en la concreta; en el discurso capaz que se dicen muchas cosas, pero cuando tenés que jugártela por el gurí…

Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

28 mayo, 2010

El limbo, lo paradójico y algunos cambios

Luego de visitar distintos centros de privación de libertad para jóvenes, Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, concluyó que a pesar de

algunos cambios positivos respecto a su última visita en 2008, se mantienen algunos lugares de encierro en condiciones “inaceptables”.

Foto: Archivo Brecha

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—Es la tercera vez que visita los centros de privación de libertad para jóvenes, las tres veces con administraciones distintas. ¿Qué cosas han cambiado o mejorado según su impresión?

—Un tema importante es el de las medidas sustitutivas a la privación de libertad. Es un elemento central a tener en cuenta si un día queremos acabar con la espiral negativa que tenemos en este momento, donde hay más menores internados y por tanto más problemas. Hemos notado un incremento de las medidas no privativas, hoy estamos en un 50 por ciento de este tipo de medidas y 50 por ciento de medidas privativas. Pero a la vez se dio un incremento del número de jóvenes privados de libertad en términos absolutos. Y eso se da por varios factores a estudiar: hay una teoría que indica que la criminalidad se ha incrementado por el factor de la pasta base, otra que señala que la Policía es más eficaz, y la otra es que hay una especie de ansiedad por seguridad de parte de la población que ejerce presión tanto sobre la Policía como sobre los jueces.

—¿El avance se limita al aumento de las medidas alternativas que aplica la justicia?

—Eso es un progreso. Aunque lo que pide la Convención de Derechos del Niño, que la privación de libertad sea el último recurso, no se cumple todavía. Para que se cumpliera se necesita una política más integral. Si se da una pena alternativa, ésta debe ayudar al menor a cambiar de vida, a integrarse. Eso supone la colaboración de empresarios. Porque estos chicos, muchos de los cuales ya tienen hijos, precisan trabajar, y se necesita un acuerdo con los posibles empleadores. La cuestión es generar incentivos organizados (y no se trata de dar a los empresarios una mano de obra barata), porque de lo contrario ¿por qué un empresario va a tomar a alguien que no tiene formación, que está en conflicto con la ley y a veces tiene problemas de equilibrio personal? Pero al mismo tiempo los empresarios tienen que comprometerse en hacer un seguimiento de los casos, por lo menos algunos años, y que no sólo se aprovechen de los incentivos que se pueden dar. Pero para eso todavía falta un plan, que no debe ser sólo del inau, tiene que ser más amplio.

—El plan que falta en ese aspecto parece no estar tampoco a nivel del proceso socioeducativo, o el tratamiento para quienes hacen un uso problemático de drogas o para los jóvenes que terminan su pena y egresan.

—Si el problema es el incremento del consumo de drogas, hay que ver cómo se trabaja en la prevención. Porque si el joven está robando para consumir, ya es tarde. Esas políticas están en el limbo. Se dice “hay que hacerlo”, pero no hemos visto cómo eso se articula con la política de represión. La educación es bastante formal, sí hay algunas horas de taller, pero no se ve bien cómo engancha con el cambio de actitud y el proceder del joven. Otro punto es la situación del que egresa. Es una situación difícil, porque independientemente del centro en que estuvo –sea bueno o malo–, tenía sus necesidades básicas resueltas. Pero cuando sale, si la familia no responde, pierde toda contención.

—¿Percibieron algún cambio en las condiciones de vida de los jóvenes internados?

—Hubo dos o tres cambios positivos. Se resolvió el tema del acceso al baño y se terminó con las famosas botellas donde los jóvenes debían hacer sus necesidades. No era un tema tan difícil de resolver. El informe de Nowak** creó su impacto en este sentido y se ha disminuido de manera significativa esa práctica. Tanto en 2004 como en 2008 se nos denunció violencia de parte de funcionarios del inau, se sabía que pegaban, que daban palizas. De esta visita todavía no podemos sacar conclusiones definitivas, pero sí podemos decir que no hay denuncias sistemáticas como antes, se escuchan algunas, pero son casos puntuales. Parece que se tomaron medidas concretas para que eso sea mucho más controlado. Lo que sí nos preocupa –y se nos dice de forma unánime– es que la Policía cuando arresta a los chiquilines y los interroga, practica el submarino y el submarino seco. No será toda la Policía, pero parece que aquí hay un problema serio. Existen también denuncias de violencia excesiva por parte de la guardia perimetral, cuando hay un motín o una fuga. Entran golpeando a los internados, destruyendo sus pertenencias personales. Una violencia desproporcionada, según supimos.

—¿Cuál es la situación en los centros que visitó?

—Los centros problemáticos siguen siendo los mismos. Si me preguntan si han cambiado, yo digo que hay que partir de que los centros son muy diferentes. Pero no sólo por los perfiles, porque si

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comparamos Cimarrones y Puertas sucede eso, los de Cimarrones ya tienen un proyecto de salida y es normal que se comporten de otra manera. Pero si comparamos centros como Ituzaingó y Piedras, con edificios parecidos y población del mismo perfil, vemos situaciones muy disímiles. En Piedras el aspecto de la casa muestra falta de mantenimiento, las ventanas no tienen vidrios, es frío, sucio… Hay una tensión mucho más fuerte, se controla mucho más, los chiquilines no pueden casi salir de las celdas, todavía hay gente que se escapa. Se notan condiciones inaceptables para un país como Uruguay. Son celdas que afectan la dignidad de la persona. Y a esto se suma la falta de un programa que le permita al joven romper con su pasado, que lo acostumbre a funcionar de otra manera, que le aporte nuevas herramientas. En esos centros es donde se dan los motines y el mayor grado de violencia entre los chicos y con la Policía. En Ituzaingó hay mayor población, tiene los mismos perfiles de chicos que cometieron rapiñas u homicidios, y hay una situación completamente diferente. Ituzaingó es abierto, tienen un parque, trabajan con los animales que crían, trabajan en el campo y a pesar de que es más fácil huir, casi no hay fugas. Es claro que no hay un proyecto concertado con las autoridades que se desarrolle en todos los centros, sino que parece que cada uno se organiza como quiere. Se nota que en algunos centros hay más esfuerzo por la seguridad que por otra cosa.

—Por lo que cuenta, la situación es casi la misma que hace cuatro años.

—Podemos repetir lo que ya se ha dicho, porque es verdad y hay que hacerlo, pero me gustaría dar un paso más. Hemos visto proyectos y programas que fracasaron, hemos visto cambios en el directorio y las gerencias, y tenemos una situación paradójica de un diagnóstico aceptado por el gobierno, un gobierno que se muestra atento a todas las recomendaciones, pero al mismo tiempo vemos que hay obstáculos para aprovechar la experiencia.

—¿Tiene un diagnóstico de cuáles son los elementos de bloqueo?

—Hay varias cosas. Por ejemplo se está de acuerdo en cerrar Berro porque es un centro concebido para otra época y no funciona. Pero si cerramos Berro tenemos que responder a la pregunta ¿qué hacemos con los que están ahí? Eso supone un concepto: una casa más pequeña para perfiles determinados en el centro de la ciudad. Hay que hacer un plan, un cronograma y un presupuesto. Porque luego hay que convencer políticamente de que es necesario. Siempre se nos dice que no hay presupuesto…

—Pero sin embargo se invierte mucho, una cifra que trascendió el año pasado era de unos 120 mil pesos mensuales por internado…

—Se invierte mucho y encima sin mirar. Lo que me preocupa es que no veo de dónde va a salir el proyecto. Por un lado el inau nos dice que está por cambiar el directorio y entonces no pueden decidir. Pero podrían ser los técnicos quienes discutan y propongan. No soy ingenuo, la propuesta va a ser peleada, con buenas y malas intenciones. Pero no va a salir del Parlamento una solución. Ellos van a discutir sobre si más o menos seguridad… pero si se presenta un proyecto viable, con un presupuesto razonable, con una construcción precisa, es mucho más fácil hacerlo avanzar. No veo una solución fácil. Pero la hay en términos de presupuesto y en términos de gente con capacidad y formación como para iniciar un proyecto. Hay que hacerlo fuera de la plaza pública, porque si lo dejamos en manos de las conversaciones de café estamos perdidos. Lo que falta es el proyecto…

—Mencionaba hace un rato que se encuentra con un gobierno receptivo y que muestra voluntad para aceptar recomendaciones, pero las situaciones no cambian. Un alerta podría ser la dificultad para nombrar el directorio del inau, se ha intentado con muchos nombres y parece que nadie quiere agarrar…

—Eso me preocupa mucho. Nadie quiere agarrar, pero al mismo tiempo están pasando los trenes, porque se va a discutir el presupuesto sin que nadie pelee por eso. Lo peligroso es que la población termina pensando que es un tema sin solución. Escuché a un taxista que decía, “si ni Mateo ha podido, entonces no puede nadie”. Si la gente piensa que no hay solución, emerge la idea de la seguridad como único reflejo. Ya pasaron todos, nadie pudo, cuesta plata, esos chicos son una amenaza… hay que contenerlos y punto. Ese es el riesgo en este momento.

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—El estado de nuestros lugares de encierro no coincide con el imaginario social local, ni con la visión que se tiene afuera de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted que visita por estos temas otros países?

—Yo lo veo paradójico. A nivel internacional Uruguay es el país que siempre ha llevado la bandera de la defensa de los menores. Eso quiere decir que cuando se proyecta algo sobre el tema siempre se consulta a Uruguay porque es el punto focal. Y si es el punto focal es el modelo hacia el exterior. Por otro lado es un país protagónico en la defensa de los menores, y cuyos gobiernos se muestran abiertos a aceptar críticas y recomendaciones, pero al mismo tiempo mantiene esos lugares de detención completamente inaceptables… resulta desconcertante. Quizás soy muy optimista, pero apunto a que Uruguay es uno de los países donde podemos hacer un avance. n

* La omct nuclea a 297 organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y cuenta con estatuto consultivo en la onu y el Consejo de Europa. En Uruguay trabaja con el Comité de Derechos del Niño.

** Manfred Nowak es el relator especial de la onu sobre la tortura. En 2009 visitó distintos centros carcelarios de Uruguay y advirtió sobre la gravedad de las condiciones de encierro que se viven en nuestro país, asegurando que el penal de Libertad es una “de las peores cárceles del mundo”.

Brecha 2015

Betania Núñez

Periodista

8 octubre, 2010

Hora de investigar

La Organización Mundial Contra la Tortura (omct) envió el pasado lunes una carta abierta al presidente José Mujica en la que denuncia violaciones y abuso sexual a adolescentes

internadas en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (ciaf).

Foto: Alejandro Arigón

El detalle de los hechos y el presunto responsable constan en un informe que el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) derivó a la omct, pero no han trascendido. Consultados por Brecha, representantes del Ielsur prefirieron mantener la reserva hasta que surjan novedades en la investigación.

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La omct evalúa que la situación general de los niños y adolescentes privados de libertad en Uruguay ha empeorado, al mismo tiempo que trasmite su preocupación por una agenda legislativa que propone bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, aumentar la duración de las penas de cinco a diez años y mantener los antecedentes de los menores infractores, medidas que claramente violan la normativa internacional. Asimismo, en la carta la omct sostiene que el proyecto del inau de alojar a los menores privados de libertad en contenedores acondicionados como celdas “estaría aumentando el rigor y endureciendo aun más las condiciones de la privación de libertad, renunciando de esta forma a garantizar los derechos de estos niños y adolescentes”. Cabe recordar, al respecto, las declaraciones públicas del presidente del inau, Javier Salsamendi, señalando que es necesario compatibilizar las demandas de mayor seguridad y condiciones dignas: “Hay gente que nos pide la seguridad y no le importa el trato digno; otros nos piden trato digno y no les importa la seguridad. Nosotros tenemos que conciliar ambas cosas”.

El documento de la omct consigna que en el ciaf varias adolescentes sufrieron abusos y violaciones por parte de un funcionario. Según se afirma, las denunciantes son trabajadoras de la institución y estarían siendo hostigadas luego de haber advertido a las autoridades sobre lo que ocurría. También se señala que la directora del centro, “estando informada de los hechos, se habría negado a hacerlos públicos además de retardar la investigación”.

Los abusos y violaciones a internas, el hostigamiento a las denunciantes y la demora de la directora del ciaf no han sido aclarados y están siendo investigados por la división jurídica del inau, dijo Salsamendi a Brecha. “Se están tomando medidas preventivas para que no se interfiera con la investigación y se invitó al Ielsur y a la omct para que comparezcan y aporten al expediente los elementos que tengan”, agregó.

La omct reclamó que el acusado de abusos y violaciones sea separado del cargo. Al respecto, Salsamendi argumentó que “el acusado no fue separado del cargo porque una primera investigación concluyó que no había elementos que comprobaran las denuncias. Ahora la investigación continúa y un elemento más a estudiar es si los procedimientos de investigación anteriores fueron los correctos”. Además sostuvo que dependerá de los resultados que arroje la investigación administrativa que la denuncia sea remitida a la justicia. Otra cosa opina el secretario general de la omct, Eric Sottas, señalando que “cuando se presenta una denuncia de este tipo hay que suspender al funcionario para investigar a fondo, a través de la justicia y no solamente a nivel administrativo”.

Con respecto a las funcionarias denunciantes, Salsamendi aseguró a Brecha que fueron citadas durante la primera investigación y que volverán a ser convocadas en esta ampliación.

El presidente del inau afirmó que se enteró de la denuncia de la omct por la prensa, mientras que representantes de dicha organización declararon a Brecha que “la denuncia fue enviada al presidente de la República vía la misión permanente de Uruguay en Ginebra”, que “varias personas estaban copiadas en esa carta”, y que entre ellas “el señor Alejandro Javier Salsamendi Ferreira, presidente del inau, tuvo que recibir dicha carta oficialmente”. Además sostienen que no han obtenido explicaciones por parte del Estado uruguayo acerca de este caso y que esperan “una respuesta clara y precisa de las autoridades sobre cada uno de los puntos mencionados en la carta abierta”.

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Brecha 2015

Betania Núñez

Periodista

15 octubre, 2010

La vida brava

Ha pasado toda su vida en el INAU. Acaba de ser liberado y trabaja como limpiavidrios en una esquina montevideana. Aquí la peripecia de Luis (el protagonista del comercial “Pantalón Cortito”), y la historia de todos: homicidios, fugas, encierros tortuosos,

medicalización extrema.

Pantalón cortito. Foto. O. Bonilla

Pantalón Cortito es hijo de la dupla iname-inau. El apodo le queda por haber aparecido en la propaganda del entonces iname, musicalizada con la canción del Sabalero, que avisaba a los niños de los noventa que finalizaba el horario de protección al menor.

Luisito, el niño que al final del espot comía sandía, pasó sus 19 años dentro del inau: “Nací en el inau. Mi madre estaba en una Unidad Materno Infantil (umi) y me tenía en la panza… Así comenzó la historia”. El cordón con la institución lo cortó hace seis meses cuando salió de la Colonia Berro.

A medida que iba creciendo, Pantalón Cortito se mudaba de hogar: “Estuve en Casacuna, Centro 4, Lezica, Sayago, Garibaldi, estuve un par de años en api y después en la clínica psiquiátrica Asencio (por abuso de drogas). De ahí seguí para la colonia”. La Berro también le imprimió esa práctica de permanentes mudanzas: “Fui pasando de hogar en hogar, me fui fugando. Estuve en la Casona, Sarandí, Ser, Hornero, Cerrito… en todos menos en Ariel y Piedras”.

La psiquiatra y psicoanalista especialista en niñez y adolescencia Maren Ulriksen plantea que la estrategia de distribuir a los niños en distintos hogares en función de las edades “implica desconocer lo que es la construcción psíquica de la persona. El niño necesita tener la referencia de alguien conocido, necesita una continuidad de cuidados. Desconocerlo es la mejor forma de crear un loco”.

La psicóloga también sostiene que, en casos de abandono, la droga puede emplearse para generar “una ilusión de completud, de afecto, de satisfacción. Es la necesidad de algo interno” donde la dependencia aparece supliendo la necesidad del niño de depender de un adulto.

A Pantalón Cortito la madre y el “abuelo de crianza” lo visitaron mientras estuvo en hogares sin privación de libertad. Su madre murió antes de que entrara a la Berro.

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Luisito cuenta que pasó cinco años en una clínica psiquiátrica por abuso de drogas. “La escuela y el liceo los hice juntos, con una maestra en la clínica. Ingresé con 12 años y salí con 17.” Después de la clínica psiquiátrica fue a dar a la Colonia Berro.

—Entraste a la colonia por una rapiña especialmente agravada.

—Fue acá en esta misma esquina.

—Después te fugaste.

—Y volví a entrar y ahora estoy en libertad. Ahora soy mayorazo, tengo 19. Ya no me importa el robo, no me gusta robar, ya no quiero. Prefiero estar laburando. Ahora recapacité, y mal o bien trabajo con un lampazo.

Desde que salió en libertad trabaja limpiando parabrisas. Y le da para vivir; gana poco más de 200 pesos por día. Eso dice en un primer contacto, pero en el segundo encuentro ya cambió esa sensación de cierto bienestar y de tener ganas de pelearla. Ya no vive con su abuelo y su hermana. “Ya estoy grande, tengo que aprender a vivir solo, a mantenerme solo. Ahora estoy juntando para la pensión, me alquilan la pieza a 100 pesos por día. Y si no, ni me toco, me quedo en la calle, no va a ser la primera vez.”

Las palabras alternan pequeñas cuotas de esperanza y grandes dejos de rencor, que denotan que lo único estable en su vida es la inestabilidad. “Mi abuelo llamó a los botones y me dijeron que no querían verme a menos de tres cuadras de mi casa. Me dejó sin techo, y esa era la casa de mi madre.”

De la Berro no tiene buenos recuerdos, pero relativiza el daño que compañeros, policías y la institución misma puedan haberle causado: “En la colonia no la pasé muy bien; me llevé mal con mis compañeros un tiempo. Los milicos me trataban mal cuando iban a hacer requisas porque yo los judeaba y se quemaban conmigo. La colonia fue un lugar feo, pasaba todo el día trancado. Es una cárcel de menores y no me gusta. Pero a mí me hizo recapacitar. Lo peor era que nadie iba a visitarme. Y eso fue lo que más me dolió; quería cortarme. En el Ser me quise cortar el cuello”.

VISITANTES. En la Colonia Berro los visitantes abren el encierro. Por eso, para los internos que no reciben visitas no hay respiro.

Un domingo, en el hogar Piedras de la colonia, internos y externos se encuentran al aire libre. Hay varios grupitos desparramados; sobresale una pareja que aprovecha intensamente los pocos minutos que quedan. Entre los visitantes hay madres y padres, novias, hijos e hijas.

En el Ituzaingó –el hogar que es un “ejemplo” no seguido por el resto– quienes no reciben visitas se entretienen con los animales. Una niña se acerca una y otra vez al portón de entrada. Una familia conversa.

El ómnibus del inau trae y lleva a las visitas sábados y domingos. Hay dos turnos –de mañana y de tarde–, y quienes se quedan a los dos deben volverse por sus propios medios. El 758 cem a Pando o Suárez, de copsa, que pasa por la colonia, facilita esos traslados.

En el Ser ya terminó la visita y todos esperan el ómnibus.

“Hay tantos que no tienen contención, hay muchos que no reciben visitas. O se aburren de venir, o no hay familia”, dice una madre. “Acá si venís con diez valores te vas con nueve, pero si venís con cinco, te quedás sin ninguno. Salen peor de lo que entraron. Es una escuela”, comentan varios en alusión al término “la escuelita del crimen”, acuñado desde fines de los cincuenta.

A las denuncias sobre tratos inhumanos (la negativa a dejarlos ir al baño luego de 23 horas de encierro, los golpes y torturas del geo que cuando hace requisas rompe las pertenencias de los adolescentes y los desnudan y mojan con agua fría) se suman los castigos: no hay patio –lo que se traduce ahora en 24 horas de encierro– y no hay llamadas a la familia.

El hogar Ser es un castigo en sí mismo. Es sabido que a los adolescentes que se fugan de otros hogares y a los que se amotinan los mandan para ese lugar. Una madre cuenta: “A mi hijo le dieron un tiro mientras jugaba al fútbol. Dos se habían escapado y él, que estaba jugando al fútbol, se

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comió el tiro. Respondió con piedras, es lógico que reaccionara. Como castigo lo cambiaron para el Ser”.

Por su lado, la Policía de la colonia, mareada en una rosca de abuso de poder, se pasa de la raya también con las visitas: “Principalmente les faltan el respeto a las mujeres. El otro día me fui caminando para tomar el copsa y la Policía me tiraba piedras. Y después quieren que no los odien”, comenta el hermano de un interno.

Pero algunos códigos se mantienen, el momento mismo de la visita no puede ser suspendido a manera de penitencia. Se dice que la visita es sagrada, que durante ese rato los chiquilines se tapan los cortes que se hacen en el cuerpo, que no hay gritos ni insultos y que está prohibido, como pacto entre los propios internos, hacer motines.

SIN SALIDA. La visita es el afuera; trae aires de la tan ansiada y poco duradera libertad. Sea por medio de la fuga o sea porque se cumplió la pena, la libertad llega. Y en muchos casos la reincidencia en el delito es la nueva puerta de entrada. “La mayoría pasan toda la vida encerrados. Nunca tuvieron otra opción, no se les ofrece una alternativa real. Hay gurises que no terminaron la escuela, y si no saben leer ni escribir el mundo se les hace así de chiquito. No se puede convencer a un chiquilín de que deje de robar, si dejando de robar se muere de hambre. No los podemos convencer de que pueden tener una vida que no van a tener”, plantea una educadora de la colonia. Muchas veces, comenta, el proyecto de vida de los adolescentes prevé las entradas y salidas como un destino fatal: primero a la colonia y después al Comcar o cualquier otra cárcel de adultos. La privación de libertad forma parte de las expectativas de futuro, aunque, y según dice una madre: “Están adentro y lloran porque quieren estar afuera, porque extrañan; y están afuera y parece que quisieran estar adentro, porque vuelven a hacer lo mismo”.

Otra madre, ansiosa por la proximidad de la salida de su hijo, comenta: “Yo le digo que se vaya (a España) y no vuelva más, porque acá es lo mismo, son todas las mismas amistades. Sale el 12 de octubre y se va el 19. Mientras tanto se queda en una estancia, porque en Montevideo no quiero que se quede. En España tiene a los hermanos que están allá hace años. Va a trabajar en la naranja. ‘Vas a cobrar euros’, yo lo consuelo así”.

Un poco retrasado, pasa el ómnibus. Para en cada hogar y se detiene en la administración para que las visitas recuperen sus pertenencias. Y, hasta el siguiente fin de semana, desaparecen los visitantes. Un funcionario, al pasar, grita: “Es como dijo Cristo, es mejor volver a nacer. Con estos gurises es más fácil que vuelvan a nacer que rehabilitarlos”.

Empastillados

“Mi hijo está por homicidio y supongo que saldrá ahora cuando cumpla 18. Él estaba a cargo de un custodio (un vecino que se ofreció a hacerse cargo de él), y por defenderse de no ser violado, en una de ésas pudo zafar y lo primero que agarró fue un cuchillo. El tipo en casa pintaba de una manera y en la casa de él era otra cosa muy distinta. Aparte el chiquilín estaba medicado y el custodio le estaba dando la medicación mal. Tomaba una medicación porque tenía problemas con las drogas. Acá en el Ser le están dando muchas pastillas también”, relata una madre.

En el tratamiento psiquiátrico dentro de la colonia las pastillas son utilizadas para controlar las adicciones, pero también las generan. Una educadora afirma: “Hay gurises que toman 14 pastillas. Que entran y a los tres años toman las mismas pastillas y la misma cantidad. Y se hacen adictos; entonces cuando salen quedan fisurados y algo tienen que consumir: consumen porro, basoko (mezcla de marihuana con pasta base), pasta”.

La educadora cree que hay adolescentes en la colonia que necesitan un tratamiento psicológico o psiquiátrico, pero critica el remedio simplista de las pastillas.

Tres años atrás, el Comité del Niño y el Adolescente, a partir de su visita a la Colonia Berro el 26 de octubre de 2007, manifestaba respecto al uso de psicofármacos una preocupación por “el alto número de adolescentes medicados”. El comité comprobó que “muchos (adolescentes) se mostraban como idos y su aspecto denotaba niveles de medicación altos”. La falta de diagnóstico y seguimiento por un psiquiatra y la lista de fármacos utilizados en la colonia

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–Clenoten, Niziman, Parnox, Rispa, Haloperidol, Aquinetan, Durminox, Somit, Clenolen, Sertralina, Sormidocal, Fenergan– ponían en evidencia una “práctica masiva de ‘planchar’ a los adolescentes” que, en base a los relatos actuales, no ha variado.

“Mi hijo –sigue la madre– se crió en la calle, y para que saliera de las drogas lo mandamos con este hombre, a ver si se acomodaba. Fue peor el remedio que la enfermedad. Después nos enteramos que este tipo lo mandaba a robar. Una vez cayó por 18 meses y el custodio venía a visitarlo y le daba manija para que se fugara. Y se fueron juntando las fugas, más esto. Él dice que cuando cumpla 18 va a salir. Yo no sé cómo es el asunto.”

El asunto es que si, por ejemplo, la pena es de tres años y el menor ingresa con 17, igual deberá cumplir la totalidad de la condena aunque ya sea mayor de edad. Las penas para los menores son de un máximo de cinco años. Actualmente, un proyecto de ley impulsa la extensión máxima a diez años. En este caso, el menor entraría con 15 años –edad mínima de entrada a la Colonia Berro, aunque desde los 13 años ya ingresan a otros centros de privación de libertad del inau– y saldría a los 25.

Brecha 2015

Juan Manuel Chaves

Periodista

25 marzo, 2011

Enlatados

Unas fotos que circulan por Internet muestran unas nuevas instalaciones en las que el INAU va a alojar a jóvenes infractores. Los “contenedores” de chapa albergarán a unos 35

muchachos. Las autoridades manifiestan que, por ahora, es la única solución posible y que esa forma de reclusión es mucho mejor que otras.

Contenedores.

Mariela Alvariza es una funcionaria del inau que tuvo la oportunidad de conocer de cerca los nuevos contenedores que en breve se habilitarán para descomprimir los sitios congestionados de jóvenes que delinquen. Muchos de sus compañeros también pudieron ver el lugar, se horrorizaron y

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se fueron a sus casas con esa imagen. Mariela, en cambio, prefirió hacer pública la situación y denunciarla. Se filtró por “el laberinto” que lleva a los nuevos módulos y, sin que nadie la viera, sacó de su cartera una cámara fotográfica con la que obtuvo las imágenes que desde el lunes circulan en Facebook.

Los contenedores están ubicados al fondo de un nuevo centro del inau que se inaugurará el mes próximo (con otras características edilicias) ubicado en General Flores casi bulevar Artigas.

La descripción que acompaña las fotos de Alvariza sostiene que los contenedores tienen varias camas, que el espacio entre ellas es muy reducido, y que junto a la cabecera de una está el inodoro. Las ventanas son muy pequeñas y altas, las paredes no tienen aislamiento y las canillas de las duchas y la cisterna están del lado de afuera, para que un encargado sea quien suministre el agua para ducharse o evacuar orina y excrementos.

Son varios contenedores con cuatro o seis camas en cada uno (metálicas, soldadas a la pared y con colchones de lana). Se espera que en este lugar se puedan albergar cerca de 35 adolescentes de entre 13 y 18 años. Además, está previsto que otros módulos sean utilizados como oficinas, comedor y aulas.

La descripción de los contenedores que el director del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji) del inau, Jorge Jouroff, realizó a Brecha, dista bastante de lo que Alvariza registra en sus fotos (dos de ellas aparecen en esta página) y relatos. Para el jerarca, los módulos a los que vulgarmente se les llama contenedores estarán prontos aproximadamente dentro de un mes, sólo les faltan detalles de luz y seguridad. “Son hogares como cualquiera, sólo que estos tienen algunas ventajas; son limpios, están prolijos, son prácticamente indestructibles y son seguros para los chiquitos y los funcionarios”, sostiene Jouroff.

Estos módulos ya fueron probados en el hogar Puertas. Allí, según sostiene el jerarca, “los chicos estaban más cómodos en los módulos que dentro del instituto de material”. También asegura que estos contenedores tienen la ventaja de poder ser construidos rápidamente. Como son alquilados, se espera que en cualquier momento se pueda llegar a una solución definitiva (un local de material, por ejemplo). Aunque esta solución transitoria deja dudas: lo mismo se pretendía hacer con los jóvenes de Puertas, pero aún siguen ahí y no se vislumbran alternativas. Las palabras de Jouroff acrecientan estas dudas: “Si en algún momento tenemos una capacidad ociosa dentro del instituto, eliminaríamos los contenedores, pero creo que por ahora estamos muy lejos de esta perspectiva”. Y continúa con su postura: “No vamos a polemizar sobre condiciones ideales con supuestos técnicos. Partimos de una realidad en donde hay un problema social y un mandato judicial que nos obliga a hacernos cargo de esta situación. Si tengo determinada cantidad de plazas y llegan más jóvenes, va a haber hacinamiento aunque tenga mil contenedores”.

La discusión sobre si módulos sí o no, no es lo que más les preocupa a las autoridades del inau. La necesidad inmediata de ampliar la capacidad locativa los obliga a elegir entre un reducido abanico de posibilidades. La primera opción siempre es la construcción de centros de material (que insumen más tiempo y presupuesto), pero hoy la solución parece limitarse a los contenedores.

Cuando en 2002 se descubrió que los módulos de acero destinados al penal de Libertad en realidad estaban hechos de chapa común y no del acero antivandálico que establecía el pliego licitatorio, se inició una investigación que terminó con el procesamiento del director de Cárceles de ese entonces, Carlos de Ávila. Hoy la polémica regresa, el tema social tiene un trasfondo político y varios son los partidos que han manifestado su desaprobación hacia el sistema de reclusión en contenedores.

En los meses previos a que asumiera la Presidencia José Mujica, fuentes del mpp se mostraron preocupadas por el tema cárceles. En declaraciones realizadas a Brecha dijeron que “las ‘latas’, esos contenedores que están en el penal de Libertad, tienen que desaparecer, y deberían ser filmados, como ejemplo de lo que nunca más se tiene que hacer”.

Testimonio y amenaza de muerte

Mariela Alvariza teme que las fotos y declaraciones que ha publicado le generen un sumario administrativo. De todas maneras no tiene problemas en decir lo que considera correcto. Esta no es

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la primera vez que la funcionaria del inau ventila irregularidades que suceden dentro del instituto. El 7 de enero de 2000, mientras desempeñaba su labor en la Colonia Berro, presenció una paliza que funcionarios le propinaban a un joven. Los denunció y fueron procesados. “Hice la denuncia penal y cuando fui al trabajo otros funcionarios intentaron matarme. Eso no lo pude probar porque no tenía testigos. Eran cuatro funcionarios que ahora son directores de centros, que me pusieron un arma en el abdomen y me dijeron: ‘Después te la vamos a dar’. Zafé porque los chiquilines hicieron un motín y me pude escapar”, recuerda acongojada Alvariza.

Brecha 2015

Betania Núñez

Periodista

8 abril, 2011

En el ojo de la tormenta

El seminario “Políticas para el abordaje de la infracción adolescente” trató los puntos que han estado en discusión: mantenimiento de los antecedentes, agravamiento de las penas, rebaja de la edad de imputabilidad y la creación de un nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente.

Entre un público que llevaba pins con la leyenda “Por los derechos de todos, yo no firmo”, los oradores insistieron en las desventajas de bajar la edad de imputabilidad y endurecer las penas. Si bien el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, planteó que no hay que “disimular” el incremento de la participación de menores fundamentalmente en rapiñas y hurtos, y marcó una “discrepancia” con la unicef y las ong que dicen que esa participación es del 5 por ciento, sostuvo que “muchos representantes de organismos internacionales nos han advertido que en todo el mundo esas políticas (las de bajar la edad de imputabilidad y agravar las penas) fracasan, y en poco tiempo producen lo contrario a lo que buscan, llevando a que la edad en la que se cometen delitos tienda a ubicarse cada vez más por debajo de la edad de imputabilidad”.

Los oradores hicieron hincapié en que varios de los puntos incluidos en la iniciativa de reforma constitucional del Partido Colorado (pc) ya están siendo tratados en el Parlamento –como la creación de un instituto en materia de responsabilidad penal juvenil y el mantenimiento de los antecedentes–, por lo que la consulta plebiscitaria de cara a las elecciones de 2014 sería, en palabras del diputado Julio Bango, “inútil, incoherente, contradictoria y demagógica”. En ese sentido, el presidente del sindicato del inau (suinau), Joselo López, afirmó que al senador Pedro Bordaberry “no le interesa una solución al problema, le interesa posicionarse para las elecciones”.

Por su parte, Guillermo Paysée, defensor de menores, planteó que la propuesta implicaría un aumento en la duración de las penas, al tratar a los infractores mayores de 16 años como adultos, más allá de que la privación de libertad esté enmarcada en un instituto exclusivo para jóvenes de 16 a 18 años. Asimismo, señaló que el Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado en 2004 contiene normas que respetan la Convención de los Derechos del Niño con la que se comprometió Uruguay. “No me parece bueno que esos temas estén tan politizados en lugar de ser planteados desde un punto de vista técnico, sobre todo en asuntos que involucran a niños y adolescentes que no tienen voz propia”, apuntó Paysée.

En el mismo sentido, la unicef advirtió que de aprobarse la rebaja de la edad de imputabilidad se estaría contraviniendo la convención sobre los derechos de los niños firmada por Uruguay en 1990. En su comunicado, la unicef sostiene que “hay consenso entre múltiples actores sobre las inaceptables condiciones en las cuales los adolescentes cumplen la privación de libertad. Esta situación, sumada al significativo número de fugas, alimenta la percepción de impunidad en parte de la opinión pública”.

Por otra parte, el rol de los medios de comunicación y su tendencia a sobredimensionar el papel de los adolescentes infractores sobre el total de los delitos fue un tema recurrente. Javier Salsamendi,

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presidente del inau, opinó que a los medios “les importa vender y no informar”. Paysée se refirió al manejo informativo de algunos medios cuando aluden a los adolescentes incluso por la negativa: ante delitos cometidos por adultos, acotó, se emplea la frase “no estarían involucrados menores”.

Entretanto, Bango aportó algunos datos significativos: de un total de 260 mil adolescentes en Uruguay, sólo 350 están internados en hogares del inau privados de libertad, y entre 300 y 350 se encuentran con medidas alternativas. Mientras, son 8.800 los adultos presos.

CONTENER. El presidente del inau se refirió a los contenedores en los que se alojará a 32 jóvenes presos. Las imágenes de aquéllos fueron difundidas por una funcionaria del instituto y causaron revuelo por su semejanza con los utilizados en el penal de Libertad.

Salsamendi sostuvo que los contenedores “no eran un secreto; los mostramos seis meses antes, salió en todos los canales de televisión y en todos los diarios. Aclaramos que son una solución provisoria que precisamos porque no es posible reparar el Centro de Ingreso Transitorio, un lugar tan tenebroso; mientras tanto hay que llevar a los gurises a otro lugar. Tan provisorios son que no los compramos, son alquilados”. Por su parte, Joselo López planteó que “la solución de fondo no puede ser la habilitación de contenedores. Ahora bien, queremos decirles a los que no conocen la situación en la que hoy están alojados los gurises, que como alternativa transitoria no nos animamos a descartarla”.

NO PERO SÍ. Mientras que el siunau no acuerda una postura respecto al mantenimiento de los antecedentes, el Frente Amplio (fa) presentó ayer jueves a la Asamblea General –en conjunto con los acuerdos multipartidarios logrados en la comisión bicameral de seguridad– la propuesta de legislar el mantenimiento de los antecedentes ante cinco tipos de delito considerados “gravísimos”: rapiña, copamiento, homicidio, secuestro y violación. Ya Bonomi había anunciado una postura favorable al mantenimiento de los antecedentes, que finalmente obtuvo consenso en el fa con el apoyo de Bango, que aunque en un primer momento no era partidario de esta medida finalmente aceptó; e hizo su mea culpa por la inclusión de delitos que, según el aporte del defensor de menores, no son atribuibles a adolescentes. Es que, según Paysée, en las 3 mil defensas de menores que lleva hechas nunca se topó con un adolescente involucrado en un caso de secuestro, y como mucho una vez ante uno de violación. (Cabe aclarar que la modalidad de secuestro express entra en la tipificación de copamiento y no de secuestro.)

Mientras, Bonomi explicó a Brecha que el mantenimiento de los antecedentes debe ser por un tiempo limitado, y sin especificar luego de qué lapso serían borrados, sostuvo que los acuerdos internacionales firmados por el país establecen que los antecedentes deben eliminarse después de transcurridos, como máximo, dos años.

Acerca del nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente que se intenta instrumentar, y que sustituiría al actual Semeji, Salsamendi planteó que la intención es que posea un presupuesto claramente definido y una autonomía tal que permita jerarquizar otras áreas del inau muchas veces relegadas. También reclamó la participación y el apoyo de los ministerios de Salud, Interior, Desarrollo Social, Educación y Cultura y de la anep; “no es un tema para una sola institución”, dijo. En el nuevo instituto se prevé desarrollar dos nuevos programas relativos a medidas curativas (en drogadicción y psiquiatría) y reintegro social o egreso.

Los acuerdos multipartidarios alcanzados en la comisión bicameral de seguridad fueron presentados ayer jueves a la Asamblea General. El fa espera que para el 31 de mayo se logre una definición en el Parlamento respecto a la creación del nuevo instituto y la permanencia de los antecedentes.

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Brecha 2015

Betania Núñez

Periodista

15 abril, 2011

“Esa locura que es la Colonia Berro esperamos que no exista nunca más”

Los contenedores, nuevas condiciones edilicias, el trato con los funcionarios, planes de reinserción para los jóvenes infractores, edad de imputabilidad, lo que se repite (como un

castigo) y lo que se intenta cambiar. Todo en esta entrevista con Javier Salsamendi, presidente del INAU.

Salsamendi. Foto: Alejandro Arigón

—¿Cuáles son las modificaciones en la gestión que introducirá el nuevo Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente (irpa) y que indicarían que va a dar resultados?

—El primer cambio está dado por la inclusión de cargos de gestión que dediquen todo su tiempo exclusivamente al instituto.

La segunda modificación tiene que ver con la formulación de programas que el sistema requiere y que no han funcionado adecuadamente hasta ahora. Insistimos en la necesidad de un programa de ingreso, diagnóstico y derivación real; la gestión de la privación de libertad y las medidas alternativas; un programa de medidas curativas para quienes tienen un desorden psicológico o psiquiátrico y para quienes tienen adicciones graves; y por último, un programa vinculado al egreso o reintegro social.

Un último aspecto es el de la interinstitucionalidad, porque este es un tema imposible de abarcar por una sola institución ya que se involucran temas de educación, salud, vivienda, la perspectiva de la inserción laboral o el reintegro educativo. Esta interinstitucionalidad es la toma de conciencia por parte de todo el Estado de la necesidad de atender un tema complejo, muy pequeño numéricamente pero que necesita un abordaje global.

—¿El Sirpa permanecerá en la órbita del inau?

—Hemos propuesto un sistema en el que el directorio del inau transfiere la totalidad de sus poderes jurídicos a una comisión delegada, sin que el directorio pierda sus responsabilidades políticas y jurídicas. Ese es el único proyecto que se ha presentado. Aunque existen planteos en sectores políticos de que esa debe ser una solución transitoria para caminar hacia la autonomización absoluta, es decir la separación del inau. Lo que se ha planteado por el momento es que una

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comisión asesora integrada por legisladores haga un seguimiento de ese proceso y, en el caso de que entienda que debe llegarse a la separación, se la solicite al Parlamento.

CONTENEDORES, EDIFICIOS.

—¿Cuál es el proyecto edilicio?

—Manejamos que se puedan concentrar dentro de un mismo perimetral externo todos los establecimientos de contención, que no deberán alojar cada uno a más de 40 chiquilines y en total a no más de 250, por las condiciones de habitabilidad mínimas que debe garantizar y por los aspectos socioeducativos y de seguridad. Dentro de ese mismo perimetral hay que pensar en diversos programas que tengan sistemas independientes entre sí.

—¿Una especie de Colonia Berro ampliada?

—No. Esa locura que es la Colonia Berro esperamos que no exista nunca más. La idea es que dentro de un perimetral determinado funcionen varios programas que atiendan las diversas realidades.

—Pero esa parece la misma lógica de la Colonia Berro, en donde hay diferentes establecimientos de detención dentro de un mismo perimetral…

—En la Colonia Berro cada centro no tiene nada que ver con el otro. Los edificios se fueron construyendo con una lógica de acceso incomprensible dentro de un bosque natural protegido que no se puede tocar. Nuestro planteo es realmente distinto, no sólo desde el punto de vista edilicio sino desde la lógica de gestión a la que apuntamos. Lo real es que hoy, si pensamos dónde construir, no tenemos otro lugar que no sea la Colonia Berro. Pero habrá que hacer desaparecer las construcciones que existen.

—El Parlamento discute, además de la transformación del Semeji en el irpa, algunas modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. De aprobarse, ¿qué impacto tendrán?

—Es difícil cuantificar el impacto que van a tener las modificaciones al código. Por lo pronto, la penalización de la tentativa de hurto mediante medidas alternativas a la privación de libertad, va a incrementar la cantidad de adolescentes vinculados al sistema.

Por otra parte, no está claro todavía si se especificará, como creo que debería ser, cuáles son los delitos que ameritan privación de libertad y cuáles no, que es algo que quedó pendiente en 2004 cuando se aprobó el código. La intención era que sólo los delitos gravísimos ameritaran privación de libertad, o en todo caso la reiteración de delitos graves; ese punto debería ser retomado, es una modificación necesaria y urgente.

—¿Y el mantenimiento de los antecedentes?

—Los incrementos de penalidad y este elemento de “ojo porque cuando cumplas 18 años tus antecedentes van a seguir existiendo”, no creo que tengan influencia disuasoria para los delitos cometidos por adolescentes. Obviamente sí tienen consecuencias bien concretas en el derecho penal adulto: sobre las libertades anticipadas, sobre el carácter de primario. Yo diría que, atenuadamente, es el mismo concepto que se utiliza para plantear la rebaja de la edad de imputabilidad. No estoy comparándolo sobre sus efectos, que son incomparables, pero existe una cierta sensación de que los menores de 18 años son impunes y por lo tanto se agrega ese plus. Afortunadamente en estos últimos tiempos se ha aclarado que en Uruguay existe responsabilidad penal ante los delitos cometidos por los adolescentes de entre 13 y 18 años.

Las discusiones de la baja de la edad de imputabilidad han estallado a partir de las reiteradas fugas y del convencimiento de que hay una incapacidad en el inau para contener y lograr un programa socioeducativo que dé resultados.

—¿Se siente responsable de ese hecho?

—Sí. Nosotros partimos de la base de que así como estamos no se puede continuar. Respecto a las fugas, las hemos bajado dramáticamente en este primer trimestre; el índice se baja no sólo porque se mejoren las guardias perimetrales, sino porque hay una gestión que muy trabajosamente

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intenta ser distinta y ha recuperado el involucramiento de los trabajadores con la tarea. Muy esquemáticamente, y sin ser considerado con la gente que ha estado en la gestión, creo que pasamos de las visiones de “lo que hay que hacer es evitar las fugas y por lo tanto esposas, grilletes y trancaduras”, a otras posturas en donde se planteaba “eliminemos los perimetrales y generemos hogares de carácter totalmente abierto porque en definitiva los adolescentes que cometen delitos son una reacción ante un sistema injusto que los explota”. Yo creo que ninguna de las dos cosas lleva a una buena gestión. Pero se requiere que en Uruguay nos pongamos de acuerdo con el sistema que pretendemos.

—¿Estamos lejos de eso?

—Tengo la inmensa esperanza de que estemos avanzando en ese sentido. Pero pretender que adolescentes de 16 años estén sujetos al derecho penal adulto con el aumento de las penas y el endurecimiento del sistema que eso implica, al mismo tiempo que se afirma que la privación de libertad debe enmarcarse en una institución especial que se dedique al buen trato y al cuidado… ahí hay dos elementos que no son compatibles. ¿Cuál es la expectativa de trabajo socioeducativo con alguien de 16 años que va a recuperar a los 24 su libertad para reintegrarse a la sociedad?

—¿Por qué apelar a los contenedores para generar más plazas?

—El inau tiene una estructura edilicia extraordinariamente vieja y deteriorada. Las nuevas construcciones han sido de una lentitud exasperante: el último centro que inauguramos en General Flores llevó un año y medio de construcción. En ese marco, muchísimo tiempo atrás anunciamos que íbamos a usar los contenedores. Luego hubo una campaña en Facebook donde se señalaba una especie de ocultamiento, pero nunca nos interesó mantenerlo en secreto. Lo que nos brindan es la posibilidad de responder a algunas cuestiones de emergencia porque seguimos con un problema de cantidad de plazas. En el sentido técnico no tenemos hacinamiento pero estamos nuevamente cercanos a situaciones de superpoblación, y eso genera distorsiones de todo tipo. Los contenedores ni siquiera están habilitados todavía. Hemos pedido todo tipo de chequeos y autorizaciones y sólo los vamos a poner en funcionamiento cuando estén prontas todas las habilitaciones. Sólo hemos utilizado uno de los contenedores en cuestiones de absoluta emergencia del Centro de Ingreso Transitorio. Obviamente es muy difícil dirigir un sistema en esas condiciones cuando no hay espacio para un adolescente más.

Se hizo una comparación con las latas del penal de Libertad y no tienen nada que ver. Estos contenedores son los mismos que se han utilizado para viviendas, escuelas, etcétera. Y las condiciones climáticas están absolutamente probadas.

TIEMPOS.

—¿Por cuánto tiempo se va a utilizar este sistema?

—Depende de cuánto nos lleve la construcción y reconstrucción. Si eso se hace rápido, va a ser por corto tiempo. Si se demora, los vamos a tener que utilizar un poco más.

—¿Pero no se prevé el tiempo estimado que llevará ese proceso?

—No sabemos exactamente cuánto tiempo. Una cosa es el tiempo arquitectónico y otra es el tiempo real. Según nos dijeron tendría que ser en un tiempo relativamente breve, tres o cuatro meses. Veremos en qué medida se cumple.

—La funcionaria que difundió las fotos de los contenedores en Facebook y que está bajo una investigación administrativa, ¿va a ser sancionada?

—No tengo ni la menor idea. Lo que se hizo fue de rutina administrativa: se le tomó declaración, el caso está actualmente en la división jurídica y luego vuelve al directorio. Por ahora no tenemos planteada ninguna sanción. Pero yo insisto en que no había ninguna necesidad de hacerlo, alcanzaba con tomar alguna imagen de archivo.

—Pese a que ya habían sido difundidas las imágenes de los contenedores, ¿el hecho ameritaba una investigación administrativa?

—La funcionaria entró a un lugar que no estaba habilitado, sin autorización.

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—Se sigue denunciando que funcionarios del inau colaboran con las fugas o que someten a malos tratos a los adolescentes. Usted mismo planteó a fines del año pasado en una comisión del Parlamento que existen casos de corrupción.

—Todo el tiempo se reciben denuncias, estamos tapados de investigaciones de todo tipo y color. Casos de corrupción siempre surgen en lugares donde hay privación de libertad y creo que tiene que ver con una falta de formación y capacitación. Con los últimos ingresos de personal se pudo trabajar esa capacitación previa y hemos tenido resultados distintos.

En los directorios encabezados por Víctor Giorgi y Nora Castro hubo una limpieza inmensa de la corrupción por la vía de los sumarios, por eso el sistema se les volvió difícil de gobernar, porque se sacó mucha gente a la vez y llevó un tiempo para que los funcionarios nuevos adquirieran experiencia. La gran mayoría del personal es muy nueva; ingresó a partir de 2008, en 2009 y en 2010.

Se siguen repitiendo situaciones de corrupción, pero la conclusión evidente es que las condiciones del sistema no colaboran a generar actitudes distintas. Pero no hay una situación absolutamente generalizada, en parte por el recambio que ha habido. En el proyecto hemos planteado, aunque no hemos logrado una propuesta acabada, que los funcionarios no deberían estar mucho tiempo en estas tareas, para lo que debería existir una rotación.

También hemos planteado a una serie de organismos como la Organización Mundial contra la Tortura, aunque no hemos recibido respuesta aún, que más allá de las visitas que nos hacen una o dos veces al año, se establezca un monitoreo permanente que apunte a minimizar lo vinculado a malos tratos, corrupción, etcétera. Y que eso permita ir estableciendo correctivos reales a las situaciones que se denuncian. Otro sistema de supervisión que hemos propuesto es que el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente actúe como veedor. Existe un proyecto de ley que interpreta que el comisionado parlamentario de cárceles, al tener a su cargo el monitoreo de las personas privadas de libertad, también debería incluir a los menores de edad.

—Mencionó que las gestiones de Giorgi y Castro se habían vuelto difíciles de gobernar. Giorgi planteó en su momento que cada vez que iba al Parlamento había motines, sugiriendo que eran fomentados por los propios funcionarios, y Castro que había una tendencia del sindicato a actuar como si la gestión del inau se tratara de un cogobierno, ¿eso está presente en el actual período?

—Notoriamente no. Nosotros hemos apelado a un diálogo directo, muy duro en algunos casos, porque hemos tenido discusiones fuertes. Lo primero que charlamos en conversaciones directas antes de que yo asumiera es que el sindicato representa a los trabajadores, y el directorio al gobierno. Nos conocíamos, yo integré el sindicato, eso dio una cierta ventaja.

—Para Cristina Álvarez, miembro del directorio en el período de Giorgi, no lo fue. Terminó siendo echada del sindicato.

—Sí, es verdad. Pero nosotros partimos del convencimiento de que para esta institución, donde los conflictos no son de guante blanco y donde no se paraliza simplemente una producción o una oficina, el conflicto no es bueno para ninguna de las dos partes. En función de eso desarrollamos una política de relaciones laborales que apuesta a minimizar, en la medida de lo posible, el conflicto. Siempre sobre la base de que, aunque todos los aportes pueden ser puestos arriba de la mesa, las decisiones las toma el directorio.

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Brecha 2015

Betania Núñez

Periodista

29 abril, 2011

Sin lugar para las fugas

La destitución del gerente del Semeji, Jorge Jouroff, en medio de la campaña para bajar la edad de imputabilidad y ante la necesidad de evitar que la oposición insista sobre la incapacidad de contención del INAU, parece indicar que la tolerancia de las autoridades de la institución hacia las fugas llegó a cero.

“Las fugas han bajado dramáticamente”, repitió incansablemente el directorio del inau en los últimos meses. Pero las fugas de tres adolescentes del Centro de Medidas Cautelares el miércoles 13 y el “rescate” de “el Talibán” en pleno martes santo, mientras era trasladado a visitar a su hermano, cortaron la racha.

La destitución del gerente del Semeji, Jorge Jouroff, en medio de la campaña del Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad y ante la necesidad de evitar que la oposición insista sobre la incapacidad de contención del inau, parece indicar que la tolerancia de las autoridades de la institución hacia las fugas llegó a cero.

El 6 de abril Jouroff fue renovado en su cargo, y el lunes 25 removido.

La decisión fue tomada por el presidente del inau, Javier Salsamendi, y el director de la institución, Dardo Rodríguez, ya que Jorge Ferrando, el restante miembro del directorio, estaba de licencia. El viernes 22 el directorio comenzó a manejar la posibilidad de sustituir a Jouroff por quien lo secundaba en la gerencia, Rolando Arbesún. Rodríguez, presidente interino del inau mientras Salsamendi está en Brasil, dijo a Brecha que las investigaciones de las tres fugas y el rescate no se realizaron con la necesaria rapidez y que eso hace que “la institución sea vista como la cenicienta del Estado, que no tiene capacidad de hacer nada cuando sí tenemos capacidad”. Asimismo, Rodríguez explicó que “el gerente es responsable de determinar los protocolos de seguridad y el encargado de elaborar los informes de urgencia para que el directorio pueda realizar las investigaciones administrativas con celeridad”.

Además, el directorio discrepó con las declaraciones a la prensa de Jouroff, quien alegó que las condiciones edilicias del recientemente inaugurado Centro de Medidas Cautelares no eran las adecuadas y “se desentendió” de la responsabilidad del traslado del Talibán, afirmando que no se trataba de una fuga sino de un rescate. “Eso no es lo que piensa el directorio del inau, nosotros somos plenamente responsables de lo que sucede en cualquier parte del sistema”, sostuvo Rodríguez.

El presidente interino planteó asimismo que “no se puede permitir que una gerencia que conduce un programa tan sensible como el de Semeji, y cuando la institución en su conjunto está todos los días en la boca de la opinión pública –porque la gente cree que es una vergüenza que los gurises entren por una puerta y salgan por la otra–, habilite el traslado de un adolescente con antecedentes que permitían prever su fuga”.

Consultado al respecto por Brecha, Jouroff sostuvo que “hay investigaciones en curso que deben determinar si hubo responsabilidad y quién es el responsable. Tiene que verse en qué circunstancias se dieron las fugas y el rescate. Yo no puedo cobrarlo porque sí, es evidente que las investigaciones todavía no culminaron”. Y agregó que “una gerencia se juzga por la gestión global, no por un caso particular”.

En ese sentido, Rodríguez aclaró que no se deja de reconocer los logros del ex gerente durante su gestión y sus aportes al proyecto de creación del Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente, y explicó que la intención es darle “continuidad a su trabajo; creemos que quien le puede dar mayor velocidad y dinamismo es quien lo secundaba y era parte de su equipo. No hay un cambio de

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política sino de gerencia. Cambia la gerencia y cambian los criterios para que estas cosas no vuelvan a ocurrir”.

Brecha 2015

Rafael Rey

9 septiembre, 2011

Hasta las manos

Las autoridades del inau investigan graves denuncias contra una ex directora del hogar Sarandí de la Colonia Berro. Presuntamente, mantuvo relaciones sexuales con algunos de los adolescentes del establecimiento y vendió droga a los internos.

El pasado lunes se divulgó a través de la prensa la noticia de que la directora del hogar Sarandí había sido separada de su cargo. Si bien la situación salió a la luz recién esta semana, la destitución data de mediados del mes de mayo; 15 días después de que el actual gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji), Rolando Arbesún, asumiera el cargo.

Las autoridades han decidido llamarse a silencio mientras se desarrolla la investigación administrativa. Mientras tanto, el sindicato criticó la forma en que Arbesún manejó el tema. Entiende que el jerarca “prejuzgó” a la ahora ex directora del hogar Sarandí, sin tener información concluyente. En este marco, las afirmaciones de dos personas que desempeñan tareas educativas en la Colonia Berro dejan entrever que la situación quizás sea peor de lo que señalan los trascendidos de prensa.

PALABRAS CRUZADAS. Consultado al respecto, Arbesún se excusó de hacer comentarios a Brecha. “Ya hice todas las declaraciones que tenía que hacer”, enfatizó. El gerente del Semeji explicó que la funcionaria en cuestión fue separada del cargo a los 15 días de que él asumiera la gerencia del organismo (el 28 de abril pasado), y que posteriormente se denunciaron “varias irregularidades que involucran a funcionarios de varios centros” en los juzgados del crimen organizado. “Hay informaciones que se entrecruzan por gusto”, aseguró Arbesún, sin brindar más información.

Para Joselo López, secretario general del Sindicato Único del inau (suinau), es el propio Arbesún quien “entrevera la cancha”, ya que “sus declaraciones no son del todo precisas”. “Lo que nos dice a nosotros es distinto a lo que le dice a El País. Al sindicato le informó que hay una investigación en proceso, pero no habla de lo que dijo a El País”, disparó López. En declaraciones a ese diario, el gerente del Semeji había señalado que la funcionaria “mantuvo relaciones no claras e inadecuadas con los adolescentes. Está implicada en algunas denuncias que la comprometen con los adolescentes”. Consultado por el matutino sobre si se trataba de venta de drogas a los internos, o de mantener relaciones sexuales con ellos, Arbesún dijo que “se trata de un combo completo” (El País, lunes 5).

Según López, “cuando (Arbesún) dice que hay un ‘combo completo’ es que hay indicios, que viene complicada la cuestión. El problema es que con estas declaraciones le levanta un centro a la derecha más recalcitrante”. El martes, en declaraciones al portal Montevideo.comm, López había señalado que “se le está haciendo el juego a quienes desde la derecha impulsan la desvinculación de todo el sistema de medidas de privación de libertad para que salgan del inau”. Según López, esta “intencionalidad política está alimentada” por las declaraciones del gerente del Semeji, y consideró que “si no hay intencionalidad es difícil explicarse por qué el tema surge ahora”, cuando es algo que ocurrió hace “seis meses”. Señaló que desde el sindicato se cree “que Arbesún ha hecho muchas cosas buenas para reencauzar la gestión del Semeji”, pero que en este caso “le está errando al bizcochazo”.

El dirigente sindical recordó que “con este tipo de declaraciones ya le ha salido el tiro por la culata”, ya que “hubo dos casos de denuncias penales que se archivaron por falta de pruebas”. Si existieran pruebas, apuntó López, a la funcionaria “no hay que trasladarla, hay que echarla”, y que “si hace seis meses que está trabajando en otra área del inau es porque no hay pruebas contra ella”.

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El presidente del inau, Javier Salsamendi, dijo a Brecha que se está “terminando de recabar información” y aguardando a que finalice la investigación administrativa. Aprovechó además para aclarar los dichos de Arbesún, señalando que cuando el gerente del Semeji dijo que la funcionaria mantenía “relaciones no claras e inadecuadas con adolescentes”, se estaba refiriendo a un tema de gestión.

NO LES CONSTA. No obstante los reparos expresados por López, una funcionaria de la Colonia Berro consultada por Brecha aseguró que sobre la ex directora del hogar Sarandí “se rumoreaba que estaba con esas prácticas” desde antes de asumir el cargo, cuando se desempeñaba como coordinadora en el hogar Puertas. “Venía resucia”, afirmó.

La funcionaria aseguró que la ex directora “les daba ciertos privilegios” a algunos adolescentes, como “dejarles hacer llamadas”. Los jóvenes, señaló, “hacían lo que querían” en el hogar. Tal situación no era desconocida por el sindicato, que en su momento denunció a la ex directora, ya que “los muchachos parecían mandar más que los funcionarios”, según explicó López a Montevideo.comm.

Sobre las acusaciones, la trabajadora fue contundente y aseguró no dudar de que la ex directora del Sarandí proveyera de droga a los adolescentes. Afirmó que mantuvo relaciones “con un gurí”, y se refirió a situaciones extremadamente delicadas, que quizás completen el “combo” al que hacía referencia Arbesún. La funcionaria declaró que la ex directora del hogar “tenía tres o cuatro gurises a los que les abría la puerta para que salieran a robar para después ir a medias”. Aseguró además que ante casos de abusos sexuales entre adolescentes, esta persona “legitimaba el abuso”.

En la jerga de las personas privadas de libertad, las víctimas de abuso sexual son señaladas como las “mujeres” de los abusadores. La trabajadora señaló que la ex directora del hogar “se burlaba” de las víctimas, refiriéndose a ellas como “las mujeres” del resto de los adolescentes del hogar. Otra ex funcionaria de la Colonia Berro también hizo mención a estas prácticas (véase recuadro).

Consultado sobre estos temas, López aseguró: “No me consta”. Señaló que le “cuesta creer” que este tipo de situaciones haya ocurrido, “porque ante estos casos nosotros inmediatamente tomamos acción”. Sí reconoció que hubo casos en hogares abiertos en los que “los adolescentes salían, robaban y usaban el hogar de aguantadero”.?

Sobre el resto de las acusaciones, se limitó a señalar que “siempre hubo y siempre va a haber funcionarios que no se adecuen a las reglas”.

Por su parte, el subgerente del Semeji, Raúl González, dijo a Brecha que no le consta que exista este tipo de situaciones. Señaló que en caso de haber ocurrido casos de esa índole, los “funcionarios tendrían que haberlo denunciado”, ya que de otra manera se convierten en “cómplices” de la presunta responsable. Explicó que “hay una investigación administrativa en curso que puede derivar en otras cuestiones”, haciendo referencia a que las pesquisas pueden determinar que la ex directora del hogar Sarandí no está involucrada en los casos que se le imputar. Consultado sobre por qué fue separada del cargo y luego reubicada en otra área del inau, González explicó que ese es el procedimiento que se lleva adelante cuando se realizan investigaciones administrativas.

¿Abusos sexuales en la Colonia Berro?

na educadora entrevistada por Brecha –que trabajó en la Colonia Berro junto a la ex directora del hogar Sarandí– señaló que los casos de abuso sexual entre adolescentes eran “corrientes”, y que la ex directora “entraba en el código de los gurises, diciéndole a uno que era la ‘mujer’ del otro”. Explicó que se trata de “prácticas cotidianas que se naturalizan”, al punto que no sólo los funcionarios sino también “gente formada, como educadores sociales, empiezan a mirar para el costado en situaciones de abusos entre gurises”. Asegura que “los funcionarios son cómplices, ya que abren las puertas para que los adolescentes pasen de una celda a otra, o ponen la música alta para no escuchar lo que está pasando”. Consultada sobre si se trata de prácticas recientes o de hechos que se repiten desde hace tiempo, la educadora sostuvo que “es algo sistemático” y que por más que las autoridades tengan la intención de atacar el problema, éste “sigue sin resolverse. Lo tienen naturalizado como parte de la lógica de ese lugar. No lo ven como problema”, concluyó.

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Brecha 2015

Tania Ferreira

Periodista

21 octubre, 2011

Historias de vida, islas y buques

Pronto se inaugurará el Sistema Penal Adolescente, que entre otras disposiciones establece que más de trescientos muchachos del INAU estén recluidos en un mismo sitio. Pero esta

crónica se centra en el relato de algunos adolescentes (y sus vivencias y percepciones) que visitaron la Isla de Flores por un día.

Foto: Tania Ferreira

Son las 8.30 del martes: comienza la maniobra que llevará al gran Sirius de la marina hacia la Isla de Flores. En el buque se trasladan 20 personas del hogar Paso a Paso –11 adolescentes y nueve adultos referentes– y 24 del hogar El Hornero, en su mayoría adolescentes. “Gurises que salieron de la tranca hace una semana”, se escucha decir bajito a uno de los coordinadores del tercer viaje a la isla. También van las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), y esta cronista en representación de los medios de comunicación.

Por un convenio entre el inau y la Armada Nacional, cada 15 días (coincidiendo con el relevo de los fareros) los jóvenes visitan la isla y la recorren juntando plásticos y vidrios, con un doble objetivo: acción ambiental y recreación.

Los adolescentes se manejan con los más perfectos códigos de conducta y amabilidad. Se saben visitantes. El paseo les permite además ampliar el esquema narrativo, cambiar el contexto, contarles algo distinto a sus familias en la visita de los domingos.

Tenemos como destino una isla cuya historia pone los pelos de punta: funcionó como lugar donde cumplir la cuarentena para los esclavos e inmigrantes que debían pasar una estadía ahí antes de llegar a Montevideo, también ofició de leprosario. Luego fue cárcel de presos políticos durante la dictadura de Terra, y se cuenta que también hubo allí detenidos del último régimen militar.

En el libro de Eduardo Langguth y Juan Antonio Varese* se cuenta que “la Isla de Flores está situada en el corazón del Río de la Plata, equidistante entre la costa uruguaya y el Banco Inglés (…). Bendecida por algunos y maldecida por otros, la isla nunca supo de términos medios”.

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También cuenta que la luz de su faro casi nos cuesta la mitad del territorio nacional, porque Uruguay entregó las Misiones Orientales a los portugueses a cambio de su construcción, en el “tratado de la Farola”, de 1819. Por eso se lo apodó el “faro mas caro del mundo”.

El relato continúa: “el Hotel para Inmigrantes, en realidad un hospital para cumplir cuarentenas obligatorias, fue utilizado también como cárcel para revolucionarios políticos y presos especiales. Entre sus ruinas rondan leyendas de amor y muerte, de marinos intrépidos y fareros esforzados”.

A pesar de esa historia macabra, el diputado Sebastián da Silva (Partido Nacional) anunció públicamente que propondrá en breve un proyecto de ley para crear un centro de reclusión de menores en la Isla de Flores, y agregó que “salvo que sean Aquaman, menores como el Ricky no se volverían a escapar”.** A su entender, esa idea es “una respuesta sencilla y barata para finalizar con esta barbaridad que vemos todos los días”. Dios santo o amén.

Esteban es “el lector” de El Hornero. Su género favorito es la ciencia ficción y en especial las novelas de Julio Verne, donde busca viajes al centro de la Tierra, a la Luna, a la isla misteriosa, en submarinos, dar la vuelta al mundo en ochenta días. Ahora está leyendo A orillas del río Piedra me senté y lloré, de Paulo Coelho, pero dice que este autor no le gusta porque es “muy religioso” y él no está de acuerdo con ninguna religión.

También se sabe de memoria el Código Penal que le regaló el procurador del hogar, sobre todo la parte de las penas y sus respectivos agravantes. Conoce al dedillo la legislación actual y los últimos cambios introducidos en el tema de minoridad infractora. Ahora tiene 19 años y termina su pena en diciembre. Él “perdió” por rapiña al igual que sus “compañeros” de andanzas, que están en la cárcel de mayores. No le preocupa ir a la cárcel, sus amigos ya están adentro y no tiene planes a futuro.

Se ríe con mis tropiezos en el manejo del “lenguaje del hogar” y amablemente me enseña el lunfardo para que mis palabras no se presten al “descanse” de los dobles sentidos: a la leche se le dice “vaca”, el “alimento” es la comida, “marroco” se le llama al pan. Por eso pedir un “marroco con dulce de vaca” es de lo más común dentro de El Hornero.

Julián tiene 18 años y le faltan siete meses para salir en libertad. Antes de hacer una recorrida por la mayoría de los centros del inau trabajaba con su padre haciendo trabajos de herrería –estufas y parrilleros–, un oficio que todavía maneja. Después se juntó con sus compañeros del barrio y empezaron a “mandarse cagadas”. A pesar de su notoria ansiedad y de ser bastante inquieto, las olas y el movimiento del buque no le gustan nada, por lo que decide ir agarrado a cuatro manos al asiento más cercano. A la vuelta, cerca de tierra firme, le pido que evalúe la jornada: “El agua está de menos, la isla estuvo bien. Cambiamos la rutina, salimos a hacer otra actividad. Nunca me había subido a un barco, nunca había ayudado a nacer a un pichón de gaviota de su huevo y no sabía que existían los faros”.

***

Algunas coincidencias en conceptos: los chiquilines del inau no pueden estar encerrados todo el día, tienen que obtener herramientas para cuando estén afuera, “un encierro productivo”, concuerdan autoridades, funcionarios, educadores, maestros, enfermeras, asistentes sociales, psicólogos. Coinciden también en que no se pueden escapar, en que faltan límites y referentes adultos, y que es necesario construir los conceptos de autoridad y de “un otro” que merezca respeto.

También están de acuerdo en que resulta impostergable “desglosar” (diferente a clasificar) a los gurises por sus características dentro del inau: si son “primarios” o cometieron delitos más graves, si tienen adicción a las drogas, desórdenes psiquiátricos, psicológicos o problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, discapacidad intelectual, si son huérfanos o fueron abandonados por sus familias, y todas las combinaciones posibles. Actualmente están todos mezclados y son atendidos por igual.

Para el maestro Robert Alonso, subdirector del Sirpa, es necesario “ordenar el rancho”. Según él, hay que cambiar el hecho de que los funcionarios profesionales trabajen como “llaveros” que sólo abren y cierran las puertas a los chiquilines. Hace falta, dice, capacitarlos, para que se conviertan en referentes de disciplina, y ver la posibilidad de que asciendan en la carrera. Y para los jóvenes:

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una organización que incluya etapas a superar, una diferenciación entre ellos que puede reflejarse en el nivel educativo alcanzado y un régimen basado en premios y sanciones.

“La apuesta es educación y trabajo”, repiten las futuras autoridades, que están planeando explotar ese enfoque y sumar al equipo técnico varios maestros e inspectores fuera de actividad.

“Y que algún buen hábito los atrape”, dicen, “hasta ingresar como marineros si es que eso los motiva”. A pesar de que ese es uno de los objetivos del convenio entre el inau y la Armada, de los pocos que dieron la prueba de inscripción ninguno superó la prueba psicológica.

Hace falta educación, coinciden los denominados “adultos” o referentes de cada hogar, y piensan que el trabajo de hormiga es el más fructífero. Los actuales sistemas de educación no se adaptan a las necesidades de los chiquilines, que cada vez pasan más tiempo en la calle que en sus casas. Además, cada uno de ellos tiene una historia diferente detrás, de violencia familiar, abandono o exclusión social, y es fundamental conocerla para dedicarse a cada caso como se debe, señalan las educadoras.

Pero se agrega otro elemento: cuando la tarea de los funcionarios se considera exitosa y los chicos salen en libertad, vuelven a su entorno familiar y al barrio, centros de todos los males. Sin herramientas para enfrentar el afuera, vuelven al encierro al poco tiempo. Sin un seguimiento permanente con las familias luego del egreso, se borra con el codo lo que se escribió con la mano.

Por otro lado, las autoridades del futuro Sirpa explican la ausencia de fugas en el último mes en el inau por el siguiente combo: investigaciones administrativas más rigurosas hacia los funcionarios, cercado perimetral donado por el Ministerio del Interior para los hogares más difíciles, y los anuncios sobre el nuevo centro y sus proyectos. Algunos funcionarios se muestran optimistas (sobre todo las autoridades) frente a los cambios que traerá la instalación del futuro Sirpa, aprobado por la unanimidad de los partidos políticos: un gran complejo dividido en dos centros, con canchas de deporte, aulas y salas de lectura; todo rodeado de una protección perimetral. Según Alonso, en el Poder Ejecutivo se han mostrado interesados en proyectos presentados por países como Canadá y Brasil, con maquetas de centros con características edilicias del Primer Mundo.

Algunos prevén los riesgos: “No es lo mismo que ‘reviente’ un solo hogar –que comiencen un motín o que aprieten a los funcionarios–, a que reviente un centro con más de 300 jóvenes. No sé si Uruguay está preparado para eso”, reflexiona Marina, la enfermera del hogar Paso a Paso, quien además opina que todos los diputados y senadores hablan mucho y desconocen totalmente la realidad interna del inau.

Otros no creen en la idea de cerrar todos los hogares y concentrar a todos los jóvenes en el nuevo centro Sirpa: siempre existe el temor de arruinar las buenas experiencias de los hogares modelo al incluirlos en un macroproyecto de esas dimensiones.

***

Luego del almuerzo los chiquilines quieren saber de mí y yo de ellos, entonces establecemos un trato a fin de turnarnos para el intercambio de preguntas e información sobre cada uno, en el que salgo perdiendo por una obvia cuestión numérica.

“¿Vos sos de las que nos llama ‘menores infractores’?”, me preguntan, y agregan: “eso no nos gusta nada”. “A mí tampoco”, les contesto. Tampoco están de acuerdo con su imagen en los medios. (Canal 4, también invitado a la jornada, no asistió. Claro, no estaba anunciada ninguna caída libre desde el faro ni ningún motín en la isla.)

“¿Te gustaría ser periodista?”, le pregunto a uno de ellos muy interesado en ver mi libreta de apuntes. Me contesta que sí, pero dice que hay que estudiar “como cinco años”, y eso le parece una eternidad. A él le gusta pensar los títulos de las notas, me dice, porque ya lo tuvo que hacer para uno de los periódicos institucionales del inau. Cuando le pregunto cómo titularía la crónica del día, me promete pensarlo durante el viaje de vuelta. Antes de bajar me dice: “Un viaje para recordar”. Les prometo visitar ambos hogares y armar con ellos un periódico sobre las “historias de vida y las buenas noticias del hogar”.

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Durante el día, los adolescentes siguen jugando a ser “reporteros”, a la vuelta le preguntan al teniente González –encargado del Sirius– si el radar percibe submarinos, y cuál sería la maniobra del buque en el caso de chocar con una roca o un iceberg.

El subgerente del Sirpa se llevó todos los aplausos como asador. Esta periodista fue confundida por los demás, durante todo el viaje, con una funcionaria. “¿Cómo está tu hogar?”, me pregunta un educador; “Muy bien, gracias”, bromeo un poco cansada después de la quinta aclaración. Pero nos bajamos del buque y se termina el juego de roles.

Todos regresamos a casa. Los chicos de Paso a Paso y El Hornero vuelven a sus hogares para hacer la llamada telefónica a la familia, lavar su ropa y asearse; y después a la cama hasta que otro día comience, sin barcos, ni islas, ni submarinos. n

* Historias y leyendas de la Isla de Flores. Eduardo Langguth, Juan Antonio Varese. Editorial Torre del Vigía, Montevideo, 2000.

** Véase artículo en: www.montevideo.com.uy/notnoticias_139531_1.htm

Brecha 2015

Raúl Zibechi

Periodista

9 diciembre, 2011

¿Interno cuida interno?

Aunque su gestión fue exitosa por la reducción de las fugas de jóvenes privados de libertad, Rolando Arbesún no tuvo buenas relaciones con los funcionarios ni con las demás autoridades del inau. Ese cuento se repite. Lo que llama poderosamente la atención es que muchos funcionarios sean ex internos de la institución.

En una actitud típicamente juvenil, Rolando Arbesún tuiteó las razones de su renuncia: “Parar las fugas era un imperativo moral con la ciudadanía; mi renuncia, un imperativo moral con mi conciencia”. Con extraña unanimidad, los medios conservadores lamentaron la decisión del gerente del Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (Semeji).

Durante su breve gestión, iniciada el 27 de agosto pasado (y casi tan breve como la de su antecesor, Jorge Jouroff), Arbesún consiguió reducir drásticamente la cantidad de fugas, al punto que dejaron de ser noticia. Pero ese rotundo éxito, demandado por los medios y la sociedad, no le permitió superar el promedio de vida útil de buena parte de los altos cargos de la institución, que ha visto desfilar desde 2005 una larga lista de nombres, mostrando que la inestabilidad de los equipos dirigentes del inau es ya un hecho estructural del sistema.

HISTORIA DE AGITE. La gestión de Arbesún, quien declinó hacer declaraciones a Brecha, coincidió con la campaña de recolección de firmas de la Comisión por la Seguridad para Vivir en Paz, que pretende plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad penal a los 16 años. La coincidencia no es menor, porque a su gestión se le demandó reducir las fugas que ya forman parte de la sensación térmica de inseguridad azuzada por los medios.

Por lo visto, la estabilidad no depende de la calidad de la gestión sino de un conjunto de variables que se resumirían en “un gobierno de los funcionarios”, según una fuente. En todo caso, al igual que las anteriores, la gestión de Arbesún se vio sacudida por diversas situaciones que terminaron por desestabilizar su cargo. Apenas un mes después de asumir, criticó públicamente la actitud de los funcionarios, a quienes reprochó su “desidia” en el trabajo y les advirtió que bajo su administración “se les acabó la joda” (El País, 7 de junio).

El sindicato de funcionarios del inau reaccionó de inmediato, convocó una asamblea y criticó la “exposición pública” de los problemas, aunque reconoció que hay sectores que abusan de la certificación médica para no acudir al trabajo o que no cumplen con responsabilidad sus funciones.

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Muy pronto, a comienzos de octubre, cuando su gestión apenas tenía cinco meses, Arbesún tuvo fuertes enfrentamientos con el subgerente del Semeji, Raúl González, y con el director de la Colonia Berro, Diego Barboza. El conflicto entre jerarcas tuvo también un trasfondo sindical: Arbesún se sintió “puenteado” cuando los funcionarios amenazaron ocupar el Hogar Puertas y las autoridades del inau enviaron a Barboza y González, dos subordinados suyos, a negociar con el sindicato.

Las razones fueron sencillas. Arbesún es percibido como demasiado “autoritario” incluso por los funcionarios del inau, con los que tuvo choques frecuentes. En efecto, trabajadores del organismo, que pidieron no ser identificados, señalaron que la principal característica de su gestión fue la “exacerbación de la seguridad”. Para los traslados, por ejemplo, se aplica “un protocolo de seguridad similar al del fbi estadounidense, que impone grilletes en todos los traslados, incluso cuando los jóvenes van a las piscinas; y labores de inteligencia y de infiltración y un riguroso control de las visitas”.

En la Colonia Berro se instaló un triple perímetro de seguridad donde tiempo atrás había uno solo. Incluso en los hogares abiertos se pretendió instalar un perímetro. Según la misma fuente, “cuando se creó un grupo de familiares de los adolescentes en el marco del Comité de los Derechos del Niño, Arbesún llamó a las madres una por una y les otorgó beneficios para el detenido a cambio de información para desintegrar el grupo”.

Pese a la batería de medidas, las fugas bajaron pero los motines y conflictos se mantuvieron y en algunos casos se multiplicaron, como en el hogar de mujeres, donde se produjeron varios motines en el mes de noviembre, con quema de colchones y ataques a funcionarios.

MIRAR ADELANTE. Un relevamiento realizado por el Serpaj un año atrás, cuando había 327 internos (hoy son 540, cien en hogares y 440 en la Colonia Berro), mostraba ya signos preocupantes. Sólo dos internos, el 0,6 por ciento, habían finalizado el bachillerato. El 19 por ciento no había terminado primaria y el 42 por ciento sólo había alcanzado ese nivel. Esto quiere decir que casi dos de cada tres internos no lograron ir más allá de la escuela, mientras los educadores que trabajan en el inau sostienen que predomina el analfabetismo funcional.

Sólo 5 por ciento de los jóvenes privados de libertad habían finalizado el ciclo básico secundario o la utu; 29 por ciento iniciaron esos estudios pero los abandonaron. Más del 70 por ciento ya había estado en centros del inau, la abrumadora mayoría por ser infractores. El 75 por ciento aseguró haber sido víctima de violencia policial, la mayor parte de ellos durante la detención. El 68 por ciento declaró no consumir drogas, 57 por ciento no estudia, 65 por ciento consume psicofármacos y 92 por ciento están más de ocho horas encerrados dentro de sus celdas-habitaciones. Peor aun: 47 por ciento, casi la mitad, estaban encerrados más de 16 horas por día. ¿Cómo es posible mantener adolescentes, naturalmente inquietos, encerrados durante tanto tiempo en espacios muy pequeños? La respuesta es simple: metiéndoles miedo o facilitándoles psicofármacos.

Un año después la situación empeoró drásticamente, en parte por el éxito de la gestión al haber reducido las fugas. El número de internos creció en más de 200, o sea 61 por ciento en un año, lo que lleva a situaciones de hacinamiento.

Por otro lado, las disputas internas se aceleraron al aprobarse el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). El nuevo organismo que sustituirá al Semeji fue votado por el Parlamento por unanimidad el 23 de junio y poco después se nombró al ex director del Instituto Cuesta-Duarte, Ruben Villaverde, para presidirlo. El Sirpa es una de las apuestas más firmes del inau para resolver, a su vez, la cuestión de las fugas y la dedicación a tareas educativas (para que sea mayor). Para eso, algo clave será la selección del personal que ingresará al nuevo instituto a partir del 1 de enero, que será sin duda un punto de fricción mayor con los funcionarios actuales que naturalmente aspiran a seguir en un organismo que de alguna manera cogobiernan y en el cual se sienten a sus anchas. Por las características socioculturales de estos funcionarios (una parte ha sido reclutada entre los internos del mismo inau), será muy difícil que puedan adaptarse a otros organismos estatales.

Villaverde explicó a Brecha que la puesta en marcha del Sirpa depende de que la oposición designe al tercer integrante de la dirección del organismo. En cuanto a los dos temas clave, los

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nuevos funcionarios y las instalaciones, dijo que “básicamente ingresará el personal del Semeji y se agregarán nuevos funcionarios. El porcentaje será superior al 30 por ciento del total, porque el personal actual está muy recargado”.

Con ese elevado porcentaje de ingresos se espera modificar el perfil del funcionariado, ya que buena parte de éste procede del mismo inau, o sea son personas que ingresaron como menores infractores y luego permanecieron como trabajadores.

En cuanto a las instalaciones, el Ejecutivo destinó 15 millones de dólares para la construcción de nuevos edificios. “Se hizo un llamado al que se presentaron tres empresas, y en los próximos diez días el directorio fallará por alguno de los proyectos. Se deben reformar varios centros de la Colonia Berro y trasladar a los detenidos. Las nuevas instalaciones se van a construir en un espacio libre en la avenida General Flores”, dijo el director del Sirpa.

Se prevé que a lo largo del primer semestre del próximo año se haya avanzado lo suficiente en la creación de la infraestructura necesaria como para comenzar los traslados; hacia fines de ese año el organismo tendrá un panorama claro sobre la cantidad de internos que deberá asistir. De alguna manera, con este paso el inau espera empezar una nueva etapa en la que, según Villaverde, el anterior gerente del Semeji, Arbesún, ocupará un cargo como asesor del directorio para montar un observatorio sobre el funcionamiento del sistema.

Brecha 2015

Tania Ferreira

Periodista

18 mayo, 2012

“Cambiar la cultura para no fracasar”

Modernizar la infraestructura, propiciar el ingreso de técnicos mejor capacitados y motivados, cambiar la forma en que se encara el trabajo educativo y la futura inserción laboral de los internos son algunos de los objetivos declarados por Rubén Villaverde, el nuevo director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA).

—Los sucesivos cambios de nombre de los institutos encargados de internar a los menores en conflicto con la ley (primero fue el Interj, luego el Semeji y ahora el Sirpa) hasta ahora no han modificado sustancialmente los problemas existentes. ¿Qué características tendrá este nuevo proyecto? ¿Por qué tendríamos que pensar que no se trata sólo de un cambio de etiquetas?

—El Inau es una institución demasiado grande, y el sistema político consideró que había que generar otro pequeño directorio y una administración propia que se dedicara específicamente al tema menores infractores, con una gestión ágil. Al final de este período, el gobierno decidirá si este es un instituto con vida propia o va a quedar así como está, siendo una comisión delegada de funciones del Inau. El nombre Sirpa incluye el concepto de responsabilidad porque se busca que el individuo se responsabilice por la falta que cometió, más allá del debate teórico de la pertinencia o no de su rehabilitación.

Lo novedoso es que por primera vez en mucho tiempo contamos con fondos para infraestructura. No es un tema menor, porque la que tenemos es un desastre; los centros de Montevideo y los de la Colonia Berro fueron pensados para algo diferente. Recibimos cada poco tiempo cuestionamientos por eso, y lo que ahora proyectamos desde el punto de vista edilicio toma las recomendaciones de los organismos internacionales y lo que se está haciendo en Europa. Es verdad que tiene que ser un centro de privación de libertad, pero sobre todo vamos a privilegiar la seguridad en el perímetro externo, y adentro permitir más movimiento, más horas de trabajo con los gurises.

—Tanto Carlos Uriarte como el padre Mateo, apenas asumieron planificaban un trabajo distinto con los internos, tratarlos de otra forma, hacerlos tomar conciencia de sus

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obligaciones, vincular el trabajo y el estudio para darles herramientas para el afuera… Pero cuando se intentan bajar a tierra esas ideas aparecen las dificultades…

—A diferencia de otros procesos, nosotros contamos con fondos como para incorporar técnicos que nos permitan consolidar la propuesta y presupuesto para comenzar a transformar la infraestructura de una forma sustancial. Tal vez otros elencos al frente del área de infractores no tuvieron esas posibilidades en términos de dinero. Además en este directorio hay dos personas que provienen del mundo de la educación: el maestro director Robert Alonso y José María Mieres, docente que viene del mundo de la utu. Creo que son un activo institucional muy importante para concretar la propuesta.

—¿En qué va a consistir la propuesta socioeducativa del Sirpa?

—Estamos buscando reenganchar a los adolescentes infractores en el sistema de educación formal. Somos conscientes de que con eso solo no alcanza, nada nos garantiza que a la salida el chico retome sus estudios. Entonces el otro objetivo es lograr una preparación que le permita demostrar competencias laborales al salir de la institución. Se están explorando acuerdos con utu y el Inefop para incorporar talleres de trabajo muy intenso con los gurises que presenten una conducta adecuada. La inserción laboral supone también un llamado a las empresas que demuestren interés en incorporar a estos chicos. Estamos en diálogo con distintos actores públicos y privados. Ya tenemos resultados: hay cinco chicos que comenzaron a trabajar en la empresa Calpusa –que además incorporó a tres madres de infractores–, hay 17 adolescentes que están trabajando en Umisa, de los cuales 14 anduvieron muy bien. Los jóvenes que trabajan en la fábrica de guantes en Suárez también son un hecho real, y es una decisión tomada la de los 20 puestos de trabajo en ancap. Nos llamaron del departamento de recursos humanos de afe, interesados en jóvenes que cumplen con medidas socioeducativas (alternativas a la privación de libertad), la empresa Bimbo también tomó la decisión de acompañarnos, y con Hípica Rioplatense estamos desarrollando un programa de capacitación con salida laboral para 20 puestos de trabajo.

También es real el acompañamiento de los sindicatos de estas empresas y la ejecución de los programas de responsabilidad social empresarial. Estamos en conversaciones de ese tipo con Devoto, Géant y Disco.

Hay un estado del alma en la sociedad que no tuvieron las gestiones anteriores. Pero aparece entonces una dificultad: tenemos varias empresas interesadas en firmar convenios con nosotros y para ello debemos generar en paralelo y rápidamente la capacidad de preparar a los muchachos para atender a esa demanda. Podemos llegar a contar de acá a fin de año con 100 becas de salida laboral, sin embargo hoy no tenemos 100 gurises preparados para aceptar una oferta de esa naturaleza. Tenemos que fortalecer los equipos técnicos para que comiencen con un trabajo muy intenso, y ocuparnos de la conducta del individuo, su percepción del mundo del trabajo y las historias familiares.

—Usted dice que hay un espíritu más colaborador en el mundo empresarial y sindical para aportar una salida laboral a los jóvenes infractores. Pero ¿cómo se va a convencer a esos jóvenes de no salir a robar y ganar en un rato lo que percibirían en un mes de trabajo?

—A través de un trabajo combinado con el infractor y la familia. Si la familia no acompaña, el pronóstico es reservado. Y la institución va a llegar hasta donde pueda. La vinculación con el mundo del trabajo tiene mejores resultados que las 23 horas de encierro. Ese encierro deja contenta a mi vecina de 95 años, porque mientras ese menor está encerrado la gente está tranquila. Pero no hay dudas de que de ahí no sale un chico, sino un animal. Tenemos que lograr una propuesta de trabajo mucho más abierta, más inteligente, que busque despertar el interés de esos adolescentes. Que los psicólogos trabajen sobre la conducta concreta, que los chicos aprendan gestos que en general no traen desde la casa, saber que existen normas y aprenderlas paso a paso, y comprender que esas normas les generan garantías y obligaciones en la sociedad. Somos conscientes de que para eso tenemos un período de trabajo muy corto con ellos, y por eso precisamos que los técnicos acompañen la idea.

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—La sociedad en general no parece estar dispuesta a dar segundas oportunidades a estos jóvenes, más bien existe un ambiente social bastante hostil que pide más represión y penas más duras.

—Es precisamente esa hostilidad la que nos obliga a trabajar en este camino. En todo caso, esa presión la tomamos como un empujón. Tampoco vemos otra salida que la que proponemos: o nosotros ofrecemos la posibilidad de cambiar cabezas, conductas, trayectorias delictivas, o nos espera que esos chiquilines al cumplir los 18 años pasen a las grandes ligas del Comcar, Canelones o el penal de Libertad. Por lo tanto, por ese estado ciudadano de mucho fastidio, dolor, bronca, estamos obligados a tener el mayor éxito posible y disminuir la cantidad de reincidentes.

Por otro lado, muchas veces ese fastidio se transforma en confusión y se tiende a pensar que por culpa del Inau pasa todo lo que pasa.

—A la complejidad de la rehabilitación se suma el tema de los recursos humanos que deben impartir la tarea. Además de los funcionarios que padecen burn out, en las últimas semanas se conocieron varios casos de funcionarios infieles a la institución que ingresaban droga, que “batían” las requisas, o que intercambian con los internos algunos beneficios por favores sexuales. ¿Cómo están trabajando en ese sentido?

—Por más cuento que yo te haga sobre infraestructura, personal, educación, perímetros… hay que cambiar la cultura de organización para no fracasar. Me animo a decirte que es un objetivo más difícil de cambiar que la conducta de los muchachos. El personal tiene que interpretar las consignas de la institución y trabajarlas con el muchacho minuto a minuto, y no sólo cuando aparece el director. Si no transformamos la cultura sobre la que se asienta y se desempeña el personal, aunque cambiemos a todos los empleados, no habremos cambiado una dinámica que a lo sumo podrá asegurar que nadie se escape.

Tampoco hay que olvidar que estamos al frente de 750 funcionarios que están muy golpeados en su imagen institucional. Dentro de todo lo que tenemos que hacer, además tenemos que cambiar esa imagen; no todos son corruptos o inútiles que no van nunca a trabajar. No es así. Si fuera así los centros de privación de libertad no podrían funcionar. Hay mucha gente comprometida con la institución, no hay duda de que algunos se equivocan en los procedimientos y tienen a veces interpretaciones propias que no son las adecuadas. Tenemos un debe en materia de capacitación, que es muy importante para los funcionarios nuevos que van a entrar. No podemos seguir metiendo de a 500 personas a lo loco y al día siguiente darles las llaves de la reja. Nos vemos en la necesidad de tener una escuela propia de formación de personal, sobre todo con los encargados de la seguridad que aplican los protocolos, que son los que nos dan grandes dolores de cabeza. La confianza hace que bajes la guardia. Y acá no te podés equivocar: un error puede significar 13 fugas y un lío monumental que pone en riesgo todo un modelo de trabajo.

También necesitamos fortalecer los elencos de dirección, porque la persona que dirige un centro tiene que coordinar un proceso de transformación de los muchachos que están privados de libertad, y para eso tiene que motivar y liderar a todos los funcionarios que intervienen en la tarea. Está claro que si no transformamos la forma de trabajar lo único a lo que podemos aspirar es a tener centros nuevos, más cantidad de personal y que no se escape ninguno, pero todo lo demás depende de ese cambio.

—Cada vez que hay personal comprometido en algún acto de corrupción aparece Joselo López (presidente del Suinau) a decir que hay hacinamiento y que son malas las condiciones de trabajo. En general el gremio ha sido una piedra en el zapato para los antiguos directores, ¿cómo es la relación de esta nueva dirección con el sindicato?

—Yo asumí la conducción en medio de una de las tantas crisis, a mediados de diciembre, y la señal que he intentado dar desde entonces es que ante un caso de corrupción vamos a ser extremadamente firmes. Yo no convoco a conferencias de prensa para hacerme el famoso y eso empieza a ser bien recibido internamente. Está claro que si largás órdenes y decretos desde un escritorio te podés quedar contento con la cantidad de resoluciones que tomaste, pero no lográs ningún cambio en tus funcionarios. En eso está el éxito o el fracaso del sistema.

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“Una macana fenomenal”

—Hace dos años en La Tertulia de El Espectador usted realizó unas polémicas declaraciones sobre jóvenes infractores.* ¿Ha reconsiderado sus dichos? Porque resulta contradictorio que alguien que piensa lo que usted dijo esté a cargo justamente de un proyecto de rehabilitación de estos jóvenes.

—La verdad es que se mezclaron dos casos; se juntan dos triples asesinatos, uno a cargo de un menor (apodado el “Nico”, de 17 años) y el otro a cargo de un mayor que había matado a un taxista, y la discusión avanza hacia el segundo caso. Lo que pasa es que hay gente que saca sólo la parte que le conviene para dejarme pegado. Si bien es cierto que yo arranco la discusión de esa forma, sería bueno que todos los que me dan con un caño alegremente supieran cómo termina la charla. Es verdad que yo caí con mucho fastidio, porque el tema del asesinato de taxistas a mí me mueve algo interno por una cuestión personal, familiar. Es verdad que en ese entrevero yo dije lo que dije. Lo dije. Por supuesto que cuando me llamó (Javier) Salsamendi para ocupar la dirección del Sirpa, en abril de 2011, de lo primero que hablamos largo y tendido fue sobre este tema. Y Salsamendi continuó adelante con su idea, entre otras cosas porque él tiene muy claro que lo dicho en esa tertulia tenía el contexto que tenía. En esa tertulia estaba rodeado por Valenti, Mercader, Ramella, que te están matando a pelotazo limpio, y salís con lo que tenés: a veces le embocás y te felicitan, y a veces te mandás una macana fenomenal… y te la van a recordar por el resto de tu vida.

* Rubén Villaverde, en noviembre de 2010, hablando de un joven que había cometido su tercer asesinato: “La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de la misma; lisa y llanamente hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la perpetua, y en la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución. Pero el Nico no tiene recuperación, y la izquierda se merece un profundo debate sobre qué es lo que se hace con lo que no tiene recuperación”.

Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

7 septiembre, 2012

A los compañeros no se los delata

Distintas autoridades del sistema de privación de libertad de jóvenes han intentado modificar sin éxito los abusos, corrupción y violación de los derechos humanos. Nuevas denuncias han enfrentado otra vez a los denunciantes con el sindicato (SUINAU), donde consideran “buchones” y “traidores” a los que rompen el cerco de silencio.

Distintas autoridades del sistema de privación de libertad de jóvenes infractores han intentado modificar sin éxito la noria de abusos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos que suceden en la opacidad sórdida de los centros de detención. Nuevas denuncias han enfrentado otra vez a los denunciantes con el sindicato (suinau), donde consideran “buchones” y “traidores” a los que rompen el cerco de silencio.

El caso de Fabián Tomé fue denunciado directamente a la justicia en mayo de este año por un funcionario del centro de privación de libertad Cemec. Según el acta de conocimiento del expediente penal (número 156/2012), el adolescente denuncia que el funcionario José Albín, “a cambio de llevarle cigarrillos, bebidas gaseosas y objetos similares, le succionaba el pene (…) situación que además habría ocurrido con otros adolescentes internados en dicho hogar”. La indagatoria, que relevó el testimonio de 12 funcionarios y varios internos del hogar, además de interrogar a las autoridades del mismo, concluyó en el procesamiento con prisión del denunciado por “reiterados delitos de atentado violento al pudor”.

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El expediente abunda en relatos casi pornográficos que no sirve para nada contar, pero el caso es que Albín marchó preso. Pero entre la denuncia y el procesamiento hubo todo tipo de irregularidades dentro del centro de privación de libertad. Consta en varios testimonios del expediente que el director del “hogar” intentó disuadir al denunciante diciéndole que no le diera trascendencia a la situación o lo tendría que trasladar a otro centro. Se lo interrogó siendo menor, se le tomó el acta de denuncia en presencia del denunciado y, según asegura su madrastra, Jacqueline Grosso, luego “trajeron uno de afuera (del hogar) haciéndose el mandamás para abusar de él y maltratarlo. Me contó Fabián que si no se tira abajo de la cama lo mataban. Igual le cortaron la cara en señal de que era buchón, y con un cepillo de dientes le quisieron sacar el ojo. Eso es tortura física y psicológica. Francisco Ponce (director del centro en ese entonces) dice que, como preso, Fabián no tiene derechos, y está muy equivocado”. Según relataron a Brecha algunos de los denunciantes, “los gurises contaron que lo encerraron en una pieza y lo violaron. Se da cuenta a la dirección del hogar. Se pide que trasladen a Fabián, que dijo que lo habían amenazado, golpeado, cortado y violado. Pero nunca lo llevaron al forense”.

Tanto los funcionarios que testificaron como los padres de Fabián aseguran que luego de estas denuncias de violación y de golpizas aún no se ha llamado a nadie a declarar. Que no se toman los recaudos necesarios para proteger de posibles represalias a los jóvenes o funcionarios que denuncian abusos. Que los tienen amenazados y les prometen traslados. “A los gurises les dicen no te tires en contra mía porque terminás en el cer y mirá que ahí comés, ahí perdés…”

También aseguran los denunciantes que el abogado que puso el sindicato para defender a Albin les dijo antes de declarar que tuvieran cuidado con lo que iban a decir porque podían perder el trabajo. Que el director no tomó ninguna medida para proteger al joven y que “extrañamente” la misma noche que Albín y Ponce volvieron del juzgado “un chico que era de los más ‘beneficiados’ por el acusado, se fugó”.

Según dijo a Brecha el padre de Fabián, Héctor Tomé, el chico le dijo que había recibido golpizas del director y del coordinador general. “Se sabe que van a tomar al boliche y vuelven a trabajar alcoholizados. Cuentan los gurises que el coordinador le estaba pegando a Fabián y le gritaba ‘puto’, ‘alcahuete’, ‘hijo de puta’. ‘Hay que dejarle una marca en la cara por alcahuete’.”

A todo esto, entre los funcionarios que denunciaron la situación algunos ya han sido trasladados y el resto no cree que estén dadas las garantías para trabajar en ese centro.

LÓGICAS DEL ENCIERRO. Puede ser este caso u otro similar que haya sucedido en estas prisiones donde la violencia y la omertà están instaladas. Las lógicas que se desatan en el encierro condicionan cualquier proyecto o propuesta socioeducativa o de rehabilitación, y como se ha dicho muchas veces: en el tema de la privación de libertad de los menores infractores la mayor cantidad de problemas provienen del mundo adulto. Los distintos gerentes –Carlos Uriarte, el padre Mateo, Jorge Juroff, Rolando Arbezún, por nombrar sólo los de los períodos de gobierno frenteamplista– que han intentado modificar esa noria de abusos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, se fueron sin mayores resultados. Algunos se retiraron en modesto silencio, otros manifestaron abiertamente que la institución está enferma y alberga todo tipo de canalladas.

Si bien, como dijo a Brecha una fuente que estuvo hace un tiempo vinculada a la dirección del sistema, “hay un montón de gente que está asqueada y deseando que se termine de una vez toda esta porquería”, a la vez “a muchos les sirve que eso se mantenga así. Es una forma de vida, estos tipos viven de eso”.

Quizás amparados en que para casi todo el resto de la sociedad –con el sistema político incluido–, lo único que importa respecto a los jovenes infractores es que estén encerrados, es que se ha enquistado en los puestos de poder de los llamados “hogares” un grupo de funcionarios “casi todos golpeadores, con varias denuncias y sumarios, y muchos tienen antecedentes penales”.

Según dijo otra fuente, los problemas de gestión “que existen” no justifican muchas de las cosas que pasan: “hay complicidades en las fugas, hay núcleos mafiosos de protección y de silencio” donde abundan las mentiras, que pueden ser “por complicidad o por miedo”. “Hay un juego de deslealtades permanente y si no estás en la rosca te aíslan, te dejan solo y no resistís.” En esa dinámica de corporativismo casi mafioso se resiste a la existencia de protocolos de actuación, se

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privilegia la lógica del menor esfuerzo y se expulsa a los funcionarios que llegan al sistema con la idea de poner a los internos en el centro de las preocupaciones.

El gran paraguas que cobija a esta “rosca” es la discrecionalidad: no hay una presencia institucional en la regulación de las prácticas cotidianas del sistema, no hay protocolos de actuación, y el bajo nivel de formación de los funcionarios hace que muchas veces intenten solucionar las situaciones conflictivas con los jóvenes de la misma forma que lo harían en su vida doméstica. Entonces prima la manera de hacer de los funcionarios “experimentados”: “Los gurises ‘pesados’ son los que manejan los hogares. La dirección se junta con cuatro o cinco de ellos y les da todos los beneficios a cambio de que el hogar esté tranquilo. A esos líderes los sostienen desde la dirección, y cuando están disconformes es que aparecen los motines. En el Ituzaingó están ‘Los Calefones’, que ejercen el control interno. Si un gurí raya una pared, lo matan a palos, ni hablar de querer fugarse. Entre los mismos gurises lo traen, lo atan de patas y manos y lo violan”, dijo a Brecha una funcionaria que trabaja desde hace 20 años en la institución.

Sumado a eso “hay una interna sindical que se dedica a proteger a determinadas figuras”, coincidieron en señalar varios de los consultados.

Una trabajadora social de una ong que prefirió mantener su nombre en reserva dijo en diálogo con Brecha: “En el inau hay gente que labura muy bien, pero hay un núcleo duro de ‘brazos gordos’ que tienen la modalidad de la violencia impune. Todos sabemos lo que significa denunciar a esta gente y lo que genera. Luego, si no te quieren dejar entrar a los centros no entrás. Te hacen todas las chicanas posibles. A los padres también: les toman el pelo, los tienen 40 minutos bajo la lluvia, les hacen unas requisas espantosas. Y te enterás de las asambleas del suinau, donde acusan de traidores a los que denuncian, les dicen que son malos compañeros porque hablan con las ong. Amenazan a todo el mundo y al que no le gusta lo trasladan o le hacen la vida imposible. Están todos sumariados. Pero las autoridades no pueden con esta gente, no pueden con los ‘brazos gordos’”.

ASAMBLEA SIN GARANTÍAS. La presiones ejercidas desde dentro de Cemec a los funcionarios que denunciaron el caso de Fabián Tomé se retomaron desde el sindicato luego de que los hechos fueran revelados por el programa Santo y seña (Canal 4, el miércoles 15 de agosto). Muchos de los que declararon en el proceso penal fueron tildados de “buchones” y algunos recibieron amenazas de muerte. Aunque el propio presidente del suinau por la lista 10, Joselo López, declaró en el mencionado programa que no le constan las amenazas y que el sindicato les da a los denunciantes todas las garantías, en los hechos la realidad parece ser otra.

Según relataron a Brecha algunos funcionarios, hace unos días había en la página web del suinau una viñeta de Bart Simpson haciendo el gesto de silencio con una leyenda que decía: “A los compañeros no se los delata, se los protege. Sin cariño para la izquierda burguesa”.

Fuentes del sindicato aseguraron que “la mayoría de las direcciones de los hogares y de las coordinaciones generales del Sirpa son de la lista 10. Y así juegan a la mafia. Se protegen, se cuidan. Presionan: ‘si sacás a fulano de tal lado renunciamos todos los directores de los hogares’, y con el manejo que tienen de los gurises, te incendian cualquier hogar”. Algunos funcionarios consultados por este semanario aseguraron que “las autoridades saben todo pero no hacen nada. Hay gente que fue procesada por fugas y que hoy integra los equipos de dirección de los hogares… ¿cuál es el mensaje?”, se preguntan.

Quizás el pico más alto de tensión se dio en una asamblea de trabajadores del Sirpa el 23 de agosto, donde se elevó una moción desde la propia mesa de suspender los derechos sindicales a los trabajadores que denunciaron el caso, y fue aprobada por unanimidad. Los acusan de haber ido al programa de televisión y alegan que en el estatuto está prohibido denunciar en la prensa ningún aspecto que vaya en perjuicio del sindicato. Los acusan de “exponer al chiquilín” y de “dejar mal al sindicato”. Los acusados aseguran que el caso lo llevó a la televisión la propia familia Tomé.

Según una grabación de la asamblea a la que accedió Brecha, López reiteró que no le constaba que hubiera habido compañeros amenazados, que en el sindicato se daban todas las garantías y respaldo a las denuncias. Pero a la vez varios oradores les gritaban a los denunciantes –que estaban allí presentes– “cornudos, traidores, hijos de puta, cobardes, cagones”. Uno de los

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intervinientes, que aclaró “que cuando me caliento no razono”, aseguró que se estaba haciendo “una denuncia sin fundamento porque un compañero le alcanza galletitas o caramelos a un gurí. Si es así tendríamos que ir presos todos”. Vale aclarar que el funcionario denunciado, José Albín, terminó procesado con prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor, tras una investigación dirigida por el juez Gabriel Ohanian que probó meridianamente su responsabilidad. “Esto es un ataque a la lista 10 y a varios directores”, decía otro asambleísta. “Nosotros los tratamos como niños pero en realidad son delincuentes”, afirmaba otra, mencionando el tipo de jóvenes con los que trabajan. El propio López leyó en la asamblea –contraviniendo todos los protocolos profesionales– un informe psiquiátrico del joven que hizo la denuncia.

Pero no es la primera vez que desde el suinau se defiende a funcionarios comprometidos en graves delitos. Hubo en 2007, luego de que la directiva del sindicato –en defensa de tres funcionarios destituidos por diversos delitos– instalara como forma de protesta una carpa en la puerta del directorio del inau, un desmarque de 200 gremialistas que en una carta pública aclaraban: “No hablan en nuestro nombre los que detrás de posturas de supuesta defensa de los trabajadores olvidan decir que la enorme mayoría de los trabajadores del inau no queremos ser cómplices de prácticas abusivas y violatorias de los derechos de ningún niño, niña o adolescente”.

La idea de que el gremio estuviera defendiendo a funcionarios acusados de violar los derechos humanos resultaba increíble para muchos militantes, y se registraron varias desafiliaciones: “Los niños desaparecieron de los planteos gremiales. Nos preocupamos por los que los maltratan y montamos un circo, con carpa y todo, para defender a torturadores”, decían.

Según el testimonio de una gremialista en ese entonces, “denuncias de malos tratos siempre hubo y nunca se hizo nada. No teníamos dónde denunciar porque íbamos a la asamblea y allí estaban los compañeros a los que pretendíamos denunciar”.

Asimismo, en el sumario se señalaba que “el argumento central de la defensa –de los destituidos– se basa principalmente en la descalificación de los jóvenes denunciantes”. La lógica de desacreditar las versiones mediante la estigmatización fue también utilizada por el propio Joselo López cuando dijo a Brecha en marzo de ese año: “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero ellos son chicos como el ‘Cosita’ y el ‘Sapo’, que si bien no participaron estaban allí en ese momento”.

Con Ruben Villaverde

“Si hay que investigar, investigamos”

Ruben Villaverde, director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), sabe que está en un lugar incómodo y resbaladizo. Que hay que vivir apagando incendios, investigar denuncias cruzadas, gestionar un proyecto en la inercia viciada que se ha instalado, y pelear contra la burocracia estatal: “Tenemos 300 millones de pesos en el banco y no podemos construir nuevas instalaciones porque aún no está listo el trámite administrativo para iniciar la obra… Andá a explicarle a la gente que para echar a un tipo te pasás cinco o seis meses, o te pasás un año para aprobar una licitación”, dice, y asegura que preferiría estar hablando de “los 50 gurises que están laburando en convenios con distintas empresas y de que antes de fin de año vamos a tener 100”.

—Pero los hechos desgraciados suceden, hay varios casos de funcionarios que por distintas causas terminaron procesados o destituidos, hay denuncias cruzadas entre trabajadores, hay denuncias de amenazas y de presiones internas en los centros de privación de libertad. Ustedes mismos llevaron una denuncia el viernes pasado al juzgado del crimen organizado…

—Si hay que investigar investigamos. Es indudable que el sistema deteriora a la gente que trabaja en él. Laburar entre rejas es muy difícil. Nuestra pretensión es que el privado de libertad tenga al educador como un ejemplo y no que el educador se mimetice con el privado de libertad.

—Parece difícil ese objetivo en un clima como el que se denuncia que hay en muchos centros de privación de libertad, como el Cemec.

—Ese es un caso muy entreverado, que está en manos de la justicia. Nos enteramos de que había un problema cuando dos funcionarios fueron citados a declarar ante la justicia.

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—En el expediente penal hay varios funcionarios que declaran no tener confianza en los mecanismos internos de denuncia.

—Cuando llega un caso se investiga y se llega hasta donde se tenga que llegar. A veces es desesperante esperar los tiempos para destituir funcionarios que se desvían. Pasó en el caso de un funcionario en Ceprili que entraba drogas, pasó en el caso de una funcionaria que les avisaba a los internos cuando iba a haber una requisa. En ese último caso, dados los tiempos institucionales, después de cinco meses sigue trabajando ahí, porque aún no sale su destitución. El caso del Cemec es diferente, es muy complejo. La justicia ya determinó el procesamiento con prisión de un funcionario, pero el caso sigue, no está liquidado.

—Desde hace años hay una práctica que se reitera: la actitud del sindicato de defender a ultranza a los funcionarios denunciados, sin importar de qué estén acusados.

—El planteo del sindicato es que no defienden delincuentes, que no les marcan a las autoridades qué pueden hacer y qué no, son respetuosos, pero piden que se sea cuidadoso en respetar las reglas del debido proceso. Yo nunca recibí de parte del sindicato la más mínima falta de respeto, presión o patoteada. No recibimos presiones del sindicato para alterar la gestión. Lo que te puedo decir es que caso que llega, caso que investigamos.

—Ahora, en el Cemec, a los funcionarios que denunciaron los trasladaron o les propusieron trasladarlos. Ahí caben dos hipótesis: que ustedes perciben que no están seguros y los quieren proteger, o que los sacan porque hay presión de los demás funcionarios porque les molestan las denuncias.

—Nosotros tenemos que jugar de manera equidistante o estaríamos formando parte de una connivencia asquerosa.

—¿Pero es casualidad que casi todos los directores de los centros de privación de libertad pertenezcan a la misma lista del sindicato, la 10? ¿Cuál fue el criterio de elección de esos directores?

—Eso deberías preguntárselo a los anteriores administradores. Desde que estoy yo hubo unos 13 o 14 nombramientos en cargos de importancia, y de la lista 10 sólo hay uno. No se eligen por pertenecer a ninguna lista. Nunca le preguntamos al sindicato si le parecía bien o mal que nombráramos a tal o cual. Nunca fuimos a buscar a las huestes de la 10 para los nombramientos. Lo que te puedo decir es que si había una tendencia como la que me planteás en la pregunta, la misma no es la que se está llevando adelante. Y tampoco hubo una decisión de excluir a los de la 10, porque tampoco es el criterio. No entramos ni permitimos entrar en esa dinámica. No es el criterio. La gente que no confía en la institución manifiesta que todo el poder está en la 10, y los enfrentamientos que se han reactivado entre funcionarios son muy preocupantes. Porque esta forma de presentar los temas, de involucrar a las ong y a la televisión lo único que hace es llevarse puesta a la institución. Tras la buena intención, eligen un mecanismo que pone en riesgo la estabilidad de la institución.

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Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

14 septiembre, 2012

El ansiado encierro

Todo indica que ya se juntaron las firmas y que en las próximas elecciones deberemos decidir si mandamos o no a la cárcel a los menores de 18 que infrinjan la ley. ¿A quién le importan los adolescentes infractores?

A pesar de todos los argumentos técnicos y legales que se han manejado en cuanto a que la rebaja de la edad de imputabilidad es un espejismo que no garantizará ni una leve mejoría en los índices de inseguridad ciudadana (y mucho menos en los de rehabilitación de los jóvenes infractores), las razones políticas de la derecha, a caballo de lo que se ha dado en llamar “populismo penal punitivo”, han triunfado. Todo indica que ya se juntaron las firmas y que en las próximas elecciones deberemos decidir si mandamos o no a la cárcel a los menores de 18 que infrinjan la ley.

Otro de los argumentos fuertes para explicar ese “triunfo” es el miedo. El miedo real que deriva de una sociedad cada vez más violenta que se compara con su propio pasado (lógicamente idealizado) y se horroriza. El miedo fogoneado por la presencia machacona de la crónica roja que nos envuelve en una atmósfera tan pesadillesca como irreal y distorsionada. El miedo que un país envejecido tiene ante sus jóvenes, a quienes demoniza con cierta saña. El mismo miedo que podría causar una peste incontrolable y contagiosa, cuando no hay más remedio que aislar y sacrificar a los individuos infectados para salvar al resto “sano” de la población.

El planteo victorioso es de la derecha política. Pero el Frente Amplio, el gobierno y casi toda la izquierda recién comienzan a desperezarse ante la posibilidad cierta de que se pueda dejar caer todo el peso de la ley penal sobre los adolescentes, y planea el comienzo de una campaña en contra. Pero hasta ahora dormía una profunda siesta que le permitía esquivar el costo electoral que podría devenir de marcar la cancha en el sentido de sus históricos fundamentos en estos temas. Se han susurrado discrepancias, se han tartamudeado argumentos, pero se ha dejado el terreno libre para sembrar falacias de toda calaña. Y no se trata de un reclamo que venga de la nostalgia anacrónica, es pura desilusión ante el pragmatismo simplificador o la abrumadora falta de ideas alternativas.

La semana pasada Brecha dedicó su portada a analizar y denunciar ciertas lógicas que hacen de los centros de privación de libertad adolescente una verdadera calesita penal sin salida, donde difícilmente alguien pueda mejorar su vínculo con el resto de la sociedad luego de su estadía tras las rejas. “Cuando uno ve a dónde entran y cómo los tratan, se puede entender por qué no salen más del circuito de la delincuencia y el encierro”, decía a este semanario una trabajadora social especializada en el tema. Los infractores ingresan en “hogares” donde para sobrevivir deben aprender rápidamente códigos de sumisión ante la violencia instalada, ya sea simbólica o concreta, donde las propuestas socioeducativas brillan por su ausencia, donde los educadores –con escasa formación– se mimetizan con los internos y carecen de herramientas para administrar conflictos (“si me pegan yo pego”, decía un funcionario hace un par de años, explicando su actitud en el marco de un motín, haciendo gala de su absoluta falta de profesionalismo), donde se les refuerza la identidad de “pibes chorros” y son tratados de “pichis de mierda”, donde existen –igual que en las cárceles de adultos– por un lado los “bagayos” y los “perros” y por otro los “pesados·que comandan” que cuentan con privilegios; donde vale más la llave que la palabra, donde la discrecionalidad de los “brazos gordos” anula cualquier propósito de establecer protocolos de buenas prácticas (“un juez no me va a decir a mí lo que tengo que hacer”, se le escucha a alguno de los directores del actual sistema); donde por denunciar a un funcionario que terminó preso por varios delitos de atentado violento al pudor, un joven puede ser violado, golpeado y marcado en la cara con un corte que lo estigmatiza como alcahuete. En esos mismos “hogares” los funcionarios que intenten romper el

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silencio y denunciar los abusos sistemáticos de autoridad, las amenazas constantes, la arbitrariedad de las sanciones o directamente la tortutra psicológica y física, son aislados y expulsados.

Brecha denunciaba también el apoyo que reciben desde el sindicato esos funcionarios llamados “brazos gordos” que están enquistados en un sistema que ha cambiado varias veces de nombre pero casi nunca de perfil. Una defensa sindical cerrada al statu quo más primitivo de los lugares de encierro donde los no violentos son calificados de “cagones” o de “traidores”, donde la impunidad reina a sus anchas por las complicidades, las mentiras y el terror de las amenazas. Y ese corporativismo tienen mucho poder, tanto que el viernes pasado 55 directores y coordinadores de los “hogares” pusieron su cargo a disposición en protesta por el trasladado de Francisco Ponce, director del Cemec, centro donde sucedieron los hechos que fueron denunciados por la edición pasada de Brecha.

Es justo decir que desde que el Frente Amplio gobierna se han hecho esfuerzos por intentar modificar esa dinámica y erradicar o minimizar la violencia: se cambiaron gerentes y estrategias, se le dio más presupuesto, se tomaron nuevos funcionarios, se abrieron las puertas a las visitas de organismos de derechos humanos locales e internacionales… Pero a la luz de lo que se ha filtrado en las nuevas denuncias se puede concluir que se ha fracasado con todo éxito.

Luego de hacerse públicos los hechos –como sucede casi siempre en estos temas– sólo hubo silencio. Mutismo mediático y político. Nadie se alarmó por la barbarie que se describía: o todos han naturalizado esas prácticas abusivas o sencillamente se prefiere mirar para el costado y seguir comprando candados. No paga defender a los “planchas” que nos tienen aterrorizados con su falta de códigos de convivencia. Lo que le suceda a esa “carne entre rejas” no parece importarle a casi nadie, o lo que es peor, se piensa que cualquier castigo es poco y lo tienen merecido. Y no se trata de hacerlos pasar por ángeles, sólo habría que dejar de considerarlos escoria para que pudieran asumir sus responsabilidades y darles en el proceso de detención herramientas para escapar del circuito delincuencial en que cayeron. Con algunos no será posible –eso se sabe–, pero valdría la pena poner más firmeza en el intento para salvar al resto. Sería más sano para todos, ya que esos mismos jóvenes cumplen penas relativamente cortas y en meses vuelven a la comunidad llenos de odio.

Pero quizás la única pretensión de la sociedad en su conjunto, de buena parte del sistema político y de una porción relevante de los funcionarios afectados al actual Sirpa, sea la de tenerlos lo más encerrados y aislados posible hasta que cumplan la pena impuesta por la justicia, y si se puede, más. Habría que castigarlos hasta que se convenzan de que están solos entre sus pares y de que el resto los desprecia. Convencerlos de que no tienen futuro ni derechos.

La intención que hay detrás del próximo referéndum sube la apuesta en esta vorágine punitiva. Propone más encierro en centros de privación de libertad viciados que no se dejan gestionar ni cambiar porque están corrompidos. Votar a favor suena bastante irresponsable, sobre todo pensando en la convivencia de mañana.

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Brecha 2015

Leticia Pérez

Periodista

10 enero, 2013

¿Educadores o guardacárceles?

Para el último concurso realizado por el Sirpa se bajaron los requerimientos mínimos de formación, se otorgó un peso decisivo a la entrevista personal en la selección. En los legajos

de los miembros del tribunal que define los ingresos constan varios sumarios.

SIRPA - ALEJANDRO ARIGON - ARCHIVO

Mientras buena parte de la sociedad apuesta a encerrar a más adolescentes, los criterios de selección del personal que debería contribuir a su rehabilitación generan interrogantes. Para el último concurso realizado por el Sirpa se bajaron los requerimientos mínimos de formación, se otorgó un peso decisivo a la entrevista personal en la selección. En los legajos de los miembros del tribunal que define los ingresos constan varios sumarios.

En el concurso que este diciembre incorporó a 300 funcionarios con la categoría de “oficial V” al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), alcanzaba con acreditar educación primaria completa para postularse. Las contrataciones, de carácter eventual, corresponden al escalafón E de oficios. Éste comprende tareas en las que predomina el esfuerzo físico y/o la actividad manual. Pero si se revisan las bases del llamado, el perfil del cargo define un amplio rango de competencias, algunas vinculadas a la seguridad y una mayoría estrechamente relacionadas con un mandato educativo.

En este sentido queda a cargo del funcionario: “estimular el aprendizaje de normas de convivencia, educación y trabajo”, “favorecer un adecuado relacionamiento social desde una perspectiva de resolución no violenta de los conflictos”, “estimular la reflexión sobre la responsabilidad del hecho infraccional” y “colaborar en la realización de actividades educativas, recreativas, sociales y culturales”. En la evaluación se puntúan grados mayores de educación formal, así como la formación específica. Pero para competir alcanza haber terminado la escuela.

Las funciones que en la órbita del Sirpa cubre un “oficial”, anteriormente eran cumplidas por un “instructor” o “educador”, cuya diferencia estriba en si su contratación es eventual o permanente. Ambos cargos pertenecen al escalafón D especializado. Éste comprende tareas en las que predomina la labor intelectual y cuyo desempeño requiere conocer técnicas impartidas por centros de formación de nivel medio o en los primeros años de cursos universitarios. La clasificación

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concuerda con las actividades detalladas en la descripción del cargo, pero no se refleja dentro de las “especificaciones” para el ítem “Conocimientos”.

La histórica escasez de aspirantes a cumplir funciones en centros de privación de libertad ha frustrado varios intentos por elevar el nivel requerido para ingresar a éstos. Pasó en 2011 cuando se pidió Ciclo Básico terminado y no se llegaron a cubrir los cargos.

CUANDO LOS LIBROS NO SIRVEN. Varios profesionales consultados coinciden en que en contextos de privación de libertad es muy difícil gestionar el mandato educativo que la función exige desde la definición de los cargos, tanto para el caso del educador social como para el instructor/educador. Ambos dependen de la dirección del centro, y en la práctica ejecutan un mismo rol. “Todos hacen más o menos lo mismo y se es lo más parecido a un carcelero. Y la realidad es que cuando tenés 30 chiquilines y de tres funcionarios uno es educador social tampoco podés despegarte demasiado”, indicó un ex funcionario.

Los matices dependen del tipo de centro –cerrado, abierto o de mediana seguridad– y de la impronta personal que cada uno traiga. Porque en ninguno de los “hogares” existe un proyecto que encuadre las tareas que se proponen a los adolescentes, más allá de que se trabaje con proyectos externos. “Por ahí te veías durante meses cortando pasto con azadas. Si vos mandás a un gurí a hacer un cantero al rayo del sol, después de haber comido, y encima lo mirás tomando agua fría desde la sombra (porque a vos te pagan por eso), seguramente te va a odiar. Durante los años que trabajé, si a los gurises los mandaban a plantar tomates, todos plantábamos tomates. Ahí ya estás en otra postura”, explicó el educador.

En sus años de trabajo nunca tuvo una fuga, lo que según él responde a “otra actitud” en el vínculo con los jóvenes, de la que se obtienen respuestas positivas. Desde el simple hecho de despertarlos cálidamente en la mañana, hasta satisfacerles las necesidades básicas de alimentación, salud e higiene. “Una vuelta me pasó de tener que acompañar a un chiquilín a un centro asistencial. Estuve todo el día en el hospital hasta que a las ocho de la noche me fue a relevar un compañero. A los cinco minutos el gurí se había fugado. Al tiempo me enteré: antes de irme le pedí al funcionario que controlara la solicitud de una bandeja de comida, porque el gurí había pasado todo el día sin comer.

El chiquilín le insistió y la respuesta fue ‘Manejate’, lo puteó… Esa actitud –no tenías que hacer nada más que conseguirle comida– al gurí le valió una fuga. Ya era mayor de edad, cayó preso en el Comcar… mirá lo que pudiste haber evitado con una boludez.”

Para el ex funcionario la cultura institucional diluye al adolescente en la sentencia que lo ha transformado en delincuente. “Vos venís con la cabeza de poner un escritorio con sillas y otro atrás te va a decir que saques el lápiz porque si el gurí se calienta te lo revienta en la cabeza. Desde ahí es complicado pensar una apertura, porque eso implica libertades para que el gurí consiga algo con que el día de mañana te lastime. En ese plan la gente va quedando loca; pasás esas 24 horas pensado que el gurí agarró algo para lastimarte y el gurí va estar 24 horas pensando en cómo lastimarte porque sos vos el que le dice no podés, no te dejo, te doy esto si hacés esto, no te abro porque me molestaste o porque estoy comiendo.”

DE SIGMUND FREUD A BRUCE LEE. Durante la gerencia de Carlos Uriarte, entre 2005 y 2008, por primera vez se exigió bachillerato completo para acceder al escalafón D. Fue en este período cuando se hizo el único llamado a educadores sociales para trabajar en el Semeji (organismo que absorbe el actual Sirpa).

Los centros de privación de libertad de adolescentes y los programas de medidas no privativas son dos de los ámbitos de desempeño de estos profesionales, según indica el plan de estudios 2011 de la carrera. Sin embargo, actualmente sólo nueve trabajan en estos contextos. El planteo desde la Asociación de Educadores Sociales de Uruguay (adesu) es que existe un “vacío legal” a nivel del mec para definir con precisión el nivel profesional de los cargos, y esto se traduce, para el caso concreto de las bases referidas en esta nota, en la inadecuación del perfil respecto a la preparación exigida. Por otro lado, la amplitud de competencias requeridas plantea la discusión acerca de si las personas que se ocupan de la seguridad deberían ser las mismas que se ocupan de tareas educativas.

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La necesidad de “poner el cuerpo” a través del empleo de la fuerza física justificaría la valoración que las bases del último concurso hacen del conocimiento acreditado en artes marciales y defensa personal. También explicaría la reserva del 60 por ciento de los cupos para hombres, con el argumento de que “en el enfrentamiento con los menores las mujeres quedan maltrechas”.*

En cambio, desde el punto de vista de los educadores sociales, el uso de la fuerza no cabe en el repertorio de respuestas que utiliza un educador. “Poner el cuerpo tiene que ver con entablar una relación educativa, respetar los tiempos del otro, y desde ahí despertar algún tipo de interés de aprender algo”, define uno de ellos.

Para los profesionales hay un divorcio “entre lo que se pretende y lo que realmente es”. En la mayoría de los centros predomina una lógica de custodia que pone palos en las ruedas de quienes intentan ir por otro carril. “El asunto es que el propio inau no genera instancias que promuevan eso, a nivel de modificación de estructuras, y de visión (…); hay gente que intenta hacer esto pero sin recursos, y con el boicot declarado de otros funcionarios que entienden que su trabajo es otro”, indicó otro ex trabajador consultado.

Según fuentes que prefirieron mantener su identidad en reserva, el ingreso de educadores sociales a los centros de privación durante la gerencia de Uriarte generó cierta rispidez en el resto de los educadores. Los reclamos venían por el lado de la alteración del orden y las diferencias en el régimen de horarios (un educador hace turnos de 12 horas y los de un educador social son de cuatro). “Llegaban con galletitas, tabaco, y los sacaban al patio, y después eran los otros los que tenían problemas con los chiquilines porque no querían entrar”, manifestó un funcionario.

Aunque de los de la “camada Uriarte” quedan muy pocos, algunos estudiantes se han incorporado al sistema como instructores. Pero la realidad marca que el librito bajo el brazo no sirve y que ni las condiciones laborales ni los sueldos lograr retener a los mejor formados. Cuando se reciben, encuentran mejores posibilidades de trabajo y pronto se marchan.

* Declaraciones de Joselo López, presidente del suinau, a Últimas Noticias (25-VII-11) justificando la necesidad de reducir las contrataciones femeninas: “En este trabajo es necesario utilizar la destreza y la fuerza con los adolescentes, y hay compañeras que salen lastimadas, maltrechas de este tipo de situaciones que se dan cotidianamente, y nosotros creemos que hay que cambiar la relación. Muchos funcionarios dejan de trabajar en la institución porque no aguantan la presión”.

Quedó afuera

Silvia Fraigola trabaja desde 1989 como profesora de idioma español. Tiene experiencia de trabajo en cárceles y desde 2004 participa del programa Áreas Pedagógicas, un proyecto que busca reinsertar jóvenes en la educación formal a partir de un convenio entre el ces y el inau. No se presentó al llamado por falta de posibilidades, le gusta el tipo de trabajo y se siente capacitada para hacerlo. “Tengo mucho para dar y además creo en esos proyectos, pero no me dieron la oportunidad.” Fraigola obtuvo 18 puntos en la evaluación de méritos pero quedó eliminada en la entrevista. Cuando recurrió al tribunal para conocer el o los motivos, le explicaron que su respuesta ante una de las situaciones planteadas había sido incorrecta: “Vas para la reja con una compañera, ella entra y vos te quedás del otro lado con las llaves. Las chiquilinas la toman de rehén, le ponen una punta en el cuello y te piden que abras, ¿qué hacés? ¿Abrís?”. Fraigola contestó que no. Conocía el procedimiento por su experiencia de trabajo en la cárcel de mujeres: no abrir y pedir ayuda. “Les dije eso como cinco veces, pero me insistían, que a mi compañera la estaban cortando, que podía haber sangre. Yo seguía sosteniendo que no abría, pero me decían que le estaban pinchando los senos, la barriga. Hasta que en un momento me dijeron que mi situación era la misma, y entendí que no había refuerzos. Al final contesté que si no venía nadie, abría la reja.”

La respuesta correcta era no abrir nunca y esperar a que llegaran los refuerzos. Cuando terminó la entrevista supuso que no la llamarían, no sólo por el error, sino porque habían hecho “especial hincapié” en por qué quería trabajar allí. También preguntaron si no se consideraba sobrecalificada para el cargo. Fraigola cree que especularon con su formación. “Personas tan preparadas como tú, entran y renuncian”, le dijeron. Quedó afuera

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Silvia Fraigola trabaja desde 1989 como profesora de idioma español. Tiene experiencia de trabajo en cárceles y desde 2004 participa del programa Áreas Pedagógicas, un proyecto que busca reinsertar jóvenes en la educación formal a partir de un convenio entre el ces y el inau. No se presentó al llamado por falta de posibilidades, le gusta el tipo de trabajo y se siente capacitada para hacerlo. “Tengo mucho para dar y además creo en esos proyectos, pero no me dieron la oportunidad.” Fraigola obtuvo 18 puntos en la evaluación de méritos pero quedó eliminada en la entrevista. Cuando recurrió al tribunal para conocer el o los motivos, le explicaron que su respuesta ante una de las situaciones planteadas había sido incorrecta: “Vas para la reja con una compañera, ella entra y vos te quedás del otro lado con las llaves. Las chiquilinas la toman de rehén, le ponen una punta en el cuello y te piden que abras, ¿qué hacés? ¿Abrís?”. Fraigola contestó que no. Conocía el procedimiento por su experiencia de trabajo en la cárcel de mujeres: no abrir y pedir ayuda. “Les dije eso como cinco veces, pero me insistían, que a mi compañera la estaban cortando, que podía haber sangre. Yo seguía sosteniendo que no abría, pero me decían que le estaban pinchando los senos, la barriga. Hasta que en un momento me dijeron que mi situación era la misma, y entendí que no había refuerzos. Al final contesté que si no venía nadie, abría la reja.”

La respuesta correcta era no abrir nunca y esperar a que llegaran los refuerzos. Cuando terminó la entrevista supuso que no la llamarían, no sólo por el error, sino porque habían hecho “especial hincapié” en por qué quería trabajar allí. También preguntaron si no se consideraba sobrecalificada para el cargo. Fraigola cree que especularon con su formación. “Personas tan preparadas como tú, entran y renuncian”, le dijeron.

Brecha 2015

Leticia Pérez

Periodista

10 octubre, 2013

Brazos gordos, vista gorda

La alevosía detectada en un nuevo caso de torturas en la Colonia Berro coincidió con la recorrida que el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (omct), Eric

Sottas, hizo la semana pasada. Sotas dijo que el problema es serio y espera una actitud mucho más proactiva por parte de jueces y autoridades.

Col Berro - Comité derechos del niño MAURICIO VÁZQUEZ

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Aparentemente se olvidaron de que el adolescente debía presentarse en el juzgado por una audiencia en la que su defensa pediría una medida alternativa a la privación de libertad. Y se les fue la mano. Hacía quince días que no lo dejaban recibir visitas. Tenía un ojo hinchado y una sutura en la ceja. Declaró que fue golpeado por un funcionario, también en las costillas; y que luego lo llevaron al hospital de Pando y lo presionaron para que dijera que se había peleado con un compañero. Cuando el adolescente llegó al Ser, sancionado en otro centro por una pelea, lo desnudaron y le pegaron en todo el cuerpo.

La jueza otorgó al joven la sustitución de la medida, pero no consta en el expediente que los malos tratos denunciados se comunicasen a la justicia penal. Fue Ielsur que alertó sobre la situación a las autoridades del inau, y el directorio pasó la información al juzgado de Pando. La denuncia se adjuntó a una investigación en marcha desde julio, cuando la inddhh elevó un informe a cuatro jueces de menores en el que se constata una situación comprobada de violencia hacia adolescentes del Ser.

El caso alimenta una ola de denuncias por tortura y malos tratos en el paradójico hogar. Tras una inspección que la inddhh hizo al centro el 14 de mayo, un grupo de familiares denunció que los adolescentes recibieron una paliza, aparentemente en represalia por la información que brindaron. Al poco tiempo surgieron más denuncias; relatos de golpizas, encierros prolongados, aplicación de sanciones injustificadas y prohibición de establecer contactos con los familiares. “Se los desnuda y se los hace caminar por los corredores… se los obliga a ducharse con agua fría en la madrugada”, dijeron a Brecha fuentes vinculadas a las víctimas, que además declararon que los servicios médicos omiten constatar las lesiones y que los jóvenes no son llevados a la enfermería cuando lo solicitan.

El punto es que desde que se conocen los hechos, ni por la vía administrativa ni por la penal se tomaron las precauciones correspondientes para garantizar la transparencia de la indagatoria. Y esto fue señalado por la delegación del Comité Nacional de Derechos del Niño y la omct, en el marco de su visita a los centros de detención de adolescentes. “Ante esta información el juez debe actuar de manera directa. Normalmente le corresponde apartar inmediatamente al funcionario de su cargo, porque es una de las reglas internacionales de proceso cuando hay denuncia de malos tratos. Se toma la medida para evitar que presione a los testigos o que amenace a la víctima para que retire la denuncia”, señaló Eric Sottas.

En el ámbito administrativo, y a pesar de un incipiente sumario “de carácter urgente”, la Comisión Directiva del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) comunicaba semanas atrás que había situaciones “poco claras en el proceso”, así como la fuerte impresión de que el problema tenía que ver con históricas disputas entre funcionarios, ratificaba su confianza en el equipo de dirección del Ser y cuestionaba lo que calificó de presunto boicot justo en el momento en que los cambios positivos empezaban a rodar. “Desde que está la actual dirección hay aumento de participación de los adolescentes en primaria y secundaria y se eliminaron los baldes (donde los jóvenes hacían sus necesidades dentro de la celda). ¿Y de repente hay una campaña en su contra? (…) Ellos (los directores) juran por todos los santos que las denuncias no son ciertas. Cuando visito personalmente el centro me encierro con los chiquilines y ninguno me ha manifestado nunca nada, ni siquiera con un gesto”, había afirmado el director Ruben Villaverde a este semanario.1

Pero esta última afirmación no coincide con los relatos obtenidos la semana pasada por la delegación que recorrió los centros. Tampoco con los testimonios de algunos profesionales, quienes plantean que el nivel de amedrentamiento por parte de un grupo de “brazos gordos” es tal que ahoga la más mínima disidencia respecto de algunas prácticas, e incluso archiva los escasos relatos que se formalizan ante la jerarquía. Desde el viernes pasado el funcionario señalado está separado del cargo. Y con seguridad la emergencia del caso que aquí se relata cayó en un momento propicio. La presencia del secretario general de la omct hizo imposible seguir haciendo la vista gorda.

Sottas afirmó que hay más casos y que el Ser no es el único centro en donde suceden abusos. “El problema es muy serio, y espero una actitud mucho más proactiva de las esferas de la institución. Los chicos no pueden denunciar por la situación en la que están; si lo hacen saben que son los

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primeros que van a pagar los platos rotos; no hablan, si no hablan no hay elementos para entrar. Por eso yo creo que cuando se presenta un caso hay que hacer la investigación a fondo; suspender a ese funcionario; hablar con los chicos que fueron abusados para aclarar si hay otros casos, y si ellos mencionan algunos, protegerlos, para que puedan hablar también. Yo no creo que sea todo el personal, pero creo que hay un grupo que hace que los demás funcionarios, como los niños, no digan nada por temor de que eso les pueda costar el trabajo o una paliza.”

1. Véase Brecha 20-IX-13.

Con Eric Sottas, secretario de la OMCT

“Lo que le están haciendo, no las ideas”

—Usted ha manifestado que Uruguay es uno de los países más cooperativos a nivel internacional a la hora de debatir y defender los derechos de niños y adolescentes, ¿se puede decir que hay un divorcio entre el discurso y la acción?

—Hay cierta lentitud. En la primera misión que hice aquí había una cantidad de situaciones mucho más graves que ahora. Una era la aplicación del antiguo código penal del menor bajo el cual el juez no sancionaba con una pena clara, dependía de la actitud del menor durante el tiempo que estaba en la cárcel. El chico entraba sin saber cuándo iba a salir y no había medidas alternativas. Dijimos que si no se cambiaban las leyes estábamos en un gran problema, y el gobierno las cambió rápidamente. Otro tema era la infraestructura. Se discutió con el gobierno, se nos anunció que se iban a hacer cosas… Aunque me gustaría que los cambios fueran mucho más rápido, los hemos visto, el esfuerzo ha sido certero. Pero al mismo tiempo viene esa ley que hace que se incremente de manera loca el número de detenidos, y eso ya no se ajusta. Hemos visto también que algunos profesionales se van, para ellos no es forzosamente el lugar más interesante para trabajar, y si encima ven que no pueden hacer bien su trabajo es entendible que se cansen.

—¿Tiene que ver con una política que es poco clara? Uno va pensando en la reinserción del joven y se da cuenta de que no puede…

—No hay lineamientos claros en materia de rehabilitación. Vemos dos conceptos completamente distintos, diría que físicamente enfrentados, en los hogares Ser e Ituzaingó de la Colonia Berro. En Ituzaingó vemos una apertura que va a más. Según lo que nos dijeron, logran recibir a más de 80 adolescentes en un espacio en principio creado para la tercera parte. Pero como los internos no permanecen en la habitación durante el día la situación no es tan grave. Es cierto que en el Ser están los más rebeldes. En Ituzaingó también hay chicos que cometieron delitos graves, pero el concepto es responsabilizarlos, integrarlos en un programa para que rehagan su vida. Y esto se asocia en concreto con que se mantiene la casa, se la amplía, se crían animales, se hacen talleres, los jóvenes están ocupados todo el tiempo y mientras tanto se vigilan uno al otro. En el Ser a nadie se le da la mínima confianza. Hace un año uno entraba ahí y se preguntaba ¿pero quién está aquí? Parecía Guantánamo… había una obsesión extrema por la seguridad, y los mismos directores decían que los jóvenes tenían que darse cuenta de la gravedad de lo que habían hecho.

—¿Como si esa fuera la manera de generar conciencia?

—El chico tiene que entender que lo que hizo fue grave, pero si queremos que se reintegre a la sociedad no lo podemos considerar solamente una amenaza. Creo que el problema es que no hay todavía una línea que establezca que el propósito es la reinserción. Sabemos que algunos no lo van a lograr, pero hay que preparar el egreso.

—El enfrentamiento también se percibe en los jóvenes. Algunos manifiestan que no quieren ir al Ituzaingó porque sos “papeleta” o “calefón”, pero no sienten ese rechazo por el hogar Cimarrones, por ejemplo…

—Es que los chicos que están en infracción con la ley integran esa cultura de los delincuentes en la que no se pacta con la institución. Para ellos aceptar entrar en un sistema donde en cierto modo tienen que demostrar lealtad a la institución implica ser traidores. Para los que están en Ituzaingó ir a otro centro es casi como un castigo. Se dejan las puertas abiertas, pero los chicos saben que no van a huir porque si lo hacen crean un problema, afectan el proyecto, y entre ellos mismos controlan eso.

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—No estoy segura de que el rechazo tenga que ver simplemente con negarse a pactar con una institución en la que sí existe un proyecto…

—Es cierto, no voy a decir que el modelo es exactamente Ituzaingó. Digo que allí se trata de trabajar con una propuesta muy distinta de la otra, en la que el primer deber es “evitar las fugas porque nuestros chicos son peligrosos”. Me parece que las direcciones de los centros interpretan esto cada una a su manera y creo que eso también está alimentando esa confrontación.

—El hogar Ser ha estado en el centro de atención por las condiciones críticas en que mantiene recluidos a los menores, ¿se ven mejoras?

—Sí. Llamaba la atención el problema de las bolsas para ir al baño y también la impresión de una represión obsesiva. La seguridad sigue siendo importante, pero no hay la misma actitud. Ahora algunos jóvenes salen a la escuelita. Eso antes era impensable. Tenía que haber dos guardias por cada chico que salía.

—Lamentablemente las mejoras en el centro coinciden con una gran cantidad de denuncias por malos tratos de algunos funcionarios hacia los internos.

—Un problema que desde el principio nos ha preocupado es que entre el personal hay unas ovejas negras, y por razones más bien de índole política hay cierta falta de determinación para arreglar esta cuestión. La manera de prevenir los abusos es sancionar de manera muy clara y precisa a esos perpetradores. En los diez años que he seguido el tema eso no ha pasado, no hubo una política realmente proactiva de saneamiento. Estoy convencido de que esos funcionarios son minoría, pero no se identificaron y no se ve un seguimiento serio de los casos que se denuncian, ni a nivel administrativo ni penal.

—Haciendo una pronta evaluación de la visita, ¿qué aspectos destaca?

—La diferencia tremenda que existe de un centro a otro, algo que demuestra que no hay una línea coherente. Una tendencia a mejorar bastante las condiciones, la parte del Cemec hace un año era terrible, y hubo mejoras, pero lo último que hemos visto está en una situación tremenda (se refiere al cit, donde hay metidos ocho adolescentes en celdas con capacidad para dos). La tendencia a poner énfasis en la seguridad va creciendo como si los chicos fueran más peligrosos hoy que antes, y es al revés: por la modificación de las leyes encierran a chicos que no pertenecen a grupos organizados sino que han robado solamente. Están poniendo mucho énfasis en la infraestructura y es necesario, pero repito que hay que repensar sobre quienes están vigilando a los chicos; hay una formación de psicólogos, de sociólogos, pero los que están en contacto directo son los guardias, y si ahí no se hace una detección muy rigurosa de los que perpetran malos tratos todo el esfuerzo está afectado. El chico lo que vive es eso, lo que le están haciendo y no las ideas.

Brecha 2015

Leticia Pérez

Periodista

22 febrero, 2013

El hervidero

“Nosotros precisamos funcionarios que permanezcan en los centros”, afirmaban las autoridades del Sirpa para justificar las innovaciones introducidas en el polémico concurso de diciembre. A dos meses de haber ingresado mediante aquel llamado, la esposa del presidente del sindicato ya obtuvo su traslado.

“No, ella no está más acá. Está en Flores”, dijo la voz al otro lado del teléfono. La respuesta desde el centro Cimarrones, de reclusión de menores en conflicto con la ley, fue la primera confirmación. La denuncia recibida por este semanario afirmaba que una de las funcionarias que habían ingresado a esa institución mediante el concurso de diciembre pasado había sido trasladada a una dependencia de inau antes de cumplir dos meses de trabajo. La fuente enfatizaba que la relación

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conyugal entre la implicada y Joselo López, presidente del sindicato de trabajadores del inau, había aceitado el traslado. A primera vista la situación presentaba varias irregularidades. Por un lado, el artículo 71 del estatuto del funcionario del inau establece que sólo se puede pedir un traslado habiendo permanecido al menos seis meses en el cargo.

Por otro lado, el concurso por el que María Quinteros obtuvo el cargo era para cumplir funciones en Montevideo y Canelones, mientras que su traslado fue al departamento de Flores. Según diversas fuentes, Quinteros está radicada en Trinidad y nunca vivió en la capital, por lo que la dirección proporcionada para concursar no habría indicado su verdadera residencia. Ahora bien, Brecha no pudo constatar irregularidades en la obtención del cargo.

Otro punto es que el traslado no fue hacia una dependencia del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), para el que había concursado, sino al hogar de amparo Piriguazú, que no trabaja con adolescentes en conflicto con la ley. Existen, por su parte, diferencias en los perfiles que ambos cargos requieren. El llamado original era para “oficial”, mientras que en Flores pasó a desempeñar tareas de “educador”. Para ocupar el segundo cargo se necesita haber superado un test psicolaboral que no fue realizado a quienes participaron en el concurso de diciembre. Según supo Brecha, el traslado fue firmado por el director del Sirpa, Ruben Villaverde, y la directora general del inau, Carmen Melo. Consultada sobre las irregularidades, Melo afirmó que éstas no existen. Según dijo, lo que ocurrió en ese caso fue “una permuta”. Una funcionaria de un hogar del inau de Maldonado había pedido su ingreso al Sirpa y desde esta dirección se comunicó la voluntad de una funcionaria, la susodicha Quinteros, de abandonarlo. Así habría funcionado el enroque, según cuenta Melo, que incluiría a su vez a un tercer funcionario de Lavalleja que habría pasado a cumplir funciones en Maldonado.

Todos los consultados para esta nota no dudaron en afirmar que tal procedimiento es común entre las dos instituciones. “Tenemos una especie de cuenta corriente con el inau”, afirmó Villaverde. Y explicó a continuación que los traslados entre estas instituciones son un mero proceso administrativo: “Si no hay objeciones y hay una valoración positiva del director del centro o de la institución implicada, lo que hago es terminar firmándolo”.

Los traslados de funcionarios están a cargo de la Comisión Delegada, integrada por Robert Alonso, José María Mieres y el ya mencionado Villaverde. Consultados por Brecha, los dos primeros afirmaron no tener conocimiento del caso. Villaverde, por su parte, argumentó no recordarlo a pesar de que es su firma la que está estampada al final del acta que habilitó el traslado. Uno de los argumentos que se manejan para justificar los bajos requerimientos mínimos exigidos para trabajar en la atención cotidiana de adolescentes en conflicto con la ley penal es que aquellos funcionarios que ingresan con mayores niveles de educación formal “no aguantan” el trabajo, ni bien pueden piden un traslado o simplemente renuncian cuando encuentran oportunidades laborales más atractivas y mejor pagas. “Nosotros precisamos funcionarios que permanezcan en los centros”, afirmó meses atrás Robert Alonso, por el directorio del Sirpa, en referencia a la permanente solicitud de traslados por parte de los trabajadores de los centros de privación de libertad. La falta de funcionarios en la institución es un problema casi permanente, motivo por el cual los requisitos del mencionado llamado fueron rebajados. Así se habría logrado un aumento considerable del número de funcionarios por adolescente internado: uno y medio por cada muchacho, según confirmaron las autoridades.

Ahora bien, parece que la capacidad para sostener el trabajo con estos adolescentes, o la voluntad de hacerlo, no depende tan directamente de cuán alto sea el nivel de formación de los trabajadores, al menos en el sentido señalado por Alonso. Tanto Melo como Villaverde y hasta López reconocieron que la movilidad de funcionarios dentro del organismo es alta y que por semana se reciben decenas de pedidos de traslado. De ser así, uno de los argumentos que se manejan para justificar los bajos requerimientos exigidos para trabajar en la atención cotidiana de adolescentes en conflicto con la ley pierde fuerza.

Volviendo al caso, al insistírsele a Villaverde sobre el corto período que la funcionaria desempeñó funciones dentro del Sirpa y cómo, teniendo en cuenta lo antedicho, esto no fue impedimento para

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su traslado, el director afirmó que en la Comisión Delegada manejan entre 40 y 70 pedidos de traslado por semana. Sin embargo, según afirmó López, no había ningún pedido pendiente de traslado de la capital al Interior previo al pedido de su mujer.

La noticia ya había circulado en la interna del sindicato. López no tardó en contestar a las acusaciones en una carta publicada en Facebook, en la que reconoce que desde el sindicato “se hacen cientos de gestiones con las autoridades para agilizar traslados”, pero aclara que ni como sindicato ni como agrupación (se refiere a la lista 10, mayoritaria, a la cual pertenece) tienen exclusividad para hacerlo. Afirma que tanto las otras agrupaciones, como las autoridades, también las hacen porque el “amiguismo y el clientelismo” son un dato de la realidad de la institución. López confirmó a Brecha que fue él quien publicó esa carta en la red social, y también declaró: “Hice las mismas gestiones para compañeros que hubo que trasladar, hablar con las autoridades para ver si podemos agilizar los traslados. La misma gestión que hizo el sindicato para que la compañera de Maldonado pudiera venir a Montevideo se hizo para mi mujer”.

Este caso ha ido arremolinando una serie de tejes y manejes a su alrededor, de acusaciones cruzadas y enchastres varios, cuya publicación en estas páginas sólo las teñirían de amarillo. Los traslados claramente no obedecen a ningún tipo de idoneidad para la tarea, y como terminó afirmando López, “no se estudia en ningún lado para ingresar al inau, ni para los servicios de seguridad ni para los diurnos”.

Así, queda un eterno sujeto omitido, permanentemente a la sombra, como si se lo hubiera tragado la tierra, o una puerta doble, bien gruesa, igualita a la de una cárcel. n

* Véase Brecha, 11-I-13.

Brecha 2015

Leticia Pérez

Periodista

6 septiembre, 2013

Se acaban los plazos

Cuatro muchachos por celda encerrados más de veinte horas por día, dos baldes para “necesidades” y aseo, sin médico permanente y sin maestra desde mayo. Denuncias de castigos a raíz de haber dicho esto a los inspectores de la INDDHH. El hogar ser continúa como siempre, sin que la sentencia de amparo librada en 2008 por la jueza Vila inhiba a sus colegas de seguir internando ahí.

A pedido del diputado Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay), la comisión de población y desarrollo social del Parlamento resuelve al cierre de esta edición si convoca al ministro Olesker y a las autoridades de inau para informar, entre otros asuntos, sobre la situación de las cárceles de menores, en las que se constata la violación sostenida de los derechos humanos de los adolescentes. Así lo indica un informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) envió el 20 de julio a cuatro jueces de menores, entre ellos Aída Vera Barreto, quien derivó el caso al juzgado penal de Pando. El contenido de las denuncias involucra al hogar ser de la Colonia Berro y por el momento es reservado. El ser arrastra una larga y bien conocida historia de abusos constatados. Desde 2008 rige una sentencia de amparo que involucra también al hogar Piedras, y que obligó a resolver todos los petitorios de la Fiscalía en un plazo máximo de 60 días. Entre ellos, implementar medidas alternativas para reducir el encierro, controlar exhaustivamente el suministro de psicofármacos y habilitar un sistema de monitoreo independiente que permita verificar el respeto de los derechos humanos en ambos centros. Pero la sentencia ha sido sistemáticamente incumplida por el inau. A fines de 2011, Guillermo Payssé fue designado como veedor judicial por la jueza que en su

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momento determinó la sentencia de amparo, María Luz Vila. El resultado de la instancia reveló que el inau no había cumplido con las medidas dispuestas. El informe de Payssé señala que el tiempo de permanencia fuera de las celdas es escaso, que faltan actividades colectivas y que la totalidad de los jóvenes son tratados con psicofármacos para sobrellevar el encierro. “Se deben poner la mayor voluntad y energías institucionales en revertir esta situación y tomar las medidas para terminar con este sistema de encierro prolongado en lugares inapropiados, que violan los derechos humanos de los privados de libertad, reproduciendo el sistema que tenemos en nuestro país para los mayores de edad.” Dos años antes el relator especial de la onu sobre la tortura concluía, sobre su visita a nuestro país: “Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario los deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones”. El 15 de noviembre de 2012 la sede judicial dispuso la intimación al inau del cumplimiento de la sentencia de amparo en un plazo máximo de diez días. En diciembre de 2012, una segunda observación de las Naciones Unidas sobre la tortura ratificaba la misma situación. En este caso el relator especial designado, Juan Méndez, expresaba en su informe: “Todavía existen condiciones de reclusión inaceptables en algunos centros, incluyendo hacinamiento crítico, encierro prolongado y total ausencia de trabajo técnico y falta de actividades educativas. Principalmente es preocupante que en la amplia mayoría de los centros visitados no exista un plan de tratamiento integral, dotado de técnicos suficientes y personal capacitado, que asegure un tratamiento intensivo de los adolescentes de manera de viabilizar su reintegro a la sociedad”. El informe señala la inexistencia de carpetas individuales de los adolescentes que registren su plan de trabajo educativo, así como su evolución psicosocial, laboral, educativa, familiar y cultural. “Aun los muy interesantes planes que se plantea el actual Sirpa serán de difícil instrumentación si no se logra contar con personal específicamente capacitado en educación y rehabilitación.” Según Enrique Viana, quien presentó el recurso de amparo en 2008, es “alarmante” que desde hace cinco años un juzgado de familia pida que se cumpla con una sentencia no hecha. “Si es desacato o no –sostuvo–, no nos corresponde a nosotros decirlo. Me cuesta creer que en este país un juez procese por desacato a una autoridad. La situación de violencia y malos tratos que se da en el hogar Ser es conocida por todos. La responsabilidad es de los jueces y fiscales de menores, a quienes evidentemente no les preocupan los hechos que se constatan en la sentencia. Cuando un juez determina la internación de un menor en el Ser está en conocimiento de la situación sostenida de violación a los derechos humanos, por tanto es responsable.”

Más plazos. El 14 de mayo de este año la inddhh inspeccionó el centro Ser para verificar el estado de cumplimiento de la sentencia de amparo de 2008, y en calidad de Mecanismo nacional de prevención del protocolo opcional de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El resultado de la visita constató la continuidad de la situación violatoria de los derechos humanos en relación a condiciones locativas, alimentación, régimen de convivencia y actividades, servicios médicos, requisas, traslados de los jóvenes dentro del establecimiento y personal a cargo de los mismos. La situación fue detallada en un pormenorizado informe entregado al Sirpa el 25 de junio, en el que se incluye una serie de recomendaciones y se estipulan plazos para su cumplimiento. A los efectos de implementar un seguimiento efectivo de la situación, la inddhh solicitó reuniones periódicas con el directorio del inau en las que enfatizó la necesidad de implementar medidas urgentes. Según el escrito adjuntado al expediente (F.2-9438/2008), el nivel 3 del Ser (actualmente en obras) albergaba mayormente cuatro jóvenes por celda, sin baños, disponiéndose dos baldes para

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necesidades y aseo. “Se pudo comprobar que los adolescentes permanecen encerrados de 20 a 23 horas diarias sin acceso a materiales de lectura o a otras actividades educativas. Se habilita la salida de sus celdas para el baño diario (aproximadamente 10-15 minutos); entre una y una hora y media dos veces por semana al único patio habilitado”. En cuanto a las actividades educativas surge que “asistía una maestra (quien dejó de ir hace aproximadamente unos tres meses); que el día de la visita se había anunciado la asistencia de un maestro lo cual nunca aconteció; y que la posibilidad de atender clases de nivel primario o secundario es esporádica, discontinua, excepcional e imprevisible para los internos”. Según consta en la inddhh, se mantuvo entrevistas con integrantes de una ong que estaba ese día programando una actividad para el domingo siguiente. “No queda claro la metodología del programa ni el régimen de participación sostenido de los adolescentes.” En cuanto a la administración de psicofármacos se constató que un alto porcentaje de adolescentes son medicados, “la medicación se compadece con los diagnósticos de las historias clínicas”, pero no existe un control médico diario. “No siempre hay un médico ni médico psiquiatra, lo que es más grave aun.” Una sola enfermería ubicada a 300 metros del centro atiende a la totalidad de la población de la Colonia Berro y “los funcionarios expresan que se sienten totalmente desbordados por el trabajo”. Por último, sobre la implementación definitiva de un régimen de convivencia programado –otro de los puntos que establece la sentencia–, si bien en la solicitud de informes realizada por la institución el inau había manifestado que existía, ninguno de los adolescentes lo conocía. “Es importante hacer notar que no hay un régimen disciplinario vigente conocido con anterioridad por los internos, por lo que las sanciones son establecidas discrecionalmente por las autoridades sin fundamentación ni notificación por escrito de los motivos; en qué consisten y por qué lapso.”

¿Represalia? Luego de la inspección de mayo, familiares de jóvenes internados en el Ser denunciaron castigos y malos tratos por parte de “educadores” aparentemente en represalia a la visita en la que los funcionarios de la inddhh entrevistaron a varios adolescentes. El día siguiente a la inspección, el equipo de dirección del Ser con Javier Tiscornia a la cabeza renunció y asumió uno nuevo, liderado por Jésica Barrios y Claudio Martínez. Las denuncias fueron cuatro o cinco, según adelantó Mirtha Guianze, pero los denunciantes pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. La inddhh pidió inmediatamente al Sirpa un informe sobre la situación y que se hicieran revisiones médicas a todos los internos. Esto se cumplió, pero las revisaciones fueron hechas por equipos médicos del propio inau y no inmediatamente después de las golpizas. La “situación comprobada” de violencia sobre los menores, tal como especifican los escritos entregados a los jueces, estaría vinculada a otra denuncia efectuada por un ex funcionario de la Colonia Berro directamente a las autoridades del Sirpa –y que no entró en las denuncias recibidas por la inddhh– sobre malos tratos a uno de los internos del ser, familiar del denunciante, y que desembocó en el inmediato traslado del menor a otro centro. Según Guianze la situación de los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley “es uno de los temas quemantes”. La inddhh puede hacer inspecciones sin previo aviso pero no tiene la cantidad de funcionarios suficientes para efectivizar una presencia continua en los mal llamados hogares. El martes pasado otorgó un nuevo plazo al Sirpa para dar cuenta de la situación del Ser. De incumplirse, podrá proceder de acuerdo al artículo 28 de su ley de creación, dando publicidad a los hechos e incluyéndolos en el informe que envía anualmente al Parlamento sobre su gestión.

Denuncias y traslados

En julio de 2012 un adolescente fue golpeado brutalmente en el hogar Desafío. El caso derivó en una denuncia penal que terminó con el procesamiento sin prisión de los funcionarios implicados. Tal como disponen los organismos internacionales de derechos humanos, como medida elemental de protección del denunciante, el adolescente fue trasladado a otro centro. Pero un mes después volvió al “hogar” de la golpiza. Esto motivó una nota desde Ielsur planteando la situación de vulnerabilidad a la que retornaba el menor. Las autoridades del Sirpa respondieron trasladando al adolescente al hogar Paso a Paso donde, según se constata, el menor pudo desarrollar una propuesta de trabajo y coordinación interinstitucional. Pero “sorprendentemente”, expresa una

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nueva nota al Sirpa con fecha 6 de marzo de 2013 “el 23 de febrero el adolescente fue nuevamente trasladado al centro Desafío”. El hecho fue advertido por las organizaciones que venían trabajando en el proyecto de reinserción del joven pero ninguna autoridad podía hacer nada, así dijeron, hasta que el Ielsur notificó la falta por escrito. A mediados de este año otro adolescente fue objeto de golpiza en el mismo centro. El hecho fue denunciado por familiares y como consecuencia el niño fue a parar al Ser, donde sigue siendo hostigado y amenazado. Desde el Ielsur se hace hincapié en que los traslados deben estar sujetos a un control jurisdiccional, y no meramente a una decisión administrativa. Porque si bien ante un caso de denuncia por torturas la administración debe tomar medidas para salvaguardar a la víctima, es responsable por las consecuencias si el traslado implicase pasar a una situación de mayor vulnerabilidad o desventaja.

Brecha 2015

Leticia Pérez

Periodista

20 septiembre, 2013

Interpretaciones encontradas

Aumentan las denuncias por torturas en el Hogar Ser. Las mismas recaen directamente sobre quienes dirigen el SIRPA desde hace dos meses. Al margen de una investigación interna en marcha, las autoridades confían en la actual administración y presumen un intento de boicot.

La omisión del Estado en la protección de los derechos de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es un tema trillado. Hace tiempo ya que la vulneración de derechos humanos en las cárceles de menores viene siendo advertida y señalada tanto por observadores internacionales como nacionales. Y lejos de propiciar un vuelco, la insistencia parece diluir la gravedad de las constataciones, o lo que es más preocupante, perpetuar una indiferencia que domina, empezando por los poderes públicos.

El Ser, centro de máxima seguridad de la Colonia Berro, encierra a adolescentes que cometieron delitos graves y a aquellos que presentan problemas de conducta en otros establecimientos. Vale destacar –y es este uno de los puntos cuestionados– que los traslados de un centro a otro responden a criterios internos y no a un control jurisdiccional. En estos días el Ser ha sido duramente señalado por la precaria situación en la que alberga a nuestros famosos “menores infractores”, omitiendo el cumplimiento de una sentencia de amparo que obligó al inau en 2008 a revertir la situación.

El 14 de mayo la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh), como parte del Mecanismo Nacional de Prevención, del Protocolo contra la Tortura, inspeccionó el centro y constató la continuidad de la situación violatoria que motivó la sentencia en relación con las condiciones locativas, servicios médicos, alimentación, traslados de los jóvenes dentro del establecimiento, requisas, personal a cargo, régimen de convivencia y actividades socioeducativas. Al poco tiempo recibió la primera tanda de denuncias (véase Brecha, 7-IX-13). Un grupo de familiares manifestó que los jóvenes habían sido castigados luego de la inspección, aparentemente en represalia por las conversaciones mantenidas con funcionarios de la inddhh. La supuesta golpiza habría sucedido luego de que la institución diera a conocer al Sirpa el informe con los resultados de su visita del 25 de junio.

MALAS NUEVAS. La inddhh entregó la información a cuatro jueces de menores, entre ellos Aída Vera Barreto, quien derivó el caso al juzgado penal de Pando. Se pidió además que se hicieran revisiones médicas a todos los jóvenes. Si bien el resultado de las pericias no confirma las denuncias, tampoco alcanza para refutarlas, puesto que el equipo médico que intervino pertenece al Sirpa y no actuó inmediatamente después de los supuestos castigos.

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La semana pasada un grupo de madres de internos del Ser presentó nuevas denuncias por torturas. Las mismas involucran directamente al actual equipo de dirección. Esto fue confirmado por la inddhh, que por el momento prefirió mantener en reserva el contenido de las acusaciones. Pero según pudo averiguar este semanario, los familiares denuncian que desde que cambió la dirección del centro los episodios de maltrato físico y psicológico se producen de manera sistemática. Esto implica golpizas, encierro prolongado, aplicación de sanciones injustificadas y prohibición de recibir visitas o establecer contacto con las familias. “Se los desnuda y se los hace caminar por los corredores (…) se los obliga a ducharse con agua fría en la madrugada”, dijeron a Brecha fuentes vinculadas a las víctimas. También declaran que los servicios médicos omiten constatar las lesiones y que los jóvenes no son llevados a la enfermería cuando lo solicitan.

¿BOICOT? La denuncia también fue presentada en el departamento jurídico del Sirpa y se abrió una investigación de urgencia, según afirmó el presidente de la comisión delegada, Ruben Villaverde. Éste prefirió no entrar en detalles sobre la situación planteada por las madres, para evitar entorpecer el curso de la indagatoria. Sin embargo afirmó que “hay muchas situaciones poco claras en el proceso” y que tiene la fuerte impresión de que se entrecruza “un problema de años entre funcionarios” vinculado a pujas por los cargos.

“En el Ser venimos con problemas de funcionamiento desde hace mucho tiempo, que no hubo forma de cambiar, incluso con la anterior administración.” Javier Tiscornia, ex director del establecimiento y en quien las autoridades habían depositado especial confianza para desempeñar el cargo, habría renunciado por una situación de boicot por parte de “gente que lo rodeaba”. “Se cansó de nadar contra la corriente.” Tiscornia –que por su parte no quiso hacer declaraciones– había detectado una campaña en las redes sociales para provocar desbordes entre los internos. En relación con el actual equipo de dirección, Villaverde afirmó que uno de los directores tiene el perfil para encabezar un proceso de cambio en el Ser –“una personalidad fuerte con una dosis de liderazgo importante”–, y eso explica su designación.

“El Ser es un centro donde confluyen los delitos más fuertes”, dijo, y en relación a ello habló del miedo, de agresiones a funcionarios que no trascienden como deberían y de procesos de desgaste personal que terminan en licencias médicas porque no se resiste el trabajo. “Desde que está la actual dirección hay aumento de participación de los adolescentes en Primaria y Secundaria y se eliminaron los baldes (donde los jóvenes hacían sus necesidades dentro de la celda). ¿Y de repente hay una campaña en su contra?”

“No sabemos más qué hacer”, expresó a propósito del bombardeo de acusaciones que se suman últimamente. “Ellos (los directores del Ser) juran por todos los santos que las denuncias no son ciertas. Cuando visito personalmente el centro me encierro con los chiquilines y ninguno me ha manifestado nunca nada, ni siquiera con un gesto.”

Anunció que se proyecta la incorporación de cámaras de seguridad en todos los centros, como mecanismo de control no sólo en relación con los abusos sino con cualquier tipo de irregularidad que pueda darse dentro del sistema.

Sobre el funcionario implicado directamente en las torturas, negó que tuviera antecedentes por malos tratos, tal como afirmaron los denunciantes, y defendió su desempeño en otros hogares.

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Brecha 2015

Leticia Perez y Marcelo Aguilar

18 octubre, 2013

Iguales ante la ley

Ser, Ceprili, ciaf, Hogar Cimarrones o Ituzaingó, son nombres que no logrará olvidar quien haya estado alguna vez allí. Son algunos de los centros de reclusión que integran el SIRPA y que Brecha recorrió junto al Ielsur y el secretario general de la Organización Mundial Contra

la Tortura.

Comite de Derechos del Nino- Mauricio Vazquez

El estereotipo de los “menores infractores” se abre camino con fuerza en el imaginario. Como si la frescura de la vida aún breve desapareciera de pronto sin dejar rastro, olvidamos que hace poco dejaron de ser niños. Sobre ellos recaen los afanes punitivos hasta desdibujar la frontera entre víctimas y victimarios. “Por las dudas nos quedamos acá, nos avisan cuando quieran salir”, se nos dice al entrar en la celda. Seguro no es fácil estar allí, ni dentro ni fuera de las celdas. El continuo y fugaz paso de las historias de “los menores infractores” por la agenda mediática los convierte en un conjunto de seres, aunque diferentes, iguales. La analogía puede extenderse a los centros de reclusión, que a pesar de tener características distintas, son iguales. La lógica es casi la misma. Aunque siempre hay excepciones.

I. El hierro retumba. Una y otra vez las puertas se abren y cierran, delatando ensordecedoras la dinámica del espacio. Se respira fácil el pórtland y el encierro. Y la primacía del gris acentúa la falta de luz. La mayoría de los jóvenes pasan veinte horas al día en la celda; un rectángulo sin luz eléctrica ni más calor que la magra envoltura de las camas. ¿Hay algún sistema de calefacción? Un no prolongado en la o dice que la pregunta es retórica: “Esto es el Ser”.

Minimalista, la casa está limpia y ordenada. Allí comen, duermen, y no mucho más. Cuando hay visitas, una de las frazadas va al piso en procura de un poco de comodidad.

La cucheta ocupa casi la mitad del espacio. De su cabecera cuelga una toalla. “Si no es horrible”, dicen entre una mezcla de risa y vergüenza. Es que atrás está el inodoro, que bajo una ventana del tamaño de una caja de ravioles se eleva desde el piso completando el cuadro. Antes usaban bolsas de nailon.

¿Cómo es un día acá? “Todo el día de tranca”, dicen los del Módulo 2. Los chiquilines salen para bañarse y para ir al patio. Desde este año también van a la escuelita de la colonia para hacer el

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liceo. Pero no todos. “Yo me anoté pero no me llaman”, avisa uno. También viene una ong que hace talleres, pero “a veces te toca y otras no”. Y dos veces por semana juegan al fútbol.

El Ser es el centro de máxima seguridad de la Colonia Berro. Allí van los jóvenes complicados, no necesariamente porque hayan cometido los delitos más graves sino porque se portan mal en otros centros. Es el hogar de castigo. El sistema está organizado de modo que el adolescente, según su conducta, transita por varios niveles. El Módulo 4 es la parte nueva del hogar. Se edificó sobre lo que antes era patio. Tiene losa radiante, que por una cuestión de justicia no se enciende. Es que no todos quienes están allí pueden gozar de semejante lujo. Entre las alas del módulo se ve una mesa de ping-pong. La luz natural se expande desde la claraboya iluminando a unos diez que juegan animosamente. Afuera, una tanda de engrillados pasan por la requisa de rigor antes de ir a la escuela. En el patio una pelota triste rebota entre dos. El resto –salen de a 14– muta.

II. Cuando un adolescente ingresa al Ser va directo a la “tumba”, así le dicen a la celda de castigo en la que los nuevos, por una cuestión de orden, pasan cinco días solos, sin luz, actividades ni patio. También van sancionados si se mandan alguna macana dentro del centro. En ese caso el tiempo de permanencia varía según el nivel en que estén y la gravedad de la falta. La tumba también existe en otros hogares. En el Desafío es la celda 10, famosa porque ahí “se aparecen entidades” y “dicen que abajo hay un cajón de muerto”. Debe ser por eso que uno sintió una madrugada que le tiraban de la frazada, y hasta se le apareció un enano. Un día otro se puso muy nervioso, vinieron los del Suat y lo inyectaron. Durmió durante días.

III. ¿Reciben visitas? “Él no.” ¿Por qué?, le pregunto. “No sé, dicen que no tienen plata.” ¿A vos sí te vienen a visitar? “Sí, todas las semanas. Pero yo les digo que no vengan.” ¿Por? “Qué van a venir acá, te hacen sentar en el piso, ¡tas loco! Cuando llueve llegan todos mojados. Pero vienen igual. Yo le digo a él que no se queme, que si necesita ropa que me pida, y de los paquetes que me mandan le comparto.”

¿Conocen cuál es el reglamento de convivencia? “Respetar a los compañeros, respetar a la Policía, respetar a los funcionarios y a la visita, ¿no viste el cartel de la entrada?”, dijeron varios. Otros sacaron un librito celeste que les habían repartido días atrás. La situación se repite en varios centros. “Nos hicieron firmar y nos dieron esto.” El documento no es comprensible para muchos de los adolescentes. Algunos no lo leyeron, porque no saben hacerlo muy bien, o empezaron y se aburrieron al toque. Otros en cambio tenían subrayados los artículos que no se respetan, como el que dice que tienen derecho a recibir la visita de familiares, amigos o ayuda espiritual.

Restringir la visita es una forma de sanción, según cuentan los chiquilines de varios centros, al igual que acortar las dos llamadas semanales de seis minutos a tres. Lo mismo pasa con el encendedor, o el baño. También el patio. “No estuve saliendo por una sanción.” Dice que lo involucraron en algo que no hizo. Le pregunto cómo lo tratan y me dice que bien. ¿Pero no fue a vos que te hicieron limpiar la pared con un cepillo? (Varios me habían contado que una forma de castigo era hacerlos limpiar el ala del módulo en traje de Adán.) Me contesta que sí esquivando la mirada. Le digo que entonces no lo trataban tan bien. “Es así –me responde–. No vas a estar tan bien, es una cárcel.”

IV. “¿Por el Ser y todo van? ¿De acá se van al Ser? ¿Y qué les dijeron ahí? Te cagan a palos en el Ser, ¿les dijeron?”, pregunta uno. “Hay mucha tranca pero este hogar está bueno, no te pegan ni nada. En el Ser te pican”, afirma otro. Los adolescentes identifican al Ser con las palizas, pero no es el único centro señalado en las denuncias.

Además de hacerlos limpiar desnudos las paredes o el piso, una práctica de castigo reiterada es “el paquetito”. Consiste en encadenar a los adolescentes de pies y manos y enganchar los grilletes por detrás del cuerpo, de modo de reducir al máximo el movimiento. Así quedan, tumbados por el tiempo que al funcionario se le ocurra. “O si no te llevan amarrocado para el patio con dos o tres funcionarios y te pican.”

Al igual que los que no pegan, los golpeadores son identificados con nombre y apellido, así como por su nivel de violencia. “Con ese no podés, te pega en serio.” Algunos de los jóvenes, quizás los más cabizbajos, no se animan a identificar a los verdugos, se limitan a decir que “siempre son los funcionarios más grandes”. Mientras que hay otros que cuentan confiados cambiando un “No digas, que nos van a venir a pegar a todos” por un “No me importa, una paliza más, una menos…”.

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Cuentan que a veces llaman a funcionarios de otros hogares. Ahora, “los directores que andan de traje”, ésos, no participan. “¿Denunciar? ¡Tas loco! Si contás es peor.”

V. La pieza. Cuatro paredes y una puerta siempre cerrada. Más gurises que camas, colchones en el piso. Dos pequeñas ventanitas, y aun más arriba, casi llegando al techo, una ventana. Con suerte, un televisor. Sobre los bordes de la reja descansan avioncitos de papel. Son más de 20 horas diarias, en realidad cerca de 23 las que los adolescentes pasan dentro de la celda. Salen 20 minutos al patio, en algunos centros también a buscar el alimento, en otros se los traen a la celda. Los gurises la cuentan.

—La rutina de nosotros es: nos despiertan a las nueve, limpiamos los pisos, nos sacan a bañar, nos dan la leche. A las doce: alimento. A las cinco: patio, ahí tomamos la leche, y después… ¿A qué hora es el alimento? –pregunta uno de ellos.

—A las ocho –le responden.

—Y en total, todo el tiempo que estamos afuera junto es una hora –agregan. Y la comida “está a full”. Así al menos es en el Centro de Medidas Cautelares (Cemec). Dentro de la celda está la cancha de ping-pong: la línea central armada con los championes, las chancletas como paletas y como pelotita la del desodorante.

—El juego lo inventó esta pieza –se jactan.

Un funcionario le dijo al director, y éste les compró unas paletas. Ahora pueden jugarlo en el patio. No hay grandes sanciones, porque tampoco son muchas las grandes macanas. La más común es faltarle el respeto a los funcionarios, por ende quedarse sin el patio, o sin llamadas. Otras normas las establecen entre ellos: subir suave a las camas, no golpear las paredes, salir “bien presentados” –peinaditos, con championes, sin llevar las medias por arriba del pantalón– y con la cabeza gacha cuando un compañero está con visita. Tampoco golpear los fierros de las camas, porque el ruido se siente en la otra celda, y sí, retumba. “Jesús protege la pieza”, reza un cartel tras la puerta; y en la celda de enfrente uno de los chicos señala el almanaque, tiene sus días contados con precisión. En otro de los centros, sólo una pieza tiene radio. Si no, hay demasiado ruido en las celdas. Ese es el argumento, y se acabó. Entonces para que todos puedan escuchar hay que ponerla alta. Los sábados, cuando pueden agarrar algunas cumbias en la tele, de tanto esperar las suben “a todo lo que da”, y cuentan que les apagan “el toma” y chau música.

Pero la conversación se interrumpe porque es hora de talleres.

—Ahora o nunca.

—Ya vamos, nos vamos a despabilar, lavarnos la cara y vamos –avisa uno. Otro pide:

—¡Funcionaria! ¡Fuego!

La llama se enciende junto a la ínfima ventanita a un lado de la puerta.

La mayoría de los adolescentes no tienen contacto fluido con sus abogados, ni saben nada del juez. Algunos sí lo tienen a través de sus familiares afuera. En el pasillo una funcionaria esposa pies y manos. Van a los talleres. En una piecita del Ceprili (ex Puertas) los adolescentes hacen talleres de teatro, de computación y de canto. El resonar de “Color esperanza” lo presagiaba. Salen al patio de mañana y de tarde.

VI. El pasto perfectamente cortado, las paredes pintadas de colores vivos… cuando uno traspasa el cerco perimetral del hogar Ituzaingó la atmósfera se distiende. El movimiento es permanente pero no hay gran alboroto. Tampoco gritos. Todos parecen estar concentrados en algo.

Tres educadores que almuerzan bajo la sombra de uno de los árboles del predio no se ven muy distintos del grupo de jóvenes que en la mesa contigua conversan, fuman, juegan. Algunos deambulan de aquí para allá, un grupo numeroso juega al ping- pong, y a pocos metros un adolescente y un funcionario se mimetizan en la construcción de un baño “para las visitas”. El director del centro, que encabeza la recorrida, nos dice que el muchacho pasó momentos difíciles y

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que con el apoyo de todos ahora está mejor. Por suerte ya le queda poco para egresar. Su proyecto es ingresar en la marina.

La casa está en permanente mantenimiento. “Como verán no es perfecto, es todo reciclado, pero cuando vinimos en 2011 esto estaba lleno de ratas.” Lo que hoy se ve, dice, es obra de los gurises y de los funcionarios. “Acá no viene una ong que trabaja una hora y se va. Acá los funcionarios vienen tres veces por semana desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde y trabajan con todos los gurises que quieran.” En todos los centros hay más internos que cupos disponibles, y el Ituzaingó no es la excepción. Hay 90 gurises en una casa pensada para recibir a la tercera parte. Sin embargo el hacinamiento no se percibe a simple vista como un problema. “Estos tres lugares que antes eran pensados como calabozos ahora son la escuela, la panadería y la sala de informática.”

Un grupo de jóvenes dispuestos en círculo lee junto a dos maestras en la biblioteca, en un rincón descansan las máquinas de la futura fábrica de baldosas, a pocos pasos un adolescente arma y desarma piezas mecánicas, y de a poco el aroma anuncia que muy cerca algo está a punto de salir del horno. La cocina oficia de taller: pizza rellena, pan con grasa y diferentes tipos de pasta se aprecian sobre la mesada. “¡Las tortas que hace esta señora! ¡Al mejor estilo del Emporio! Hace un mes que está con nosotros y se ha encariñado mucho con los jóvenes, yo no puedo desperdiciar el saber que tiene y ponerla a abrir y cerrar puertas.”

VII. “¿Ituzaingó? Tas loco… ahí están todos los calefones.” ¿Pero parece que está buenísimo todo lo que hacen en ese hogar? “Parece, pero sos papeleta, si vas después para otro hogar te pegan. Yo me quedo acá.” A los que vienen de ese hogar los consideran “alcahuetes”, me explican.

Entre los centros hay pica. Y ésta se expresa fuertemente en la existencia de dos bandos: los del Ser y los del Ituzaingó, dos centros con conceptos visiblemente opuestos. Uno es de máxima seguridad, en el otro la apertura viene a más.

El cruce entre los internos de ambos centros puede devenir en conflicto, y por lo tanto se evita. Nunca juegan al fútbol juntos, y en la escuelita es mejor si no se encuentran. Se nos explica que por un lado el enfrentamiento tiene que ver con la cultura de la delincuencia, asentada con intensidad entre “los más pesados”, para quienes pactar con la institución, ser fieles a un proyecto, es sinónimo de traicionar los valores propios.

Pero estar entre los más pesados no implica haber cometido los delitos más graves. En ambos centros hay de éstos. La resistencia tampoco se asocia tan claramente con tener o no la voluntad de estudiar, trabajar, o participar de actividades. Algunos manifiestan que les gustaría ir a Cimarrones, por ejemplo, un hogar abierto en donde los jóvenes salen para ir a trabajar.

¿Y a Ituzaingó no? “No me gusta, hay violadores.” ¿Funcionarios violadores? “Gurises.” ¿Cómo es eso? “El hogar… dicen que es calefón… pero no sé bien cómo es la mano.”

VIII. Una chica llora desconsoladamente junto al teléfono.

—Te amo, decile a él que lo amo mucho también –dice–. Te amo –insiste. Del otro lado de la reja azul, una funcionaria mira las hojas de un listado. Entre sollozos, la detenida alcanza a decir:

—Tengo que cortar, mi amor. Otra funcionaria la abraza, está desconsolada. Juntas caminan hacia la única entrada de luz natural que cae sobre el pasillo, justo sobre un rectángulo de cemento lleno de colillas de cigarrillos. Por encima del compensado que limita el lugar se ven las obras. Es que donde antiguamente había una cancha de fútbol habrá más celdas. Estamos en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femeninos (ciaf). A través de los pequeños huecos cuadraditos de las puertas se ven paredes tapadas de frases, nombres, dibujos. Por esos mismos huecos las adolescentes piden el agua. También se saben miradas. Desde allí cuentan que hay talleres de vóleibol, florería, costura. Pero son muchas, no alcanza una media hora por semana. Tienen que esperar a que les avisen. Preguntan la hora, no tienen reloj. Tienen entre 13 y 18 años. Y son 39 en un hogar con capacidad para 25. Del total, sólo diez no reciben medicación. El resto sí, psiquiátrica, o para tratar sus adicciones. Dentro de la celda

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no tienen televisión ni radio, según explican, para que no se depriman. De estos aparatos sólo pueden disfrutar durante la “convivencia”, una hora por día. La misma hora en la que tienen que lavar la ropa si lo necesitan, o jugar en la red que cuelga despareja en el pequeño patio gris, con el cielo lleno de duras franjas negras. Claro que el resto del tiempo nada tiene que ver con convivencia.

Brecha 2015

Samuel Blixen

Periodista

11 abril, 2014

La cultura del encierro

Los éxitos en la reducción de fugas y motines en los centros del INAU tienen una contracara de graves violaciones de los derechos de los menores, denunciadas en el Parlamento.

colonia berro - COMITÉ DERECHOS DEL NIÑO -MAURICIO VÁZQUEZ

Golpizas reiteradas, tratos abusivos para preservar la seguridad, hacinamiento intolerable y sanciones colectivas prohibidas por normas nacionales e internacionales, son una parte de la realidad en algunos de los 17 centros de internación de menores del inau, según denunció la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) en el Parlamento.

En otros centros, según se consigna en cinco informes presentados a los miembros de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la situación es más alentadora y se verifican adelantos en la superación de problemas, lo que, en opinión de los miembros de la inddhh, revela disparidad de criterios y políticas que dependen, en cada caso, de las orientaciones u omisiones de los directores o encargados de cada hogar o centro administrado por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).

El presidente del inau-Sirpa, Ruben Villaverde, negó implícitamente las denuncias, y en declaraciones radiales se mostró molesto, aduciendo que las situaciones registradas por la inddhh refieren a mayo de 2013 y que ya fueron encaradas y superadas. Sin embargo hay informes de noviembre de ese año y de febrero de 2014 que confirman la persistencia de violaciones a los derechos de los menores. Villaverde retrucó: “El que escucha este informe debe pensar que esto poco menos que son las catacumbas, pero en medio de una serie de dificultades propias de la lentitud de procedimientos (…) nosotros en el mismo período logramos salir del paisaje de un motín y una fuga atrás de la otra, eran cuatro fugas por día”.

En la comisión se informó que existe un documento reservado que fue elevado al Sirpa y que contiene denuncias de malos tratos y la identificación de algunos funcionarios responsables. “Lo que más nos preocupa en este momento es el centro ser –dijo la abogada Mirtha Guianze a los

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diputados–. Es por ello que hemos hecho cinco visitas a ese centro. Hasta el momento no tuvimos respuesta de ese informe del mes de febrero, con relación al tipo de castigos físicos, maltrato y tratos humillantes o degradantes.”

Según se pudo saber, un menor internado en el ser fue víctima de una golpiza tal que le provocó una herida en la cabeza, que terminó infectada. Fue trasladado al hospital Pasteur, donde le drenaron la herida y después permaneció recluido en un centro de Montevideo para posibilitar el tratamiento con antibióticos. La inddhh recibió la denuncia días después y sus directivos pudieron observar cómo ese menor seguía con la cabeza vendada. Se obtuvo la historia clínica, lo que posibilitó una denuncia penal en un juzgado de Pando. “Logramos que el defensor se pusiera en contacto con Villaverde y que el chico permaneciera en Ceprili, donde se encuentra actualmente”, narra la ex fiscal. Villaverde no hizo ninguna referencia a ese grave caso de maltrato ocurrido en febrero pasado.

Según la doctora Guianze, los malos tratos se repiten en el ser y también los nombres de los funcionarios responsables. Pero, reveló, los menores y sus padres se abstienen de formular denuncias porque, dicen los familiares, “a los que denuncian después les pegan”. Guianze reiteró ante la comisión parlamentaria que “son determinados funcionarios cuyos nombres nosotros ya proporcionamos al Sirpa, y que se repiten. Son chicos que han estado, que han salido y que han vuelto. Incluso algunos que están en cárceles de mayores dicen: ‘Acá no pasa nada; ¡las palizas que me daba fulano de tal cuando estaba en el ser!’”. Según Guianze, en las visitas de los especialistas de la inddhh a los centros se comprobaron menores con escoriaciones y hematomas, pero esos elementos no son suficientes para elevar denuncias.

A la inddhh le preocupa particularmente la situación de los menores de entre 12 y 15 años, especialmente vulnerables. Los informes se refieren, además de a las golpizas, a los casos graves de hacinamiento (“que es una especie de tortura”), al aislamiento y al encierro prolongado. “Hay lugares donde pueden estudiar y tener un material de trabajo –puntualizó Guianze–. Pero hay otros en los que a uno le dicen que un lápiz puede servir para sacar un ojo y un libro para hacer un incendio. Entonces, ocho muchachos en una celda no tienen un libro en todo el día.”

En la comisión se hizo referencia al caso del hogar Ariel, cuya vieja casona, casi derruida, tiene serias deficiencias edilicias. “Sin embargo los directores y el equipo técnico sacan a los 43 muchachos al patio, y son rapiñeros y homicidas, no niños de pecho. En cambio en otros lugares, en los que están por hurto, no salen nunca al patio. Eso quiere decir que hace falta una política institucional. Hay sitios en los que el hacinamiento se tolera porque justamente la política institucional es buena. En otros no. Por ejemplo, en un lugar en el que seis o siete muchachos salen a hacer teatro con grilletes y esposas, hay cuarenta que quedan adentro y no salen.”

El uso de grilletes y esposas es la norma en algunos centros: los menores concurren a clase engrillados, y además tienen prohibido hablar entre ellos. Es parte de una política que, por ejemplo, aplica sanciones colectivas, que están expresamente prohibidas, y que a veces se adoptan a raíz de la infracción cometida por un solo menor.

En el centro Desafío, según los informes, el hacinamiento llega a una densidad del 153 por ciento; los internos permanecen encerrados la mayor parte del día, faltan actividades educativas y laborales. “Los encierros priorizan la seguridad sobre las medidas socioeducativas.” En el Centro de Internación Provisoria hay prohibición de mantener material de lectura, y se aplican sanciones que eliminan las visitas, un extremo que los organismos internacionales condenan. En el Centro de Internación de Adolescentes Femeninas “el hacinamiento es intolerable, hay falta de higiene e inexistencia de privacidad para las necesidades fisiológicas”. En el Centro de Medidas de Contención hay 57 jóvenes para 32 plazas; la mayoría duerme en el suelo. Particularmente, las celdas 9 y 10 no cuentan con las condiciones mínimas indispensables, “el estado es deplorable, carecen de una ventilación aceptable, su aspecto es denigrante, la higiene es pésima, el calor se hace sofocante, agobiante e irresistible”.

El encierro prolongado provoca estrés por confinamiento: “Se configura una serie de condiciones de convivencia interna y propias de esta situación de encierro, donde predomina el aislamiento entre las celdas, la separación y la soledad afectiva, la falta de espacios de intimidad, las restricciones,

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prescripciones y proscripciones para conducirse como individuo diferente de otros y único en su existencia”.

En el Centro de Diagnóstico y Derivación se verifica hacinamiento, aislamiento, ausencia de actividades educativas. En el Centro de Privación de Libertad, al hacinamiento se suma una política que administra las actividades educativas según un criterio de selección en función de la conducta de cada menor, de modo que “rige un principio de premio-castigo y no el principio rector de una reinserción social futura”.

Por el contrario, los informes subrayan la buena política que se aplica en el hogar Sarandí: pese al hacinamiento y las carencias, las mismas “se toman como una oportunidad de trasmitir valores, apelando a que los adolescentes sean solidarios y roten en el hecho concreto de dormir en el suelo”. Las opciones educativas y recreativas disminuyen notablemente las horas de encierro.

En el centro Las Piedras se consigna que “la higiene general del establecimiento es buena y las celdas permanecen prolijas y aseadas”; en cuanto al trato, “se percibe un buen clima entre los adolescentes y en la interacción con los funcionarios”. En el centro Paso a Paso los informes reconocen “en líneas generales la buena labor que se está llevando a cabo por el personal del centro con los medios disponibles”. La doctora Guianze concluyó su síntesis a los diputados: “Yo no puedo decirles que todo el Sirpa es malo, si bien hay situaciones que nos preocupan muchísimo. Lo que más nos preocupa en este momento es el castigo físico”.

Brecha 2015

Samuel Blixen

Periodista

2 mayo, 2014

Mirar para el costado

Una disyuntiva entre dos males –las fugas o la tortura– enmarca el debate sobre malos tratos a menores infractores, mientras decenas de organizaciones sociales reclaman la separación del cargo del presidente del Sirpa y el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, en Ginebra, analiza la situación.

Las señales del poder político en la controversia sobre torturas y malos tratos a menores infractores recluidos en dependencias del inau parecen reforzar una propuesta de “mano dura”. El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Tabaré Vázquez consideró necesario, en una visita a Rocha, subrayar que las políticas desplegadas desde hace dos años en el inau han eliminado a cero “las fugas y motines (de menores recluidos) que terminaban con heridos”; no hizo referencia a las denuncias sobre torturas y medidas represivas –sanciones colectivas, suspensión de visitas, suspensión de recreos y uso de grilletes– que explican, en parte, la drástica disminución de las fugas.

Por su parte, el presidente José Mujica estimó oportuno, en ocasión de la inauguración del Centro de Ingreso, Estudio y Derivación, del Sirpa, enviar una carta de apoyo –según Búsqueda– a Ruben Villaverde, director del Sirpa, centro de las críticas de organismos sociales y de derechos humanos, que piden su separación del cargo (véase recuadro).

La manera en que se ha desarrollado esta polémica deja serias dudas sobre una cierta indecisión a la hora de condenar toda práctica de torturas, independientemente de los antecedentes de la víctima. Se condenan los malos tratos a los prisioneros de Guantánamo, pero en la cercanía se mira para el costado cuando menores recluidos son castigados con toallas húmedas, son permanentemente golpeados, son torturados con descargas eléctricas u obligados a permanecer desnudos y mojados, de noche, a la intemperie.

Resulta más intempestivo el respaldo al director del Sirpa cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) elevó un informe en el que se confirman algunas de esas prácticas, y

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cuando están en trámite varias denuncias ante juzgados penales y de menores. No son un antecedente despreciable –que explica el reclamo de las organizaciones sociales– las declaraciones formuladas por Villaverde a radio El Espectador, en 2011, durante un debate sobre políticas de rehabilitación, a propósito de un tercer homicidio cometido por un menor fugado: “La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de la misma. Lisa y llanamente hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la perpetua y en la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución”, aludiendo a la pena de muerte. Villaverde rechazó las denuncias, aduciendo que se refieren a situaciones del pasado, que ahora no ocurren. Pero en realidad el Sirpa fue informado de varias denuncias, entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, a raíz de las cuales se iniciaron nueve sumarios. Sólo uno de los funcionarios acusados fue separado de su cargo; los restantes permanecen en servicio, aunque han sido rotados, entre los centros y los hogares de la Colonia Berro.

En un juzgado penal de Montevideo y en el juzgado de Pando están radicadas las denuncias de familiares de algunos de los menores recluidos. Las denuncias debieron sortear el pavor de los propios adolescentes, porque son objeto de represalias, algunas ejecutadas por otros menores que, al aplicar los castigos a sus compañeros, reciben ciertos favores. Las represalias y las amenazas no son ciertamente inventos, como se pretende: “Si seguís denunciando te va a pasar lo mismo que a Fabián Tomé”, habría dicho un funcionario, identificado en el juzgado, al presionar a un menor internado. Fabián Tomé había denunciado malos tratos y tras salir en libertad fue asesinado, sin que hasta el momento se hayan determinado las causas.

El funcionario separado de su cargo (aunque podría reincorporarse en julio si el sumario no llega a ninguna conclusión) fue identificado como “Popeye” y sería el responsable de una filmación durante una golpiza a un menor, conocido como el “Pelón”. “Popeye” integra un grupo conocido como “los brazos gordos”, que suelen entrar de noche a los celdarios para propinar golpizas. Las propias autoridades del Sirpa han recibido denuncias según las cuales Popeye sigue entrando a golpear aun cuando está separado del cargo.

En las denuncias judiciales se especifican las identidades de los funcionarios responsables de los malos tratos. El sindicato de trabajadores del inau ha rechazado también las denuncias, y ha protestado porque en el informe de la inddhh no se hace referencia a las heridas recibidas por funcionarios en disturbios con los internados. Organismos de derechos humanos, por el contrario, han manifestado sus sospechas de que el sindicato está al tanto de las actividades de una especie de organización clandestina de funcionarios que ejercen los malos tratos, y que incluso uno de los funcionarios denunciados integra una lista sindical. El cúmulo de denuncias y las coincidencias sobre prácticas de torturas en diferentes centros avalarían las presunciones sobre una organización clandestina. Sobre estos extremos serían interrogados por los jueces el presidente del inau, Villaverde, y la directora del hogar Ser, Jessica Barrios.

El entramado de denuncias sobre torturas a menores infractores cruza tangencialmente la tensa situación entre el gobierno y el partido de gobierno, por un lado, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, por otro. Algunos miembros del gobierno, en especial algunos legisladores oficialistas, no esconden su malestar ante el grado de autonomía –por otra parte establecido en la ley– que viene ejerciendo la inddhh y que no repara en consideraciones de tipo político al actuar en función de las denuncias que recibe.

La delicada relación del oficialismo con la inddhh fue analizada por la bancada de legisladores del Frente Amplio a raíz del informe sobre malos tratos en el Sirpa. Aunque no se adoptó una resolución expresa, la tendencia sería a respaldar la actuación de Villaverde, con lo que, a la luz de los elementos manejados tanto en Uruguay como en Ginebra en la Comisión Contra la Tortura, de las Naciones Unidas, ese respaldo enfrentaría al gobierno con un amplio espectro de organizaciones sociales que reclaman la separación del presidente del Sirpa, y lo colocaría en una situación de debilidad –para decirlo en términos amables– frente a episodios de torturas. Como dijo un reconocido dirigente de una organización de derechos humanos, “es inadmisible que la disyuntiva sea entre las fugas o la tortura”.

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El reclamo de 30 organizaciones

Más de 30 organizaciones sociales, de derechos humanos y de protección a la infancia, respaldaron, el miércoles, en una conferencia de prensa, a la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh), que hace un mes denunció prácticas de torturas contra menores infractores en los centros de reclusión de la Colonia Berro. En un comunicado, firmado además por numerosas personalidades, se reclamó nuevamente la separación de Ruben Villaverde como presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). El debate instalado a partir de las denuncias sobre prácticas de torturas contra menores se trasladó esta semana a Ginebra, Suiza, donde miembros del Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, formularon 87 preguntas a los delegados del gobierno, a partir del informe elaborado por la inddhh. La delegación uruguaya, encabezada por el director de Asuntos Políticos de la cancillería, Ricardo González, el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Cultura, Javier Miranda, la abogada asesora del Sirpa Mónica Rodríguez, y el comisionado penitenciario Álvaro Garcé, rechazó algunos extremos de las denuncias sobre maltratos y violación de los derechos de los menores recluidos, incluidas en el informe de la inddhh, pese a lo cual integrantes del comité reiteraron que “existen indicios” de esas prácticas y que la permanencia en sus cargos de funcionarios denunciados “hace probable que los malos tratos persistan”. Se estima que hoy, viernes, una vez agotadas las instancias, el Comité Contra la Tortura dé a conocer una resolución sobre la situación de malos tratos a menores internados.

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

9 mayo, 2014

Aliados

Desde que la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo público los informes sobre la situación de los adolescentes presos, denunciando torturas y malos tratos sistemáticos, ese estado de cosas soterrado tomó el centro del debate público y fortaleció una pregunta: ¿quién está al frente del sistema penal adolescente?

SIRPA. Foto: Alejandro Arigón (archivo)

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Mientras desde el poder político se daban tibias señales de condena hacia las denuncias presentadas (véase Brecha, 2-V-14), un importante conjunto de organizaciones de defensa de los derechos humanos, encabezadas por el Comité de los Derechos del Niño, tomaron la posta en el respaldo a la institución. No sólo por entender que la inddhh es una herramienta fundamental para afianzar la calidad democrática del país, sino porque esas organizaciones tienen un largo historial de denuncias en la misma línea.

“El reciente informe publicado por la institución sobre las visitas realizadas en el año 2013 al sistema carcelario juvenil, una vez más corrobora el contenido de informes y recomendaciones que parte de la sociedad civil, junto a organizaciones internacionales, viene desarrollando desde hace años”, puede leerse en el primer punto del comunicado público que fue presentado el miércoles 30 de abril en conferencia de prensa.

El mismo, firmado por 36 organizaciones de distinto calibre y 40 personalidades públicas, circuló en los días previos buscando adhesiones. El lunes 28 una representante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) fue invitada a presentarlo en el local de la calle Arenal Grande, donde se reúne el Consejo Federal de la federación de estudiantes universitarios del Uruguay (feuu). Lo que no sabía la muchacha era que Federico Pérez, secretario de asuntos gremiales de la federación, integrante de su mesa directiva, había hecho llegar el comunicado a los integrantes de la dirección del Sindicato del Inau (suinau) y los había invitado a dar sus descargos, ese mismo lunes.

A pesar de los reiterados intentos, Brecha no logró comunicarse con Pérez para conocer el motivo del “careo” que organizó en esa instancia.

“Se invitó al suinau porque la feuu ha tenido un compromiso y un trabajo histórico con la central de trabajadores, y entendimos que los compañeros del suinau tenían que participar del federal. Tener las dos visiones de un tema complejo, escuchar la visión de los trabajadores antes de resolver. Optamos por una verdadera concientización antes que un posicionamiento rápido”, declara Martín Briano, secretario de Cultura e integrante de la mesa ejecutiva del gremio universitario.

La postura del suinau había circulado en un comunicado que afirmaba que lo planteado por la inddhh era “por lo menos parcial”, porque los funcionarios no habían sido consultados y porque no consideraba los “profundos y evidentes cambios que en los últimos meses se han operado en los distintos servicios que se concentran en la Colonia Berro”.

Mientras el federal se ordenaba para comenzar la sesión de ese 28, otra reunión estaba sucediendo: la de la directiva del sindicato. Desde las últimas elecciones, en 2011, cinco de los nueve cargos, la mayoría, pertenecen a la lista 10, encabezada por José Lorenzo López, popularmente conocido como “Joselo”. Otros dos puestos corresponden a la lista 20, que tiene como una de sus referentes a Alicia Bello, directora del Programa de Apoyo al Egreso de los internados en el sistema penal adolescente e integrante del Comité Central del Partido Comunista. Los dos puestos restantes son de la lista 1886, y uno de ellos lo ocupa Juan Quevedo, dirigente de la agrupación y trabajador de la institución desde 2008.

“La interna del sindicato se maneja de una forma bastante irregular. Se define si hay reunión de directiva o no en función de mayorías circunstanciales. En este caso, la lista 10 es la que define, por lo tanto no hay una vida orgánica que le permita a nuestra lista seguir paso a paso las cuestiones de la institución. La lista 20 tiene más contacto porque tiene un acuerdo tácito con la 10 y suelen votar en bloque.” Las palabras son de Quevedo, quien relata a Brecha que en la sesión de directiva del 28 se mencionó la existencia de una “carta del Serpaj” que ellos desconocían y la invitación de la feuu a presentar sus descargos esa misma noche. “No estábamos de acuerdo con las explicaciones que ellos iban a dar, por eso no fuimos. No íbamos a poner la cara en algo con lo que no estamos de acuerdo y que tampoco fue discutido con nosotros. Nos enteramos por las redes sociales de la declaración emitida por la mayoría del sindicato. Nos indignamos por el procedimiento, pero a esta altura ya estamos bastante acostumbrados. Le hicieron críticas a la inddhh cuando el sindicato no tiene por qué criticarla. En todo caso, esas denuncias deberían ser tomadas por la institución. El sindicato no tendría ni que intervenir, es un problema institucional entre el inau y la inddhh”, sostiene.

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COGOBIERNO. Cerca de las ocho y media de la noche, Joselo López, Alicia Bello, Carlos Salaberry, más conocido como “Tato”, secretario general del sindicato, y Tatiana Antúnez, integrante de la dirección del Hogar Cimarrones y del programa de egreso que dirige Bello, entran al local de Arenal Grande. La delegada del Serpaj lee el comunicado que busca adhesiones, y se retira. Los delegados del sindicato extienden su posición durante la hora siguiente.

López es el primero en explayarse en una cerrada defensa de la gestión actual. Está respondiendo a lo planteado por las organizaciones, para las cuales resulta “imperioso relevar a la actual dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), generando de esta forma una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado, (ya que) entendemos que los órganos de dirección tienen responsabilidad sobre gran parte de las acciones que llevan adelante las instituciones”.

Ahora bien, ¿por qué un sindicato que se caracterizó históricamente por pararse en la vereda de enfrente de cualquier administración que pretendiera conducir el sistema penal adolescente tomaba ahora el mando de su defensa? “Tenemos la misma posición que teníamos antes, pero en función de los cambios que ha habido a nivel institucional…”, responde López a este semanario. “Tuvimos enfrentamientos durísimos con la administración porque entendíamos que había un caos institucional, producto de una gestión que tenía una visión perjudicial para los intereses, no sólo de los chiquilines, en cada uno de los centros de reclusión, sino también de los trabajadores. Ahora compartimos una visión de modelo, más allá de quiénes son los que ejecutan. En ningún momento salimos a respaldar a las personas sino a un modelo de gestión que nos parece más adecuado que el anterior. En cuanto a la atención de los adolescentes privados de libertad, estamos en el mejor momento de los últimos 20 años.”

López lista los reclamos: ingreso de personal, mejoras edilicias y “un proyecto institucional que tuviera claro a dónde quiere ir”, en referencia a cinco nuevos programas, como el que lidera Bello, que son el caballito de batalla de su defensa de “la mejoría”. “Ni bien asume la nueva administración le planteamos nuestra visión al directorio encabezado por (Javier) Salsamendi.”

El sindicato obtuvo lo que reclamaba. De 600 funcionarios con los que contaba el área de los privados de libertad, se pasó a 1.340. También obtuvieron importantes mejoras salariales. López relata que además del convenio firmado en 2010, que incrementaba su masa salarial un 25 por ciento en el período, su mejoría fue reforzada “a raíz de una readecuación institucional y de la posibilidad del desarrollo de una carrera administrativa nueva”, además de un convenio firmado en 2013 que “permitió a los trabajadores tener un crecimiento por encima de ese convenio que habíamos tenido anteriormente”. En enero de este año un nuevo convenio les brindó un aumento de entre 14 y 30 por ciento según las diferentes categorías.

En cuanto a lo edilicio, “si bien todavía nos preocupa la demora que hay en la construcción de nueva infraestructura, ha habido nuevos espacios para atender a los jóvenes, con una problemática que se generó a fines del año pasado, cuando se definió un endurecimiento de las penas, con el cual nosotros no estuvimos de acuerdo, y eso generó que la población prácticamente se duplicara”. La sanción del Código Penal Infraccional Adolescente, en 2013, redundó efectivamente en la duplicación de jóvenes encarcelados en los centros del Sirpa, con un altísimo porcentaje de primarios que fueron enviados directo a la cárcel.

Su interés era entonces que el sistema penal juvenil creciera, que contara con más funcionarios, más establecimientos. Más poder, en definitiva. López responde: “Nuestro interés sería que el sistema no existiera, que no existieran gurises que cometen delitos, producto de que tienen mejores condiciones para insertarse en la sociedad. Pero en función de cómo viene la mano, la situación social que se desarrolla en nuestro país, y que el Poder Legislativo define leyes que van en dirección de la represión, hace que cada vez tengamos más adolescentes en privación de libertad”.

La misma pregunta del comienzo se le plantea a Quevedo, ¿a qué se debe el respaldo cerrado a esta gestión por la línea mayoritaria del sindicato? “Entendemos que hay grados de cogobierno entre la institución y gran parte del sindicato. Eso es lo primero que explica esta nueva postura hacia afuera. Ese cogobierno se expresa en las direcciones (de los hogares). Para que esté más

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controlada hay una parte importante de las direcciones que dependen de determinada lista. Es tan sencillo como eso. La explicación podría ser cómo se pasa de 800 fugas en el año, con Uriarte, a prácticamente las cero fugas de ahora, cuando los cambios no han sido tan sustanciales.”

En la feuu, el lunes, vuelan las desconfianzas sobre los motivos de las organizaciones que impulsan el comunicado que busca adhesiones, mientras los integrantes del suinau se condecoran con el apoyo recibido por los coordinadores de la central obrera. “Yo particularmente informé a Fernando Pereyra de esa convocatoria, otra compañera (Alicia Bello) le informó a Marcelo Abdala. Integro el Secretariado del pit-cnt, pero por las dudas consultamos a los tres coordinadores, hablé también con Beatriz Fagián, les dijimos para qué era la convocatoria, qué era lo que se estaba jugando y fuimos con el respaldo del pit-cnt a esa reunión”, declaró López.

Como integrante del Secretariado Ejecutivo del pit-cnt en representación de la Confederación de Empleados Públicos (Cofe), López estuvo presente en la reunión que los trabajadores mantuvieron el martes 6 de mayo con Ruben Villaverde y Jorge Gago, integrantes de la directiva del Sirpa. La posición de la central sindical se inclina por respaldar tanto a la directiva como al sindicato, aunque Edgardo Oyenart, encargado de la Secretaría de Derechos Humanos, dijo a Brecha que la posición no está saldada aún y que el próximo martes se reunirán con integrantes de la inddhh. La feuu, por su parte, el lunes 5 emitió un comunicado respaldando el pedido de renuncia y el análisis de las organizaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿el principal punto de discrepancia del suinau con respecto a la declaración de las organizaciones sociales fue el pedido de relevo de la dirección actual? “Eso no es así. No vamos a mover un dedo. De la misma manera que lo dijimos antes lo seguiremos sosteniendo. Nosotros no elegimos patrones, esto es línea del sindicato. Lo que defendemos es que, frente al modelo de gestión que había antes, estamos absolutamente de acuerdo con este. No le quitamos la trascendencia que puedan haber tenido las autoridades, pero los principales protagonistas de este cambio han sido los trabajadores.”

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

16 mayo, 2014

“La gran impunidad”

El discurso de la comisión delegada del SIRPA, encabezada por Ruben Villaverde, y el del sindicato de trabajadores del INAU (SUINAU), en manos de Joselo López, ha permeado a los

integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que rechazó sumarse al pedido de renuncia de la dirección del SIRPA.

Mirtha Guianze - Foto JUANJO CASTEL

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Hay dos coincidencias centrales en ambas posiciones: que el informe de la inddhh es “incompleto” porque “no ha contemplado la voz de los trabajadores”, y que el pedido de renuncia de la dirección del sistema planteado por el grueso de las organizaciones de la sociedad civil –que se robusteció con el apoyo de la feuu la semana pasada y de Crysol, en ésta– desconoce “los avances” logrados. Confluyen así en una tercera cuestión: quitar del centro de la discusión las denuncias de malos tratos y torturas sufridos por los pibes presos. En eso se muestran cautos. “Hay que esperar los resultados de las investigaciones”, dicen casi al unísono, respetar “el debido proceso” y dar garantías a los acusados.

Mirtha Guianze llega de una nueva visita a un centro de reclusión juvenil, respira hondo y explica a Brecha: “Somos un mecanismo de prevención de la tortura, vamos a seguir haciendo informes en todos los lugares donde haya personas encerradas”. El de la inddhh “es un mecanismo preventivo, no reactivo. Tenemos que monitorear, y cuando tenemos elementos hacemos un informe a las autoridades primero, para entablar un diálogo”. Eso fue lo que sucedió en este caso. “Cada informe se fue poniendo en conocimiento de la dirección del Sirpa. Fueron enviados desde acá, pero además hemos tenido reuniones.”

Guianze relata que fueron tres las situaciones prioritarias en esta etapa de control del sistema penal adolescente: la de las mujeres “que muchas veces no se les da mucha bolilla, y hay muchas de ellas presas con sus hijos”, la del Hogar Desafío, que debería albergar menores entre 13 y 15 años pero, según comenta, “estaban mezclados con los mayores”, y la del Centro Ser, ese sí de la Colonia Berro, “en el que no hay hacinamiento pero sí una situación de violencia institucional que es palpable y de la que sabemos por distintas vías: por funcionarios actuales, organizaciones sociales instaladas allí, familiares, e incluso trabajadores de otros hogares”. Explica que según el protocolo que guía su tarea, el equipo se reparte para entrevistar a la dirección del centro visitado y a los funcionarios. “Hay conversación formal e informal con los funcionarios.” La fiscal cuenta que “se obtuvo un relato coherente que nos dio la certeza de que los castigos continuaban.”

Lo afirmado por la titular de la inddhh se condice con lo denunciado públicamente por un grupo de familias de internos de ese mismo centro. Los episodios de violencia se incrementaron una vez que la nueva dirección, encabezada por Jessica Barrios, tomó control del Ser en julio de 2013. Ella misma ha sido denunciada por maltrato, y según pudo saber Brecha, continúa en su puesto.

Puerta giratoria. “La institución tiene los mecanismos para deshacerse de los funcionarios que hayan incurrido en faltas graves, y eso es lo que debe dictaminar si realmente todas estas cosas que salen a la opinión pública se concretan.” Las palabras, que bien podían haber sido dichas ayer o la semana pasada, están publicadas en un artículo de este semanario fechado el 24 de junio de 2005. Pertenecen a Joselo López. Una rápida revisión del archivo permite identificar otro mecanismo que también se ha reeditado como un loop en esta nueva ola de denuncias: desacreditar a los denunciantes –el argumento clásico es “miren que éstos no son nenes de mamá”– y confiar en la capacidad del sistema para investigarse a sí mismo.

“En los últimos dos años ha habido 26 denuncias por malos tratos. Se resolvió investigar en todos los casos y hacer la denuncia penal cuando correspondía”, aclara a Brecha Mónica Rodríguez, asesora letrada de la Comisión Delegada del Sirpa. “En cinco de los casos surgieron elementos delictivos”, aclara. Tres terminaron en procesos penales y dos se encuentran aún en etapa de presumario. Sólo uno de los acusados fue condenado a prisión. Los otros dos fueron procesados sin prisión y “están trabajando en el Sirpa”. “Estuvieron sancionados, cumplieron la sanción y el procesamiento. Cuando cumplen con la medida impuesta pueden volver a su lugar de trabajo, en la medida en que eso no afecte el servicio”, afirma Rodríguez.

Las 21 investigaciones que restan aún no han concluido. Brecha requirió información a la abogada sobre la fecha de presentación de esas denuncias, la cantidad de funcionarios involucrados y el estado actual de las mismas. Esa información no estaba sistematizada. Un pedido similar fue realizado por la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, que viene estudiando el tema. Los datos debían ser presentados en la mañana de ayer, pero la sesión fue cancelada.

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El “proceso administrativo” en que todos confían es el que rige las faltas de todo funcionario público, el del decreto 500. En el Sirpa está a cargo del departamento de Jurídica, del que Rodríguez es parte. “Dependiendo de la complejidad que tenga el caso puede demorar de dos a cuatro meses”, declaró la abogada.

Las cifras citadas corresponden sólo a los dos años de vida que lleva el Sirpa. ¿Hubo alguna depuración de funcionarios con antecedentes de violencia en el traspaso del Semeji al actual Sirpa? “No, no podemos hacer eso. Si el funcionario está trabajando y si algún día tuvo una sanción y cumplió con su sanción, sigue trabajando.

No todos los casos en los que hay malos tratos tienen una entidad gravísima, y no en todos los casos es necesario separarlo del cargo o pedir la destitución. Es Jurídica la que estipula la gravedad y el plazo. Con base en esos elementos, la comisión delegada toma la resolución. Si lo que surge es que el hecho es gravísimo, se da paso a la justicia y ésta resuelve”, concluye.

Hay al menos dos casos conocidos públicamente en que funcionarios sumariados por hechos graves pasaron a integrar la dirección de alguno de los hogares. El primero fue el del ya famoso “Popeye”, “que estuvo a cargo de la dirección del Ser”, según confirma Rodríguez, y el otro, más reciente, fue la designación de Francisco Ponce al frente del Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (ciedd), inaugurado a fines de abril de este año. Ponce estuvo involucrado en el caso de Fabián Tomé, el chico que denunció al funcionario José Albín –uno de los procesados por la justicia que ya está en libertad– por haber abusado sexualmente de él. Según consta en el expediente judicial, Ponce le tomó declaración al chico abusado en frente del funcionario denunciado. Cuando en la inauguración de este centro el periodista de La Diaria Federico Zugarramurdi consultó a Jorge Gago, integrante de la dirección, por los antecedentes del director, éste respondió: “ese sumario se terminó hace largo rato” (La Diaria, 23-4-2014).

El debido proceso. Ahora bien, si de lo que se trata es de garantizar el debido proceso, ¿cuál es el mecanismo de protección para quienes denuncian maltratos estando dentro del centro de reclusión? La pregunta se trasladó tanto a Edgardo Oyenart como a Fernando Pereira, ambos integrantes del secretariado ejecutivo del pit-cnt. Ninguno de los dos supo contestar. ¿Cuál es entonces el protocolo que limita el uso de la fuerza? Tampoco. “Entiendo que esas preguntas hay que hacérselas al cuerpo especializado, a Joselo López”, responde Pereira. López, por su parte, dice a Brecha que lo que rige su actividad son las “directrices de Riad”: “es la capital de Arabia Saudita”, instruye. Lo cierto es que esa norma no dice una sola palabra del uso de la fuerza en los centros de reclusión.

La que sí logra responder a esa pregunta y a la anterior es Mirtha Guianze. “Afirman que tienen un protocolo, que siguen las reglas, que lo tienen todo escrito. Ese protocolo no lo hemos visto. Desde el principio pedimos que hubiese un reglamento para que los muchachos pudieran conocer sus sanciones y les fueran notificadas y tuvieran manera de recurrirlas. Eso así no funciona, no hay nadie que recurra sanciones. En algunos lugares se los han dado para leer y en otros no.”

Y esto no es de ahora. En el año 2000, hace 14 años, la Suprema Corte de Justicia ordenó a dos jueces de menores pronunciarse sobre la situación relevada por el Comité de los Derechos del Niño, durante 1999. Una de ellas, Graciela Berro, señalaba entonces: “Merece un renglón aparte el tema de las sanciones que puedan llegar a ser aplicadas por un educador. (…) El trabajo del Comité de los Derechos del Niño observa que ‘las reglas no son claras y que cualquier funcionario puede establecer sanciones en forma arbitraria’. Por otra parte, expresa que dichas sanciones no se notifican al menor ni a su defensor y no hay derecho a efectuar descargos o recurrir contra las mismas. (…) Este tema es sumamente delicado y se encuentra estrictamente vinculado con el ejercicio del poder y sus límites en un Estado de derecho, estimando la sede que deben incrementarse los controles sobre el funcionariado no técnico”.

La norma, según las múltiples fuentes consultadas, es la falta de criterios claros, generales y públicos, tanto para el uso de la fuerza, para los llamados “criterios de seguridad”, así como para los que determinan que un chiquilín acceda a planes de estudio y trabajo.

“Lo que estamos reclamando son registraciones independientes y fiables. Nosotros hacemos recomendaciones, pero no tenemos ningún método coactivo. Este mecanismo es disuasivo, no es

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que hayamos hecho esto y ahora vamos a parar. Es un tema de voluntad política”, insiste Guianze. “Es la gran impunidad de la gente que es intocable. Si no deshacen ese núcleo… El mejor control para los derechos humanos es el de los propios trabajadores, que a su vez temen perder el trabajo si denuncian. Hay una gran dificultad para conseguir pruebas en los contextos de encierro, eso sumado a la vulnerabilidad de los que están adentro, ¿cómo hacer?”

La discrecionalidad de las direcciones es la marca del sistema. La multiplicidad de situaciones según la dirección que se tenga, también. Si, como se sostiene, las direcciones de los hogares son elegidas por la comisión delegada del Sirpa ¿hasta dónde llega, entonces, su responsabilidad?

Brecha 2015

Samuel Blixen

Periodista

23 mayo, 2014

Barrer para abajo de la alfombra

Una reiterada incapacidad para sortear situaciones incómodas, unida a cierto orgullo político mal entendido, embretan a los administradores en trampas que se cierran. La última de estas situaciones se está dando como el segundo –o tercer– tropezón con la misma piedra, en las reacciones a las denuncias sobre malos tratos en centros de reclusión de menores infractores.

El oficialismo –aquella parte acostumbrada a no disentir con el arriba, esa parte que interpreta la obsecuencia como pasaporte a la permanencia– se sintió molesto cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) entregó a la Comisión de Población de la Cámara de Representantes un informe en el que consignaba que se habían comprobado episodios de malos tratos y violaciones a los derechos del niño en varias visitas realizadas al Sirpa. (Las situaciones comprobadas habían sido comunicadas previamente a las autoridades de ese organismo.) La airada reacción del jerarca al frente del Sirpa, Ruben Villaverde, y las de algunos senadores y diputados del oficialismo, ocurrió entonces, no por los hechos, sino por su divulgación.

Villaverde desmintió la acusación, afirmando que se trataba de casos viejos, de situaciones antiguas, cuestionó a la inddhh y reivindicó los resultados de una política que había reducido a cero los motines y las fugas en el Sirpa. Los legisladores del oficialismo, en una reunión de bancada que analizó el tema, respaldaron a Villaverde, al presidente del inau (que no había sido mencionado), y se sumaron a las críticas contra la inddhh. Tabaré Vázquez santificó el asunto reivindicando el concepto de “fugas cero” y sin mencionar las denuncias de malos tratos.

A partir de entonces los argumentos estuvieron a tono con las novedades y revelaciones que empeoraban la situación. Cuando se conocieron detalles de las denuncias en juzgados (sobre golpizas e incluso una violación), la senadora Lucía Topolansky atribuyó algunos sucesos al nerviosismo por la abstinencia de drogas que supuestamente sufren los menores recluidos; cuando se conocieron los “estilos” de algunos funcionarios integrantes de un grupo conocido como “los brazos gordos”, el dirigente sindical Joselo López explicó que los menores presos no son “nenes del Crandon”. Pero cuando las denuncias multiplicaron el cuadro de torturas, Ruben Villaverde optó por admitir parte de la realidad: se refirió a los funcionarios que habían sido separados de sus cargos, a las denuncias que ya estaban en los juzgados y a otras que él prometía realizar. Extrañamente, el viraje de Villaverde –que de hecho confirmaba el informe de la inddhh– no modificó la actitud de los parlamentarios oficialistas, que ignoran la nueva realidad confirmada. La oportuna “licencia” de la directora del hogar Ser, Jessica Barrios, denunciada penalmente por su responsabilidad en los malos tratos, que surge como una nueva “confesión”, tampoco modificó la postura política.

Pero puede interpretarse que Villaverde admitió una pequeña parte de la historia para preservar el resto en secreto, y para evitar una intromisión en el esquema de funcionamiento de las cárceles

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para menores. Tal es lo que se desprende de los conceptos que vehementemente vertió en una reunión con funcionarios del Sirpa.

“Yo estoy aquí porque me pusieron el ministro del Interior y el presidente –explicó Villaverde–. Para el gobierno, el principal problema son los menores infractores. Yo dejé de ser director de la opp para venir a atender esto. No es casualidad, porque este va a ser el problema más complejo que el gobierno lleve adelante. Yo me preparé para dirigir los números de este país, no para dirigir una cárcel, pero yo soy un soldado de este gobierno.” Y como un buen soldado, “yo soy el que tengo que aguantar y poner la cara de pelotudo ante la prensa”. ¿Por qué esa cara de pelotudo? Porque “conmigo, no se toca la estabilidad, yo no puedo permitir que haya gente desestabilizando adentro”, y es imposible determinar a quién iba dirigida la amenaza. Villaverde se preguntó, ante su auditorio, si él era injusto. “Sí, soy plenamente consciente de que he sido injusto en más de una oportunidad –se respondió, aludiendo a los menores recluidos–. Porque lo más importante no es que yo sea justo, si yo fuera justo tendría que ir a la televisión a hacer 45 denuncias, y pedir renuncias, y no solucionaría absolutamente nada. La única forma de solucionar una cantidad gigantesca de problemas que tenemos es matar problemas. Y solucionarlos.”

Las confesiones de Villaverde ante los funcionarios que dirige, el pensamiento descarnado sin cara de pelotudo, confirman que en ciertos círculos del poder las fugas cero bien valen malos tratos, aun para algunos gobernantes que sufrieron las torturas en carne propia. ¿Acaso la tortura es repudiable en un prisionero político pero tolerable en un delincuente común? ¿Y cuánto es permitido? ¿Un sopapo para combatir la abstinencia? Las denuncias hablan de cortes en la cara, palizas, electricidad en los testículos. La reposición en sus cargos de funcionarios que han sido sumariados y procesados (alguno identificado en el escalafón como “educador”) sugiere que se necesitan “brazos gordos” para mantener la estabilidad en las cárceles que alojan menores.

En otros círculos del gobierno, en cambio, la complicidad con lo que ocurre en el Sirpa es consecuencia de un cálculo político: no se puede admitir un escándalo sobre torturas en vísperas de elecciones. Barrer para abajo de la alfombra es un recurso repetido, y el cálculo consiste en apostar a que la memoria de la gente se diluye –o se marea– con yingles y consignas. Todavía tienen a favor la indiferencia de la oposición, embarcada en la baja de la edad de imputabilidad.

¿Habrá que resignarse? Los pibes seguirán siendo golpeados en el Sirpa, aislados, sancionados y con las visitas suspendidas; los funcionarios golpeadores serán restituidos y defendidos por el sindicato, los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos seguirán arando en el desierto en el que los pusieron los legisladores que los votaron.

Brecha 2015

Aníbal Corti Periodista 29 mayo, 2014

Alternativas al encierro

En medio del escándalo por las torturas en el Sirpa (bendecidas por buena parte de la izquierda y del pit-cnt), los partidarios de la reforma constitucional para bajar la edad de

imputabilidad penal adulta en Uruguay han dicho que el objetivo de esa reforma es erradicar las situaciones de violación extrema de los derechos humanos que existen en la actualidad.

Foto: Alejandro Arigón

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Esta afirmación es por lo menos sorprendente, por dos razones. La primera, porque la propuesta de reforma plantea una cosa muy concreta y otra muy vaga y difusa. La propuesta concreta es facultar a los jueces para castigar a los infractores de 16 y de 17 años como si fueran mayores de edad, imponiéndoles las penas que figuran en el Código Penal de adultos para ciertos delitos. La propuesta vaga y difusa es la creación de un servicio descentralizado dedicado exclusivamente a la internación y rehabilitación de los ofensores menores de edad que sean procesados como adultos. La creación de esa institución no es algo concreto porque en ninguna parte se dice qué características tendrá ese nuevo servicio y en qué se diferenciará de los servicios ya existentes. No sólo no aparecen definidas en la redacción de la enmienda constitucional, tampoco en documentos o declaraciones públicas. Si la rehabilitación es tan importante, llama la atención que, en el contexto de la propuesta de reforma constitucional, sea sólo una palabra simpática que aparece sin ningún respaldo detrás.

Pero hay otra razón por la que resulta muy sorprendente que los partidarios de la baja digan que su iniciativa viene a combatir el estado actual de las cosas y a montar algo nuevo. El aumento de las penas (que en la práctica no significa otra cosa que aumentar los períodos de privación de libertad) está en franca contradicción con la finalidad rehabilitadora enunciada en la propia letra de la reforma. Encerrar durante períodos todavía más prolongados conspira precisamente contra la finalidad de rehabilitación a la que se dice propender.

Hay evidencia empírica acumulada de que los programas de tratamiento más exitosos son aquellos que se han focalizado en aspectos como el desarrollo de habilidades cognitivas, el autocontrol, el manejo y la gestión de las emociones, las habilidades sociales, las habilidades de resolución de problemas interpersonales y la empatía, entre otras. En suma, los programas más exitosos se han centrado en el desarrollo de las capacidades intelectuales y morales de los individuos. La privación de libertad no es un medio específico para la rehabilitación. Es un castigo, es la imposición de un cierto grado de sufrimiento, pero no un instrumento específico y necesario para la rehabilitación. Más aun, los estudios empíricos sobre el desistimiento han mostrado la importancia decisiva de los aspectos extrainstitucionales (los vínculos familiares, de pareja y comunitarios) en el abandono del delito. Por ello, las políticas preventivas terciarias han apostado fuertemente a priorizar “el afuera” y a romper con el supuesto de que los programas de tratamiento necesariamente involucran la privación de libertad.

De este modo, las políticas en la materia, sin descuidar los procesos y acciones dentro de las instituciones penitenciarias, han buscado atender también y sobre todo el proceso de liberación y, fundamentalmente, incidir en el contexto social y comunitario en el que se insertan los liberados. Es clave para combatir la reincidencia el hecho de destinar esfuerzos a preparar a las comunidades para recibir a los jóvenes ofensores liberados y plantear vínculos positivos, no opresivos, entre los agentes comunitarios, los servicios pospenitenciarios del Estado y la población liberada.

Todo lo anterior fue dicho desde una perspectiva centrada en las consecuencias de las acciones. Pero es posible (y necesario) enfocar estos temas también desde una perspectiva deontológica.

Desde esa perspectiva, es preciso abordar el aspecto restaurativo (todo lo que tiene que ver con la reparación del daño causado por el delito) en los procesos de justicia juvenil. En las últimas dos décadas la idea de una justicia centrada no en el castigo (o no principalmente en el castigo) sino sobre todo en la reparación por parte del ofensor del daño causado a la víctima viene ganando creciente protagonismo en la teoría criminológica. Los procesos de justicia restaurativa incorporan típicamente instancias de mediación entre la víctima y el ofensor. Estas instancias están orientadas a la reparación simbólica del daño provocado, pero también sirven para acordar, llegado el caso, mecanismos de reparación económica y material. Más allá del debate sobre algunos de sus problemas (cómo evitar la revictimización sobre todo en casos de delitos como el abuso sexual y la violencia doméstica, qué valor tiene el pedido de perdón y cómo lidiar con la posibilidad de engaño o falta de sinceridad del ofensor, entre otros), existe un conjunto creciente de estudios que demuestran los beneficios de emplear este tipo de programas. Aun cuando su objetivo central no es abatir la reincidencia, presentan, en ese aspecto, tasas de eficacia superiores o al menos similares a las que se observan en los programas anclados en el sistema de justicia penal convencional. Esto vale también para los sistemas de justicia penal juveniles.

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En cierta medida, la menor reincidencia se debe a que los procesos de justicia restaurativa permiten generar una mayor empatía de los ofensores hacia las víctimas y sus familiares, otorgan un espacio de diálogo y comunicación donde las distintas partes pueden presentar su versión de lo ocurrido, minimizan los procesos de estigmatización y exclusión social, buscan maximizar el uso de alternativas no privativas de libertad ancladas en los recursos comunitarios y, al mismo tiempo, aprovechan y refuerzan los sistemas de control informales y comunitarios. En este sentido, un aspecto a considerar de los programas de justicia restaurativa es que toman en cuenta a las víctimas y a sus familiares (así como a otros actores de la comunidad) y ayudan a disminuir los costos y síntomas del estrés postraumático, la sensación de injusticia e insatisfacción, el deseo de venganza, entre otras cosas. Este último aspecto es particularmente interesante, ya que permite ofrecer una alternativa no punitiva en la que las víctimas, los familiares y el resto de la ciudadanía perciben que su voz y sus preocupaciones son tomadas en cuenta.

John Braithwaite, uno de los proponentes más destacados de este modelo de justicia, plantea en su libro Restorative Justice and Responsive Regulation (2002) la idea de una pirámide regulatoria donde la primera reacción del sistema debe ser siempre dialógica y de naturaleza restauradora, aunque, ante la ausencia de respuesta positiva de parte del ofensor o un fracaso en los esfuerzos, el sistema debe estar preparado para ascender en la pirámide y responder con medidas más duras. El ascenso en la escala punitiva debe llevarse a cabo con cautela y, frente a la existencia de signos de conformidad y de disposición al diálogo por parte del ofensor, debe habilitarse un retroceso hacia medidas más dialógicas y más blandas.

La oposición política al gobierno está en todo su derecho de entender que las cosas no se han venido haciendo en forma satisfactoria en materia de justicia penal adolescente en Uruguay. No obstante, la superficialidad de las alternativas que han dado a conocer, al menos hasta ahora, es inaceptable. Plantear medidas que extreman las penas y simultáneamente hablar de rehabilitación, pero sin establecer exactamente qué se pretende hacer ni cómo ello permitiría mejorar el estado actual de la situación, es poco serio y hasta frívolo.

Brecha 2015

Leticia Pérez

Periodista

20 junio, 2014

Hoy como ayer

Pasa el tiempo, pasan los gobiernos, pasan los directores, y el sistema de privación de libertad de los adolescentes infractores –aunque cambie de nombre– sigue por el mismo rumbo: el uso de la violencia como método de contención y la cerrada defensa del sindicato de los “compañeros” torturadores.

Pasó en el Ser. “Todo arrancó porque los del nivel dos sentimos los gritos de X que le estaban pegando. Ahí empezó el golpeteo de puertas y los funcionarios fueron abriendo pieza por pieza. Era el turno de los M. Dijeron que saliéramos y nos sacáramos la ropa. L y N entraron. L, ahí nomás, me dio un piñe atrás de la oreja y cuando estaba saliendo me pone la pierna. Caigo y N me da terrible patada karateca en la cara…” El relato sigue con lujo de detalles. “Yo me desmayé y cuando me despierto N me levantó y me daba piñas en la cara”. Sigue: “Le partió el ojo, después siguieron conmigo… nos dejaron a todos en bolas toda la noche… pintó patotazo, me dieron entre todos los que nombré”. ¿Resuena el testimonio? El sumario se abrió. M, N y L fueron separados del cargo. Pero la investigación administrativa culminó y M fue exculpado, L suspendido por 15 días y N por 30. La denuncia penal fue archivada por falta de pruebas. La contraparte: hacinados, se intentaron prender fuego. Suena descabellado pero esa fue la declaración desde el sindicato de trabajadores del inau (suinau) respaldando a sus funcionarios. “Se querían autoeliminar ahí… y los sacaron medio a prepo. Lo único que constatan los forenses es que hay un chico que tiene un corte en la ceja.” Pero las pericias se realizaron 11 o 12 días después. El escrito que cuatro años más

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tarde acompañó la destitución de M, N y L dice que “fue tiempo más que suficiente para que los adolescentes dejaran de tener marcas”. Los hechos ocurrieron en abril de 2003. En aquel momento, además de la falta de prueba forense, uno de los adolescentes negó lo sucedido. Lo habían sobornado con derecho a goce de whisky y alcohol rectificado los domingos, camuflado en una botella de hipoclorito. Los otros omitieron detalles por miedo. Cuando en 2005 cambiaron las autoridades del Interj (actual Sirpa) el nuevo directorio solicitó ampliar la prueba de aquellos episodios y se volvió a interrogar a los jóvenes, que ya estaban fuera del sistema. Como resultado, el instructor sumariante consignó en su informe contradicciones entre las declaraciones de los funcionarios y que el principal argumento de la defensa consistía en descalificar a los denunciantes. A pesar del fallo el suinau siguió expresando convencimiento de que nada había pasado. “Lo que hay son denuncias de jóvenes internados que ahora están presos en el Comcar o en el Penal de Libertad”, afirmaron. En marzo de 2007 Joselo López –usando la misma estrategia de autodefensa señalada por el sumariante– dijo a Brecha: “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero ellos son como el Cosita y el Sapo” (dos delincuentes que en ese momento habían causado alarma pública por sus crímenes). Por otro lado, el pit-cnt, que ante la última ola de denuncias por malos tratos en el mismo “hogar” manifestó una defensa cerrada de la gestión del actual directorio, alineado éste por primera vez en la historia con el sindicato de trabajadores, en febrero de 2007 apoyó el conflicto que declaró el suinau a raíz de las tres destituciones. “Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes”, dijo a Brecha el dirigente Juan Castillo en ese momento. Un documento elevado en 2006 por la directora del Departamento de Sumarios de la División Jurídica del inau reconoce que no se trató de un hecho aislado sino “dentro de un sistema caracterizado por un uso reiterado de una violencia, por momentos inusitada, practicada como método de contención”. En la nota1 que relata este caso, el periodista Daniel Erosa pregunta a Castillo si con estos elementos no cabe otra actitud de la central de trabajadores históricamente defensora de los derechos humanos. “La cosa es muy vidriosa…”, ensayó como inicio de una respuesta el dirigente. ¿Hoy esta postura resuena? Marzo de 2004. Tres ong envían un documento reservado a la Suprema Corte de Justicia elaborado a partir de informes, entrevistas y expedientes judiciales. El hecho es tratado en una nota publicada en La República2 por Roger Rodríguez. “Se han detectado violaciones a los derechos humanos en el Interj (…) particularmente en el centro Ser de Berro”, escribe el periodista a propósito del documento. Éste alerta sobre prácticas de tortura sistemática desde 1996, denuncias administrativas que culminan con sanciones demasiado leves en relación con su gravedad, y otras por la vía penal, que en “escasísimas situaciones han derivado en decisiones de la justicia, muchos funcionarios fueron trasladados de establecimiento y algunos hasta ascendidos en el escalafón funcional”. 2014. A la cabeza del nuevo hogar de bulevar Artigas se designa a uno de los implicados en el caso de Fabián Tomé, un joven que había sido golpeado y abusado sexualmente en 2012. Hecha la denuncia, el abusador terminó procesado y preso. Pero a Fabián lo mataron a los pocos días de salir en libertad.

Ahora, el funcionario del Ser implicado en siete denuncias administrativas y cuatro penales, recientemente denunciado por golpear a un joven en represalia a las declaraciones que éste hiciera en un informe de Canal 10, hasta ayer continuaba en el centro en tareas de coordinación de funcionarios, “hasta tanto llegue la resolución de Jurídica”, tras un pedido de informes de carácter urgente, y “sin contacto con los jóvenes”, confirmó a este semanario Ruben Villaverde. La denuncia desencadenó el lunes la intervención del Ser: nuevo equipo de dirección integrado por Wilmar García, Elena Rodríguez y José Luis Pérez, y un reforzamiento del equipo de asistentes sociales y psicólogos. Villaverde también confirmó a Brecha que la directora del centro –Jessica Barrios– luego de su licencia reglamentaria será trasladada, como resultado de una larga investigación iniciada hace varios meses por malos tratos. La misma culminó días antes de que Barrios compareciera ante la justicia por denuncias efectuadas en 2013 por un ex funcionario, caso que determinó otros cuatro sumarios. Villaverde también informó que el funcionario conocido como “Popeye”, sobre quien recaen varias denuncias penales y que desde febrero está separado del cargo con retención de la mitad del sueldo, continuará en la misma situación luego del 7 de julio.

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HACE AGUA. El lunes pasado la novedad fue que Isaura Tórtora, la jueza que lleva los casos por maltrato en el Ser, se había tomado licencia médica. De acuerdo al habitual funcionamiento de la justicia, esto significa que los expedientes están parados. “Generalmente los jueces cuando son designados suplentes hacen lo mínimo”, dijo a Brecha Juan Fumeiro, integrante del Comité de Derechos del Niño-Uruguay. Hasta el día de ayer el adolescente golpeado por un funcionario en el Ser tras haber sido identificado en el informe de Subrayado Investiga no había sido visto por un forense. Incluso no está claro si se ordenó la pericia. De no ser así significa un nuevo palo en la rueda, afirmó Fumeiro: el debilitamiento de la prueba acerca la causa al archivo. Consultada sobre el estado de las denuncias que dirige, la doctora Sandra Giménez, representante de algunas familias de adolescentes internados en el Ser, dijo a Brecha que los expedientes se trancan en el Juzgado de Menores Infractores. Sostuvo que las madres no saben que las denuncias pueden hacerse directamente en Pando, que se les explica que el sistema está pensado para que no gasten en abogados particulares y que el juez que entiende de esto es el de menores infractores. Pero las causas se trancan allí. Una de las denuncias presentadas por Giménez en 2013 “recién en Semana de Turismo el juez tomó conocimiento de la misma, pero aún no llamó a los padres para firmar la ratificación”. Giménez presentó la denuncia el 6 de noviembre, iba día por medio al juzgado, “eso un defensor de oficio no lo puede hacer”. La abogada indicó que hay otra denuncia efectuada en abril de este año por malos tratos y que el adolescente todavía no fue llamado a declarar. También indicó que hay un expediente sobre un hecho que ocurrió en mayo, denunciado por la propia dirección del Ser. En este caso el joven fue trasladado a declarar sin que la familia fuera avisada, violando el artículo 168 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La madre se enteró días después, en una visita.

A la denuncia del ex funcionario de apellido Márquez, recordado por las imágenes que él mismo filmó durante una golpiza y que fueran difundidas a través de medios audiovisuales y redes sociales, y por la que el jueves pasado varios funcionarios del Ser fueron a declarar en calidad de indagados, se sumó otra en la que el propio Sirpa figura como denunciante. Dos jóvenes se pelearon en una celda y terminaron tan mal que debieron ser trasladados de urgencia a un centro médico fuera de la Colonia. El médico que los atendió solicitó un informe forense. Por lo que se tuvo que llamar al juzgado. Dado el tipo de lesiones que presentaban se puso en duda la veracidad de la pelea. A los jóvenes les habían hecho firmar un acta que decía que se habían peleado. Luego declararon que en realidad habían sido víctimas de una golpiza.

REINCIDENCIAS. “A la prensa parece importarle el Iname cuando éste da motivo de inserción en la página roja e ignora totalmente las cosas positivas que se dan, y que son muchas”, dijo, por los noventa, uno de los integrantes del directorio, “ex secretario del coronel Barba, interventor del Consejo del Niño durante la dictadura” (véase Brecha, 2-I-05).

Discurso similar se ha escuchado en estos meses desde el gobierno y por parte de legisladores de izquierda cuando frente a las denuncias de torturas se responde la obviedad de que “hay que probarlas”, que de las mejoras no se habla y que los chiquilines no son “nenes de mamá” ni “del Crandon”, como aseguró Joselo López. Mientras, desde el sindicato se acusa a organizaciones como el Serpaj de dirigir una movida para justificar su función y atraer fondos internacionales. O como fuera sugerido por tres dirigentes del suinau en una asamblea de la feuu que resolvería su adhesión o no al comunicado emitido por más de treinta organizaciones de la sociedad civil en respaldo a la inddhh: se interpreta el ruido como una movida para desestabilizar el sistema y quitarlo de la órbita de inau, con la intención además de potenciar el discurso a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Recuérdese, sin ir más lejos, que el último cambio de dirección del Ser, antes de la intervención, fue a raíz de un intento de boicot de funcionarios que el anterior jerarca habría detectado en las redes sociales y que incluía la promoción de un motín y fuga de internos (véase El País, 14-XII-13).3

En tanto, autoridades públicas y parlamentarios frenteamplistas cuestionaban los informes elevados por la inddhh a principios de abril por imparciales, por omitir mejoras, por no incluir la voz de los trabajadores. Aunque lo que más molestó fue quizás su carácter, a juicio de varios, apresuradamente público.

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Mientras la justicia se demora, los mecanismos administrativos de denuncia manifiestan importantes fisuras en el respeto a las garantías de los jóvenes y sus familias. Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la creación de un mecanismo independiente con potestades sancionatorias, conforme a las recomendaciones periódicas que los organismos internacionales vienen señalando al Estado uruguayo. Esta semana se presentó en Ginebra el “informe sombra” sobre los avances en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes a instancias de la precisión del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas respecto del informe país presentado por el Estado. Se trata de un documento que nuclea a varias organizaciones encargadas de monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño (cdn). Las recomendaciones llegarán en enero de 2015 y en materia de justicia juvenil no se descarta que vayan en el mismo sentido que las anteriores: además de establecer un mecanismo independiente de recepción de denuncias, “el establecimiento de un sistema especializado de justicia penal juvenil y la privación de libertad como último recurso a aplicar”, señaló Fumeiro. Es probable que antes de fin de año recibamos una nueva visita de la Organización Mundial Contra la Tortura (omct) para acompañar la recorrida por el sistema de responsabilidad penal adolescente que el Comité realiza todos los años como parte del monitoreo permanente. La última vez que el secretario de la omct, Eric Sottas, visitó los centros de detención de adolescentes en octubre pasado expresó: “que entre el personal hay unas ovejas negras y por razones más bien de índole política hay cierta falta de determinación para arreglar esta cuestión. En los diez años que he seguido el tema eso ha estado pasando (…) están poniendo mucho énfasis en la infraestructura y es necesario, pero repito, hay que repensar quiénes están vigilando a los chicos, hay una formación de psicólogos, de sociólogos, pero quienes están en contacto directo con los chicos son los guardias, y si no se hace una detección muy rigurosa de los que perpetran malos tratos, todo el esfuerzo está afectado. (…) el chico lo que vive es eso, lo que le están haciendo, no las ideas” (véase Brecha, 1-X-13).

1. Véase Brecha del 8 de junio de 2007.

2. Nota reeditada por el periodista y publicada en su cuenta de Facebook. 3. La misma versión había sido planteada a Brecha por Ruben Villaverde en setiembre de 2013.

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Eliana Gilet Periodista 17 julio, 2014

Las gurisas

Desde que la Institución Nacional de Derechos Humanos comenzó a monitorear las condiciones de reclusión en el sistema penal adolescente, puso su acento en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF). Las gurisas sufren el triple de desidia de las autoridades: por ser presas, por ser adolescentes y por ser mujeres.

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Sirpa Femenino. Foto: Alejandro Arigón

El martes de esta semana la inddhh hizo público su informe de seguimiento, donde declara que la situación no se ha modificado desde su primera visita en diciembre del año pasado. Es más, un detalle no menor vuelve la situación aun más preocupante: ahora tres de las chiquilinas que estaban embarazadas entonces ya tuvieron a sus hijos y conviven con ellos. En total hay cuatro bebés presos con sus madres en el lugar que se describirá a continuación.

El centro está dividido en dos grandes alas, una peor que la otra.

“El ala izquierda” tiene siete celdas de distinto tamaño y capacidad. Tras sus gruesas puertas de madera de mirilla enrejada viven 31 gurisas y los cuatro bebés. Uno duerme en un cochecito y los otros tres en cunitas. La luz viene de un ventanal con doble reja y de una bombita de bajo consumo y poca potencia. Una bombita que no se apaga nunca, una luz mortecina que les interfiere el sueño. La medida fue tomada para evitar problemas con los bebés durante las noches, pero el informe apunta que en celdas en las que no hay niños las luces también permanecen encendidas.

El mobiliario consiste en camas de hierro y cajas de cartón para guardar las pocas cosas que les permiten tener. Afuera, en una repisa en el pasillo, quedan el jabón y las toallitas higiénicas, la pasta de dientes y los tampones, siempre y cuando no desaparezcan. Todo se pide a los gritos, incluido el papel higiénico. No hay material de lectura ni tele, nada más que una radio a pilas. Apenas unas paredes opresoras y descascaradas entre las que el tiempo no pasa.

“El ala derecha” es nefasta. En cuatro celdas de dos metros por uno sobreviven ocho chiquilinas; dos en cada celda, aunque en realidad tengan capacidad para una sola persona. Un pequeño tragaluz hace del sol una utopía. Hay dos estructuras de hormigón, una que se usa como cama y la otra, que originalmente era una mesa, como repisa. Las condiciones de higiene son pésimas. Las celdas de esta ala incluyen una “taza turca” en ese mismo espacio reducidísimo: un hueco en el suelo tapado con un cartón en donde hacer las necesidades. Una fuente de infecciones por donde se lo mire.

La inddhh había sugerido, tras su primera visita, un plazo no mayor a 120 días para reducir el hacinamiento, “sobre todo del lado derecho”, cosa que no ha sucedido.

“Las condiciones en las que se encuentran son violatorias de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención”, recuerda el informe, por si algún despistado no se había dado cuenta.

Al hacinamiento lo completa el tedio: “las adolescentes recluidas en esta ala no realizan habitualmente actividades; asimismo el tiempo de convivencia que se les permite es reducido y no se les permite salir al patio. No están distribuidas acorde a su edad. Los criterios de selección de las celdas adonde se envían las adolescentes son potestad de las coordinadoras y la dirección”.

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Los baños no brindan intimidad y muchas veces ni agua caliente; el patio, “en el momento de la visita, se aprecia inhóspito e inundado casi hasta la mitad de su superficie, y las instalaciones para uso educativo siguen siendo inadecuadas”. El informe relata cómo, en el momento de la visita sorpresa que hicieron, encontraron a dos profesores luchando por dar clase en la misma mesa de dos metros por uno.

La cotidiana. La marca del ciaf es la medicalización. Pastillas para dormir. Pastillas para la angustia. Pastillas para la conducta. A 28 de las 38 muchachas se les administra alguna combinación de esas, sin embargo, apenas diez “tendrían” un “diagnóstico de enfermedad crónica o aguda que requiere medicación”. Pero esta contención química es la única que se les provee. Preocupa particularmente el estado emocional y psíquico de las jovencitas que son madres, “que puedan sufrir situaciones de depresión o estrés ante la situación que afrontan en su calidad de mujeres privadas de libertad”.

Según relata el informe, está estipulado que las chicas tengan dos horas de “convivencia” al día fuera de las celdas, es decir, ir al ámbito común a ver televisión. Sin embargo, ni esto se respeta cabalmente. Dada la cantidad de presas y el espacio reducido en que deben habitar, las suelen dividir en dos grupos para hacer uso del salón comedor y la tele. Incluso se advierte que 16 de ellas concurren a alguna actividad ahí mismo: primaria, secundaria, orfebrería, yoga o al taller de la ong ProCul. Todo pasa en el mismo ambiente, el espacio común, a veces a la misma vez. Hay también un taller de peluquería y otro de costura. Las que van a este último deben hacer frente a una requisa cada vez que finaliza, incluyendo una revisión de la zona genital.

El vínculo con el exterior está totalmente intermediado: las cartas que llegan y salen están sometidas a censura, se abren y son revisadas por los funcionarios, así como las llamadas telefónicas. Las chiquilinas de Montevideo reciben la visita de sus abogados defensores cada dos meses. A las del Interior no vienen nunca a informarles sobre su situación procesal. No son las únicas cosas que desconocen. El centro no cuenta con un reglamento interno –desde la dirección se sostiene que se les entrega una copia del “reglamento de convivencia del sirpa”, pero las gurisas dicen no conocerlo–. La inddhh reclama que el centro tenga reglas propias que contemplen la perspectiva de género, que regulen la discrecionalidad actual: las sanciones las aplican los funcionarios, las anotan en un cuaderno y las comunican a la dirección. Las chicas no tienen posibilidad de hacer ningún descargo ante la sanción, a veces ni siquiera conocen el motivo, pero tienen prohibido pedir explicaciones. Las sanciones colectivas se continúan aplicando.

El informe de la inddhh es extremadamente crítico con lo que se vive en este centro, que no contempla ninguna situación particular, ni siquiera la de prestar las mínimas condiciones de confort e higiene para que los bebés tengan un “normal y saludable desarrollo”. Como cada informe anterior, este último también finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a la dirección del sistema y otro tanto para la dirección del centro.

Al ciaf en especial se le reclaman cuestiones prácticas básicas que no dependen más que de su puesta en marcha para mejorar al menos un poco la vida de las gurisas: separarlas según edad y estado procesal, permitir la entrada de ropa de abrigo, respetar la intimidad en las comunicaciones, que se ajuste el personal para evitar el ingreso de los funcionarios varones a las celdas, que se les comunique a las chicas el tratamiento médico que tienen y qué medicamentos consumen y que, por favor, les apaguen la luz para dormir.

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Brecha 2015

Samuel Blixen

Periodista

17 julio, 2014

Respaldos y mordazas

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados escucharon los testimonios de madres de menores internados en el hogar Ser del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y de la abogada Sandra Giménez, sobre las torturas reiteradas cometidas por funcionarios identificados.

Por diferente –y espesas– razones, la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados realizada el miércoles 2 de julio resultó altamente reveladora, además de impactante y conmovedora. Ese día los diputados Gustavo Espinosa (colorado, presidente de la comisión); Orquídea Minetti, Daniela Payssé y Felipe Michelini (frenteamplistas); y Gonzalo Novales y Pablo Abdala (blancos), escucharon los testimonios de madres de menores internados en el hogar Ser del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y de la abogada Sandra Giménez, sobre las torturas reiteradas cometidas por funcionarios identificados. Por decisión explícita, las actas de esa reunión –que expresamente no consignaban ni los apellidos de las madres ni los nombres de los adolescentes mencionados– fueron declaradas de difusión restringida a unos pocos legisladores y vedadas para la prensa y el público. La mordaza fue justificada en que la prensa tergiversa (al menos en estas cuestiones de torturas en el Sirpa) y para proteger a los menores que podrían ser identificados y sufrir represalias. Los argumentos, defendidos por las diputadas Payssé (Asamblea Uruguay) y Minetti (mpp) –Abdala, Espinosa, Michelini y Novales no compartieron las afirmaciones sobre la prensa–, son por lo menos contradictorios. Por lo pronto, Payssé tomó distancia de las denuncias de las madres pero admitió que hay represalias (de ahí el secreto), con lo que indirectamente reconoció la existencia de malos tratos. Los impactantes testimonios de las madres –cuya espontaneidad hace difícil dudar de su autenticidad– no modificaron, empero, la postura oficialista prescindente, ya evidenciada cuando fue presentado un demoledor informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con detalles de las torturas confirmadas. La mordaza sobre las actas duró apenas 48 horas. Los detalles de los terribles episodios (algunos de los cuales se consignan en esta cobertura) fueron difundidos en medios de prensa, y habría que señalar que afortunadamente adquirieron publicidad, porque sería a esta altura un reaseguro contra las represalias. Muchas de esas represalias, en el pasado, fueron abonadas por el secreto. “Entendíamos que no era posible que hubiera denuncias desde marzo de 2013 y que a ninguno de los diez o doce funcionarios que permanentemente eran denunciados ni siquiera se les hubiera iniciado un sumario administrativo porque las denuncias se habían extraviado”, dijo la doctora Giménez en la comisión. “El 22 o 23 de abril de este año fui nuevamente al Sirpa, me entregaron las copias de las denuncias que se habían presentado por parte de las madres y me dijeron que tomarían las medidas que entendieran oportunas. A partir de ese momento la situación de los chiquilines privados de libertad, no sólo en el hogar Ser sino en otros centros de la Colonia Berro, fue más cruda: los golpes y los insultos fueron permanentes, así como el encierro.” El pedido de discreción tiene siempre la misma consecuencia. Una madre le contó a los legisladores: “Fuimos a hablar con el señor Villaverde (presidente del Sirpa), quien nos recibió muy amablemente y nos dijo que nos ayudaría, que dejáramos todo quieto que estaría bien. Cuando estábamos por salir, nos pidió los nombres de los chicos. Una madre le dio el de su hijo –yo no lo hice porque no me inspiró confianza–, y lo torturaron todos los días durante meses ‘porque a la mamá le gustaba denunciar’: el único que sabía el nombre era Villaverde. Eso fue un jueves por la mañana; a las siete de la tarde de ese mismo día Villaverde salió en Subrayado diciendo que nunca había recibido una denuncia y que no estaba enterado de ninguna golpiza ni maltrato”. Otra madre reclamó: “Les pido a ustedes, le pido a mi Dios, que todo esto salga a la luz, y que si hay una ley, la hagamos cumplir. Pienso que si los chicos reciben tantas torturas, sufren tanto hacinamiento y

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encierro sin tener nada que los rehabilite, vamos a tener 600 niños asesinos en la calle, preparados para que cuando los miren torcido, golpeen, como están aprendiendo ahí adentro”. La diputada Payssé –que al menos en las comisiones asumió la cruzada de defender a las autoridades– reclamó para el Sirpa la iniciativa de la presentación de la primera denuncia ante la justicia. La doctora Giménez la corrigió, señalando que esa denuncia había surgido de otra, planteada por un funcionario del Sirpa, no por las autoridades. “La información que yo tengo es la que tengo, y la doctora tiene la que tiene”, retrucó la diputada. Algo similar había sostenido, refiriéndose a la veracidad de las denuncias. “No puedo plantearme la hipótesis –que puede tener ciertos visos de realidad o no– de que (los familiares) no ven a los chicos porque están machucados. Tendría que tener un poco más de rigor para poder llegar a la conclusión.” Y contó, con cierta ingenuidad: “Cuando estuve el lunes pasado conversé con muchos chicos y a mí nadie me presionó. No vi a ningún chiquilín machucado por haber recibido golpes. Durante la charla traté de fijarme especialmente en eso”. Y de paso plantó una sospecha: “Ahora sí: hablé con los gurises sin inducir respuestas porque me parece que eso no está bueno. Con total honestidad, en esta última visita percibí una mejora sustancial en el estado de ánimo de los gurises en general con respecto a otras veces. Yo no voy por los medios de comunicación difundiendo esto porque creo que, a veces, el trabajo silencioso es mucho más efectivo que el trabajo de la tele”. El diputado Espinosa se sintió en la obligación de responder: “Si la justicia hoy tiene nueve funcionarios indagados y siete denuncias penales, no hay testimonio inducido; sí quiero decir que no puedo creer que estemos todos tan inducidos al engaño y que seamos tantos: organismos públicos, Parlamento, justicia, el propio sistema, la prensa, ustedes como madres, los chicos”.

prácticas impunes. Pero nada de lo que afirmaban las madres en la comisión era novedoso o desconocido. La diputada Payssé había compartido el criterio explicitado por el dirigente sindical José López, en el sentido de que las denuncias echaban sombras sobre los más de mil funcionaros, cuando en todo caso los eventuales responsables son un puñado pequeño. Lo cual es cierto: pero el “Popeye”, el “Mauro”, el “Chichita”, Gerardo López, quienes aparecen en todas las denuncias, todavía no han sido sancionado por la justicia. Y como reveló la doctora Giménez, algunos de los que supuestamente estaban sumariados en el Ser “me abrieron la puerta cuando fui a otro hogar”. La diputada Minetti depositó toda la responsabilidad en la justicia: “Si el director del inau, el director del Sirpa, las personas que tienen responsabilidades políticas en esos ámbitos, están haciendo las cosas mal, que sea el juez quien lo diga. ¡Y que quede claro que no tengo que defender a nadie! Ahora, ¿que existe un abuso de poder en malos funcionarios? Lamentablemente eso es así, y es lo que el Poder Judicial tiene que resolver. Nosotros podemos escuchar y no podemos hacer absolutamente nada más”. Parece una conclusión temeraria, que deriva de una práctica extendida: dejar en manos de la justicia lo que es responsabilidad política y no reclamar una separación de los funcionarios de jerarquía involucrados en las denuncias. El diputado Abdala discrepó con Minetti: “El Poder Legislativo, entre otras cosas, debe ser escudo en términos de la vigencia y la protección de los derechos humanos; por lo tanto, debe ser el ámbito en que estas cosas se puedan plantear y denunciar, a efectos de que ocurra una reacción equivalente frente a situaciones que, en muchos aspectos, se podrían catalogar hasta de lesa humanidad”, y rechazó la interpretación de que las denuncias sobre torturas en el Sirpa –compiladas por la inddhh– que “se complementan, calzan perfectamente con los hechos que han sido descritos por los internos, por sus representantes o por sus abuelas y madres”, obedezcan a una “conspiración política”. La sesión del 2 de julio de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados confirmó lo que ya había comprobado la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que quedó asentado en los expedientes judiciales, lo que denunciaron diversas organizaciones no gubernamentales y lo que logró investigar la prensa: la reiteración de episodios de torturas y abusos a menores en el Sirpa, los esfuerzos por negar y ocultar esos episodios, las represalias contra aquellos menores cuyos familiares denunciaron públicamente los hechos, y la impunidad de que gozan algunos de los funcionarios identificados (los “brazos gordos” que apalean, cuelgan a los chicos desnudos durante toda una noche, obligan a limpiar el patio con cepillos de dientes, los obligan a defecarse y orinarse encima esposándolos a la espalda). El propio Ruben Villaverde, en presencia de un juez y una fiscal, admitió que “eran prácticas difíciles de erradicar”, que era “muy difícil estar permanentemente lidiando con el sindicato”, lo que no justifica las omisiones, las tergiversaciones y los ocultamientos.

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Lo que no queda claro es por qué el oficialismo sigue respaldando a las autoridades, con el costo político que ello implica. Y apañando las represalias ocurridas desde febrero, cuando se conocieron las primeras denuncias de la inddhh. El presidente del inau, Javier Salsamendi, dio una pista cuando le sugirió a la doctora Giménez que no presentara ninguna denuncia, para evitar el escándalo antes de las elecciones. “Después se me dijo que en año electoral no se podían investigar estas cosas”, reveló la abogada. Esa puede ser una de las explicaciones, pero no resulta totalmente satisfactoria, teniendo en cuenta que el comando electoral de los blancos resolvió incorporar el episodio de las torturas en el inau como uno de los tres grandes casos de agitación política. Infructuosamente se pretendió recabar, entre los dirigentes políticos del Frente Amplio consultados, una razón explícita. Muchos de ellos, paradójicamente, dicen no tener una justificación oficial de la ausencia de medidas, y ni siquiera una discusión política del asunto. Coinciden en que una posible explicación es el tremendo respaldo político que tiene Ruben Villaverde, anfitrión de comentados asados en los que participan miembros de la corriente Articulación del pit-cnt, militantes del mpp y de Asamblea Uruguay y hasta algún ministro. Más discretamente, los consultados no descartaron que el apoyo implícito a Villaverde sea resultado de una evidencia: su administración redujo a cero las fugas y motines, y eso se valora como un logro, aunque se haya conseguido mediante malos tratos, medidas represivas y en ocasiones torturas. Lo insólito es que tales métodos para obtener aquellos resultados sean respaldados por altos funcionarios que en su momento fueron víctimas de torturas sistemáticas.

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

17 julio, 2014

De gritos y sordos

Las nuevas denuncias sobre los hogares femeninos y los testimonios desgarradores de madres de adolescente torturados en el Sirpa agregan datos. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos se rindieron a la evidencia de las barbaridades, pero algunos representantes del oficialismo relativizan los hechos, al borde de la complicidad.

Colonia Berro - Foto JUANJO CASTEL

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Las nuevas denuncias sobre la situación de los hogares femeninos y los testimonios desgarradores de madres de adolescente torturados en el Sirpa agregan datos sobre una realidad que se agrava con las represalias a quienes se atreven a denunciarla. Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos se rindieron a la evidencia de las barbaridades, pero algunos representantes del oficialismo minimizan y relativizan los hechos, en una actitud incomprensible que los deja al borde de la complicidad.

Los detalles del cotidiano lidiar con el sistema de responsabilidad penal juvenil se hacen carne en las palabras de madres y abuelas. La sensación que despiertan es inmediata. Es urgente.

“Durante casi un mes no pude ver a mi hijo porque estaba sancionado. Por las madres que están en la fila para tomar el ómnibus del inau me enteré de que cuando a los chiquilines les pegan y quedan lastimados los sancionan para que las madres no los vean. Yo había explicado todo esto a la primera abogada que me habían asignado en el juzgado (en el interior del país), que nunca me atendió. Le dije que por favor hiciera algo porque le estaban pegando, pero nunca me atendió. Llamé al hogar y me dijeron que mi hijo estaba sancionado. Expliqué que hacía casi un mes que no podía hablar con mi hijo y que de cualquier manera quería hablar con él. La funcionaria que me atendió, me cortó.” Cuando finalmente logró verlo, “me dijo que le habían dado una gran paliza, que le llenaron la cabeza de chichones, aunque lo único que alcancé a ver fue que estaba todo raspado, porque lo habían agarrado a patadas y lo habían tirado en el baño. ¡Con razón iba a hacer un mes que no lo veía! Yo estaba desesperada; entonces, me voy otra vez al juzgado y le digo a la abogada: ‘Mire, a usted la destinaron para esto. Si usted no me puede atender, deje espacio a otro’”. Pidió que la cambiaran de abogado, le dijeron que no se podía. Recurrió a los juzgados en Montevideo, donde finalmente le asignaron un abogado con el que tampoco tuvo suerte. “Mi hijo hace nueve meses que está ahí y no tuvo abogado hasta que entró la señora Sandra.”

Recorriendo los tribunales y los mostradores de la burocracia del sistema penal, las madres tomaron contacto con Sandra Giménez, la abogada que defendía las causas penales de otros gurises. Hacen manifiesto el agradecimiento que le tienen, sobre todo, por la voluntad de poner su cuerpo, su cara, su voz y su trabajo para denunciar intentando evitar las represalias. Eso también surge de la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de diputados. La repercusión “adentro” de lo que pasa “afuera”. Adentro es aislamiento, destrato, agresividad, provocación, tortura. “Afuera” es denuncia.

“Empezamos a hacer las denuncias en el Sirpa en julio del año pasado. La responsable de jurídica nos dijo que no pusiéramos los nombres y que acudiéramos a ‘derechos humanos’, donde nos podrían ayudar más, porque si ella ponía los nombres de nuestros hijos, los iban a lastimar. Cuando fui a la visita mi hijo me dijo: ‘Mamá, por favor, no hagas denuncias porque a Fulano lo reventaron mal a palos porque la madre denunció y dijo su nombre’. Después volvimos a ‘derechos humanos’ y expusimos el caso”.

Se desconoce el resultado de las investigaciones internas del Sirpa iniciadas a raíz de las múltiples denuncias, más allá de los traslados a otros hogares de los funcionarios involucrados. En cuanto a las presentadas en la justicia, Brecha pudo confirmar que todas las que se encuentran en manos del juzgado de Pando, continúan aún en presumario. El comité de los derechos del niño elevó una carta a Jorge Díaz, el fiscal de corte, pidiendo explicaciones por las demoras que los fiscales están teniendo para presentar cargos en estos casos. Según supo Brecha, la denuncia más antigua data de abril del año pasado y fue iniciada en un juzgado de Montevideo y luego llevada a Pando. Allí, la jueza Isaura Tórtora estudia la posibilidad de unificar los expedientes en una megacausa, considerando que los denunciados se repiten. Al cierre de esta edición, esta medida no se había concretado aún, alegando que la dificultad radica en que todas están en distintas etapas de instrucción.

Las madres, mientras tanto, ven las huellas, intuyen: “Se siente una impotencia enorme. Viví en carne propia lo que es ver a un torturado; un hijo que sale con la mirada baja, no te habla, no sabe ni cómo expresarte las cosas: una ve el color de ese rostro que no tiene luz en los ojos; automáticamente baja la mirada y nunca te mira a la cara. Eso es lo peor que puede haber para una madre cuando va de visita, porque una sabe muy bien que algo está pasando”.

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Buscan romper el silencio que atemoriza a los gurises y que se les va colando en el cuerpo, en la mirada y en los deseos: “En el caso de mi hijo, me cuenta de manera esporádica y no exactamente las torturas que ha recibido. Me he enterado de cosas en la cola de las madres: ‘A tu hijo le han hecho esto’. Entonces, en una de las visitas le comunico a él: ‘Me acabo de enterar en la cola por una de las mamás que hubo seis o siete chicos que dejaron desnudos en el patio, durante cinco días, haciéndolos saltar y engrillados. ¡Qué horrible! Después, con un cepillo de dientes, les hicieron limpiar el patio’. Estaba tratando de sonsacarle, a ver si él me comunicaba algo. Entonces, él me mira y me dice: ‘Uno de esos chicos era yo, mamá’. Traté de hacerme un poco dura, para no quebrarme ante él y tener la oportunidad de que me siguiera contando cosas. No pude lograrlo, hasta que un día, en una de las visitas, entra un chico muy delgado que mira a mi hijo. Yo miro al chiquilín y le pregunto a mi hijo: ‘¿Vos conocés a ese nene?’ Y me dice: ‘Sí, mamá; muchas noches, cuando yo estaba colgado en el baño, él inventaba que tenía que hacer pichí y caca para ponerse en cuatro patas, para que a mí no me dolieran tanto los brazos’. Él me contaba esporádicamente esas cosas, aunque no lo hacía de manera natural ni espontánea”.

Las madres también reconocen la importancia de contar con la Institución de Derechos Humanos como refugio y vehículo de sus denuncias, con la fiscalización de ese ojo insistente, sistemático y protocolizado. La pelea actual pasa por el acceso a las mínimas garantías: reglas claras de conducta y sanciones con conocimiento previo de ambas partes que reduzcan la discrecionalidad de las direcciones de los hogares y la erradicación inmediata de los castigos colectivos. También la regulación del vínculo con el exterior: que deje de prohibirse la visita como castigo, que la correspondencia deje de ser revisada (véase “Las gurisas”). Así como un mecanismo de denuncia y la garantía de que los pibes puedan contar con alguna defensa en cualquier instancia que los involucre.

En el mismo sentido empujan también los organismos internacionales de derechos humanos, el Comité contra la Tortura y el de los Derechos del Niño. Pero son las palabras de las madres y los familiares las que, una vez más, nos explican esta lucha en clave de derechos humanos: “Quiero que me devuelvan a mi hijo. Sé que cometió un error y está cumpliendo su pena por ese error, pero quiero a mi hijo como era antes, con una rehabilitación. El Sirpa les hace evaluaciones psicológicas; si uno tiene un pie rengo, pónganle una pierna ortopédica; si la mente está enferma y ellos tienen la evaluación, hay herramientas para que esos chicos salgan a la vida rehabilitados. Si yo no hago algo, si el grupo de madres no hace algo, si la sociedad no hace algo por esos chiquilines, cuando salgan van a matar. No vamos a tener a nuestros hijos; la sociedad va a tener niños enfermos”.

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

25 septiembre, 2014

Primera causa

Tras un año de investigación, siete pedidos de procesamiento a funcionarios del SIRPA esperan la resolución de la jueza penal de Pando. Es una de las múltiples causas por

torturas y tratos degradantes que pesan sobre el sistema penal adolescente.

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Colonia Berro. Foto: Archivo ACAR

La denuncia es de fines de 2013 y es conocida como la “causa del video”. Filmado con un celular por un funcionario que ya no está en la institución, apellidado Márquez, registra a un adulto de espalda fornida dándole una golpiza brutal a un gurí que está en el suelo y que no llega a verse.

Según publica esta semana El Observador, el fiscal de la causa, Leonardo Morales, habría solicitado el procesamiento sin prisión de seis de los implicados por el delito de “abuso de autoridad” (artículo 286 del Código Penal). Dos de ellos son Jessica Barrios y Alejandro Araújo, quienes formaban parte del triunvirato de la dirección del Centro Ser desde mitad de 2013.

Brecha pudo confirmar que desde el 8 de agosto existe un pedido de prisión para el protagonista de la golpiza, el famoso “Popeye”, el séptimo implicado en la causa.

El expediente está en manos de la jueza Isaura Tórtora, que tiene un plazo de 45 días para fallar.

Esta causa es la que está más avanzada pero no es la única, y contrariamente a lo publicado en distintos medios de prensa, no fueron “acordonadas”. Es decir, se juzgarán por separado, caso a caso.

De hecho, este periplo no comenzó en la justicia. La primera denuncia sobre las golpizas y vejámenes masivos producidos en el centro Ser fue presentada por decenas de familiares de las víctimas el 15 de julio del año pasado en la división jurídica del Sirpa. En ella se relatan los hechos sucedidos en las noches del miércoles 10 y jueves 11 de julio de 2013, cuando los internos fueron desnudados y violentados en conjunto en el patio del “hogar”. Un recrudecimiento punitivo que coincidió con el ingreso de Barrios a la dirección del Ser.

Un detalle no menor que se apunta desde la defensa de los jóvenes es que no se tomó ningún tipo de medida cautelar que los protegiera, ya que continuaron bajo la égida de los mismos funcionarios a los que estaban acusando. Recién en mayo de este año las autoridades del centro Ser fueron separadas del cargo, y no se tiene detalle de lo que sucedió con el resto de los acusados.

En el juzgado de Pando existen al menos otras cuatro causas que tienen como protagonistas a integrantes del equipo de los siete: dos realizadas en junio de este año y dos más presentadas a comienzos de este mes, que involucran a los jerarcas del Sirpa y el Inau Ruben Villaverde y Javier Salsamendi, por estar al tanto de lo que sucedía y no tomar cartas en el asunto.

A pesar de la gravedad de las denuncias, los tiempos judiciales resultaron demasiado lentos. Motivo por el cual el Comité de los Derechos del Niño presentó, a comienzos de julio, una nota al fiscal de Corte, Jorge Díaz, para denunciar los atrasos de la fiscalía de Pando. Díaz pidió información sobre el estado de las diversas causas a los dos fiscales actuantes –Morales y Silvia Méndez–, quienes se limitaron a brindar información básica de los expedientes.

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La causa finalmente se movió y desde el Comité valoraron “en forma positiva el impulso que ha tomado el procedimiento, pero no estamos de acuerdo en la tipificación que realiza el fiscal, porque entendemos que no se trata de abuso de autoridad sino de delitos específicos que están enmarcados en las convenciones contra la tortura que ha ratificado el país”, dijeron a Brecha. De hecho, en el escrito de las últimas denuncias presentadas en setiembre contra los jerarcas se pide expresamente que el delito que se aplique sea el de tortura (ley 18.026).

La causa del video renovó la lógica de desacreditar al denunciante, práctica que esta vez compartieron las autoridades de la institución con el sindicato del Inau: tanto Villaverde como Joselo López acusaron al ex funcionario de haber querido utilizar el video como forma de recuperar el empleo. Pero sobre todo, esta causa puede ser la primera que confirme lo que viene denunciándose desde hace más de un año.

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

17 octubre, 2014

Todos procesados

“Reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos” es el motivo del procesamiento de los siete funcionarios del sistema penal adolescente en una de las causas que investiga la jueza penal de Pando, Isaura Tórtora.

El procesamiento no implica una condena definitiva, sino que existen elementos suficientes para iniciarles un proceso penal.

En el caso de “Popeye”, autor de la golpiza, el pedido de procesamiento fue con prisión. En cuanto a Jessica Barrios y Alejandro Araújo, ambos integrantes de la dirección del Hogar Ser en ese momento, el pedido de procesamiento fue con prisión domiciliaria por 90 días. Para los otros cinco “educadores y coordinadores” el procesamiento fue con medidas sustitutivas durante el mismo plazo. La magistrada dejó estampado en el auto de procesamiento que “dichos actos eran llevados a cabo en forma reiterada dentro del Hogar Ser con la participación y el conocimiento de los coindagados. A su vez, los hechos relatados eran de conocimiento de la indagada (Barrios) quien se desempeñaba en ese entonces como directora en el Hogar Ser”.

El detalle es que a pesar de los procesamientos, todos, salvo “Popeye”, deben cumplir lo establecido “fuera del horario de trabajo”. Brecha se comunicó con Mónica Rodríguez, asesora letrada del Sirpa, para que aclarara la situación laboral actual de los procesados y las consecuencias que el dictamen judicial tiene sobre sus carreras como funcionarios públicos.

“Por el hecho del procesamiento en sí no hay consecuencias. La directora Jessica Barrios no está separada del cargo, sólo tenía un traslado preventivo y la jueza decretó la autorización de trabajar –respondió–. Hay figuras que constituyen delito pero no necesariamente la falta administrativa es de tal gravedad que pueda implicar la destitución. El procesado con prisión ya estaba separado del cargo y no recuerdo de memoria si los otros cinco lo fueron. El sumario administrativo (del Sirpa) no terminó en ninguno de los casos. El expediente está en etapa de ampliación sumarial, donde ellos están presentando sus pruebas.”

Rodríguez no aportó las fechas de las supuestas separaciones del cargo de los funcionarios cómplices. Tampoco logró demostrar con claridad que el episodio que aún está en investigación administrativa sea el mismo por el que fueron procesados en la justicia penal. Se refirió a la existencia de una “investigación madre” que reuniría todas las denuncias, pero no dio mayores detalles.

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Los siete funcionarios son denunciados en al menos otras tres causas que están abiertas en la sede de Pando. La posibilidad de que en el resto de los casos se les dictamine prisión es inminente, ya que este primer procesamiento oficiaría como antecedente.

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

26 noviembre, 2014

El vendaval

Varios conflictos comenzaron a asomar en las cárceles de menores y se ha quebrado la “fuga cero” en el Sirpa. De fondo, la tensión en el relacionamiento entre la dirección del sistema y el funcionariado. En el medio, la seguridad de los internos.

Algo cambió en agosto. A fines de ese mes el director del sistema penal adolescente, Ruben Villaverde, recibió “un dato” sobre “irregularidades” en el funcionamiento del último hogar habilitado, el Cied. El centro de ingreso, estudio y derivación que fue inaugurado con acto y cámaras de televisión, en el predio ubicado entre las calles bulevar Artigas y General Flores. Están ahí también el centro femenino y otros dos centros viejos para varones: el Cemece, que mordió parte del edificio de las gurisas, y el otro destinado a los adolescentes con medidas cautelares (esos sin condena, como por ejemplo, todos los detenidos por la Policía previo al encausamiento judicial).

El Cied es el primero que cuenta con cámaras, pero no se tienen detalles de la puesta en operación de ese sistema de vigilancia ni se sabe si su utilización produjo el dato que ahora tiene a Villaverde y su asesora personal, Mónica Rodríguez, apersonados en el centro. Se abrió un expediente de trazo grueso: 12 funcionarios, desde el cocinero hasta gente del economato, educadores incluidos, están en calidad de indagados. Ningún integrante de la dirección del centro está entre los sumariados ni entre los denunciados a la justicia. El hecho se conoció públicamente recién en noviembre, por declaraciones del propio Villaverde a El Observador, “teníamos un invicto casi como el de Munúa”, dijo en referencia al “fuga cero” ahora perdido. Comunicó también que ocho de esos 12 habían sido denunciados penalmente en el Juzgado 14, de la jueza Maynard, a comienzos de octubre. La justicia resolvió el encausamiento de cinco de ellos.

Joselo López, presidente del sindicato de trabajadores del Inau, salió en La Diaria del martes 25 a criticar ese procedimiento y a plantear un “cambio radical de la administración” con relación al tratamiento de las denuncias. Consultado por este semanario sobre esas declaraciones afirmó: “Respaldamos el modelo de gestión. Ahora, hay algunas cuestiones que se vienen dando en los últimos tres o cuatro meses y no nos conforman. Hemos planteado esas diferencias a la comisión delegada (Villaverde, Jorge Gago y Carlos Manzor) y al presidente del Directorio del Inau (Javier Salsamendi). Ante la andanada de denuncias, hay una onda como que para cubrirse, por las dudas, por lo que pueda pasar después, se saltean los procedimientos administrativos y se hace directo la denuncia penal. De los 12 sumariados del Cied, donde hay ocho con separación del cargo y cuatro que no, entre los ocho separados del cargo hay dos funcionarios que no estuvieron en el momento de los hechos”.

¿Cómo explica el cambio de actitud de la comisión delegada frente a las denuncias de violencia en los centros? “Hay que cuidarse las espaldas. Lo que hacen es cubrirse ante futuras denuncias, poder decir: ‘nosotros hicimos tal cosa’. Eso es un cambio en las reglas del juego y nos va a obligar a nosotros a que tomemos otro tipo de medidas. Si la lógica va a ser esa, le vamos a recomendar a nuestros compañeros que hagan denuncias penales”, sentenció.

EFECTO DOMINÓ. La noticia de esa denuncia hizo llover información respecto del sistema. Diez días más tarde se difundía que, en menos de una semana, seis adolescentes se habían fugado de

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dos centros. El domingo 23 El País daba detalles sobre un “motín” en el mismo centro, denunciado por Villaverde. Según la misma fuente, duró una hora. Toda la información publicada provino de fuentes de la propia institución. Según testimonios recabados por este semanario, lo que sucedió fue que algunos de los internos se negaron a abandonar el área común y volver a las celdas después de la cena. Esa situación, que según se sabe fue violenta, provocó que los funcionarios denunciaran a los internos frente a la justicia de adolescentes.

Las fugas, a su vez, generan sospechas, sobre todo el caso que se produjo en el Ceprili, uno de los hogares de mayor seguridad fuera de la Colonia Berro. Las irregularidades constatadas marcan la cancha: ¿Cómo llega un interno, que pasa encerrado más de veinte horas al día, a apoderarse de una cizalla para cortar un alambrado perimetral? ¿Por qué un joven que sale a trabajar fuera del centro y que está próximo al final de su condena, arriesga su situación escondiendo una sierra dentro de su celda?

Se sabe que la comisión delegada llamó, el miércoles 19 de noviembre, a una reunión amplísima en el 9° de Caballería, donde se instalarán un nuevo centro de reclusión y las oficinas del Sirpa. Citados los directores de los ocho programas y los jerarcas de los más de veinte centros de reclusión, el tema fue el “apriete” de las medidas de seguridad. El clima fue tenso. La relación entre dirigencia y funcionariado está caldeada.

No fueron los únicos que sintieron el cimbronazo. Las Ong que trabajan en medidas alternativas recibieron un telegrama en el que se les comunica que los convenios caerán en diciembre y que comenzará un proceso de evaluación. Algunas organizaciones están alertas y temen que no estén las garantías para que se haga una evaluación clara de su tarea.

El mundo de las Ong que funcionan dentro del sistema penal es también diverso, y se divide en dos grandes ramas, las que trabajan dentro de las cárceles y las que trabajan con las medidas alternativas. Juan Pablo Monteverde, de Vida y Educación (que forma parte de este segundo grupo), advierte que desde diciembre pasado tienen un nuevo convenio con el Sirpa mediante el cual, en vez de pagárseles por interno derivado, se les da un monto por un estimado de atención a 20 chiquilines. Afirman que desde entonces tienen una gran capacidad ociosa, porque los jóvenes no les llegan. La mayoría son derivados al Promesec, el área del sistema que por ese aluvión está desbordada. Mientras que las cuatro Ong atienden cuatro o cinco internos cada una, el Promesec tiene más de 90. Desde la institución se sostiene que es el procedimiento usual y habilitado por la nueva reglamentación.

A su vez, entre los operadores y los funcionarios surgen voces que alertan sobre lo complejo del fin de año dentro de las cárceles. Es el momento en que muchos gurises reciben licencia para visitar a sus familias, ese vínculo que es tan importante para la mayoría de ellos. Esto suele generar roces con el funcionariado.

El clima está enrarecido y las desconfianzas empezaron a asomar en un ambiente que hasta el momento había mantenido una paz tensa. El problema es siempre el mismo: la seguridad de los internos y quién la garantiza.

Brecha 2015

Rafael Rey

29 abril, 2015

Traslados

Si bien las condiciones en que se encontraban alojados los adolescentes detenidos en el Ceprili eran violatorias de los derechos humanos, nada parece indicar que en su nuevo destino -uno de los establecimientos del Sirpa- mejore su situación.

El martes pasado las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) trasladaron a los 20 adolescentes que se encontraban recluidos en el Centro de Privación de

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Libertad (Ceprili), para alojarlos en uno de los nuevos establecimientos del organismo, el Centro de Estudio y Derivación (Cied), inaugurado en diciembre de 2014.

Si bien las condiciones en que se encontraban alojados los adolescentes detenidos en el Ceprili eran violatorias de los derechos humanos, nada parece indicar que en su nuevo destino mejore su situación.

La representante de la Organización Mundial Contra la Tortura (Omtc) Carolina Barbara, quien estuvo la semana pasada en nuestro país, fue muy crítica con respecto a las condiciones del Cied. “Fue muy mal construido y sigue lógicas como la construcción de celdas de aislamiento, prohibidas por estándares internacionales a los que Uruguay adhirió (…). ¡No puede ser que construyan desde cero un centro de privación de libertad de adolescentes y hagan celdas de aislamiento!”, criticó (La Diaria, 21-IV-15).

El director del Sirpa, Ruben Villaverde, dijo a Brecha que el traslado no respondió a las críticas del organismo internacional, sino que estaba previsto desde hacía unos meses y que las demoras respondieron a que faltaba ajustar algunos detalles en el nuevo establecimiento.

Sin embargo, Luis Pedernera, del Comité por los Derechos del Niño (Cdn), aseguró a Brecha que los cuestionamientos sobre el estado del Ceprili llegaron también de parte de las próximas autoridades del Sirpa. “La futura dirección tenía en sus planes el traslado porque consideraba el sitio un lugar indigno”, aseguró Pedernera.

Sobre el estado del nuevo centro, el representante del Cdn fue elocuente: “Tenemos testimonios de adolescentes que nos dicen que, comparado con el lugar en el que están, el Ceprili era un cinco estrellas”. La situación no es muy distinta en el establecimiento construido en el predio del Batallón número 9, e inaugurado también a fines del año pasado. “Algunos funcionarios nos han dicho que hay partes de la estructura con grietas, y que en los días de lluvias fuertes parte del establecimiento se inunda”, señaló Pedernera. El mal estado edilicio afecta también a los propios funcionarios. “Los trabajadores comen en el pasillo que está en el patio porque no tienen lugar para descansar”, dijo.

La futura directora del Sirpa, Gabriela Fulco, se excusó de hacer declaraciones al respecto. “No corresponde que dé información hasta el día que asuma; obviamente que tenemos nuestra propuesta y nuestra idea de qué hacer, pero cualquier cosa que diga va a interferir con lo que estén decidiendo las actuales autoridades”, expresó. Según confirmó a Brecha, su asunción se concretaría en un plazo de diez días. Consultada por la demora en efectivizar su posesión del cargo, Fulco respondió que “lamentablemente” se demoró la asunción de las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, de donde todavía depende el Sirpa, hasta que se concrete la instalación del Irpa (nombre que se le dará una vez que salga de la órbita del Inau). “Son cuestiones administrativas”, explicó.

Sobre la llegada de una nueva dirección al Sirpa, Pedernera dijo que en el Comité por los Derechos del Niño “hay cierta expectativa con algunos de los planteos de hacia dónde tienen idea de orientar la ejecución de las sanciones”. Agregó que la futura directora planteó la “necesidad de una política con objetivos claros, alineada, en la que no haya diferencias entre los centros”. Según Pedernera, Fulco se manifestó favorable a que organizaciones como el Cdn monitoreen la situación de los adolescentes privados de libertad. “Hay una línea constructiva, de diálogo. Diferente a la que ha tenido la administración anterior”, sostuvo.

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Brecha 2015

Aníbal Corti

Periodista

25 junio, 2015

¿Compañero de quién?

La promoción de Joselo López a la vicepresidencia del Pit-Cnt es sólo un hito más en una larga y vergonzosa historia: la crónica de cómo los dirigentes de la central única de

trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del Inau.

Las nuevas autoridades de la Mesa Representativa del PIT-CNT José Lorenzo "Joselo" López (izq) fue designado vicepresidente de la mesa representativa, el nuevo Secretario General de la central obrera Marcelo Abdala (ctro) y el recién designado Presidente de la mesa representativa Marcelo Pereira, se saludan al final del Xll Congraso del PIT-CNT López fue dirigente del sindicato de INAU y de COFE, Abdala del UNTMRA y Pereira de Magisterio Junio 2015 Montevideo-Uruguay

El XII Congreso del Pit-Cnt terminó el miércoles de la semana pasada con una gran muestra de unidad. Tras una ardua negociación, las distintas corrientes que actúan en el seno de la central sindical acordaron llevar una lista de consenso para la elección del Secretariado Ejecutivo. De esta manera, Fernando Pereira, dirigente del sindicato de magisterio (Fum-Tep), se convirtió en el nuevo presidente de la Mesa Representativa, mientras que José Lorenzo “Joselo” López, salido de las entrañas del sindicato del Inau (Suinau) y representante de los funcionarios del Estado (Cofe), es el nuevo vicepresidente, Marcelo Abdala, del sindicato de los metalúrgicos (Untmra), es el nuevo secretario general.

“Esto salió demasiado bien, hasta no me gusta que haya sido así”, bromeó uno de los dirigentes del Pit-Cnt. El semanario Búsqueda, que recoge la anécdota en su edición de la semana pasada, aclara que el dirigente tenía sus razones para estar tan feliz. Más del 95 por ciento de los participantes había respaldado con su voto a la nueva Mesa Representativa, con 44 gremios titulares y ocho suplentes.

Fue el congreso con mayor participación en la historia del sindicalismo uruguayo por su número de delegados (1.154), pero también porque representó a 400 mil afiliados. En su apertura contó con la presencia del presidente, Tabaré Vázquez. Fue la primera vez que un mandatario formó parte de un acto de este tipo. Delegados de otros países (Brasil, Francia, España, Argentina, Colombia,

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Nicaragua, Italia y otros), siempre según la crónica de Búsqueda, reconocieron el carácter ejemplar y modélico del movimiento sindical uruguayo. Es que en la mayoría de esos países existen entre tres y siete centrales sindicales. La central sindical única uruguaya es tomada, dijeron, como un ejemplo en el mundo.

En el Uruguay progresista produjo disgusto e indignación el hecho de que no hubiera mujeres en la cúpula de la central sindical. Las autoridades electas ya prometieron corregir esta situación. En el Uruguay progresista, en cambio, no produjo mayor desazón, ni escándalo, ni indignación, ni crítica el hecho de que el compañero Joselo López hubiera sido entronizado en la cúpula de la central sindical. La promoción de Joselo López a la vicepresidencia del Pit-Cnt es sólo un hito más en una larga y vergonzosa historia: la crónica de cómo los dirigentes de la central única de trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del Inau.

En los centros de detención de adolescentes se tortura desde hace mucho. Tres organizaciones que trabajan en la defensa de los niños y los adolescentes –la Oficina Internacional Católica de la Infancia (Bice), Vida y Educación (Vye) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (Iaci)– presentaron hace más de diez años, en marzo de 2004, un documento reservado ante la Suprema Corte de Justicia elaborado a partir de diversos informes, entrevistas y expedientes de juzgados de menores. En ese documento se alertaba sobre la práctica sistemática de la tortura en centros de detención desde el año 1996, por lo menos, y también acerca de la impunidad de sus ejecutores. El contenido del documento fue dado a conocer en su oportunidad en el diario La República (14 de junio de 2004) por el periodista Roger Rodríguez.

Conforme la situación se fue haciendo cada más pública –y quizás también más grave–, los dirigentes del sindicato se vieron en la obligación de pronunciarse públicamente acerca de la situación de los “compañeros” en que recaían las graves denuncias. La dirección del sindicato cerró filas desde el primer momento con los torturadores. También los dirigentes del Pit-Cnt se vieron en la obligación de pronunciarse sobre esta situación. Su actitud ha sido, sistemáticamente, la de mirar para el costado, chiflar bajito, defender al sindicato –y transitivamente, por tanto, a los torturadores–, amén de promover en forma activa y al parecer entusiástica al principal referente de la tendencia mayoritaria del Suinau a los cargos de mayor jerarquía de la central sindical.

No todo el mundo corrió a sacarse la foto con Joselo. No todos los trabajadores del Inau son cómplices de los torturadores. En 2007, después de que la directiva del sindicato –actuando en defensa de tres funcionarios destituidos por diversos delitos– instalara como forma de protesta una carpa en la puerta del directorio del Inau, 200 trabajadores tomaron distancia de la mayoría del Suinau en una carta a la opinión pública: “No hablan en nuestro nombre los que detrás de posturas de supuesta defensa de los trabajadores olvidan decir que la enorme mayoría de los trabajadores del Inau no queremos ser cómplices de prácticas abusivas y violatorias de los derechos de ningún niño, niña o adolescente”.

Pero esa actitud honorable no fue la de los dirigentes del Pit-Cnt. Ellos decidieron ponerse del lado de los torturadores en 2007, y desde entonces hasta ahora han mantenido su alineamiento. “Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes”, dijo a Brecha en su momento (8 de junio de 2007) el entonces dirigente Juan Castillo. El periodista Daniel Erosa le preguntó al actual director nacional de Trabajo si con los elementos que manejaba el Departamento de Sumarios de la División Jurídica del Inau, que había confirmado la existencia de torturas no como un hecho aislado sino como una práctica sistemática, no correspondía que los dirigentes de la central sindical, históricamente defensora de los derechos (de algunos) humanos, adoptaran una actitud firme e intransigente al respecto. “La cosa es muy vidriosa…”, respondió Castillo.

“A los compañeros no se los delata, se los protege.” Esa es la bandera que ha levantado la tendencia mayoritaria del Suinau durante todos estos años (véase Brecha, 7-IX-12), y bajo la sombra de esa bandera se ha amenazado, hostigado e incluso expulsado del sindicato a quienes se han animado a denunciar los abusos y las enfermizas lógicas del encierro. La dirigencia del Pit-Cnt, por desidia, por cobardía, o por lo que fuere, ha apoyado con cierto cinismo a la tendencia mayoritaria del sindicato en esta actitud. Exactamente al revés de lo que dice la expresión popular,

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los hombres que hacen política son dueños de sus palabras y esclavos de sus silencios. Muchas veces callándose simplemente la boca, la cúpula de la central sindical eligió por quién tomar partido. Y no fue por las víctimas ni por los trabajadores honestos y valientes que denunciaron los abusos.

En la Colonia Berro jamás habrá un museo de la represión. En el lugar donde mataron a Fabián Tomé jamás habrá una marca de la memoria. Los actuales dirigentes del Pit-Cnt jamás exigirán juicio y castigo para los torturadores del Inau. Para ellos no habrá escraches ni condenas altisonantes.

La dirigencia de la central sindical es moral y políticamente responsable de que se perpetúe la tortura en los establecimientos de detención de adolescentes. Ellos son cómplices. Todos ellos, todos los que están en la foto con Joselo. Y también otros que no salieron en la foto porque fueron promovidos a cargos en el gobierno progresista. Todos ellos tienen las manos sucias. Han chiflado bajito y mirado para el costado cada vez que las organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación. Los dirigentes del Pit-Cnt no votan encarcelar niños, pero se hacen los giles cuando se trata de investigar a quienes los violan y los cagan a palos. Y además promueven a quienes defienden y dan cobertura a los torturadores a las más altas jerarquías de la central sindical.

El miércoles de la semana pasada fue elegido vicepresidente del Pit-Cnt el compañero Joselo López. Compañero, sí, pero ¿de quién? Mío no.

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

2 julio, 2015

La evidencia

A partir del análisis de un expediente del departamento jurídico del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) puede verse cómo la anterior autoridad

competente (la Comisión Delegada) amparó a uno de los responsables de maltratos y torturas a adolescentes presos. Redujo y dilató las sanciones reclamadas por dicho

departamento jurídico y lo promovió como director de otro centro de reclusión.

Villaverde. Foto PRESIDENCIA

http://brecha.com.uy/especiales/el-encierro-adolescente/ 143

Cuando las denuncias de golpizas y maltratos dentro del hogar Ser de la Colonia Berro –que estuvieron en el centro de la agenda durante varios meses del año pasado– dejaron de negarse, se arguyó que eran casos aislados generados por funcionarios descarriados. También se sostenía, institucionalmente, que cada denuncia estaba siendo investigada y que había que garantizarles el debido proceso a los funcionarios involucrados. Siguiendo ese hilo, Brecha hizo un pedido de acceso a la información pública con respecto a algunos casos ocurridos en 2012. También se solicitaron los legajos de varios de los funcionarios involucrados en los hechos.

El expediente que resulta clave tiene como protagonista a Claudio Martínez, conocido como “Popeye” y procesado por “reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos” en octubre de 2014, en uno de los casos que desbordó las barreras del sistema y llegó a la justicia penal. Martínez era subdirector del hogar Ser cuando ocurrieron los hechos por los que fue procesado. Lo que encontró Brecha es que cuatro días antes de nombrar a “Popeye” en ese cargo, la Comisión Delegada trató y desechó un pedido del departamento jurídico para que el “educador” fuese separado del cargo, al encontrárselo responsable de una golpiza ocurrida en febrero de 2012.

La denuncia la iniciaron la madre y la tía de Juan –el nombre es ficticio– el 6 de febrero de 2012. Ese día les avisaron del “hogar” que al gurí lo habían trasladado porque los funcionarios tenían quejas de él y porque la noche anterior había habido “un problema”. Cuando la familia encontró al chico, éste contó que durante una requisa Popeye lo había levantado“como una bolsa de papas”, que no lograba responder porque “estaba empastillado” y que había sido esposado y golpeado por el educador. Las madres reclamaron que se llevara al chiquilín al forense y que se lo protegiera en el nuevo hogar, por temor a represalias. El departamento jurídico inició una investigación de urgencia al respecto, entrevistó a jóvenes, educadores, subdirectores, pidió documentos, partes, horarios, turnos. Un mes más tarde elevó sus conclusiones a la subgerencia del sistema, en ese momento llamado Semeji, y que un mes más tarde se convertiría en el Sirpa. El informe y las conclusiones del departamento jurídico son claros.

El adolescente fue reducido dos veces, golpeado por el funcionario, y trasladado a otro hogar, sin que se supiera quién tomó esa decisión. Fue llevado al hospital Filtro, donde no lo atiendieron “porque no está en el hospital en el momento en que es llamado por los médicos” (la investigación no aclara a qué se debió esto). Juan fue devuelto a una celda diferente en ese segundo hogar, donde fue golpeado por otros internos y ahí sí, finalmente, atendido por una emergencia médica.

“Reunida y analizada toda la prueba, entendemos que el proceder del educador no fue ajustado al rol esperado, por lo que, y con la intención de prevenir nuevas situaciones, entendemos que existen elementos para sancionar al funcionario. (…) Consideramos asimismo que el resto de los funcionarios que se encontraron presentes en el servicio el día que se llevó a cabo la requisa son asimismo pasibles de sanción dado que –por acción u omisión– el funcionario que constata un hecho de apariencia irregular debe actuar en consecuencia, extremo que no se cumplió en este caso. Al contrario, el resto del personal educador, así como el propio subdirector, minimizaron el episodio llegando incluso tres de los cinco funcionarios a utilizar textualmente la misma expresión: “sangre puede haber porque se cortan a cada rato”, dice el informe.

Raúl González, encargado de la subgerencia del Semeji –aún no había cambiado su denominación a la actual de Sirpa– elevó un documento a la gerencia del sistema, fechado el 7 de marzo, en el que aconsejó sancionar a Martínez y observar al resto del turno, incluido el subdirector a cargo. La gerencia del entonces Semeji estaba a cargo de Ruben Villaverde, quien de manera interina ocupaba ese lugar, vacante desde fines de 2011 tras la renuncia de Rolando Arbesún. Pero no se cumple la sanción, sino que se abre una investigación administrativa en el centro donde el interno fue golpeado originalmente y otra en el lugar a donde fue trasladado y golpeado por otros presos. Se suceden tres informes sobre los hechos, dos de la asesoría letrada del Semeji y un tercero del departamento jurídico del sistema (entonces Sirpa), que toman declaración una y otra vez a las personas involucradas y que no difieren sustancialmente en nada de lo establecido en el que estaba listo a un mes de la golpiza.

En abril de 2013, un año después de los hechos, vuelve a pedirse que se separe de su cargo al agresor, de manera preventiva, y que se le retenga la mitad del sueldo, ya que no se le había aplicado sanción alguna. Según consta en un folio del expediente citado, fechado el 14 de junio de

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2013, “el señor Ruben Villaverde hace constar que, leídas las actuaciones, no comparte las conclusiones a las que arribara el instructor sumariante. Expresa que en la medida en que el señor Martínez ya no se desempeña en el centro (había sido trasladado a otro), dispone que se le instruya un sumario administrativo sin separación de cargo ni retención de haberes”.

El 20 de junio, cuatro días más tarde, y según aparece en la foja de servicio del funcionario, Claudio Martínez es promovido como subdirector del hogar Ser.

El 15 de julio de 2013 un grupo de madres se presenta ante el departamento jurídico del Sirpa a denunciar los abusos y torturas sufridos por sus hijos en ese hogar. Uno de los siete acusados es Claudio “Popeye” Martínez.

Las pruebas recabadas, cuyos detalles se despliegan en este artículo, permiten apreciar cómo, a pesar de manifestarse siempre individualmente, la violencia no es aislada, sino que es un continuo que se expande en el tiempo y se ramifica al resto de los centros de reclusión. También que el sustento de la violencia es político y que va tiñendo todas las partes del sistema, hasta llegar a la cabeza. En setiembre de 2014 un grupo de madres denunció en el juzgado penal de Pando a Ruben Villaverde y a Javier Salsamendi, entonces presidente del Inau, por omisión ante las torturas sufridas por sus hijos en uno de los hogares del Sirpa. Parte de la argumentación de las madres es que ellas mismas se entrevistaron con Villaverde para denunciar los hechos. La causa sigue abierta.

Brecha 2015

Eliana Gilet

Periodista

2 julio, 2015

La cárcel nació junto a su proyecto de reforma

La directora del Sistema Penal Adolescente, Gabriela Fulco, marca distancia de la anterior administración reconociendo la situación crítica en la que se encuentra el sistema. Es acuciante el estado en el hogar Hornero, de la Colonia Berro, que está sin agua hace un mes, y en el Ariel, en peligro de derrumbe.

Foto: Pedro Pandolfo

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Las cárceles construidas en el período pasado ya tienen problemas de infraestructura y una inadecuada distribución del espacio, pero el Sirpa no contará con rubros para atender esta situación hasta la aprobación del próximo presupuesto. Anuncia su intención de cerrar la Colonia Berro y la resistencia del sindicato a esta posibilidad. Proyecta la utilización del ex centro de reclusión de La Tablada –que cuenta únicamente con el celdario y carece de áreas de esparcimiento– como un gran lugar de reclusión de menores. En cuanto a la formación del personal, se proyectan “cursos” para los directores de los centros, algo que suena débil para hacer frente a la arraigada cultura de la seguridad y “la tranca”.

—¿Cuál es el panorama que encontró en el Sistema Penal Adolescente?

—El estado de situación ha sido vastamente descrito por los informes que nos preceden, a los cuales adherimos, tanto internacionales como los realizados por la Institución de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño. Estos organismos de control externo dan una visión objetiva, sin ningún tipo de implicancias que deformen la realidad. El 1 de febrero empecé un período de transición con las autoridades salientes, y al visitar los centros confirmé esta realidad. Es un organismo en estado crítico, deshilachado, atomizado, que no responde a un eje de conducción programática común. La gestión no es homogénea y produce mucha inequidad en los jóvenes, dado que la suerte termina siendo un factor importante. Según donde caigan, así les va a ir. Uno de nuestros objetivos es la homogeneización del sistema. Nos planteamos un proceso refundacional con otra óptica. Lo que ha primado a lo largo de los años son los criterios de seguridad, mientras los programas de rehabilitación real quedaron enterrados de manera tal que entendemos que ésta no existe.

—¿Cuáles son los puntos que pretende tocar para homogeneizar el sistema?

—Primero, la clasificación. En el sistema actual los jóvenes están distribuidos con diferentes criterios que tienen que ver con condiciones de seguridad, pero no con un estudio de base, con un componente de investigación criminológica que nos permita clasificarlos. Una vez hecho eso, tenemos que definir los perfiles de establecimientos muy dispersos. Nuestra tendencia es a cerrarlos e ir a centros más generales. Con lo que se invirtió en el período anterior vamos a tener el de la avenida Belloni (antes conocido como Colibrí I), que pasamos a denominar Unidad de Internación para Adolescentes Privados de Libertad I. Dejamos atrás la denominación de “pajaritos” y “batallas”.

—Brecha supo que lo construido en el ex predio del Regimiento de Caballería número 9, en Belloni, tiene graves problemas edilicios, e incluso que no se ha logrado habilitar, por deficiente, la segunda parte construida. ¿Esto es así?

—Hay un solo sector que está habitado y ya tiene dificultades de infraestructura porque la construcción no fue bien planificada. Estamos haciendo reclamos a la empresa constructora con respecto a lo que entregó. La dirección anterior aceptó la obra a pesar de todas esas falencias.

—¿Cómo se llama la empresa?

—Calpusa. La estructura edificada es bastante deficiente, y al alojar a jóvenes en un régimen de encierro rápidamente empieza a impactarse y a destruirse, por las propias condiciones de gestión.

—También supimos que no hay rubros para obras hasta el próximo presupuesto, porque los recursos fueron totalmente ejecutados por la administración anterior. ¿Cómo se soluciona esta situación?

—Sí, exactamente. Estamos atados a todo nivel en cuanto a lo presupuestal para el año 2015, además hay deudas, por lo cual, en esta realidad que defino como muy crítica, estamos tratando de ser muy creativos, pensando en otro tipo de gestión para las instalaciones que tenemos.

—¿Qué otro centro va a permanecer, de acuerdo a su planificación?

—Actualmente tenemos el nuevo centro de General Flores (que según supo Brecha, entre los internos y vinculados al sistema se lo llama “Guantanamito” por su similitud con la cárcel estadounidense). Está el Centro de Ingreso (también construido en el período pasado, alberga hoy a 71 internos) y otra área ocupada por sentenciados. En esa zona están las jóvenes privadas de

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libertad en condiciones bastante negativas (31 internas y dos bebés). Hay otro sector que se llama Cmc (con 16 presos), donde está representado todo lo que la Convención Contra la Tortura identifica como penas inhumanas y degradantes, al igual que el área de mujeres. Pasa lo mismo en la parte delantera del Cedd Burgues (20 internados), que tiene prioridad de cierre, y al que ya se le clausuró una parte. Está el de la calle Chimborazo, llamado Desafío (36 internos entre 13 y 15 años), el Paso a Paso (34 internos), en Garibaldi casi 8 de Octubre, y Cimarrones (ocho internos en semilibertad). Las construcciones son en su mayoría inadecuadas para planificar un programa de rehabilitación. Nuestra proyección es utilizar el ex centro de reclusión de La Tablada, donde se está culminando su reconstrucción. El casco antiguo es monumento histórico, pero lamentablemente se acondicionó para un sistema de carcelaje absoluto. Lo único que hay son celdas. En ese predio, si logramos anexar los terrenos circundantes, habría espacio suficiente como para hacer un centro modelo. Nuestra intención es quedarnos con tres centros de reclusión: Belloni, el nuevo de General Flores y el futuro complejo de La Tablada. Esto no va a ser inmediato. Mientras tanto tenemos que gestionar lo que hay, que tiene muchas carencias, adaptando su clasificación y redefiniendo los perfiles de los lugares que nombré, pero que poco ofrecen para el desarrollo de programas de tratamiento y rehabilitación. En estas planificaciones edilicias todo es muy acotado y no se tuvieron en cuenta esos espacios: hay escasos salones de clase o multiuso, áreas deportivas o laborales. Para psicoterapia no existen, ni siquiera a nivel grupal.

—¿Qué va a pasar con la Colonia Berro?

—El proyecto de Berro es de cierre, cumplió una etapa. Ninguno de los llamados “hogares” cumple hoy la función que debe cumplir. La infraestructura está totalmente deteriorada. Arquitectónicamente no cumple con los requisitos para el alojamiento de jóvenes y su rehabilitación. No encuentro ningún punto positivo para apoyar la permanencia de la Berro.

—¿Cuáles son las posibilidades reales de cerrarla? ¿Cuándo?

—Vamos en una progresión. Esto va a tener que seguir algunos pasos en su evolución. Va a llevar un año y medio tener lista La Tablada. Por lo pronto, se cerró el hogar Ser una semana antes de nuestra asunción, el 20 de mayo.

—El Ser también había sido construido a nuevo, pero tenía únicamente celdas, incluso se hicieron baños dentro de las celdas, violando estándares básicos de higiene y salubridad.

—Sí, se hizo sólo el carcelaje. No solamente no cumple con los estándares, el problema es la gestión: 23 horas de encierro, en las que sólo se le hablaba al joven por la mirilla. Esa era la tarea de los educadores, la vi personalmente. Eso provoca un deterioro emocional y físico en jóvenes que están en pleno desarrollo, y genera reacciones esperables de violencia, que terminan con más violencia en una sanción y una marca en el legajo. Es un círculo vicioso que no termina. Ahora estamos próximos a cerrar (dentro de la Berro) El Hornero, porque es un hogar que no tiene agua. Eso no lo supimos durante la transición, ni lo supimos en la primera semana de nuestro ingreso.

—¿Cuántos chiquilines hay hoy en El Hornero? ¿Qué solución se plantea?

—Hay 25. Hay una construcción nueva que se llama La Casona, recién terminada y nueva, donde están trabajando la Ute y Ose para poder habitarla cuanto antes. La falta de cañerías para el agua genera problemas de salud e higiene de los jóvenes, que se tienen que bañar con agua fría o con una manguera. Ellos van a pasar a La Casona. El segundo hogar que está en situación calamitosa es el Ariel: hay hacinamiento, hay jóvenes durmiendo en el piso, y en cualquier momento se derrumba. Los jóvenes que hoy habitan el Ariel van a pasar a las 81 plazas libres que tenemos terminadas y entregadas en Belloni, en parte del área que no se ocupó y que ahora está en manos del Departamento de Arquitectura, porque falta luz y agua. Hemos anunciado que el Ariel se cierra, a pesar de la resistencia de los funcionarios que están allí, a los cuales les hemos explicado que no solamente los jóvenes están en malas condiciones, sino que ellos mismos están en situación de riesgo. Por qué están aferrados a eso, habría que preguntarles a ellos, pero han manifestado su oposición al cierre de la Colonia Berro.

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—Una de las últimas medidas de la dirección anterior del sistema fue cederles uno de los hogares de la Berro para que tuvieran un local sindical dentro de la colonia, ¿cómo se justificó esa decisión?

—No está en funcionamiento. Fue una resolución de la administración anterior, la cual todavía no hemos abordado porque hay otros temas de mayor urgencia, como los que mencioné.

—¿Qué se planifica con respecto al personal de los centros de reclusión?

—La capacitación y formación del personal es fundamental. Apoyándonos en una de las fases de un proyecto de apoyo existente de la Unión Europea estamos haciendo una investigación de campo sobre los perfiles de los funcionarios y las tareas que desempeñan. Buscando un resultado que nos diga qué perfil precisamos para cada una de las funciones del sistema que hoy existen. Lo cual también a su vez nos va a permitir organizar la capacitación y reordenar aquellos que no estén cumpliendo las funciones que corresponden a su perfil.

—¿Qué funcionarios están trabajando en Belloni?

—Hubo una distribución de los funcionarios a partir del cierre del Ser. El número de funcionarios no es el problema en el sistema. Lo que hay que hacer es una recapitulación de los recursos humanos y otra administración de los mismos. Es otra tarea bastante laboriosa y recién estamos entrando en terreno, centro por centro.

—¿Qué sucedió con los funcionarios del hogar Ser procesados sin prisión por la justicia el año pasado? Se sabe que continúan en el Sirpa.

—Sacamos una resolución a comienzos de este mes estableciendo que aquellos que han cumplido la sanción de suspensión del cargo por seis meses en la órbita administrativa, y que no han tenido una sanción en la órbita penal, se reintegren al servicio en tareas que no tengan contacto con los jóvenes privados de libertad, como criterio sanador progresivo dentro del sistema y de reordenamiento de los perfiles. Han demostrado no tener el perfil para enfrentar problemáticas que son complejas, y no vamos a repetir la historia.

—¿Cómo se asegura que eso no suceda? ¿Quién lo controla?

—Lo hacen las direcciones que correspondan donde esas personas son reasignadas. Es un control administrativo interno que lo garantiza y lo hace el Departamento de Personal. En la Comisión Delegada lo vamos a controlar en las resoluciones que dictemos a futuro.

—Su gestión habilitó una dirección de e-mail para recibir denuncias, pero una necesidad que surgió de los casos del año pasado fue la falta de un mecanismo de protección de los internos que denuncian.

—Pensamos el correo como un primer paso inmediato. Sólo tienen acceso a él los miembros del directorio y dos personas de confianza de nuestro círculo, una abogada y un administrativo encargados de acusar recibo y desplegar lo necesario en función de la denuncia. Esto lo comunicamos al grupo organizado de familias. Además habrá un 0800 que está en trámite, y también buzoneras. Pero la operativa de éstas es compleja.

—¿Es un mecanismo seguro para que los jóvenes presos puedan denunciar abusos?

—Es complejo, porque si dentro del sistema se ve alguna persona que ponga una nota dentro de un buzón… pero sí, está dirigido a los jóvenes. Pensamos también en poner un técnico que vaya módulo por módulo entregando una hoja que permita denunciar anónimamente.

—¿Cómo han actuado frente a las denuncias ya recibidas?

—Hemos hecho intervenciones personalmente y pretendemos que los dispositivos dispuestos sean tomados por los equipos técnicos en cada uno de los hogares. El sábado pasado (se refiere al 20 de junio) ocurrió un hecho y el domingo de mañana me presenté con el director de Seguridad en el centro, así como otro día lo hizo la directora de Programas. Actuar implica hablar con el joven en un ambiente amigable y de confianza, en donde le garantizamos que no tenga consecuencias. Luego, la inmediata comunicación con la familia, y lo que nos falta en la cadena, que haremos a fin de este mes, será una reunión con jueces, fiscales y abogados defensores, porque pretendemos que los

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defensores participen de estas reuniones. Luego marcamos un protocolo. Son muchos los controles que hay que instalar en el sistema de privación de libertad.

—Brecha accedió a un expediente administrativo sobre un hecho ocurrido durante el año 2012, en el que más allá de la responsabilidad que le cupo al director del sistema, el extenso proceso de investigación diluyó la sanción al funcionario y dejó por el camino la responsabilidad del resto de los actores involucrados, incluidos los mandos medios. ¿Analizan estas dificultades a la hora de prevenir sucesos similares?

—Un promedio óptimo deben ser seis meses de investigación. Trataremos de que todo se tramite dentro de plazos normales. Respecto a la incidencia de otros actores en estos hechos, depende de la investigación, pero el sistema tiene que darse cuenta de que todos somos funcionarios públicos, estamos sujetos a los reglamentos de la administración pública. Frente a un hecho que amerite sanción administrativa o penal se incurre en la falta tanto por acción como por omisión. Preventivamente, el próximo 20 de julio empezaremos un curso, una vez por semana, para que los directores de los centros vayan incorporando normativas referidas a la protección de los derechos de los adolescentes. Dentro del nuevo organigrama propuesto en el anteproyecto de ley del Irpa (para trasladar el sistema penal del Inau al Mides, véase Brecha, 26-VI-15) incluimos un centro de formación específico para el trabajo con los adolescentes privados de libertad.

—Con este panorama tan complejo, ¿cómo se garantiza que la creación del Irpa no sea sólo un cambio de nombre?

—Tenemos el objetivo de modernizar el sistema, entramos con una metodología de trabajo de carácter científico que hasta ahora no existió. Tenemos herramientas suficientes como para hacer una planificación, estamos convencidos de que esto debe ser cambiado, y tenemos un equipo técnico en el cual todos los que llegan tienen mucha experiencia en el campo de la criminología (el proyecto de ley mencionado prevé la creación de un nivel intermedio de direcciones entre la Comisión Delegada y las ya existentes direcciones de programas, que ocuparían estos técnicos, afines a Fulco). Pensamos que hay gente muy capaz dentro del sistema que ha estado inhibida y no aprovechada para el funcionamiento, y nosotros queremos rescatarla, darle la posibilidad de aparecer. Esto fue inundado por criterios de seguridad, y la rehabilitación quedó escondida. Hoy se ponen obstáculos para cualquier iniciativa por razones de seguridad, que no se sustentan con un argumento, simplemente es una frase que se dice. Esa es la lógica que estamos tratando de cambiar. n

1. Lo dijo Michel Foucault.

Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

6 agosto, 2015

La rosca impune

La aparición del video de la represión en el INAU termina por despejarles muchas dudas a los incrédulos. Otros, convenientemente, seguirán dudando. Mientras, el sindicato de trabajadores cierra filas para amparar a los torturadores y acusar a los denunciantes.

El relato de los hechos huele a rancio. Hace por lo menos 20 años que gira esta calesita de denuncias de torturas y prácticas sistemáticas de violencia en el sistema de privación de libertad de los jóvenes infractores, y la negación –también sistemática– del sindicato de trabajadores del Inau, que cierra filas para amparar a los torturadores y acusar a los denunciantes. Era previsible que ante la postura adoptada por la actual presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, de no admitir el maltrato, el sindicato le declarara la guerra. Lo que no era previsible era la aparición de este video que termina por despejarles muchas dudas a los incrédulos. Otros todavía, convenientemente, seguirán dudando.

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En la historia reciente el sistema ha cambiado muchas veces de nombre y de directores, pero las peores prácticas sobreviven en la oscuridad sórdida de los centros de detención que paradójicamente se llaman “hogares”. Los distintos gerentes que actuaron en los últimos años, con estilos y estrategias diferentes han intentado revertir la tradición de abusos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, pero fracasaron con todo éxito. Así pasaron Carlos Uriarte, el padre Mateo, Jorge Juroff, Rolando Arbezún, por nombrar sólo algunos de los que asumieron durante los gobiernos frenteamplistas. Unos se retiraron calladitos, otros sentenciaron abiertamente a la institución: está enferma y alberga todo tipo de canalladas. Para investigar más adelante está el caso de Ruben Villaverde, que quién sabe a qué precio consiguió el cero en las fugas y la desaparición en las noticias de los clásicos motines adolescentes. Indudablemente no hizo de- saparecer la memoria más podrida del sistema, porque apenas asumió Fulco las fugas y los motines rebrotaron como hongos. ¿Será casual?

¿Y por qué se puede cronificar esta barbarie impune? Porque las lógicas que se enquistan en el encierro condicionan cualquier proyecto o propuesta socioeducativa o de rehabilitación. Amparados en que para casi todo el resto de la sociedad –el sistema político incluido– lo único que importa respecto de los jóvenes infractores es que estén encerrados, se han atrincherado en los puestos de poder varios funcionarios –según una fuente consultada: “casi todos golpeadores, con varias denuncias y sumarios, y muchos tienen antecedentes penales”– que manejan las direcciones de los distintos centros e integran los tribunales que eligen al personal, escogiendo siempre gente “del palo”. Así, según la fuente, “hay complicidades en las fugas, hay núcleos mafiosos de protección y de silencio” donde abundan las mentiras, que pueden ser “por complicidad o por miedo”. Así, “hay deslealtades permanentes, y si no estás en la rosca te aíslan, te dejan solo y no resistís”. Ese corporativismo mafioso se resiste obviamente a la existencia de protocolos de actuación –aunque públicamente los reclamen–, privilegia la lógica del menor esfuerzo y expulsa a los funcionarios que llegan al sistema con la idea de poner a los internos en el centro de su atención. Esta “rosca” es cobijada por la discrecionalidad y cierta desidia de las autoridades: no hay una presencia institucional en la regulación de las prácticas cotidianas del sistema, y el bajo nivel de formación de los funcionarios hace que muchas veces intenten solucionar las situaciones conflictivas de forma doméstica: me-pegás-te-pego-más. En ese marco prima la manera de hacer de los funcionarios “experimentados” y el respaldo del sindicato que con elocuencia se expresa en un reciente comunicado de antología: “El Suinau impone respeto, les guste o no les guste al poder de turno, siempre fuimos iguales, siempre defendimos a los compañeros a ultranza”.

Pero defender los derechos humanos de los adolescentes encerrados no paga ni un voto. Por eso el sistema político mira vergonzantemente para el costado un segundo después de hacer declaraciones rimbombantes y garantistas. Y a la hora de actuar, los únicos que están son los “brazos gordos” haciendo lo que saben hacer, a sus anchas. Así, como dijo un viejo militante del Suinau, “aunque pongas al papa Francisco a dirigir la cosa, va a fracasar, el problema es la privación de libertad y no ensayar ninguna otra opción”.

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Brecha 2015

Betania Núñez

Periodista

6 agosto, 2015

Más que mil palabras

El poder de las imágenes descorrió el velo. Tras la divulgación de un video que muestra cómo una horda de funcionarios reprime brutalmente a un grupo de adolescentes privados de libertad, apareció la indignación, ahora sí, de la sociedad uruguaya. Las imágenes traen

consigo la incertidumbre sobre la actitud que tomará el gobierno y el PIT-CNT.

Las palabras se tradujeron en imágenes. Las denuncias que hace años reiteran organizaciones sociales e instituciones internacionales, familiares y adolescentes privados de libertad, autoridades y trabajadores del Inau, se materializaron en un video que muestra la violencia con que un grupo de al menos 20 funcionarios –algunos de ellos a las patadas y con saña– reprimieron el pasado 24 de julio a varios adolescentes internados en el Centro de Privación de Libertad, que desde un patio con rejas, y con golpes, gritos y algunos destrozos, llamaban la atención de los funcionarios (véase recuadro “En patota”).

En modo respuesta automática, el presidente del sindicato y vicepresidente del Pit-Cnt, Joselo López, se embarcó en un manido tour por los canales de televisión y repitió el discurso de siempre: que los procedimientos se ajustan al protocolo, que no violan los derechos humanos, que “como sindicato hicimos lo que teníamos que hacer, y lo volveríamos a hacer”, tal como dijo, por ejemplo, a Telemundo. Creyó que, como de costumbre, sería suficiente explicación. Pero desestimó el poder de la imagen.

A 24 horas de que El Observador y Subrayado difundieran el video, la indignación social se hizo casi unánime; en las redes sociales se replicó con furia el video, con comentarios de repudio al sindicato y a López; varias paredes cercanas a la sede del Pit-Cnt amanecieron con pintadas del tipo “Si torturar es un trabajo, sos el primer trabajador. Joselo renunciá”, o “Joselo: no hay protocolo que termine en tortura”. Políticos del Frente Amplio (FA) y de la oposición fueron duros con el sindicato y patearon la pelota a la cancha de la central sindical. “La patota de tipos que se la dieron a los dos pibes de la colonia del Inau y su líder @joselosuinau, una forma de naturalizar la violencia”, escribió sin vueltas en Twitter el diputado socialista Daniel Arbulo.

Propios del Pit-Cnt, que inmediatamente después de difundidas las imágenes habían respaldado y repetido el speech de López, matizaron su apoyo: “Visto de afuera, a mí no me gusta lo que veo. Capaz que habrá otros procedimientos similares, capaz que en la interna está legitimado. Sobre

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eso es que hay que establecer con claridad”, dijo al semanario Búsqueda el secretario general de la central. Otros, en una escena inusual, fueron más categóricos al cuestionar la actitud de los trabajadores del Inau (léanse las opiniones de Richard Read en el recuadro “Diametralmente opuesto”). En este contexto, no está claro cuál será el panorama del próximo martes, cuando el secretariado de la central obrera se reúna y discuta el tema. No obstante, resulta significativa la ausencia de López en la mesa de oradores durante la conferencia de prensa que la central sindical dio ayer jueves, en el marco de su primer paro general desde el inicio del nuevo gobierno. También se expresaron instituciones como Unicef, que en un comunicado sentenció: “Las imágenes muestran la utilización innecesaria y desmedida de la violencia”, y agregó que “preocupa” su naturalización a través de dichos como “normalmente se actúa así” y que “la actuación responde al protocolo vigente”.

En medio del revuelo mediático las autoridades se llamaron a silencio, y pese a que Brecha llamó insistentemente a la presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, a la presidenta del Inau, Marisa Lindner, y a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, no obtuvo respuesta. Quien sí habló fue el director y miembro de la Comisión Delegada del Sirpa Edgard Bellomo, que explicó los entretelones de la presentación de la denuncia ante la justicia, de la que forman parte el video y los registros médicos que dan cuenta de las secuelas de la golpiza en los adolescentes.

A LA JUSTICIA. “Hoy (por el miércoles) se ratificó la denuncia. Se borró el nombre del director del centro, Alfredo Rivas, que se lo mencionaba para decir que no se le pidió autorización para hacer la asamblea. Y se borró el nombre de Joselo López, del que se decía que era llamativa su participación” durante la represión a los adolescentes, dijo a Brecha el director. De hecho, confirmaron Bellomo y diversas fuentes, la carátula original del expediente era “Fulco contra José López”. La presidenta del Sirpa había pedido a su asesora letrada, Mónica Rodríguez, que presentara una notitia criminis (una nota con información sobre hechos que podrían considerarse pasibles de ser juzgados). Pero en lugar de eso la abogada habría presentado directamente una denuncia el viernes 31 de julio y vuelto al Sirpa con el número de expediente y el número de juzgado que la recibió.

Sin embargo, la versión que maneja la justicia es otra. Tanto la fiscal Adriana Umpiérrez como el juez Gustavo Iribarren dijeron a este semanario que la denuncia se concretó recién el miércoles 5, por lo que no hubo una primera y una segunda carátula, y que lo que se trasladó el 31 de julio fue una consulta a la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos del Poder Judicial para averiguar en qué juzgado penal correspondía efectuar la denuncia. El mismo miércoles, pocas horas después, se sumó una denuncia de la Institución de Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) ante el Juzgado Penal de 3er Turno. Allí se puso a disposición información recabada el 27 de julio durante una visita que hizo la institución para relevar lo ocurrido en el motín del 24, en la que se tomó testimonio a cinco adolescentes, se realizó un registro fotográfico del lugar y de uno de los agredidos, al que durante la golpiza los funcionarios le partieron varios dientes. En la misma denuncia, a la que accedió Brecha, se establece que “la gravedad de estos hechos comprometen seriamente al Estado uruguayo al constituirse en garante de la integridad física y psíquica de los adolescentes privados de libertad” y que “los actos cometidos son de especial significación y magnitud no sólo de quienes golpean a los adolescentes sino de todos aquellos quienes presencian impasibles esta escena dantesca”.

Por estas denuncias el juzgado dispuso que el próximo lunes declaren Fulco e integrantes de la Inddhh, además de solicitar al Inau que identifique a los funcionarios que participaron en los hechos y que están registrados en la grabación. Por el momento, Brecha detectó entre el malón de funcionarios a Wilmar García, Luis Escuarcia y Henry Ponce, todos señalados en diversas denuncias por maltratos, todos miembros del primer tribunal de concursos del Sirpa (que en 2012 se encargaba de determinar quiénes ingresaban como nuevos funcionarios), todos con cargos de dirección actuales o pasados en el sistema de privación de libertad. Hay además otros funcionarios de la vieja guardia (véase recuadro “Estos son”), mezclados entre nuevos trabajadores.

IGUAL QUE AYER. “Todas las semanas estamos iniciando dos o tres investigaciones, no hay semana que no haya alguna sanción, y ha habido ya algunos pedidos de destitución al directorio

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del Inau”, aclaró Bellomo en relación con la política cotidiana de la administración. El jerarca dijo sobre los hechos registrados: “Nunca tenemos tantos funcionarios para reprimir ni para atender las situaciones, no creo que este sea el procedimiento normal, pero lamentablemente todas las semanas estamos detectando malos procedimientos y recibiendo denuncias”. Y es que los abusos no empezaron ayer: “Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se ha expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración”, expresó ayer jueves en un comunicado el Comité de los Derechos del Niño.

Salvo durante la gestión de Ruben Villaverde, en la que sugestivamente hubo paz sindical, ausencia de fugas y reducción de motines, en el resto de las gestiones frenteamplistas, a veces explícita y otras más sutilmente, los presidentes de la institución alegaron que su alejamiento se debía a la imposibilidad de desarrollar un plan de transformaciones debido al relacionamiento con el sindicato. Mateo Méndez, a su salida en 2009 y sólo seis meses después de asumir el cargo, dijo que se trata de un ámbito que “tiene mucho de enfermo, de perverso y de corrupción”, y donde “el poder político o sindical” se utiliza “para recaudar beneficios personales o sindicales”. En las mismas circunstancias, aunque más poéticamente, Rolando Arbesún twiteó que “parar las fugas era un imperativo moral con la ciudadanía, mi renuncia un imperativo moral con mi conciencia”.

Algunos años después, este miércoles, al mismo tiempo que se difundía el video de la golpiza se grababa otro en el que, a lo barra brava, algunos funcionarios cantaban, micrófono en mano y con Joselo López arengando detrás, “Fuera la Fulco/ del Sirpa ya / Vamo’ la Berro/ que no se va”. Es parte de la misma historia.

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El video según Richard Read, dirigente del Pit-Cnt

Diametralmente opuesto

“Lo que se ve realmente asusta”, manifestó en diálogo con Brecha Richard Read, dirigente sindical. “No sólo es grave la violencia física, que los caguen a patadas en el piso, sino el patoterismo, que entren 30 tipos a patotear”, dijo el dirigente, quien agregó, en clara discrepancia con lo manifestado a la prensa por Joselo López, que “no creo que eso (la actuación de los trabajadores) esté dentro del protocolo de un funcionario público que atiende a gurises menores de edad”. El sindicalista remató: “Lo peor que se puede hacer es actuar con corporativismo. Este va a ser el primer tema de la agenda del secretariado del martes. Hay un tema de derechos humanos que no se puede obviar”.

El video y su contexto

En patota

Los funcionarios tardan en reaccionar, pero cuando lo hacen aparecen en patota. Hacía más de tres minutos que dos adolescentes habían estrellado una tapa de hormigón contra el suelo y trataban de usarla para romper los candados de las celdas del Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Como algunas otras veces durante esos minutos, los internos se acercan y gritan para reclamar la atención de los funcionarios a través de una puerta enrejada que los separa de la asamblea. Esta vez alguien se acerca. De un lado de la reja, dos adolescentes desarmados; del otro, decenas de funcionarios que se amontonan y esperan todavía un minuto más mientras aúnan fuerzas. Los adolescentes reculan pero más de veinte funcionarios se abalanzan sobre ellos, los tiran al piso, los esposan, los patean, los hieren. Después del primer amontonamiento se ve que uno de ellos queda inmóvil por algunos minutos, al otro le mana sangre del cuello.

Es 24 de julio y faltan pocos minutos para las 8 de la noche cuando se desata lo que los funcionarios catalogarán luego de “motín”. El registro de las cámaras de vigilancia no tiene audio pero los gritos se escuchan a través de los gestos, la mano dura a través de los golpes y la complicidad a través de la participación de decenas de funcionarios. Cuando los dos jóvenes ya están esposados, boca abajo en el piso, ingresa al patio central que da a las celdas Joselo López, vicepresidente del Pit-Cnt y presidente del sindicato de Inau, que se acomoda a un lado, manos en los bolsillos y observa lo que sucede. Pero pese al relato que construyen las imágenes que López

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presenció, dirá antes de la difusión del video que la seguidilla de motines se debe a que Fulco dio orden de reducir a los gurises con colchones para no entrar en contacto físico directo, lo que genera que los trabajadores tengan miedo de actuar por posibles sanciones. Declarará al portal del Pit-Cnt que “mientras nosotros estuvimos reunidos, éramos seis personas allí, pero el resto de los trabajadores estaban en sus lugares de trabajo”. Y resumirá el hecho en una judicialización más de la protesta.

“Así es el Suinau”

Lo que sigue es un comunicado de la lista 10 del Sindicato Único de Trabajadores del Inau, la que desde hace años coloca en la presidencia del sindicato a Joselo López y que ha sido coherente en la defensa cerrada de los funcionarios denunciados por abusos, malos tratos y torturas dentro de los centros de privación de libertad. Refiriéndose al comunicado que sigue, López aseguró a la prensa no ser el autor, pero sí compartir los puntos que plantea. Huelgan los comentarios:

“¡Pa’ que vayan sabiendo!: En este momento la reflexión que se nos ocurre es pensar que es demasiado evidente la campaña contra nuestro sindicato, y contra nuestro compañero presidente, y lo que se nos viene a la mente es el Suinau impone respeto, les guste o no les guste al poder de turno, siempre fuimos iguales, siempre defendimos a los compañeros a ultranza, jamás dejamos a un compañero tirado, así es el Suinau, así hemos sido históricamente, aunque intenten desvirtuar la verdad algunos medios de prensa que le hacen la ‘venia’ a la innombrable full coronel (por Gabriela Fulco, actual directora del Sirpa), que lo tengan claro si nos quieren doblegar todo el Suinau va a redoblar. Conocemos bien estas luchas a contramano, ¿saben por qué?, porque en el Inau, trabajamos en las peores condiciones, para que los gurises tengan la mejor calidad de atención, y si será que sabemos los trabajadores del Inau lo que significa tener todo en contra y salir adelante de todas maneras.

Hoy tuvimos una nueva oportunidad de mostrar y demostrar la fuerza y la unidad que caracteriza a nuestro sindicato, más de 800 compañeros se movilizaron hasta las cerradas oficinas del Sirpa, y ahí full coronel acuarteló a sus alcahuetes que no dieron la cara, y lo decimos sin vuelta: ¡no tenemos miedo!, ¡tenemos convicciones y principios que defenderemos con uñas y dientes!, ¡más que nunca viva el Suinau!, ¡más que nunca por una patria sin gurises marginados ni trabajadores explotados!, ¡solidaridad con los compañeros de Rivera y Cerro Largo, recientemente procesados en el desempeño de la función!”.

Los funcionarios registrados

Estos son

Algunos de los funcionarios de la vieja guardia que participaron de la asamblea del 24 de julio en el Ceprili y que fueron registrados por las cámaras de seguridad son Gustavo Olivera, Walter Barboza, Pablo di Mateo, el “Bocha” Sarmiento, Artigas Rodríguez, Antonio Millán, Gustavo Martínez, además de los ya mencionados Wilmar García, Luis Escuarcia y Henry Ponce.

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Brecha 2015

Daniel Erosa

Director de Brecha

14 agosto, 2015

Cierran filas

El verdadero valor del video es que hizo insoslayable una realidad que se viene denunciando desde hace muchos años. Y como no se puede negar porque las imágenes son evidentes, entonces lo que se reprocha como desleal contra los trabajadores es mostrarlas, exigir que se ventile esta infección que hasta el momento nadie ha podido curar.

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Hay un manido aforismo que sostiene que cuando alguien señala la luna los idiotas miran el dedo. Algo de eso pasa con el video de los hechos sucedidos en el Ceprili, pero no precisamente por idiotez. Toda la discusión, la defensa y las resoluciones sindicales tomadas hasta ahora se remiten a lo que sucede en el video, a si está editado con malicia, a si el presidente del Suinau entró antes o después del desquicio de los brazos gordos en acción, a si esto es una maniobra política para minimizar los efectos del “histórico paro”, a si se trata de un encarnizamiento repentino contra la dirigencia de la central representada en Joselo López, a si es sólo uno el que pega patadas como un barrabrava que no superaría el control antidoping… Y en realidad, el video es sólo un fotograma de una película de terror mucho más larga. No se debería centrar la discusión en ese pedacito, se debería considerar toda la película.

El verdadero valor del video es que hizo insoslayable una realidad que se viene denunciando, sin inmutar a casi nadie, desde hace muchos años. Y como no se puede negar todo, como hasta ahora, porque las imágenes están ahí, son evidentes, entonces lo que se reprocha como desleal contra los trabajadores es mostrarlas; parece que lo condenable es exigir que se ventile esta infección que hasta el momento nadie ha podido curar.

Otras de las tonterías que se han dicho –como si fuera un atenuante para justificar la barbarie– es que los adolescentes presos no son nenes de pecho. Vaya novedad. Esa defensa es la que ha ensayado el Suinau todos estos años para defender a abusadores, golpeadores y torturadores: invertir la carga de la prueba (“las autoridades les creen más a estos adolescentes que son delincuentes que a los trabajadores”, “las denuncias las hacen jóvenes que son como el ‘Sapo’ y el ‘Cosita’”, etcétera). El cuento es repetido, lo preocupante es que ahora lo asuma nada menos que la plana mayor de la central de trabajadores (que acompañó y habló en la marcha que hizo el Suinau contra la actual directora del Sirpa, sólo unos minutos antes de que el video escandalizara a la sociedad entera).

Obviamente es al Estado, y por tanto al gobierno, al que le caben todas las responsabilidades para solucionar esto y hacer cumplir el mandato judicial de detener pero también reeducar a los infractores. Muchos estaban esperanzados, allá en 2005, en que los gobiernos del FA metieran el bisturí a fondo, pero no. Quizás en el primer período se intentaron cosas que fracasaron, pero en el segundo se optó por pactar: discrecionalidad y prebendas para los brazos gordos (hay que ver lo que se aumentó el presupuesto) a cambio de eliminar las fugas escandalosas y los motines. Como cambiar la cultura es trabajoso y lento, y en realidad a los infractores la gente quiere tenerlos lo más encerrados y castigados posible, se tomó por ese atajo ignominioso y resultadista de la fuga cero. Y se sacaron cartel con ese objetivo alcanzado sin calcular que lo que no se resuelve, vuelve.

Dirá la historia si la ruta iniciada por las actuales autoridades del sistema penal adolescente lleva a buen puerto. Por su parte el Suinau y Cofe ya blindaron al vicepresidente de la central, que se tomó 30 días de licencia –sólo del cargo que ocupa en el Pit-Cnt–, mientras se realiza una investigación sobre el video.

La opción tomada por la central esta semana es cuando menos tibia. Cumple de manera timorata con la responsabilidad de tomar posición, pero calculando costos y beneficios, parece que no le alcanza con toda la archiconocida historia que hay detrás. Precisan más pruebas. Es de esperar, por el bien de todos, que no sea un artilugio gatopardista. Porque, insisto, lo que se ve en el video no fue un exabrupto, esto es parte del statu quo que se quiere hacer prevalecer. No es una mentira de la derecha, ni una maniobra política para neutralizar el paro (aunque lo haya logrado), es lo que estos funcionarios están acostumbrados a hacer, con la complicidad irrestricta de un sindicato que ampara a los abusadores y expulsa a los denunciantes.

Resulta preocupante, además, que gente bien intencionada se crea este cuento de que todo el episodio es una burda operación antitrabajadores. Y resulta realmente insólito ver cómo esta central –desoyendo la tradición de compromiso con la defensa de los derechos humanos y representando a casi 400 mil trabajadores– coquetea con esta vergüenza y balbucea tecnicismos porque no puede asimilar el error ético y político que implica cerrar filas con la patota.