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1 de Septiembre de 2016

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Distintas asociaciones y cooperativas de pescadores artesanales, pertenecientes al Partido de La Costa de la provincia de Buenos Aires, se mostraron junto con funcionarios nacionales, provinciales y municipales, para recorrer las obras donde se está construyendo una planta de procesamiento de pescado que, según afirmaron, requerirá una inversión estimada en $ 14 millones. La misma está ubicada en el Polo Productivo de La Costa, entre las localidades de Lucila del Mar y San Bernardo, donde se levanta la primera terminal pesquera del municipio, con obras recientemente comenzadas. La planta estará destinada para que los trabajadores de la terminal (cerca de 500 familias de pescadores artesanales) puedan mantener en frío sus productos y darle valor agregado con el fileteado y la limpieza, según adelantó el Ministerio de Agroindustria de la Nación en un comunicado. En la recorrida estuvieron presentes los subsecretarios de Pesca y Acuicultura y de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria, Tomás Gerpe y Felipe Crespo, respectivamente, acompañados por el intendente local, Juan Pablo de Jesús, y el director de pesca de la provincia, Francisco Di Leva, entre otros funcionarios. El funcionario Gerpe destacó la importancia del trabajo de los pescadores artesanales al subrayar el marco que le da a esta actividad la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), como una actividad con alto impacto social, en cuanto a la generación de empleo y arraigo territorial en los distintos lugares donde se practica. Entre las asociaciones de pescadores artesanales estuvieron la Asociación de Propietarios de Embarcaciones (Apepa), la Asociación de Pescadores Costeros (APC) y la Cooperativa de Pescadores Artesanales del Partido de la Costa (Copac). "La nueva infraestructura va a permitir reforzar el trabajo de los pescadores del distrito, para lograr una competitividad adecuada en los mercados. Se está evaluando la posibilidad de que en un futuro se puedan hacer enlatados y avanzar con la distribuidora local de los pescadores artesanales, para que los productos del partido de La Costa estén presentes en la gastronomía local", afirmó el Intendente de Jesús en declaraciones a la agencia Télam. Según las estimaciones difundidas, se espera que la planta, de unos 693 metros cuadrados, comience a funcionar a mediados de 2017 y sean los propios pescadores artesanales quienes la coordinen y lleven adelante su administración. La misma, será financiada en un 60% por el municipio y un 40% por la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a la terminal en sí, continúa en desarrollo la primera etapa de las obras que comenzaron hace más de un mes, y se espera que culminen para inicios del año que viene. El Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria Crespo, aseguró que desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) se realizarán capacitaciones a los distintos trabajadores de la industria para el fileteado y la inocuidad de los alimentos. Y agregó: "Vamos a estar bien cerca, no es solamente hacer la obra e irnos, sino generar un desarrollo a esta actividad de los pescadores artesanales. Es una obra muy valiosa para la zona y formalizará el trabajo de más de 500 familias", afirmó.

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En otro capítulo de una pelea que ahora se extenderá a la Justicia, el gobierno bonaerense demandó ayer a la provincia de La Pampa por la apertura del denominado “Tapón de Alonso”, una maniobra que podría provocar, en pocos días, la salinización del Río Colorado, con consecuencias negativas para los vecinos y productores del sudoeste bonaerense. El gobierno de Vidal realizó ayer la presentación de una acción constitucional ante la Corte Suprema, luego de agotadas las instancias de diálogo y negociación con las autoridades de la provincia de La Pampa, que si bien se habían comprometido “de palabra” a cerrar el tapón, no cumplieron con la promesa. El Tapón de Alonso se encuentra en una zona de bajos improductivos en La Pampa y tiene la función de detener el curso de las aguas del Sistema del Desaguadero que, a través del Río Atuel, cada unos diez años vierte naturalmente agua muy cargada de sales en el Río Colorado. “El Sistema del Desaguadero viene avanzando, y si se encuentra el Tapón abierto, en unos 15 o 20 días puede llegar el caudal de agua con altas concentraciones salinas al Río Colorado y perjudicar a los vecinos y productores de Villarino y Patagones”, dijo en declaraciones a la prensa el titular del Consorcio Hidráulico del Valle bonaerense del Río Colorado, Sergio Urrutia. Y si bien celebró que el Gobierno provincial tomara cartas en el asunto, se mostró preocupado por “los tiempos de la Justicia”. Es que según afirmó, “el último registro salino fue de 1,40 milimol (mmol/l), lo cual significa que se está al límite de los niveles normales, y podría duplicarse cuando llegue el agua en caso de que no se tome una medida”, indicó. Urrutia, quien es productor rural en la localidad de Hilario Ascasubi, en Villarino, estimó que el agua salinizada podría “arruinar un año de producción” en unas 160 mil hectáreas y generar graves problemas en las economías regionales del sudoeste bonaerense, así como también perjudicar el agua para el consumo humano.

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Un inmenso desborde cloacal en 15 y 47 llenó de aguas servidas varias cuadras de la zona y desde un establecimiento educativo ubicado en 14 entre 46 y 47 se solicitó la intervención de Absa porque los alumnos pisan constantemente esos desechos. El problema no es nuevo en el barrio, pero ahora se instaló desde hace una semana. “El sábado con la lluvia la tapa de las cloacas saltó y el chorro que salía de la red era de medio metro”, contó una comerciante de 15 y 47. A raíz de la obstrucción cloacal ya hay inconvenientes en algunos locales y domicilios. “Cuando uno va al baño el agua no termina de bajar porque la red está colapsada”, apuntó un vecino. Un problema similar hay en 24 y 65 desde hace un mes y medio. “El último número de reclamo es 2034616, pero nunca vinieron a arreglarlo”, señaló Zárate Germán, quien agregó que en su domicilio ya no pueden usar el lavarropas porque desbordan las alcantarillas. Para la gente de barrio Aeropuerto el problema de cloacas lleva 5 meses, “en 2 entre 609 y 610 tenemos inundados los departamentos del monoblock b 1”, dijo el vecino Julio Sosa que ya acumuló decenas de reclamos a Absa.

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El gobierno de María Eugenia Vidal giró ayer a la Legislatura bonaerense el proyecto de adhesión al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional. “Esta medida, de carácter excepcional y transitoria, está orientada a facilitar la regularización de deudas tributarias provinciales”, se explicó en un comunicado. “La idea es acompañar la iniciativa nacional. Ningún bonaerense pagará ningún impuesto provincial retroactivo si decide adherirse al blanqueo. Quien realice un sinceramiento tributará por el bien exteriorizado a partir de haberlo declarado”, afirmó Lacunza. La ley nacional 27.260 estableció un régimen de declaración voluntaria de tenencia de moneda nacional, extranjera y otros bienes ubicados tanto en el país como en el exterior. Quienes se adhieran a este régimen de blanqueo quedan liberados del pago de los tributos que hubiesen tenido que abonar; de los intereses, recargos o multas generados; y de toda acción penal que pudiera corresponder, de acuerdo al bien blanqueado. El artículo 49 invita a las provincias a adherirse a este régimen. Al adherirse la Provincia, si un bonaerense desea blanquear una propiedad, capital o bien en este territorio o en el exterior, no se le cobrará ningún tipo de penalidad por fuera de las medidas que ya rigen el blanqueo nacional.

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ASAMBLEA EN LA ASESORÍA GENERAL POR RECLAMOS Personal administrativo y de carrera de la Asesoría General de Gobierno realizará hoy a las 11 una asamblea frente al edificio del organismo, ubicado en la calle 9 entre 56 y 57, para denunciar distintas situaciones que se vienen produciendo desde que la Asesoría quedó acéfala por la designación de su ex titular Gustavo Ferrari al frente del ministerio de Justicia. Los empleados denuncian que en el organismo se registran jubilaciones compulsivas de personal de carrera. EL BAPRO LANZÓ CRÉDITOS PARA PYMES AL 15% El presidente de Banco Provincia, Juan Curutchet, anunció que la entidad ofrecerá un préstamo especial para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con una tasa del 15%, la más baja del sistema financiero. La nueva línea cuenta un fondeo de 700 millones de pesos, monto que Banco Provincia obtuvo tras adjudicarse el 100% de la licitación que lanzó el ministerio de Producción para promover la financiación al sector con tasas atenuadas. Los créditos para MiPyMEs están destinados para la adquisición de capital de trabajo a 18 meses, con una tasa de interés fija, anual en pesos de entre el 15% y 16% gracias al subsidio de 4 puntos que hace la cartera de Producción. “Banco Provincia llega con la mejor tasa en el mejor momento”, dijo Curutchet. Y adelantó que “si al menor costo de financiamiento le sumamos el entusiasmo que vemos entre los empresarios, está claro que la demanda de crédito despegará tal como pronosticamos”. ENSENADA: HUBO ACUERDO POR LOS DIEZ PATRULLEROS El ministro de Seguridad bonaerense y el intendente de Ensenada, Mario Secco, acordaron ayer la puesta en funcionamiento de los diez patrulleros que ese municipio le había entregado a la policía y cuyo funcionamiento no había sido autorizado porque no estaba firmado el convenio respectivo. Después de la polémica, Ritondo y Secco se reunieron y acordaron “trabajar juntos” según se indicó en un comunicado oficial de la comuna ensenadense. “El ministro reconoció el aporte realizado por el municipio y se comprometió a devolver al pueblo de Ensenada lo que le corresponde en seguridad”, se señaló al tiempo que se indicó que el ministro y el intendente “intercambiaron números telefónicos para mantener un diálogo más fluido y trabajar en forma conjunta en todo lo referente a la seguridad de la ciudad”.

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El juez de la Suprema Corte Juan Carlos Hitters, dejará el cargo el 31 de octubre para acceder a la jubilación. Así lo confirmaron a este diario fuentes calificadas de la Corte bonaerense. Hitters está próximo a cumplir 75 años de edad y 22 como juez del máximo tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, se producirá en la Suprema Corte la primera vacante en esta nueva etapa política bonaerense con María Eugenia Vidal como gobernadora. Ahora, la mandataria estará en condiciones de proponer un candidato para cubrir la vacante que se producirá en el alto tribunal que quedará a partir de noviembre integrado por seis miembros. El Dr. Hitters fue designado el 15 de noviembre de 1994, ejerció tres veces la presidencia de la Corte y fue secretario de Justicia de la Provincia. Además ha sido convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Es profesor universitario y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata. Hitters escribió varios libros sobre su especialidad, publicados en el país y en el extranjero. Actualmente la Corte provincial está presidida por Luis Genoud e integrada además por los ministros Héctor Negri, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Daniel Soria y Eduardo de Lázzari. Pettigiani, De Lázzari y Hitters fueron funcionarios provinciales y nombrados durante la administración de Eduardo Duhalde. Negri, en tanto, fue designado con la llegada de la democracia. Felipe Solá nombró a Soria, Francisco Roncoroni, Genoud y Kogan. Fueron las últimas designaciones en el máximo tribunal de justicia provincial. Durante la gestión de Solá se produjo además un cambio en el número de integrantes de la Corte. Tanto Roncoroni como otro de los integrantes, Juan Carlos Salas, renunciaron a sus cargos y el entonces mandatario decidió reducir de 9 a 7 el número de integrantes del alto tribunal. PROCESO A partir del 31 de octubre al alto tribunal quedará integrado por seis miembros y seguramente se abrirá una instancia para la cobertura de la vacante. Para eso, el Ejecutivo provincial deberá enviar el pliego del candidato que elija al Senado bonaerense, que tendrá que aprobarlo por mayoría absoluta. Fuentes del entorno de la gobernadora dijeron que todavía no avanzarán con la proposición de ningún reemplazante y evitaron hacer especulación al respecto.

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Para integrar la Suprema Corte, según el texto de la Carta Magna provincial, es necesario “haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo”, tener “título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del derecho; treinta años de edad y menos de setenta y diez a lo menos de ejercicio en la profesión de abogado o en el desempeño de alguna magistratura”. Como la Corte quedará con un número de miembros par, situación que podría alterar el funcionamiento del alto tribunal, se estima que Vidal buscará cubrir la vacante en los próximos meses. Pero, como se dijo, en el Ejecutivo se evitaba ayer hablar de nombres de posibles candidatos. De todas formas, en ámbitos judiciales se habla de que habría otro miembro de la Corte que estaría analizando la posibilidad de seguir los pasos de Hitters.

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El Estadio Unico, uno de los más modernos de Latinoamérica, será sometido pronto a un tratamiento integral de las juntas de dilatación con el objetivo de “evitar posibles derrumbes en el sector de gradas”. Así se desprende del pliego aprobado por el Ministerio de Gobierno de la Provincia -a través de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Administradora del Estadio- para la contratación de un servicio de mantenimiento y reparación de juntas de dilatación de las tribunas, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial. Según se lee en los fundamentos del documento provincial, las obras a realizar son “esenciales a fin de evitar posibles derrumbes en dicho espacio, atento el peligro de corrosión, debilitamiento y desmoronamiento existentes en la actualidad”. Pese a que la letra del pliego de contratación parece plantear una situación de emergencia, desde la admnistración del Unico, ante las consultas de EL DIA, descartaron de plano la posibilidad de que haya algún tipo de peligro actual de desmoronamiento. “No hay ningún riesgo de derrumbe”, remarcó Matías Sejem, director ejecutivo de la agencia que administra el complejo de 32 y 25. “Son trabajos que preventivos que se hacen de forma periódica, por lo general cada dos años, para comprobar que no haya fisuras o resquebrajamientos”, explicó. POR MAS DE $3 MILLONES La obra que van a encarar, con un presupuesto estimado de casi 3.500.000 pesos, comprenderá, como se dijo, el mantenimiento de las juntas de dilatación de las tribunas. Especialistas explican que los materiales de construcción se ven, habitualmente, sometidos a contracciones y expansiones por distintos factores (como la humedad y la temperatura). Esos movimientos podrían generar fisuras, por lo que algunas estructuras requieren refuerzos para absorber las tensiones. Precisamente, para controlar esos movimientos se recurre a las llamadas juntas de dilatación, divisiones de las estructuras que hacen que estas no colapsen, y ahora van a intervenir recuperar en el Estadio. “El trabajo de mantenimiento se hará en las bases de las tribunas”, explicaron, al tiempo que aclararon que no será necesario suspender ninguna actividad por este motivo. El pliego de contratación no establece plazos para completar los trabajos. No obstante, desde el Unico -tal como se conoce al coloso popularmente- , indicaron que “los tareas se realizarán entre semana, no será necesario hacer reprogramaciones de eventos”, insistieron. Por último, si bien desde la administración del estadio inaugurado en 2003 reconocieron que hay sectores en que puede haber corrosión, remarcaron que, de realizarse los trabajos previstos, “no hay riesgos para el público”.

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El gobierno de María Eugenia Vidal tiene en la mira a la Procuración de la Suprema Corte. Más precisamente a su titular, María del Carmen Falbo. La administración de Cambiemos busca desalojar a esta funcionaria nombrada durante la gobernación de Felipe Solá, a quien considera vinculada a sectores del peronismo. En la embestida, la emparenta con el ex candidato a gobernador Aníbal Fernández y uno de los principales arietes de esa movida, Elisa Carrió, habló de una supuesta vinculación de la alta funcionaria con el narcotráfico, acusación rechazada enfáticamente por la Procuradora. Incluso, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dijo que Falbo “cumplió un ciclo” en ese cargo estratégico como jefa de los fiscales. En los últimos días, esa presión política pareció empezar a rendir frutos para el gobierno de Cambiemos: se conoció que Falbo había notificado a la Suprema Corte que estaba en condiciones de jubilarse. Es un secreto a voces que Vidal ya tiene reemplazante para Falbo: el secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand. Por estas horas se habla de un último tramo de negociación con Falbo para que la Procuradora se retire. La idea oficial sería que también deje el cargo el Subprocurador, Juan Angel de Oliveira, de manera de ocupar esos dos cargos estratégicos.

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Anunció que presentará una nueva denuncia contra Pablo Bressi. Elogió a Vidal y afirmó que volverá a hablar personalmente con la mandataria provincial sobre la conducción de la Policía Nuevamente, el jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, está en el ojo de la tormenta. La diputada Elisa Carrió, aliada de Cambiemos, renovó ayer sus duras críticas contra Bressi, a quien volvió a relacionar con el delito, y adelantó que próximamente le “comunicará” a la gobernadora María Eugenia Vidal “otra causa más” que involucraría al uniformado. “Yo sé quien es Bressi”, advirtió Lilita y aunque dijo confiar “absoluta y plenamente” en Vidal y en su decisión de confirmar a Bressi en su cargo, adelantó que volverá a hablar con la mandataria sobre el jefe de la Bonaerense, a quien la referente de la Coalición Cívica vincula con el narcotráfico y la “vieja Policía”. Desde el gobierno provincial, en tanto, afirmaron que “si hay algo concreto (en contra de Bressi) se actuará en consecuencia, por ahora se siguen investigando todas las causas que tiene”, y agregaron que “Vidal no va a sostener a ningún funcionario vinculado a hechos de corrupción”. “Vidal y Carrió tienen muy buen diálogo, no hay conflicto”, indicaron altas fuentes de la administración bonaerense y añadieron que “si (la diputada) tiene información, que se acerque sin ningún problema, vamos a investigar”. Consultada sobre si seguía sosteniendo su postura crítica hacia Bressi, Carrió remarcó: “Yo no tengo una visión, no se trata de una opinión, los hechos le fueron comunicados y tengo otra causa más que le voy a comunicar a la gobernadora”. “La gobernadora, a través de Asuntos Internos (de la Policía provincial) está investigando al jefe policial”, recordó. Carrió enfatizó: “(Vidal) es la gobernadora, confío absoluta y plenamente en ella y en su decisión. Sí hay puntos que me parece que como representante del pueblo de la Nación tengo el deber de marcar, pero no a la gobernadora sino a la sociedad”. En rigor, los cuestionamientos a Bressi son anteriores a las denuncias que viene realizando Carrió. De ello puede dar cuenta el diario Hoy que publicó numerosas investigaciones con distintas causas penales abiertas donde, directa o indirectamente, se lo vincula a Bressi con distintos delitos. Entre ellos, haber recibido fondos provenientes de narcos y hasta brindar protección a mercaderes de la muerte. Cabe recordar que Vidal resolvió visitar a Carrió en la casa que la legisladora nacional alquila en Chacras de la Cruz, en la localidad bonaerense de Capilla del Señor, con el fin de descomprimir el clima de tensión. “Lilita y yo somos parte del mismo equipo, nada cambió nunca. Tenemos una muy buena relación, respeto personal, compartimos los mismos valores y hemos venido trabajando juntas y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró Vidal a la prensa, al otro día del encuentro. Interrogada en ese momento por la situación de Bressi, la gobernadora adelantó que todos sus funcionarios serán investigados ante cualquier denuncia de irregularidades en su contra.

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Al preguntársele si Carrió le había pedido la renuncia del uniformado, Vidal optó por la reserva: “Todo lo que tenía que decir sobre la reunión, ya lo dije”, manifestó. Nueva denuncia por el tráfico de efedrina La diputada Elisa Carrió presentará una denuncia sobre presuntos vínculos entre la Aduana y el tráfico de efedrina. Lo hará ante los jueces María Servini de Cubría y Ariel Lijo. La investigación demuestra que dos de los dueños de las empresas que denunció el extitular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, aparecen conectados con personajes involucrados en el escándalo de la efedrina y metanfetaminas que se enviaban a México. Los revelaciones unen al menos tres causas judiciales: la que está en manos de Servini sobre el tráfico de efedrina, el triple crimen de General Rodríguez y las complicidades estatales en el contrabando de esta sustancia; el expediente que tiene a cargo el juez Lijo, en el que se investiga la denuncia anónima contra Gómez Centurión por supuesto tráfico de influencias; y la causa del juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, por presunto contrabando. Elisa Carrió pedirá que se investiguen los nexos entre la Aduana, el tráfico de efedrina y el poder político. Dos de los personajes en la mira son Luis “Gallego” Alvarez y Horacio “Cholo” Palmieri, dueños de depósitos fiscales desde fines del último gobierno kirchnerista. Pero los empresarios se conocen hace décadas. Los vínculos unen la política, el fútbol y los negocios, y llevan directo a al menos dos personas involucradas en el tráfico de efedrina: Ricardo “Ricky” Martínez y Mario Martín López Magallanes. El primero fue condenado por “la ruta de la efedrina” y el segundo está procesado por el crimen de dos colombianos.

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Despegándose del kirchnerismo y marcando distancia de Cambiemos, gobernadores e intendentes bonaerenses del peronismo se abren paso en la carrera electoral con el lanzamiento de un nuevo espacio que quiere ser la segunda y “verdadera” renovación del PJ. “La renovación está en marcha”, arengaron ayer los dirigentes en el subsuelo de la Casa de Chaco, donde estuvieron reunidos por casi una hora y media, entre chipás y facturas. El objetivo del encuentro era tener un primer contacto entre todos para acordar un discurso y una agenda común. La primera actividad ya tiene fecha: será el 6 de septiembre en un homenaje a Antonio Cafiero, histórico referente de la renovación peronista. “No vamos a resignar nuestra vocación de poder para recuperar el Gobierno. Con nuevas metodologías y una propuesta progresista vamos a conformar un gran frente”, destacó el gobernador chaqueño Domingo Peppo. Con él estuvieron sus pares Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Carlos Verna (La Pampa). Con aviso justificado faltaron Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manuel Urtubey (Salta). La renovación es la principal premisa que estipularon, a la vez que marcaron un límite claro: “No somos la pata peronista de Cambiemos”, disparó el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y la frase hizo eco. El jefe comunal llegó junto a sus colegas Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Hurlingham). También estuvieron presentes Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Bali Bucca (Bolívar). También estuvo el presidente del bloque FPV — PJ en Senadores, Miguel Angel Pichetto, y el presidente del bloque justicialista en Diputados, Oscar Romero. “La etapa del kirchnerismo fue larga e importante pero el peronismo tiene que recrear figuras nuevas y apostar a un recambio generacional”, declaró Pichetto. A corto plazo, el grupo hará foco en el tema del presupuesto y la coparticipación, teniendo en cuenta que el presidente Mauricio Macri enviará en estos días al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2017. En ese sentido, la idea es dialogar con todos los espacios y buscar puntos en común. A largo la plazo, la idea es tender lazos. Para eso, se planea que representantes de este frente comiencen a hacer algunos viajes a diferentes provincias que tengan, o no, gobernador peronista. En ese marco están gestionando un encuentro en Entre Ríos para las primeras semanas de octubre y un festejo del 17 de octubre en Chaco. El estilo que acordaron es no confrontativo. Con un discurso constructivo no disparán contra ninguna de las demás expresiones peronistas y harán eje en la “construcción” de lo que viene. Falta para las elecciones y el tejido será delicado. Lo que tienen en claro es que dispersos no pueden negociar. En cambio, siendo una opción fuerte las condiciones son mejores. El acto se montó por fuera del aparato institucional del Partido Justicialista, encabezado por José Luis Gioja y Daniel Scioli, lo que genera tensión dentro del ya convulsionado peronismo. Sin embargo, desde ambos sectores confían en que con el tiempo van a confluir en una opción conjunta, aunque requiera internas.

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Triunfó el “gradualismo” en la reforma electoral, y las elecciones primarias abiertas se harán sin cambios en 2017, con boletas de papel como hasta ahora, y la boleta única electrónica quedará habilitada en las generales sólo para 8 distritos de todo el país. Estas pautas figuran en el último borrador que circuló ayer del proyecto de reforma electoral, que tendría dictamen el martes próximo en plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Además, hay acuerdo prácticamente cerrado para aplicar la “paridad de género” a las listas legislativas. El “50 y 50” (un hombre, una mujer) será incluido como parte del articulado y no en proyecto aparte. Para garantizar el cupo, “ante vacancias o suplencias el reemplazo también será por género, como se estableció en Córdoba”, precisó a Clarín el diputado delasotista por esa provincia, Juan Brügge. La Cámara Nacional Electoral definirá cuáles son los 8 distritos que votarán el año que viene con boleta electrónica, dando preferencia a lo que ya tuvieron experiencia en esta materia. Se descuenta que harán punta Salta, la Ciudad, Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco, entre otras. Y que la Provincia de Buenos Aires no entrará en el nuevo sistema en 2017. El oficialismo y la oposición debaten aún si la boleta electrónica en aplicará en todo el país en 2019, o 2021. La Cámara Electoral tendrá mayor protagonismo, al ocuparse del escrutinio provisorio. Donde se siga votando con papel, se crea la figura del “delegado electoral”, un funcionario judicial que en un “cuarto de contingencia” cuenta con todas las boletas de los partidos y se ocupa de reponerlas en caso de faltar en el cuarto oscuro. En las negociaciones participaron los macristas Pablo Tonelli, Silvia Lospenatto y Nicolás Massot; Brügge por el massismo y aliados; y Myriam Bregman del PTS-Frente de Izquierda. También sumó algunas opiniones el experto y apoderado del PJ, el ex diputado Jorge Landau, aunque el FpV rechaza de plano la reforma. Por cuerda separada se verá el martes si se avanza en un proyecto para ampliar Diputados a más de 300 legisladores, lo que beneficiaría a la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que incorporaría al menos 30 diputados más (hoy tiene 70).

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La líder del ARI-CC y socia de Cambiemos, Elisa Carrió, presentará hoy a la juez federal María Servini un informe que sostiene que las "escuchas ilegales" contra el suspendido director de la Aduana Juan José Gómez Centurión están "mezcladas con contrabando, efedrina, política y fútbol". En el informe, Carrió vinculó algunas de esas maniobras con el presidente de Boca y amigo del presidente Mauricio Macri, Daniel Angelici, con el ex ministro del Interior radical Enrique Coti Nosiglia, con el ex director de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso y con el líder camionero Hugo Moyano. En su denuncia Carrió vinculó la “cama” contra Gómez Centurión con “negocios ilegales referidos a irregularidades en las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), con la suspensión de habilitación de depósitos fiscales y con su lucha contra grupos dedicados al contrabando”, según adelantaron fuentes del ARI-CC en exclusiva a Clarín. En un informe explosivo de más de 50 páginas con el entrecruzamiento de nombres de empresas, funcionarios y causas judiciales, Carrió por ejemplo, recordó que EDETEX SRL -una de las firmas investigadas por Gómez Centurión- giró al exterior 35 millones de dólares sin haber efectuado ninguna operación efectiva. No realizó ninguna actividad comercial declarada ante la AFIP. “EDETEX - cuyos socios son Lorenzo Mario Almirón y Julio César Tizado - ha servido de puente entre el dinero proveniente de un hecho ilícito en la Republica argentina y diversas empresas constituidas en el exterior donde fue depositado el mismo”, sostiene el informe. Almirón fue aportante de la campaña legislativa del frente para la Victoria para las elecciones 2009 en el distrito provincia de Buenos Aires que llevaba como candidatos a Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Otra firma de depósitos aduaneros señalados por Carrió es “TERRAZUR INVERSIONES S.A. que está integrada por Carlos Alberto Gómez, Mónica Daniela Edith Saggese, tiene CUIT inactivo y fue durante años una usina de facturas apócrifas”. Por esta firma pasaron, durante el 2013, 170 millones de pesos, y en 2014 más de 210 millones de pesos”. “La misma operatoria la aduana habría detectado inconsistencias en ALCALIS DE LA PATAGONIA SAIC, OIL M&S SA, GANADERA VICTORIA SA, del grupo INDALO así como también la CASA DE LA MONEDA sociedad del estado en tiempos donde la gestionaba el grupo de Amado Boudou”, destacó. En cuanto al uso de un predio en el Mercado Central por parte de CARESTIBA, Carrió destacó que“el contrato está a nombre de SERVICIOS EXCLUSIVOS SA, quien abona $4,35 por metro. Esta empresa estuvo vinculada a Cristian Gerardo Gitto, hasta que finalmente los socios Carlos Alfredo Ríos y Pablo Cristian Sccasso tomaron el control en su totalidad”. En fuentes judiciales se destacó que ahora los datos aportados por Carrió deberán ser confirmados por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuán. “CARESTIBA es un depósito fiscal que nos parece central porque está constituida por el dueño de COVELIA, Ricardo Depresbiteris y, a su vez, conforme surge del Boletín Oficial 33211 del 10 de septiembre del 2015, también por Pablo Cristian Sccasso y Carlos Alfredo Ríos”, agregó. Depresbiteris es el presidente de la empresa de recolección de basura Covelia, a la cual Suiza le bloqueó una cuenta bancaria en el 2011. Moyano había ayudado a Depresbiteris a ganar contratos en el Gran Buenos Aires.

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Luego puso en la mira a “Pablo Cristian Sccasso: empleado de LOGINPORT y conocido en el mundo hípico. En el 2011 estaba registrado como monotributista categoría B y como empleador en la firma BUSSINESS AND BUSSINESS SA y LOGINPORT SA, otras de las firmas intervenidas por el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray”. Recordó que el financista Ibar Pérez Corradi en su indagatoria indicó que “la administración de Echegaray cobraba coimas a efectos de ingresar cargamentos de efedrina, indicando que los pagos se hacían por dólar cash y eran entregados en mano en el mercado central donde funcionaban los depósitos fiscales de Aduana también manejados por la AFIP”. Respecto del ex jugador de Boca Horacio Palmieri dice que “no es solo socio en TCT sino que también se encuentra en las sociedades LOGÍSTICA EL DETALLE SA y PHARMASUL SA. Este ex jugador de Boca Juniors en la década del 70 llegó a ser empleado del Hotel Elevage, perteneciente a Enrique Nosiglia, de quien notas periodísticas refieren a su vinculación política de la agrupación de futbol de Boca "Por un Boca Mejor", una línea interna que apoyó la candidatura de Daniel Angelici al frente del club de fútbol”. Con posterioridad a instancias de la Aduana se le prohibió la entrada de mercadería a LOGESPORT. "El gerente de la sociedad es Jorge Luis Guerra. Notas periodísticas indican que Daniel Angelici intercedió ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo 9 a efectos de interceder para dar lugar a la cautelar que le permitiría a este depósito seguir operando", aseguró. “El referente político de Palmieri dentro de Boca Juniors desde la década del 90 es Enrique Nosiglia. Palmieri también estuvo nombrado en la causa sobre los barras bravas de Boca Juniors que tramitó en su momento frente al juez Berges. En esta causa, el barrabrava arrepentido Carlos Amenedo señaló a Palmieri como el nexo entre Nosiglia y los líderes de la 12, Rafa Di Zeo, Santiago "El Gitano" Lancry y Coty Nosiglia”, subrayó Carrió. Luego se refierió a la investigación de Clarín sobre los hermanos Miguel Fernando Javier, Diego Raúl Alberto y Alejandro César Paolantonio quien son titulares de la firma TRANSPORTE DTM SRL. Sostuvo que “durante los años 2014 y 2015 trasportaron más de 500 contenedores que se cargaban en Hong Kong y se descargaban en la terminal 5 del Puerto de Buenos Aires”. Más adelante, se refirió a “los procedimientos en la Aduana de Ezeiza que se desprenden de las escuchas telefónicas a "Cuqui" Laborda, al jefe del Courier Gustavo Mariscurrena y al jefe de verificación de Ezeiza, al que sindican como Sosa, para que firmen y habiliten los envíos de Courier tales como LHS WORLDWIDE, COURIER EL AGUILA, NET COURIER y FAST TRACK, relacionados a los ya referido Carlos Ríos”. “Sergio Gonzalez, Scasso y su vinculación con Lambiris. Todos estos que, junto con el fallecido Damián Sierra, como a partir del rol que tenía Paolucci en Ezeiza, permitían que Jaime Stiusso operara en dicha aduana con absoluta tranquilidad. El jefe de la bodega de Courier sería Alejandro Lucano”, precisó. Jorge Lambiris es conocido como “el rey del bagayo” y es amigo íntimo de Echegaray. “La empresa NET COURIER adquirida hace más de un año se la relaciona con los Paolantonio. Este courier es el courier de la aduana por su anterior conformación por aduaneros. También esta firma se encuentra relacionada con TCT conforme el informe comercial aportado. Esta empresa con su anterior composición estuvo involucrada en el tráfico de efedrina entre Argentina y México”, sostuvo. "A mí no me tumban las mafias", advirtió Carrió ayer antes de terminar el informe que presentaría hoy. El presidente Mauricio Macri había recibido el martes en Olivos a Gómez Centurión, tras ser separado de su cargo por una denuncia de presunta corrupción, aunque en el Gobierno creen que el ex funcionario "fue víctima de una operación de ex efectivos de la SIDE" y que, probado esto, el titular de la Aduana retornará a su puesto. En declaraciones a radio Vorterix, Carrió recordó que ella fue la primera referente del oficialismo en salir a respaldar a Gómez Centurión, a quien el juez federal Ariel Lijo investiga por la denuncia en su contra. Consultada sobre si le parecía atinado que Macri haya decidido apartar inmediatamente de su cargo a Gómez Centurión al conocerse denuncias anónimas, Carrió consideró que fue "correcto" el accionar del jefe de Estado con Gómez Centurion.

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Con todo, alertó que "quizás habría que hacer otro protocolo en lo sucesivo" porque "quien recibe la denuncia anónima tiene todo el aparato del Estado, en este caso el ministerio de Seguridad, para investigar la seriedad de la denuncia", aseveró. La legisladora insistió en apoyar al ex jefe de la Aduana y dijo que el video que involucra a Gómez Centurión en presuntas prácticas delictivas "está editado" y pudo haber sido realizado, dijo, por ex integrantes de los servicios de inteligencia o "cualquier para-SIDE estatal". "La Aduana de Gómez Centurión hizo cosas valiosas: tiene dos barcos de (el secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Omar) "Caballo" Suárez parados en Villa constitución, que es prácticamente decir el nexo del sindicato del SOMU con la droga", destacó finalmente.

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente a la gestión de Mauricio Macri por su política económica y acusó al Gobierno nacional de "retroceder 14 años" al comparar la situación con el default de los primeros años de la década pasada. También salió a defender a la destituida ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. "El gobierno (de Macri) primero puso en fila al Congreso para votar por los fondos buitre, diciendo que después iban a llover los dólares. Además, aseguraron que ya sólo el cambio de Gobierno iba a traer un shock de confianza e iban a venir los dólares. Pero no sucedió", sostuvo la ex mandataria en una entrevista con Roberto Navarro en Radio 10. Continuó: "Luego del pago a los buitres, no solo no vinieron los dólares, sino que después de pagarles estamos con la caída industrial más importante desde el default y arañando una desocupación de los dos dígitos, que es el número más alto de los últimos 10 años. Retrocedimos macroeconómicamente, en términos de producto industrial, 14 años, a la etapa pre-default y pre-kirchnerista. Y en materia de ocupación retrocedimos una década entera. Eso no puede ser culpa y responsabilidad más que de esta gestión de Gobierno". En ese sentido, dijo que se está "viviendo una verdadera catástrofe" y que "cayó el poder adquisitivo de la gente". Resumió sobre el tema: "No es un sinceramiento de la economía; es un sinceramiento de las políticas que pensaban aplicar y que no explicitaron". Respecto a la destitución de Dilma, comparó el "clima destituyente en Brasil" con lo que sucedió —según sostuvo— en sus años de Gobierno. Aseguró también que es un elemento de "destitución regional" y que es "un día que va a ingresar en la historia negra de la región". Finalmente, también acusó "al partido judicial y a los grandes medios" brasileros por la situación, además de responsabilizar a "sectores económicos concentrados internos y externos".

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El ministro del Interio, Rogelio Frigerio, anticipó que el índice de inflación de agosto bajará drásticamente, aun en comparación con el Gobierno anterior. “Agosto va a ser el mes con una de las inflaciones más bajas de los últimos diez años. Va a tener consecuencias en lo social y también para la inversión”, dijo Frigerio, durante el cierre del Precoloquio de la Región Centro de IDEA. “Iniciamos un camino inexorable hacia la baja de la inflación”. En un panel que compartió con el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, Frigerio destacó el hecho de que un ministro de Gabinete nacional vuelva a concurrir a este tipo de encuentros empresarios. “Hacía rato que no se veía en este espacio (el Coloquio de IDEA) a un ministro del Poder Ejecutivo, menos al lado de un gobernador de la oposición”, planteó. “Hay terminar para siempre con esa cultura del que no piensa igual que yo es un enemigo”. Otro integrante del Gabinete que participó es el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien resaltó la toma de deuda de Arcor al 6% en el mercado de capitales. “Eso disparó una cantidad de inversiones, hicimos una Agencia Nacional de Inversiones que tiene contabilizados 36.000 millones de dólares trabajando”. Sobre la inflación, reiteró que la baja es “inexorable” y que “nos encontrará con un Brasil que dejó de caer, con una cosecha récord y con una obra pública ya en marcha, en régimen, de modo que va a ser un cuarto trimestre esperanzador para un año 2017 en el que vamos a tener crecimiento”, agregó Cabrera, en el cierre del encuentro. Rodeados de empresarios que hacen sus negocios en la denominada “zona núcleo” agropecuaria, Frigerio aseguró que el campo traccionará al resto de la economía. “Estamos viendo la inversión en maquinaria agrícola, en camionetas y vamos a ver cómo este sector, como siempre lo hace, va a traccionar al resto de los sectores”. En cuanto a la obra pública, el ministro de Interior admitió que el plan de Infraestructura de Macri “posiblemente supere los cuatro años que tenemos por delante de gestión”. Otra iniciativa del Gobierno, la licitación para generadores de energías renovables, le dio pie para un anuncio a medias: “Septiembre va a ser un mes de gratas sorpresas en energías renovables, tanto en energía sola como eólica”, dijo Frigerio. En cuanto al tema tarifario, Frigerio aseguró que no van a emitir opinión sobre el fallo de la Corte que obliga al Gobierno a llamar a audiencias públicas. “Los fallos no se discuten, se acatan. Lo hicimos con las tarifas y también con el fallo de los reintegros a las provincias”. En cuanto a los subsidios, Frigerio planteó que deben ir dirigidos “a quienes los necesitan, con una distribución equitativa, a lo largo y ancho del territorio. Antes llegaban a los ricos y estaban concentrados en la Capital Federal”.

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Los subsidios del Estado nacional al sector energético superarán este año los $ 220.000 millones. El fallo de la Corte Suprema contra el aumento en las tarifas de gas, más pagos atrasados de la gestión anterior al sector llevan al Estado a una subvención cercana a los US$ 14.500 millones, según un trabajo de Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). La decisión judicial de impedir la suba de tarifas de gas para los hogares residenciales agrega $ 20.000 millones al gasto público en energía correspondiente a 2016. Pero también hay otros $ 20.000 a $ 40.000 millones de partidas para el sector que el Gobierno actual está pagando, pero que corresponden a la administración anterior, según fuentes oficiales. El kirchnerismo dejó el presupuesto de 2016 votado por el Congreso anterior con subsidios energéticos de $ 116.000 millones. Eso implicaba un 15% menos que en 2015. "Estos valores quedaron claramente desfasados. Dependiendo del fallo de la Corte vamos a estar entre $ 200.000 millones y $ 220.000 millones", observa Flores. En 2005, las transferencias económicas al sector energético eran de $ 3.300 millones Ahora, si se llega a $ 220.000 millones de subsidios, el subsidio estatal escaló 165 veces. En dólares, se trepa de US$ 1.000 millones en 2005 a cerca de US$ 14.500 millones este año. El Gobierno logró disminuir subvenciones, pero se estancó. "En abril había una reducción interanual de los subsidios del 32% en relación al mismo año del mes de 2015. Pero en julio, el ahorro interanual bajó al 8%", explica Flores. "El 12% del gasto total y el 75% del déficit fiscal se explican por las transferencias al sector energético", puntualiza Flores para dimensionar la daga de los subsidios sobre la economía. Según datos del Gobierno, el déficit fiscal engordará $ 20.000 millones por el fallo de la Corte, que impidió la suba de tarifas residenciales al gas. "Aunque los precios internacionales de la energía bajaron, habrá que pagar mayor cantidad de pesos por la devaluación", detalló Flores. Como falta gas, el país lo importa en dólares.

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El Gobierno espera que la Corte Suprema revoque la semana próxima la medida cautelar que les impide a las distribuidoras eléctricas aumentar las tarifas en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri entienden que los casos judiciales que el máximo tribunal tiene en estudio son muy endebles y no permitirían a la Corte ratificar la obligación de hacer audiencias públicas, como sí lo hizo con las tarifas del gas, en el fallo dictado el mes pasado. Después de ese pronunciamiento el Poder Ejecutivo anticipó que también convocaría a audiencias para las tarifas de luz, aunque aún no fijó fecha, a la espera de la evolución del tema en la Corte. Además, Macri comenzó a dialogar con gobernadores, gremios y partidos, a los que les presentará su propuesta de nuevo cuadro tarifario, de modo que ese programa de aumentos, cuando se presente a la audiencia convocada, ya llegue con un amplio respaldo político. Por ahora, en la Corte que preside Ricardo Lorenzetti no hay ninguna posición tomada respecto de las tarifas de electricidad. Por eso, las alternativas que todavía barajan los jueces van desde revocar la cautelar que dictó la Cámara Federal de La Plata hasta confirmarla, pero a sabiendas de que esa medida producirá un efecto muy limitado. "Los jueces se van a pronunciar por sí o por no, pero aún no tienen un expediente para hacerlo ni está claro cómo hacerlo", dicen en la Corte. En efecto, en el tribunal, en realidad, hay tres grupos de causas. Uno de los amparos había sido planteado ante la justicia platense por un grupo de legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria (FPV) encabezados por Walter Abarca. En ese primer caso, está vigente una medida cautelar que suspendió el aumento en parte del territorio bonaerense y el alto tribunal tendría algunos reparos. La Corte siempre se negó a reconocerles a los legisladores la legitimidad para presentar amparos, y mucho menos podría sostener que varios legisladores puedan obtener una sentencia con impacto en todo el país. El martes próximo vence el plazo para que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, pronuncie su dictamen, tras lo cual la Corte sí quedará habilitada para dictar un fallo. En segundo lugar, hay un universo de amparos presentados en distintos juzgados dispersos por el Gran Buenos Aires, pero esos casos todavía no llegaron a la Corte. Para juntar ese conjunto tan disperso de expedientes y cerrar todos los frentes de conflicto a la vez, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Balbín, pidió a la Corte que haga un relevamiento de todos esos sumarios para que, una vez que dicte un pronunciamiento, pueda hacerlo valer sobre todos. Caso contrario, el Gobierno estaría expuesto a que la Justicia dicte sucesivamente distintos fallos en todos esos expedientes, y el desgaste sería mucho mayor. Y el tercero de los casos fue iniciado por un grupo de vecinos y por el Cepis -la misma ONG que logró frenar el tarifazo del gas- y es tramitado en el juzgado federal de Marina Forns. Pero este caso no le representa al Gobierno ningún riesgo. Por un lado, porque si bien la jueza quiso darle impacto nacional a la medida cautelar que frenó el aumento tarifario, muchas provincias decidieron no respetar la medida, porque entendieron que la jueza se excedió.

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Pese a la falta de transparencia que rodeó al universo de los subsidios energéticos en el kirchnerismo, siempre una cifra se destacó fácilmente del resto. Se trata de las transferencias del Estado al sector eléctrico, fácilmente visibles en las cuentas públicas, por dos motivos. En primer término, están agrupadas bajo una denominación concreta como "Formulación y ejecución de la política de energía eléctrica", el nombre que eligieron Néstor y Cristina Kirchner para contener esas partidas. En segundo lugar, por su volumen. Tan sólo este año está previsto destinar a cubrir los subsidios eléctricos $ 81.522 millones. Es, por mucho, una de las partidas más grandes del Estado, con un agravante: a esta altura del año el gobierno de Mauricio Macri utilizó casi 92% de los fondos disponibles, por lo que requerirá de nuevas partidas para llegar a fin de año. El programa destinado a transferirle recursos al sistema eléctrico es el que muestra un mayor uso de los recursos. Por caso, Aerolíneas Argentinas, también escasa de fondos y con un alto grado de ejecución, empleó el 80% del dinero disponible para todo el año, según el presupuesto. Esas dos características permiten afirmar con facilidad algo que el kirchnerismo negó cuantos veces pudo: que el crecimiento exponencial de los subsidios a la electricidad son parte fundamental de algunos de los problemas macroeconómicas de más difícil resolución que enfrenta el país. El Gobierno tiene alternativas limitadas para cubrir el rojo: aumentar la emisión, que tiene consecuencias directas sobre la inflación, o tomar deuda para financiar el sostenimiento del sistema. El tamaño de la caja en cuestión explica también el tamaño de la pelea que dará el Gobierno para aumentar la tarifa de luz y reducir las transferencias a ese sector. Y puede mostrar, puesta en perspectiva, las cosas que el Estado deja de hacer por subsidiar la electricidad. Este año el país desembolsará más de $ 175.363 millones en subsidios a la energía (los más grandes), el transporte y a las empresas públicas. Alcanza para cubrir los gastos del Fútbol Para Todos por casi un siglo. O atender la necesidad de inyección de fondos que tiene hoy Aerolíneas Argentinas por los próximos 41 años, financiar por 121 años los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o cubrir por las siguientes ocho décadas (si todos los valores de la economía se mantuvieran constantes) los gastos del Hospital Posadas. Un mes atrás, el Gobierno tenía previsto ahorrarse $ 78.000 millones en subsidios a la energía, el transporte y el agua, por lo que esas transferencias representarían 3,3 puntos del PBI, en comparación con los 4,3 puntos que se llevó en el último año de la gestión kirchnerista. Aunque aún es difícil arriesgar una cifra, las cuentas hoy, después del fallo de la Corte que frenó los aumentos de gas y antes de la definición con respecto a la luz, son notablemente más conservadores. Hay más agravantes. Pese a los millones que se destinan a subsidios, las empresas del sector están en crisis. Las distribuidoras Edenor y Edesur advirtieron en varias ocasiones que no tienen fondos para seguir funcionando si no se le garantizan nuevos ingresos. Y les deben una fortuna a las generadoras de electricidad, que tienen problemas para reparar sus máquinas. A diferencia del gas, el futuro de los aumentos de luz se notará en especial en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Se debe a que el Gobierno establece las remuneraciones de quienes producen electricidad, la transportadora Transener y las distribuidoras metropolitanas, pero no de las compañías que prestan ese servicio en las provincias. Se puede decir en ese punto que los gobernadores hicieron mejor el trabajo durante el kirchnerismo en ese punto: como otorgaron aumentos cada año a las distribuidoras, hoy tienen menos de qué preocuparse.

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Si cada vez que Sergio Massa y Margarita Stolbizer se muestran juntos en público parecen dar un paso más hacia un acuerdo, la sensación es más fuerte cuando se cruzan en privado. Ese clima se vivió ayer en el salón VIP del complejo Parque Norte por donde se movieron la líder del GEN y el jefe del Frente Renovador, entre discurso y discurso. Pero, sobre todo, por el modo en que se mostraron sus aliados. Por caso, Stolbizer llegó acompañada, entre otros, por el jefe del bloque de diputados provincial, Marcelo Díaz, el ex senador Ricardo Vázquez, el ex diputado Juan Carlos Júarez (UCR) y el dirigente matancero Jorge "Huevo" Ceballos. Cada vez que se acercaron a Massa o sus operadores fue para continuar charlas iniciadas en encuentros previos. Algo similar ocurrió cuando ingresó la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), que pasó más tiempo junto a la esposa de Massa, Malena Galmarini, que sobre el escenario. Más un dato: antes de dar su discurso, Massa le pidió que hablara del retroceso en la agenda de derechos humanos de Cambiemos. Fue lo primero que mencionó Donda. La atención que la prensa puso en estos pases de baile eclipsó otras presencias en Parque Norte. Por caso, la del anfitrión y titular del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, que en vez de saludar se quedó de principio a fin en el acto. O la de Alberto Fernández, que hilvanó varias charlas fuera del salón principal. En ese ambiente mayoritariamente peronista, pero con invitados del progresismo a los que había que agasajar, quien más hizo por eclipsar cualquier charla sobre el PJ fue José Manuel de la Sota. Una y otra vez acudió a la anécdota de León, el perro de Perón, ese que llegaba cada vez que lo llamaban "León", pero no por eso dejaba de ser perro. "Lo mismo pasa con algunos que se llaman peronistas y yo los llamo y vienen, pero yo sé que no son peronistas", se reía el ex gobernador. Y a otro tema.

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Suiza dio el primer paso para entregar a la justicia argentina información que puede determinar el procesamiento de los hijos de Lázaro Báez por lavado de dinero. El vocero de la Oficina Federal de Justicia de Suiza (OFJ), Folco Galli, dijo que aceptó la petición de información argentina sobre diez cuentas relacionadas con Báez. El pedido lo realizaron el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, mediante un exhorto que fue tramitado por la Cancillería. En Suiza, el Poder Ejecutivo le dio admisibilidad formal al exhorto, lo que implica que ahora será analizado por el Ministerio Público Fiscal de la Confederación Helvética para ejecutarlo. Este primer paso es clave, porque Suiza ya le había dicho que no a Casanello hace dos años, cuando había pedido menos información que la que solicitó ahora. ¿Qué cambió? Que en junio pasado Casanello y Marijuan viajaron a Suiza, donde se entrevistaron con las autoridades judiciales de ese país. Acompañados por el embajador Antonio Trombetta y un traductor, explicaron a los suizos las razones de sus pedidos de auxilio y el modo de cumplimentar las cuestiones formales de los tratados de ayuda recíproca entre ambos países. Al cabo de esa audiencia, los suizos se mostraron muy dispuestos a colaborar, al punto de que tiempo después la Unidad de Investigación Financiera de Suiza envió a sus pares argentinos de la Unidad de Investigación Financiera local un informe de inteligencia con detalles de operaciones vinculadas con los hijos de Báez. Ese reporte señalaba que Leandro, Luciana, Martín y Melina Báez serían beneficiarios únicos de cuentas en Suiza a nombre de empresas radicadas en Panamá, Belice y España. Casanello ya indagó a los hijos de Báez por lavado de dinero con los datos de la UIF, pero espera la información suiza con las pruebas que respalden esos datos. Con esa información en la mano estará en condiciones de decidir sobre sus procesamientos. Casanello y Marijuan pidieron a Suiza que les informe sobre una cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez: Leandro, Luciana, Martín y Melina. Tres de esas cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc. y Fromental Corp. Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de Helvetic Services Group, una firma de Lugano "gerenciada" por el ítaloargentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza. El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc., "constituida en Belice y radicada en Panamá", a nombre de Martín Báez, y la panameña Tyndall Limited Inc. Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma Redwood Associates Corp., y, por último, una cuarta supuestamente perteneciente a Helvetic Services Group, en el J. Safra Sarasin de Ginebra.

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Casanello fundó su pedido en que se investiga a Báez por fraude fiscal con la supuesta cobertura del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, lo que hace que el caso interese a los suizos, pues se estaría ante un supuesto de "corrupción y criminalidad organizada". Además, Casanello y Marijuan mencionan que Báez es investigado por haber sido favorecido con la obra pública por Cristina Kirchner y su marido, Néstor Kirchner, investigados en el marco de una asociación ilícita. Este pedido de ayuda internacional busca identificar a los "eslabones intermedios de la cadena de blanqueo" y "los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lázaro Báez", entre 2012 y 2013. "Parte de ese dinero fue reingresado y blanqueado en la República Argentina" por la "activa intervención de la firma suiza Helvetic Services Group y de Néstor Marcelo Ramos", escribieron las autoridades argentinas. El próximo paso es el pedido de extradición de Néstor Marcelo Ramos por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero, cuestión que el juzgado analiza. La ex presidenta arremetió contra la Justicia La ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó ayer en duros términos al gobierno de Mauricio Macri, al que acusó de utilizar a Comodoro Py como "una herramienta de persecución judicial" y de mantener una Jjusticia "direccionada". Desde Santa Cruz, la ex presidenta brindó una extensa entrevista a Radio 10 en la que volvió a hablar del "Partido Judicial" y calificó de "escándalo" el audio que se filtró en el que el fiscal Guillermo Marijuan habla de su eventual detención. "El Estado judicial es escandaloso. [Marijuan] cumple mandados. Es un fiscal que está haciendo estas cosas contra una ex presidenta", sostuvo Cristina Kirchner. Además, se preguntó: "¿Qué puede esperar un ciudadano de a pie?", si un fiscal actúa así contra una ex mandataria. En la conversación telefónica, de una hora, la ex funcionaria también defendió su gestión, cuestionó las medidas económicas de la gestión macrista y condenó la destitución de la ahora ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

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La ex presidenta Cristina Kirchner recibió ayer un revés judicial al quedar definido el tribunal que deberá revisar su procesamiento. Se trata de la causa que enfrenta porque supuestamente ordenó comprar dólares en el mercado de futuro previendo una devaluación para perjudicar al gobierno entrante. Los jueces que deberán revisar este procesamiento contra la ex presidenta -el único que pesa sobre ella- son los de la Sala II de la Cámara Federal: Eduardo Farah, Horacio Cattani y Jorge Ballestero. De las salas de la Cámara Federal ésta es la que tomó decisiones menos favorables al kirchnerismo. Cristina Kirchner fue procesada por el juez federal Claudio Bonadio por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública", inmovilizó todo su patrimonio y dispuso la inhibición general de sus bienes. El magistrado consideró que la ex presidenta "hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas". Ese fallo es el más grave que enfrenta la ex presidenta, que además es investigada en media docena de causas judiciales por delitos que incluyen enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El tribunal sorteado para que revise ese procesamiento fue la Sala II de la Cámara Federal, pero la ex presidenta cuestionó al tribunal porque entendió que la iba a perjudicar y recusó a los jueces. Su argumento es que iban a ser parciales porque, según dijo, tenían un interés en el proceso. Esa medida fue revisada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Farah, como integra la sala recusada, no votó. Ballestero se pronunció por confirmar a los jueces de la Sala II, pero Freiler, en cambio, entendió que debían ser apartados. Como los jueces quedaron uno a uno, para desempatar se sorteó al juez de la Cámara del Crimen Ricardo Matías Pinto, quien votó por rechazar la recusación de los camaristas de la Sala II en la causa. El voto en disidencia de Freiler fue particularmente crítico de la actuación de sus colegas de la Sala II, a quienes acusó de una "contradicción sorprendente" por haber aceptado que Bonadio siguiese en la causa cuando hace apenas medio año tuvieron una actitud contraria. Segundo intento Con los jueces de la Sala II confirmados en el caso, Cristina Kirchner acudió a la Cámara de Casación para insistir en que sean apartados del expediente. Intervino por sorteo la Sala I de ese tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, pues la jueza Ana María Figueroa se encuentra de licencia. Los camaristas declararon inadmisible el recurso de Casación interpuesto por la defensa de la ex presidenta contra el fallo que había rechazado la recusación de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal. En la sentencia, los jueces consideraron que los motivos de recusación alegados por la defensa contra los jueces de la Sala II, Irurzun, Cattani y Farah, no alcanzaron para demostrar el interés en el proceso alegado por la defensa ni la existencia de elementos objetivos, serios o razonables que permitieran sospechar sobre la falta de imparcialidad de los jueces. Será entonces la Sala II de la Cámara Federal la que revisará la apelación de los procesamientos de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y Pedro Martín Biscay, todos alcanzados por la decisión de Bonadio. Paralelamente a esta causa, Cristina Kirchner denunció al juez y los funcionarios del macrismo que están al frente del Banco Central, pues entendió que no hicieron nada para evitar la operatoria.

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El proyecto de ley que crea la figura del arrepentido para los delitos comúnmente conocidos como de corrupción obtuvo ayer dictamen de dos comisiones del Senado, con amplio consenso de todas las bancadas, y quedó listo para su tratamiento en el recinto la semana próxima. Tal como adelantó LA NACION, el texto aprobado por la Cámara de Diputados el 23 de junio sufrirá modificaciones por lo que, una vez que lo apruebe el Senado, deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja. Los cambios están en línea con lo planteado por especialistas en Derecho, jueces y fiscales en las audiencias celebradas en las comisiones de Justicias y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y narcotráfico. En ellas, hubo amplia coincidencia en la necesidad de establecer límites procesales y condiciones taxativas para acceder al beneficio. "El proyecto que aprobó Diputados no era el mejor, tenía sospechas de violación al derecho de defensa", afirmó Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), presidente de la Comisión de Justicia. Así, en la versión que aprobará la Cámara alta se fijará el acto de elevación a juicio oral como límite para que un imputado pueda convertirse en colaborador de la Justicia en condición de arrepentido. También se establecerá que el imputado arrepentido deberá señalar a personas con igual o mayor responsabilidad en la comisión de los delitos que se investigan. Además, no podrá aportar infromación que le hayan contado terceros, sino que tendrá que haber participado de los delitos que confiese ante la Justicia.. "El proyecto venía con amplitudes y esto era sumamente inconveniente", aseguró, al explicar los cambios, Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), quien justificó la imposición de plazos al arrepentimiento en el hecho de que atentaría contra el desarrollo del proceso. "El juicio oral no se puede interrumpir más de diez días, sino se cae", alertó el senador y ex juez penal, quien recordó que el proyecto establece un período de un año para que la Justicia investigue las denuncias del arrepentido. Durante el debate sobrevolaron, aunque nadie lo mencionó, los casos de testigos de casos que involucran al kirchnerismo, como el de Leonardo Fariña, Ibar Pérez Corradi y José López. "El arrepentido no es un comentarista, como venimos viendo, sino que cometió un delito. Por eso, debe hacer referencia a los hechos de los haya sido partícipe", aseguró el jefe del bloque del FPV, Miguel Pichetto (Río Negro). Tanto el del arrepentido como el de extinción de dominio de bienes adquiridos mediante la comisión de delitos fueron aprobados en un trámite exprés por la Cámara de Diputados el 23 de junio pasado, fogoneado por la escandalosa detención de José López, sorprendido mientras arrojaba bolsos con casi US$ 9 millones al interior de un predio de General Rodríguez. Acceso a la información A pesar de los esfuerzos del kirchnerismo por introducir modificaciones al proyecto, lo que habría demorado su sanción, el oficialismo consiguió ayer las firmas necesarias para obtener dictamen a la iniciativa que regula el derecho de acceso a la información. El texto crea la Agencia de Acceso a la Información Pública y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la próxima sesión, prevista para el miércoles.

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En medio de la ola de amenazas telefónicas contra el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y otros miembros de la alianza gobernante, una persona de 48 años fue detenida ayer, acusada de enviar "un mensaje intimidatorio" al primer mandatario hace poco más de veinte días. El Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, informó de la detención del sospechoso en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el partido de Merlo. Trascendió que el hombre, que amenazó de muerte al Presidente el 9 de agosto pasado a través de una llamada anónima realizada al 911 y cuyo nombre no fue suministrado por las autoridades, tendría antecedentes penales por robo, amenazas y resistencia a la autoridad, aunque se estima que esta vez habría actuado solo. "No se trata de un miembro de una organización delictiva ni es demasiado preocupante. Pero queremos dejar claro que cada hecho de esta naturaleza tiene sus consecuencias", afirmaron en el Ministerio de Seguridad. En esa cartera, además, informaron a LA NACION que evalúan cobrarle a los autores de las amenazas los gastos que demande la investigación de cada hecho. Ayer, agentes policiales federales allanaron el inmueble del que provino la llamada, registrada en la localidad de Mariano Acosta, y detuvieron al hombre que allí se encontraba. En la requisa se secuestraron cinco teléfonos celulares pertenecientes al hombre involucrado, a su esposa e hija, junto con una netbook. "No vamos a tolerar estas situaciones y estamos decididos a terminar con estos actos violentos; toda intimidación es investigada, estos hechos no quedarán impunes", sentenció la ministra Bullrich en un comunicado, en referencia a las múltiples amenazas que recibió el Gobierno.

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Los surtidores de todo el país muestran que el letargo que traía la economía desde el kirchnerismo se profundizó en los primeros seis meses de Mauricio Macri en la Casa Rosada. Las ventas de combustibles cayeron 3,51% entre enero y junio, según números oficiales, pero el dato que mejor muestra la baja en el nivel de actividad es que el mayor tropezón lo registró el gasoil, un producto directamente relacionado con el mundo del trabajo. Ese combustible se desplomó 12,43%. Otros valores son aún más preocupantes: si bien las ventas de gasoil cayeron todos los meses, en abril anotó un llamativo retroceso del 23,14%. El GNC, una alternativa más económica que el gasoil y también relacionada con la actividad económica (muy utilizado por taxis, remises, fletes y transportes escolares, entre otros), mostró un comportamiento similar. En el primer semestre retrocedió 5,65%, mientras que registró en junio la caída más notable del año, por encima del 13%. Las anteriores son cifras que elaboró Cecha, la confederación que reúne a estaciones de servicio de todo el país, en base a números del Ministerio de Energía. Su presidente, Carlos Gold, dijo a LA NACION: "La baja en las ventas de gasoil indica una caída de la actividad económica. Allí no se nota aún la recuperación del campo". El directivo también le asigna a los incrementos de precios una parte de la responsabilidad por la caída de las ventas, en especial en el caso del GNC, que después de los aumentos de gas que se aplicaron en abril saltó a $ 9 el metro cúbico en la ciudad de Buenos Aires, con un aumento del orden del 95% (si bien el Gobierno fija los valores mayoristas, cada dueño de estación de servicio puede poner el precio que quiera), donde juega también una dificultad impositiva, según observan los dueños de estaciones. Los números que maneja el sector indican que la conversión de equipos a GNC cayó casi 50% en el año por el menor interés de los automovilistas en ese combustible. Para debatir esas cuestiones, los dueños de estaciones de servicio se presentarán a las audiencias públicas donde se discutirá el aumento del gas, que se realizarán el 16 de este mes. Es probable que el impacto de la suba de precios sobre las ventas de naftas y gasoil se modere en los próximos meses. Sucede que para acercar los valores locales del crudo a los internacionales (más bajos), las empresas acordaron a principios del mes pasado congelar los precios de los combustibles por 90 días. La iniciativa fue acompañada por el Gobierno. Gold se reunió ayer con el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Más que hablar de la economía argentina, le planteó las dificultades propias del sector que representa. Considera que en este escenario está amenazado el futuro del 51% de las estaciones de servicio del país, que venden menos de 250.000 litros mensuales, y casi una de cada tres bocas que expenden GNC. Un informe de Cecha marca otro punto que les preocupa a los dueños de estaciones de servicio. Sostiene que entre enero y junio de 2015 esas bocas de expendio tenían una participación de 69% en las ventas, que cayó al 65% en el mismo período de este año. "La venta directa ha ido creciendo los últimos años en desmedro de las ventas a través de estaciones", sostiene el documento.

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Gold reconfirmó algo que ya sabía: debido a su pasado al frente de Shell, Aranguren sabe de combustibles "mucho más que nosotros juntos", según le repitió a LA NACION. También se llevó la atención del ministro en dos puntos: la caída de las ventas y la carga impositiva del GNC diezman las posibilidades de los dueños de los establecimientos. Con respecto al último de los temas, Aranguren intentará una reforma profunda del esquema de impuestos que pesan sobre los combustibles. Las naftas y el gasoil muestran otros números curiosos. La venta de nafta súper se mantuvo relativamente estable, pero una parte de los automovilistas se pasaron a la premium, el producto más caro del mercado, sobre todo en el primer trimestre. En febrero, por ejemplo, ese combustible trepó más del 12%, si bien entre abril y junio también cayó. Lo mismo pasó con el gasoil premium, cuyas ventas crecieron por encima del 15% en el segundo mes del año. Según la interpretación de Gold, eso se debe a que "el sector más pudiente aún no fue afectado por la caída de la actividad, algo que no se se registra en la actividad productiva".

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El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay , volvió a señalar esta tarde que la inflación en el mes de agosto probablemente esté por debajo del 1%, y continúa así con el cortocircuito con el presidente del Banco Central y compañero de Cambiemos, Federico Sturzenegger . El lunes, Sturzenegger declaró que la "significativa desaceleración" que la inflación mostraría este mes "no provee los elementos suficientes para relajar la política monetaria", es decir, para acelerar ritmo del ajuste a la baja que ensaya en las tasas de interés desde hace cuatro meses. Concretamente, Sturzenegger se resiste a bajar ampliamente el porcentaje en la tasa de las Lebacs y apuesta a hacerlo gradualmente, mientras Prat Gay continúa defendiendo esa propuesta esperando que la baja en la inflación pueda soportar la medida. Hoy, el ministerio dirigido por Prat Gay mantuvo su postura mediante un comunicado en el que el ministro destacó las declaraciones que le brindó a Radio Mitre: "En agosto es probable que la inflación esté debajo del 1%. Es el valor más bajo en 10 años. Eso implica que va a mejorar el consumo", dijo. Consultado sobre la situación económica actual, el ,ministro recordó que es importante "entender las etapas de la transición" que atraviesa el país. "Estamos cambiando de régimen. Estamos yendo hacia un sistema completamente diferente", precisó. En la misma línea, el titular de la cartera de Hacienda se mostró confiado respecto a lo que será el futuro de la economía a corto plazo: "Creemos que en lo que queda del año la actividad económica va a empezar a mejorar". Prat-Gay destacó que la recuperación económica se basa en "el dinamismo del campo, la recuperación de la obra pública y la mejora del poder adquisitivo del salario". Sin nombrar a Sturzenegger, otro de los temas a los que se refirió Prat-Gay durante la entrevista radial fue el de los aumentos de precios. Al respecto recordó que se encontraron una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y una Dirección Nacional de Defensa al Consumidor "totalmente desmanteladas", pero que ya se está trabajando para que las reglas sean "iguales para todos, y vamos a asegurarnos de que se cumplan". En tanto, las posturas del ministro de Hcienda y el jefe del Banco Central dejan a la vista, una vez más, las distintas visiones que conviven en el Gobierno sobre cómo rescatar a la economía de la recesión en la que se mantiene hundida.

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"¿No sabés por dónde anda Ignacio Pérez Riba?", preguntaba desesperado el dueño de una fundición pyme de productos para el campo, mientras esquivaba ejecutivos en uno de los salones de la Bolsa de Comercio. Buscaba presentarle al jefe de Gabinete del Ministerio de Producción un proyecto de inversión de 500.000 dólares. "Creo que estamos en el lugar justo y en el momento adecuado", se esperanzó sobre el sector agroindustrial, desde donde el Gobierno confía que vendrá la reactivación económica. "Somos optimistas, pero con cautela", aclaró. Esa sensación, aún de marcada ambivalencia inversora, sobrevolaba ayer entre los 620 empresarios que participaron del Precoloquio de IDEA en esta ciudad y que, más allá del análisis de la coyuntura local de cara al Coloquio de Mar del Plata, estuvo teñido por la coincidencia en que se debe habilitar un espacio de consenso político y económico. Incluso en el Gobierno no descartaron la formalización de un consejo económico social. En esa misma clave, se mencionó explícitamente el cambio de rumbo del Gobierno con las tarifas del gas y electricidad, y el llamado del Presidente a todas las fuerzas políticas a luchar contra el narcotráfico. La cara oficial de ese proyecto fue la del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que llamó a los diferentes sectores "a trabajar en conjunto". Puntualmente, para enviar una señal directa, el funcionario se refirió a la cuestión de los aumentos de gas y de luz, que últimamente sólo le generó dolores de cabeza a Macri. "Los fallos de la Corte Suprema no se discuten. Se acatan", sentenció. Frigerio también envió una señal clara a los empresarios: "La Argentina tiene un problema de competitividad y la mitad [de ese problema] está vinculado con cosas que hacemos mal desde el Estado", dijo. El Precoloquio estuvo además teñido por el impacto que la nueva situación política brasileña puede tener en la Argentina. Incluso, funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo aseguraron que el fin de la crisis institucional podría generar una mayor certidumbre económica en ese país. "No nos importa tanto el resultado pero sí que haya terminado la crisis", estimó una fuente del Ministro de Producción. El funcionario puso énfasis en que, pese a los malos números de las manufacturas brasileñas en los últimos meses, el real no siguió devaluándose, lo que hubiera implicado una mayor pérdida de competitividad para los industriales argentinos. Sin aviso, faltaron a la cita los gobernadores de Entre Ríos y de Córdoba. También estuvo ausente el ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile. Del panel de gobernadores participó sólo el santafecino, Miguel Lifschitz. "Hay una realidad de profunda crisis", afirmó el gobernador, situación que -aclaró- fue heredada del kirchnerismo, antes de pedir un "fuerte consenso político y social". "Hay que terminar con el pensamiento de que quien no piensa igual que yo es un enemigo", estimó Frigerio, que compartió panel con el gobernador santafecino.

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"Desactivamos muchas bombas. La Argentina se estaba quedando sin energía, dijimos la verdad y encaramos el problema transparentando los costos y trabajando mejor con los subsidios recuperando su carácter federal", sostuvo Frigerio sobre las tarifas tras destacar la presentación de la ley de presupuesto y la preocupación del Gobierno por lograr un "equilibrio". Cerró el ministro Cabrera, que destacó las medidas para las pymes, la investigación en el mercado de tarjetas de crédito y la ley de emprendedores. "Queremos tener una economía integrada con el mundo", afirmó en momentos en que Macri viaja a China. "Tenemos datos de que en junio dejó de caer la producción y el consumo en Brasil y es muy importante para la Argentina", insistió. Los empresarios también apoyaron. "Soy optimista", afirmó a LA NACION Sergio Kaufman, presidente de Accenture. "Teníamos una enfermedad complicada. Se tomaron un montón de remedios con gusto feo. Y ahora vamos en el sentido correcto", explicó el presidente del Coloquio N°52 de IDEA.

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La producción industrial registró en julio una caída del 7,9% respecto de igual mes del 2015, la más fuerte en catorce años, y tras sumar seis caídas interanuales consecutivas se encuentra en recesión, según datos del INDEC. De acuerdo con las cifras del Estimador Mensual Industrial (EMI), en los primeros siete meses del año la contracción del sector industrial llegó al 4% interanual. La importante caída de julio es la más alta de los últimos 14 años, ya que la contracción anterior se produjo en agosto del 2002, con una registro negativo del 8,5% interanual, cuando el país salía de la crisis de diciembre del 2001. La producción manufacturera registra seis mediciones interanuales negativas desde febrero pasado con una baja del 0,1%, a la que le siguieron un 3,8% en marzo, un 5,2% en abril, un 4,5% en mayo y un 6,4% en junio pasado. Según la Encuesta cualitativa Industrial que realiza el INDEC, solamente un 16,5% de los empresarios del sector prevén un aumento de la actividad en el tercer trimestre del año. Un 563,7% de las compañías consultadas estimó que la actividad industrial permanecerá estable, mientras que un 29,8 proyectó que bajará entre agosto y octubre próximo. En la comparación interanual once de los doce rubros de la industria que componen el EMI, mostraron indicadores negativos en julio pasado, con excepción de la elaboración de sustancias y productos químicos que registró una leve suba del 0,8%. La principal baja se dio en la industria del tabaco que cayó un 19% en julio respecto de igual mes del año anterior y le siguieron edición e impresión con un 15,3, la producción de acero y aluminio con un 14,2%, la producción del papel y cartón con un 13,2%, la industria automotriz con un 12,2% y la de insumos para la industria de la construcción bajó un 11,6%. La producción de alimentos y bebidas y la refinación de petróleo bajaron su nivel de actividad en un 8,0%y la industria metalmecánica un 7,0%, caucho y plásticos 5,8% y la textil un 2,6%, también en forma interanual. En el acumulado de los primeros siete meses del año únicamente crecen la producción textil un 8,1% la de artículos de caucho y plásticos un 2,3 y la de papel y cartón un 0,2% en la comparación con igual período del año pasado. Los que más bajan en la comparación interanual entre enero y julio son la industria automotriz con un 13,4% y la producción de acero y aluminio con 12,7%.

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La actividad de la construcción mostró en julio una caída interanual del 23,1%, la segunda retracción más importante del año, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En los primeros siete meses del año, la baja en este sector trepó al 14,1%, según las cifras del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que difundió hoy el organismo oficial. Si no se tiene en cuenta la contracción del 24,1% de abril pasado, el indicador de julio es el más bajo de los últimos 14 años, cuando en agosto del 2002 la actividad reflejó una contracción del 26,7%. Respecto de enero último, los puestos de trabajo en la industria de la construcción se redujeron en 25 mil respecto de junio último y en más de 72 mil en los últimos doce meses, según cifras del INDEC. Los pedidos de permisos de construcción en los 41 municipios más representativos del país bajaron en julio pasado un 18% en forma interanual y 6,4% respecto de junio último. Un 29,2% de los empresarios de la construcción que se dedican a obras privadas estimaron que el nivel de la actividad seguirá bajando en el próximo trimestre, mientras que entre los que se dedican a obras públicas, solamente un 2,2% espera una baja. El 51% de las compañías que trabajan con el Estado consideraron que el nivel de actividad aumentará entre agosto y octubre, previendo un aumento de las obras pública, mientras que en el sector privado esa estimación llega al 33,3%, de acuerdo con la encuesta cualitativa del INDEC. Los datos del consumo de los insumos para la construcción en e julio último registran en relación a igual mes del año anterior, bajas de 41,5% en resto de insumos (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura) y del 31,4% en hierro redondo para hormigón. También se contrajo en ese mes en 25,9% la utilización de asfalto, 20,7% la de cemento, 20,6% en ladrillos, 19,9% en pinturas, 19,8% en artículos sanitarios de cerámica, 17% en placas de yeso y 9,6% en pisos y revestimientos cerámicos. En los primeros siete meses del año, en comparación a igual período del año anterior, se observan caídas acumuladas de 36,5% en asfalto, 33,6% en vidrio y tubos, 19,5% en hierro redondo para hormigón, 15,2% en cemento, 9,5% en ladrillos huecos, 8,3% en placas de yeso,6,8% en pisos y revestimientos cerámicos y 6,5% en pinturas para construcción.

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Una buena noticia vino desde Washington, el Fondo Monetario Internacional estaría dispuesto a mediados de noviembre a levantar la Moción de Censura que hoy pesa sobre Argentina. Axial, lo señala un comunicado emitido por el Directorio Ejecutivo que se reunió este miércoles para analizar "el mejoramiento de la calidad de los datos oficiales reportados al FMI sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Producto Interno Bruto (PIB)". "En vista de las medidas positivas que han adoptado las autoridades argentinas, con un progreso sostenido y con un informe positivo de la Directora Gerente, el Directorio Ejecutivo estaría en condiciones en ese momento de retirar la Declaración de Censura", indica el comunicado oficial dado a conocer el miércoles por la tarde. Cabe recordar que una misión del Fondo estuvo en Buenos Aires el pasado mes justamente recabando información para elevar un informe valorativo al Directorio. Es que cuando Argentina recibió la moción de censura en el 2013 por considerar poco confiables tanto índice de precios al consumidor (IPC) y el producto bruto interno (PBI) se estableció un cronograma para ir evaluando la situación. Dudas que el FMI mantuvo sus dudas incluso luego que se modificara la metodología del IPC para elaborar el IPC Nacional. En el marco de dicho cronograma el Board se debía reunir este miércoles para recibir un informe sobre la situación de las estadísticas que elabora el INDEC. En el comunicado el Fondo se rescata la tarea del gobierno argentino para reconstruir la confiabilidad de sus estadísticas al indicar que la misión "tomó nota de los esfuerzos extraordinarios de las autoridades y del avance importante en el afianzamiento de la exactitud de las estadísticas". Precisa que el Indec ha "elaborado una serie revisada del PIB que en líneas generales está acorde con las normas internacionales, y se ha publicado una serie nueva del IPC que apunta a subsanar las inexactitudes del índice anterior". Otro de los puntos que pondera es "la transparencia con la cual los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) han llevado adelante este proceso". En el lenguaje diplomático que los caracterizan no deja de señalar como positivo el que las autoridades busquen reconstruir al INDEC entre otros aspectos, "reconstruyendo su capital humano, revisando las prácticas metodológicas". Admiten que el esfuerzo es grande que "se necesita más información para evaluar plenamente el desempeño del nuevo IPC en la práctica y más tiempo para fortalecer las capacidades y reforzar los cimientos metodológicos". A tal fin, el FMI determinó "el personal técnico del FMI continuará trabajando con las autoridades en este tema, también como parte de la misión de la Consulta del Artículo IV programada para septiembre". El Fondo Monetario ve con mejores ojos a la administración Macri. Y no es para menos luego de más de una década de ser puesto como el "culpable de todos los males de la Argentina" ahora su aprobación a las estadísticas pasa a ser un punto a favor dentro del objetivo de convertirse en un país amigable a las inversiones. En ocasión de la visita que el FMI efectuara hace un mes el organismo también a través de un comunicado afirmó que "quedó impresionada por el firme compromiso de las autoridades por mejorar la calidad y la transparencia de los datos oficiales".

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El funcionario del FMI, Roberto Cardarelli mantuvo reuniones no solo con las autoridades del Indec y también con el viceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste. Datos que constituyeron la base para el informe que la Directora Gerente, Christine Lagarde presentó al Directorio Ejecutivo sobre este tema. El 19 septiembre llegará una misión del FMI para recabar la información que luego será volcada en el "artículo IV" que no se completa desde el 2007. Esta "auditoria" de las políticas macroeconómicas no es vinculante ya que Argentina no mantiene ningún préstamo del FMI. Sin embargo, el capítulo IV es un análisis económico que sí es tenido en cuenta por los inversores internacionales. La apuesta oficial es que dicha revisión muestre los esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno para lograr contar con una economía previsible y sustentable.

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Rogelio Frigerio confirmó este miércoles que la semana próxima el Gobierno le presentará a los gobernadores y a las asociaciones de consumidores el nuevo cuadro tarifario del gas. En el marco del Pre Coloquio IDEA que se realiza en la ciudad de Rosario, el ministro del Interior señaló que "el borrador va a ser presentado a gobernadores y asociaciones de consumidores" luego "de escuchar a los exsecretarios de Energía". El funcionario indicó también "transparentamos la crisis energética" porque "tenemos que apostar a nuevas energías". Al ser consultado por el fallo de la Corte que obligó a la realización de una audiencia pública, Frigerio se limitó a decir que "no cuestionamos la orden de la Justicia". Vale recordar que el Ente Nacional Regulador del Gas convocó para el 16 de septiembre en la sede de la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, a una audiencia pública en el que se debatirá el nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas que propondrá el Gobierno. La convocatoria surgió tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía que disponía los nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1 de abril, aunque sólo con alcance a los usuarios residenciales.

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El Gobierno argentino dijo en referencia a la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que "respeta el proceso institucional" desarrollado en Brasil a la vez que "reafirma su voluntad de continuar por el camino de una real integración en el marco del respeto absoluto por las instituciones democráticas". "Ante los sucesos registrados en Brasil, el Gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional verificado en el hermano país y reafirma su voluntad de continuar por el camino de una real integración en el marco del absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional", expresó la Cancillería a través de un comunicado oficial. En un breve mensaje, el Palacio San Martín agregó que nuestro país "renueva su deseo de continuar trabajando con el Gobierno de Brasil para la resolución de los temas de mutuo interés de las agendas bilateral, regional y multilateral, así como para el fortalecimiento del Mercosur". Por el momento, la canciller Susana Malcorra no realizará declaraciones públicas al respecto ya que al finalizar la tarde emprenderá viaje rumbo a la ciudad china de Hangzhou, para sumarse a la comitiva del Presidente que representará a la Argentina en la cumbre del G20. Este miércoles, el Senado brasileño definió la destitución de Rousseff en un juicio político por el cual ya estaba suspendida, y de inmediato asumió en su reemplazo el vicepresidente, Michel Temer, quien hasta hoy estaba en ejercicio de la presidencia.

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La Reparación Histórica a los jubilados se demorará por lo menos una semana, debido a los ajustes en los sistemas de ANSeS, que todavía se están realizando. En tanto, la Justicia todavía no recibió los recursos que pidió para poder homologar los acuerdos. Y falta que los jubilados de los bancos públicos que aún no compraron los tótem puedan regular su huella digital en los bancos privados. Según estaba previsto, hoy arrancaba el programa, que le permitiría a los jubilados consultar, en la página web del organismo mediante su clave de Seguridad Social, el monto del reajuste del haber mensual y del retroactivo si les correspondiera. Contra esa liquidación es que los jubilados deberán decidir, con asesoramiento de un abogado, si esperan o no cobrar la sentencia o continuar con los juicios, quienes los hubieran iniciado, o adherirse en caso de no haber litigado. La ANSeS estima como fecha de arranque el 7 u 8 de septiembre, pero aún no es posible confirmarlo. "Es por el calendario de desarrollo del sistema. El sistema tiene que ser muy preciso sobre un universo muy grande de casos", explicaron en el organismo. El universo es de 2,5 millones de jubilados, que aunque decida no homologar un acuerdo necesita evaluar la propuesta. El sector de sistemas de la ANSeS está a las corridas tratando de terminar los cálculos de los haberes y los retroactivos, armar el archivo del convenio y la transferencia a la Justicia para su homologación. Había pedido un plazo mayor pero se los acortaron a tres meses de trabajo. Hoy los jubilados sí pueden ingresar a su cuenta en "Mi ANSeS" para corroborar si les corresponde la reparación histórica. Y pueden regular su huella digital, que será necesaria para cerrar los acuerdos. La ANSeS cerró un acuerdo con los bancos privados para regular en 60 días la huella de los jubilados del Banco Nación, Provincia, del Chaco y del Correo Argentino, que aún no cuentan con las máquinas para ese fin. Se trata de unos 2,6 millones de jubilados que fueron repartidos previo aviso en las distintas sucursales. También pueden dirigirse a las UDAI del organismo. Además, la Cámara Federal de la Seguridad Social reiteró, en una segunda acordada el 18 de agosto pasado, el pedido que había hecho un mes antes a la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, de personal, de recursos informáticos y de infraestructura y una reglamentación a ser dictada por el Superior Tribunal para poder llevar adelante las homologaciones. El fuero se encuentra en una "grave situación", según describió, y deberá procesar 100 mil expedientes por mes, según pretende la ANSeS, cuando hoy expide unos 3000. Y llevar adelante la primera prueba de un expediente electrónico. En paralelo, un juez de ese fuero dictó una medida cautelar, que la ANSeS apeló, para evitar que los pagos sean abonados con dinero del FGS.

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Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri se destruyeron 136.456 puestos de trabajo registrados en el sector privado. El dato surge de comparar la dotación de asalariados a comienzos de diciembre con las cifras de junio publicadas por el Ministerio de Trabajo. Si la referencia es solo lo que ocurrió este año -de fin de diciembre, cuando el gobierno ya había empezado su gestión, a junio- la pérdida fue de 115.281 empleos formales. Y si se compara el dato de junio contra igual mes de 2015, la baja es de 85 mil puestos. Los datos no contemplan los despidos en el sector público ni los trabajadores informalizados, donde la destrucción del empleo fue también intensa. De acuerdo al informe publicado ayer, los niveles de ocupación retrocedieron en 14 provincias y las mayores caídas se produjeron en Tierra del Fuego, Catamarca y Río Negro. A pesar de los esfuerzos de los interlocutores del Gobierno por minimizar las crecientes tensiones laborales, la información corrobora el escenario descripto a lo largo de los últimos cinco días por los datos de la Anses, la AFIP, el Indec y la Ciudad de Buenos Aires. “Muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino”, ofreció como consuelo el titular del Palacio de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, a comienzos de la semana. El funcionario consideró entonces que la tasa de desempleo del 9,3 por ciento, la cifra del Indec para el segundo trimestre de 2016, era “sin ninguna duda, alta”. A pesar de que las bases de datos de la Anses y la AFIP confirmaron desde comienzos de año el aumento en la desocupación, Prat-Gay ponía en duda que el guarismo representara un incremento “porque el Indec truchaba los datos”. Los nuevos datos presentados por la cartera laboral vuelven a mostrar que el salto de la desocupación es responsabilidad del actual gobierno. El documento está elaborado con información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), un registro administrativo oficial que brinda información del total del trabajo registrado a nivel nacional en todos los sectores de actividad y tamaños de empresas. Esa base de datos no observa el impacto de la recesión sobre los trabajadores informalizados, que es uno de los segmentos más vulnerables a situaciones de crisis como la que atraviesa la economía local. La reducción del número de asalariados formales en la construcción representa el 70 por ciento de la caída observada en el total de los trabajadores registrados. Esa dinámica está directamente asociada a la parálisis en la inversión estatal en infraestructura durante la primera mitad del año. De acuerdo a la información oficial sobre el gasto público, el financiamiento destinado a obras y viviendas se contrajo en términos reales cerca del 25 por ciento en el primer semestre. También impacta sobre ese sector el desmantelamiento del plan de créditos para la construcción de viviendas Pro.Cre.Ar, el frenazo en la exploración petrolera encabezado por YPF y la baja de la inversión en sectores industriales. La magnitud de la contracción en la obra pública que repercute sobre los niveles de empleo no se observó ni siquiera durante 2009 cuando la economía local sintió el impacto de una fuerte sequía y la crisis internacional. Por el contrario, en ese momento el Estado asumió un rol contracíclico para contrarrestar las presiones recesivas y sostener elevados niveles de ocupación. Según indicó el

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Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), la contracción interanual del empleo en esa actividad observada en junio es la más pronunciada desde 2007, cuando comenzó a realizarse su medición que ofrece datos muy similares a los registrados en las bases de datos de Anses. A la hora de explicar la reducción en el nivel de empleo privado este año, el heterogéneo universo de la industria manufacturera se ubica en segundo lugar. Las actividades afectadas por la caída de las exportaciones hacia Brasil encabezan el listado, donde también figuran algunos sectores vinculados al resentido dinamismo del mercado interno. Cuando se comparan los datos de junio con mayo, se observa una reducción de alrededor de 12.500 trabajadores registrados, lo que en términos porcentuales constituye una contracción de 0,2 puntos.

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La ex presidenta Dilma Rousseff, que gobernó Brasil por casi seis años, resultó finalmente destituida por el llamado “delito de responsabilidad”. Se trató de un galimatías que pocos lograron explicar y casi nadie pudo entender. La acusación que la eyectó del poder consistió en infracciones a la ley presupuestaria. Pero a lo largo del proceso fue evidente la divergencia que existía entre los peritos sobre tales transgresiones: para unos eran contravenciones “de extremada gravedad” y para otros “inexistentes”. Precisamente, la poca transparencia sobre el objeto de la denuncia explicó las contradicciones en las que incurrió el miércoles por la mañana el propio Senado, constituido en tribunal. Quedó evidenciado, con contundencia, en una sentencia dividida en dos partes. La primera, condenó a la ex jefa de Estado a dejar vacante su puesto: 61 parlamentarios santificaron su inmediata salida, cuando apenas se precisaban 54. Pero un segundo escrutinio impidió que le quitaran los derechos políticos por 8 años, como pretendían algunos de sus inquisidores. La Cámara Alta votó a favor de preservarlos, lo que permitirá a la ex mandataria presentarse a elecciones y ocupar cargos en el Estado. Esto, sin duda es una aparente contradicción, que fue resuelta por los legisladores de un modo si se quiere sofisticado: el Senado, dijeron, no juzga a la persona sino que enjuicia a la autoridad que ella representa. Como ser humano, no merecía castigo, ya que se trataba de irregularidades administrativas y no de delitos penales. Luego de la destitución, la ex presidenta y el presidente Michel Temer continuaron la competencia. A la misma hora en que el nuevo jefe de Estado asumía en el recinto del Congreso, Rousseff reunía a sus partidarios y a la prensa en el Palacio de la Alvorada. Allí, sin que le temblara la voz, Dilma insistió en los argumentos que había expuesto el lunes último, cuando ella misma asistió al Senado para realizar su defensa. Dijo que este impeachment fue una “elección indirecta" por la cual 61 senadores sustituyeron la voluntad de 54,5 millones de votantes. Aseguró que está dispuesta a seguir la lucha en los más altos tribunales y que deberán esperar, de ella, “la más firme, incansable y enérgica oposición al gobierno golpista (de Temer)”. Entre quienes la rodeaban se encontraba su mentor, el ex presidente Lula da Silva; su abogado defensor, el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardoso y el titular del Partido de los Trabajadores, Luiz Falcao. Desde una improvisada tribuna, sostuvo que “hoy el Senado tomó una decisión que entrará en la historia de las grandes injusticias. Anularon el mandato de una inocente que no cometió delito de responsabilidad”. Y como había hecho desde el 11 de mayo, día de su alejamiento temporario, sostuvo que “los políticos derrotados en las últimas elecciones se unieron para apropiarse del poder por medio de un golpe parlamentario”. Todavía con mayor dureza, cuestionó el impeachment como “un golpe misógino, homofóbico y racista, que termina por imponer la cultura de la intolerancia”. Rousseff y sus aliados, sin embargo, ven en las acusaciones pretextos de élites “ultraconservadoras” para hacerse de forma ilegítima con el poder.

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El hecho de que Dilma conserve los derechos políticos produjo la primera pelea abierta dentro del oficialismo. El Partido de la Socialdemocracia (PSDB) y su aliado Demócratas (DEM) había exigido que se condenara a Rousseff al ostracismo durante los próximos 8 años. Bramaron por su “inhabilitación”. El senador del ultraconservador Dem, Ronaldo Caiado, declaró: “El Brasil vuelve los ojos para esta sesión en el Senado nacional, que puede juzgar los delitos practicados por la presidenta Dilma Rousseff. Sacamos de este proceso algunas lecciones: la primera, es que el presidente de la República debe respetar el presupuesto y no usar dinero público para hacer populismo. El populismo bolivariano llevó, en Brasil, a ese proceso de 12 millones de desempleados. En las elecciones de octubre de 2014 hubo un fraude, una estafa, como queda demostrado ahora”. Pidió entonces el castigo total. Al ver que no había prosperado su propuesta, este médico y político dijo que iría a llevar el caso a la Corte Suprema. Solo que en una reunión posterior, las direcciones del PSDB y del Dem llegaron a la conclusión de que era mejor no revisar el tema. “Es que una acción en la Corte contra esa medida del Senado podía abrir una brecha para que el más alto tribunal revisara toda la legalidad del juicio”, dijo a este diario una de las fuentes. No haría más que crear un foco de inestabilidad para el presidente Temer. Hay algo todavía más sutil: lo que hizo posible que Dilma mantenga sus prerrogativas políticas intactas fue un acuerdo entre los líderes del PT y varios miembros de alcurnia del PMDB. Si eso irritó al nuevo aliado tucano, al punto de que estos llegaron a mencionar que abandonarían inmediatamente el nuevo gobierno, el sentido común prevaleció en la dirigencia. Dijeron que no es el momento de desembarcar de un Ejecutivo que recién comienza.

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Parecía una foto imposible, pero en esta campaña electoral impredecible se concretó de manera sorpresiva: el candidato republicano Donald Trump, que había calificado a los mexicanos en Estados Unidos de “violadores” y “narcotraficantes”, se reunió este miércoles con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En una conferencia de prensa conjunta, el magnate defendió el polémico muro que piensa construir en la frontera para frenar la inmigración ilegal, aunque dijo que no discutió con el presidente sobre quién lo pagaría. Pero Peña Nieto, que fue ferozmente criticado por organizar la reunión, lo desmintió poco después: señaló que le dijo a Trump que México no desembolsaría un peso. Tras la reunión con el jefe de Estado mexicano en la residencia presidencial, el magnate pronunciaba por la noche un crucial discurso sobre inmigración, en Phoenix, Arizona, donde se estimaba que iba a fijar claramente su posición sobre el tema. En los últimos días parecía que la había suavizado y ya no hablaba de deportar a 11 millones de indocumentados, como había dicho antes, sino a los que habían cometido algún delito. De hecho, en rueda de prensa, Trump expresó “gran respeto” por el pueblo mexicano, valoró “su amor a la familia, su fe y a la comunidad” y recordó que en sus empresas él emplea a muchos de ellos porque son “grandes trabajadores”. “Compartimos intereses comunes en lo que respecta a la seguridad, prosperidad y libertad de nuestro hemisferio”, dijo ante Peña Nieto, a quien llamó su “amigo”. Sin embargo, no pidió disculpas por haber dicho en junio del 2015, durante la interna republicana, que los inmigrantes de ese país eran “violadores” y “nacotraficantes”. El magnate defendió el muro que, de ganar las elecciones del 8 de noviembre, dice que construirá en toda la frontera con México. Dijo que es necesario “para poner un alto a la inmigración ilegal y al flujo de armas y de efectivo. Este tiene que ser un objetivo compartido porque estamos pensando en la seguridad de Estados Unidos y también de México”. Cuando se le preguntó si habían hablado sobre quién pagaría ese muro –Trump había dicho que obligaría a México a hacerlo-- el candidato respondió que no habían tocado el tema con el presidente. Pero Peña Nieto lo desmintió poco después desde su cuenta de Twitter: “Al comienzo de la reunión con Donald Trump, le dejé en claro que México no pagaría por el muro. De ahí en más, la conversación giró sobre otros temas”, escribió. En la rueda de prensa, el presidente dijo que su prioridad era “defender a los mexicanos donde quiera que se encuentren” y destacó que “la comunidad mexicana en Estados Unidos contribuye todos los días con su trabajo creatividad al desarrollo. Merecen el respeto de todos”. El viaje relámpago de Trump a suelo mexicano fue un golpe de efecto en su campaña y un intento de mostrar una imagen “presidencial”, en un momento en que va 6 puntos por detrás de la candidata demócrata Hillary Clinton en las encuestas. El republicano no solo busca atraer algo del voto de los latinos en Estados Unidos –un electorado que le es esquivo por los insultos que viene profesando el magnate-- sino que también intenta acercarse al electorado blanco más moderado que lo ve como un xenófobo de temperamento explosivo. Es difícil de entender, en cambio, cuáles son los beneficios de la reunión para Peña Nieto, que afronta una crisis de popularidad y fue ferozmente criticado, aunque también había invitado a Hillary. “No sé para qué lo invitó”, dijo el ex presidente Vicente Fox, que esperaba, como todos los mexicanos, que Trump se disculpara por sus insultos. El historiador Enrique Krauze lo resumió de esta manera: “Es un error histórico. Uno confronta a los tiranos, no los intenta apaciguar”. “No es valiente reunirse en privado con alguien que ha insultado y denigrado a los mexicanos. No es digno ni siquiera tener un diálogo”.