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1 CONVENCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 9 de julio de 2004

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CONVENCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

9 de julio de 2004

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El noventa por ciento de los

problemas de seguridad y justicia se

encuentran en las faltas

administrativas y delitos menores y el

95 por ciento de los delitos se

cometen en los Municipios, y a éstos,

debemos de apoyarlos precisamente

con un Sistema de Justicia Cívica,

Reparación del Daño y Trabajo

Comunitario, así como con los

recursos presupuestales necesarios

para ello.

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Los principales delitos

que se denuncian en

los Municipios son:

El robo, las lesiones y

los delitos

patrimoniales.

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La Modernización del Sistema Nacional Penitenciario es imperativa, pero

ninguna propuesta tendrá éxito si no evitamos el continuar ingresando

delincuentes en las cárceles mediante el establecimiento de un Sistema de

Seguridad Pública y Justicia Municipal, que racionalice los recursos y

siente las bases para una justicia de barandilla que privilegie el Trabajo

Comunitario y la reparación del daño a las víctimas.

Con un sistema efectivo de justicia cívica, inmediata, se tendrá como

resultados frenar la carrera delictiva de quien se está iniciando como

delincuente, antes de que se convierta en un verdadero profesional del

crimen y, desahogar la población carcelaria en un futuro.

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Tenemos un problema muy serio de estructura y de presupuesto.

Para resolver el problema presupuestal es necesario primero resolver el

aspecto estructural, estableciendo el Programa de Seguridad Pública y

Justicia en los Municipios, porque es precisamente ahí, donde se dan todos

los delitos que tienen saturadas las cárceles.

Y reducir el número de delincuentes que están en las cárceles por retrasos

procesales y establecer las opciones de Trabajo Comunitario, Cárcel Abierta,

Industria Carcelaria y Cárceles de Alta Seguridad.

Después debemos presupuestar los costos del Sistema de Seguridad

Pública y Justicia Municipal y de la Modernización del Sistema Nacional

Penitenciario.

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Actualmente existen alrededor de doce mil internos primodelincuentes de

baja o nula peligrosidad por delitos de carácter patrimonial menores de ocho

mil pesos que podrían ser sancionados con sentencias sustitutivas de horas

de trabajo a favor de la comunidad y el pago de la reparación del daño a las

víctimas.

Se podría ubicar en Cárceles Abiertas a 75 mil internos por comisión de

delitos no graves y de baja peligrosidad, que tengan sentencia ejecutoria y

se comprometan a la reparación del daño, a realizar trabajo comunitario y

cubrir sus gastos de manutención.

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Se mantendrían en Cárceles de Mediana Seguridad aproximadamente a

95,000 internos clasificados como reincidentes o que su delito amerita

segregación total y se sujetarían al programa de industria carcelaria y la

reincorporación social basada en la preliberación dependiendo de su trabajo

y la reparación del daño.

Y se reubicarían a los presos de alta peligrosidad, que suman

aproximadamente 5 mil personas, en Centros de Alta Seguridad a cargo del

Gobierno Federal.

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Además, se propone la creación de un Fondo para la reparación del daño al

ofendido y de apoyo al Sistema Carcelario Nacional que se nutra con los

decomisos por contrabando, narcotráfico y por las reparaciones que no

tengan beneficiario.

Así mismo, se sugiere presentar de nuevo ante el Congreso, los

requerimientos presupuestales que el Sistema Nacional de Seguridad

Pública y los Gobiernos Estatales ya presentaron en diciembre del año

pasado.

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1. Aplicar en los códigos penales estatales la propuesta de reforma que

enviamos el 27 de febrero de 2003 por medio del Sistema Nacional de

Seguridad Pública a todas las entidades federativas.

2. Establecer los Programas Municipales de Trabajo Comunitario y

Reparación del Daño a la Víctima.

Para dar sustento a la iniciativa de Ley para crear el Fondo Nacional

para la Reparación del Daño y Apoyo al Programa Nacional

Carcelario, necesitamos:

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3. Solicitar fondos emergentes para cubrir el autofinanciamiento inicial del

Programa de Trabajo Comunitario y Reparación del Daño a las

Víctimas.

4. Reformar los códigos penales estatales a través de las acciones legales

que nos permitan tener un Código Penal Único o un Código Penal Tipo

que reduzca y transparente el proceso penal para evitar que casi 100

mil presos se encuentren internos sin sentencia.

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Por otra parte y después de múltiples gestiones ante la Secretaría de

Hacienda, con fecha 3 de junio se autorizó la ampliación líquida al

presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública por un importe de 338

millones de pesos para cubrir el Socorro de Ley a las 32 entidades

federativas, el cual se radicó entre los días 11 y 14 de junio la cantidad de

112.5 millones de pesos correspondientes a los meses de enero a abril y el

día de hoy (9 de julio) se radicarán 22.5 millones de pesos el mes de mayo

se cubrirá hoy.

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