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SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2014*
10.ª SESIÓN
(Matinal)
(Texto Borrador)
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCÁZAR,
MODESTO JULCA JARA,
DE LAS SEÑORAS ANA MARÍA SOLÓRZANO FLORES
Y
ESTHER CAPUÑAY QUISPE
SUMARIO
Se pasa lista.— Se abre la sesión.— Intervenciones de los congresistas Alcorta,
sobre la actitud hostil de dirigentes y alcalde de Islay frente a la convocatoria de una
reunión de diálogo con las autoridades nacionales respecto del proyecto minero Tía
María; de Galarreta Velarde, sobre la necesidad de poner hoy en consideración del Pleno
el texto dictaminado por las comisiones pertinentes respecto de la exoneración del pago
de las aportaciones a EsSalud y al sistema de pensiones en las gratificaciones; Delgado
Zegarra, invocando al diálogo para que la población dé su licencia respecto del proyecto
minero Tía María; Valqui Matos, en interrupción, pidiendo que la Presidencia del
Congreso se dirija al Premier para que este concurra y atienda las necesidades de la
población del distrito de Constitución, de la provincia de Oxapampa; Becerril Rodríguez,
pidiendo que se pongan a consideración del Pleno los seis informes de igual número de
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congresistas emitidos por la Comisión de Ética Parlamentaria; Pari Choquecota, llamando
a una reflexión para que no se repitan actitudes antidemocráticas de terrorismo verbal en
el Congreso de parte de algunos congresistas, en lugar de tender puentes de diálogo para
dar solución a los conflictos sociales con relación al proyecto minero Tía María;
Rimarachín Cabrera, proponiendo, como política de Estado, que la mina no se establezca
en una cabecera de cuenca ni en lugares donde desaparezcan las lagunas y los ríos;
Condori Jahuira, en interrupción, Apaza Ordóñez, Belaunde Moreyra, Coari Mamani,
Angulo, en interrupción, Eguren Neuenschwander, expresando algunas consideraciones
acerca del proyecto minero Tía María; Tubino Arias Schreiber, en interrupción, acerca de
la condición y situación de la Policía Nacional que se enfrenta a los que protestan; Pariona
Galindo, sobre la falta de diálogo como medida preventiva para evitar los conflictos
sociales; Dammert Ego Aguirre, sobre la puesta en consideración y votación de la moción
de orden del día por la que se solicita que concurran al Pleno los ministros de Economía y
Finanzas y Energía y Minas para que respondan sobre la presunta defraudación fiscal de
empresas exportadoras del gas de Camisea contra el Estado peruano, respecto de las
regalías, por la venta de gas reexportado desde el Perú, y muestra video; Coari Mamani,
Carrillo Cavero, Simon Munaro, Mavila León, Vacchelli Corbetto, Ramírez Gamarra,
Cuculiza Torre, Melgar Valdez, Acuña Peralta, Delgado Zegarra, Angulo Álvarez, Neyra
Olaychea, Reátegui Flores, Guevara Amasifuen, Medina Ortiz, Gutiérrez Cóndor, Gagó
Pérez, Elías Ávalos, Huaire Chuquichaico, Coa Aguilar y Espinoza Cruz, expresando otras
consideraciones acerca del proyecto minero Tía María.— Rechazado el dictamen de la
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y puesto en debate el
dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, que recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 3941/2014-PE, con texto
sustitutorio, por el cual se propone la Ley de promoción de las inversiones para el
crecimiento económico y desarrollo sostenible, se pasa a un cuarto intermedio, a pedido
del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente
y Ecología.— Se da cuenta y se inicia el debate del Proyecto de Ley 4465/2014-PE, del
Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la Ley que establece medidas para dinamizar
la economía en el año 2015.— Se aprueban las mociones de saludo al Centro Poblado
Las Delicias del distrito de Moche, de la provincia de Trujillo, en el departamento de La
Libertad; al departamento de Apurímac, en número de tres mociones; al distrito San Pedro
de Putina Punco, de la provincia de Sandia, en el departamento de Puno; al departamento
de Apurímac; al distrito de Huarango, de la provincia de San Ignacio, en el departamento
de Cajamarca; al Arma de Artillería del Ejército del Perú; a todas las madres del Perú; a la
señora Heidi Brisa Castrillón Peche; al distrito de Kimbiri, de la provincia de La
Convención, en el departamento del Cusco; a los países integrantes de la Alianza del
Pacífico y a los 32 países observadores de este bloque comercial; al distrito de Andrés
Avelino Cáceres Dorregaray, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; al
distrito de Capachica, en la provincia y departamento de Puno; al distrito de Pusi, de la
provincia de Huancané, en el departamento de Puno; a todos los integrantes del
programa radial Cusi LLaqta; al distrito de Desaguadero, de la provincia de Chucuito, en
el departamento de Puno; a la población del Centro Poblado Alto Trujillo; a la provincia
de Huaral, en el departamento de Lima; al distrito de Samán, de la provincia de Azángaro,
en el departamento de Puno; al Centro Poblado Dos de Mayo del distrito de Acraquian, de
la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica; a todos los trabajadores y
trabajadoras del Perú y del mundo, en número de siete mociones; al distrito de Acora, en
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la provincia y departamento de Puno; al glorioso y emblemático Colegio Nacional 2 de
Mayo del distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, departamento de Áncash; y al
distrito de Ananea, de la provincia de San Antonio de Putina, en el departamento de
Puno.— Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del Proyecto de Ley 3941/2014-
PE, dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología; al respecto, el presidente de la citada Comisión presenta un nuevo
texto sustitutorio, por el cual se propone la Ley de promoción de las inversiones para el
crecimiento económico y desarrollo sostenible; y, a pedido del presidente de la comisión
dictaminadora, se pasa a un nuevo cuarto intermedio.— Se aprueba el Proyecto de Ley
4466/2014-PE, por el cual se establecen medidas presupuestarias para el Año Fiscal
2015.— Se rechaza el Informe Final N.° 5, en mayoría, de la Comisión de Ética
Parlamentaria, mediante el cual se declaraba responsable al congresista Jhon Reynaga
Soto por haber incurrido en acto de corrupción y se recomendaba al Pleno del Congreso
de la República la suspensión en el ejercicio de su cargo y el descuento de sus haberes
por ciento veinte (120) días de legislatura.— Se levanta la sesión.
—A las 9 horas y 6 minutos, bajo la Presidencia del señor Norman David Lewis Del
Alcázar e integrando la Mesa Directiva el señor Modesto Julca Jara y la señora Esther
Capuñay Quispe, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau
Seminario1
…(Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su
asistencia por medio del sistema digital.)…
—Durante el pasado de lista, asume la Presidencia el señor Modesto Julca Jara.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Han registrado su asistencia 85 señores
congresistas. El quorum para la presente sesión es 64 representantes. Con el quorum
reglamentario, se inicia la sesión.
Se pone en observación el acta correspondiente a la 6.ª sesión celebrada el 9 de abril de
2015. Si ningún congresista formula observaciones al acta, se dará por aprobada.
—Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 6.ª sesión celebrada el 9 de abril de 2015.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Ha sido aprobada la referida acta.
Intervenciones de los congresistas Alcorta, sobre la actitud hostil de dirigentes y alcalde de
Islay frente a la convocatoria de una reunión de diálogo con las autoridades nacionales
respecto del proyecto minero Tía María; de Galarreta Velarde, sobre la necesidad de
poner hoy en consideración del Pleno el texto dictaminado por las comisiones pertinentes
respecto de la exoneración del pago de las aportaciones a EsSalud y al sistema de
pensiones en las gratificaciones; Delgado Zegarra, invocando al diálogo para que la
población dé su licencia respecto del proyecto minero Tía María; Valqui Matos, en
interrupción, pidiendo que la Presidencia del Congreso se dirija al Premier para que este
concurra y atienda las necesidades de la población del distrito de Constitución, de la
provincia de Oxapampa; Becerril Rodríguez, pidiendo que se pongan a consideración del
Pleno los seis informes de igual número de congresistas emitidos por la Comisión de Ética
1 Por Resolución Legislativa N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del
Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO,
tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!
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Parlamentaria; Pari Choquecota, llamando a una reflexión para que no se repitan
actitudes antidemocráticas de terrorismo verbal en el Congreso de parte de algunos
congresistas, en lugar de tender puentes de diálogo para dar solución a los conflictos
sociales con relación al proyecto minero Tía María; Rimarachín Cabrera, proponiendo,
como política de Estado, que la mina no se establezca en una cabecera de cuenca ni en
lugares donde desaparezcan las lagunas y los ríos; Condori Jahuira, en interrupción,
Apaza Ordóñez, Belaunde Moreyra, Coari Mamani, Angulo, en interrupción, Eguren
Neuenschwander, expresando algunas consideraciones acerca del proyecto minero Tía
María; Tubino Arias Schreiber, en interrupción, acerca de la condición y situación de la
Policía Nacional que se enfrenta a los que protestan; Pariona Galindo, sobre la falta de
diálogo como medida preventiva para evitar los conflictos sociales; Dammert Ego
Aguirre, sobre la puesta en consideración y votación de la moción de orden del día por la
que se solicita que concurran al Pleno los ministros de Economía y Finanzas y Energía y
Minas para que respondan sobre la presunta defraudación fiscal de empresas
exportadoras del gas de Camisea contra el Estado peruano, respecto de las regalías, por
la venta de gas reexportado desde el Perú, y muestra video; Coari Mamani, Carrillo
Cavero, Simon Munaro, Mavila León, Vacchelli Corbetto, Ramírez Gamarra, Cuculiza
Torre, Melgar Valdez, Acuña Peralta, Delgado Zegarra, Angulo Álvarez, Neyra Olaychea,
Reátegui Flores, Guevara Amasifuen, Medina Ortiz, Gutiérrez Cóndor, Gagó Pérez, Elías
Ávalos, Huaire Chuquichaico, Coa Aguilar y Espinoza Cruz, expresando otras
consideraciones acerca del proyecto minero Tía María
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra la congresista Lourdes
Alcorta.
La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Presidente, a través de los medios de
comunicación, hemos visto ayer en todos los noticieros... Por favor, colegas, ¿podrían
bajar el tono de la voz?
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Señores congresistas, ya hemos iniciado la
sesión.
Continúe, congresista Alcorta.
La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Presidente, anoche, a través de los medios de
comunicación, hemos visto con estupor cómo aparecen las turbas, respecto de una
reunión convocada en Islay, departamento de Arequipa, para dar solución al conflicto
social sobre el proyecto minero Tía María, entre las autoridades del Estado y los dirigentes
y alcaldes de distritos y provincia de Islay. A este país lo manejan las turbas, ante la
inacción de un gobierno indiferente, cobarde y pusilánime, que no es capaz de poner
orden. Ya tenemos Cajamarca, ya tenemos Pichanaki y ahora tenemos Arequipa.
¿Quiénes son esos señores que no representan a nadie? Terroristas, senderistas y
traidores a la patria, que han ido a una marcha, más allá del coro que parece que nadie
le da importancia: quieren llenar piscinas con sangre, quieren tomar sangre de tombo,
quieren violar mujeres, quieren comerse a los niños y a los hijos. Ayer han marchado y
hemos visto por televisión cómo apedrean todas las casas, cómo incendian con trapos
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con querosene las fachadas de los negocios de la gente que no está de acuerdo con
estos manifestantes terroristas que no representan a nadie.
Hay un audio del señor Julio César Gutiérrez, antiminero, en el que pide que le paguen
las lentejas en efectivo al día siguiente si las autoridades quieren que se pare la protesta
antiminera.
Han estado presentes en esa reunión las autoridades del Ejecutivo que han ido a
conversar con ellos, la mitad del gabinete ministerial ha ido con la mejor disposición. Yo
no soy del oficialismo, pero quiero a mi país. Las autoridades de este Congreso, la
presidenta del Congreso y congresistas por Arequipa han estado acompañando. Pero
sucede que un par de alcalduchos que no representan más que al cero punto cero por
ciento deciden el futuro de Arequipa y también deciden el futuro y el bienestar de los
peruanos, porque lo de Arequipa incumbe a todos los peruanos.
Como ya dije en otras oportunidades, el día que desaparezca la pobreza, desaparecerán
estos miserables y traidores a la patria. Es inaceptable que no pase nada, habiendo visto
cómo las turbas tiran piedras a las casas, rompen las puertas, pintarrajean y destrozan
toda la calle, y además vemos cómo incendian los negocios de la gente que no está de
acuerdo. El Gobierno mira a otro lado, manda a su gabinete y no pasa nada. Hay audios
y no pasa nada. Eso sí, apenas aparece un policía, a este lo detienen, se lo llevan, lo
destituyen, destituyen a todo el comando y al general, porque este Gobierno es incapaz
de respaldar a su policía cuando este saca la cara por el país. ¿Quiénes se enfrentan a
las marchas?, ¿el Ejecutivo?, ¿los ministros? No. La policía.
¿Quiénes son los que odian la minería? Ese alcalde de Islay ha salido a decir hoy en la
emisora radial Exitosa, durante una larga entrevista del periodista Lúcar, que ellos no
quieren la minería. Ellos son solo agricultores. Me pregunto y quiénes son estos
miserables para quitarle la oportunidad de vida a esa gente que vive en esa zona. Se trata
de gente pobre que no tiene agua ni luz, nada. ¿Quiénes son ellos para quitarles el
derecho de vivir con calidad de vida?, ¿quiénes son estos que no representan más que a
un cero por ciento?
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que concluya,
congresista Alcorta.
La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— ¿Dónde está el Gobierno?, ¿dónde está el
Ejecutivo que no impone el orden con la Constitución en la mano y los toma preso y los
detiene cuando la carretera ha sido tomada por 36 días?
Este es un discurso que no les gusta a muchos. Claro. Pero yo soy peruana y quiero a mi
país. Quiero que la gente salga de la pobreza, no quiero que la gente siga pobre porque
hay cuatro o cinco izquierdosos a los que no les interesa el futuro de este país. Ojalá
empiece a tomar acciones este Gobierno y no sea indiferente. Ya fue Cajamarca con
Conga, ya fue Pichanaki con Pluspetrol, ahora es Tía María con la gobernadora regional
de Arequipa y con la disposición de todas las autoridades elegidas, más los congresistas
que han estado ahí. ¿Quiénes son ellos para decir quién va y quién no va a esa reunión
de diálogo? Reclamamos autoridad al Ejecutivo.
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—Varios señores congresistas expresan su actitud polémica.
La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Digan lo que les dé la gana; me importa un
pepino, por otro lado.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Galarreta.
El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidente, convengo con la congresista
Alcorta en algunos comentarios que ha hecho ella.
Fuera de ese importante tema, quiero comentarle que la Comisión de Economía por
unanimidad acordó solicitar que se pongan en debate en el Pleno los dictámenes, que ya
tienen dos años de espera, respecto de la exoneración del pago de las aportaciones a
EsSalud y al sistema de pensiones en las gratificaciones: un dictamen de la Comisión de
Trabajo, cuando estaba presidida por el congresista Gagó, y otro dictamen de la
Comisión de Economía cuando yo presidí sobre el tema de las gratificaciones.
Sé que el Gobierno, a raíz de la presión de los medios y de los parlamentarios, ha
presentado ayer un proyecto de ley sobre el mismo tema. Pero, con todo respeto, la Mesa
no puede estar al ritmo del Ejecutivo. Acá tenemos un texto que tiene dos años en espera.
Ahora vamos a esperar que el otro proyecto, que viene del Ejecutivo, pase por las
comisiones o que lo exoneren. Quisiera saber si ustedes tienen o no la voluntad de poner
en debate el mencionado texto contenido en el dictamen; porque si no tienen la voluntad,
díganoslo. Queremos saber si van a esperar que siga el trámite del proyecto del Ejecutivo
o lo van a poner en debate, porque recién ha sido presentado ese proyecto, por el cual
ahora dicen que sí a lo que hace dos años dijeron que no. El tema de la exoneración del
pago de aportaciones pensé que iba a ser uno de los temas con el que íbamos a
empezar esta mañana.
Gracias.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Rimarachín.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente, deberían estar contentos los que
han dado la investidura, la confianza al gabinete ministerial, porque este gabinete habla
igual como ha hablado la congresista Alcorta; ha dicho: “detengan a esos radicales”;
“señores fiscales, denúncienlos”; “señores del Poder Judicial, métanlos presos”. Y al día
siguiente, ¿qué hubo? Detención de uno de los dirigentes, el señor Jesús Cornejo; y claro,
hay que reprimir a la turba; la turba, en un gobierno de inclusión, deben estar excluidos;
que se excluya a todos los pobladores del Valle del Tambo, que se le meta bala.
Resultado un muerto. La vida no vale nada para la congresista Alcorta; y para todos los
derechistas que han votado por la confianza para este gabinete la vida tampoco vale
nada. No hay un minuto de silencio para un agricultor, para un peruano que trabaja en
las fuerzas productivas sostenibles, no esas fuerzas productivas agotables. Esa es la
discusión de fondo; más respeto.
Yo pido que la congresista Lourdes Alcorta retire la palabras al calificar “quiénes son esos
miserables”, refiriéndose a los alcaldes que han recibido el voto del pueblo al igual que
ella. Y si no retira esas palabras, creo que debe sancionársele en la Comisión de Ética
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porque no puede hablar de esa forma. Pido, Presidente, que retire la palabra para una
autoridad elegida, tal como fue elegida ella.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Congresista Alcorta, podría, por favor,
aceptar la solicitud de nuestro colega Rimarachín.
La señora ALCORTA SUERO (GPCP).— Presidente, yo me he referido a la turba
impresentable que no ha sido elegida, no me he referido a ese alcalde. Que se lave las
orejas, en todo caso.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Jaime
Delgado.
El señor DELGADO ZEGARRA.— Presidente, me pide una interrupción el congresista
Rimarachín.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista
Rimarachín.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente, ¿se defiende sus tierras y la
agricultura calificando de radicales y de terroristas antimineros a esos ciudadanos, en un
gobierno inclusivo? No, señores. Se equivocaron en el problema de Conga y se
equivocan en Tía María. Pueden detener diez dirigentes, pueden detener a los alcaldes
pero la lucha de ese pueblo va a continuar, porque están afectando una fuerza
productiva. Acá hay que venir a defender las fuerzas productivas sostenibles peruanas, no
las fuerzas productivas extractivistas, saqueadoras. Ese es el tema de fondo.
Y vamos a medirnos el 2016 con toda esta turba de gente derechista y entreguista,
porque no se le puede llamar de otra manera. Esta gente que no tiene inteligencia actúa
en la ignorancia, aprueba estudios de impacto ambiental en la absoluta ignorancia,
porque el poder económico maneja al poder político.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Continúe, congresista Delgado.
El señor DELGADO ZEGARRA.— Presidente, yo creo que este tipo de discusiones, en el
tono que lo estamos expresando...
Presidente, me pide una interrupción el congresista Tubino.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista Tubino.
El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Presidente, el congresista Rimarachín
acaba de decir “almirante ignorante”. Pido que él retire esa palabra ofensiva. ¿Acaso
estamos acá en una plaza pública para hablar de esa manera? Que retire lo que ha
dicho.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Congresista Rimarachín, se le solicita el
retiro de la palabra considerada ofensiva.
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El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Yo no he pronunciado la palabra
“almirante”. He calificado de “ignorantes” las expresiones que van contra un pueblo. Si se
siente aludido el almirante, retiro esa palabra.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Inicie su intervención, congresista Delgado.
El señor DELGADO ZEGARRA.— Presidente, es lamentable que estemos llegando a este
nivel, porque yo creo que no tenemos derecho alguno a descalificar a una población de
agricultores que está expresando su preocupación y su malestar, siendo ellos agricultores
durante siglos; lo digo no solo como arequipeño, sino también porque mi familia paterna
es precisamente del distrito de Punta de Bombón y siempre he conocido un bello valle de
gente tranquila y pacífica.
No estoy negando que probablemente haya gente infiltrada con ese tipo de discursos
violentistas y hasta terroristas. Pero la Policía Nacional tiene el deber de identificar a esas
personas porque creo que ese tipo de personas le hacen daño más que bien al
movimiento de campesinos que legítimamente está expresando su preocupación. No
podemos llamarles turbas ni podemos desautorizar a esos alcaldes y a esas autoridades
que tienen su punto de vista y que pueden o no estar equivocados; esos puntos de vista
no nos da a nosotros el derecho de descalificarlos y de llamarlos cobardes.
Ya tenemos suficiente experiencia con Conga: por la fuerza no funciona nada; en la vida
no funciona nada por la fuerza. Si aquí no existe diálogo, si no existe licencia social y si
no nos tomamos el tiempo, como el propio Premier ha venido aquí a decir al Congreso,
esto no va a funcionar.
La minería es importante para el Perú, pero hay que hacer una minería responsable, hay
que hacer una minería por la cual la población, particularmente la más cercana, vea que
no van a ser afectados el aire, el suelo, los impactos y las externalidades. Si esto no se
hace, nada va a ser viable, lo cual va a dar malas señales para el país.
Ya tenemos muertos. ¿Queremos más sangre en este tema imponiendo las cosas por la
fuerza, porque somos mineros y queremos que se hagan esos proyectos a toda costa,
contra la opinión —repito, que puede estar equivocada, que puede estar desinformada—
de la población que necesita dar su licencia?
Dejémonos de tener este tipo de discurso, que no nos conduce a nada. Vayamos por el
diálogo, vayamos por que la población entienda que si esto es beneficioso, que se le
demuestre y que ella otorgue una licencia para que esto se lleve de manera armónica en
nuestro país.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Becerril.
El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, me pide las dos interrupciones el
congresista Néstor Valqui.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Congresistas, según la lista de oradores,
luego del congresista Becerril participarán los congresistas Tait, Pari, Apaza, Pariona,
Manuel Dammert, Coari y Martín Belaunde.
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Haga uso de la interrupción, congresista Valqui.
El señor VALQUI MATOS (GPFP).— Presidente, intervengo para expresar el reclamo del
distrito de Constitución que está ubicado en la provincia de Oxapampa, departamento de
Pasco.
El pasado 5 de marzo hemos tenido una reunión con los representantes de la Presidencia
del Consejo de Ministros (PCM), en el que estuvo presente el señor Julio Rojas. Él se
comprometió a viajar al distrito de Constitución para reunirnos en una mesa de trabajo el
día 26 de marzo de 2015, pero nunca llegó. Le echó la culpa al huaico que había
ocurrido en Chosica.
Nosotros hemos solicitado, mediante una carta, al Premier, que él asista al distrito de
Constitución el próximo 8 de mayo de 2015 —fecha en que se va a realizar el importante
evento sobre la erradicación de la hoja de coca— y cumpla con su promesa de atender a
las autoridades de los distritos de Constitución y de Puerto Bermúdez de la provincia de
Oxapampa. Esperamos que esta vez no haya excusa alguna echándole la culpa a los
huaicos o diciendo que los helicópteros que no pueden llegar a esa zona.
Hoy le pedimos a usted, Presidente, que pueda intervenir en este caso para que la PCM
asista el 8 de mayo de 2015 al distrito de Constitución, en donde toda la comunidad
estará esperando al Premier. No queremos que se sigan burlando. Si no quieren que se
levante la población contra este Gobierno, este tiene que atender las necesidades de la
población. Basta ya de engaños, porque el distrito de Constitución, así como otros
distritos y regiones del Perú, necesita la atención del Estado peruano.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Inicie su intervención, congresista Becerril.
El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, en la sesión pasada, habíamos
estado reclamando que se pongan en debate en este Pleno los informes de la Comisión
de Ética respecto de seis casos de igual número de congresistas; sin embargo, no se logró
ese debate.
Tuvimos el compromiso de la Presidenta del Congreso de que hoy se iban a poner en
debate. Creemos que no podemos esperar más tiempo. Ya van siete meses y hasta ahora
no son atenidos esos informes. Creo que no podemos alentar la impunidad en el
Parlamento. Observamos que la bancada oficialista necesita esos votos para cuando se
tenga que elegir la nueva Mesa Directiva; pero, no puede ser que se utilicen políticamente
esos informes elaborados por la Comisión de Ética para esa finalidad.
Le pregunto a usted, Presidente, que está en este momento en la Presidencia, si hoy, por
fin, se van a ver los informes emitidos por la Comisión Ética o si se va a seguir
postergando el tratamiento de esos casos tal como lo han dilatado por siete meses.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidente, es muy lamentable que dentro del
Congreso empiece a aparecer una especie de terrorismo verbal, diciendo “miserable” a
un pueblo y diciendo “alcalduchos” y “sinvergüenzas” a las autoridades elegidas. ¿Qué
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es eso? ¿Así se hace política? ¿Así se tratan los temas que pueden ser controversiales y
que pueden ser necesarios para generar diálogo o puentes? ¿El terrorismo verbal es útil
para construir la democracia?, ¿o es útil para incendiarla?, ¿o es útil para agudizar las
contradicciones respecto de temas tan sensibles? ¿Acaso ese tipo de discurso no es una
vergüenza para el país?, ¿acaso no es lamentable que haya muertos?
Yo llamo a la reflexión. Yo no me voy a referir específicamente a nadie; sin embargo,
creo que esa actitud totalmente antidemocrática no tiene que suceder en el Congreso,
porque es una actitud que conlleva a exacerbar la violencia. No es un discurso que viene
solo de allí o de allá fuera del Congreso, sino que es un discurso confrontacional e
insultante que surge de parte de algunos congresistas. ¿Cómo es posible decirle a un
alcalde elegido por el pueblo —por más que tengamos opiniones contrarias—
“alcalducho”? Esa actitud insulta a la voluntad de un pueblo. ¿Qué es eso de decirle
“miserable” a un pueblo, que puede tener opiniones contrarias frente a una determinada
posición?, ¿qué autoridad tenemos para decirle “miserable” a un pueblo?
Yo llamo a una reflexión profunda en este Congreso. ¡Basta de terrorismo verbal! ¡Basta
de estar exacerbando así las cosas! Si se quiere tender puentes, los tendemos pero
dignamente y mostrando una voluntad democrática desde aquí, no tirando bombas
verbales para que no se solucionen los conflictos. ¿O quieren que haya más muertos?, ¿o
quieren que haya más sangre?, ¿creen que la política debe teñirse con sangre? Eso es un
absurdo que no debe repetirse.
El congresista Rimarachín me está pidiendo una interrupción.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista
Rimarachín.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente, yo pido a esta clase política,
representada acá, que es mayoritariamente de derecha, que no se envanezcan en la farsa
en la que viven. Está bien que tengan una alianza con los medios de comunicación y que
ahí los promocionen diciéndoles que están en primer lugar o en segundo lugar y lancen
su publicación para que la población vote por este o tal combo. ¡No, señores!
¡Cajamarca les dio una lección y les vamos a dar también una lección en Arequipa y en
varios lugares del Perú! La lección puede ser el 2016.
Yo pido, Presidente, que no dejen pasar por un costado lo que en esencia manifestó la
congresista Alcorta. ¿Cuál es? El problema principal del Perú, por sobre el problema de
la seguridad ciudadana, es el agua y el avance desmesurado de la minería. Ese es el
principal tema que debe ser enfocado el 2016.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Continúe, congresista Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— La segunda interrupción es también para el
congresista Rimarachín.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la segunda interrupción, congresista
Rimarachín.
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El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— El 2016 no pueden obviar la discusión
respecto de los conflictos sociales. Este problema no se resuelve metiéndoles bala, sino
metiéndose en los sesos una propuesta nacional y responsable. El agua es un tema
evadido por los medios de comunicación y por la mayoría de las bancadas presentes en
el Congreso.
¿Cuál es el origen de los conflictos sociales? El agua y la minería. Sobre esto hay que fijar
una política. Pero, claro, llama la Confiep, llama el MEF y no se aprueba hasta este
momento la Ley de Ordenamiento Territorial. No somos antimineros, colegas. Que la
mina se establezca donde tenga que establecerse, no en una cabecera de cuenca,
tampoco en un lugar donde desaparezcan las lagunas y los ríos, punto: esta tiene que ser
la política de Estado razonable, inteligente y civilizada. Aquellos congresistas que fueron
financiados por la minería deben abstenerse de hablar sobre este tema.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Luego de las dos interrupciones, puede
continuar, congresista Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Creo que ahí hay un tema de debate nacional
que tenemos que discutir en el país dentro de la coyuntura que se aproxima.
¿Seguimos excluyendo las otras posibilidades productivas en el país?, ¿buscamos
equilibrio entre las actividades productivas del país?, ¿o solamente pensamos que la
minería salvará al Perú y que el resto no existe?
Creo que hay que buscar puntos de equilibrio y de encuentro. De ninguna manera puede
haber economías excluyentes. Pensar que los agricultores no valen, que son unos
miserables, como alguien dijo acá, es lo más absurdo que pueda existir en una persona
que, en lugar de pretender hacer política, vocifera, busca la conmoción social y pone
bombas verbales; no le importa la paz social en nuestra patria. En cambio, a nosotros sí
nos interesa la vida de los agricultores y la de todos los ciudadanos. No queremos
muertos. ¡Allá los que quieren muertos!
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Apaza.
El señor APAZA ORDÓÑEZ (GPDD).— Presidente, qué lamentable que, en este seno,
donde debe haber equidad, donde debe practicarse la democracia en el sentido estricto
de la palabra y donde no debe haber discriminación, tengamos que escuchar palabras
tan vulgares y corrientes de la doctora Alcorta. Creo que esto debe avergonzarnos. El
pueblo ha perdido credibilidad en nosotros por la calidad de estos elementos que están
en el Congreso; es decir, la gente ya no cree en el Congreso.
¿Cómo es posible que se pueda decir “ignorantes”, “alcalduchos” y “terroristas” a la
gente que cuenta con la fe y la confianza del pueblo? Porque son alcaldes que han sido
elegidos, incluso con mayor votación que la que ha osado insultar a mis coterráneos.
Hay que conocer Cocachacra, su verdor, su campiña, su esfuerzo. No solamente se trata
de impulsar la inversión de grandes capitales. El desarrollo de los pueblos significa
también impulsar el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios, tal como son los
agricultores en Arequipa. Ellos han convertido en sábanas verdes a las tierras áridas. Eso
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es capacidad, eso es trabajo; eso tenemos que impulsar. No olvidemos que el 65% o
75% del movimiento económico en el país es generado precisamente por los pequeños y
medianos empresarios. Estos agricultores sacrifican, día y noche, sus vidas por darnos de
comer, porque son una despensa de la región Arequipa. Son muy lamentables las
palabras vulgares y corrientes que se han pronunciado. Después de todo, como decimos
los arequipeños, hay que tomar las cosas como de quien viene.
Por otra parte, el país debe saber que la empresa Southern, propietaria del proyecto
minero Tía María, desde el año 2009 no ha hecho nada por acercarse a la población del
Valle del Tambo para explicar los alcances del proyecto minero. La empresa se ha valido
solo de interlocutores que, desgraciadamente, se han prestado al juego sucio de imponer
con la fuerza y con la sangre la ejecución de ese proyecto minero.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Apaza.
El señor APAZA ORDÓÑEZ (GPDD).— Es lamentable que a mí me midan el tiempo,
mientras que no lo hacen para otros colegas. La colega Alcorta, por ejemplo, ha tenido
mucho tiempo y no se le ha cortado el uso de la palabra.
Pero, así es. Después de todos los consorciados políticos que atentan contra los
trabajadores, se tienen que dar la mano. ¿Dónde se dan la mano? Precisamente aquí, en
el seno del Congreso de la República, desairando la fe y la esperanza de todo nuestro
pueblo.
Esa empresa Southern está acostumbrada a imponer su voluntad. Tiene pésimos
antecedentes en Moquegua y en Tacna, en donde la citada empresa tiene más de catorce
sanciones por haber causado daños al medio ambiente, incluso su presidente ha sido
sancionado y casi encarcelado. Pero, como don dinero tiene poder, utiliza precisamente
elementos que están aquí, socavando el pensamiento del progreso de los pueblos.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Apaza.
El señor APAZA ORDÓÑEZ (GPDD).— El pueblo de Arequipa ha escuchado lo que ha
expresado precisamente la colega Alcorta. ¡Qué lamentable!
Antes de terminar, doy los dos minutos de interrupción a mi colega Condori para que
pueda intervenir, con su benevolencia democrática, Presidente.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir la congresista Condori.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidente, ¡qué lamentable lo que ha
sucedido ayer en Arequipa! Lamentable porque una vez más se ha dado muestra de
cómo se manejan los conflictos sociales en nuestro país. ¡Qué lamentable que no se
hayan buscado los puentes de diálogo necesarios! ¡Qué lamentable que no se haya
buscado a los interlocutores válidos para que se inicie una mesa de negociación, una
mesa de diálogo con las autoridades que han acudido ayer! Este problema no nace el
mes pasado sino hace mucho tiempo.
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Hay que hacerse una autocrítica. ¿Cuántos de los señores parlamentarios han acudido a
la zona de conflicto social cuando han sido llamados? Han tenido que recurrir
congresistas de otros lugares, porque la población nos ha estado llamando y nos
corresponde, como congresistas de la República del Perú, no eludir esas
responsabilidades. Es muy fácil criticar y lanzar calificativos desde lejos.
Es necesario recalcar que no se puede permitir acá socavar la democracia con amenazas
a las autoridades electas por el voto popular. Estas autoridades están en todo su derecho,
porque representan a esa población.
Me hago las siguientes preguntas: Si bien es cierto que necesitamos inversiones en el
país, ¿cuánto pagan por el agua las empresas mineras?, ¿pagarán lo mismo que pagan
todos los usuarios? En el caso de la empresa Southern, ¿cuántos enfermos de cáncer hay
ahí, entre jubilados y cesantes?
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Apaza.
El señor APAZA ORDÓÑEZ (GPDD).— Presidente, agradezco reiteradamente su vocación
democrática.
El pueblo de Cocachacra y el pueblo de Arequipa, consecuentemente el Valle del Tambo,
quieren que se cumpla con lo que les prometieron. Quiero hacer una profunda reflexión
a mis colegas de bancada y a los colegas de Gana Perú: tenemos un compromiso con
nuestro pueblo; tenemos que cumplirlo. Pido que se retome el diálogo. Nadie quiere
sangre, salvo algunos interesados que no tienen fe en la cara. Un 31 de marzo de 2010,
el señor Ollanta Humala prometió y dijo que primero era la agricultura y el verdor de la
campiña, después viene la minería, y agregó que el presidente de entonces, Alan García,
debería de estar en el sitio de los acontecimientos. Sin embargo, vemos hoy que tampoco
está el actual Presidente en el lugar de los acontecimientos. Ojalá reflexione nuestro
Presidente.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Martín
Belaunde.
El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente, al paso que vamos, con las sabias
lecciones de algunos congresistas de este lado y de ese lado, vamos a tener que pedir un
minuto de silencio por el Perú. Antes de que ocurra eso, invocando las palabras de
reflexión de mi colega Justiniano Apaza, yo diré lo siguiente: no hay absolutamente
contradicción alguna entre la agricultura y la minería. No la ha habido nunca. La historia
del Perú así lo confirma. Una y otra son actividades ancestrales del Perú que han ido
evolucionando conforme al paso del tiempo. Si, en el Perú, se conocen las huacas, los
entierros y los tesoros, es porque esas huacas encerraban grandes joyas de oro. La
expresión “Vale un Perú” está asociado al oro, así haya algunos congresistas quieran
ignorarlo.
Lo que ocurre es que, haciendo un alarde de ningún conocimiento, se pretende decir que
primero viene el agua y el oro. También podemos decir que primero viene el aire. No
respiramos por dos minutos, nos morimos; no tomamos agua en un par de días o en un
día, nos morimos; no comemos en cinco días, nos morimos. Pero los minerales y los
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metales son los que dan los medios de vida para purificar el aire cuando sea necesario,
para purificar y potabilizar el agua cuando así lo requieran las circunstancias; y, en el
caso del proyecto minero Tía María, al que se refiere mi ilustre colega Rimarachín, no va
a haber agua del valle, lo que va a haber es desalinización del agua.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional, congresista
Belaunde.
El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Colega Condori, ¡desalinización!; palabra no tan
difícil de pronunciar pero, claro, cuesta invertir para poder realizarla. Porque ese
proyecto, si se llega a realizar, ojalá que se llegue a realizar, no tomará agua de la
cuenca del Tambo sino del mar. Eso es lo que no quiere cierta gente porque simplemente
no quiere que haya progreso; porque, efectivamente, se nutren de la pobreza y de la
ignorancia; porque son descendientes espirituales con un plazo muy cercano; son, más
bien, discípulos de aquellos que han querido incendiar y sepultar el Perú.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Belaunde.
El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— ¡Qué tolerancia!, ¡qué maravillosa tolerancia,
amigo Rimarachín, el hombre que habla! Me refiero al origen de su nombre en quechua.
No solo habla; hace disparates; lo digo con todo respeto y con todo cariño.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Por alusión, tiene la palabra el congresista
Rimarachín; luego se va preparando el congresista Pariona.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente, a ver, vamos a ver dónde está la
ignorancia. Si van a hacer un cono al costado del Valle del Tambo, inferior a los metros
sobre el nivel del mar del Valle del Tambo, ¿afecta o no afecta el agua a ese valle?,
¿dónde está la ignorancia?, ¿dónde está la sapiencia? El pueblo tiene sapiencia, es
inteligente; por eso, defiende el agua y el medio ambiente. Cuando usted hace un cono
más abajo del nivel del río está afectando toda la napa freática. Así que no importa la
edad para poder educarse.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidente, me pide una interrupción el
congresista Tubino.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista Tubino.
El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Presidente, yo quiero referirme a la
situación de la Policía Nacional. Acá parece que todo fuera normal; parece que los van a
protestar son ilustres ciudadanos. Pero resulta que ellos no van a protestar, sino que van a
apedrear a los miembros de Policía Nacional. ¿Esa es una situación normal en un país?
Eso no se ve en ningún país del mundo. Vemos que a la policía se le apedrea, se le
ningunee y se le envíe a enfrentarse a revoltosos. ¿En qué condición se enfrenta la policía
a esos revoltosos? Con un palo de ley y con un escudo para recibir más piedras. ¿Hasta
cuándo vamos a estar en esta situación?
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Se habla de ese señor alcalde y se le menciona acá como si fuera un corderito, cuando
es un león con piel de cordero. Se comenta de él que es un ilustre ciudadano elegido por
el pueblo. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué viene haciendo? Este alcalde viene
comandando a los revoltosos y no quiere dialogar. ¿Qué autoridad es esa? Digamos las
cosas como son acá. ¡Basta de apedrear a los miembros de la Policía Nacional del Perú!
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Inicie su intervención, congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidente, a mí me preocupan, así como a
todos los parlamentarios, los conflictos sociales a nivel nacional. Efectivamente, nadie
está de acuerdo con la violencia y aquí hay que decir las cosas tal como son. Hay una
falta de estrategia del Gobierno. Cuando suceden las manifestaciones, recién salen los
ministros y recién corren los funcionarios. En todo caso, cuando no pueden dialogar, lo
único que hacen es exponer a la Policía Nacional.
Soy testigo de lo que está pasando en todos los conflictos. Lo que estamos viendo acá es
que algunos congresistas salen a decir a otros, con un tono agitador, que tengan cuidado
y ponen como ejemplo los conflictos de Cajamarca y de otros lugares; tampoco es así.
Tenemos que ser más propositivos. He escuchado palabras de reflexión de algunos
colegas de enfrente. Igual me gustaría que esas palabras se las trasladen a su presidente
Ollanta Humala, para que tome las previsiones del caso cuando la población está
pidiendo realizar precisamente los diálogos. La población no reacciona de un día para
otro. La población hace un plan con tiempo para que hacer una movilización. Eso lo
sabemos todos nosotros.
Por otro lado, ¿qué está haciendo nuestro alcalde de Lima? Está enfrentándose con la
población, con los bañistas, con los surfistas. ¿Por qué no dialoga? Vemos que está
incumpliendo algunos requisitos fundamentales, como pedir, por ejemplo, la opinión
favorable de la Capitanía de Puertos. Ha faltado previsión dialogante con los bañistas y
con los surfistas en el proceso de construcción del segundo tramo del tercer carril en la
costa verde y, por eso, hay problemas. Todo eso genera enfrentamientos y conflictos.
Al alcalde de Lima lo estamos invitando a la comisión del Congreso porque, además,
Lima carece de grandes áreas verdes. No basta crecer con cemento. Lima tiene que
crecer con espacios recreativos, así como los que se han considerado en el estudio inicial
del proyecto río Verde. Hay 25 hectáreas previstas para albergues y centros de
recreación. Tenemos que sembrar árboles en Lima. No podemos dejar de lado el trabajo
técnico de los tres baipases, que son importantes, de acuerdo con la modificación que ha
considerado el alcalde; pero tampoco dejemos de lado los espacios que pueden
embellecer a Lima.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Manuel
Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidente, quiero que me autorice para
que se visualice el siguiente video. Voy a presentar lo que considero que es la prueba de
una de las más grandes estafas a la República en el siglo XXI. Antes debo explicar el
contexto de qué se trata.
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Estamos presentando al Pleno del Congreso un pedido para que concurran el ministro de
Economía y Finanzas y la ministra de Energía y Minas, ambos encargados y responsables
de la dirigencia de la Junta de Accionistas de la empresa Petroperú S.A. Antes
presentamos un pliego de preguntas para que concurran y respondan ellos ante el Pleno
del Congreso.
Ahora estamos adicionando un pliego complementario a aquel. ¿Por qué? Porque aquí la
ministra de Energía y Minas nos ha dicho que la empresa Shell, que ha reemplazado a la
empresa Repsol en la exportación del gas de Camisea, ha reexportado el gas el año
pasado a otros destinos y ha pagado la regalía al Estado no en función del destino de
pago más alto, sino en función del precio Henry Hub de Estados Unidos y México, que es
más baja. Se trata de una defraudación tributaria de Repsol que ya fue denunciada por el
Estado peruano, cuando esta empresa hizo lo mismo con diez embarques en el 2012,
hecho que hasta ahora está siendo tratado como arbitraje en el CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco
Mundial).
¿Qué nos dijo la actual ministra de Energía y Minas? Nos dijo que, en el reciente caso, la
empresa Shell estaba autorizada, por el contrato del 2000, a exportar donde quería esa
empresa; es decir, estaba autorizada a hacer lo que quería con las regalías y a pagar la
regalía que quisiera y también dijo que el Gobierno peruano está discutiendo en este
momento con la Shell cuánto más y cuánto menos va a pagar.
Esa es una mentira, porque el Estado peruano puso con el actual Gobierno un reclamo
para defender, frente a Repsol, el hecho de que se tiene que pagar la regalía al Estado
peruano según el precio más alto del destino de consumo final en la exportación. Si el
destino del consumo final es Asia, que paga 17 dólares el millón de BTU (British Thermal
Unit), o si es Europa, que paga de cinco a siete dólares —no México que paga de dos a
tres dólares—, se tiene que pagar la regalía respecto del precio más alto del lugar de
destino final.
En este momento, el Gobierno peruano —lo ha anunciado la ministra— está negociando
con la empresa Shell un acuerdo para que en los próximos 15 años la exportación del
gas sea supuestamente legal, lo cual, estando en contra del contrato y de la legalidad del
Perú, significa perder 20 mil millones de dólares de regalías que serían regalados a la
empresa Shell; es decir, sería la estafa más grande del siglo XXI.
Como una prueba de que esa estafa está en marcha, quiero dejar constancia del
mensaje de la actual ministra de Energía y Minas Rosa Ortiz de lo que dijo en el Pleno, en
medio del debate de la investidura al gabinete ministerial. No sé si el Presidente del
Consejo de Ministros avala eso, porque está expresado en el contexto de la presentación
del Presidente del Consejo de Ministros y del nuevo gabinete. Pido solo un minuto que se
visualice el siguiente video para escuchar lo que dijo la mencionada ministra.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Adelante, congresista.
—Proyección de la parte pertinente del video y audio de la sesión del Pleno del 27 de
abril de 2015, cuyo texto es como sigue:
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La señora ministra de Energía y Minas Rosa Ortiz.— En lo que se refiere a la exportación
de gas natural a México...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Más orden, congresista. ¡Orden!
Ya dio las dos interrupciones la ministra. Con el siguiente ministro, le voy a dar la
interrupción. Está haciendo el uso de la palabra la ministra. Ya dio, repito, las dos
interrupciones.
Continúe, ministra.
La señora ministra de Energía y Minas Rosa Ortiz.— El año pasado se han hecho siete
exportaciones de gas natural licuado a México a precio de marcadores JKM (Japan Korea
Marker) y se han pagado a los miembros de la cadena de comercialización y al Estado a
precio Henry Hub. Esto porque así lo permite el contrato celebrado el año 2000, no
durante este Gobierno. No obstante ello, apenas asumí el cargo...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Deje desarrollar el Pleno,
congresista. Voy a verme obligada otra vez a suspender si usted no deja escuchar a la
ministra. Los demás colegas quieren escucharla. Ya le dije, congresista, que ya dio las
interrupciones; deje que culmine la ministra y le vamos a dar la interrupción a usted.
Adelante, ministra.
La señora ministra de Energía y Minas Rosa Ortiz.— No obstante ello, apenas asumí el
cargo, he convocado a la empresa que realizó la comercialización a México, Shell, y les
he invocado a revaluar los pagos efectuados por estos siete embarques, así como la
necesidad de revisar el contrato celebrado el año 2000. Esta semana está fijada la fecha
para reunirnos nuevamente y que Shell nos dé su respuesta. Puedo adelantar que he
recibido información de las partes involucradas que las posiciones se van acercando con
el objeto de lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes, incluido el Estado
peruano respecto de sus regalías.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidente; señores congresistas, la
ministra de Energía y Minas es abogada; antes ha sido directora de la Dirección General
de Hidrocarburos cuando se produjeron las diferencias entre PeruPetro S.A. y Repsol;
reemplazó a Aurelio Ochoa y a Isabel Tafur en PeruPetro y ha estado a cargo de esos
temas; conoce muy bien la materia y sabe muy bien que el Perú, ante el organismo del
Tribunal Internacional, ha planteado como posición del Estado peruano, que el contrato
del 2000 no permite la ruleta de que el exportador Repsol de antes, y Shell de ahora,
pueda mirar a otro destino y pagar menos regalías para el Estado peruano; eso se llama
defraudación fiscal en la regalía por la venta de gas exportado desde el Perú. Esa es la
posición oficial del Estado.
La ministra está saboteando y petardeando directamente lo que en el CIADI era casi un
triunfo peruano; lo está echando por los suelos y está abriendo una negociación en
condiciones absolutamente desfavorables, que significa regalar por lo menos veinte mil
millones de dólares en los próximos quince años.
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El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Por eso, pedimos que sea votada hoy en el
Pleno la Moción de Orden del Día, que ya está en Mesa, por la que solicitamos que
concurran los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas, ambos titulares de
la Junta de Accionistas de Petroperú S.A.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra la congresista Claudia
Coari.
La señora COARI MAMANI (GPDD).— Presidente, me pide una interrupción el
congresista Roberto Angulo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista Roberto
Angulo.
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Presidente, el mes pasado, durante la semana de
representación, fui a un poblado muy pequeño de Chao, zona sur del departamento de
La Libertad. La población, que había construido el puesto policial, necesitaba cinco
policías.
Me atendió el general de la Policía Nacional, Gentile, y le dije que diez mil pobladores de
la zona de Chao no tienen policías y que, por eso, están sufriendo las olas de la
delincuencia. El general me contestó que no había policías, ni gasolina ni dinero para
atenderlos. Le respondí que hay 300 policías de la Dirección Nacional de Operaciones
Especiales que están ubicados dentro de los complejos mineros de la sierra del
departamento de La Libertad.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Continúe con la interrupción, congresista
Angulo.
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Pregunto cómo es posible que tengamos 300
policías destinados a las zonas mineras y no tengamos la disponibilidad de cinco policías
para la gente pobre.
Ahora, frente al problema social con relación al proyecto minero de Tía María y por arte
de magia, brotan cinco mil policías. Observo que hay cinco mil policías para proteger a
la mina. ¿Acaso la función de la policía no es proteger a la población de la delincuencia?
Yo valoro mucho la función abnegada labor de la policía; pero veo que el Ministerio del
Interior de este Gobierno está favoreciendo a las grandes mineras en contra de los
intereses de la gente más pobre. No hay cinco policías para diez mil pobladores, pero sí
hay miles de policías para reprimir al pueblo, para patearlos, para tirarles bala. Esta no
debe ser la función de la policía.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Después de la interrupción concedida,
puede intervenir la congresista Coari.
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La señora COARI MAMANI (GPDD).— Presidente, esta mañana hemos escuchado a
varios parlamentarios. ¡Y qué lamentable! ¿Cómo es posible que los congresistas que
venimos de las distintas regiones no sepamos valorar a los pueblos que realmente nos
han encomendado defenderlos a ellos? Me pregunto dónde está lo que han aprendido
los congresistas que han estado en este Congreso mucho antes y que tanto han hablado.
¿Así como han hablado ahora, así también van a regresar a sus regiones para pedirle el
voto al pueblo y para decirle ‘yo te voy defender? ¡Qué lamentable que la congresista
Lourdes Alcorta les haya señalado de terroristas y de revoltosos a esos pueblos! ¡Me
indigna! Como mujer indígena que represento a esos pobres, a esos pueblos, nunca me
olvidaré de este Congreso; aquí, por lo menos, deberíamos ser coherentes como hemos
sido en nuestras regiones. ¡Qué lamentable que los congresistas no hayan podido
solucionar ayer en Arequipa el conflicto!
¿Gracias a quién están sentados acá en el Congreso? ¿No recuerdan que hemos
recurrido familia por familia para decirles ‘yo te voy a defender’, “yo voy a sacar adelante
la región de Arequipa’? ¿Ahora qué está pasando? Qué triste. Lamentablemente, esa es
la clase de congresistas que han sido elegidos por el pueblo; pero, a lo menos, pensemos
y recuerden cómo han hecho la campaña. ¿Ahora resulta que los congresistas están para
defender a los grandes empresarios de la mina? Para eso llevaban las pintas, para eso
estaban llevando las gigantografías. El pueblo ya se ha dado cuenta y, lamentablemente,
ahora nos van a buscar; ¿y qué es lo que va a pasar en el 2016? Hace poco escuché a
los dos congresistas de diferentes bancadas, y lo que han dicho nunca me olvidaré.
¡Jamás!
Creo que en Islay, sobre el proyecto minero Tía María, los campesinos han estado
pidiendo día a día que el Ejecutivo sea capaz de estar sentado para dialogar, pero nunca
ha hecho caso. Si ha hecho caso, ni siquiera ha podido dialogar con ese pueblo, ni
siquiera estaba llevando lo que estaban queriendo ellos, la población.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Coari.
La señora COARI MAMANI (GPDD).— Para terminar, yo lamento lo que ha pasado ayer
en Arequipa. Pero ¿por qué no vamos ahora conmigo? Yo le quiero invitar a la
congresista Lourdes Alcorta para ir y dialogar con ese pueblo. Si otros no tienen la
capacidad, vayamos nosotros. No solamente hablemos aquí, en el Congreso. Esos
pueblos necesitan la presencia de nosotros, no para decirles que son revoltosos o
terroristas. No vamos a permitir que digan eso. Yo represento a esas comunidades, yo
represento a ese pueblo. Siendo pequeños, medianos o grandes agricultores necesitan
también apoyo. No se trata de mirar solo a las empresas mineras. Si las empresas
mineras quieren trabajar, pues que lo hagan pero limpiamente. El pueblo quiere saber de
qué manera vamos a construir nosotros; sobre todo con equidad, ya que tanto hablamos
en este Congreso.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Coari.
La señora COARI MAMANI (GPDD).— ¿Con eso nos están diciendo que no se puede? Sí
se puede, siempre y cuando tengan el compromiso; así como han hecho en diferentes
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regiones, también hay mineros que están trabajando en forma coordinada con el pueblo,
no atentando contra el pueblo.
¿Hasta cuándo vamos a tener que respaldar a esos mineros empresarios que están
saqueando al pueblo y que se están llevando todo sin dejar ni un sol al pueblo? Y
nosotros decimos todavía: ‘sí hay inclusión social, en eso lo estamos invirtiendo’, pero
vemos que no es así. El pueblo quiere su agua y su tierra; así como ahora hablamos
sobre el cambio climático y de cómo está la realidad en cada una de las regiones, lo que
tenemos que ver es la necesidad del pueblo y lo que hoy está luchando. Nuestros pueblos
nunca van a retroceder ni van a permitir que les quiten su agua y su tierra, porque viven
día a día en frío y en lluvia.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Eguren.
El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidente, intervengo para
agradecer todas las intervenciones y puntos de vista que muestran el interés de toda la
Representación Nacional acerca de la problemática que se está viviendo no diremos en
Arequipa, tampoco diremos en la provincia de Islay, sino en dos o tres distritos de una
provincia de toda la región. Quiero precisar algunos elementos.
Hay una vocación de diálogo que es importante que conozca toda la Representación
Nacional. Cuando se inicia la huelga, se reclamó la presencia del Estado y se argumentó
que el Estado no generaba los espacios de diálogo. El Poder Ejecutivo, en coordinación
con la región, ha creado una Mesa de desarrollo; sin embargo, una vez que se creó la
Mesa de Desarrollo, los dirigentes que están promoviendo esta paralización no
acudieron, porque señalaron que no se iban a sentar con funcionarios de segundo nivel y
que no se iban a sentar con viceministros; entonces, se frustró esta reunión y ese espacio
de diálogo.
Posteriormente fueron los ministros, cuatro ministros, para iniciar esta etapa de diálogo;
pero los dirigentes dijeron no queremos dialogar, no nos sentamos a dialogar, porque
queremos que venga el Premier. Entonces, nuevamente se frustró. Seguidamente, fue el
Premier, tampoco quisieron reunirse.
Ante esa realidad, propusimos abrir todas las puertas para que no haya pretexto alguno y
no se frustre la reunión. Va a ir el Poder Ejecutivo representado por cuatro ministros, va el
Congreso representado por la Presidenta del Congreso y algunos parlamentarios, va a
estar el gobierno regional, a través de la gobernadora regional y todos los consejeros de
la región Arequipa. También vamos a invitar a los alcaldes para que se involucren en la
decisión. Y todos reunidos y coordinados, no merecieron ayer la atención de los
dirigentes del Frente de Defensa y dijeron que no querían reunirse.
Entonces, ayúdennos, con sus opiniones, colegas, a exhortar el diálogo. En democracia,
en un Estado constitucional de Derecho, no podemos renunciar al diálogo, porque hoy en
día la preocupación ya no es si va o no va el proyecto. La preocupación es cómo
protegemos y defendemos a un pueblo que está sufriendo, porque sus niños no van al
colegio hace casi 40 días, sus agricultores han perdido muchísimo dinero porque no
pueden vender su leche, hoy es época de cosecha y no pueden cosechar, el pueblo en su
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conjunto no puede trasladarse porque tiene que pagar cupos, hay violencia contra todos
aquellos que piensan diferente, se apedrean casas, bodegas y medios de comunicación.
Entonces, lo que queremos es paz, tranquilidad, que cese la violencia, que se abra el
diálogo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional, congresista Eguren.
El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— No lo quieren hasta este momento,
pero vamos a insistir. El objetivo es abrir todas las posibilidades al diálogo, que vengan
los argumentos, que vengan las críticas, las opiniones a favor, las opiniones en contra,
sentemos a los técnicos, esclarezcamos las dudas, las preocupaciones, los temores y los
miedos. Esa es la vocación de toda la región Arequipa. Todas las autoridades, sin
excepción, Congreso, Ejecutivo, región y municipios queremos paz en nuestra región
Arequipa, queremos proteger a ese pueblo que está sufriendo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Para una cuestión de orden, tiene la
palabra el congresista Hugo Carrillo.
El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Presidente, intervengo solo para pedir que nos
ciñamos a lo estrictamente estipulado en los informes de la agenda que nosotros tenemos
para hoy. Admito que hay algunos temas interesantes para muchos de los señores
congresistas, pero el diálogo se establece sobre la base del intercambio de dos
voluntades. Si no hay voluntad de diálogo, es imposible. ¿Vamos a pasarnos todo el día
discutiendo la necesidad del diálogo en un espacio?
Hay un conjunto de procesos que están esperando en la agenda y pido y exijo que la
Mesa nos diga de una vez por todas cuál es el tiempo que se va a establecer, en el
Parlamento Nacional, para terminar con la hora loca famosa, porque no puede ser que
empiece la reunión a las 9 de la mañana, son las 11 horas, casi el mediodía, y seguimos
discutiendo el mismo tema. Pido que la Mesa Directiva nos dé a conocer que hay una
hora específica para este tema y para establecer nuestras tareas con prioridad.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Gracias, congresista.
De acuerdo con la invocación del congresista Carrillo, tenemos 10 congresistas inscritos,
a los que les solicitamos que sean puntuales en las materias que vayan a tratar; tendrán
dos minutos, más el adicional que requieran.
Tiene la palabra el congresista Yehude Simon.
El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente, a mí me parece muy mal que se le llame la
hora loca cuando estamos discutiendo un tema que afecta al país. Nosotros estamos acá
tranquilos, pero en Arequipa hay complicaciones. Yo he escuchado el dramático llamado
que hace el congresista Carlos Eguren. Si nosotros no asumimos una posición,
evidentemente estaremos de espaldas al país.
Me piden interrupciones la congresista Rosa Mavila y el congresista Rimarachín.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir, congresista Rosa Mavila.
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La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— Presidente, es la hora de la actuación objetiva frente
a los problemas nacionales; pero no es actuación objetiva frente a los problemas
nacionales salir en los medios de comunicación, siendo congresista, para diagnosticar a
los dirigentes de una protesta social como terroristas. Puede ocurrir que entre ellos haya
alguno de esa orientación; pero cómo auspiciamos el diálogo diciéndole a la
contraparte, en un medio de connotación nacional, que es terrorista. Obviamente
después nos vamos a ir con otra cobertura, diciendo que auspiciamos el diálogo, que
viva el diálogo, que de por medio está el progreso social y los intereses del pueblo de la
zona.
Yo creo que esa objetividad, que debemos tener los congresistas, parte por no tener una
actitud de polarización que bloquea el diálogo, en vez de auspiciarlo. Yo simplemente
quiero hacer esa exhortación a algunos congresistas que yo he visto diagnosticar, por
televisión, a los dirigentes.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— La segunda interrupción es para el
congresista Rimarachín.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidente, la democracia es el respeto a las
mayorías, a la decisión del pueblo. Yo pido a todos los congresistas tener respeto por
otras autoridades elegidas popularmente por el voto; acá no hay diferencia. A muchos no
nos gustará tener alguno que ha sido elegido por ahí, pero ha sido elegido por el pueblo
y hay que respetarlo.
Cuando la democracia muestra sus límites, el pueblo protesta. El pueblo que ha elegido
un gobierno, cuando protesta demuestra la ilegitimidad de ese gobierno. Y cuando
respecto al proyecto minero Tía María protesta un pueblo, hay que escucharlo. No
puedes tú decir no dialogo con los dirigentes ni dialogo con los alcaldes que no me
gustan. Tienes que dialogar. Pero hay que precisar que quienes fueron elegidos por
financiamiento de las mineras no pueden entrometerse en estos problemas, ni siquiera
deben hablar porque ya están haciendo de juez y parte.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Continúe, congresista Yehude Simon.
El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente, lo que se busca —y hago un llamado a
todos los congresistas—, quizás por edad o quizás por experiencia, es ponderación.
¿Aquí nos estamos jugando la propia supervivencia del Estado?, ¿o estamos en guerra
civil? No se puede repetir otra vez la historia de lo que ocurrió en Bagua. Sería terrible
para el país. Yo no creo que, en el Congreso, tengamos que descalificarnos unos a otros
y llegar a los extremos de estar unos por la minería y otros por la agricultura. Yo creo que
todo el mundo, en su sano juicio, sabe que este país depende, económicamente, de la
minería; pero es, básicamente, fundamental la agricultura.
En otros países pueden sobrevivir agricultura y minería. El congresista Rimarachín, en una
de sus intervenciones que me parecen adecuadas, dijo que ya es tiempo de dar una ley
de demarcación y gestión territorial y que, en función de eso, de repente se acaba el 80%
o 90% de los problemas.
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Este Congreso sí tiene responsabilidad, porque cualquier calificativo a una población
termina afectando a la población.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que continúe,
congresista Yehude Simon.
El señor SIMON MUNARO (PP).— No califiquemos a la población, ya tenemos
experiencia. Cada cual defiende lo que cree; pero no defiende muchas veces la
verdadera verdad. Yo puedo tener mi verdad; pero puedo estar equivocado. El otro grupo
puede tener su verdad; pero puede estar equivocado. Busquemos la legítima verdad. No
podemos dejar de lado la minería, pero hagamos la zonificación, hagamos la gestión
territorial.
Creo que el pueblo de Arequipa protesta por justicia, no por estar en contra de la
minería. El pueblo de Arequipa no ha sido avisado, no ha sido informado correctamente.
Hay fallas de la empresa desde el pasado; quizá se haya modernizado, eso habrá que
comprobarlo. Hay también fallas del Estado porque no ha cumplido su papel de informar.
Aquella es la zona agrícola más rica que tiene Arequipa y no se están levantando cuatro,
cinco, diez o veinte extremistas, sino toda una población.
Dice muy bien el almirante Tubino cuando expresa que hay que respetar a la policía. Por
cierto, ya estamos hartos de que maten a los policías; pero la policía también tiene que
actuar con criterio, no sembrar pruebas a un dirigente o a un poblador. Es decir, nos
estamos equivocando todos acá.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Simon.
El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidente, en aras de ayudar y de buscar la verdad —
y porque reclamo por el congresista Juan Carlos Eguren y por los otros congresistas que
fueron a Arequipa, a los que no se les puede botar de una mesa de diálogo por tener
diferencias, lo cual es una falta de respeto—, propongo que se forme una comisión del
Congreso para que esa comisión concurra de inmediato a la zona del conflicto social y
pueda ayudar a uno y a otro sector. El diálogo no se puede perder. No se justifica gota
alguna de sangre ni del policía ni del campesino. Seamos un país civilizado. Reitero,
propongo al Pleno que se forme una comisión de cuatro o cinco congresistas, al margen
de los congresistas de Arequipa, para que puedan ayudar a tender puentes.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Vacchelli.
El señor VACCHELLI CORBETTO (GPFP).— Presidente, es realmente lamentable lo que se
viene viviendo en Arequipa por el proyecto minero Tía María. Nosotros queremos
sumarnos a los colegas que han tenido un discurso moderado, coherente y pacificador.
Nosotros no compartimos el punto de vista de la congresista Alcorta ni, mucho menos, el
del colega Rimarachín, que parece estar aprovechando esta situación para iniciar una
campaña política, porque con su discurso radical habla mucho del 2016.
El proyecto minero Tía María no puede esperar al 2016, lo tenemos que resolver ya. La
solución es sencilla, por lo menos teóricamente; ya en la práctica será ligeramente más
24
complicada. La solución es el diálogo y una debida comunicación por parte del Gobierno
con los verdaderos agricultores que quieren hacer patria con su fuerza productiva; en
cambio, a los revoltosos, a los que quieren aprovecharse políticamente del tema, que les
caiga toda la fuerza, todo el peso de la ley.
A aquellos agricultores que se preocupan por su tierra, que se preocupan por el sustento,
por su comida diaria, por la comida de su familia, a ellos hay que explicarles, hay que
informarles; en ese sentido, el trabajo del diálogo es decisivo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional, congresista
Vacchelli.
El señor VACCHELLI CORBETTO (GPFP).— El Servicio de Inteligencia no actúa solo para
ver temas de defensa nacional y de seguridad ciudadana, sino también para ver temas de
desarrollo nacional y de prevención, identificando el problema y dándole una solución
antes de que explote el conflicto social.
En ese sentido, exhortamos al Ejecutivo a hacer un trabajo adecuado en la parte
informativa y de diálogo, para que los agricultores entiendan que el agua y la minería
pueden convivir. Si lo hacen en otros países, ¿por qué no lo van a hacer en el Perú? No
le demos gusto a gente como el congresista Rimarachín que está en contra del progreso y
que solo quieren más conflictos, caos y división entre los peruanos. No se lo vamos a
permitir. Queremos diálogo, paz y progreso para todo el Perú.
—Asume la Presidencia la señora Ana María Solórzano Flores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Joaquín Ramírez.
El señor RAMÍREZ GAMARRA (GPFP).— Presidenta, me piden dos interrupciones. Las dos
son para el congresista Eguren.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede hacer uso de las dos
interrupciones, congresista Eguren.
El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidenta, yo entiendo la buena
voluntad del congresista Simon, pero la institucionalidad está dada para resolver los
problemas con los brazos abiertos de diálogo. Estamos hablando del gobierno nacional,
que, estando predispuesto, ha concurrido cinco veces a Arequipa, con cinco ministros,
presidido por el ministro de Agricultura, para darle el peso al agro como corresponde,
incluso estuvo presente el ministro del Ambiente. También ha concurrido el Congreso con
los legítimos representantes de la zona; igualmente, la consejera del gobierno regional de
Arequipa, antes presidenta regional, recién electa, con los consejeros de todas las
provincias, absolutamente legitimados; asimismo, todos los alcaldes; es decir, todos los
actores con vocación de escuchar y de resolver el caso han estado presentes; han estado
los que deben estar y los que tienen que estar.
Más bien exhortamos a cada quien —desde su ámbito, desde su óptica, al margen de si
está a favor o está en contra del proyecto minero Tía María— al diálogo, al cese de la
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violencia, al levantamiento de la huelga que está perjudicando a tantos ciudadanos,
especialmente a los agricultores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista
Joaquín Ramírez.
El señor RAMÍREZ GAMARRA (GPFP).— Presidenta, a tres años de los sangrientos sucesos
respecto del proyecto minero Conga, en Cajamarca, y a cuatro años de este Gobierno,
nos damos cuenta de que aún no aprenden. Nosotros estamos muy preocupados por el
proyecto minero Tía María, particularmente yo porque represento al departamento de
Cajamarca. Cómo no recordar hace tres años cuando el Presidente de la República,
desde Palacio de Gobierno, dijo “Conga va”; resultado, cuatro muertos.
Este Gobierno hasta ahora no ha aprendido que no se puede dialogar desde Lima, no ha
aprendido que el diálogo se tiene que dar en las provincias, en las comunidades. Es
preocupante que ahora insistan en lo mismo, es preocupante que todos, a quienes he
podido escuchar, digan que hay que generar diálogo; pero, ¿cómo vas a generar diálogo
en medio de un conflicto social?
Lo que hay que hacer es suspender temporalmente el proyecto minero Tía María, para
generar confianza en la población. Porque la población desconfía del Gobierno porque
este le ha mentido; desconfía también de la empresa privada porque le mintió hace cinco
años, cuando decía que va a traer agua del mar pero el proyecto estaba fijado para
sacar agua del subsuelo.
Yo pido a este Gobierno que suspenda temporalmente el proyecto minero Tía María para
que las aguas se calmen y para que puedan conversar el Ejecutivo, el Legislativo, el
gobierno regional, los alcaldes, todas las autoridades y todas las comunidades; esta es la
única manera de sacar adelante y evitar más muertes.
Esa es mi invocación; pongamos un poco de conciencia. No podemos exigir diálogo en
medio de las balas, eso no es posible.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Cuculiza.
La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Presidenta, me pide una interrupción el
congresista Melgar.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Melgar.
El señor MELGAR VALDEZ (GPFP).— Presidenta, he nacido en Arequipa y debo decir que
todos sabemos que Arequipa ha sido siempre la despensa del mercado nacional, gran
productora de cebollas, de ajo. Tenemos que pensar en la agricultura, tenemos que
convivir con esos agricultores. El Gobierno se equivocó al confiarse y no viajar allá ni
enviar emisarios para que vean la realidad del pueblo arequipeño y de los que viven en el
valle el Tambo.
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Es necesario, como decía el congresista Ramírez, suspender momentáneamente el
proyecto minero Tía María hasta que las aguas se calmen y podamos dialogar tranquilos,
sin utilizar a la policía de manera tan vil, como lo hemos visto en ese reportaje del
domingo pasado, donde un miembro de la policía pone una prenda que no era de la
persona que estaba enferma y que estaba siendo conducida en ese momento.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Después de la interrupción,
puede intervenir la congresista Cuculiza.
La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Presidenta, es lamentable lo que está pasando en
Arequipa, una parte hermosa y bella de nuestro país, en donde, cada vez que estoy allá,
me siento tan gratificada. Arequipa es una ciudad bellísima, con gente extraordinaria, con
su comida, su atención, etcétera. ¿Por qué se ha llegado a ese enfrentamiento? Hago un
llamado de tranquilidad y de paz, porque no es posible que sigamos en el: “yo te digo, tú
me dices”, y no se arregla nada. Hubo desgraciadamente un muerto. También hay nueve
policías heridos y un policía con traumatismo encéfalo craneano por las piedras que le
aventaron los pobladores.
¡Acérquense al pueblo y díganle que deje las piedras y los palos y que hagan marchas
pacíficas, porque con la violencia no se hace nada! Arequipa está perdiendo totalmente
en turismo, en las agencias, en los restaurantes, etcétera, mientras acá nosotros estamos
insultándonos y diciéndonos tontería y media, perdiendo el tiempo. Creo que es preciso
llevar técnicos a la zona. ¡Lleven técnicos! ¿Qué hace el viceministro? Nada. Lleven
técnicos para que examinen la mina y la población. Saquen, en conclusión, cosas
positivas para Arequipa. Es terrible ver a Arequipa en tanto conflicto y en tanto
enfrentamiento. Y la policía no está destacada ahí porque le gusta o porque le da la
gana.
Creo que los congresistas Apaza y Eguren —a quienes he visto que siempre van a
Arequipa— deben tener una participación pacífica y democrática para llegar a un
entendimiento para que el pueblo de Arequipa deje de estar convulsionado. Es una
lástima que una ciudad tan bella no pueda ser apreciada.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Virgilio Acuña.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidenta, el congresista Eguren me pide una
interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Las dos interrupciones son para
el congresista Eguren.
El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidenta, no puedo permitir que,
de buena fe, sin lugar a dudas, se afecte la imagen de la región Arequipa y se puedan
perjudicar las inversiones, desde el punto de vista comercial y turístico. Porque todos
hablan de Arequipa. No es Arequipa. Estamos hablando de una provincia, que es la
provincia de Islay, que representa el 5% de la población. En esta provincia de Islay, hay
tres distritos que están a favor y otros tres que están en contra del proyecto minero Tía
María. En los tres distritos que están en contra, la población está dividida. Unos quieren y
27
otros no. Entonces, no hablemos de la región Arequipa, porque no es así. Es un tema
doloroso y preocupante, pero absolutamente focalizado en tres distritos de una provincia.
Les pido que dividamos claramente ese escenario.
Se ha señalado también la posibilidad de suspender el proyecto minero. El proyecto
minero está suspendido, no está en marcha, no está en camino, no está en construcción.
El proyecto no tiene licencia de construcción, congresista Ramírez. No se dará la licencia
de construcción hasta que no se resuelva satisfactoriamente este problema. Es decir, no
hay nada que suspender. El proyecto está suspendido. No tiene licencia de construcción.
No ha iniciado ni va a iniciar operaciones. O sea, no hay motivo real para que se
produzca este conflicto.
—Reasume la Presidencia el señor Modesto Julca Jara.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Luego de la interrupción, puede continuar
el congresista Acuña.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidente, este es uno de los grandes debates que
tenemos que tener en el Congreso, porque se trata del desarrollo, de la prosperidad, del
trabajo de nuestro país. Tenemos que dedicarnos a estos temas, porque básicamente
nuestro país es, por un lado, minero, y, por otro lado, es agrícola. Nuestro país está en
un conflicto permanente: en priorizar cuál es la agricultura y cuál es la minería. Ahí
debemos centrar todas nuestras capacidades para buscar soluciones. El problema de la
minería no es un problema de ahora. El problema de la minería ha sido resuelto en el
mundo. Hay países, en el mundo, que están muchísimo más desarrollados que nosotros y
que ya han tratado estos temas.
De esa minería que originalmente solo miraba la explotación de los recursos para hacer
más grande la economía de cada empresa, hemos pasado, hace 20 años, a una
sociedad en la cual las empresas han asumido la responsabilidad social. En ese
momento, las empresas con el concepto de responsabilidad social construyeron un
colegio, una carretera, un camino o un hospital y, así, pensaban que se resolvían los
conflictos. De la responsabilidad social de las empresas hemos pasado al nuevo concepto
de la creación del valor compartido. Les invoco a los congresistas que defienden la
minería que lean más, que se capaciten y que aprendan lo que significa la creación de
valor compartido.
Creación de valor compartido significa que cuando la empresa se instala en la
comunidad, aquella tiene que fomentar el desarrollo de toda la comunidad; de tal
manera que, cuando la empresa se retire, esa comunidad pueda seguir desarrollándose.
Tenemos que apuntar, en todo nuestro país, a que cuando una empresa se instala para
extraer algunos recursos, ella tiene que fomentar ese crecimiento permanente para que,
cuando la empresa se retire, la comunidad sigue desarrollándose.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional, congresista Acuña.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— En el caso específico del proyecto minero Tía María, yo
le he planteado al primer ministro que tiene que haber una tregua de dos o tres meses,
que deben paralizarse las acciones de la empresa, que deben paralizarse las acciones de
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los trabajadores; de tal manera que en dos o tres meses se pueda buscar una solución
que vaya por el desarrollo de la comunidad y de la empresa simultáneamente.
No podemos permitir que se agraven los conflictos ni que en Arequipa se repita lo que
sucedió en Cajamarca, cuando se paralizó el proyecto minero Conga y el gobierno
abandonó a 400 mil productores.
En Arequipa tenemos productores de ajos, de cebolla y de papas; espero que si se retira
de Islay la empresa minera, no quede abandonado el pueblo de Arequipa. Lo que pasó
en Cajamarca es que al paralizarse la minería, fueron abandonados los productores de
café y de cacao.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Acuña.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Reitero, colegas, tenemos la urgente necesidad de
buscar una solución para el conflicto social por el proyecto minero Tía María; una
solución que pase por el entendimiento, no por la declaración de emergencia que le
permite al Gobierno utilizar más balas y más gases. Tenemos que evitar que haya más
balas y más gases en Arequipa. Para eso tiene que tener una tregua pacífica, porque el
estado de emergencia significa mandar a la policía para enfrentarse con la población.
Tenemos que evitar por todos los medios el enfrentamiento entre la población y la policía.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Cabrera.
El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Presidente, me pide una interrupción el
congresista Delgado.
El señor DELGADO ZEGARRA.— Presidente, Islay no representa solamente el 5%; se trata
de agricultores que viven allí. Porque una cosa es qué tanto me pueda afectar una
situación global y otra cosa es qué tanto me puede afectar si yo precisamente estoy en el
lugar de los hechos. Tampoco es cierto que la empresa minera, la Suothern, no esté
presente realizando acciones y trabajos. Sí está posicionada de la zona; tanto es así que,
en los reportes periodísticos, aparece una carretera que ha sido tomada y se ha puesto
una tranquera en la zona donde la población transitaba por ahí; es decir, la empresa
tiene posesión. Si bien es cierto que no está realizando trabajos de exploración, también
es cierto que está haciendo trabajos preliminares. Bajo esas circunstancias y dada la
situación en Islay, lo más oportuno es que desde el Gobierno y la compañía minera den
una señal clara para paz y de poner paños fríos.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Continúe, congresista Cabrera.
El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Me pide otra interrupción el congresista Delgado.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Congresista Delgado, puede interrumpir
nuevamente.
El señor DELGADO ZEGARRA.— Presidente, para terminar, creo que en esas
circunstancias, si queremos llegar a la solución de este problema tenemos que poner
paños fríos, poner calma a la población. Un mensaje claro desde el Gobierno y desde la
29
compañía minera es decir: “suspendamos temporalmente este proyecto o la ejecución de
cualquier acción mientras nos pongamos de acuerdo”; solo en estas condiciones será
posible el diálogo, no la confrontación que lamentablemente se ha estado produciendo
en los últimos días.
Respaldamos la idea de que se suspenda el proyecto minero de parte del Gobierno y de
parte de la empresa minera para lograr un espacio de diálogo constructivo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Luego de la interrupción, puede intervenir
la congresista Cabrera.
El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— Presidente, en la discusión sobre si debe o no
debe funcionar el proyecto minero Tía María, tenemos que partir de una matriz: la
naturaleza del suelo peruano es, por encima de todas las cosas, de gran riqueza minera.
La ventaja comparativa que tiene el Perú con el resto de los países del mundo, con el
resto de los continentes, está en nuestra minería.
Nosotros, en materia de cobre, tenemos las reservas probadas más altas del mundo,
incluso más que las de Chile, aunque Chile produce tres veces más que nosotros; en el
caso del oro, probablemente estamos en el segundo o tercer lugar; en el caso de la plata,
en el primer lugar; en el caso del estaño, estamos en el segundo lugar; en el caso de
plomo y zinc, estamos en el tercer lugar.
Quiere decir que no solamente se trata de la riqueza minera dirigida al cobre, como Tía
María, sino que está diversificado en todos los metales. La riqueza minera, que la
tenemos en los excepcionales andes del Perú, tiene que ser un instrumento presente y
futuro para el desarrollo de este país con una infraestructura que bien la merecemos
todos. Con la minería, nosotros podemos abrir carreteras, perforar túneles, hacer
reservorios, hidroeléctricas, puertos y tantas cosas más. Desperdiciar esa ventaja
comparativa que la naturaleza de Dios nos ha dado es un acto de torpeza, más que un
acto de ignorancia.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Cabrera.
El señor CABRERA GANOZA (GPFP).— El proyecto de Tía María debería salir adelante,
aunque entiendo que está suspendido.
He escuchado al congresista Rimarachín decir que el cono invertido que va a haber va a
generar una contaminación en materia hídrica en el valle del Tambo. No es así. Es un
grave error. No cabe una perforación ni cabe una filtración entre el valle del Tambo y la
zona minera de Tía María, ni entre la zona de Tía María y el valle del Tambo. Es como si
dijéramos que todo lo que llueve en los andes del Perú se filtra en la costa del Perú, cosa
que no ocurre. Solo se filtra a través de los valles o de los ríos.
Tiene que haber una interpretación de la geografía tal como es, no tal como quiere uno.
Si no se ejecuta el proyecto minero Tía María es una señal de retroceso para el Perú,
porque la minería puede convivir perfectamente con la agricultura, con la pesca y con
todas las actividades económicas. No tiene por qué perjudicar una a la otra, menos
30
ahora que la minería, a través de los procesos metalúrgicos y geológicos, así como las
técnicas modernas, hace trabajos de la manera más selecta, más fructífera y más
fecunda. Nosotros no podemos perder la carrera minera en el Perú; si no hacemos esa
carrera, vamos perder no solamente el futuro sino también el presente del país.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Rolando
Reátegui.
El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, me pide una interrupción el congresista
Angulo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista Angulo.
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Presidente, voy a dar lectura de dos cifras que me
parecen importantes, con respecto a lo que dijo el congresista Melgar. ¿Cuánto hemos
recibido por minería desde el 2003 al 2012? Hemos recibido 17 mil 415 millones de
dólares. ¿Cuánto se ha reinvertido? se han reinvertido 39 mil 336 millones de dólares.
Pero ¿cuánto se han llevado las empresas mineras? 74 mil 78 millones de dólares; es
decir, en casi una década las empresas mineras han quintuplicado su capital y se lo han
llevado. La minería, entonces, no contribuye al desarrollo nacional; al contrario, se están
llevando la plata. En estos últimos diez años, se prueba esa escasa contribución minera
cuando examinamos el monto del Presupuesto General de la República. ¿Cuánto aporta
en impuestos la minería?
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Continúe, congresista Reátegui.
El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Me pide también una interrupción el congresista
Neyra.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista Neyra.
El señor NEYRA OLAYCHEA (GPFP).— Presidente, estoy totalmente de acuerdo con mi
colega Ricardo Cabrera. Es necesaria la complementariedad. El tema de fondo no son las
contradicciones, sino las soluciones para el equilibrio en todas las actividades y cadenas
económicas.
Se ha comentado con el Ministerio de la Producción sobre el Plan de Diversificación. Hay
un problema. ¿Cómo es posible que la industria metal mecánica vinculada al cobre no
pueda adquirir el cobre que se explota en nuestro país? Las fundiciones y todo lo
relacionado con el cobre y sus aleaciones para obtener el bronce tienen que importar el
cobre; es decir, tenemos que importarlo porque no tenemos acceso. Ni una tonelada ni
mil toneladas de cobre pueden ser vendidas en el Perú. Entonces, hay que ir más allá de
los discursos y de las contradicciones. Considero que tranquilamente pueden convivir
todas las actividades económicas.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Después de las dos interrupciones, puede
iniciar su intervención el congresista Reátegui.
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El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidente, no es la primera vez que hay una
huelga en la provincia de Islay, específicamente en el distrito de Cocachacra. No es la
primera vez que este pueblo protesta contra la minería. No protesta por el simple hecho
de protestar, no son 40 días por una situación en la cual quisieran estar ellos. Protestan
por una situación que han percibido: falta de diálogo. Ahora quieren dialogar, pero ¿qué
hicieron antes para no dialogar? Es también una responsabilidad de la empresa minera
que sucesivamente ha engañado a un pueblo, unido a un discurso radical de un
presidente que dijo “agua sí, oro no”. Estas son las consecuencias de no haber llegado a
toda una comunidad, a todo un pueblo, para dialogar.
Si ellos quieren agricultura hay que darles agricultura, porque es la decisión de un
pueblo, es la decisión de una comunidad. No se puede forzar a toda una comunidad, a
un pueblo, imponiéndoles un proyecto que no están de acuerdo ellos. Por eso yo les digo
que no es la primera vez que hacen huelga estos pobladores.
También es el descuido del Gobierno que no quiere entender cuáles son las verdaderas
razones en la cual tenemos que poner paz, tranquilidad y orden en este país. La bancada
de Fuerza Popular dice siempre que vamos a estar con la comunidad, siempre vamos a
estar con el pueblo, pero tampoco nos pueden endilgar, generalizando, que somos tan
igual que los genes pervertidos de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru) que solo buscan violencia, que solo buscan muertos, que
solo buscan más contradicción y en esa contradicción buscan la violencia para tener
rédito político. En eso estamos en contra. Queremos que el Perú sea un país civilizado
que tenga que aprender a dialogar, a conversar; pero, por encima de todo, está la
decisión de un pueblo al que no se le puede aplastar por la debilidad de una empresa y
de este Gobierno que no sabe conversar con el pueblo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Medina.
El señor MEDINA ORTIZ (GPFP).— Me pide una interrupción el congresista Melgar; y,
otra interrupción el congresista Guevara.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la primera interrupción el congresista
Melgar.
El señor MELGAR VALDEZ (GPFP).— Presidente, es cierto que en minerales somos un país
destacado; aunque hay que recordar que en agricultura también somos un país
destacado ahora: somos los primeros productores de espárragos en el mundo; somos
grandes productores en uva y de palta Hass. Entonces, también tenemos que reconocer
los grandes esfuerzos que hacen los agricultores en esta actividad que da ocupación a
una gran cantidad de mano de obra.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— La segunda interrupción es para el
congresista Guevara.
El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Presidente, en un minuto no se pueden decir
muchas cosas; seré breve.
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Existe una transformación que se llama metamorfosis. En el discurso de diversas
bancadas, prácticamente se está produciendo una metamorfosis. Espero que esa
metamorfosis no sea simplemente porque estamos próximos a las elecciones generales
del 2016. Las bancadas que, en su momento, denostaron al pueblo de Cajamarca
diciendo que éramos antimineros, antiinversionistas, hoy en día dicen: “qué viva la
agricultura”.
Presidente, que el pueblo peruano tenga bien claro que no se va a dejar engañar con esa
metamorfosis. En su momento, ellos apoyaron de manera irracional a la minería, pero
hoy quieren trasladarse a la agricultura. No, Presidente. El pueblo no es tonto y está
vigilante. Y los pobladores no son terroristas, solamente luchan por la vida y en defensa
del agua.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Luego de las dos interrupciones, puede
iniciar su intervención, congresista Medina.
El señor MEDINA ORTIZ (GPFP).— Presidente, esta discusión es saludable para nuestra
democracia, para la participación política y ciudadana de nuestros compañeros que están
el valle de Islay.
La empresa minera Sourthen tiene responsabilidades. Voy a contextualizar. Tenemos en
Apurímac el proyecto minero Las Bambas por 10 mil millones de dólares; en Arequipa, el
proyecto minero Tía María es por 1 mil 400 millones de dólares. Tenemos el proyecto Los
Chancas, en el distrito de Tapayrihua, Apurímac, y hace 17 años la empresa minera
Sourthen no se pone de acuerdo con las comunidades de esta zona. En el proyecto
minero Las Bambas, sí.
¿Cuál es el problema? El problema es el antecedente institucional de la empresa minera
Sourthen. ¿Se puede imponer un proyecto minero con muertos, con heridos, con
enfrentamiento, a un pueblo ciento por ciento agricultor?
Tenemos que afirmar aquí nuestros principios políticos y nuestro principio ideológico.
Aquí nadie se acomoda a la derecha ni a la izquierda, porque estamos defendiendo al
pueblo. Mi bancada está tomando en cuenta la protesta colectiva del pueblo de
Cocachacra alrededor del proyecto minero Tía María, en Arequipa.
Es importante señalar que, en la actual coyuntura, no se puede imponer un proyecto por
la fuerza. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones, las participaciones y las
intervenciones para que todo acto alrededor del proyecto minero Tía María pueda
suspenderse. ¿Para qué? Para evitar más muertos, para empezar un diálogo franco,
sincero, transparente.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Medina.
El señor MEDINA ORTIZ (GPFP).— Se debe tomar en cuenta la agricultura, que es la
ocupación milenaria de muchas generaciones. Las comunidades campesinas, de
generación en generación, se han dedicado a la agricultura y han mantenido su relación
33
con la naturaleza. Su trabajo ha servido para alimentar a nuestro pueblo. En ese sentido,
como bancada de Fuerza Popular, asumimos la defensa del pueblo del valle de Islay.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Josué
Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidente, cuánto daño hacen los extremos y
retrasan el desarrollo del Perú.
Los de la extrema derecha piensan que los recursos naturales del país son de ellos. Creen
que la Policía Nacional del Perú y las instituciones armadas deben estar a su servicio,
para el logro y la conquista de sus anhelados sueños y seguir enriqueciéndose. Creen que
el Estado es ineficiente, inoperante e incompetente porque no se somete a sus intereses.
Basta de esos discursos extremistas que dañan la integridad misma del Estado y de la
democracia.
A esa gente que piensa que tiene todo a su servicio porque tiene la plata de por medio
debemos darle un mensaje sereno desde el Parlamento y decirle que nosotros estamos
aquí para legislar, para proponer, para representar intereses comunes del pueblo en su
conjunto, aun cuando eso implique reconocer que necesitamos atraer inversiones para
salir adelante, generando mayores oportunidades de empleo y de trabajo.
En el otro extremo, la extrema izquierda cree que puede hacer lo que le da la gana so
pretexto de defender a las poblaciones. Aquí quiero hacer un paréntesis.
Pero antes me pide una interrupción el congresista Guevara por un minuto.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista Guevara.
El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Presidente, es importante y necesario que el
Congreso tenga mayor protagonismo en este tema. Yo planteo, y lo voy a discutir en mi
bancada para hacerlo de manera institucional, que, en primer lugar, la señora ministra
de Energía y Minas concurra al Pleno del Congreso de la República para explicar qué
está sucediendo con el proyecto minero Tía María desde el punto de vista técnico; y, en
segundo lugar, que el Congreso de la República conforme una comisión multipartidaria
para evaluar de manera seria, responsable y técnica lo que viene ocurriendo con ese
proyecto minero. Es importante actuar de manera responsable, no actuar simplemente
como un mono o mona con metralleta.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene también la interrupción la congresista
Natalie Condori.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidente, ya hay una moción que esperamos
que sea puesta en consideración hoy en el Pleno para que concurra la ministra del sector
Energía y Minas con la finalidad de que dé las explicaciones del trabajo que viene
realizando. ¿Qué Gobierno le dio precisamente los contratos de estabilidad tributaria a la
empresa minera Southern Perú que hoy está en cuestión? ¿Por qué no se fiscalizó en su
momento? ¿Por qué hemos esperado tantos años? Por ejemplo, en el caso de Tacna, se
ha esperado más de 50 años, incluso ya desapareció todo un valle completo, como es el
34
valle de Cinto. Tenemos que analizar todos esos efectos, y creo que el momento preciso
es ahora. ¿Queremos inversiones? Sí, pero hay que buscar el equilibrio, el punto medio,
como dijo el congresista Gutiérrez. Si queremos inversiones equilibradas con respecto al
medio ambiente no lleguemos a los extremismos.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Luego de las dos interrupciones, puede
continuar, congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Conozco la realidad de Arequipa y esto me
circunscribe a felicitarnos todos. Cuánto se ha bregado y se ha luchado para que la
agricultura sea boyante hoy en día. Recuerdo que hace pocos años el jornal de un
jornalero era de 10 a 20 soles, por lo que su situación económica era precaria.
Hoy, en cambio, el jornal es de 80 a 150 soles por día en Arequipa. Esa agricultura, que
ha crecido y que es exportadora y generadora de puestos de trabajo, dentro de una
economía sólida y renovable, tenemos que fomentarla, respaldarla, cuidarla y defenderla.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Cuando ese mensaje se traslada a los
agricultores de Arequipa, sí cala porque ¿quién no va a defender sus campos frente a la
amenaza de otro tipo de acciones o de actividades extractivas?
Acá pueden convivir las dos actividades, la agricultura y la minería. Por eso, repito, no se
puede imponer por la fuerza determinada actividad, porque caemos en el juego de los de
la extrema izquierda, que quieren generar costos sociales. A estos radicales no les interesa
cuántos muertos y heridos puede haber, porque de la sangre y del dolor hacen su
estandarte y flamean su bandera, así se hacen más famosos ellos y así quieren predicar.
Con el cuento del hambre y de la miseria quieren hacer su logro político, y eso sí es
condenable.
Nosotros exhortamos a todas las organizaciones sociales y a las fuerzas políticas a
deponer actitudes extremas y a sentarnos para dialogar. Yo estoy seguro de que con la
herramienta del diálogo vamos a llegar a las soluciones.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Si tiene que posponerse algunos meses el
proyecto minero para lograr entendimientos sólidos de una convivencia entre la política
extractiva en minería y la agricultura, la ganadería y otras actividades, entonces podemos
decir que hemos tenido un logro importante. Pero se necesita involucrar a la clase
política. No se pongan de costado, tampoco de oídos sordos ni ciegos. Pongámonos a
trabajar por el bien común porque eso es lo que les daremos como heredad a las futuras
generaciones. En consecuencia, hay que condenar la violencia, venga de donde venga,
de la extrema derecha o de la extrema izquierda.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Elías.
35
El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente, me pide las dos interrupciones el
congresista Julio Gagó.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Haga uso de las dos interrupciones,
congresista Gagó.
El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Presidente, esta mañana he escuchado hablar a todos
los congresistas sobre lo ocurrido en Arequipa, hecho que preocupa a todos los
legisladores. Sabemos que ha habido un diálogo totalmente frustrado. Eso merece un
análisis. Ya sabemos lo que ha pasado con el proyecto minero Conga, en Cajamarca,
también sabemos lo que ha pasado hoy con el proyecto minero Tía María.
Me pregunto si el actual Gobierno tiene la capacidad para sostener un diálogo. Creo que
ha quedado demostrado que el Gobierno, con sus ministros y sus primeros ministros, en
el caso Conga, en Cajamarca, no ha podido llegar a concretar un diálogo correcto. Hoy
en día, el Gobierno también demuestra que, en el caso Tía María, en Arequipa, no puede
sostener un diálogo; es más, ni siquiera lo dejan hablar.
La gran pregunta es: ¿Vamos a perder a los inversionistas mineros en el país? ¿El Perú no
va a crecer en este sector que lo necesita más hoy en día? ¿Qué es lo que tenemos que
hacer? ¿Qué prometió el presidente Ollanta Humala en campaña? Fue a Cajamarca y
prometió. Fue, como dijo bien el congresista Justiniano Apaza, a Arequipa y prometió que
él mismo iba a ver la agricultura frente a la minería.
Yo creo que el diálogo tiene que ser presidido por el presidente Ollanta Humala. Si él le
prometió a esos pueblos, entonces tiene que acudir a ese diálogo él, como máximo
representante del país, elegido con una votación mayoritaria en Arequipa y en
Cajamarca.
¿Por qué el Presidente de la República no va a ese diálogo? ¿Por qué no va con sus
ministros? ¿Por qué no dice que se equivocó al hablar? ¿Acaso no va a tener credibilidad
de los agricultores y de los dirigentes? Por supuesto que sí.
Me dirijo a la bancada oficialista para que le pida al presidente Ollanta Humala que
encabece el diálogo.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Luego de las dos interrupciones, puede
iniciar su intervención, congresista Elías.
El señor ELÍAS ÁVALOS (GPFP).— Presidente, saludo a los trabajadores del Perú con
motivo de celebrarse mañana, 1 de mayo, el Día del Trabajo. Es un día de todos
nosotros, los trabajadores.
Presidente, hay un dicho que dice, y también lo escuché acá: “que las aguas se calmen”.
Ese dicho no puede ser usado en Ica porque en Ica no hay agua, se está secando la
laguna de Huacachina; y a los ríos de Huancavelica que alimentan de agua a Ica les falta
inversión y dinero del Estado peruano para mejorarlos.
36
Los dictámenes de la Comisión de Salud no se están viendo en este Pleno. Estamos
quedando mal porque no se agendan. Y si están agendados, no se discuten.
Entre los dictámenes está uno que modifica la Ley del Trabajo de las Enfermeras. Se trata
del Proyecto de Ley 35 del año 2011. Aprovecho esta oportunidad para saludar a las
enfermeras, con motivo de celebrarse el 12 de mayo del 2015 el Día Internacional de las
Enfermeras. Ayer estuvimos reunidos, en la Comisión de Salud, con dos ministros, dos
viceministros y con la Digemid, para ver el precio de los medicamentos. Sin lugar a
dudas, este tema le compete al gobierno nacional, que debe comprar las medicinas que
faltan en las Fuerzas Policiales, en el Ejército, en la Marina, en los hospitales; estas
instituciones deben tener su dotación correspondiente; también falta mucho en los
distritos, provincias y regiones.
La Comisión de Salud, con su presidente, secretario y vicepresidente, ha solicitado a la
presidenta del Congreso que disponga que la primera semana de junio sea de
representación. ¿Por qué? Porque estamos realizando en la ciudad de Paracas, de la
provincia de Pisco, del departamento de Ica, el primer Congreso de Comisiones de Salud
de los Parlamentos de todo América. Va a venir mucha gente. Hemos tenido reuniones
con la ministra de Relaciones Exteriores, también hemos enviado documentos al ministro
del Interior para la seguridad correspondiente y, obviamente, además de los congresistas
Cabrera Ganoza, Anita Jara y Anicama Ñañez, que son del departamento de Ica.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Coa.
El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente, me solicita una interrupción el congresista
Huaire.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Puede interrumpir el congresista Casio
Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidente, yo sé que sobre el proyecto minero
Tía María, que es de mucha importancia en el Parlamento, debemos tener nuestro punto
de vista. Sin embargo, consideramos que la solución no solo está en el Congreso sino
también en el Ejecutivo. Sabemos que el diálogo es el primer paso que tenemos que dar.
Asimismo, el diálogo debe estar enfocado en la solución de los problemas más críticos de
la población en sí; es decir, de las necesidades que tiene ella.
Muchos colegas han comentado que gracias a la minería podemos tener carreteras,
mejores escuelas y hospitales. Sí, pero esas obras tienen que llegar, primero, a los lugares
en donde están asentadas las empresas mineras. Desde ese punto de vista, estoy seguro
de que la población va a ser la más beneficiada.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Luego de la interrupción, puede intervenir
el congresista Coa.
El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente, respecto del proyecto minero Tía María, tal
como ha sido señalado por distintos colegas congresistas, estamos frente a un caso de
altísima preocupación nacional.
37
Los nuevos contextos sociales y políticos nacionales e internacionales obligan a la clase
política y a los gobernantes a identificar nuevas estrategias y alternativas frente a este tipo
de problemas.
Creo que la clase política, para identificar alternativas de solución, dejando de lado las
miradas polarizadas y los puntos de vista diametralmente opuestos, requiere mucha
serenidad. Creo que este es el momento de las invocaciones y de las recomendaciones.
Invocamos a que no se agote el diálogo, sin premuras ni urgencias, respecto del proyecto
minero Tía María; debemos darnos los tiempos y los plazos pertinentes. Para eso debe
haber voluntad de ambas partes.
El Ejecutivo ha señalado con bastante claridad una propuesta concreta en la última
presentación del premier Cateriano: un proyecto de afianzamiento hídrico de la cuenca
del río Tambo para el mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola en Arequipa,
permitiendo, así, beneficiar a más de 53 mil productores agrarios por un monto de 224
millones de soles; esta es una propuesta concreta.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Coa.
El señor COA AGUILAR (NGP).— En esos esfuerzos, el Ejecutivo ha ido señalando
propuestas, como la modernización e intervención importante en el puerto de Matarani,
ubicado en la provincia de Islay; como el proyecto especial Majes Siguas de usos
múltiples de los recursos hídricos está en cuestión y está pendiente como un
megaproyecto de alto interés para la zona Macrosur y el Perú en general; asimismo, el
saneamiento básico en toda la provincia de Islay, particularmente en la cuenca del
Tambo; y un fondo para eventuales contingencias en temas ambientales, etcétera. Para
que estas propuestas puedan traducirse en acuerdos, hay la necesidad de que ambas
partes tengan la voluntad de dialogar, de sentarnos para escucharnos.
Cuando peligrosamente estamos llegando a un escenario, en el cual hay un punto
muerto y un escenario de diálogo de sordos, estas propuestas pueden permitir
recomendar esta invocación.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Coa.
El señor COA AGUILAR (NGP).— Creo que la historia está imponiéndole al Congreso de
la República jugar un rol protagónico en este momento. Dejemos de lado las posturas
antagonizantes, dejemos los puntos de vista divergentes de políticas partidarias.
Escuchemos a las autoridades democráticamente electas. Es decir, si va la presidenta del
Congreso, autoridad democráticamente elegida por los arequipeños, debe haber
tolerancia para escucharla, a los congresistas, al Ejecutivo y a los políticos que estamos
en la otra orilla. Debe haber tolerancia para saber interpretar en este momento el clamor
y las demandas de pueblos agrícolas, de cuencas agrarias, etcétera, a los efectos de
ponernos de acuerdo en una estrategia de convivencia de la minería y la agricultura.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra la congresista Marisol
Espinoza.
38
La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Presidente, preocupa lo que está ocurriendo en la
provincia de Islay. Las diferentes bancadas se han expresado sobre este tema. Recojo la
propuesta del congresista Yehude Simon, porque lo que necesitamos es escuchar. Este
país necesita un mediador válido, quién mejor que el Congreso, con sus representantes,
para escuchar a la población.
Quiero ratificar que la única herramienta válida en los conflictos es el diálogo y que este
diálogo tiene darse sin polarizaciones y con personas que representen a la población y
con las que ellos se sientan confiados a plantear y evaluar sus propuestas para encontrar
caminos de solución.
En un clima de violencia, de polarización, en el que está ausente la ética y la confianza y
en la que se siembran pruebas, no se puede recuperar confianza.
El Perú es un país con una vocación productiva diversa: es agrícola por excelencia y por
tradición, aunque se niegue, que viene desde la época preinca e inca. El país también
tiene una vocación minera desde la época de la Conquista y de la República, aunque
también en el incanato había ese tipo de manifestaciones.
Hoy, con una gran oportunidad de diversificación, hay vocación productiva a través del
desarrollo de la agroindustria, de la agricultura y de diferentes actividades.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que termine,
congresista Espinoza.
La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Se debe evaluar la propuesta escuchándose con un
mediador válido. Esta es una de las preocupaciones que debe estar en la agenda del
Congreso. Si no somos capaces de ganar la confianza de la población, no nos podemos
considerar sus representantes.
Algunas bancadas se han pronunciado hoy señalando la suspensión del proyecto minero
Tía María hasta que exista un mediador válido y un mecanismo de diálogo en el que las
dos partes se puedan encontrar y decir que van a buscar una solución en la que haya
confianza, con vocación de paz, sin tildar de antimineros a la población, mucho menos
calificando de terroristas a los que están peleando por su tierra y por su agua.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Termine, congresista Espinoza.
La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Tenemos la enorme responsabilidad de
escucharnos entre peruanos. Los policías son peruanos, los campesinos también; y los
inversionistas también tienen que apostar por esa minería moderna de la que siempre se
habla, mirando con sostenibilidad el desarrollo del país.
Vuelvo a señalar, tenemos la gran responsabilidad de encontrar a ese mediador; y se
debe negociar con responsabilidad, con mucha equidad y, sobre todo, con la vocación
de encontrar una respuesta que satisfaga al país eliminando el clima de violencia.
Rechazado el dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera y puesto en debate el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos,
39
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que recomienda la aprobación del
Proyecto de Ley 3941/2014-PE, con texto sustitutorio, por el cual se propone la Ley de
promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible, se
pasa a un cuarto intermedio, a pedido del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Iniciamos la agenda de la presente sesión
con el siguiente tema, cuya sumilla dará lectura el señor Relator.
El RELATOR da lectura:
Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, que propone la aprobación del Proyecto de Ley 3941/2014-PE, con texto
sustitutorio, por el que se propone la promoción de las inversiones para el crecimiento
económico y de desarrollo sostenible de las zonas de mayor exclusión social. *
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— En la sesión del 26 de noviembre del 2014,
se inicia el debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía, Banca,
Finanzas e Inteligencia Tributaria, recaído en el Proyecto de Ley 3941/2014-PE, enviado
con carácter de urgencia, por el que se propone la Ley de promoción de las inversiones
para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión
social.
En la sesión del 11 de diciembre de 2014, se aprueba la cuestión previa para que el
proyecto retorne a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos,
Ambiente y Ecología, la que con fecha 9 de abril de 2015 presenta su dictamen.
La Junta de Portavoces, con fecha 13 de abril del 2015, acuerda la exoneración del
plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecología y la ampliación de la agenda.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, el congresista Pariona Galindo, hasta por diez
minutos, para que sustente dicho dictamen.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidente, el predictamen de la Comisión de
Pueblos Andinos, recaído en el Proyecto de Ley 3941/2014-PE, propone la Ley de
promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible.
Quiero recordar al Pleno del Congreso que la iniciativa del Poder Ejecutivo fue debatida
en más de una sesión con textos propuestos tanto por la Comisión de Economía como
por el presidente de la Comisión de Economía.
En vista de que la iniciativa primigenia versa sobre temas ambientales y de
procedimientos que podrían afectar los derechos de los pueblos indígenas, el Pleno del
Congreso, el 12 de diciembre de 2014, aprueba, como cuestión previa, que el proyecto
de ley regrese a la Comisión de Pueblos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, para que pueda pronunciarse.
40
Durante el receso parlamentario, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecología realiza más de ocho mesas técnicas con la presencia
de los funcionarios de distintos ministerios competentes en la materia que trata el proyecto
de ley, además de los representantes de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones
ambientales y especialistas, sin dejar de lado la participación de algunos asesores que
nos acompañaron en el proceso de análisis de los temas que les preocuparon a algunos
congresistas. En dicha reunión, se llega la siguiente conclusión:
En las disposiciones generales del título I del proyecto, se ha eliminado del título de la ley
y de su objeto la frase “en las zonas de mayor inclusión social”, debido a que las
disposiciones contenidas en la fórmula legal son de aplicación para el desarrollo de los
proyectos de inversión en todo el país.
Se ha precisado en el artículo 2, ámbito de aplicación, señalando que el alcance es
aplicable a los proyectos de inversión pública, privada, pública privada o de capital
mixto.
Se ha cambiado la denominación “certificación ambiental integrada”, por “certificación
ambiental global”, dado que el proceso solo busca acumular autorizaciones, permisos y
licencias, en un mismo procedimiento administrativo, al estudio ambiental que agilice los
plazos y evite duplicidades administrativas, mientras que el término “integrada” sugiere
que se está hablando de la totalidad de los títulos habilitantes.
La certificación ambiental global, en la medida en que se trata de cambios en la gestión
administrativa y no implica modificaciones de competencias o reducciones de estándares
socioambientales, no conlleva a tipo de riesgo alguno en el debilitamiento del sistema.
Considerando que existen proyectos de inversión que no requieren de la totalidad de los
títulos habilitantes, previstos en la fórmula legal, para no generar confusión, se ha
precisado que se acumularán a la certificación ambiental global aquellos que
correspondan a la naturaleza del proyecto.
Se precisa que la inclusión de nuevos títulos habilitantes será respecto de aquellos de
carácter ambiental para evitar que se incluyan otros procedimientos de categoría distinta.
Considerando que el plazo de 150 días para la aprobación del estudio ambiental y títulos
habilitantes podría resultar insuficiente, se establece que, por excepción, se podrá ampliar
al plazo en 30 días hábiles cuando la complejidad o envergadura del proyecto de
inversión así lo justifique.
Igualmente, para la emisión del informe técnico de los títulos habilitantes, el plazo podrá
extenderse en 20 días hábiles de acuerdo con la complejidad del proyecto de inversión
que deberá ser debidamente justificado e informado dentro del plazo al Senace. Esta
ampliación se encuentra dentro del plazo de los 150 días hábiles.
Dentro del plazo de 150 días para la revisión del estudio ambiental y la excepción de la
certificación ambiental global, se dispone que se realicen los mecanismos de
participación ciudadana correspondientes a la etapa de revisión y evaluación del estudio
de impacto ambiental.
41
Para el caso de los títulos de los proyectos de inversión, los plazos que rigen para la
subsanación de las observaciones son las aplicables a las disposiciones específicas
exigibles a dicha materia.
Se ha eliminado la disposición 12.4 de la fórmula legal del proyecto de ley que establecía
que los títulos habilitantes se podrían tramitar de manera independiente, a solicitud del
administrado, cuando no se haya emitido la certificación ambiental global. Esta
eliminación busca fortalecer únicamente el proceso de ventanilla única del Senace.
Se establece también que la obtención de la certificación ambiental global no libera al
administrado del trámite de otras licencias, autorizaciones o permisos que resulten
exigibles al proyecto de inversión de acuerdo con las disposiciones legales y especiales.
Respecto de la servidumbre y con el propósito de que el procedimiento para el
otorgamiento de una servidumbre sobre un terreno eriazo de propiedad estatal no afecte
los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y nativas, se
incorporan dos artículos:
El artículo 28.° exonera a la selva del procedimiento de otorgamiento de servidumbres;
no son aplicables para la zona de la selva, a excepción de los proyectos de inversión en
generación, trasmisión y distribución de energías eléctricas, en vista de que en la selva el
abastecimiento de electricidad es aún deficiente y necesitamos mejorar el acceso de la
población a este servicio básico.
El artículo 29.° pone una condición para el otorgamiento de servidumbres; además
señala que los terrenos eriazos no sean de propiedad de particulares. También se
consideran los terrenos que estén en posesión de las comunidades campesinas y nativas;
es decir, aun cuando estas comunidades no tienen título de propiedad, porque es una
deuda histórica del Estado, se garantizan sus derechos a la posesión y a una futura
titulación; por lo tanto, los terrenos que están en posesión de estas comunidades no
podrán ser considerados como propiedad estatal.
Como la definición de tierras eriazas causa confusión a partir de su misma identificación
en el campo, para evitar que el capítulo de servidumbres genere contradicciones o
ambigüedades, se establece la definición de tierras eriazas.
Podemos decir que la expropiación de inmuebles contiene dos elementos. Uno,
sustancial, regulado por el artículo 70.° de la Constitución Política del Perú que establece
que la expropiación puede darse por causa de seguridad nacional o necesidad pública
declarada por ley y previo pago en efectivo de una indemnización justipreciada. Y el otro
elemento es procedimental, contenido en la Ley 27117, Ley General de Expropiaciones, y
en la Ley 30025.
La Ley 30025, en su quinta disposición complementaria final, autoriza la expropiación de
diversos bienes para la ejecución de proyectos de inversión declarados de necesidad
pública y de interés nacional; así se está cumpliendo el precepto constitucional que
señala que solo por ley se puede expropiar. El elemento procedimental se encuentra
establecido inicialmente en la Ley 27117 y, posteriormente, en la Ley 30025. La Ley
27117 contemplaba, dentro del procedimiento expropiatorio, la emisión de una
42
resolución suprema para dar inicio a la expropiación. Posteriormente, con la Ley 30025,
se regula que esta se inicia con la emisión de una resolución ministerial que apruebe,
entre otros, el valor de tasación y contenga la identificación de sujeto activo y pasivo, así
como del bien a ser expropiado.
En ese contexto, el dictamen no modifica el nivel de la norma que debe emitirse dentro
del procedimiento expropiatorio contemplado en la Ley 30025; únicamente se limita a
regular un procedimiento más expeditivo al que existe actualmente a través de la
resolución de plazos, simplificación de etapas, etcétera, siendo su propósito tener un
procedimiento más ágil para la obtención de bienes inmuebles que resulten necesarios
para ejecutar los proyectos de inversión.
Respecto de los equipos especializados en el seguimiento de la inversión, debemos
señalar que, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico, diversos gobiernos
han implementado medidas que agilicen y faciliten la ejecución de proyectos de inversión
de gran envergadura e impacto económico, siendo uno de ellos la creación de equipos o
entidades de más alto nivel gubernamental.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional para que continúe,
congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— En esa misma línea, en el Perú, desde el año
2013, mediante Decreto Supremo 104-2013-EF, se creó el Equipo especializado de
seguimiento de la inversión en el Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de
agilizar y facilitar la ejecución de la inversión pública, privada, pública y privada en el
país. Posteriormente, se faculta para que pueda realizarse requerimientos de información
a las entidades públicas.
La propuesta del texto sustitutorio busca adecuar la estructura de dicho equipo en la
modalidad de proyectos especiales dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta definición se encuentra amparada en lo dispuesto por la Ley 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo que establece la posibilidad de conformar proyectos especiales en el
ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo.
Dicha propuesta se enmarca en la norma legal vigente y no se le exonera en forma
alguna de los controles y responsabilidades inherentes a la función pública a cargo de las
entidades del Estado. Los proyectos especiales que vienen funcionando en el Poder
Ejecutivo son el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y
Mantaro, ProVraem, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego, así como el
Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios, en el ámbito de la Presidencia del
Consejo de Ministros.
Debe entenderse, igualmente, que la obtención de estos permisos por parte de los que
presentan proyectos de inversión consiste en efectuar las coordinaciones con las entidades
competentes, a fin de evitar retrasos y demoras innecesarias en la ejecución de los
proyectos de inversión, sin afectar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos
establecidos para la obtención de dichos permisos ni sustituyendo a las entidades que
otorgan dichos permisos.
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El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional, congresista
Pariona, para que continúe.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Por otro lado, la expresión “cualquier acción” no
puede tener una lectura aislada, sino que debe entenderse en el contexto de la función
asignada al equipo, a fin de asegurar que el Estado realice todos los esfuerzos necesarios
para cumplir con los plazos y para solucionar las trabas que se generen en el transcurso
de los trámites requeridos para la ejecución de los proyectos de inversión.
La consulta previa está considerada en la décima disposición complementaria final del
presente dictamen.
Se ha suprimido la octava disposición complementaria final del proyecto de ley, que
dispone la implementación de acciones en el marco de la Junta de Gobernadores del
Banco Mundial de Fondos Monetarios Internacional en el año 2015, debido a que esa
disposición ya fue aprobada por el Pleno del Congreso con la Ley 30306, publicada el
11 de marzo de 2015.
Se ha suprimido también la octava disposición complementaria transitoria del Decreto
Legislativo 1127 sobre la utilización de explosivos de uso civil, debido a que el citado
dispositivo ha sido derogado por la Ley 30299, Ley de armas de fuego, municiones,
explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, publicado en 22
de enero de 2015.
Presidenta, antes de finalizar esta sustentación, quiero manifestar que este dictamen
recoge muchas de las inquietudes planteadas en el Pleno del Congreso, además de lo
trabajado por la Comisión de Economía. En estos días, se han realizado reuniones con la
Defensoría del Pueblo, con dirigentes nacionales y con los pueblos indígenas, con el
propósito de escuchar sus inquietudes y propuestas respecto al texto del proyecto. Como
presidente de esta Comisión, siempre estaré dispuesto a escuchar y recoger las
sugerencias que se puedan plantear en el Pleno.
—Asume la Presidencia la señora Esther Capuñay Quispe.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede continuar, congresista
Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Finalmente, en vista de que este dictamen recoge
muchas de las observaciones realizadas por este Pleno, y considerando que el congresista
Casio Huaire, miembro accesitario de la Comisión de Pueblos ha participado y votado a
favor de nuestro dictamen, solicito, como cuestión previa, que se consulte al Pleno si se
debatirá el texto sustitutorio de la Comisión de Economía o el texto de la Comisión de
Pueblos Andinos. Para quede clara la cuestión previa que solicito, pido que primero se
debata y se vote el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Muchas gracias, congresista Pariona.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía, el congresista Casio Huaire.
44
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, también estuve participando en las
sesiones de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología.
La voluntad del Pleno del Congreso fue clara al acordar por amplia mayoría la cuestión
previa de que el Proyecto de Ley 3491/2014-PE también sea estudiado por la Comisión
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, solicitada por las
congresistas Mendoza Frisch y Condori Jahuira. En la referida Comisión se ha debatido
con amplitud dicho proyecto de ley, con la participación de representantes de
instituciones y de diversos sectores de la sociedad civil.
Debo resaltar que, en la fórmula legal del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos,
están considerados los aportes planteados por la Comisión de Economía en su último
texto sustitutorio, presentado y debatido el 11 de diciembre de 2014; son aportes
formulados por los señores congresistas en las dos oportunidades en que se ha debatido
el dictamen en el Pleno.
Por lo expuesto, considero conveniente que el debate y la votación giren en torno al
dictamen emitido por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos,
Ambiente y Ecología.
—Reasume la Presidencia la señora Ana María Solórzano Flores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— En virtud a lo solicitado por el
presidente de la Comisión de Economía, se va a poner al voto el texto propuesto por la
Comisión de Economía, que es primera comisión. Si ese texto fuera rechazado, se
pondría en consideración del Pleno el texto propuesto por la Comisión de Pueblos
Andinos.
Pero antes tiene la palabra el congresista Casio Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, intervengo solo para hacer una
aclaración. He manifestado que como quiera que el dictamen de la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología ya ha sido debatido en esa
comisión especializada, solicito, una vez más, que tanto el debate como la votación del
proyecto de ley giren en torno al texto presentado por el presidente de la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Verónika Mendoza.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, efectivamente, como ha sido
recordado por los colegas que me han antecedido, este proyecto de ley, en un primer
momento, se pretendió aprobar apuradamente en el Pleno del Congreso el año pasado.
Felizmente, en un acto de madurez y responsabilidad, se optó por enviarlo a la Comisión
de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que era la
comisión competente especializada para profundizar sobre la materia.
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Reconocemos que en ese ámbito se abrió un proceso para recoger los aportes de los
expertos sobre el tema ambiental. Reconocemos también que en el dictamen de la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología se
recoge gran parte de estos aportes y se mejora sustancialmente el proyecto de ley
original, aunque podríamos todavía plantear algunos ajustes.
Nos preocupan las servidumbres, los derechos de vía y la localización de áreas. Porque
en ese título no se han recogido las preocupaciones y los aportes de las organizaciones
indígenas, cuyo derecho al territorio se vería afectado; es decir, se bloquearía el proceso
de titulación en curso si se aprobara tal como está el dictamen de la Comisión de Pueblos
Andinos. Voy a explicar el porqué.
Pero antes quisiera precisar que, en el marco de la Comisión de Pueblos Andinos, las
organizaciones indígenas, por iniciativa propia —porque la Comisión de Pueblos Andinos
no las invitó— se presentaron en la Comisión y pidieron un tiempo para emitir su opinión
informada. Después de haber alcanzado por escrito sus opiniones, las organizaciones
indígenas volvieron a la Comisión para sustentar su punto de vista, su preocupación, sus
sugerencias, pero no se les permitió hacer el uso de la palabra.
Quiero subrayar que en la Comisión de Pueblos Andinos no se permitió hacer uso de la
palabra a las organizaciones indígenas nacionales representativas, lo cual, a nuestro
juicio, constituye un acto antidemocrático que vulnera el Convenio 169 de la OIT, que
reconoce el derecho de participación y consulta de los pueblos indígenas.
¿Cómo se aprobó el dictamen? Sería bueno que el Pleno lo sepa. Se aprobó con el voto
de solamente seis miembros de los doce que tiene la Comisión de Pueblos Andinos; tres
de esos votos corresponden a los accesitarios, los que no tenían idea de aquello que se
estaba discutiendo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Mendoza.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, reitero, se aprobó el dictamen sin
haber escuchado siquiera a las organizaciones indígenas, sin haber recogido las
opiniones y preocupaciones de la Defensoría del Pueblo y sin haber cumplido con los
pedidos de varios congresistas, como el del congresista Nayap, el de la congresista Pérez
Tello, que seguramente también dará cuenta de ello, y el de quien habla.
¿Cuál es el problema, más allá del hecho de no haber escuchado a las organizaciones
indígenas, lo que, a mi juicio, de por sí, invalida este dictamen tal como está? ¿Cuál es el
problema de fondo? En este aspecto, el texto del proyecto de ley plantea promover y
agilizar el otorgamiento de servidumbres, derechos de vía y localización de áreas, para
proyectos de inversión, con lo cual estamos de acuerdo. Plantea, asimismo, que esto se
haga en terrenos del Estado, con lo cual también estamos de acuerdo.
El problema es que en este país hay un gravísimo déficit en materia de saneamiento físico
y legal que afecta particularmente a las comunidades campesinas y nativas, las cuales, en
su mayoría, no están tituladas. No están tituladas no porque ellas no hayan querido, no
46
porque ellas no hayan luchado, sino porque el Estado peruano ha sido indiferente
respecto...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene un minuto más, congresista
Mendoza, para que continúe.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, le rogaría que me dé el tiempo
necesario, porque este tema es sumamente grave y debe ser discutido profundamente.
La mayor parte de comunidades campesinas y nativas no están tituladas, ni siquiera
aquellas que ejercen posesión están debidamente reconocidas. El gran problema es que
nadie, en el Estado peruano, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Ministerio de Cultura, ni
los gobiernos regionales, están, en este momento, en la capacidad de decirnos cuántas
comunidades campesinas y nativas hay en el Perú, cuántas están tituladas, cuántas por
titular, cuántas ejercen posesión y qué extensión tienen ellas. En todo caso, deben darnos
esa información. Porque el grave riesgo es que, al otorgar servidumbres y derechos de vía
desde Lima, sin conocer el territorio nacional, se terminen dando esas servidumbres y
derechos de vía en territorios de las comunidades, con otro problema adicional: que se
les da quince días a las comunidades para apelar. Pregunto cómo se van a enterar las
comunidades de que se dieron servidumbres o derechos de vía en su territorio y cómo van
a proceder ellas para apelar en quince días. Eso es absolutamente arbitrario.
Lo más grave es que, en el proyecto de ley, se establece que si se otorgan servidumbres o
derechos de vía, se prohíbe que en adelante alguna entidad pública o funcionario
otorgue un nuevo derecho; es decir, si se otorgan servidumbres o derechos de vía en el
territorio de una comunidad que no está aún titulada, se le prohíbe que en adelante se
titule esa comunidad o se le bloquee el proceso de su titulación.
Se nos ha dicho aquí que se está salvaguardando a las comunidades campesinas y
nativas porque la selva peruana está siendo excluida del ámbito de aplicación de la
nueva norma. Al respecto, en primer lugar, habría que preguntar por qué se excluye a las
comunidades nativas de estos riesgos, pero no se excluye a las comunidades campesinas.
¿Las comunidades campesinas son ciudadanos de tercera categoría y los de la selva son
de segunda categoría? No es así, todos somos ciudadanos de primera categoría. ¿A qué
se debe esta diferenciación?
Tampoco se dice, y esto es sumamente grave, que en la selva peruana, el Estado ya
otorgó múltiples servidumbres y derechos de vía sin que se enteren las comunidades. Si se
aprobara este proyecto de ley, tal como está planteado ahora, se bloquearía la
posibilidad de que esas comunidades nativas no tituladas puedan titularse integralmente.
¿O se pretende, de repente, titularlas con huecos?
Por eso, nosotros habíamos solicitado en la Comisión de Pueblos Andinos que se nos
haga saber transparentemente el número de servidumbres, el número de derechos de vía,
dónde y qué extensión tienen para garantizar que no se bloquee el proceso de titulación
de las comunidades. Eso fue solicitado formalmente en la Comisión de Pueblos Andinos
por varios congresistas y esa información no se nos ha alcanzado.
Voy concluyendo.
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Está quedando pendiente de aclaración lo siguiente: cuando se dice que se excluye a la
selva del ámbito de aplicación de la nueva ley, se agrega que se exceptúan a su vez los
proyectos de generación y transmisión eléctrica. En efecto, si hablamos de algunos cables
para electrificación, podríamos estar de acuerdo con ese texto; pero cuando se dice:
“proyecto de generación eléctrica”, ¿se pretenden incluir grandes centrales hidroeléctricas
como Inambari o Paquitzapango? Pedimos que se nos precise eso.
Si se aprobara en estas condiciones el proyecto de ley, se generaría una grave
inseguridad jurídica en los territorios, lo que afectaría no solo a las comunidades, sino
también a los inversionistas; esto a su vez crearía una grave conflictividad, y de esto creo
que ya tenemos suficiente.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Mendoza, para que concluya.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, gracias. Solo 30 segundos más.
No nos oponemos al proyecto en debate, pero creemos que este aún necesita algunos
ajustes y mejoras. Por eso planteamos, como cuestión previa, que se pase a un cuarto
intermedio, para que se pueda coordinar tanto con la Defensoría del Pueblo, que tiene
una opinión informada sobre este tema, como con las organizaciones indígenas a las
cuales no se les quiso escuchar, para poder corregir y mejorar el proyecto de ley; de esta
manera evitamos promover un nuevo baguazo, porque eso es lo último que necesitamos
en este país. ¡Ya basta de muertos, ya basta de heridos, ya basta de conflictos!
Adicionalmente, en ese cuarto intermedio —ahora sí concluyo—, se nos podría alcanzar
un listado y una georeferenciación de las comunidades campesinas y nativas tituladas, de
las no tituladas y con su extensión correspondiente en este país, además un listado de
servidumbres y derechos que hayan sido otorgados previamente en la costa, sierra y selva
y, también, que se establezca un procedimiento que no puede ser de 15 días para apelar,
sino un procedimiento especial para garantizar que, si se otorga servidumbre o derecho
de vía en su territorio, puedan pedir rectificación al Estado peruano; así, se podría evitar
que se bloquee el proceso de titulación de sus territorios.
La cuestión previa planteada es pasar a un cuarto intermedio para mejorar el proyecto en
debate con la participación de las organizaciones indígenas y de la Defensoría del
Pueblo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Díaz Dios.
Pero antes tiene la palabra el congresista Pariona. ¿Cuál es su cuestión de orden,
congresista Pariona?
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, ambos presidentes de las comisiones
dictaminadoras hemos sustentado nuestros dictámenes, tanto de la Comisión de Pueblos
Andinos como de la Comisión de Economía, pero no sabemos hasta ahora cuál de los
textos sustitutorios está en debate.
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Yo he planteado, como cuestión previa, que se consulte al Pleno si se va a debatir
primero el texto de la Comisión de Pueblos Andinos o el texto la Comisión de Economía.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Javier Bedoya.
El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Presidenta, creo que se está enredando
demasiado el debate. Este proyecto se debatió el 11 de diciembre, o sea hace cuatro
meses. A iniciativa de la congresista Verónika Mendoza, que planteó, como cuestión
previa, que pase el proyecto para dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, el Pleno
acordó la cuestión previa.
Hoy en día, la Comisión de Pueblos Andinos nos trae su dictamen. Fue sustentado y al
término de su intervención, el presidente de la referida Comisión ha planteado como
cuestión previa que el Pleno acuerde debatir este dictamen, como el primero, toda vez
que contiene y recoge una serie de opiniones y alcances que contenía el dictamen de la
Comisión de Economía.
Luego, hace uso de la palabra el presidente de la Comisión de Economía que se allana al
pedido de la Comisión de Pueblos Andinos, reconociendo que este nuevo dictamen
recoge lo que contenía, en lo medular, el dictamen de la Comisión de Economía y
expresando que no tiene inconveniente en que así sea.
Aun cuando hay un allanamiento del presidente de la Comisión de Economía, su opinión
no puede sobreponerse a lo que ha dictaminado desde un primer momento la referida
Comisión de Economía, que es la primera comisión dictaminadora.
En consecuencia, es procedente ir a la consulta formulada por la presidente de la
Comisión de Pueblos Andinos para que su dictamen presentado y sustentado hoy sea el
que se vea primero.
La intervención de la congresista Verónika Mendoza contribuye a crear este desorden
porque, a pesar de los cuatro meses transcurridos, a pesar de que ella integra la
Comisión de Pueblos Andinos, no ha presentado un dictamen en minoría, lo cual es
procedente, si está en desacuerdo con el dictamen en mayoría. Intervino en la sesión,
estuvo en desacuerdo con lo que aprobó en mayoría la Comisión de Pueblos Andinos y,
en señal de protesta, se retiró de la comisión sin emitir voto alguno. Tampoco ha emitido,
a pesar de los cuatro meses, dictamen en minoría que podría reflejar y contener sus
opiniones divergentes.
En consecuencia, para ordenar el debate, creo que lo procedente es que usted,
Presidenta, sin ahondar en el fondo del tema, por el momento, consulte a la asamblea
para que lo que entre en debate sea el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, en
lo cual coinciden ambos presidentes de Comisión. Abierto el debate en torno a ese
dictamen, la señora Mendoza podrá solicitar o proponer las enmiendas, añadidos o
rectificaciones que estime conveniente.
En resumen, siendo este un tema que vino con carácter de urgencia, habiendo estado el
tema en Comisiones durante más de cuatro meses, no habiendo texto sustitutorio por
49
parte de la congresista Mendoza y pedir ahora, como segunda cuestión previa, que esto
pase para informe de una serie de entidades que, por lo demás, no son vinculantes ni
obligan, creo que significa dilatar a las calendas griegas un tema que no puede esperar.
Sugiero, para ordenar el debate, que se proceda conforme lo he sugerido.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista, por su
aporte.
Por alusión, tiene la palabra la congresista Mendoza.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, solamente quiero precisar que en
ningún momento hemos abandonado el debate. Todo el tiempo hemos estado
alcanzando nuestra opinión propia y dando cuenta de aquellas opiniones informadas de
la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones indígenas.
Confiamos de buena fe en que la Comisión de Pueblos Andinos iba a tener el tino de
escuchar a las organizaciones indígenas y a incorporar sus apreciaciones, lo que se nos
dijo que se iba a hacer, incluso en el texto sustitutorio, y que, finalmente, no se ha
cumplido.
Sobre todo quiero subrayar que se ha vulnerado el derecho a la participación de las
organizaciones indígenas, prohibiéndoseles en la Comisión de Pueblos Andinos que
puedan ejercer su derecho a participar, que puedan dar su voz, lo cual nos parece
sumamente grave. Creemos que este Pleno del Congreso debería corregir ese hecho.
Habría que recordar que este Pleno del Congreso, por unanimidad, aprobó la Ley de
consulta previa, que establece que todo proyecto de ley que pudiera afectar e impactar
derechos de pueblos indígenas debe ser previamente consultado con ellos. ¿Para qué
aprobamos leyes que luego el propio Congreso no está dispuesto a implementar? Este
Congreso estaría vulnerando sus propias leyes, estaría vulnerando el Convenio 169 de la
OIT, que autónoma y soberanamente decidió suscribir el Estado.
Ese es el tema de fondo. Por eso, es importante, para salvaguardar la institucionalidad y
la constitucionalidad, que se consulte a las organizaciones indígenas.
Planteo que esto se realice en un cuarto intermedio.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresistas, vamos a
ordenarnos un poco. Tengo una lista muy larga de oradores.
De acuerdo con lo sugerido por el congresista Bedoya, es importante que sepamos qué
vamos a debatir.
Si el presidente de la Comisión de Economía, el congresista Caso Huaire, ha dicho que
se allanaba a la propuesta del presidente de la segunda Comisión, del congresista
Pariona, perdemos el tiempo en continuar con el debate del texto de la Comisión de
Economía. Por lo tanto, tal como lo ha solicitado el presidente de la Comisión de
Economía, que el Pleno vote en rechazar el proyecto que propone dicha Comisión de
Economía, para luego empezar a debatir, según la lista de oradores, el dictamen
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planteado y sustentado por el congresista presidente de la Comisión de Pueblos Andinos,
el congresista Pariona.
Al respecto, el relator dará lectura a la parte pertinente del Reglamento del Congreso,
porque no cuestiones previas vamos a cambiar nuestro Reglamento.
El RELATOR da lectura:
“Reglamento del Congreso de la República
Reglas de debate
Artículo 55. En el debate de los asuntos contenidos en la agenda de las sesiones, se
observan las siguientes reglas:
[...]
inciso b) [...]
Si hubiese dictámenes divergentes de más de una Comisión sobre la misma o las mismas
proposiciones de ley, primero se debatirá el de la comisión que figure en primer término
en el decreto de envío.
[...].”
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por lo tanto, el Pleno
determinará si rechaza el texto del dictamen de la Comisión de Economía para poder
pasar a tratar el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos.
Registren su asistencia para computar el quorum.
—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar
el quorum.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 85
congresistas.
Se va a proceder a la votación.
Los que voten presionando el botón verde están a favor de seguir debatiendo el texto que
propone el presidente de la Comisión de Economía, el congresista Casio Huaire. Los que
voten presionando el botón rojo rechazan ese texto, para empezar el debate del texto
contenido en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos.
Reitero, los que voten presionando el botón verde es porque están de acuerdo con
continuar con el debate del texto del presidente de la Comisión de Economía. Los que
voten presionando el botón rojo es para que pasemos a debatir el texto de la Comisión
de Pueblos Andinos. Tengan en cuenta que el presidente de la Comisión de Economía, el
congresista Casio Huaire, se ha allanado para debatir el texto de la Comisión de Pueblos
Andinos.
51
Al voto el texto propuesto por el presidente de la Comisión de Economía respecto del
Proyecto de Ley 3941/2014-PE. Si este es rechazado, se debatirá el texto del Proyecto de
Ley 3941/2014-PE, propuesto por la Comisión de Pueblos Andinos.
—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.
—Efectuada la votación, se rechaza, por 60 votos en contra, 19 a favor y una abstención,
el texto propuesto por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e
Inteligencia Financiera, respecto del Proyecto de Ley 3941/2014-PE.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido rechazado el texto
propuesto por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera, respecto del proyecto de ley 3941/2014-PE.
La Presidencia deja constancia del voto en contra de los congresistas Schaefer Cuculiza,
Gagó Pérez, Acuña Peralta, Crisólogo Espejo, Valencia Quiroz, Luna Gálvez, Jara
Velásquez, Gamarra Saldívar, Reynaga Soto y Chávez Cossío, del voto a favor de los
congresistas Lescano Ancieta, Tejada Galindo y Zeballos Salinas y de la abstención del
congresista Carrillo Cavero, lo que da un total de 22 votos a favor, 70 en contra y dos
abstenciones.
En consecuencia, se pone en debate el texto propuesto por la Comisión de Pueblos
Andinos, respecto del proyecto de ley 3941/2014-PE.
Tiene el uso de la palabra la congresista Verónika Mendoza.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, intervengo para que se precise el
sentido de la cuestión previa votada. Varios congresistas han entendido que el voto era
para que se ponga en debate el dictamen, propuesto por la Comisión de Pueblos
Andinos, del proyecto de ley 3941/2014-PE; por eso, votamos presionando el botón
verde. En todo caso, esa ha sido la interpretación de varios colegas congresistas.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Cecilia Chacón.
La señora CHACÓN DE VETTORI (GPFP).— Presidenta, nosotros, en plena votación, le
pedimos a usted que diga exactamente qué se votaba, por lo que no creo que haya
habido confusión alguna de ningún congresista. Usted ya lo ha dicho dos veces. Por lo
tanto, la votación está cerrada y tenemos que pasar a tratar el otro dictamen.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Bedoya.
El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Presidenta, convengo con la congresista
Chacón. Lo que la Presidencia ha puesto al voto es el dictamen de la Comisión de
Economía y si este era desestimado —como, en efecto, así ha sido— quedaba habilitado
el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas para ser debatido, que es lo que
procede ahora.
52
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Si hay alguna duda, congresistas,
recordemos que, antes de haber procedido a la votación, se ha dado lectura a la parte
pertinente del Reglamento del Congreso en materia de reglas de debate.
Se inicia el debate del texto contenido en el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos.
Tiene la palabra su presidente, el congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, me pide una interrupción el
congresista Juan José Díaz Dios.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Díaz Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, nosotros estamos a favor de las inversiones...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Disculpe que le interrumpa,
congresista Díaz.
Pedimos que haya orden en la sala de sesiones para poder escuchar al congresista Díaz.
Adelante, congresista Díaz Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, lo que queremos trasmitir acá es una
preocupación que se puede solucionar con alguna salvaguarda. Como ustedes saben, los
terrenos de las comunidades campesinas indígenas no están tituladas respecto de la
propiedad, incluso la posesión no está formalmente reconocida. Me parece que el texto,
tal cual se está presentando, puede poner en riesgo la propiedad y la posesión de las
comunidades, sobre todo la posesión no reconocida de las comunidades indígenas y
nativas.
En este sentido, pido al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos que plantee una
solución intermedia: las salvaguardas; las que permitirán que no tengamos conflicto
nacional alguno con las comunidades. Estas, con toda razón, pueden preocuparse si se
da la ley tal cual se está presentando. No queremos más conflictos.
Pido, en todo caso, al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos que pueda evaluar
el pase a un cuarto intermedio para presentar al Pleno las salvaguardas, el punto
intermedio, que permitan favorecer las inversiones sin generarnos conflictos sociales
tremendos con las comunidades indígenas y nativas.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Luego de la primera interrupción,
puede iniciar su intervención el congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, también me pide una interrupción el
congresista Yehude Simon.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Yehude Simon.
53
El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidenta, entendemos que la votación fue unánime,
pero hubo un error. Hay muchos congresistas que queremos, justamente, que este debate
comience con el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos; entonces, solicito, por
favor, que se cambie el voto, por lo menos el mío, de color verde por el voto de color
rojo, porque estamos de acuerdo con este debate. Reitero, hubo una confusión en la
manera de interpretar su votación.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Los congresistas que deseen
cambiar su voto pueden hacerlo por escrito.
Luego de la segunda interrupción, puede iniciar su intervención el congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, he escuchado atentamente a la
congresista Verónika Mendoza y me indigna, de verdad; quiero desmentir
categóricamente.
En ningún momento yo he dejado de recibir a los hermanos de las comunidades
indígenas. El 16 de marzo tuvimos una sesión extraordinaria en el hemiciclo para tratar
única y exclusivamente el dictamen sobre el proyecto de ley 3941/2014-PE y ahí estuvo
presente la congresista Verónika Mendoza. No sé qué ha pasado que tan rápido se ha
olvidado ella.
El 22 de abril de 2015 nos hemos reunido con el señor Moisés Rondinel Castro, asesor
legal de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (Arpisc).
Estuvieron presentes también la viceministra de Interculturalidad, el viceministro de
Políticas Agrarias y dirigentes de las comunidades indígenas de otras regiones.
Presidenta, no voy a permitir que en este hemiciclo me traten como si yo hubiera estado
mintiendo a las comunidades indígenas del país. Por mis venas corre más sangre de la
selva que cualquier congresista que está presente en el hemiciclo; por lo tanto, yo voy a
seguir defendiendo los derechos de las comunidades indígenas del país.
El dictamen en debate ha sido trabajado muy cuidadosamente con los técnicos y no es mi
problema si la mencionada congresista Mendoza no ha leído el dictamen. Yo estoy de
acuerdo con pasar a un cuarto intermedio, para escuchar algunas inquietudes. Acepto,
Presidenta.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, pide la congresista
Verónika Mendoza.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, en primer lugar, quiero dejar
constancia de que mi voto, en la votación anterior, era a favor de que se empiece este
debate a partir del dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos.
En segundo lugar, enhorabuena que varios congresistas de la bancada fujimorista hayan
señalado que es necesario pasar a un cuarto intermedio para corregir aquello que está
pendiente en este dictamen y lograr la aprobación de este proyecto de ley respecto al cual
no estamos en contra.
54
En tercer lugar, quiero precisar que efectivamente en la primera sesión extraordinaria
convocada para tratar este tema, a iniciativa de las organizaciones indígenas, se les dio
la palabra y hubo un acuerdo entre las organizaciones indígenas y la Comisión de
Pueblos Andinos para que en la siguiente sesión ellas puedan alcanzar por escrito sus
preocupaciones.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional para que
termine, congresista Mendoza.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Reitero, hubo un acuerdo para que las
organizaciones indígenas pudieran sustentar verbalmente su postura en la siguiente
sesión. En esa siguiente sesión las organizaciones indígenas estuvieron presentes en la
sala de comisiones, pero los miembros de la citada Comisión —exceptuando algunos—
se negaron a que estas hicieran el uso de la palabra y pretendieron someter al voto si se
les daba o no se les daba la palabra, cuando había habido un acuerdo, tal como lo
establece el Convenio 169 de la OIT que debe ser respetado. En esa segunda sesión, no
se les dio la palabra a las organizaciones indígenas que estaban allí presentes, en virtud
de un acuerdo previo, lo que al final no se respetó.
Finalmente, quiero ratificar que es necesario pasar a un cuarto intermedio para procesar
el dictamen de la mejor manera.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— A pedido del presidente de la
Comisión de Pueblos Andinos, se abre un cuarto intermedio en esta materia.
Se considera el voto en contra de la congresista Martha Chávez en la anterior votación
del texto propuesto por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e
Inteligencia Financiera respecto del Proyecto de Ley 3941/2014-PE.
Se da cuenta y se inicia el debate del Proyecto de Ley 4465/2014-PE, del Poder Ejecutivo,
mediante el cual se propone la Ley que establece medidas para dinamizar la economía
en el año 2015
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— El siguiente tema de la agenda.
El RELATOR da lectura:
Proyecto de Ley 4465/2014-PE, con carácter de urgencia, mediante el cual se propone la
Ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015. *
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La Junta de Portavoces, con
fecha 30 de abril de 2015, acuerda la exoneración del trámite de envío a Comisión y la
ampliación de Agenda.
Se va a iniciar el debate del Proyecto de Ley 4465/2014-PE, enviado por el Poder
Ejecutivo, con carácter de urgencia.
Tiene la palabra el congresista Casio Huaire, presidente de la Comisión de Economía,
hasta por 10 minutos.
55
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, este proyecto de ley, que viene del
Ejecutivo, tiene por finalidad establecer las medidas para dinamizar la economía durante
el año 2015. Las razones de esta propuesta de reactivación se fundamentan en las
siguientes evidencias:
El entorno internacional, la economía local y las aportaciones a EsSalud y a los sistemas
previsionales son temas que sustentan el proyecto y que contienen sus motivaciones. Yo
no quiero dar mayor énfasis en ellos. Pero sí debo referirme a uno de los puntos que hace
mucho tiempo se ha venido pidiendo: la inafectación de las gratificaciones por Fiestas
Patrias y por Navidad. Al respecto, la Comisión de Economía tenía elaborado un texto de
otros proyectos de ley y solo faltaba debatirlo en el Pleno. Al margen de ello, el proyecto
de ley del Ejecutivo contiene seis artículos más el último artículo que trata de la vigencia
de la ley hasta el 31 de diciembre de 2015.
Quisiera resaltar respecto de la mayor disponibilidad temporal de los depósitos de
Compensación por Tiempo de Servicios, tomando como precedente lo establecido en el
artículo 11.° del Decreto de Urgencia 01-2014, mediante el cual se autoriza a los
trabajadores a disponer libremente del 100% del excedente de cuatro remuneraciones
brutas de los depósitos por CTS. Al respecto, el proyecto de ley en debate propone que
dicha medida sea aplicada hasta el 31 de diciembre de 2015, debido a que la
aprobación e implementación del citado decreto de urgencia liberó entre junio a
diciembre de 2014 aproximadamente 2 mil 880 millones de soles, es decir, el 0.5% del
PBI del 2014, estimándose que esta liberación de depósitos por CTS se destinó a impulsar
decisiones de consumo e inversión de los trabajadores. A enero de 2015 hay 3 mil 600
millones de cuentas de CTS en el sistema financiero, equivalente a 15 mil 827 millones
de soles.
La economía aún muestra signos de debilidad, por lo que existe un margen para apoyar a
la recuperación de la demanda interna a través de la disponibilidad de mayores recursos
para las familias. En ese sentido, tomando como antecedente lo dispuesto en el artículo
11.° del Decreto de Urgencia 01-2014, resulta pertinente continuar con una medida de
este tipo para permitir la libre disponibilidad del 100% de los excedentes de cuatro
remuneraciones brutas de los depósitos por CTS hasta el 31 de diciembre de 2015.
La siguiente medida que se propone es la prórroga de medidas excepcionales para la
actualización de la Banda de Precios de Combustibles, comprendidos en el Fondo para la
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC). A partir de
fines del año 2014, el precio internacional del petróleo ha disminuido de 76,5 dólares
por barril a 49 dólares por barril hacia la primera semana de abril de 2015, es una
reducción de aproximadamente 36%. Se espera que esta tendencia continúe debido a la
mayor producción mundial con relación al consumo mundial.
Por otro lado, la estructura del mercado de combustible al año 2014, del total de ventas
de combustibles en el país, el 46% corresponde al diésel, el 23% a gas licuado de
petróleo, el 17% a la gasolina y gasoholes y el 14% a otros combustibles. La totalidad de
la cobertura del FEPC asciende a alrededor de 42% de las ventas totales de combustible
del país e incluye a diésel para uso vehicular (32% de las ventas), GLP envasado (9% de
las ventas) y Petróleo Industrial N° 6 (0% de las ventas).
56
El mecanismo del FEPC, derivados del petróleo, consiste en una banda de precios que
opera en función de los precios de paridad que el Osinergmin publica semanalmente. Las
bandas del FEPC requieren su actualización para influir sobre los precios de venta al
consumidor de manera indirecta, modificando los precios de venta primaria más
impuestos y un margen de comercialización.
Por lo tanto, se considera que una extensión de la vigencia del Decreto de Urgencia 01-
2015, hasta el 31 de diciembre de 2015, contribuirá a generar un ahorro significativo del
orden de 1 mil 072 millones de soles en los consumidores de combustible y reducirá los
costos de producción de los agentes económicos.
Por estas razones, solicito que se sirva poner en debate el referido proyecto de ley y su
posterior votación.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se inicia el debate.
Tiene la palabra el congresista Díaz Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, este proyecto de ley del Ejecutivo, que
entendemos ha ingresado ayer, con carácter de muy urgente, demuestra que en el
Parlamento no existe el ánimo de demorar el proceso legislativo respecto de los proyectos
que envía el Ejecutivo.
Ayer, el señor ministro Segura, en una conferencia de prensa anunciaba la presentación
del proyecto de ley en debate, y de inmediato el Pleno lo tiene el jueves entre los primeros
puntos de la agenda de debate, pese a que existen otros proyectos de ley dictaminados
con anterioridad por la Comisión de Economía.
Todos los peruanos la escuchamos decir a usted, Presidenta, que como hay 400
proyectos pendientes, ya se verá cuáles proyectos ingresan y cuáles proyectos no
ingresan.
A mí me hubiera gustado que se hubiera puesto en debate los dictámenes aprobados por
la Comisión de Economía y que, en todo caso, se acumule este nuevo proyecto que
presenta el Ejecutivo.
Dicho esto, no estamos de acuerdo con la exoneración de descuentos a las
gratificaciones. No basta la sola fundamentación de que esto se dará simplemente para
repotenciar la economía. Porque no es técnicamente sostenible que una institución que
figura bajo la lógica de los seguros pretenda que en los meses de julio y diciembre se
aporte doble, como si los trabajadores en julio y en diciembre nos enfermamos el doble
de veces.
Entonces, no se pueden quedar solamente en el discurso de que se quiere redinamizar la
economía, sino que, además, vayamos al tema de fondo para que este Congreso
resuelva con la exoneración de descuentos de EsSalud a las gratificaciones no por el tema
coyuntural del frenazo económico —y que ya sabemos quiénes son los responsables—,
sino porque técnicamente no tiene lógica alguna que los trabajadores aportemos el doble
en los meses de julio y de diciembre —repito— como si nos enfermáramos dos veces.
57
Yo creo que ya pasó el tiempo suficiente para que EsSalud replantee su presupuesto
anual y que no siga cargando su ineficiencia de gestión a los trabajadores que son
aportantes.
Siendo así, pido que pueda ingresar también al debate en forma acumulada el Proyecto
de Ley 4469/2014-CR, mediante el cual básicamente ya no solicito la exoneración de
estos descuentos por solamente este año, sino que dicha exoneración sea permanente;
porque, insisto, la lógica no es que se quiera redinamizar la economía, sino que el
referido descuento a las gratificaciones no tiene sustento técnico alguno para pretender
descontarles dos veces a los trabajadores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional para que
continúe, congresista Díaz.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Ya EsSalud brindaba un pésimo servicio con catorce
aportaciones y sigue brindando un pésimo servicio en todos los hospitales a nivel
nacional con doce aportaciones.
Que EsSalud haga su cálculo y su mejor planificación a base de las doce aportaciones de
aquí en adelante para ya no estar haciendo exoneración año tras año, con el argumento
de que se trata de solamente de una medida temporal por la crisis económica que
vivimos.
Reitero mi pedido de que se acumule el Proyecto de Ley 4469-2014, por el que se pide la
exoneración del descuento de manera permanente, no temporal.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Galarreta.
El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidenta, me extrañeza que, habiéndose
entrampado, durante dos años, varios proyectos de ley sobre los temas en debate, como
el proyecto del congresista García Belaunde que trata de la inafectación de las
gratificaciones, ahora se saquen las firmas y se meta el proyecto del MEF. Menos mal que
el presidente de la Comisión de Economía ha mencionado el anterior proyecto, pero ni
siquiera se han puesto de acuerdo para sustentar ambos proyectos, tal como lo ha
señalado hace poco el congresista Díaz Dios.
Es cierto que ha habido un manejo del Ministerio de Economía para frenar el tratamiento
de estos temas en debate. Pero frente a la presión de la Comisión de Economía y de
algunos medios de comunicación, el ministro Segura presenta extrañamente un proyecto
sobre esos temas. Pregunto por qué no se sustentan los proyectos presentados por los
parlamentarios sobre esos mismos temas.
Para que la Representación Nacional tenga claro estos aspectos importantes, debo decir
que el Proyecto 985/2011-CR del congresista García Belaunde fue dictaminado cuando
yo presidía la Comisión de Economía, antes de que el MEF le quite a la oposición la
Comisión de Economía para pasársela a los aliados. ¿Y qué decía el MEF sobre los
proyectos de ley de los congresistas por los que se proponía exonerar de las aportaciones
a las gratificaciones?
58
El oficio del ministro, dirigido al nuevo presidente de la Comisión de Economía,
congresista Andrade, con relación a los tres proyectos presentados por diversos
congresistas, dice: “Por lo tanto, el Ministerio de Economía concluye, con opinión
desfavorable, que se procedan a mantener las exoneraciones de los descuentos a las
gratificaciones”.
Otro oficio, esta vez dirigido por todos los órganos del MEF al nuevo presidente de la
Comisión de Economía, congresista Tito Valle. ¿Qué dice el MEF? “Conclusión —para
no aburrirlos leo solo la parte final. Por lo tanto, la opinión del MEF es desfavorable”. Así
que esa era la opinión del MEF.
En cambio, hoy el mismo MEF sustenta en su proyecto es positivo porque va a reactivar la
economía por 1 mil 700 millones de soles, porque mejora el 0,3% del PBI. ¿Eso no lo
sabía antes el ministro Castilla y ahora el actual ministro?
Me parece que es lamentable la actitud el Ministerio de Economía que quiere manejar las
formas en el Parlamento de la República.
Yo no comparto todos los términos del proyecto en debate. Así que voy adelantando mi
posición. Le pido al presidente de la Comisión de Economía, si me escucha, que se
acumulen todos los proyectos de ley (985/2011-CR; 697/2011-CR Y 1297/2011-CR).
Si el presidente de la Comisión de Economía no acepta que la exoneración sea
permanente, pido, como cuestión previa, que se vote, primero, como artículo separado,
para que no se aplique la vigencia de la ley que establece solo hasta el año 2015,
respecto de las exoneraciones respectivas, sino que estas exoneraciones de los descuentos
sean de carácter permanente.
Aquí se ha hablado bastante de que la exoneración permanente podría tener algunos
problemas.
Hay que separar los descuentos. En el caso de las AFP, no hay mayor discusión porque va
a depender finalmente del trabajador formal que quiera abonar en su cuenta individual
sus aportaciones para tener un mayor fondo en el futuro; si quiere, pues que lo haga:
puede poner hasta el 100% de su gratificación. Pero lo que no se puede hacer es que le
estén descontando obligatoria y adicionalmente al trabajador, en esos dos meses, para
las AFP; este es un tema solo del trabajador.
En el caso del Seguro Social —aunque me consta que la funcionaria Virginia Baffigo
viene haciendo bastante esfuerzo por tener una mayor cobertura—, hay un problema del
Estado: hay filtraciones en el Seguro Social y falta presupuesto; pero, eso no puede
significar, como alguien lo ha señalado, cargarle a los trabajadores un doble pago a
cambio de un solo servicio; esto ha sido sustentado varias veces por el autor del proyecto
de ley.
Por lo tanto, la jugada del MEF, frente a la presión de la opinión pública y de los
parlamentarios, es presentar un proyecto y que este sea el que se debata para que la
exoneración sea solamente por un año; pero, el Congreso debería estar a la altura. El
presidente de la Comisión de Economía dijo ayer, ante mi pedido, que la Comisión de
59
Economía por unanimidad estaba de acuerdo con debatir el proyecto de ley del
congresista García Belaunde que habla de una exoneración permanente. Entiendo que
después de haber dicho eso ayer el presidente de la Comisión de Economía hoy no va a
tener problema alguno en hacer suyo la sugerencia que estamos haciendo en el debate:
primero, por un poco de decencia, no del presidente de la Comisión de Economía, sino
de cómo el Gobierno quiere manejar al Parlamento para que no debatamos todos los
proyectos. Es inaceptable que los proyectos de los parlamentarios estén guardados hace
dos años y que se empiece debatiendo el proyecto del Ejecutivo.
Como lo importante para nosotros es el trabajador, no importa: vamos a aceptar esa
falta de ética del Gobierno de haber metido su proyecto antes de tratar los proyectos de
los congresistas que tienen más de dos años de presentados.
Pero sí le pido al presidente de la Comisión de Economía que haga suya la sugerencia de
que la exoneración sea permanente. Si no es así, insisto, como cuestión previa, que se
vote por separado el tema de la permanencia.
Por lo demás, en el caso de la CTS, ahora el MEF entiende que hay que liberar un poco
de liquidez, lo cual me parece positivo.
El tema fundamental de la permanente exoneración de descuentos a las gratificaciones
tiene que verse y votarse hoy. Ese es el acuerdo unanimidad de la Comisión de
Economía; espero que el presidente de la Comisión nos ayude a respetar dicho acuerdo.
—Reasume la Presidencia la señora Esther Capuñay Quispe.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.
Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía, congresista Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, lo que ha manifestado el
congresista Luis Galarreta es perfecto; porque hemos acordado ayer que sea así. Sin
embargo, referente a la inafectación de descuentos a las gratificaciones, nosotros somos
la segunda comisión dictaminadora; en todo caso, hay un dictamen de la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social que debe ser tratado en primer lugar. Consideramos que se
debata este tema viendo también qué podría pasar más adelante, ya que el Seguro
Social, que cuenta con estos ingresos, es también parte del Estado. En suma, creo que
hay que evaluar bien el proyecto.
La primera ley que estableció la exoneración de los descuentos a las gratificaciones fue
dada en el 2009, época en que se presentó la crisis, y tuvo una vigencia hasta el año
2011. Luego fue prorrogada hasta el año 2014 y ahora se está proponiendo prorrogarla
nuevamente hasta el 2015. Sin embargo, esto requiere mayor análisis, por lo que el
debate debe ser más amplio.
Me pide una interrupción el congresista Luis Galarreta.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista
Galarreta.
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El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidenta, con todo respeto, no sé si ya
estamos debatiendo con el presidente de la Comisión de Economía. Pensé que primero
iban a hablar todos los parlamentarios y que después el presidente de la Comisión de
Economía iba a asumir qué es lo que va a aceptar.
Eso de que se necesita mucho análisis no es tal. Le voy a repetir, con todo aprecio al
presidente de la Comisión de Economía, que hace dos años que se han presentado
diversos proyectos de ley sobre la materia y el Ejecutivo se puso en contra de la
exoneración de los descuentos a las gratificaciones con dos informes. ¿Ahora presenta el
Ejecutivo su proyecto para que sí se exonere? Entiendo que ya lo analizó suficiente.
¿Cuál es el argumento de que no se puede exonerar de manera permanente lo que sí se
puede exonerar por un año, si es el mismo principio porque no se trata solamente de
plazos? Quisiera que primero se escuche a los demás parlamentarios; luego, espero que
el presidente de la Comisión de Economía recoja nuestras propuestas y también defienda
el fuero parlamentario.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Luego de la interrupción, puede
continuar el congresista Casio Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, no sé si ya empezó el debate. Si
ya se inició, estamos recogiendo las iniciativas y, al final, probablemente se va a
determinar lo que se acepta.
Vuelvo a decir que primero se debe considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo,
que es la comisión principal.
Eso quería dejar aclarado.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene la palabra el congresista
Ramírez.
El señor RAMÍREZ GAMARRA (GPFP).— Presidenta, quiero referirme a los acuerdos de la
Comisión de Economía que se aprobaron por unanimidad ayer para ver hoy los proyectos
de ley que tienen que ver con el descuento a las bonificaciones de los trabajadores.
Como siempre, este Gobierno espera la última hora para apagar incendios. ¿Por qué
sucede esto? Porque yo, particularmente, presenté el proyecto de ley 3256/2013-CR el
12 de marzo de 2014, que tiene que ver con la reducción de las CTS. Este proyecto de
ley tiene dictamen favorable en la Comisión de Trabajo del período de sesiones 2013-
2014 y aún está pendiente de dictamen en la Comisión de Economía. Por eso, pido la
acumulación del proyecto de ley 3256/2013-CR al proyecto de ley 4465 que se está
discutiendo hoy. Reitero, mi proyecto tiene que ver directamente con la reducción y la
disponibilidad de seis a cuatro remuneraciones brutas de las CTS.
Presidenta, me pide dos interrupciones el congresista Gagó.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Las dos interrupciones son para el
congresista Gagó.
61
El señor GAGÓ PÉREZ (GPFP).— Presidenta, en la misma línea del congresista Galarreta,
debo señalar que ya se ha presentado un proyecto por los congresistas similar al proyecto
que estamos discutiendo ahora del Ejecutivo, sobre la exoneración de los descuentos de
las gratificaciones y sobre la CTS. Dicho proyecto se vio en la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social en el año 2012. Han pasado tres años y este Gobierno no ha dicho
nada. Recién, a raíz de que el premier viene a pedir el voto de confianza y que acá los
parlamentarios hemos exigido que se trate este proyecto congresal, nos presentan el
proyecto en debate sin decir nada respecto del proyecto congresal aprobado en la
referida Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Eso no puede ser.
Lo que estamos pidiendo en este debate, y así debe ser, es que la exoneración sea
permanente, no temporal. Este planteamiento lo hemos realizado desde hace más de tres
o cuatro años atrás.
¿Cuál es la parte técnica para decir que no debe ser permanente? Ha habido dos
informes del Ministerio de Economía con opinión en contra de la propuesta congresal,
pero no tiene sustento alguno. Por ejemplo, los señores congresistas no usamos el servicio
de EsSalud. También hay muchos otros que aportan y no usan el servicio de EsSalud. Por
lo tanto, hay suficiente dinero en EsSalud.
Pensemos que la exoneración de los descuentos a las gratificaciones debe ser
permanente, más aún si el proyecto del Ejecutivo señala que tal medida de exoneración
inyecta al año 2015 la suma de 1 mil 700 millones, equivalente al 0.3% del PBI. Si esto
es así, pues con mayor razón la exoneración debe ser permanente. Esto es lo que necesita
justamente hoy el país para seguir manteniendo el crecimiento y para que haya dinero en
el bolsillo de todos los peruanos.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Ramírez.
El señor RAMÍREZ GAMARRA (GPFP).— Presidenta, con la finalidad de que esta
propuesta contribuya a incentivar el crecimiento económico, como una política
contracíclica, el cual inserta más de 2 mil 500 millones de soles a la economía, pido que
se acumule el proyecto de ley 3256/2013-CR al proyecto de ley 4465/2014-PE.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene la palabra el congresista
Reátegui.
El señor REÁTEGUI FLORES (GPFP).— Presidenta, quiero decirle que la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social ha sido puenteada totalmente en el tratamiento del proyecto
de ley del Ejecutivo, pese a que hace más de dos años, aproximadamente el 21 de
agosto del 2012, está en el Orden del Día el proyecto congresal aprobado en la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Lo único que ha hecho este Gobierno es copiar
el proyecto congresal; eso es lo que hizo. Deberíamos demandarlo, porque, además,
como bien lo ha explicado el congresista Galarreta, el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Economía dijeron nones. ¿Cómo es que de la noche a la mañana un
Gobierno puede cambiar tan rápidamente? Eso es lo que nos preguntamos. Me parece
positivo que reaccione el Ejecutivo.
62
Nos parece bien que en la Comisión de Trabajo se diga que la CTS se debe dar a los
aportantes luego de la acumulación de cuatro meses de remuneraciones brutas, no de
cinco meses. Pero no nos dicen la razón del cambio. Por eso es importante escuchar a la
otra parte. Tampoco nos explica objetivamente el MEF ni el Ministerio de Trabajo cuáles
van a ser las repercusiones en EsSalud con la exoneración de los descuentos. Tampoco
nos han dado el análisis cuantitativo ni los flujos que puedan perjudicar a EsSalud.
Por lo tanto, creemos que es importante que este proyecto en debate se apruebe con la
modificación de exoneración permanente, porque se trata de una liberalidad que se les
está dando a todos los trabajadores que están en planilla y también porque es bueno
para la reactivación de la economía, no solamente cuando ella está cayendo, sino
también cuando ella es boyante, lo cual permite generar más oportunidades de consumo.
Además, debe decirse que esa exoneración es permanente porque el manejo del
Gobierno que le está dando a la economía no tiene una solución próxima en estos dos
años que le restan; por lo tanto, tenemos que hacer mejoras y darles la oportunidad a los
trabajadores.
Pido, formalmente, que en lugar de establecer la exoneración solo para el año 2015 se
diga que esta sea en forma permanente. Con este agregado, podemos proceder a la
votación.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.
Tiene la palabra el congresista García Belaunde.
El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidenta, lo que dijo el congresista Galarreta
es cierto: es una pena que una vez más comprobamos que la Comisión de Economía y la
Presidencia del Congreso están manejadas por el MEF, por el Gobierno. ¿Cómo es
posible que no se trate en el Pleno un proyecto que llegó acá hace dos años, en abril del
año 2013? Estamos en abril del año 2015. Ese proyecto ha estado durante un año y pico
dando vueltas y debatiéndose en las Comisiones de Trabajo y de Economía y también ha
estado en la agenda del Pleno, en el punto 56, desde hace casi un año o algo más.
Mientras que el ministro de Economía y Finanzas —algo temeroso, que parecía, más que
alegrarse, que estaba dando el pésame a algo y a alguien, o que se estaba dándose el
pésame a sí mismo, porque parece que ya se va, tenía una cara de cadáver—, anunciaba
ayer en la noche este proyecto de ley salvador, para todos, excepto para él, porque hace
muy poco había declarado por escrito todo lo contrario, según los informes del MEF, que
manda en el Congreso.
Ahora resulta que el proyecto que acaba de llegar al Congreso del Ejecutivo,
automáticamente pasa al Pleno y se está tratando hoy, mientras que el presidente de la
Comisión de Economía no se refiere a nada más que a ese proyecto, como si no
existieran tres proyectos parecidos.
Creo que este Parlamento es un anexo del MEF; este caso es la mejor prueba; somos
mayordomo o acólito del MEF, perdón, no mayordomo porque ofendo a gente que sirve
muy bien. Somos acólitos o monaguillos del MEF; hemos sometido al Parlamento con
toda su soberanía y su poder a los dictados de los burócratas insensibles que ganan 25 o
63
30 mil soles mensuales y que les importa un pepino la gratificación con o sin descuento.
Este descuento no le afecta a ellos, pero sí les afecta a los cinco millones de peruanos
que están con sueldos básicos; a muchos de ellos no se les mueve; y sí les afecta que les
descuenten el 22%. Eso es lo que están logrando.
Ya que estamos siguiendo los dictados del MEF, entonces sigamos hasta el final.
Planteamos que un añadido a la fórmula del artículo 7, como sigue:
“Artículo 7. Vigencia
La presente ley rige hasta el 31 de diciembre de 2015 —y añadimos—, con excepción de
los artículos 1, 2, 3 y 4, que tendrán una vigencia permanente”.
Con esta salvedad, podemos aprobar el proyecto, y espero que se vote rápidamente.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene tiempo adicional para que
continúe, congresista García Belaunde.
El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidenta, quiero decir lo siguiente: EsSalud no
se perjudica. Desde que ha estado vigente la ley que exonera el descuento a las
gratificaciones, hace cuatro años, EsSalud ha pasado a recaudar de 4 mil 200 millones
de soles a 9 mil millones de soles; ha más que duplicado sus ingresos, y solamente ha
aumentado en 10% el número de sus afiliados. En esa época, EsSalud tenía 34 mil
empleados, podían llenar casi el Estadio Nacional para celebrar su aniversario; hoy no
entran ahí porque hay 50 mil empleados y tienen que irse al estadio del Club
Universitario de Deportes porque ya no entran en el Estadio Nacional.
Hoy hay 9 mil médicos con 50 mil trabajadores. Y los médicos mejor pagados de EsSalud
ganan muy por debajo de lo que ganan los ejecutivos peor pagados de EsSalud. Esas son
las inconsistencias en EsSalud. Los gastos corrientes han subido a casi el 60% de sus
ingresos, cuando antes eran el 45% sus ingresos; es decir, gastan más; incluso la propia
presidenta de EsSalud gasta 2 mil 600 soles en gasolina mensualmente. Ese es el
descontrol que hay.
EsSalud es una institución del Estado que consume más presupuesto que el Ministerio de
Salud, que el Ministerio de Defensa, que el Ministerio del Interior, que el Ministerio de
Vivienda, que casi todos los ministerios; repito, EsSalud es la institución que tiene más
dinero que el Ministerio de Defensa, que el Ministerio del Interior, que el Ministerio de
Salud. Más presupuesto tiene EsSalud. Sin embargo, vemos pésimos resultados. Ahí hay
un problema de gestión de ingresos. No es un problema de ingresos, sino de egresos.
Estos egresos están perturbados por una mala administración.
Espero, Presidenta, que este proyecto se apruebe con la atingencia que hemos anotado.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.
Tiene la palabra el congresista Gutiérrez.
64
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, cuando nuestras posiciones vienen
acompañados de ofrecimientos político-populistas y quieren el aplauso con avemarías
ajenas, entonces podemos decir sí, pues, no les interesa ningún pepino la
institucionalidad de EsSalud.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Gutiérrez, el congresista
García Belaunde le solicita el retiro de la palabra considerada ofensiva.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, escucho hablar a alguien, fuera del
micrófono, de mequetrefes; no sé a quién se están refiriendo.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista, le pido que retire la
palabra considerada ofensiva, para continuar el debate.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Yo no tengo nada que retirar porque no he
aludido a persona alguna. He hablado algo que es fundamental. Si algún parlamentario
se atribuye yo, con todo gusto, no estoy ofendiendo a ningún parlamentario.
Para la tranquilidad del Pleno, Presidenta, si yo tengo que retirar la palabra, con todo
gusto, Presidenta. Pero el término “pepino” y todo lo demás ya otro parlamentario lo ha
utilizado anteriormente.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Correcto. Se da por concluido el
incidente. Puede continuar con el debate, congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, resulta que ha estado vigente la
inafectación a las gratificaciones. Se inició en el año 2009 en situaciones adversas a la
economía. En esas situaciones adversas, de crisis económica, se echan a andar algunas
propuestas que tienen incidencia en la política económica y que son parte de esa
estrategia para dinamizar la economía en el mercado.
En esas situaciones adversas, lo que se ha hecho es buscar un criterio de excepción y se
han inafectado las gratificaciones. Pero ese criterio de excepción se ha ido sucediendo
año tras año y, para el efecto, se han emitido diversas normas complementarias o
conexas que se han ido dando.
Hoy hemos visto que, gracias a las políticas de sinceramiento salarial, se ha podido dar el
impulso a la economía de EsSalud. Pero hay que ser claros. Son 800 millones que deja
de percibir esa institución; bien puede ser para un fondo intangible que permita cerrar la
brecha o déficit que se tiene en infraestructura.
Por eso, nosotros nos inclinamos por una posición de hacer que el principio de la
institucionalidad, del reforzamiento de la cobertura de EsSalud y del mejor servicio, sea el
camino que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, en situaciones actuales, donde la
economía tiene también sus problemas y queremos mayor liquidez en el mercado,
quisiéramos que sigan siendo inafectas temporalmente las gratificaciones en el año 2015,
tanto en Fiestas de Navidad como en Fiestas Patrias.
65
Nosotros, como bancada, y coherentes con esa estrategia de política económica, vamos
a respaldar esta iniciativa del Ejecutivo. Todo lo demás, atentaría con tomar una decisión
de que todas las remuneraciones y las gratificaciones estén afectas a los descuentos por
ONP, por AFP y por EsSalud. Esta iniciativa es fundamental porque se trata de fondos
pensionables, nadie se agarra ese dinero y, además, se dinamiza la cobertura de la salud
con mejores atenciones.
Por otro lado, para nosotros es sumamente importante establecer estas medidas
temporales de corto plazo, porque permiten inyectar economía al mercado. Esta
economía va a incentivar una mejor dinámica productiva y consumo; esa es la finalidad
fundamental de estas peticiones que se hacen y que, seguramente, serán bien entendidas
por los señores parlamentarios.
Me pide una interrupción, Presidenta, el congresista Juan Díaz Dios.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista Díaz
Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, prácticamente todos estamos de acuerdo con
que, en estas gratificaciones, no se les puede descontar a los trabajadores, pero sería
bueno empezar a tocar si debe ser temporal o permanente.
Nuestro argumento de que la inafectación sea permanente es que no encontramos la
lógica de que un trabajador aporte dos veces en el mismo mes. Sabemos que pueden
tener necesidades económicas. ¡Qué institución pública no las tiene! Conversando con
algunos colegas, me informan que el Estado peruano le debe a EsSalud casi 2 mil
millones de soles.
Pregunto si no es mejor que el señor Humala ordene sincerar la deuda con EsSalud y le
pague la deuda que está pendiente. ¿O en lugar de eso vamos a seguir metiéndoles
mano a los trabajadores sin sustento técnico alguno? ¿Cuál es el sustento técnico?
Acelerar la economía no basta. Acá hay un tema de fondo: no se puede aportar dos
veces a un seguro como si nos enfermáramos el doble en julio y en diciembre de cada
año.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.
Puede continuar, congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Las afectaciones, Presidenta, respecto a las
gratificaciones, se dan porque estas son parte del ingreso que va a tener el trabajador. La
ley ha definido ese esquema y, por eso, están afectos a los descuentos correspondientes.
Me pide una interrupción el congresista Otárola, Presidenta.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista
Otárola.
66
El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidenta, no hagamos demagogia, pues. El
Sistema de Seguridad Social es contributivo y sus cálculos se hacen a base a 14
aportaciones. Sin embargo, se desfinanció hace mucho tiempo la seguridad social.
Queremos dejar una seguridad social sólida no solo para este Gobierno, sino también
para los gobiernos venideros.
Hoy, a raíz de la desaceleración de la economía mundial, que está siendo soportada de
una manera técnica y eficiente por el Perú, como no sucede en América Latina, se
requiere liquidez, dinero, en el mercado. Por eso, este Gobierno ha decidido presentar el
proyecto de ley mediante el cual se prorroga por un año la no afectación de esas
gratificaciones.
Yo no he aludido a nadie; no me he referido ni de lejos al señor Juan Díaz Dios. Ahora sí
lo estoy aludiendo.
Lo que se tiene que hacer ahora es legislar con responsabilidad, exonerando el aporte
por un año.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Díaz Dios, ¿cuál es la
alusión?
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, para aludir no necesariamente hay que decir el
nombre. El señor dijo: “Lo que ha dicho el congresista anterior es demagogia”.
Evidentemente, me siento aludido y le tenemos que responder. Demagogia puede ser
andar postergando año tras año las exoneraciones. Si es un tema técnico, como dice el
señor Otárola, ¿por qué ahora se viene a presentar un proyecto de ley para una
exoneración por otro año consecutivo? Yo señalo que está bien que EsSalud esté
presupuestando sus ingresos a base de las 14 aportaciones, pero ¿a base de qué nos
quiere cobrar dos veces por mes, cuando ya nadie se enferma dos veces el mismo mes?
La propuesta en debate no tiene sentido.
Pido a los congresistas que plantean que la exoneración sea solo temporal que nos
expliquen —más allá de las necesidades económicas de EsSalud, más allá de que
EsSalud esté calculando por 14 meses, cuando debería calcular hace bastante tiempo por
12 meses— por qué razón la exoneración tiene que ser temporal. Esa es la pregunta que
he querido hacerle, con todo respeto, al congresista Josué Gutiérrez.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Díaz Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, lamento que el congresista Otárola no nos
entienda. No es una alusión personal, sino que estamos trasmitiendo la idea y pido que
esta sea respondida con argumentos. ¿Cuál es el argumento técnico, más allá de decir
que EsSalud saca sus cuentas asumiendo que se le van a dar 14 aportaciones? ¿Por qué?
Si sabemos todos nosotros que el Estado peruano le debe a EsSalud 2 mil millones de
soles, mejor que el Estado peruano le devuelvan esa suma de dinero a EsSalud, sin
permitir que el bolsillo de los trabajadores esté pagando la obligación del Estado
peruano.
Gracias.
67
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— También, por alusión, tiene la
palabra el congresista Otárola.
El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Yo no tengo la costumbre de ofender a los
colegas congresistas. Usted ha sido mal informado, yo nunca dije “el congresista que
habló anteriormente”. Hay por ahí alguien que está metiendo cizaña y que le chismoseó
todo al revés. Yo no ataco a los congresistas.
En todo caso, la exoneración temporal se da a los efectos de que los próximos congresos
evalúen las circunstancias de ese momento, para ver si continúan con la prórroga de la
exoneración o con la eliminación de la temporalidad. No podemos irresponsablemente
darle ese duro golpe a EsSalud diciendo que se suspendieron las aportaciones.
El proyecto de ley del Ejecutivo es muy bueno. Durante las próximas dos remuneraciones
adicionales, de julio y diciembre, los trabajadores tendrán sus gratificaciones sin
descuento alguno. Pero permitamos que los nuevos congresos —no sé si en este período
o en el siguiente— evalúen la pertinencia de mantener la exoneración o, simplemente, de
aplicarle el impuesto. Esa es la idea. En temas de economía, tenemos que actuar con
mesura, más aun si existen pronunciamientos...
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Terminó su tiempo, congresista.
Luego de la interrupción y de las alusiones, puede continuar el congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, a nuestra bancada, a la que
muchos dicen que ya está de salida, nada le costaría ganarnos avemarías ajenas.
Además, sería una prédica rentable electoralmente. ¿Qué nos costaría? Nada. Diría:
“Métele su bomba que ya viene el otro Gobierno”. ¿Sabe cómo se llama eso?
Irresponsabilidad o mezquindad, pensar solo en uno sin tener en cuenta que el Estado
requiere soportes financieros que le permitan desarrollarse y consolidarse en el tiempo.
Para nosotros está claro que cuando hay situaciones adversas, como las que hubo el año
2009, se tiene que aplicar ese criterio. Pero, en el derecho laboral, fundamentalmente, se
habla de los ingresos que corresponde al trabajador; ahí no se hace el distingo de la
gratificación: las gratificaciones siempre han estado afectas a los descuentos. Si
planteamos hoy que esté inafecto es porque hay una situación económica que nos
permite utilizar también esa inafectación para inyectar dinero al mercado y esta pueda
generar mayores incentivos.
Hablando de la legislación laboral, podríamos decir que en cualquier legislación,
peruana o en el derecho comparado, se va a encontrar que las gratificaciones están
afectas a los descuentos para fines pensionables y de servicio social. Eso está claro.
Hoy la excepción quieren convertirla en una regla. Eso no es posible. Dejemos que las
situaciones de excepción queden como excepción. Mientras dure este Gobierno,
permítannos hacer la separación de buscar que esté inafecta la gratificación en el año
2015, para desarrollar un espacio de discusión con la finalidad de que se cree un fondo
de esos 800 millones de soles, no para el uso de gastos corrientes ni gastos superfluos,
68
como se ha cuestionado acá, sino para cerrar ese déficit de infraestructura y de servicio,
con la finalidad de dar mejor cobertura de salud a los millones de asegurados.
Nuestra bancada, coherente con la posición asumida, va a respaldar la iniciativa del
Ejecutivo en debate, porque es más responsable. Repito, nosotros no queremos entrar en
el terreno de la especulación, sino que respetamos el derecho laboral, como principio, y
por la coyuntura económica que se nos viene.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Muchas gracias, congresista.
Tiene la palabra el congresista Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, me solicita una interrupción el
congresista García Belaunde.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista
García Belaunde.
El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidenta, la incoherencia de la bancada
oficialista es increíble. Porque cuando el proyecto sobre esta materia se aprobó en el
Gobierno y en el Parlamento anterior, la bancada nacionalista votó a favor, incluso el
señor Otárola votó a favor. Ahora vota por la inafectación para un solo año que tiene
dos gratificaciones. El señor Otárola votó a favor en esa época y su bancada lo
promocionó.
Parece que han cambiado. Los gallos no se acuerdan cuando eran pollos. A mí me da
mucha pena que ahora cambien de parecer porque son parte del actual Gobierno.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Por alusión, tiene la palabra el
congresista Gutiérrez.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Perdón, no he dado aún la interrupción.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Mulder, interviene por
alusión el congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, pedí intervenir por alusión. El
congresista Otárola es el que estaba pidiendo una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Mulder, si me permite, le
voy a dar la palabra por alusión al congresista Gutiérrez.
Congresista Gutiérrez, puede intervenir.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Gracias por su tolerancia, congresista Mulder.
Presidenta, esta bancada es coherente porque hemos señalado con claridad que hoy
vamos a respaldar este tipo de medidas. No estamos diciendo que vamos a votar en
contra, sino que vamos a respaldar el proyecto en debate. Lo que está en discusión es la
temporalidad de estas medidas. Nosotros no podemos comprometer y confinar a EsSalud
69
para que, mediante ley, esta institución no vaya a recibir 800 millones de soles, que le
pueda servir para aligerar la carga del déficit en infraestructura. Eso es lo que hemos
señalado. Por eso, nuestra bancada siempre ha sido coherente. Observo, más bien, que
la vaca se olvida que en algún momento fue ternera.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede iniciar su intervención,
congresista Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, yo creo que cuando uno dice alusión,
lo que puede ganar es el derecho a que lo vuelvan a poner en la lista de oradores; pero
no se puede estar interrumpiendo si el orador no concede la interrupción. Por cortesía y
por pedido suyo, he concedido la interrupción al anterior orador.
Yo quería hacer un comentario previo, porque el congresista José Gutiérrez no es, pues,
congresista del período anterior, como sí lo es el congresista Otárola. Este ha recordado
que en la discusión que se tuvo en el 2009 y, sobre todo, en el 2010, la bancada
nacionalista quería que la exoneración fuera permanente. ¿Y por qué no se estableció
como permanente en aquella oportunidad?
Recordemos que en aquella votación la bancada de la célula parlamentaria aprista se
dividió en dos. Un sector importante de la bancada aprista no quería que se aprobara la
norma propuesta; el argumento era que iba a haber un descalabro en el Seguro Social.
Al final, con los votos de la mitad de la bancada aprista —en donde estábamos entre
otros el congresista Negreiros y quien habla—, otras bancadas —porque este fue un
proyecto promovido por el congresista García Belaunde—, y la bancada nacionalista, se
sacó la ley, y no se descalabró el Seguro Social.
Al contrario, parece que se gasta mucho, por ejemplo, en consultorías o en asociaciones
público privado: ciento treinta millones por acá y otra cantidad de millones por allá.
Vemos que el Seguro Social tiene su propio discurrir, no ha habido descalabro alguno.
No es que si procede o no procede el descuento. Hemos visto que el congresista
Gutiérrez ha dicho que es correcto el proyecto en debate y que su bancada va a votar a
favor. Aquí está en debate la temporalidad.
Yo he pedido intervenir en este debate por el argumento del congresista Otárola, que
dice: “dejemos que el otro Congreso decida si la exoneración es temporal o es
permanente”. Este es exactamente el mismo argumento que dio el 2010, dijo: “dejemos
que decida el otro Congreso”. Ya se va a acabar este otro Congreso y todavía no se ha
decidido. Entonces, esto ya es un peloteo.
El concepto de fondo es que no se puede hacer doble descuento en los meses de julio y
de agosto, pues no existe doble atención; es simplemente por eso. Ese concepto no va a
cambiar nunca.
Si, algún día, alguien va a querer proponer que se restituya el descuento a las
gratificaciones, lo hará única y exclusivamente porque quiere inyectarle dinero extra al
Seguro Social y a la ONP, nada más; lo cual es una manera de expoliar al trabajador
que no va a tener doble atención. Si lo hicieran así, es evidente que cambiaría el
70
concepto de fondo. Yo no creo que haya bancadas que tengan ese sustento, porque el
único sustento que se tenía para eso era el descalabro del Seguro Social, y esta institución
no se ha descalabrado.
Así que ¿cuál es el problema de hacer la exoneración, de una vez, permanente, para no
estar año tras año con el mismo tema y en el que se va adquiriendo cada vez mayor
consenso? En los años anteriores, un número más o menos creciente de parlamentarios
votaban en contra de la permanencia. Pero ahora ya no hay parlamentario alguno que
sostenga la tesis de que no hay que aprobar este proyecto por el concepto de fondo. Si el
concepto de fondo no va a variar, evidentemente la temporalidad es absurda, porque no
es un tema relacionado con la ley de presupuesto, sino de economía normal, de
economía privada, porque atañe a las empresas.
Yo pido que el presidente de la Comisión recoja el texto que está circulando en el sentido
de que los artículos 1, 2 y 3, que tratan de la aportación, no sean de aplicación del
artículo 7, que establece la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. ¿Qué va a pasar
o cuál va a ser el problema si aceptan la exoneración permanente?
El gobierno ha hecho suyo el tema en debate no solamente porque considera,
seguramente en términos conceptuales, que esta medida legislativa va a inyectar dinero a
la economía, sino porque también está haciendo propaganda.
No es que aquí no tengan ustedes un prurito electoral. Lo tienen y es legítimo. Pero es
evidente que el Gobierno ha soltado a todos los medios esta noticia: “MEF busca inyectar
cinco mil millones de soles a la economía”, “Liberan CTS y gratificaciones”. Todos los
periódicos han levantado hoy la noticia de que el Gobierno está promoviendo esta
medida económica.
Y de hecho nosotros vamos a votar el texto del Gobierno, no los proyectos congresales
anteriores que están empantanados con opinión negativa del Ministerio de Economía y
Finanzas, como lo ha señalado el congresista Galarreta. Es decir, si el Gobierno —
evidentemente con cálculo electoral— no hubiera metido este tema, no lo estaríamos
discutiendo ahora. Eso sí queda absolutamente claro. Si el congresista Gutiérrez, en su
condición de vocero, me solicita a mí, en mi condición también de vocero, que yo firme
la exoneración es porque él tiene interés en que este tema se vea hoy, y nosotros también
teníamos el interés. Lo que pasa es que el interés nuestro es desde hace dos años,
mientras que el interés del Gobierno es de hoy. Esa es toda la diferencia.
Me solicita una interrupción el congresista Fredy Otárola.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Puede interrumpir el congresista
Otárola.
El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidenta, mi bancada es coherente. Más
bien yo encuentro cierta incoherencia en el Partido Aprista. Mire, hoy, Elías Grijalva,
miembro del CEN del APRA, ha sacado un furibundo comunicado en todos los
periódicos, como CTP (Confederación de Trabajadores del Perú), pidiendo que no se
apruebe el proyecto del Ejecutivo en debate; es decir, ahí vemos la típica escopeta de dos
cañones del APRA.
71
Nosotros vamos a apoyar esta exoneración planteada por el Ejecutivo. Así que los
trabajadores pueden estar tranquilos. Gracias a la propuesta del Poder Ejecutivo, en julio
y en diciembre los trabajadores no van a tener descuento alguno, le duela a quien le
duela.
Gracias, congresista Mulder.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúe, congresista Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, la CTP es la CTP y tiene su posición. El
secretario general de la CTP, Elías Grijalva, es trabajador del Seguro Social y, por eso, es
que tienen esa posición. Porque, en sí, los trabajadores del Seguro Social están en contra,
todo el Seguro Social está en contra de este proyecto, porque consideran que son
recursos que mejorarían su institución. Ese es el debate.
Pero el resto de la visión general de los parlamentarios tiene el concepto de que no
puede haber un doble descuento. No hay tal escopeta de dos cañones.
Recuerden que la Célula Parlamentaria Aprista se dividió en dos: hubo un sector
importante que estaba en contra de este tema, pero había otro sector que sí lo
respaldábamos. Incluso hubo una bronca en algún momento entre un miembro de la
Célula Parlamentaria Aprista, el ex congresista Wilson, y el congresista Víctor Andrés
García Belaunde. Así que aquí lo que tenemos que hacer es simplemente despercudirnos
del cálculo electoral o, por lo menos, de la supeditación de la bancada mayoritaria ante
el MEF.
¿Cuál es el problema de apoyar la exoneración permanente?, ¿les van a llamar la
atención a ustedes?, ¿les van a decir que ya no van a estar en la lista de la reelección?,
¿cuál va a ser el problema de decirle al MEF una cosa tan accesoria, que no tiene la
mayor importancia, de que acepte que la exoneración sea permanente?
Si no les gusta, el señor Ollanta Humala asume la responsabilidad de observar la norma;
y ya veremos nosotros si insistimos o no en ella. Si la promulga, queda todo resuelto. Si la
promulga con desgano porque no le gustó o porque electoralmente no le conviene,
cualquiera de ustedes presenta un proyecto de ley para restituir la temporalidad.
¿Por qué tener esa supeditación o el temor reverencial de que les vayan a hacer algo a
ustedes los técnicos del MEF, que, como muchas veces se ve, siempre pululan por ahí y
les dan a los parlamentarios papelitos para que lean?
Seamos coherentes. Aquí se van a votar conceptos y esos conceptos no han cambiado. La
temporalidad no los va a cambiar.
Si uno cree que es bueno que no se descuenten dos veces a un trabajador es bueno para
siempre, no es bueno solamente por un tiempo y se vuelve malo después.
Esos conceptos son los que nosotros reclamamos y ojalá, señora Presidenta, que se
acepte la propuesta de que se vote por separado.
72
Ya vemos que ustedes no van a aceptar, pues no tienen margen de maniobra. No hay
criterio en los presidentes de Comisiones del oficialismo como para aceptar cosas que
puedan ir en contra de su Gobierno. Sabemos, entonces, que se va a tener que votar por
separado, ojalá que el resultado marque una diferencia sustantiva.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista.
Señores congresistas, se suspende la sesión para reanudarla hoy, a las 16 horas y 30
minutos.
Gracias.
—Se suspende la sesión a las 14:00 horas.
—Se reanuda la sesión a las 16 horas y 30 minutos.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continúa la sesión.
Se aprueban las mociones de saludo al Centro Poblado Las Delicias del distrito de
Moche, de la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad; al departamento
de Apurímac, en número de tres mociones; al distrito San Pedro de Putina Punco, de la
provincia de Sandia, en el departamento de Puno; al departamento de Apurímac; al
distrito de Huarango, de la provincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca;
al Arma de Artillería del Ejército del Perú; a todas las madres del Perú; a la señora Heidi
Brisa Castrillón Peche; al distrito de Kimbiri, de la provincia de La Convención, en el
departamento del Cusco; a los países integrantes de la Alianza del Pacífico y a los 32
países observadores de este bloque comercial; al distrito de Andrés Avelino Cáceres
Dorregaray, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho; al distrito de
Capachica, en la provincia y departamento de Puno; al distrito de Pusi, de la provincia de
Huancané, en el departamento de Puno; a todos los integrantes del programa radial Cusi
LLaqta; al distrito de Desaguadero, de la provincia de Chucuito, en el departamento de
Puno; a la población del Centro Poblado Alto Trujillo; a la provincia de Huaral, en el
departamento de Lima; al distrito de Samán, de la provincia de Azángaro, en el
departamento de Puno; al Centro Poblado Dos de Mayo del distrito de Acraquian, de la
provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica; a todos los trabajadores y
trabajadoras del Perú y del mundo, en número de siete mociones; al distrito de Acora, en
la provincia y departamento de Puno; al glorioso y emblemático Colegio Nacional 2 de
Mayo del distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, departamento de Áncash; y al
distrito de Ananea, de la provincia de San Antonio de Putina, en el departamento de
Puno
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Se va a dar cuenta de 29 mociones
de saludo.
El RELATOR da lectura:
Mociones de saludo
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1. Del congresista Rodríguez Zavaleta, saludando al Centro Poblado Las Delicias del
distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con motivo de
celebrarse el 27 de abril de 2015 el centésimo décimo aniversario de su creación
política.
2. De la congresista Chávez Cossío, saludando a la ciudad de Apurímac, con motivo de
celebrar el 28 de abril de 2015 el centésimo cuadragésimo segundo aniversario de su
creación política.
3. Del congresista Apaza Condori, saludando al distrito San Pedro de Putina Punco,
provincia de Sandia, departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 13 de mayo de
2015 el décimo aniversario de su creación política.
4. Del congresista Reynaga Soto, saludando al departamento de Apurímac con motivo de
celebrar el 28 de abril de 2015 el centésimo cuadragésimo segundo aniversario de su
creación política.
5. Del congresista Llatas Altamirano, saludando al distrito de Huarango, provincia de San
Ignacio, departamento de Cajamarca, con motivo de celebrar el 12 de mayo de 2015 el
quincuagésimo aniversario de su creación política.
6. Del congresista Beingolea Delgado, saludando al Arma de Artillería del Ejército del
Perú, con motivo de celebrar el 2 de mayo de 2015 el centésimo cuadragésimo noveno
aniversario del Combate de Dos de Mayo, instituido como el Día de la Artillería Peruana.
7. De la congresista Tan de Inafuko, saludando a la madre peruana, así como a todas las
madres del Perú, que con carácter y empeño dan todo a favor de sus hijos y de sus
familias y contribuyen, de esta manera, con el progreso y desarrollo de nuestro querido
Perú.
8. Del congresista Neyra Olaychea, saludando a la señora Heidi Brisa Castrillón Peche,
por haber sido nominada con el premio Mujeres Destacadas Awards del 2015, por la
institución El Diario en los Estados Unidos América.
9. Del congresista De la Torre Dueñas, saludando al distrito de Kimbiri, provincia de La
Convención, departamento del Cusco, con motivo de celebrarse el 4 de mayo de 2015 el
quincuagésimo aniversario de su creación política.
10. De los congresistas Chehade Moya, presidente de la Comisión Especial de
Seguimiento Parlamentario del Acuerdo del Alianza del Pacífico, Reggiardo Barreto,
Condori Jahuira, Salgado Rubianes, Portugal Catacora, Mora Zevallos, García Belaunde,
Alcorta Suero, Belaunde Moreyra, León Romero y Galarreta Velarde, miembros de la
citada Comisión Especial, saludando a los países integrantes de la Alianza del Pacífico y a
los 32 países observadores de este bloque comercial, con motivo de celebrar el cuarto
aniversario de creación de la Alianza del Pacífico.
11. Del congresista Urquizo Maggia, saludando al distrito de Andrés Avelino Cáceres
Dorregaray, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, con motivo de celebrar
el 28 de abril de 2015 el segundo aniversario de su creación política.
74
12. Del congresista Acha Romaní, saludando al departamento de Apurímac, con motivo
de celebrar el 28 de abril de 2015 el centésimo cuadragésimo segundo aniversario de su
creación política.
13. De la congresista Coari Mamani, saludando al distrito de Capachica, provincia y
departamento de Puno, con motivo de celebrar el 2 de mayo de 2015 el centésimo
sexagésimo primer aniversario de su creación política.
14. De la congresista Coari Mamani, saludando al distrito de Pusi, provincia de
Huancané, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 2 de mayo de 2015 el
centésimo sexagésimo primer aniversario de su creación política.
15. Del congresista Carrillo Cavero, saludando a todos los integrantes del programa
radial Cusi LLaqta, con motivo de celebrar el 16 de abril de 2015 el cuarto aniversario de
emisión en quechua de manera continuada desde el año 2012.
16. Del congresista Portugal Catacora, saludando al distrito de Desaguadero, provincia
de Chucuito, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 2 de mayo de 2015 el
centésimo sexagésimo primer aniversario de su creación política.
17. Del congresista Angulo Álvarez, saludando a la población del Centro Poblado Alto
Trujillo, por la entrega formal del expediente final para la creación del distrito de Alto
Trujillo ante la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial.
18. Del congresista Melgar Valdez, saludando a la provincia de Huaral, del departamento
de Lima, con motivo de celebrar el 11 de mayo de 2015 el trigésimo noveno aniversario
de su creación política.
19. Del congresista Portugal Catacora, saludando al distrito de Samán, de la provincia de
Azángaro, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 2 de mayo de 2015 el
centésimo sexagésimo primer aniversario de su creación política.
20. Del congresista Monterola Abregú, saludando al Centro Poblado Dos de Mayo del
distrito de Acraquian, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, con motivo
de celebrar el 2 de mayo de 2015 el vigésimo primer aniversario de su creación política.
21. Del congresista Zerillo Bazalar, saludando a todos los trabajadores y trabajadoras del
Perú, con motivo de celebrar el 1 de mayo de 2015 el Día Internacional del Trabajador.
22. Del congresista Julca Jara, saludando a todos los trabajadores del Perú con motivo
de celebrarse el 1 de mayo de 2015 el Día Internacional del Trabajador.
23. Del congresista Apaza Ordóñez, saludando a todos los trabajadores del Perú y del
mundo, con motivo de celebrarse el 1 de mayo de 2015 el Día internacional de los
Trabajadores.
24. Del congresista Ccama Layme, saludando a todos los trabajadores del país, con
motivo de conmemorarse el 1 de mayo de 2015 el Día Internacional del Trabajo.
75
25. De los congresistas Reátegui Flores, Tapia Bernal, Tubino Arias Schreiber, Canches
Guzmán, Apaza Ordóñez, Gastañadui Ramírez, Lescano Ancieta, Castagnino Lema y
Gagó Pérez, miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, saludan a todos
los trabajadores y trabajadoras con motivo de conmemorarse el 1 de mayo de 2015 el
Día Internacional del Trabajo.
26. Del congresista Angulo Álvarez, saludando a todos los trabajadores y trabajadoras
del Perú, en especial a los trabajadores y trabajadoras del Congreso de la República, con
motivo de celebrarse el 1 de mayo de 2015 el Día Internacional del Trabajo.
27. De la congresista Coari Mamani, saludando al distrito de Acora, en la provincia y
departamento de Puno, con motivo de celebrar el 2 de mayo de 2015 el centésimo
sexagésimo primer aniversario de su creación política.
28. Del congresista Julca Jara, saludando al glorioso y emblemático Colegio Nacional 2
de Mayo del distrito de Caraz, en la provincia de Huaylas, departamento de Áncash, con
motivo de celebrar el 2 de mayo de 2015 el centésimo cuadragésimo sexto aniversario de
creación institucional.
29. De la congresista Coari Mamani, saludando al distrito de Ananea, en la provincia de
San Antonio de Putina, del departamento de Puno, con motivo de celebrar el 2 de mayo
de 2015 el centésimo sexagésimo primer aniversario de su creación política.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Los señores congresistas que estén a
favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma
manera. Los que se abstengan, igualmente.
—Efectuada la votación, se aprueban las 29 mociones de saludo.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Han sido aprobadas las 29 mociones
de saludo.
—Los textos aprobados de las mociones de saludo son los siguientes:
(COPIAR TEXTO DE MOCIONES DE SALUDO)
Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del Proyecto de Ley 3941/2014-PE,
dictaminado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente
y Ecología; al respecto, el presidente de la citada Comisión presenta un nuevo texto
sustitutorio, por el cual se propone la Ley de promoción de las inversiones para el
crecimiento económico y desarrollo sostenible; y, a pedido del presidente de la comisión
dictaminadora, se pasa a un nuevo cuarto intermedio
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Continuamos con la agenda.
El RELATOR da lectura:
Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, que recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 3941/2014-PE, con texto
76
sustitutorio, por el cual se propone la promoción de las inversiones para el crecimiento
económico y desarrollo sostenible. *
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene la palabra el congresista
Galarreta.
El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidenta, disculpe, pregunto por qué no
continuamos con la exoneración de los descuentos a las gratificaciones de los
trabajadores. No sé si es porque el presidente de la Comisión de Economía se está
demorando en el almuerzo.
Es decir, no sé por qué se va a suspender un tema que ya ha sido sustentado y que se ha
estado discutiendo toda la tarde; no sé por qué podemos pasar a otro tema si no se
resuelve el primer tema. Hago esta pregunta para que nos informen; salvo que se ponga
al voto, de una vez, porque hay una cuestión previa planteada por mí para que se defina
esto.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Galarreta, luego del
proyecto 3941/2014-PE pasaremos a tratar el tema que está mencionando usted.
Con respecto al proyecto 3941/2014-PE, hay un nuevo texto sustitutorio del presidente de
la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que
ha ingresado hoy, a las 15 horas y 30 minutos.
Vencido el cuarto intermedio, y con nuevo texto sustitutorio, continúa el debate sobre el
Proyecto de Ley 3941/2014-PE.
Tiene la palabra el congresista Pariona Galindo, presidente de la Comisión de Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, voy a referirme al nuevo texto
sustitutorio.
En vista de la preocupación del vocero de nuestra bancada José Díaz Dios y de la
Defensoría del Pueblo, con relación a las comunidades campesinas y nativas, hemos
incorporado una décima cuarta disposición complementaria final, que plantea una
excepción a los Títulos IV y V, cuyo texto es el siguiente:
“Décima cuarta. Excepción a los Títulos IV y V
Las disposiciones contenidas en los Títulos IV y V no pueden ser aplicadas en tierras y
territorios de pueblos indígenas u originarios, ni afectar derechos de propiedad o de
posesión de las comunidades campesinas y nativas”.
Esta nueva redacción ha sido trabajada por nosotros conjuntamente con la Defensoría del
Pueblo y el viceministerio de Interculturalidad. A consecuencia de ello, se ha eliminado el
artículo 29, referido a la Titularidad de los predios no inscritos, para evitar duplicidad.
Asimismo, se ha eliminado el artículo 18, referido a la Definición de terrenos eriazos,
77
para evitar confusiones en su aplicación, en vista de que ya se encuentra contemplado en
otras normas sectoriales.
Finalmente, en el nuevo texto sustitutorio se ha hecho una modificación al inciso c) del
nuevo artículo 18, que establece los requisitos que se deben presentar para el
otorgamiento de una servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal para
proyectos de inversión: se ha eliminado la expresión “ocupado por terceros”, quedando
redactado el inciso como sigue:
“Declaración jurada indicando que el terreno que solicita no se encuentra ocupado por
las comunidades nativas y campesinas”.
Gracias.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Gracias, congresista Pariona.
Tiene la palabra el congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Pregunto a la Mesa si se va a someter a
votación o se va a someter a debate el nuevo texto presentado.
Hago esta pregunta porque, en la mañana, no se ha debatido este proyecto; simplemente
ha habido varios momentos de intervenciones. Repito, no sé si se va a suspender este
debate, para luego pasar a otro tema; o es que aquí se va a debatir y a votar.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Congresista Dammert, se va a
debatir este nuevo texto y posteriormente se determinará si se vota. Es decir, estamos
iniciando el debate de este nuevo texto.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Entonces, intervendré sobre el punto.
La modificación que se ha leído rápidamente, ya que recién hemos visto el nuevo texto
sustitutorio que se está entregando, no termina de aclarar las dificultades con las
comunidades campesinas y nativas, por una razón básica y elemental. El tipo de gestión
del territorio en estas comunidades no es igual a un predio agrícola con área delimitada y
titulada como propiedad.
En las comunidades campesinas y nativas se usa el suelo en forma rotativa, hay zonas de
descanso, hay zonas que se van trabajando progresivamente y hay zonas que incluso no
son trabajadas porque son de resguardo ambiental para las otras zonas.
Por eso cuando se habla de posesión directa, cuando se habla de propiedad, cuando se
habla de ocupación y de uso del territorio estamos hablando en esta ley de un uso
básicamente productivo, de acuerdo con los criterios que son distintos a los que manejan
las comunidades campesinas y nativas.
Como no están tituladas, como el Estado no ha reconocido a las comunidades
campesinas y nativas, la propia posesión queda en el aire, porque la posesión no es
solamente el lugar donde están viviendo, no es solo el lugar donde están haciendo una
78
actividad; la posesión incluye también a aquellos espacios utilizadas por las comunidades
campesinas y nativas como parte del equilibrio de un conjunto de ecosistemas singulares:
en la sierra el ecosistema es complementario; es decir, en la sierra los diversos pisos
ecológicos se complementan en su actividad y en su no actividad; y, en la Amazonía, con
mayor razón, en el bosque amazónico, los ecosistemas son también complementarios y
unificados. Tal como está planteado, este proyecto de ley tiene esa dificultad.
Hay un segundo aspecto del proyecto de ley en debate. La séptima disposición
complementaria transitoria plantea la modernización de los servicios de saneamiento;
pero, en la práctica, lo que se está planteando es la privatización de varios servicios. Esto
va a afectar, entre otros, nada menos que a Sedapal que tiene un problema muy
concreto, muy singular.
La señora PRESIDENTA (Esther Capuñay Quispe).— Tiene tiempo adicional, congresista
Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Ha salido una denuncia de los propios
trabajadores, según la carta abierta, que dice lo siguiente: “El ‘programa 148’ tan
propagandizado el 2013, camina a paso de tortuga. El programa, para el 2014, debería
tener en ejecución 54 proyectos; solamente llega el 2015 a 38 proyectos. Hay 3 mil 300
millones de dólares que debería financiar a un millón 800 mil pobladores de Lima y
Callao. Según se dijo en su momento, de los 148 proyectos que fueron parte del
programa, 81 servirán a la ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado;
los 67 restantes estaban orientados a la mejora de red de agua potable y alcantarillado
ya existentes. Hoy se hace evidente de que el problema de gestión retarda la ejecución de
las obras que, desde el comienzo, contaron con financiamiento del gobierno central,
recursos propios y endeudamiento externo”.
Por lo tanto, Sedapal ya tiene los 3 mil 300 millones de dólares en proceso presupuestal y
de financiamiento externo. Lo que ocurre en Sedapal es que habido una política
consciente y premeditada de limitar, afectar y trabar su desarrollo para llevarlo a lo que
ahora puede ser su privatización, incluyendo a Sedapal en la ley respectiva cuyo artículo
que se propone modificar trata de los regímenes de apoyo transitorio. Es decir, en el
régimen de apoyo transitorio podría incluirse a Sedapal diciendo que esta tiene
problemas de financiamiento y que, bajo las causas que ahí se señalan u otras que
puedan ser planteadas, pueden quedar suspendidos los derechos y atribuciones de la
junta general de accionistas de Sedapal y pueden ser removidos de sus cargos los
directores, transferidas sus acciones, la titularidad, etcétera.
Si no se pone expresamente en la nueva ley que esta norma no alcanza a Sedapal, se
estará privatizando la principal empresa de agua que tiene en Perú y la ciudad de Lima.
Por eso, planteo, de manera explícita, que se señale que esta nueva norma no alcanza a
la empresa Sedapal.
—Reasume la Presidencia la señora Ana María Solórzano Flores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, congresista Dammert.
79
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Además, es bueno decir que, en el
proyecto en debate, tal como está señalado, se hace algo que es inaudito para una
asociación público privada: se está planteando una norma, en la cual los contratos de los
regímenes transitorios, que tenían un plazo no mayor de 15 años, ahora podrán durar
más años, porque se agrega lo siguiente: “salvo que se suscriba contrato de asociación
público privada, en cuyo caso el plazo del régimen de apoyo transitorio se sujeta al de los
contratos que se hubieren suscrito”. Es decir, podrían durar los contratos 20, 30, 50 o 60
años. Es inaudito que se plantee una apertura casi al infinito de contratos en los cuales se
está planteando este tipo de asociaciones público privadas.
Es indudable que, bajo esta norma, se está queriendo privatizar la Empresa de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado de Lima. Por eso, planteamos, como agregado, y
esperamos que sea recogido por la Comisión respectiva, que el artículo correspondiente
no alcance a Sedapal.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Yonhy Lescano.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta, tenemos que mostrar preocupación
en este tema, porque lo que se está proponiendo en materia medioambiental es
simplemente debilitar el control en el cuidado del medio ambiente. En otras palabras, el
artículo 6 del texto contenido en este dictamen está sugiriendo que se expida una
certificación ambiental integrada.
Me explico. Para varios proyectos de inversión que pueden estar afectando el medio
ambiente, se necesita solamente una certificación, no varias certificaciones. Eso es muy
peligroso, porque estamos utilizando las llamadas Líneas Base, referidas en el dictamen.
¿Y qué significa eso? Que, para hacer un proyecto de infraestructura en el Perú, o alguna
obra en hidroeléctrica o alguna obra que afecte el medio ambiente, puedo utilizar
estudios anteriores y, así, tener el permiso que puede afectar el medio ambiente.
Entonces, se está debilitando el control del medio ambiente, repito, porque para hacer
algún proyecto de inversión yo debo presentar previamente mi estudio de impacto
ambiental. Ahora no. Ahora yo puedo utilizar estudios anteriores, algunos —como hemos
visto— mal hechos; o cuando hay nuevos hechos, no importa, yo utilizo esos proyectos
anteriores y saco un certificado medioambiental integrado. Resultado concreto: se está
debilitando el control para el cuidado del medio ambiente.
Se ha llegado al extremo de que al Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental)
se le está otorgando facultades para que expida permisos en agua, en agricultura y en
todo aspecto y por todo motivo, para hacer una obra que pudiera afectar el medio
ambiente. No es que cada institución tiene que expedir un pronunciamiento vinculante,
sino que solamente el Senace está encargado de esta materia, con lo cual se convierte a
ella en una institución todopoderosa que puede aprobar proyectos que afecten no
solamente a las comunidades campesinas, sino a la Amazonía y otros pisos ecológicos en
el Perú.
80
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Lescano.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Entonces, en estos momentos, Presidenta, si
aprobáramos una norma de esta naturaleza, autorizaríamos en el futuro proyectos tan
controvertidos como Tía María, como Santa Ana en Puno, o como Conga en Cajamarca.
Porque, con un solo estudio, se podrían aprobar, en el futuro, muchos más proyectos; es
decir, se van a utilizar datos, normas, estudios de proyectos iniciales para otros proyectos
en el futuro.
Consecuentemente, esto hay que revisarlo adecuadamente. Es una propuesta de norma
que puede ocasionar en el Congreso y en el Ejecutivo desde estos momentos futuros
conflictos sociales, porque las comunidades se van a oponer a esta nueva norma que está
debilitando el control del medio ambiente.
Con un artículo, del texto en debate, que es inconstitucional, y solamente a través de un
proceso administrativo, se está disponiendo la expropiación de inmuebles. Repito, con un
proceso administrativo, artículo 29.3, se está disponiendo la expropiación de bienes.
Yo no sé si sería conveniente y prudente aprobar normas de esta naturaleza, cuando hay,
en este momento, discusión y conflicto social respecto de proyectos mineros en el sur, que
están causando tanto problema. Yo creo que no es conveniente aprobarlo, porque sería
echar más leña al fuego.
El congresista Dammert me está pidiendo una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Debo agregar otra inconstitucionalidad de
este proyecto. En el Título VI, en la práctica, se crea un nuevo ministerio, bajo la figura de
Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, que depende del MEF. Se crea un
organismo que es todo poderoso. Este organismo vendría a ser como un ministerio de
planeamiento, en función del presupuesto y del manejo del MEF. Digo esto porque este
Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión tiene reglas presupuestales propias
para su administración y para su personal y tiene capacidades de ejecución directas, no
es solo un organismo de coordinación; además tiene facultades de planeamiento, de
control y de sanción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se le otorga la segunda
interrupción, congresista Dammert, con autorización del congresista Lescano.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Este Equipo Especializado de Seguimiento
de la Inversión debería ser parte de un órgano de la Presidencia del Consejo de Ministros,
de acuerdo con el sistema que actualmente existe en el Perú, o debería ser un ministerio
de planeamiento, o debería ser un organismo multisectorial. Pero no es así. Es un
organismo del MEF para hacer la privatización encubierta o abierta o directa del conjunto
de bienes fundamentales, afectando el medio ambiente y dando utilidades
indiscriminadamente.
81
La creación de este organismo es abiertamente inconstitucional, incluso viola lo normado
respecto a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque no puede existir un organismo de
estas condiciones dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que tiene atribuciones
más determinadas. Debería ser, en última instancia, repito, un organismo de la
Presidencia del Consejo de Ministros que tiene carácter de coordinación entre ministerios,
no un organismo del MEF, que es básicamente de tipo presupuestal.
Esta es otra de las irregularidades que ya existen en el Perú y que, bajo esta modalidad,
se quiere consagrar, en contra de lo que vendría a ser un Estado moderno al servicio del
ciudadano.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Lescano.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta, en síntesis esta es una ley muy
peligrosa que podría aprobar el Congreso, repito, porque se está bajando el nivel de
control para futuros proyectos que pudieran afectar a las comunidades, el agua y el
ecosistema.
En síntesis, se están achicando los procedimientos. Ahora no se aprobaría la ley hacia
adelante para aprobar un proyecto de inversión tras otro proyecto de inversión y que por
cada proyecto se presente la evaluación del medio ambiente correspondiente. No.
Solamente sería necesario un solo documento de evaluación para varios proyectos de
inversión, lo cual genera una baja en el nivel de control y cuidado medioambiental. De
ninguna manera se puede permitir eso, incluso se está facultando que los estudios
anteriores que no tengan antigüedad mayor a cinco años se utilicen para proyectos
futuros.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional para que
termine, congresista Lescano.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— ¿Qué pasa si esos estudios están mal hechos?,
¿qué pasa si concurren hechos nuevos? ¿Eso es fortalecer el Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental? ¿O es debilitarlo? Yo creo que es debilitarlo.
Yo pienso que es prudente que este texto sustitutorio pueda ser devuelto a la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para que sea
evaluado adecuadamente, porque trae artículos muy peligrosos; repito, en esta coyuntura
no es posible aprobar este tipo de proyectos, más aun si tenemos, en el Perú, muchos
problemas medio ambientales con los proyectos mineros.
La congresista Cuculiza me pide una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista
Cuculiza.
La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Presidenta, creo que cuando un tema llega al
Pleno, significa que ya ha sido estudiado por la Comisión correspondiente y por los
técnicos. Entonces, no se puede venir al Pleno para decir que todo está mal. Estamos
perdiendo el tiempo. ¿Para qué están las comisiones? No se puede trabajar así. Desde el
82
momento en que la Comisión dice una cosa y la aprueba por unanimidad, algo bueno
tiene que haber en este proyecto de ley.
No podemos seguir viniendo al Pleno y proponer que regresen todos los proyectos para
nuevo estudio de las comisiones. ¿Qué manera de trabajar es esa?, ¿en dónde están los
técnicos? Se espera que llegue intachable al Pleno este proyecto de ley para poder
aprobarlo de una vez. Porque si vas a poner 40 problemas a todas las cosas que vienen
al Pleno, estamos de más. Eso significa que no tenemos capacidad de estudio en las
comisiones. Si esto es así, entonces que no traigan el proyecto al Pleno, porque hay una
demora de dos, tres o cuatro horas de discusión de una situación así en el Pleno.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene un último minuto adicional,
para que termine su intervención, congresista Lescano.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta, es común, en un debate en el Pleno
del Congreso, aportar para mejorar el texto.
Decíamos que hay varios artículos propuestos que están bajando el índice de cuidado del
medio ambiente con respecto a los proyectos de inversión minera.
Estamos proponiendo, tal como se hace en estos momentos, que cada proyecto de
inversión tenga individualmente su documentación. Pero ahora quieren utilizar un
certificado ambiental integral para varios proyectos de inversión. ¿Eso es bajar el índice
de cuidado?, ¿o es aumentarlo? Eso es bajar el índice del cuidado para el medio
ambiente. Estamos diciendo que se está proponiendo que se expropiarán inmuebles con
solo un procedimiento administrativo, cuando sabemos que la expropiación es un
procedimiento judicial, no un procedimiento administrativo.
¿Queremos que las cosas salgan mal y que busquemos nuevos problemas?, ¿o queremos
que las cosas salgan bien?
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Último minuto adicional,
congresista Lescano, por favor.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Nosotros pensamos que esta norma debe ser
revisada adecuadamente.
Es obvio que, en el Pleno, siempre hemos presentado cuestiones previas, y muchas veces
los dictámenes que han traído las comisiones han regresado para mejor estudio. Esa es
una práctica parlamentaria. Si fuesen errores pequeños, pueden ser corregidos. Pero acá
hay errores gruesos que nosotros no estamos dispuestos a aprobar. Por eso estamos
presentando la referida cuestión previa para que pueda decidir el Pleno.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Juan Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidenta, yo creo que el tema de la
promoción de inversiones hay que verlo con sumo cuidado: o generamos inversiones con
responsabilidad para el país o estimulamos la irresponsabilidad empresarial.
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Es un dilema que debemos tenerlo claro. Queremos empresas responsables que asuman
los estándares ambientales y los estándares de responsabilidad social en el país o
seguiremos estimulando actitudes irresponsables. Este asunto debe estar claro en nuestra
patria.
Esta ley es realmente un proyecto ómnibus, que empieza a generar elementos altamente
sensibles. Yo me voy a referir a un tema, no me voy a referir a todos. Voy a hacer
referencia a los artículos 6 y 7, que trata lo que se denomina e implica la línea de base.
Primero, tenemos que tener claro qué es una línea de base y para qué sirve una línea de
base. Si la línea de base, o la lectura de la realidad de los elementos biológicos, sociales,
geográficos o de los recursos están mal hechos, se hará un pésimo Estudio de Impacto
Ambiental y una pésima propuesta de estrategias de mitigación de los efectos
ambientales, así como un pésimo plan de relaciones comunitarias que empiecen a ayudar
a vincular el trabajo que pueda tener una empresa en términos de responsabilidad.
La línea de base es fundamental. En la línea de base se empiezan los trabajos de
cooperación, colaboración y participación con la población, porque es el entendimiento
de la realidad, es el entendimiento tanto de los inversionistas y el entendimiento de las
poblaciones locales.
Si ese entendimiento está mal hecho, si ese entendimiento es controversial, obviamente se
generan los conflictos, obviamente generan los problemas que han estado ocurriendo en
estos últimos años.
Entonces, es sumamente delicado hablar de la línea de base, no es cualquier cosa. No es
un elemento de simple tramitología, no es un tema de simple administración, no es; es un
elemento de profundo contenido cuando empezamos a trabajar los proyectos de
inversión.
Si no hay claridad en la línea de base, no estamos haciendo absolutamente nada.
Aquí, en el proyecto en debate, se cae en grave irresponsabilidad.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Dice: “Compartir las líneas de base, las
variables y la incidencia de estudio e investigación”. Una línea de base depende del tipo
del proyecto. Hay proyectos que le dan incidencia a las variables de orden biológico, hay
proyectos que le dan incidencia en las variables de orden geológico, depende de qué tipo
de inversión estamos hablando.
La fuerza y la incidencia hacia una variable son totalmente diferentes en uno y en otro
proyecto. Pero aquí, según el texto, se puede hacer y utilizar la línea de base de cualquier
proyecto.
Eso es absolutamente irresponsable; eso no es exigir responsabilidad en que la empresa
tenga que hacer un verdadero y validado Estudio de Impacto Ambiental. Y, por lo tanto,
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tampoco va a plantear medidas de mitigación adecuada porque las lecturas van a ser
totalmente equivocadas.
¿Eso queremos?, ¿queremos un país lleno de conflictos?, ¿queremos un país que no
entienda la realidad?, ¿queremos empresas que no asuman su responsabilidad? No,
pues. Creo que en el Congreso tenemos que ser claros en la situación de principio. Es ahí
precisamente donde empiezan los elementos de participación; es ahí, en la lectura de
nuestros recursos, cómo está nuestra agua, cómo está nuestro cerro, cómo están nuestros
pastos, cómo está nuestra agricultura, cómo está nuestra economía y cómo es que una
inversión va a impactar positiva o negativamente en un proceso de desarrollo de una
localidad o una región.
Es importantísima la línea de base, no es un asunto de simple trámite, no es un asunto de
carácter administrativo. Es un craso error de los burócratas, de aquellos funcionarios, que
piensan que la cosa es simplista. Realmente esto incluso bloquea la inversión, porque no
hace que haya responsabilidad de las empresas para asumir compromisos por nuestro
país.
Me está pidiendo interrupción el congresista Lescano.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir, congresista
Lescano.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta, hay normas inconstitucionales como
ésta: el jefe policial o el alcalde que se niegue a llevar adelante una medida coactiva en
un proyecto de esta naturaleza serán destituidos.
Se puede entender si se tratara de un jefe policial, pero destituir a alcalde por no cumplir
una norma administrativa de proceso coactivo, de ninguna manera. Es decir, aquí, manu
militari, se quiere sancionar incluso a autoridades elegidas por el pueblo.
Otra inconstitucionalidad: sucede que si el propietario de algún bien impugna
judicialmente la tasación, porque no está de acuerdo con el pago que se le da, resulta
que la expropiación no se paraliza, sino que sigue adelante. Entonces, ¿para qué
impugna?
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción, según
el congresista Pari, es para el congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidenta, es cierto que este proyecto
tiene medidas inconstitucionales.
El proyecto de ley en debate debilita, entrampa y genera situaciones muy graves en todo
el sistema de control ambiental. Además, este proyecto de ley tendría un nombre propio:
es el proyecto de la dictadura del MEF. Por eso, en el artículo 38 del texto, se señala que
el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, como Proyecto Especial,
dependiente del MEF, tiene la posibilidad de aplicar sanciones a aquellos que no
cumplan no solamente en la parte presupuestal, sino en todo el Estado. ¿Qué sanciones?
El procedimiento de acusar de falta grave aplicable al régimen laboral; o sea, la
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dictadura del MEF va a poder despedir a cualquiera, en el Estado, para hacer el
seguimiento de las inversiones. ¿Qué es eso? Es la dictadura del Presupuesto de la
República, sujeto y manejado por el MEF.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— El tema no está en los procedimientos de
armar las líneas de base, sino en las burocracias doradas que existen en los ministerios,
que se han anclado ahí y que utilizan el tema como un negocio. Ahí hay que trabajar, ahí
hay un asunto delicado y mafias que empiezan a operar. Eso es lamentable. El Ejecutivo
tiene que darse cuenta de que ahí hay temas que simplemente relajan la evaluación de
carácter técnico de cómo se trabaja la línea de bases y los estudios de impacto
ambiental. Ahí están los problemas. Ahí están los temas de los proyectos que, acá, a
veces, discutimos. Ahí está, porque no hay entendimiento de la realidad. Queremos que
las empresas cierren sus ojos y no entiendan esa realidad.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Miren, el proyecto indica que una misma línea
de base puede ser utilizada en cualquier sector económico. O sea, una línea de base
como los datos de una carretera puedo utilizarla para una represa; o los datos de una
represa lo puedo utilizar para un proyecto minero. ¡No, pues! Eso es llegar al simplismo.
Los datos y la información son recogidos de acuerdo con las características del proyecto
de inversión y el nivel de incidencia: en qué variable va a incidir el proyecto y si va a tener
una incidencia en términos biológicos o en otros términos. Entonces, relajar el sistema de
las líneas de base es relajar los estudios de impacto ambiental, es relajar todas las
medidas de mitigación que se pueda plantear para cualquier proyecto de inversión.
Aquí no podemos permitir eso porque, después, se traduce en niveles de violencia, en
niveles de no entendimiento por decir que solo se trata de tramitología. Aquí hay un tema
de esencia.
Además, los procesos biológicos y de la vida no son estáticos. ¿En cinco años no cambia
la realidad?, ¿la incidencia de un proyecto que interviene en esos cinco años no cambia
acaso los elementos y las variables de esa realidad?, ¿acaso la aplicación de un proyecto
de irrigación no cambia la incidencia sobre esa realidad y resulta que la lectura de las
variables son totalmente diferentes pasados unos años?
La realidad se mueve, no es estática, es dinámica y hay que estudiarla. Es responsabilidad
saber entender y saber cómo le damos lectura a esa realidad; si no, simplemente los
estudios de impacto ambiental no serán de calidad; las medidas de mitigación, peor,
porque simplemente no se entendería cuál sería el impacto de un proyecto ni la realidad
concreta donde se interviene. Eso no queremos. Ese mal entendimiento va a permitir
promocionar o promover inversiones irresponsables.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Nayap.
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El señor NAYAP KININ (NGP).— Presidenta, el congresista Cárdenas me pide una
interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Cárdenas.
El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidenta, con relación a lo expresado por
nuestro colega congresista Pari, sobre las líneas de base, debo señalar que estas están
orientadas a medir los componentes ambientales presentes en el área de estudio de un
proyecto, en un momento determinado; y se tiene que cumplir dos características: el
medio físico y el medio biológico. Los estudios detallan aspectos geológicos, estudios de
suelos, balances hídricos, capacidad de uso actual de los suelos, del aire y del agua.
También detallan la diversidad biológica, sus componentes en flora y en fauna, áreas
naturales protegidas o zonas de amortiguamiento. Toda esta información puede servir
también para otros proyectos de inversión.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Concluyó su interrupción.
El señor NAYAP KININ (NGP).— Le doy también la segunda interrupción al congresista
Cárdenas.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la segunda interrupción el
congresista Cárdenas.
Pero antes, por alusión, tiene la palabra el congresista Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Totalmente de acuerdo cuando se hablan de
variables; pero las variables son dinámicas, no son estáticas. Las variables no están
estáticas durante cinco años, pueden cambiar; es decir, depende de qué tipo de variable
estamos trabajando.
Decir que todas las variables son estáticas durante cinco años es una irresponsabilidad.
Peor es decir que se pueden utilizar las variables donde se dio incidencia para un
proyecto diferente. Eso es no entender la realidad.
¿De qué estamos hablando? La realidad es diferente frente a uno y otro proyecto. La
incidencia y el entendimiento de cómo se abordan las medidas de mitigación, a través de
la lectura sobre esa realidad, son totalmente diferentes frente a un proyecto de riego o
frente a un proyecto minero. No podemos confundir las cosas. No relajemos ese tema.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para
el congresista Cárdenas.
El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidenta, también se establece, en la
propuesta, que la línea de base tiene que ser actualizada permanentemente; en este caso,
para el mismo proyecto. Entonces, va a haber una dinámica constante de actualización
de documentos.
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Independientemente de lo dicho con relación a las líneas de base, ellas tendrían que ser
orientadas conforme se señala en la exposición de motivos: la propuesta legal en debate
busca dinamizar nuestra economía y promocionar las inversiones. Digo esto, porque para
sacar una autorización respecto de una planta de tratamiento de residuos sólidos, se
demoran entre tres y cuatro años. En cambio, mediante estos nuevos procedimientos que
se proponen, se puede reducir a la mitad del tiempo el trámite correspondiente para que
se realicen las inversiones en nuestro país.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Luego de las dos interrupciones,
puede continuar el congresista Nayap.
El señor NAYAP KININ (NGP).— Presidenta, mi saludo a toda la Representación
Nacional.
Observo que estamos en medio de un debate de territorios indígenas. Me llama mucho la
atención la urgencia de tratar ahora sobre los territorios indígenas. Ojalá hubiéramos
atendido, con la misma velocidad y urgencia, el tema de los indígenas. Digo esto porque
el primero de setiembre asesinaron a cuatro líderes indígenas. Hemos solicitado
insistentemente que se le otorgue la capacidad de investigar ese hecho a la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Para ello, hemos
esperado ocho largos meses y no se nos quiere atender. En cambio, sí se habla con
urgencia acerca de los territorios de los indígenas. Eso me llama mucho la atención.
Con el proyecto de ley 3941/2014-PE en debate se confirma la tendencia de legislar
buscando beneficiar a sectores empresariales e inversionistas en desmedro del bienestar
común, en particular de las comunidades campesinas y nativas y de todos los pequeños
propietarios.
Tenemos que razonar muy bien este tema, porque este proyecto de ley pretende abordar
muchos y diferentes temas con el único objetivo de volver a flexibilizar medidas y
procedimientos que únicamente promueven la inversión, sin respetar los derechos
fundamentales.
De esta manera se reconfirma la tendencia de este Gobierno de legislar, mediante
normas, muchos temas y derechos delicados, como los territoriales, ambientales,
administrativos, penales, etcétera. Si se aprobara, se desmantelaría lo poco que hemos
avanzado en políticas públicas y en cuanto a protección de derechos de nuestras
comunidades campesinas y nativas, propiciando un escenario de agudización, de
conflictos socioambientales y territoriales.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Nayap.
El señor NAYAP KININ (NGP).— El proyecto de ley 3941/2014-PE en debate, al igual
que la Ley 30230 —Ley que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país—,
busca debilitar los instrumentos ambientales que ayudan a fiscalizar las actividades
extractivas, los proyectos de gran infraestructura y sus posibles impactos en la población y
el patrimonio natural.
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Al simplificar procedimientos e integrar permisos que generan amenazas directas a las
tierras y territorios de los pueblos indígenas y pequeños propietarios, se está generando
una alarmante inseguridad en todo el territorio nacional.
El capítulo I del Título IV, sobre servidumbres de territorios eriazos de propiedad estatal,
presenta una definición de tierras eriazas que no se ajusta al objetivo mismo de la norma,
que es el artículo 18, ya que se refiere solo a las que poseen aptitud agropecuaria,
cuando la norma afectaría incluso a las que no tuvieran dicha aptitud. No se está
considerando seriamente ese tema.
Por otro lado, quiero decirles que en el artículo 29 del texto del dictamen, si bien se
reconoce la posesión como suficiente para demostrar la propiedad de las comunidades,
plantea el problema de que muchas de ellas no tienen título de propiedad; y al no existir
un catastro de tierras, el otorgamiento de servidumbres a proyectos de inversión puede
afectar a las comunidades, generando una serie de conflictos territoriales.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional para que
termine, congresista Nayap.
El señor NAYAP KININ (NGP).— Más delicada es todavía la situación de las comunidades
nativas a las que represento, gran parte de cuyo territorio está en condición de cesión en
uso, en las que formalmente el Estado es propietario de esas tierras.
Bajo los argumentos de esta norma las comunidades nativas podrían ver afectados sus
territorios si el Estado otorgara servidumbres sobre dichos espacios que son de vital
importancia para su desarrollo.
Señora Presidenta, señores congresistas, los indígenas no somos nada ni nadie sin
territorio. Los indígenas existimos por nuestros territorios, no independientemente de
nuestros territorios.
Quiero decirles que no sé si han contemplado que, de todos los ciudadanos afectados,
aquellos que pertenecen a los pueblos indígenas se verían más afectados, no solo porque
el tipo de proyecto de inversión contemplado en este proyecto de ley se ejecutaría
principalmente en sus territorios, sino también porque no se han considerado las medidas
especiales para su caso.
Al respecto, les recuerdo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente
0022 del 2009, que en su Fundamento 52 afirma lo siguiente: “Es cierto que cuando un
pueblo indígena se ve perjudicado por la expropiación de su territorio, se puede vulnerar
algo más que su derecho fundamental a la propiedad; se pone en riesgo también la
propia existencia del pueblo indígena y sus valores espirituales. Es por ello que la
obligación del Estado no debe remitirse al pago de un justiprecio, sino que debe ir más
allá, hacia un beneficio compartido, garantizando con ello no solo la continuidad de su
existencia sino el mejoramiento de la calidad de vida. Solo así puede comprenderse
justificada la expropiación de tierras indígenas, de lo contrario los miembros de tales
pueblos podrían recurrir a las vías legales pertinentes a fin de cautelar sus derechos”.
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No se ha contemplado esto y hago un llamado, señora Presidente, a través suyo, a toda
la comunidad de legisladores, que no les demos la espalda a los pueblos indígenas. Los
pueblos indígenas hemos esperado largamente el desarrollo de nuestras comunidades y
lo vamos a seguir buscando. No podemos aceptar que se sigan afectando sus derechos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Nayap.
Tiene un último minuto adicional.
El señor NAYAP KININ (NGP).— Presidenta, hace muy pocos días pasó la semana santa
y, en mi tiempo libre, pude ver una película que trataba sobre la esclavitud en los Estados
Unidos. Había gente que defendía la existencia de la esclavitud aún con Biblia en mano;
han pasado los años y hoy nadie, en su sano juicio, dice que está a favor de la esclavitud.
Es más, Estados Unidos ha superado ese problema y tiene un presidente negro en este
momento.
Yo no quisiera que pasaran los años y que nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros
tataranietos, se avergüencen de que no hayamos podido legislar a favor de los indígenas
y que llegue el tiempo en que nos digan dónde estuvieron los legisladores que no
pudieron defender los derechos de los pueblos indígenas.
Hago un llamado para defender los pueblos indígenas y legislar con razonamiento no
solamente buscando favorecer a los que más tienen.
Gracias.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Natalie Condori.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidenta, en primer lugar, consideramos que
este proyecto debe ser debatido y que el voto debe ser a conciencia de cada uno de
nosotros.
Cuando se tocó este proyecto de ley el año pasado, nosotros hicimos una clarísima
observación que hasta la fecha no ha sido absuelta. Hemos pedido coherencia entre el
nombre y lo que aquí se quiere establecer como ley. La ley dice: “Ley de promoción de
las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de
mayor exclusión social”. Nadie, en su sano juicio, se opondría a las inversiones, sobre
todo, en las zonas de mayor exclusión social.
Pero quisiéramos saber antes cuáles son, en nuestro país, las zonas de mayor exclusión
social. La Defensoría del Pueblo ha coincidido con nosotros en plantear esta observación,
porque en nuestro país no están definidas las zonas de mayor exclusión. Deberían estar
en esta iniciativa, porque el ámbito, en donde se va a intervenir, no está definido, no está
establecido.
Tampoco está establecido el tipo de inversión que se quiere hacer en estas zonas: ¿es
inversión pública?, ¿o es inversión privada?
90
Nosotros observamos también que se utilizan los estudios de impacto ambiental,
anteriormente aprobados, en la misma zona, sin diferenciar el tipo de proyecto de
inversión. ¿Qué va a permitir esto? Usar información desfasada, con datos anteriores.
¿Eso es justo? ¿Eso es viable técnicamente cuando hay seriedad en una inversión?
También se está atentando contra el Senace, reduciéndole el tiempo para su
reglamentación a 45 días hábiles. Es insuficiente, considerando la labor compleja que
van a realizar ellos.
Ejemplos tenemos miles, y claramente lo han dicho aquí. ¿Quiénes son los más
perjudicados?: Aquellos, precisamente, que, en nuestro país, no están debidamente
formalizados. Hay 70% de informalidad en todo lo que es saneamiento físico-legal de
terrenos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Condori.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— ¿Acaso cada uno de nosotros no somos los
mejores testigos, en nuestros viajes al interior del país, de los constantes pedidos de
apoyo para que se formalicen y obtenga su título de propiedad. Eso se ve incluso en
Lima, donde está la realidad más cercana para todos nosotros.
¿Cuántas comunidades campesinas no tienen problemas es estos momentos?, ¿cuántas
de ellas no tienen litigios en estos momentos precisamente por falta de titulación y
definición de todas sus áreas? Jicamarca es un ejemplo claro.
¿Acaso las comunidades campesinas se oponen a la inversión? ¡No, señores! Tenemos
dos ejemplos claros de este Gobierno porque ha intervenido en estas zonas: el programa
Tambos y los puestos de vigilancia en zonas de frontera.
Sin recibir un solo sol a cambio, las comunidades campesinas han cedido parte de su
terreno para que ahí se desarrolle la inversión. No se oponen a la inversión, pero
tampoco quieren el recorte de sus derechos, sino el respeto a sus derechos.
¿Qué es lo que ha pasado a través de la historia? Ha habido inversiones hidroenergéticas
y de generación de afianzamiento hídrico. Pero, ¿qué hemos visto también? El secamiento
de sus bojedales. Ese impacto ambiental y las demandas no han sido compensados a
estas comunidades campesinas hasta ahora. Se han ido incluso a litigios internacionales y
hasta ahora siguen en el olvido, no hay la más mínima atención en estas zonas. Al no
existir claridad, hay desconfianza.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Condori.
Tiene tiempo adicional.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidenta, ¿necesitamos recortar los tiempos
en la tramitología para favorecer a la inversión? Claro que sí. Pero hay que respetar los
derechos de todos, lo cual va a permitir que la misma empresa sea reconocida en el
ámbito donde va a estar operando.
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No quisiéramos que este proyecto de ley pase así nomás, quisiéramos que se tome en
consideración lo siguiente: en estos momentos, existe un gran malestar a nivel nacional;
tenemos comunidades campesinas que rechazan la aprobación de esta iniciativa
legislativa. Desde ya alertamos, advertimos, que, de aprobarse, puede devenirse en un
nuevo conflicto a nivel nacional, y eso queremos evitarlo.
Presidenta, me solicita la interrupción el congresista Justiniano Apaza.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Justiniano Apaza.
El señor APAZA ORDÓÑEZ (GPDD).— Presidenta, además de una serie de disposiciones
anticonstitucionales que contiene este proyecto de ley, no se están tomando en cuenta las
opiniones de, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que no es santo de mi devoción.
Dice la Defensoría del Pueblo que el mencionado proyecto de ley “contiene, además, un
conjunto de disposiciones que, de no ser precisadas, podrían poner en riesgo los
derechos de los pueblos indígenas, en especial sobre sus tierras y territorios. Sobre el
particular, cabe recordar que, el pasado mes de noviembre, nuestra institución
recomendó incluir una disposición final que señale expresamente que la iniciativa legal no
se aplicará a los derechos de los pueblos indígenas ni a los de propiedad comunal ni de
las comunidades campesinas y nativas”.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Condori.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidenta, reiteramos el pedido: que se
definan cuáles son las zonas de mayor exclusión social. ¿Las zonas de mayor exclusión
social son aquellas que figuran en el mapa de la pobreza, la que aún está
desactualizada?, ¿mapa en la que se da preferencia a los 300 distritos más pobres,
excluyendo incluso a los departamentos de frontera, sin tener en cuenta los indicadores
sociales?
Quisiéramos que se nos aclare eso. Si no tenemos claramente definida, en esta ley —
como sí lo están otros términos técnicos—, la zona de mayor exclusión social, ¿cómo
vamos a saber los peruanos cuáles son esas zonas donde se realizarán los proyectos de
inversión que tanto se quiere?
Presidenta, antes de concluir, me pide una interrupción el congresista Rubén Coa.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Coa.
El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidenta, he llegado un poquito tarde. Solicito que se
incorpore una adición en la undécima disposición complementaria final, que hace
referencia a varios proyectos de alto interés nacional. Además de los mencionados
proyectos 128) Majes-Siguas II Etapa, 129) Chavimochic III Etapa y 130) Carretera
Longitudinal de la Sierra: Huancayo, Izcuchaca, etcétera, pido que se incorporen los
siguientes proyectos: 131) Tramo vial desvío Quilca, desvío Arequipa, 132) Reubicación
del establecimiento penitenciario, 133) Mejoras a la seguridad energética del país y
desarrollo del Gasoducto Sur Peruano; aeropuerto de Chachapoyas; aeropuerto de
92
Andahuaylas; carretera de San Marcos; carretera de Andahuaylas; Pampachiri;
Negromayo; Andahuaylas-Huancabamba; carretera Rodríguez de Mendoza; tramo Selva
Alegre; carretera a Ica, Los Molinos, Tambillos, Tramo Puente...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Acabó su tiempo de interrupción,
congresista Coa.
Termine, congresista Condori.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidenta, pongo en conocimiento del Pleno
que en Tacna tenemos 45 comunidades campesinas, las que han expresado su rechazo a
esta iniciativa legislativa en debate. Por esa razón, votaré en contra.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Marisol Pérez Tello.
La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Presidenta, yo quisiera que
evaluáramos un poco el debate y la manera como se está llevando a cabo.
Esta norma tiene un objetivo, que puedo no compartir en la decisión que se ha tomado:
la promoción de inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Si
inicialmente se pidió que el proyecto regresara a comisiones era porque se había
pretendido generar mucho daño, sobre todo, a los pueblos indígenas.
Pero es bueno reconocer que se han hecho esfuerzos, quizá no completos, ya lo dijo la
congresista Mendoza: hubiera sido importante que los Apus, a quienes se les consultó,
pudieran haber regresado a dar su opinión final. No se hizo. Sin embargo, el presidente
de la Comisión ha tenido gestos importantes con la Defensoría del Pueblo y con el
Ministerio de Cultura para intentar recoger los derechos de los pueblos indígenas. Sobre
este tema, se ha incorporado la decimocuarta cláusula. Les pido a quienes coincidíamos
en la preocupación del tema indígena que la lean.
Esta modificación dice lo siguiente: “Excepción a los títulos IV y V. Las disposiciones
contenidas en los títulos IV y V no pueden ser aplicadas en tierras y territorios de pueblos
indígenas originarios, ni afectar derechos de propiedad o de posesión de las
comunidades campesinas y nativas”. Eso significa, en estricto, que esta norma y las
posibles afectaciones que podrían tener no se darían.
Las preocupaciones son otras ahora: el problema de la titulación de los pueblos
indígenas es una de ellas. Este problema se va a resolver con voluntad política y con
ganas, por fin, de proceder a la titulación, para luego, en el supuesto de que se necesite
hacer una obra de inversión, aplicar el diálogo con los pueblos, o la expropiación como
última medida, pero reconociendo de manera primigenia el derecho ancestral de los
pueblos indígenas de nuestro país.
Sin embargo, el problema real de falta de titulación y el problema real de desconfianza
no se resuelven con emitir una ley y, por lo tanto, parar toda la norma no me parece
responsable. Creo que debemos hacer una difusión clara de lo que significa la norma,
93
para que los pueblos indígenas entiendan que la afectación inicial ya no se va a dar,
porque no se va a aplicar en sus territorios o en su territorio ancestral.
Debemos explicárselos a los pueblos indígenas con claridad, porque esta norma solo la
conocemos nosotros. El anterior texto sustitutorio, que ha sido difundido, no incorporaba
la excepción leída. El intento de los pueblos de incorporarla no se llevó a cabo en
anterior ocasión. Si vamos a aprobar hoy el nuevo texto, tiene que venir acompañado de
una difusión clara a los pueblos indígenas de que no afecta su territorio, tal y como lo
dice la decimocuarta cláusula incorporada.
Yo he escuchado exposiciones legítimas que no estaban tomando en cuenta la reciente
incorporación.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Pérez Tello.
La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Si no viene la decisión de informar
con claridad esa excepción y de que la ley tiene que venir acompañada de un proceso de
titulación y de un reglamento que incorpore el supuesto de los pueblos indígenas,
entonces el daño que se quería evitar no va a evitarse.
Conversando con el congresista Nayap, le dije que es esta nuestra preocupación: los
pueblos indígenas no han recibido el texto que estamos discutiendo ahora y, por eso, no
tienen la claridad de que los pueblos indígenas no van a ser incorporados en la
aplicación de la nueva ley.
Este es el primer tema: claridad en decirle al país que esta norma no afecta el territorio
indígena ni la posesión ni la propiedad.
La segunda tarea es asumir el compromiso serio de realizar la titulación, porque
lamentablemente una vez que se dé la norma, un pueblo indígena podría no estar
enterado y no ponerse a derecho en cinco días, lo cual permitiría que se dé la
servidumbre. Hay que establecer procedimientos sencillos que establezcan mecanismos de
solución. Eso estará en manos de quien reglamente la norma, en este caso, el Ministerio
de Ambiente.
Entonces, este sería el segundo mensaje: claridad en que no están incorporadas esas
comunidades y la responsabilidad de que se establezcan, en el reglamento,
procedimientos claros para que la excepción señalada se aplique en la servidumbre que,
en caso de posesión de pueblos indígenas, se haga sin el conocimiento de esta realidad;
por ejemplo, el lote 1-AB, que no ha podido ser titulado porque tenía servidumbres.
Me pide una interrupción el congresista Dammert.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Para entender la propuesta de la
congresista, quisiera saber si se puede aplicar a este caso.
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Se tenía que ampliar el gasoducto sur andino, y la ampliación tenía que pasar por una
zona que, para la población indígena, es un santuario porque ahí viven sus dioses y está
su historia. Quien estaba a cargo el gasoducto sur andino dijo: “lo hacemos de todas
maneras; total, eso está vacío, no está ocupado”.
Ciertamente, no está ocupado por las personas físicas, pero es el santuario, es la historia,
son los dioses. La población les declaró la guerra al Estado peruano y a la compañía que
quiso hacer la ampliación. Y la compañía no pudo hacerla porque los indígenas
defendieron su santuario.
Pregunto qué norma que está proponiendo usted puede garantizar esa realidad.
Ninguna. Porque no están considerados los territorios indígenas en su conjunto, sino solo
aquellos que están ocupados o habitados, cuando el territorio indígena es mucho más
amplio. Por eso, quisiera saber, en concreto —por ejemplo, en ese y en otros casos
similares—, cómo se gráfica la propuesta que está haciendo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Pérez
Tello.
La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Presidenta, en primer término, yo
quiero que quede claro que mi bancada y nosotros nos opusimos a las propuestas
iniciales, porque no se hacía mención a los territorios indígenas. Los territorios estaban
dentro de la propuesta, igual que todo el territorio nacional. De hecho fui yo quien pidió
que nos explicaran cuál era la situación actual de las servidumbres a nivel nacional,
documento que nunca llegó.
Lo que yo estoy señalando en este momento es que ya existe la incorporación de una
cláusula, la valoraremos; pero, empecemos por hacer el análisis, tomando en cuenta que
ya se incorporó. La incorporación de la excepción es clara: las disposiciones contenidas
en los Títulos IV y V del texto, que tratan de la servidumbre y derechos de vía, no pueden
ser aplicadas en tierras y territorios de pueblos indígenas originarios, ni afectar derecho
de propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas.
Si hay que precisar con relación a lo que se reconoce como territorio, según el Convenio
169 del OIT, así se hará. Es absolutamente innecesario, porque ya la sentencia del
Tribunal Constitucional peruano, respecto del caso Comunidad Nativa Tres Islas, ha
incorporado toda la legislación internacional como corresponde.
Además, ya la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución dice que esta se
interpreta de conformidad con los tratados que en materia de derechos humanos ha
ratificado el Perú.
El propio Tribunal Constitucional ha ido más allá con el código de procedimientos y ha
establecido también jurisprudencia, con lo cual cuando hablamos de territorio indígena
hablamos de territorio ancestral, concepto que no solamente supone en donde está
asentada una comunidad, sino todo su entorno.
El problema, a través de la Presidencia, congresista Dammert, y en el que convenimos, es
que no hay titulación, ese es el verdadero problema. Hasta que no se titulen los pueblos
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no titulados o que no aceptan ser titulados por servidumbres previas, van a estar
expuestos. ¿Podemos arreglar eso no aprobando la norma? No, porque se ha
concesionado y se han establecido servidumbres en los últimos seis meses, más que en
muchísimo tiempo, en muchas partes de la selva. Solucionémoslo. Si establecemos una
prohibición expresa que diga: “no se pueden tocar los territorios indígenas”, el
reglamento lo desarrollará. Si no lo desarrolla adecuadamente, presentamos una acción
popular.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Pérez Tello.
La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Si hemos reclamado y si ya se ha
incorporado expresamente, lo que habría que hacer es exigir el procedimiento, en el
reglamento, para que un pueblo indígena pueda reclamar y exigir su derecho ya sea de
propiedad o de posesión ante la autoridad competente. En eso sí estoy de acuerdo.
Creo que ya se puede poner expresamente y empezar el debate de fondo.
Lo que me preocupa no es eso, porque se puede subsanar el tema explicando a los
pueblos indígenas esta salvaguarda y garantizando un procedimiento para que puedan
exigirlo ellos cuando no tengan título porque cinco días no son suficientes.
En cambio, sí me preocupa la certificación ambiental. Hay una confusión en la línea de
base, a propósito de lo señalado por el congresista Pari, porque se establece con
claridad, en el artículo 7, que la actividad prevista para que se pueda utilizar una línea de
base antigua tiene que encontrarse físicamente dentro del mismo territorio y se faculta a
la OEFA, en su rol de fiscalización, a señalar cuáles son los riegos.
El problema, en el fondo, es que nadie confía en el Estado: ni los inversionistas ni los
congresistas ni el país. El problema es que nadie cree que los 150 días vayan a ser 150
días; y todos sabemos que un Estudio de Impacto Ambiental toma dos años, con o sin
pueblo indígena; ese es otro problema.
Yo sí creo en la protección especial que debemos dar a los pueblos. También creo que
hay un problema de eficacia del Estado, hay un problema de gestión, no es un problema
de ley, porque existen también, en el artículo 10, y les pido, por favor, que lo revisen,
todos los procedimientos que tienen que incorporarse a esta nueva autorización o
certificación ambiental global.
Entonces, esto es un acto de fe y yo creo honestamente que, a veces, hay que hacerlo.
Mira, si tú necesitas acumular tus proyectos por la incapacidad de muchos municipios que
limitan la inversión, hazlo; pero hazlo bien; y tendremos que estar vigilantes para que ese
reglamento se ajuste y no abra puertas para aprovechados.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Pérez Tello.
La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Lo que no podemos hacer es no
hacer nada. La realidad es que en nuestro país los proyectos no se ejecutan por
incapacidad de gestión de muchos de nuestros funcionarios.
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Presidenta, me había pedido una interrupción el congresista Eguren. La concedo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es para
el congresista Eguren.
El señor EGUREN NEUENSCHWANDER (PPC-APP).— Presidenta, me refiero al artículo
10.5, en el que, entiendo, hay aparentemente un error, que se lo traslado al presidente
de la comisión para que lo evalúe. En este artículo se supone que se requiere contar
previamente con certificación ambiental en todos los casos, lo cual no es así. Por
ejemplo, no se requiere certificación ambiental para la aprobación de estudios de
aprovechamiento hídrico. Por ello, hay que corregir el error y hacer una modificación
para que quede claramente establecido que en todos los casos no se requiere
previamente la certificación ambiental. Voy a alcanzar al presidente de la comisión la
sugerencia del texto.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Pérez
Tello.
La señora PÉREZ TELLO DE RODRÍGUEZ (PPC-APP).— Presidenta, termino.
Sí creo que se está haciendo un esfuerzo importante con esta norma. Creo que el proceso
de aprobación de la misma ha sido pésimo y lejos de generar confianza ha generado
desconfianza. Tendremos que hacer un esfuerzo consciente, porque los pueblos indígenas
y, en general, los ciudadanos que se puedan sentir afectados entiendan cuál es la lógica.
Dependerá de quien reglamente esta norma la responsabilidad de hacerlo. O no
hacemos nada y dejamos que la inversión se paralice en nuestro país.
Yo creo que la inversión y el desarrollo van de la mano y creo que es perfectamente
compatible con respecto a los derechos no solo de los pueblos indígenas, sino de todos y
todas, así como con el medio ambiente.
Tenemos que avanzar. Si lo vamos a hacer, hagámoslo con responsabilidad; asumamos
el compromiso político de titular las tierras indígenas; pongamos el plazo; asignemos
recursos; y yo creo que estas ventanillas únicas y estos títulos habilitantes globales van a
funcionar en tanto los funcionarios sean capaces de hacer las cosas bien. No se debe
pretender, con alguna ley, beneficiar a nadie, sino a todo al país que requiere esta
inversión con responsabilidad, Presidenta.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Daniel Abugattás.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidenta, yo creo que la intencionalidad de
este proyecto de ley es loable. Creo que, finalmente, se está tomando conciencia. Ahí
convengo con la congresista Pérez Tello en la mediocridad y en el burócrata insensible
que tenemos a nivel nacional; este tema viene agudizándose en los últimos 30 años cada
vez más. Lamentablemente las reformas que se han emprendido, como SERVIR, no han
logrado superar ese efecto.
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Los proyectos como este pueden aparecer como manotazos de ahogado buscando una
solución al problema; pero, es tal el temor que se tiene de tomar decisiones que se
determina que esto se irá aplicando progresivamente; es decir, esto se aplicará en la
medida que determinadas autoridades cumplan con lo establecido. A pesar de eso, le
dicen que tiene un plazo de 150 días hábiles.
¿Queremos o no queremos solucionar el problema de las licencias, de los
funcionamientos, sobre todo el problema de la ejecución de la inversión pública, privada,
mixta o como la quieran llamar?
No estoy contando un chiste, congresistas Gutiérrez y Huaire. Sí, están en otra cosa
ustedes.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, puede intervenir el
congresista Josué Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, yo respeto mucho al congresista
Abugattás, pero no voy a permitir lo que ha dicho. Estoy coordinando con el congresista
Huaire, que es presidente de la Comisión de Economía, respecto del tema que está en
cuestión previa. Así que, por favor, que no se malinterprete; nadie está contando chistes
ni cuentos de nadie.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Abugattás.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidenta, yo creo que respetos guardan
respetos. Cuando alguien está hablando, los asistentes deben oír, sobre todo el
presidente de la Comisión de Economía que viene a sustentar este proyecto.
En el tema en debate, debemos tomar la decisión de si vamos a seguir siendo tibios o de
si vamos a seguir siendo malaguas, dejando que sean responsables 10 o 12 instituciones,
para después levantar las manos y decir: “yo no fui, fue Teté”. No cumplió la ANA, no es
mi culpa; no cumplió Digesa, no es mi culpa; no cumplió Serfor (Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre), no es mi culpa; al final ¿quién es el que se revienta? El
país.
¿Por qué tenemos el temor absoluto de establecer responsabilidades en el país? A mí me
ha encantado el discurso que ha dado hoy el congresista Nayap, a nombre de los
nativos. Pero yo no veo ni oigo aquí reclamo alguno por lo que viene ocurriendo día a
día con la tala ilegal, por ejemplo. Hay tala ilegal, todos los días se deforestan cientos de
hectáreas en el país. Yo no veo ONG alguna ni agremiación nativa alguna reclamando.
No pasa absolutamente nada. Parece que eso está bien.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Abugattás.
Tiene tiempo adicional.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Se habla de la progresividad de estas medidas.
Mi propuesta es que se elimine la progresividad. O se aplica o no se aplica. Porque
contarnos el cuento de que traigo una propuesta para que se aplique progresivamente
con las taras de nuestra administración pública, con un reglamento que debe salir en 30
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días pero sale en cuatro años, ¿qué estamos diciéndole a la gente?, ¿estamos haciendo
un esfuerzo para fomentar la inversión?, ¿o le estamos tomando el pelo al inversionista?
¿Qué estamos haciendo acá?
Seamos capaces de hacer una propuesta real que respete los derechos de las
comunidades nativas y campesinas, estableciendo responsables. Leo con mucha hilaridad
—ahí sí puede reírse conmigo congresista Gutiérrez— esto que dice: “Aprobación de
estudios de aprovechamiento hídrico, la ANA (Autoridad Nacional del Agua); autorización
de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, la ANA; autorización de uso de agua
en distintas modalidades, la ANA”.
¿Alguien le ha preguntado a la empresa de leche Gloria, que está a 12 kilómetros de
nosotros, dónde están los permisos de aprovechamiento hídrico? ¿Cómo es que, en el
Perú, se puede utilizar hoy el agua que le da la gana, a 10 kilómetros del Congreso de la
República, sin licencia absolutamente de nadie? Lo peor de todo es que se vierte, se
contamina y se envenena el río Rímac, tal cual lo ha establecido Sedapal. ¿Dónde está la
ANA? ¿Para qué nos estamos esforzando en poner esto en el proyecto en debate si no
hay tipo de control alguno, si no hay tipo de autoridad alguna, si no hay tipo de
responsable alguno.
Entonces, seamos honestos. Quitémonos la máscara de una vez por todas. ¿Qué
queremos? ¿Seguir contándole el cuento al pueblo de que estamos haciendo algo para
cambiar las cosas? No vamos a hacer absolutamente nada. Si vamos a seguir dando y
aplicando este tipo de propuestas con mano blanda, a medias tintas, diseminando la
responsabilidad en 20 instituciones, so pretexto de que va a ser una la que asume, que es
el Senace, entonces que el Senace la asuma de una vez por todas, que se ponga los
pantalones largos si realmente quiere promover la inversión para no seguir engañando al
inversionista, al ciudadano, al congresista, a todos.
Es posible que hoy yo haga un hueco, utilice el agua que me dé la gana en la cara de
todo el pueblo peruano ¡y no pasa absolutamente nada! Si yo puedo contaminar el río
Rímac todos los días, botando mis desagües como me da la gana, ¿no hay autoridad
alguna que me cierre el caño?, ¿acaso no están preocupados por eso? A sabiendas de
eso, ¿les preocupa este proyecto de ley? Por favor.
Yo le pido al presidente de la comisión, que elimine los términos de progresividad en el
artículo 9.° y en el artículo 10.° y que se aplique esta norma como se tiene que aplicar:
de inmediato. Además, que asuma todas las responsabilidades el Senace, como lo
pretende la norma, pero no lo asume realmente.
Gracias.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Marisol Espinoza.
Pero antes, por alusión, puede intervenir el congresista Nayap.
El señor NAYAP KININ (NGP).— Presidenta, el congresista Abugattás hizo una alusión
diciendo que mi discurso fue bonito, pero sin contenido alguno.
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Yo quiero decirle que no hablé para quedar bien con nadie. Dije que este proyecto de ley
estaba atentando los derechos de las comunidades nativas y que se está cayendo en una
transgresión de leyes nacionales e internaciones, por lo que bien podría ser declarada
inconstitucional. Además, quise y quiero evitar problemas de protestas sociales de los
pueblos indígenas. Esa fue mi participación.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista
Marisol Espinoza.
La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Presidenta, hay preocupación sobre el artículo 6,
que trata el uso compartido de la línea de base y que es el parámetro sobre el cual se
estudia y se analiza cuál va a ser la evaluación futura del proyecto de inversión.
Nos causa profunda preocupación la propuesta respecto de la línea de base, por lo
siguiente: Estos parámetros se miden de un año cero al año uno, al año dos, al año tres,
al año cuatro y al año cinco. Si vamos a construir, por ejemplo, un puente, se necesita un
estudio de línea de base, un análisis de suelos o tierras, o un análisis hidráulico. Yo no
me imagino cómo, a partir del estudio de ese puente, se pueda compartir la misma línea
de base de ese puente para construir un embalse o para tratar la calidad del agua o la
calidad del aire. Técnicamente es absurdo.
Otro ejemplo. A un médico responsable no se le ocurriría recetar el quinto año con un
análisis del primer año. Así de simple y de sencillo. Si hay responsabilidad técnica,
entonces es irresponsable formular este proyecto y, sobre todo, el artículo 6. Es mucho
más grave, cuando el propio proyecto de ley trata, en el artículo 10, inciso c), el desvío
de los cauces y riberas, por lo que son temas que requieren una evaluación
especializada. Esto lo saben todos los técnicos.
Es necesario señalar que un estudio de líneas de base no es compartido para que sirva a
la vez al puente, al agua, al embalse. No. Además, una vez diseñado un proyecto de
inversión, este genera consecuencias sobre el ambiente, ya generó cambios, lo cual
significa que no es estático, sino básicamente dinámico. No puedo hacer un proyecto
nuevo con un estudio de base antiguo, porque es una data equivocada y errada. Pido al
presidente de la comisión que analice técnicamente ese tema para hacerle una
modificación.
En el artículo 18, que trata de la servidumbre de tierras eriazas de propiedad estatal para
proyectos de inversión, debo decir que si son tierras eriazas de propiedad estatal,
automáticamente las podría vender o trasladar a otro propietario. Hay que tener en
cuenta aquí que el inciso c) dice “que el terreno que solicita no se encuentre ocupado por
las comunidades nativas”.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Espinoza.
La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Pero a las comunidades nativas ya se le otorgaron
una serie de servidumbres durante los últimos seis o siete meses, por lo que sería
importante que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos el listado de las
servidumbres que existen para evitar posteriormente superposiciones de terrenos.
100
Por otro lado, cómo quedarían las comunidades campesinas; prácticamente la sierra se
quedaría desprotegida.
Sobre la entrega en los procesos de titulación, en la forma cómo estaba redactado el
tema original, ha generado una serie de preocupaciones. No olvidemos que hay más de
1 mil 500 comunidades con más de 650 mil personas que están solicitando su
reconocimiento. El viceministerio de Interculturalidad solo ha identificado 52 pueblos
indígenas y originarios.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para terminar, tiene tiempo
adicional, congresista Espinoza.
La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Hay 64 pueblos indígenas amazónicos: entre otros,
los de Maijuna, de Secoya, de Bora, de Huitoto, de Yagua, de Jebero, de Huanhuaruna,
de Shipibo, de Kakataibo, de Ashaninka y de Cashinahua, que están esperando también
su reconocimiento.
Ya hemos visto el 31 de agosto la preocupación de todas las familias de la zona de la
comunidad nativa ashaninka Alto Tamaya-Saweto. Si alguien protesta en la costa, quizás
sea escuchado. Pero cuando estás en las comunidades nativas o campesinas y te
demoras seis o siete días para embarcarte y llegar a la capital, ¿cómo van a ser
escuchado?, ¿alguien escuchó el grito o la preocupación del asháninka Edwin Chota
mientras estaba pidiendo el reconocimiento de su propiedad comunal?, ¿fuimos capaces
de escuchar ese drama? Solamente nos enteramos cuando ya estaba muerto con otros
compañeros.
En estos momentos hay otros líderes amenazados de muerte; está Washington Bolívar
Díaz, líder de la tribu kakataybo que denuncia que viene siendo amenazado en la zona
de la comunidad Mariscal Cáceres, en el distrito de Aguaytía de la provincia de Padre
Abad.
La preocupación es que las tierras no están formalizadas, mucho menos
georreferenciadas; además, se ha generado una preocupación dentro de las
comunidades. El texto del artículo que estuvo antes en el proyecto y que el presidente de
la comisión ya retiró, el 22.1 y el 22.2, no permitía a las comunidades nativas otro tipo
de reconocimiento de derecho una vez que se otorgaban las servidumbres. Crear una
situación de preocupación en las comunidades genera una situación de desconfianza.
La última preocupación está referida en la disposición décima cuarta del texto en debate,
que trata no solamente de la ocupación de los territorios, sino que las comunidades
tienen apenas 15 días para apelar.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Espinoza.
La señora ESPINOZA CRUZ (NGP).— Pregunto cómo se van a enterar las comunidades
en tan poco tiempo. Por ejemplo, en la zona del Datem, del Marañón, para inscribir sus
propios proyectos de inversión, los inversionistas solo tienen una sola hora para
conectarse al Internet. Pregunto cómo puede enterarse la comunidad nativa o la
comunidad campesina que alguien está solicitado una servidumbre sobre su propiedad.
101
¿Cómo garantizar los derechos? Se dice que va a respetar las tierras que están en
posesión. Pero si las tierras que están en posesión no están formalizadas, ¿quién va a
respetar ese derecho de posesión?
El tema pasa por la preocupación de escuchar y entender el territorio de las comunidades
nativas y de las comunidades campesinas, así como el adecuar mecanismos de leyes y de
consultas en las cuales sean considerados ellos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, este dictamen ha sido aprobado por
unanimidad y, por eso, se ha dado el tiempo necesario a cada orador. Espero que usted
lo tome en cuenta.
Se han hecho las precisiones correspondientes en la última modificación. Solo quiero
reiterarlo. La décima cuarta disposición, señalada por nuestra colega Marisol Pérez Tello,
ha sido el producto de un trabajo consensuado. Esta norma señala que las disposiciones
contenidas en los Títulos IV y V del texto no pueden ser aplicadas en tierras y territorio de
pueblos indígenas u originarios, ni afectar derechos de propiedad o de posesión de las
comunidades campesinas y nativas.
También se ha propuesto la eliminación del artículo 29, referido a la titularidad de los
predios no inscritos, para evitar la duplicidad.
Asimismo, se ha eliminado el artículo 18, que se refiere a la definición de terrenos eriazos
para evitar confusiones en su aplicación, en vista de que ya está contemplado en las otras
normas sectoriales.
Finalmente, en este texto sustitutorio, se ha hecho una modificación en el inciso c) del
artículo 18, que establece los requisitos que se deben presentar para el otorgamiento de
una servidumbre; o sea, se ha eliminado la palabra “ocupados por terceros”, quedando
redactado así: “Declaración jurada indicando que el terreno que solicita no se encuentra
ocupado por las comunidades nativas y campesinas”.
Me pide una interrupción el congresista Juan José.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Díaz Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, quiero expresar que reconocemos los esfuerzos
que está haciendo el congresista Pariona para encontrar un consenso y, sobre todo, dar
tranquilidad a las comunidades campesinas y nativas.
Acabo de tener una reunión con algunos de los dirigentes que nos acompañan en el
Congreso. Ellos tienen cierta razón cuando se preocupan, por ejemplo, de que se
dependa de una declaración jurada que da la empresa; o sea, ¿qué garantía hay de que
102
la empresa está diciendo la verdad de que no van a pasar por parte de los terrenos de las
comunidades? Podría ser necesario que se haga responsable a una determinada entidad
pública respecto de la veracidad o no de esa declaración jurada que estaría dando la
empresa.
Me dirijo, a través suyo, Presidenta, al presidente de la comisión, el congresista Federico
Pariona, para pedirle que, si no se llega a resolver este tema en esta sesión, pasemos a
un cuarto de intermedio para que regrese a comisión a fin de asegurar de que no haya
un conflicto social, tipo baguazo, por no escuchar las preocupaciones de las
comunidades campesinas y nativas.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, por una cuestión de orden, yo he
dejado a consideración de la Mesa de que se pueda concluir este tema.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Claramente está en el
Reglamento del Congreso que cuando el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, se
puede dar dos minutos por cada grupo parlamentario. La atingencia del presidente de la
Comisión de Pueblos Andinos es acertada. Vamos a dar la palabra al grupo
parlamentario que todavía no ha intervenido, es el grupo de Solidaridad Nacional.
Tiene la palabra el congresista Virgilio Acuña para, luego, poner al voto el texto.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidenta, quiero dirigirme al presidente de la
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para
hacer una observación en este proyecto.
En la cláusula sexta de las disposiciones complementarias modificatorias se propone
modificar el artículo 23 de la Ley 30056, que trata de los incentivos para la capacitación
de los trabajadores, tema que se discutía cuando se trató la Ley de impulso a los
trabajadores jóvenes. Ahora se propone que las empresas pueden deducir del impuesto a
la renta hasta el tres por ciento de su inversión en capacitación.
Mi observación es la siguiente: cuando se habla de capacitación en el literal b) del
párrafo 23.2, sobre los requisitos, se dice que solo las instituciones de educación superior
que resulten elegibles para la Beca Pregrado serán las autorizadas de dar las
capacitaciones. Me parece que si se mantiene este texto se limita la capacitación de todos
los trabajadores.
Yo considero que todas las instituciones de educación superior, supervisadas por la
Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) deben ser las
encargadas de organizar las capacitaciones.
Pido que se revise el literal b) del párrafo 23.2, contenido en la sexta disposición
complementaria modificatoria, para que se reemplace “Beca Pregrado” por “Sunedu”. De
esta manera se facilita la capacitación a todos los trabajadores.
Presidenta, la colega Mendoza me pide una interrupción.
103
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La primera interrupción es en
favor de la congresista Verónika Mendoza.
La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidenta, me alegro que la disposición de
algunos congresistas vaya en el sentido de agotar esfuerzos para mejorar la norma y
poner suficientes candados para evitar que se afecte el derecho al territorio de los pueblos
indígenas y también evitar que se genere un nuevo baguazo. Se puede hacer esto con
algo de esfuerzo adicional si se pudiera prolongar el cuarto intermedio; no me parece lo
más adecuado que el proyecto regrese a comisión. Se hubiera agotado este tema en un
cuarto intermedio, pero lamentablemente no hubo voluntad.
Digo esto porque en el artículo 19, por ejemplo, se está planteando que la
Superintendencia de Bienes Nacionales da, después de otorgada la servidumbre, solo 15
días para que se ratifique y se cierre, bajo la figura del silencio administrativo positivo, la
servidumbre. Es decir, si nadie se opone en el plazo de 15 días, se sella y se cierra la
servidumbre y, por lo tanto, se bloquea el proceso de titulación.
Es evidente que en 15 días comunidad campesina o nativa alguna va a estar en
capacidad de ejercer su derecho de defensa de su territorio. Bien podríamos poner
candados para que la SBN, por ejemplo, esté obligada a consultar...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se agotó su tiempo, congresista
Mendoza.
Tiene la segunda interrupción el congresista Angulo, si lo concede el congresista Acuña.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidenta, se la concedo.
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Presidenta, yo quiero hablar sobre el artículo 16,
que trata de la inspección de campo para la emisión del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos (CIRA). ¿Qué piden? Piden inspecciones oculares. ¿Se puede hacer
una inspección de restos arqueológicos mirando solamente?, ¿cómo se encontró la
ciudad sagrada de Caral? Caral era un desierto, no había absolutamente nada. Pero una
arqueóloga la encontró. Hizo una prospección, exploración del subsuelo, y encontró
restos arqueológicos. Entonces, no se puede decir que solo mirando se pueden apreciar
los restos arqueológicos. Me parece que tenemos que cambiar la técnica del diagnóstico.
Por otro lado, la base económica de Perú está en el turismo, fundamentalmente en el
turismo arqueológico: tenemos a Machu Picchu, a Caral, a Chan Chan, a Kuélap; pero
lo que se está haciendo aquí es destruir totalmente los restos arqueológicos a base de
una simple inspección ocular.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Luego de las dos interrupciones,
puede continuar el congresista Virgilio Acuña.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidenta, reitero mi pedido en el sentido de que las
instituciones de educación superior encargadas de la capacitación de los trabajadores
sean las que están supervisadas por la Sunedu, no las que resulten elegibles para la Beca
Pregrado.
104
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Habiendo concluido el rol de
oradores, tiene la palabra el congresista Pariona, presidente de la Comisión de Pueblos
Andinos.
Pero antes hay un pedido de interrupción al congresista Pariona. Puede interrumpir,
congresista Molina.
El señor MOLINA MARTÍNEZ (NGP).— Presidenta, uno de los objetivos principales de
este proyecto de ley que viene del Ejecutivo es promover la inversión; promoción que
significa el destrabe de los procedimientos que duran aproximadamente dos años. Con
ese proyecto de ley se va a reducir a 150 días el plazo del procedimiento de certificación
ambiental. Eso es lo que no se entiende.
¿Qué significa esto? Cuando el premier se hizo presente acá, uno de los ejes
fundamentales que planteó y sustentó es el crecimiento económico. ¿Y cómo vamos a
apoyar el crecimiento económico si no queremos aprobar este proyecto de ley que es de
suma importancia?
En cuanto al uso de tierras, las comunidades campesinas y las...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Concluyó su tiempo, congresista,
Molina.
Inicie su intervención, congresista Pariona.
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Me pide también una interrupción el congresista
Velásquez.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Javier Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Muy breve, intervengo solamente para
hacer una sugerencia al presidente de la Comisión.
En el artículo 23.2, literal b), se está proponiendo lo siguiente: “La capacitación debe ser
prestada por las instituciones de educación superior que resulten elegibles para la Beca
Pregrado del Programa Nacional de Becas de Crédito Educativo (PRONABEC)”. ¿Qué
tiene que ver el PRONABEC con la habilitación de las instituciones de educación superior
que van a dar esta capacitación?
Esa propuesta es inapropiada. Hay que dejar que las entidades de educación superior
acreditadas por la Sunedu, nuevo organismo que regula la educación superior, den la
capacitación correspondiente, no una institución vinculada a las becas. ¿Por qué el
PRONABEC tendría que elegir a las instituciones de educación superior para que den este
tipo de capacitación? Sugiero que se reemplace “PRONABEC” por “Sunedu”.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Pariona,
luego de las dos interrupciones.
105
El señor PARIONA GALINDO (GPFP).— Presidenta, estoy escuchando a todos mis
colegas quienes están opinando que todavía podemos mejorar este dictamen. En aras de
la democracia, estamos totalmente de acuerdo. Considero que si nos tomamos pocos
días no vamos a perjudicar a nadie; al contrario. Vamos a hacer un trabajo de
información y también hay que escuchar a las comunidades, porque hay desinformación y
nuestros hermanos de las comunidades indígenas no están entendiendo el texto.
Yo tengo una posición muy clara al respecto. Jamás podría estar en contra de los
derechos de las comunidades nativas y campesinas, menos la participación de ellas.
Presidenta, pido que pasemos a un cuarto intermedio para mejorar el texto del proyecto.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— A pedido del presidente de la
Comisión, se abre un cuarto intermedio, respecto del proyecto de ley 3941/2014-PE.
Se aprueba el Proyecto de Ley 4466/2014-PE, por el cual se establecen medidas
presupuestarias para el Año Fiscal 2015
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— El siguiente punto.
El RELATOR da lectura:
La señora PRESIDENTA.— Señores congresistas, se va a iniciar el debate del Proyecto de
Ley 4466/2014-PE, enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se
propone establecer medidas presupuestarias para el Año Fiscal 2015.
La Junta de Portavoces, con fecha 30 de abril de 2015, acordó la exoneración del trámite
de envío a Comisión y la ampliación de la Agenda.
Tiene la palabra el congresista Condori Cusi, presidente de la Comisión de Presupuesto.
El señor CONDORI CUSI (NGP).— Presidente, me solicita una interrupción el congresista
Galarreta.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Galarreta.
El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidenta, no se si no han terminado de
coordinar el congresista Casio con los coordinadores del MEF o con el señor Gutiérrez o
con alguien, pero le recuerdo que a las dos de la tarde se suspende el tema de las
gratificaciones. No puede ser que pongamos nuevos temas sin haber terminado el
anterior. Hay gente o congresistas citados a una determinada hora para ver sus casos
tratados en la Comisión de Ética. Ellos ya están presentando oficios diciendo que han
sido citados a una hora determinada y que se está pasando esa hora. Obviamente, por
ese motivo, van a alegar que no se cumple el debido proceso, como corresponde.
Deberíamos poner orden. Si el presidente de la Comisión de Economía no quiere
sustentar el tema de las gratificaciones porque el MEF no acepta que la exoneración sea
permanente, que lo sustente el vicepresidente. Pero lo que no se puede hacer es saltarse
106
la preeminencia del presidente de la Comisión de Economía. Si el presidente de la
Comisión de Economía quiere sustentarlo, que termine la sustentación de las
gratificaciones y cerramos ese tema, porque observo que se están acumulando los temas.
Por amor de Dios.
Es fácil ponernos en orden y ser honestos con la población. Si el gobierno no quiere que
sean permanentes las exoneraciones de las gratificaciones, díganlo: pierdan o ganen con
los votos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, pide la palabra el
congresista Casio Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, creo que usted tiene que llevar en
orden los debates. En ese sentido, considero la petición del congresista Galarreta que
está solicitando que se vea el tema de las gratificaciones. Eso va a depender de la Mesa.
Hay todavía varios oradores que quieren intervenir. Que concluyan los oradores para
que, luego, usted vea lo conveniente y determine cómo concluye el tema.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista
Rubén Condori.
El señor CONDORI CUSI (NGP).— Presidenta, el Proyecto de Ley 4466/2014-PE, ha
sido remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, mediante el Oficio 50-
2015-PR, de fecha 29 de abril del presente año.
Según lo establecido en el artículo 105 de nuestra Constitución Política, este proyecto de
ley tiene preferencia en el debate. El proyecto tiene por objeto aprobar medidas de
naturaleza presupuestaria, con el fin de impulsar la ejecución del gasto público en el Año
Fiscal 2015. El presente proyecto no demanda recursos adicionales al Tesoro Público y se
financia íntegramente con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas
involucradas, por lo que es concordante con el principio de equilibrio financiero
establecido en el artículo 78 de la Constitución Política.
El proyecto, que establece medidas presupuestarias para el Año Fiscal 2015, tiene nueve
artículos que involucran a los sectores Salud, Interior, Agricultura y Riego, Transportes y
Comunicaciones, así como a los gobiernos regionales y gobiernos locales, autorizándolos
a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional
programático durante el Año Fiscal 2015, principalmente para la ejecución de proyectos
de inversión.
El artículo 1 trata del financiamiento de proyectos de inversión del sector Salud y autoriza
al Ministerio de Salud a realizar modificaciones presupuestarias para el financiamiento de
la ejecución de tres proyectos de inversión: el primero, a favor del Ministerio del Interior
para el proyecto “Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital
Nacional Luis N. Sáenz”; el segundo, a favor del Ministerio de Agricultura y Riego para
financiar el proyecto “Mejoramiento, ampliación y equipamiento del centro de salud El
Estrecho, en el distrito de Putumayo, provincia de Maynas, del departamento de Loreto”;
y, el tercero, mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital
Nacional de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz de Jesús María, Lima.
107
El artículo 2 trata de ña autorización a los gobiernos locales para el financiamiento de
acciones de los institutos viales provinciales y autoriza a efectuar modificaciones
presupuestarias con cargo a diversas partidas de gasto que están prohibidas actualmente
por la Ley 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal 2015, a fin
de que los recursos de las municipalidades puedan ser transferidos a su respectivo
instituto vial provincial para la ejecución más ágil de las acciones de mantenimiento.
El artículo 3 trata de la autorización de modificación de presupuesto institucional ante
variaciones de ingresos y dispone la modificación del presupuesto institucional de
apertura de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con los
montos estimados de recursos que aprobará la Dirección General de Presupuesto
Público.
El artículo 4 trata de la disposición para la aplicación del artículo 11 de la Ley 30281, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, con el fin de agilizar el gasto
público y posibilita abrir nuevas alternativas para la transferencia y para la ejecución de
los proyectos de inversión pública en la programación de los siguientes años,
garantizando así los recursos necesarios para la continuidad de proyectos de inversión
hasta su culminación.
El artículo 5, que trata del financiamiento para la implementación de la Universidad
Nacional Autónoma de Alto Amazonas, autoriza a la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana (UNAP) a realizar modificaciones presupuestarias a favor de la
Universidad Nacional Autónoma del Alto Amazonas en el marco de la Ley que crea a esta
última universidad.
El artículo 6, que trata de culminación del proceso de nombramiento de los profesionales
de la salud y de los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud dispuesto en el literal g)
del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 30114, autoriza al Ministerio de Salud a culminar
el proceso de nombramiento del personal de salud iniciado en diciembre del año 2014 y
que no concluyó por el corto período de tiempo que tenían los gobiernos regionales para
la actualización de sus respectivos documentos de gestión, que era requisito necesario
previo al proceso de nombramiento.
El artículo 7, que trata de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional
programático con cargo a los recursos transferidos mediante el Decreto Supremo 71-
2015-EF, dispone que los pliegos habilitados en la transferencia de partidas aprobadas
mediante el artículo 2 del decreto mencionado, y cuyo desagregado se encuentra en el
anexo 6 del mismo decreto, deben aprobar las modificaciones presupuestarias conforme
al detalle de los recursos que apruebe el Ministerio de Salud mediante resolución
ministerial. El objeto de esta medida es realizar una adecuada redistribución de los
recursos transferidos a unidades ejecutoras de los gobiernos regionales para el
equipamiento biomédico y garantizar una correcta dotación de los equipos necesarios
para la prestación de los servicios de salud.
El artículo 8, que trata de las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional del
Instituto de Gestión de Servicios de Salud, autoriza al referido instituto a realizar
modificaciones presupuestarias a favor de los gobiernos regionales con el objeto de
108
financiar la Valorización Priorizada por Atención Primaria de Salud, beneficiando a una
población aproximada de 13 mil trabajadores de salud que laboran en los
establecimientos de primer nivel de atención y que realizan labores preventivas,
permitiendo una mayor cobertura de salud, especialmente a los quintiles 1 y 2 de
pobreza.
El artículo 9, que trata de la autorización al Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para realizar modificaciones presupuestarias, autoriza al ministerio a realizar
modificaciones presupuestarias a favor de la Municipalidad Distrital de Ate para la
ejecución de dos proyectos de inversión pública. El primero relacionado con la
construcción de una infraestructura vial y, el segundo, con el mejoramiento de otra vía,
ambos proyectos son necesarios y que deben implementarse para ejecutar la obra del
tramo 5, de la Línea 2 del Metro de Lima. Asimismo, autoriza al mismo ministerio a
efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para
supervisar el mantenimiento de carreteras de la Real Vial Nacional, también para la
adquisición de estructuras metálicas de puentes y para las actividades de emergencia en
la Red Vial Nacional.
Este proyecto de ley establece medidas de naturaleza presupuestaria para el presente año
fiscal con el fin de impulsar el gasto público, a través del financiamiento y ejecución del
proyecto de inversión y actividades a cargo de las entidades públicas de los tres niveles de
gobierno con mayor celeridad.
Señora Presidenta, solicito que se proceda de acuerdo con lo que establece el
Reglamento del Congreso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Señores congresistas, vamos a
iniciar el debate.
Tiene la palabra el congresista Carlos Bruce.
El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidenta, acabamos de tomar nota
acerca de este proyecto de ley. No nos ha llegado antes. Tiene fecha de ingreso el 30 de
abril, es decir ha ingresado hoy. Los congresistas recién tomamos cuenta de esta
modificación de partidas presupuestales que abarcan los sectores Salud, Interior,
Transporte, Agricultura y los gobiernos locales. Si se nos pide que tomemos hoy, ahorita,
aquí, una decisión, será una decisión a ciegas. No hay forma de tomar hoy una decisión
que involucra tantas partidas presupuestales del presupuesto nacional racionalmente.
Tampoco entiendo la urgencia del porqué no pasa esto por la sesión que puede convocar
el presidente de la Comisión de Presupuesto para verlo el próximo jueves con un
dictamen respecto de estas partidas que seguramente estarán bien pensadas. Así todos
tendremos mayor oportunidad de informarnos mejor. Si se nos pide que tomemos una
decisión sobre esta materia, será por un acto de fe. Nadie ha tenido tiempo para analizar
esto, que no es poca cosa: estamos modificando el presupuesto de la república.
Normalmente, para elaborar el presupuesto de la república, vienen los ministros; cada
109
ministro sustenta cada uno de sus pliegos; se le hacen preguntas para tomar una
decisión.
Repito, aquí estamos modificando el presupuesto de cinco pliegos del presupuesto
nacional, de cinco sectores, y recién estamos leyendo esta modificación.
Así que, Presidenta, yo pido, como cuestión previa, que este tema pase por la Comisión
de Presupuesto. Esta Comisión hará una sesión el próximo lunes, martes o no sé cuándo
les toca sesionar, para que todos los congresistas, en el Pleno, puedan analizar este
proyecto dictaminado por esa Comisión, la cual seguramente citará a los ministros para
que expliquen cuál es la racionalidad de estos cambios y, con estos recursos, pueda
tomar una decisión más racional este Congreso. Reitero, planteo, como cuestión previa,
que este proyecto pase por la Comisión de Presupuesto.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Karla Schaefer.
La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidenta, como representante de la región
Piura, nosotros hemos recogido una inquietud del sector salud cuyo problema se viene
arrastrando desde el 2014 sin solución alguna. Tenemos personal que labora en ese
sector cumpliendo roles importantísimos y que el concurso —que estuvo desfasado por el
tiempo de lanzamiento, fue noviembre del año pasado— no se pudo concluir.
Presidenta, no se puede hacer la transferencia sin este proyecto de ley. Estas personas ya
han ganado su propia plaza con su esfuerzo, y necesitamos a la brevedad posible
regularizar esa situación. Estos recursos están dentro del marco presupuestal de 2015. No
se está sacando plata de otro lado ni se pidiendo superávit. Dentro de cada sector se van
a movilizar los recursos para cumplir, en el caso del sector Salud, con el pago del
nombramiento y la generación de nuevas plazas del 20% correspondiente al año 2014.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Casio Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidente, intervengo en la misma línea de la
congresista Schaefer. Nosotros tenemos que priorizar esta regularización porque es
necesario que se den los nombramientos. Si postergamos este tema hasta la siguiente
semana, no lo trataríamos porque es la semana de representación, por lo que recién se
vería en la subsiguiente semana. Imagínense, estaríamos retrasando el tratamiento de este
tema, cuando aquí se está señalando que el plazo máximo para la autorización
presupuestal vence el 31 de julio de este año. Eso significa que estaríamos retrasando
mucho más todavía esa autorización.
Se dice que a los gobiernos regionales se les otorga el plazo hasta el 31 de agosto de
2015, para incorporar recursos transferidos al Ministerio de Salud. Estos detalles hacen
que se tenga que ir avanzando mucho más rápido.
Cada uno de los congresistas tiene en su mano el proyecto de ley en debate. Si hubiera
alguna observación, deberían determinar su propuesta para que el presidente de la
comisión pueda tomarla en cuenta.
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Me pide una interrupción el congresista Condori.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Condori.
El señor CONDORI CUSI (NGP).— Presidenta, este es un proyecto pequeño, tiene solo
nueve artículos. Con una revisión rápida, podemos ver que no hay sorpresa alguna acá.
Está claro para qué proyectos se destinan los recursos. Lo único que se está haciendo es
flexibilizar algunos candados que se estaban dando excesivamente en algunos artículos
de la ley de presupuesto, nada más. No hay otra sorpresa.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, me pide también una interrupción
el congresista Abugattás.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede hacer uso de la
interrupción el congresista Abugattás.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Si estamos aún en debate, esperaré mi turno.
Disculpe, Presidenta.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Casio
Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, yo solo quiero concluir
manifestando que el proyecto de ley en debate es urgente. Desde el año pasado han
quedado pendientes los nombramientos de muchos trabajadores del sector Salud, en la
fecha siguen pendientes. Esto no puede continuar así. Debemos solucionarlo. Esta es una
gran alternativa para los trabajadores, porque el 20% que falta tiene la oportunidad de
ser nombrado.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Juan Pari.
El señor PARI CHOQUECOTA (GPDD).— Presidenta, probablemente haya elementos
aceptables en este proyecto en debate. Pero debemos tener clara la responsabilidad
frente a lo que se aprueba. Es cierto que recién llega este documento que no es algo
totalmente sencillo, porque en términos de montos, se mueven más de 5 mil millones de
soles, que no es cualquier cosa.
Podemos especular muchas cosas. Por ejemplo, hay un financiamiento para la inversión
en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. ¿Será cierto eso?, Puede ser.
¿O qué varita mágica ha tenido la universidad de Amazonas?, ¿por qué no se invierte en
otra universidad?, ¿por qué no en la universidad del Altiplano, señor Rubén Condori?,
¿por qué no? En todo caso, la pertinencia de lo que se propone tiene que ser explicada.
Porque si no fuera explicada, estaríamos actuando con suma irresponsabilidad. No es
cualquier cosita los 5 mil millones de soles que modificamos sino un monto totalmente
importante.
111
También aquí quiero llamar la atención frente a otras cosas. Se han estado sacando
decretos supremos por montos altísimos y creo que la Comisión de Presupuesto tiene que
hacer el correspondiente control político. El Decreto Supremo 023-2015 mueve 1 mil
330 millones, el Decreto Supremo 031-2015 mueve 751 millones, el Decreto Supremo
032-2015 mueve 1 mil 081 millones; unas cosas van por decreto supremo y otras cosas
aparecen aquí en iniciativas legislativas.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque se trata del manejo de los recursos de
todos los peruanos. Debe haber transparencia en lo que se indica. Después no vayamos
a tener problemas cuando se evalúa una gestión; hay que tener claridad y transparencia.
Creo que este proyecto hay que examinarlo con responsabilidad, no decir que se trata de
cualquier cosa o de cualquier hojita y se aprueba. La cosa no es tan sencilla.
Yo creo que hay que darle la oportunidad al ministro de Economía para que sustente este
proyecto en la Comisión de Presupuesto: que nos diga que este tema es sumamente
necesario e importante para aprobarlo. Queremos la cosa totalmente clara y
transparente.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Daniel Abugattás.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidenta, yo creo que no se ha entendido la
exposición de motivos de este proyecto de ley o no ha sido adecuadamente formulado.
Aquí se están tocando temas muy sensibles: están faltando médicos y asistentes de salud
en los hospitales regionales. Lo que se está tratando de hacer acá es que antes del 31 de
julio se incremente el número de profesionales y para eso hay que hacer modificaciones
presupuestales.
¿Algunos de ustedes ha visitado el hospital de la Policía Nacional del Perú? Es urgente la
construcción del hospital. Lo que se está haciendo aquí es transferir al Ministerio de Salud
293 millones para que, de una vez, podamos invertir en el hospital de la Policía.
¿Algunos de ustedes ha visitado el Putumayo? No hay posta médica allá. Acá se están
pidiendo recursos para construir de emergencia una posta médica en el Putumayo, eso
no vamos a negarlo.
También se están pidiendo recursos para construir nuevos puentes porque los que había
se han caído a consecuencia del cambio climático; también hay vías que se han destruido
por la caída de huaicos en Ate Vitarte. ¿Vamos a sentarnos a esperar y a revisar la
próxima semana, que es de representación, estos temas?, ¿cuál es la idea?
Nosotros tenemos toda la capacidad de fiscalizar. Hagamos nuestro trabajo de
fiscalización, si tenemos alguna duda, al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Salud
o al Ministerio del Interior. Pero hoy algunos congresistas vienen con el pretexto de que
no lo han visto. ¿Cuándo hemos modificado algo que venga como tema presupuestario
en nuestro gobierno o en los gobiernos anteriores? Nunca se ha modificado
absolutamente nada.
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Yo le pido al congresista Carlos Bruce que desista de su posición.
Me pide una interrupción el congresista Carlos Bruce.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Bruce.
El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidenta, una de las razones principales
por las que existe un Congreso fue justamente para controlar los gastos del Ejecutivo, es
uno de los roles principales del Congreso.
La ley más importante que damos es la de presupuesto y la Comisión que tiene mucha
mayor cantidad de representantes en el Congreso es también la de presupuesto, que está
llena de asesores.
Se nos pide una modificación presupuestal de 5 mil millones de soles y nos entregan las
partidas cinco minutos antes de empezar el debate. Eso no es serio. Si el Ejecutivo se ha
demorado en hacer el pedido porque mañana se vence el plazo, pues que venga el
ministro acá y renuncie por incapaz.
Pero que no se nos eche la culpa a nosotros porque ya se vence el plazo mañana. Esto
entra el 30 y luego nos dicen que el 31 tienen una urgencia. ¡No se pasen! En ninguna
empresa se hace eso, menos en el Estado. Seríamos unos irresponsables, si aprobáramos
esto sin haberlo leído completamente. Esto necesita ser estudiado, así no le guste al
oficialismo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Abugattás.
Tiene tiempo adicional.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidenta, yo creo que estamos hablando de
dos proyectos distintos. El proyecto que estamos debatiendo, por lo menos el que me han
entregado a mí, no habla de 5 mil millones de soles. ¿O a mí me han entregado uno
distinto?
Presidenta, un favor, ¿pueden aclarar el punto? El congresista Bruce tiene un proyecto
que habla de 5 mil millones de soles y nosotros tenemos otro proyecto, que no llega ni a
500 millones de soles. Si estamos debatiendo un tema, debemos trabajar con los mismos
documentos. ¿Quién le ha entregado al congresista Bruce un documento que habla de 5
mil millones de soles, el cual no ha sido repartido a nosotros?, ¿qué modificación
presupuestaria de 5 mil millones estamos debatiendo?
Me pide una segunda interrupción el congresista Bruce.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción, congresista Bruce.
El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidenta, estamos viendo la
modificación de partidas presupuestales que abarca al sector Salud, al sector Interior, al
sector Transportes, al sector Agricultura y a los Gobiernos Locales por la suma, es verdad,
113
de cerca de 500 millones de soles. Reitero, se está hablando de muchos sectores y hay
muchas transferencias de partidas.
Yo, en este momento, no sé decir si eso es correcto o está equivocado, no sé decir si es la
mejor asignación de recursos o no la es. Y me consideraré un irresponsable ante mis
electores porque, sin haber analizado algo, tomaré una decisión hoy respecto de un
documento que me acaba de llegar hace 20 minutos. ¡Así no se toman las decisiones!
Las empresas no toman decisiones así, menos las puedo tomar yo en el Estado. Tenemos
que tener un tiempo para analizar esto, para verificar si eso está bien o no está bien; es
decir, debemos tener la explicación de algún ministro. Si algún ministro hubiera venido a
este Pleno y hubiera explicado a todos de lo que se trata, de repente estaría muy bien.
Pero resulta que les da flojera. ¡No, pues! ¡Así tan a la ligera no podemos manejar los
asuntos del Estado!
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Luego de las dos interrupciones,
puede continuar, congresista Abugattás.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidente, yo simplemente quiero reiterar que
aquí se trata de temas muy puntuales y hay algo, en la Administración Pública, que debe
saberlo el congresista que me ha antecedido en el uso de la palabra.
Muchas veces es necesario hacer las modificaciones presupuestales cuando se tienen
proyectos de inversión hábiles para ser ejecutados. Congresista Bruce, usted ha sido
ministro y sabe que muchas veces tiene dinero para un proyecto de inversión que todavía
no tiene viabilidad técnica y también sabe que puede tener otro proyecto de inversión que
sí tiene la viabilidad técnica pero no tiene el presupuesto asignado, por lo que se hace
necesaria la modificación presupuestal.
Por eso, yo quiero que usted, congresista Bruce, le diga a las 350 mil personas que
dependen de la Policía Nacional que, porque usted no está contento hoy, no se va a
iniciar la construcción del hospital que lo necesitan 350 mil familiares y policías. Si esa es
su posición, la respeto, tiene todo el derecho, congresista Bruce.
Si le vamos a decir a la población del Putumayo que no pudimos convencer al
congresista Bruce de que necesita una posta médica en Putumayo, entonces que se
queden con ese problema; también que se queden sin puentes porque el señor Bruce
necesita tiempo para revisarlo; quédense sin puente. Por eso es que no se arreglan las
carreteras.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Abugattás, para que termine.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidenta, quiero decirle al presidente de la
Comisión de Presupuesto que me parece que hay un error en el texto.
Congresista Condori, quiero pedirle un favor. En el literal 6.1, segundo párrafo, últimas
dos líneas, del artículo 6, hay un error. Dice que las actuaciones efectuadas por las
comisiones de nombramiento y apelación no podrán ser materia de revisión. Eso tiene
que ser eliminado, eso es un error.
114
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, tiene la palabra el
congresista Bruce.
El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidenta, en efecto yo he sido Ministro
de Estado por cuatro años. Y cuando yo quería hacer una cosa de estas, presentaba un
proyecto de ley, venía al Congreso y lo sustentaba con anticipación, porque estaba
manejando asuntos del Estado.
Ahora nos dice que le quedan 48 horas para ejecutar. Si esto es así, despidan al ministro
por incapaz, que no supo hacer bien su presupuesto y porque a los cuatros meses de
ejecución de presupuesto tiene que modificar 500 millones de soles.
Si se le vence algo mañana, que se vaya por inepto, por no haberlo previsto. Y que no
nos eche la culpa a nosotros de que no le hemos querido aprobar su tema en media
hora. Aprobarlo así es una irresponsabilidad. Siendo ministro, es verdad, venía a este
Pleno —hay congresistas que lo saben— y sustentaba las modificaciones que necesitaba.
El tratamiento que se pretende dar es cantinflesca. Se está haciendo un manejo de las
cosas del Estado de una manera improvisada. Si hay ministros responsables, vengan aquí
y renuncien.
Nosotros no somos los irresponsables de querer pedir más información para tomar
decisiones de 500 millones de soles de todos los peruanos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Teófilo Gamarra.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, me pide una interrupción el
congresista Hernán De la Torre.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
De la Torre.
El señor DE LA TORRE DUEÑAS (NGP).— Presidente, en efecto, los congresistas de
provincias estamos de acuerdo con este proyecto por el cual se está autorizando
modificaciones para el mantenimiento de vías.
Si las municipalidades tienen recursos y si hemos atravesado la temporada de lluvias, es
urgente el mantenimiento de carreteras vecinales y también el de puentes. Pido la
comprensión de los colegas congresistas. Esto no puede esperar.
Igualmente es también prioritario el nombramiento del personal profesional, técnico y
auxiliar y asistencial en el sector Salud. Si bien es cierto que el proyecto ha ingresado hoy,
también es cierto que la situación obliga a aprobar este proyecto de manera urgente.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Teófilo
Gamarra.
115
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Me solicita también una interrupción el
congresista Huayama.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción, congresista Huayama.
El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidenta, pido a la Representación Parlamentaria
que se priorice y se apruebe hoy este proyecto en debate, dado que, en el artículo 6, se
establece la culminación del proceso de nombramiento de los profesionales de la Salud.
Actualmente, debido al cambio de autoridades en los gobiernos regionales, no han
concluido algunos nombramientos en el sector Salud. En mi región Piura, desde enero,
febrero, marzo y abril no se les cancela a los profesionales de la Salud por ese problema.
Creo que no puede esperar más. También hay que pensar en sus familias que necesitan
que se corrijan esos errores, debido a los cambios que ha habido en la gestión de los
gobiernos regionales.
Reitero, pido a la Representación Nacional que se priorice y se apruebe hoy el proyecto.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Teófilo
Gamarra.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, estamos ante un proyecto de gestión
de una serie de transferencias de partidas al interior de algunos organismos, con cargo al
presupuesto del propio sector. En ese sentido, no habría inconveniente en que el
Congreso de la República dé el apoyo a la aprobación de esta ley. Si esta ley ha sido
entregada casi a la una de la tarde de hoy, conjuntamente con el proyecto de ley 4465
sobre medidas para dinamizar la economía en el año 2015, de hecho este proyecto ya
estaba en la carpeta de cada uno de los congresistas para que pueda ser analizado y
estudiado.
Es más, este proyecto no contiene contrabando alguno. Solo autoriza y modifica las
partidas de un sector, con cargo al presupuesto de otro sector. Por ejemplo, el artículo 1
de este proyecto de ley se dice: “Financiamiento del proyecto de inversión del sector
Salud. Autorícese al Ministerio de Salud durante el año 2015 a realizar las siguientes
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a su presupuesto
institucional”, y así se dice en los subsiguientes artículos que tienen que ver con cargo al
presupuesto institucional de cada sector.
En este caso, no podemos dilatar la aprobación de este proyecto de ley, porque tiene que
ver, por ejemplo, en el artículo 6, con la culminación del proceso de nombramiento de
los profesionales de la Salud, de los técnicos, auxiliares y asistenciales de Salud, dispuesto
en el literal g) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 30114.
Si no aprobáramos este proyecto de ley en este momento, sería una irresponsabilidad y
quedaríamos en deuda con los empleados del sector Salud, con los profesionales del
sector Salud, con los pueblos que necesitan hacer algunas transferencias con
modificación de su presupuesto para darle viabilidad y ejecución a sus obras. Esa sí sería
una irresponsabilidad.
116
No se trata de un proyecto que contiene contrabando, se trata de un proyecto que tiene
que resolver rápidamente algunos saldos de balance que existen en algunas
dependencias para que puedan ser transferidas y utilizadas; de lo contrario, vamos a
seguir pateando por más tiempo estos problemas, en lugar de resolverlos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Manuel Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidenta, se dice que este proyecto de
ley es muy directo, muy claro y que no tiene trampa alguna. Pero en el artículo 3 se dice:
“Autorización de modificación de presupuesto institucional ante variación de ingresos.
Dispóngase que de producirse el supuesto de variación de la estimación de ingresos, a
que se refiere la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30281, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, las entidades públicas del
gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales deberán modificar su
presupuesto institucional, conforme a los montos estimados de recursos públicos que
publique la Dirección General de Presupuesto Público”. O sea, ya está diciendo que va a
haber variaciones. Habrá variación en la estimación de ingresos, pero no dice a cuánto
asciende la variación, ni dice a cuánto asciende el estimado.
Más adelante, en el artículo 4.2, se dice: ”Las entidades del gobierno nacional que
transfieren recursos a los gobiernos regionales o los gobiernos locales, para la ejecución
del proyecto de inversión en el marco del artículo 11 de la Ley 30281, Ley de Presupuesto
para el Año Fiscal 2015, deberán considerar, en la promoción de sus respectivos
presupuestos institucionales, correspondientes a los años fiscales subsiguientes, bajo
responsabilidad del titular, los recursos necesarios que garantice la continuidad [...]”.
Presidenta, este Congreso acaba de aprobar, en primera votación, la ley habilitante al
Poder Ejecutivo respecto a los gastos de este año. Como no se aprobó en segunda
votación, el Poder Ejecutivo la ha publicado por decreto de urgencia. Ya está publicada y
ahí se habla de seis mil millones de soles. Un congresista preguntaba de cuánto es el
monto. Estamos hablando de que de ese dinero se están habilitando los gastos. Hay que
ser explícitos, hay que ser claros. Aquí no se trata de partidas menores, sino que se trata
de habilitar al Poder Ejecutivo para que en el segundo semestre se gaste ese dinero. No
hay escándalo alguno, pero hay que decirlo. Y no se quiere decir porque en esta
habilitación hay ausencias notorias y claves.
¿Qué pasa con los gobiernos regionales y municipales a los cuales el gobierno central les
recortó gastos para hacerlos el gobierno central? Ahora se les quiere transferir pero ¿en
qué modalidad? La modalidad es que el gobierno central va a decir en qué y cómo se va
a gastar. Uno puede dar lectura a varios de los artículos en los cuales se dice que se
transferirá tal suma, siempre que haga esto el gobierno local o el gobierno regional; si
no, no se transfiere.
Entonces, se trata de una recentralización inmensa de la inversión de esos seis mil
millones de soles. Incluso, hay algunos gobiernos regionales y municipales que están
afectados por la reducción del canon petrolero, del canon minero y de todos los cánones.
¿Y qué se plantea acá? Que el gobierno central es el que va a decir en qué y cómo se va
117
a gastar, cuando sabemos que existen proyectos de inversión aprobados a nivel
presupuestal por los municipios y por las regiones en el Presupuesto General de la
República.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Dammert.
Tiene un minuto adicional.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Para ese monto de dinero, lo que debería
plantearse es que el gobierno central esté obligado a habilitar los recursos que, por efecto
del problema de la reducción del canon, haya afectado a esas localidades. Por lo tanto,
los proyectos ya aprobados presupuestalmente deberían ser habilitados con ese dinero
directamente por el gobierno central, sin que el gobierno central esté viendo su cálculo
político: qué apoyo, qué no apoyo, en plena discusión de la campaña electoral nacional.
Eso es lo que va a ocasionar inmensas peleas o dificultades en el ámbito local y regional.
Esa no es una manera sana de gastar el Presupuesto de la República.
Por esa razón este proyecto viene a último momento, casi para que no nos demos cuenta.
Se le da, por ejemplo, a Ate un recurso, se pone en el sector Salud el nombramiento, que
es positivo, que es necesario y que hay que completar, se ponen algunas cosas básicas.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Dammert.
Tiene otro minuto adicional.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Pero la marmaja principal, el monto
principal del gasto, lo que debería más bien ratificar el gasto municipal y regional tiene
que tener capacidades habilitantes efectivas. Esa capacidad habilitante no quiere decir
que pierda su autonomía, que vaya a depender de lo que el gobierno central y el MEF
quieran hacer, sino que el gobierno central tiene que habilitarlo directamente. Eso, por
ejemplo, no está planteado en este proyecto de ley. Está planteado de otra forma.
Considero que este no es un proyecto cualquiera. Aquí estamos hablando de seis mil
millones de soles y se está dando carta libre al Poder Ejecutivo para que haga lo que
quiera y subordine más aún a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, cuando
debería ser otra la lógica.
Porque un proyecto así es necesario, y varias de las cosas que están planteadas aquí son
necesarias pero deberían hacerlo con otra lógica. La lógica debería ser: si hay municipios
y regiones que tienen reducción por canon y que tienen proyectos ya aprobados, entonces
el gobierno central del monto suplementario dado de seis mil millones de soles debe
habilitarles a esos gobiernos locales y regionales para que hagan sus obras.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene un último minuto,
congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidenta, termino.
Algunas obras que tienen dificultades por la reducción del canon en los gobiernos
regionales y municipales, lo que se debe hacer es justamente que el gobierno central
habilite directamente a esos gobiernos locales y regionales.
118
Porque el gobierno central no ha sabido gastar. Quién mejor ha gastado en los últimos
años han sido los municipios y las regiones, no el gobierno central. Lo que se quiere
ahora es que el gobierno central sea el que gaste a nombre de los municipios y las
regiones, incluso le diga cómo gastar. Eso no ha funcionado, eso ha fracasado en los
últimos años.
Lo que tiene que haber es una mejor relación con los gobiernos regionales y municipales,
y en esa mejor relación hay que habilitarlos con una ley. Si se discute esto, no creo que
haya diferencias sobre ese punto.
Me pide una interrupción la congresista Cuculiza.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista
Cuculiza.
La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Presidenta, esta es una responsabilidad muy
grande. Hace tiempo, hace años, yo conjuntamente con la congresista Luz Salgado
hemos visto la situación penosa del hospital de la Policía Nacional. Ese hospital esta que
se cae a pedazos, no podemos seguir tratando a los policías ahí, demos siquiera a los
policías enfermos un lugar donde curarse. Están que revientan los desagües y se meten a
los cuartos. En emergencia se atiende a la gente en el patio, el ascensor es como una
grúa. ¿Cómo vamos a trasladar para después y después este proyecto? Verdaderamente
hay un caos total en el hospital.
No merece tener eso la Policía Nacional.
A un mil ochocientos policías aún no les han pagado sus remuneraciones, porque no hay
la transferencia de recursos del Ministerio de Economía. Eso es una burla. Además, los
meten a ese hospital que es una porquería. No podemos faltarle el respeto así a nuestra
Policía Nacional. Por favor, piensen en eso.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— No estamos en desacuerdo con esa y otras
medidas que se den, pero estoy en desacuerdo con la recentralización que va a significar
un mal gasto.
Por eso planteo, como cuestión previa, que este proyecto de ley pase a un cuarto
intermedio; que la comisión, que es multipartidaria, revise los temas y que, en una o dos
horas se pueda ajustar el proyecto, porque hay medidas que tienen que ser reorientadas.
Si no, lo que va a haber son algunas cosas muy parciales y un derroche de dinero en el
curso de este año. Es imprescindible que se gaste bien porque la crisis ya está presente;
ya fracasó el Gobierno y no hay que hacer que todo el país pague el fracaso de este
Gobierno.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Yehude Simon.
119
El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidenta, acá hay un error de forma: debió avisarse
a tiempo y también debió pasar este proyecto a estudio de la comisión correspondiente;
entonces, entiendo el reclamo del congresista Carlos Bruce.
Pero, en el fondo, este es un proyecto muy importante. No solamente las congresistas
Cuculiza y Luz Salgado han visitado los hospitales. El que habla ha visitado el hospital de
la Policía Nacional no una vez sino cien veces.
He visto, por ejemplo, cómo los ascensores no funcionan. Los policías y los familiares
tienen que ser cargados en camilla o en silla de ruedas porque no hay ascensor, tampoco
hay medicinas ni sabanas.
Nosotros estamos debatiendo aquí que se presentó este proyecto en pocas horas, pero la
necesidad es urgente.
Esto no puede dejar de aprobarse hoy. La bancada está de acuerdo, en especial, porque
no son montos excesivos, porque no se está incrementando presupuesto alguno pero sí se
está modificando el presupuesto. Yo también he sido primer ministro, y hay emergencias y
situaciones que uno no maneja en un momento y de repente se presentan.
Me está pidiendo una interrupción el congresista Mauricio Mulder y también el
congresista Huaire.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Mauricio Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, lo que pasa es que aquí hay también
un tema que tiene que ver con la confianza. Se dice que el hospital de la Policía Nacional
está colapsado, pero ya tienen cuatro años gobernando y justo recién, en este momento,
se acuerdan del hospital. ¿Por qué no lo pusieron en la Ley de Presupuesto anterior?,
¿por qué recién ahorita lo están poniendo? ¡No entiendo! ¿Y qué confianza tenemos de
que lo van a hacer ahora si se les da el recurso, cuando no lo han hecho con las cuatro
leyes de presupuesto anteriores que están vigentes? ¡No lo van a hacer, pues! Ese es el
tema. ¡No lo van a hacer!
Observo que se trata simplemente de buscar justificaciones para hacer movimientos
presupuestales. Porque se están estableciendo, como ha señalado el congresista
Dammert, que, a pesar de eso, se pueden hacer modificaciones con autorizaciones de
modificación del presupuesto institucional ante la variación de ingresos. Eso es lo que va
a pasar.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción, congresista Huaire.
El señor HUAIRE CHUQUICHAICO (PP).— Presidenta, es cierto que se ha cometido un
error al momento de hacer los presupuestos por los sectores. Por eso del sector Salud está
pasando al sector del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Justamente para construir el
hospital de la Policía Nacional que lo necesita, y aquí el ex ministro del Interior vino a
sustentar y dijo ya estaba dentro de sus proyectos la ejecución de esa obra.
120
Sin embargo, ha pasado mucho tiempo y es necesario que se inicie esa ejecución.
Consideramos que esta tarde debe ser aprobado el proyecto en debate, porque nuestra
Policía Nacional necesita un hospital, tan importante para todos nuestros policías.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Yehude
Simon.
El señor SIMON MUNARO (PP).— Presidenta, puede ser una cuestión de desconfianza,
pero no se puede apostar por algo que la gente está exigiendo. El hospital de la Policía
Nacional es urgente —así, a gritos, urgente— que sea implementado inmediatamente.
También estamos hablando de la implementación de la Universidad Autónoma de Alto
Amazonas. ¿Cuántos congresistas han sido visitados por los alumnos y por las
autoridades? Se crea una universidad y resulta que no se le dan los presupuestos
necesarios.
Si hay desconfianza, lo que tenemos que hacer los congresistas es exigir que las unidades
de la Contraloría General de la República hagan el seguimiento, para que no se gaste el
dinero por gusto. El problema de los hospitales y el de la citada universidad tiene larga
data.
Bien se dice acá que han pasado cuatro años como congresistas, cuatro años como
Gobierno y no se ha solucionado el problema del hospital ni el de la citada universidad.
Entonces, no podemos esperar que pasen los días. La próxima semana es de
representación. Sabe Dios cuál será la dinámica que se presente la próxima semana y
resulta que habremos perdido la oportunidad de una inversión que tiene que hacerse y
fiscalizarse.
En ese sentido, en nombre de la bancada del Partido Humanista, de Somos Perú y del
Partido Perú Posible, vamos a votar a favor.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Víctor Isla.
El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidenta, creo que esta ley revierte una vital importancia.
El congresista Tubino, amazónico por adopción, me pide una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La primera interrupción es para
el congresista Tubino.
El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Presidenta, en el hospital del Putumayo, en
el Estrecho, la gente se muere de apendicitis. Entonces, no podemos dejar que estos
proyectos de ley queden para filosofar un poco más ni para verlo en detalle.
En el artículo 6, adicionalmente se dice: “Culminación del proceso de nombramiento de
los profesionales de la salud y los técnicos y auxiliares asistenciales de la salud”. Eso es
también importante, porque lo sufrimos quienes representamos a las regiones
amazónicas. La verdad es que hubiéramos querido estudiar este proyecto de ley con
mayor detalle, pero hay cosas urgentes que debemos resolver. Me aúno a los congresistas
121
que han hablado del hospital de la Policía Nacional. Es hora de que cambiemos esto. No
es posible tener a nuestros policías en situación de abandono.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Isla.
El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidenta, efectivamente, uno de los grandes aciertos de
esta norma es señalar, en el artículo 1, inciso 1.1, segundo párrafo, que se destina la
transferencia de 21 millones, 952 mil, 590 soles a favor del Ministerio de Agricultura y
Riego para el financiamiento del proyecto de inversión pública “Mejoramiento,
ampliación y equipamiento del Centro de Salud El Estrecho, en el distrito de Putumayo,
provincia de Maynas, departamento de Loreto”.
Ahora Putumayo es una provincia nueva que precisamente se crea a través del reclamo
permanente de nuestros pobladores y patriotas nuestros que están en esa zona alejada.
Tenemos más de 1 mil 500 kilómetros de frontera en la zona del Putumayo y ahí se va a
construir este gran Centro de Salud, que va a permitir dar una atención de calidad a
nuestros compatriotas en esta parte de la patria.
No debemos olvidar que el año pasado, en setiembre, hubo una reunión entre el
Gobierno del Perú y el Gobierno de Colombia, con la presencia del presidente Ollanta
Humala y el presidente Santos, para trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la
cuenca del Putumayo de ambos países. Uno de los compromisos hechos por nuestro
gobierno es previamente desarrollar este Centro de Salud en San Antonio del Estrecho,
capital de la nueva provincia de Putumayo, que tiene tres distritos: Teniente Clavero con
su capital Soplín Vargas; el distrito Putumayo con su capital San Antonio del Estrecho; el
distrito Rosa Panduro con su capital Santa Mercedes; y, el distrito de Yaguas con su
capital Remanso.
Si vamos revisando, de uno en uno, todos estos proyectos de inversión, así como el
mejoramiento de los servicios del hospital de la Policía Nacional, observamos que se trata
de proyectos de vital importancia.
Yo entiendo que algunos parlamentarios, como el congresista Bruce, por la premura en la
presentación del proyecto de ley, tenga algunas dudas al respecto. Pero estoy seguro de
que cuando comience a ver la importancia de estos proyectos se disiparán esas dudas.
Conocedores del espíritu patriótico del congresista Bruce y del congresista Mulder, que
mostró también una duda, les digo que estoy seguro de que sí se van a hacer esos
proyectos de inversión. Claro, si no se pusieran en el texto ni se aprobara la norma, no se
harían esos proyectos de inversión.
El congresista Dammert me pide una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción el congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidenta, yo he señalado que este
proyecto de ley tiene cosas positivas pero también le faltan algunas. Por ejemplo, estoy
seguro de que el congresista Isla estará de acuerdo conmigo en que a las regiones, cuyo
monto de canon ha sido disminuido, se les transfieran los recursos para cumplir los
122
proyectos de inversión ya aprobados en la Ley de Presupuesto. Eso no está en este
proyecto de ley.
¿Cuáles regiones? Las regiones que tienen canon: Loreto y, básicamente, Piura y Tumbes.
Esa es una medida que complementa a las otras. Yo no he planteado que este tema se
postergue para otro tiempo sino que se pase a un cuarto intermedio, que se llegue a un
consenso de esas ideas y propuestas y que tenga que aprobarse hoy. Tiene que aprobarse
hoy con una visión más amplia en la cual se les garantice realmente a los gobiernos
regionales y municipales la habilitación directa del recurso por parte del gobierno central.
En vez de que lo haga el gobierno central, creo que pueden hacerlo mejor los gobiernos
regionales y municipales, según los casos planteados, además de los otros temas
señalados.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Isla.
El señor ISLA ROJAS (NGP).— Efectivamente, la disminución del precio del petróleo ha
afectado a las regiones amazónicas que tienen canon; sin embargo, los gobernadores
regionales y los alcaldes provinciales y distritales están trabajando en conseguir
financiamiento para cumplir los proyectos de inversión que vienen en camino: algunos
proyectos que han sido iniciados tienen necesidad de continuar la inversión; otros son
nuevos proyectos que ya tienen compromiso.
Estoy seguro de que todos los parlamentarios de esta zona lo que hacen es apoyar a sus
autoridades regionales y locales, tanto provinciales como distritales, en la gestión de ello,
para que en la situación que estemos se pueda compensar a través del gasto a estas
regiones que han sentido disminuidos sus ingresos porque tienen el canon casi como su
sueldo; sin embargo, el gobierno del Presidente Ollanta Humala ha estado siguiendo
permanentemente la transferencia de recursos a las regiones y a las provincias para
cumplir estos objetivos.
Dicho esto, pido a la Representación Nacional que se apruebe por unanimidad esta ley
de vital importancia.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Merino.
El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Presidenta, el congresista Mesías Guevara me pide
una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Mesías Guevara.
El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Presidenta, cuando se generan este tipo de
proyectos, siempre hay cierta desconfianza con el Ejecutivo. Sin embargo, hoy debemos
aquilatar las diversas necesidades que tienen nuestros pueblos. Ya se ha hablado acá de
diversas necesidades y, en ese mismo sentido, por su intermedio, solicito al presidente de
la Comisión de Presupuesto que se acumule el proyecto de ley 4292 con el objetivo de
integrar a los institutos viales provinciales. En las regiones, como Cajamarca, hay muchas
necesidades en cuanto a la actuación directa de los institutos viales provinciales, que son
123
los encargados de dar el mantenimiento adecuado para la trocha carrozable y que,
lamentablemente, esos institutos no cuentan con los recursos necesarios, a pesar de los
desastres naturales y las lluvias intensas que están viviendo las regiones.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Me dice el congresista Merino
que la segunda interrupción es también para el congresista Guevara. Puede continuar el
congresista Guevara.
El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Le reitero, Presidenta, mi pedido es que el
presidente de la Comisión de Presupuesto acumule el proyecto de ley 4292.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista
Manuel Merino.
El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Primero para disculparme con los parlamentarios
que me estaban pidiendo una interrupción. Las dos interrupciones se las di al
correligionario Guevara.
Presidenta, entiendo la preocupación de algunos parlamentarios con relación a las
dudas. Si analizáramos este proyecto de ley con relación a los recursos del canon y
sobrecanon de Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y de la provincia de Puerto Inca, que han
tenido una reducción presupuestal de más del 50%, habría sido importante permitir que
se agregue una norma en este proyecto. Sin embargo, aún no ha sido aún recogida.
La bancada tiene dos proyectos que deberán ser dictaminados por la comisión
correspondiente para dar solución a este problema, porque lamentablemente el
presupuesto determinado no cubre las expectativas ni las deficiencias ni las debilidades
regionales. La disminución presupuestal ha afectado fuertemente a esas cuatro regiones
que acabo de mencionar.
Respecto del proyecto en debate, como provincianos, recogemos la preocupación
expresada por el colega Manuel Dammert respecto del canon y sobrecanon que no está
recogido en este proyecto. Hubiese sido importante un articulado que permita compensar
esa reducción presupuestal. Es una propuesta que podría agregarse en este proyecto. Yo
alcanzo al presidente de la comisión un texto para que lo incluya.
Cuando debatimos la Ley de Presupuesto, los propios parlamentarios empezamos a pedir
acumulación de proyectos de la jurisdicción de dónde venimos. En ese debate se originan
varios de estos problemas que están reconocidos aquí, como la culminación de los
procesos de nombramiento de los profesionales que fue propuesto pero que no fue
recogida; igualmente, el financiamiento para la implementación de la Universidad
Nacional de Alto Amazonas, que está recogido en este proyecto de ley.
Un tema muy similar ha ocurrido en la región Tumbes: un proyecto de inversión que salió
en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento debería haber salido en la cartera
de Transportes y Comunicaciones. Por ello, quiero pedirle al presidente de la comisión
que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir en favor del pliego 036,
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución del proyecto de inversión
pública denominado “Mejoramiento de la vía principal el Tutumo, Pueblo Nuevo,
124
Progreso, del distrito de Matapalo, provincia de Zarumilla, con el código unificado
2202297”. De esta manera se permitiría legítimamente transferir los recursos que los
tiene el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, y que ha dicho que no puede
ejecutarlo, al Ministerio de Transportes y Comunicación. Así, no se estaría originando
gasto adicional alguno.
Pido que el presidente de la comisión pueda acumularlo. También solicito a los
parlamentarios que, más allá de las observaciones hechas al proyecto en debate, aquí
hay una necesidad de transferir el propio presupuesto a los gobiernos regionales y a los
gobiernos locales, debido a los problemas que se han presentado; esperemos que así
sea.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Merino.
Tiene un minuto adicional.
El señor MERINO DE LAMA (APFA).— Respecto del canon y sobrecanon, pido que el
Ejecutivo, a través de las transferencias, pueda compensar la reducción que han tenido en
canon y sobrecanon petrolero las regiones de Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y la
provincia de Puerto Inca, para que los proyectos aprobados puedan ejecutarse en esas
regiones.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Galarreta.
El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidenta, doy interrupciones, primero, a la
congresista Cuculiza y, segundo, al congresista Bruce.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la primera
interrupción, congresista Cuculiza.
La señora CUCULIZA TORRE (GPFP).— Presidenta, he escuchado que hace cuatro años
no se ha hecho el hospital de la Policía Nacional. Pero, por lo pronto, tengamos la
felicidad de dar el comienzo de un buen servicio en ese hospital y así nuestra mente nos
dirá que fuimos partícipes de la construcción de ese hospital.
Nosotros estamos acá bien sentados y bien tranquilos porque todos nosotros tenemos un
seguro médico que nos permite ir a cualquier clínica para atendernos de lo mejor.
Pero hay que pensar en el que no tiene, en el que mendiga que lo reciban, en el que está
tirado en el patio del hospital. Bien tranquilos nosotros y felices con nuestro seguro en la
clínica. Vas y te atiendes como una reina feliz de la vida; no sientes la necesidad; pero,
cuando la necesidad es la base número uno de la vida de las personas, hay que ser
flexibles para que este hospital comience a funcionar bien. Ya que no se ha hecho en
cuatro años de gobierno, que se comience y que este Pleno del Congreso sea el que dé
la oportunidad a la Policía Nacional de tener el hospital que se merece.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción, congresista Bruce.
125
El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidenta, yo tengo una inquietud que no
sé si va a contestarla el presidente de la Comisión de Presupuesto.
De los 500 millones de modificación presupuestal, la más grande es la transferencia que
hace el Ministerio de Salud al Ministerio del Interior por 293 millones y al Ministerio de
Agricultura y Riego por 21 millones 900 mil soles. Es decir, 314 millones de soles van a
ser transferidos por el Ministerio de Salud a estos dos sectores.
Pregunto qué va a dejar de hacer el Ministerio de Salud o en qué se va a desfinanciar al
Ministerio de Salud, qué no ha hecho o qué no ha podido hacer. Porque esa plata estaba
presupuestado para hacer algo en el Ministerio de Salud. ¿Alguien puede contestar,
porque se trata de casi el 60% del monto de las transferencias?
¿Qué va a dejar de hacer el Ministerio de Salud?, ¿por qué le sobra la plata al Ministerio
de Salud? Estas son las preguntas que quedan en el aire. Espero que alguien conteste en
este debate. Siquiera eso podría ser respondido por ustedes, ya que nos están pidiendo
que tomemos una decisión apresurada.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Luego de las dos interrupciones,
puede iniciar su intervención el congresista Galarreta.
El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidenta, ¿podría atenderme? Yo sé que
está con una llamada.
La primera parte de mi intervención es para pedirle a usted, con todo respeto, que
cuando un parlamentario le pregunta si va a continuar o no el debate de un determinado
proyecto, tal como lo hice yo hace un rato, respecto del proyecto sobre la exoneración de
descuentos en las gratificaciones, a ese parlamentario no se le falta el respeto diciendo:
“Puede continuar el otro congresista” sin responderle la pregunta al congresista anterior.
Podría haber dicho que ese tema va a ser visto después o no va a ser visto, o podría
responder “congresista, lo siento, ya no va a ser visto hoy”. Esperé alguna respuesta de
quien preside mi institución. Nada.
No puede ser que alguien le hace una consulta y usted, Presidenta, hace como que
ignora al parlamentario, no lo toma en cuenta y sigue con otro tema. Eso es una falta de
respeto. Se lo digo con todo respeto y cariño, Presidenta.
En segundo lugar, voy a insistir en el debate de la exoneración permanente del descuento
en las gratificaciones. A diferencia del proyecto que trata de las gratificaciones y que tiene
dos años de espera, el proyecto en debate recién ha entrado al Pleno.
Y, por supuesto, hay temas que son importantes. ¿Quién no ha visitado, como decía un
parlamentario, el hospital de la Policía Nacional? Pero la pregunta específica es: si el
candidato Ollanta Humala dijo que iba a poner un hospital por cada provincia, a cuatro
años de su Gobierno, como dijo Mulder, ¿qué ha hecho?
El hecho de transferir recursos, ¿significa que va a haber menos vacunas, menos
inyecciones, menos medicinas, menos camas, menos atenciones? Digo esto porque el
126
lonche no es gratis: transferir de un lado a otro significa que alguien va a dejar de tener
el servicio o la cobertura que tenía.
A mí, más allá del tema de fondo que puede ser loable, aunque hay que estudiarlo, me
parece increíble que el ministro de Economía presente ayer, en la tarde, dos propuestas y
hoy quieran debatirlos; ¿qué quieren?, ¿decir que el Congreso está obstruyendo al
Ejecutivo?, ¿decir que el Presidente de la República puede cerrar el Congreso?, tal como
lo está declarando un exministro que se ha quedado confundido porque no ha vuelto al
gabinete, incluso ha sido presidente de este Congreso y tiene la desfachatez de declarar
esas cosas. No tiene vergüenza al decir que el presidente de la República puede cerrar el
Congreso luego haber sido presidente del Congreso y presidente de la Comisión de
Constitución. ¿Qué quiere decir que el Congreso pone obstrucciones?
De 10 proyectos en materia económica, seis son leyes, dos han sido presentados ayer por
el Ejecutivo y dos de ellos están en la agenda de hoy; uno de ellos ha pasado a un cuarto
intermedio hace un rato. Es decir, este Congreso, con toda la oposición que pueda
haber, no se ha negado en apoyar al Ejecutivo.
Así que sean más francos. Si quieren meter un proyecto de ley de la noche a la mañana
que tiene que ver con el presupuesto, para que después digan que el Parlamento está
obstruyendo y para que después vengan a pechar con la delegación de facultades, si eso
quieren, entonces al ex presidente del Congreso que pasó sin darse cuenta de que fue
presidente del Congreso le decimos que también hay mecanismos constitucionales, y
varios, desde la vacancia presidencial...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Galarreta.
El señor GALARRETA VELARDE (PPC-APP).— Presidenta, ojalá vuelva a la normalidad el
exministro, que no siga preocupado porque no volvió al gabinete ministerial y que deje de
hablar desfachateces en los medios de comunicación. Al Congreso hay que defenderlo
como fuero parlamentario. Yo no veo aspecto negativo alguno porque es absolutamente
normal que un tema tan importante como este pueda pasar a estudio de una comisión.
¿O se van a caer?, ¿o algo va a pasar urgente, si en cuatro años no lo han hecho? Si
quieren llevarnos por ese camino para demostrarle a la opinión pública de que estamos
obstruyendo, contesto diciendo que de 10 proyectos en materia económica, seis son
leyes, dos están en la agenda y los otros dos últimos han sido presentados hace dos días.
Eso no va a ser un argumento para decir que estamos obstruyendo.
Considero que se debe apoyar la cuestión previa del congresista Bruce y, finalmente, de
usted, Presidenta, espero que cuando uno le vuelva a hacer una pregunta, responda. No
hacerlo es una falta de respeto de la Mesa para con los miembros del Congreso.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Para contestar al congresista
Galarreta, el siguiente tema será el informe aprobado por la Comisión de Ética
Parlamentaria.
El siguiente orador es el congresista Leonidas Huayama.
127
El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidenta, me pide interrupción el congresista
Angulo y también la congresista Natalie Condori.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Angulo.
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Presidenta, yo tengo algunas preocupaciones
fundamentalmente respecto del hospital de la Policía Nacional. En Trujillo se construyó un
hospital de alta complejidad, un hospital grandísimo, todo equipado, con los últimos
elementos, un hospital inmenso que no costó más de 220 millones de soles y aquí, con el
proyecto en debate, se pretende transferir 293 millones solo para el mejoramiento de los
servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional de la Policía Nacional del
Perú. Solamente para una parte del servicio se transfiere la suma 293 millones de soles,
mientras que, en Trujillo, para un inmenso hospital se habla de 220 millones de soles.
¡Qué sospechoso! ¿Qué es lo que pasa con este dinero?
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Terminó su tiempo de
interrupción, congresista Angulo.
La segunda interrupción es para la congresista Natalie Condori.
La señora CONDORI JAHUIRA (GPDD).— Presidenta, solicito al presidente de la
comisión que acumule el proyecto de ley 3723, que va acorde con el artículo 6 del
proyecto en debate, que ha sido exonerado del trámite de comisiones, y en la cual solicita
que se nombre al personal técnico asistencial y administrativo, personal de servicios
auxiliar y asistencial y profesionales de la salud no médicos cirujanos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Luego de las dos interrupciones,
puede iniciar su intervención, congresista Huayama.
El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidenta, reitero la importancia de este proyecto
de ley que va a solucionar muchos problemas que tenemos actualmente, especialmente el
artículo 6 por el cual se culmina el proceso de nombramiento del personal de salud.
Respecto de mi región, tenemos ya cuatro meses del personal de salud sin pago por este
problema. Permítame, Presidenta.
En la provincia de Ayabaca, distrito de Pacaipampa, se está construyendo un colegio en
el centro poblado San Juan de Cachaco, con presupuesto de 2014 y continuará en el
2015. Lo que pasa es que en este año al hacer la transferencia de continuidad de este
proyecto de inversión en vez de transferir los recursos a la municipalidad distrital de
Pacaipampa, se ha transferido, por error, los recursos a la municipalidad provincial de
Ayabaca. Esta obra ya está paralizada, porque tiene que resolverse este problema.
Para resolver este caso, que es de importancia para el distrito de Pacaipampa,
permítame, a través de usted, decirle al presidente de la comisión, que se pueda
incorporar una disposición complementaria modificatoria que diga lo siguiente:
128
“Dispóngase que los recursos transferidos mediante Decreto Supremo N° 014-2015 de
Economía y Finanzas, a favor de la municipalidad provincial de Ayabaca, para el
financiamiento del proyecto de inversión pública, mejoramiento de oferta del servicio
educativo de la Institución Educativa 14379 de la localidad de San Juan de Cachaco,
distrito de Pacaipampa, Ayabaca, Piura, con Código SNIP 282130, se transfieran a favor
de la municipalidad distrital de Pacaipampa, conforme al siguiente detalle: El número de
Pliego 200-206, el Pliego Municipalidad Distrital de Pacaipampa, Código 0090, el
Programa Presupuestal: el logro de aprendizaje de estudiantes de educación básica
regular; código Presupuestal 2196922, Código SNIP 282130, el nombre del proyecto
mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la Institución Educativa 14379 de la
localidad San Juan de Cachaco, distrito Pacaipampa, Ayabaca Piura, con monto de 3
millones 508 mil 45 soles.
Para tal efecto resultan aplicables los artículos 2, 3 y 4 del Decreto Supremo N° 014-
2015-Economía y Finanzas.
El Ministerio de Educación es el responsable de la verificación y seguimiento lo que
incluye el monitoreo financiero de los recursos del cumplimiento de las acciones
contenidas en el convenio y en el cronograma de ejecución del proyecto de inversión
pública para lo cual realiza el monitoreo correspondiente”.
Repito, se trata de corregir un error de transferencia de continuidad de un proyecto que se
viene ejecutando en el distrito de Pacaipampa. En vez de transferir los recursos a la
municipalidad que corresponde se ha transferido a otra municipalidad.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Martín Belaunde. No
está presente.
Congresista Martha Chávez, puede intervenir. Pero antes le están pidiendo una
interrupción.
La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— No, me disculpa. Ya me han solicitado las
interrupciones otros congresistas.
Presidenta, yo quiero preguntarle al presidente de la Comisión de Economía qué significa
que en el artículo 1, punto 1.1, cuando se habla de autorizar el financiamiento de
proyectos de inversiones en el sector Salud, se habla también del monto de hasta 21
millones 952 mil 590 nuevos soles para el financiamiento del proyecto de inversión
pública “Mejoramiento, ampliación y equipamiento del Centro de Salud El Estrecho,
distrito de Putumayo, provincia de Maynas, departamento de Loreto”. Se señala aquí
también que el Código SNIP es el número 189242.
Sin embargo, viendo el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, resulta
que la obra con el Código SNIP 189242 tiene un monto de 4 millones 189 mil 242
soles. ¿Por qué estamos acá previendo para un proyecto que tiene un valor de 4 millones
200 mil soles, aproximadamente, una autorización de hasta 21 millones 952 mil, 590
soles, es decir casi 22 millones? Hay una diferencia de 18 millones de soles, que me
gustaría que sea aclarada.
129
También quiero referirme al hecho de que algún señor congresista ha señalado que aquí
debe incorporarse la transferencia de recursos a las regiones que han tenido una merma
en el canon, debido a una merma en la producción de minerales.
Pregunto por qué no les cobran a los activistas y a los revoltosos que impidieron, por
ejemplo, el proyecto Conga. ¿Qué quieren ustedes?, ¿que nosotros financiemos lo que
algunos han torpedeado? En lugar de que esos activistas anden en camionetas de lujo
Land Rover, que donen esas camionetas de lujo. Recordemos que ellos han impedido
que, por ejemplo, en el pueblo de Cajamarca, se pueda participar en una mayor
generación de recursos a través de un proyecto que ha quedado pasmado.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo para que concluya,
congresista Chávez.
La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidenta, lo mismo se quiere hacer en Arequipa
con el proyecto minero Tía María. Entonces, ¿vamos a financiar esas aventuras marxistas,
provocadoras, generadoras de violencia, que causan atraso en los pueblos? Que sepan
los pueblos que esos activistas lo único que hacen es traer miseria para el pueblo,
mientras estos se enriquecen con pagos. Ahí está. Exijo que se investigue y se metan
presos a los partícipes de esos actos, como el de las lentejas de un millón y medio de
dólares o de soles, para extorsionar al Estado y a las empresas. Eso no debe quedar
impune.
Pido que se aclare, entonces, qué significa elevar el monto por la obra de mejoramiento,
ampliación y equipamiento del Centro de Salud que se ha previsto en El Estrecho, distrito
del Putumayo.
No está el congresista que me había pedido los dos minutos de interrupción.
Me pide una interrupción el congresista Abugattás.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Abugattás.
El señor ABUGATTÁS MAJLUF (NGP).— Presidenta, aprovecho para responder la duda
de la congresista Chávez, respecto del monto asignado inicialmente en el presupuesto
que asciende a cuatro millones de soles para una obra estimada, según el SNIP, en 27
millones de soles.
También aprovecho para responderle al congresista Bruce, que pregunta válidamente de
dónde sale el dinero, por qué y qué ha dejado de hacer el Ministerio de Salud para que
pueda disponer de 500 millones de soles.
Esos recursos —según Consulta Amigable, al cual puede acceder cualquier congresista o
cualquier ciudadano— estaban destinados a la ejecución de obras mediante
Asociaciones Público Privadas (APP) en el sector Salud, lo cual no ha ocurrido ni va a
ocurrir. Entonces, esos 500 millones habían sido previstos para inversiones en APP.
Reitero, les estoy diciendo que he ingresado a ver la correspondiente información en
130
Consulta Amigable. Si los recursos están ahí, ¿nos quieren decir ahora que los dejemos
ahí, que se apolillen y que no se usen?
Lo mismo ocurre con la consulta formulada por la congresista Martha Chávez. Hay una
complementación; es decir, los recursos consignados originalmente eran básicamente
para estudios técnicos que ya se han culminado y, por eso, se puede pasar a la etapa de
ejecución. Recordemos que, en el presupuesto, muchos de los recursos no son asignados
al 100%. Eso ocurre en todos los ministerios, incluso en los ministerios de Vivienda y
Construcción y de Transportes y Comunicaciones.
A los congresistas Bruce y Chávez les estoy remitiendo una copia de esa información para
que vean de dónde sale el dinero.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Martha
Chávez.
La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidenta, también me pide una interrupción el
congresista Bruce.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Bruce.
El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidenta, me parece muy bien decir que
los fondos vienen de aquellos proyectos de APP que no se van a hacer. Estoy haciendo
esta simple pregunta: ¿cuáles proyectos?, ¿qué proyectos de APP ya no se van a realizar?,
¿o es un secreto de Estado?, ¿no podemos saber para qué se iban a hacer esas APP?
Supongo que, cuando se estableció el presupuesto, se iba a hacer una APP para una
cosa y otra APP para otra cosa. De acuerdo. No se pudieron hacer. Pero, ¿podemos
saber cuáles iban a ser esas APP?, ¿o es un secreto de Estado?, ¿o el oficialismo no está
en capacidad de responder esa pregunta porque no la saben? Si esto es así, reitero la
validez de mi propuesta de que este proyecto de ley hay que estudiarlo más, porque no
tenemos todas las respuestas.
Entonces quiero saber ¿qué pasó con esas APP?, ¿cuáles eran esas APP?, ¿por qué no se
han hecho?, ¿y quién fue el incapaz que no ha podido llevar adelante los proyectos de
APP, si bien nos pidieron plata para el presupuesto, plata mal asignada?
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Martha
Chávez.
La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Sigo con la inquietud pese al esfuerzo del
congresista Abugattás.
Yo me dejo guiar por lo que aparece en el banco de proyectos de la ficha oficial. Aquí
dice que el proyecto de inversión, con SNIP N.° 1809242, comprende el mejoramiento,
ampliación y equipamiento del Centro de Salud de El Estrecho, distrito de Putumayo,
provincia de Maynas, departamento de Loreto. No habla de una primera etapa de
estudios técnicos ni de nada, pero incluye el equipamiento. Por lo tanto, no tiene
131
explicación alguna que se pase de una valorización de cuatro millones doscientos mil a
más de veinte millones de soles.
Además, en el artículo 9, numeral 9.2, se habla de autorizar al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para realizar modificaciones presupuestales de hasta catorce millones
036 mil 152 de soles, para supervisión y mantenimiento de carreteras. En general, se está
previendo esto para todas las carreteras del país pero para supervisión de mantenimiento;
es decir, ni siquiera es para el mantenimiento, sino que habrá alguien que supervise que
se ha cumplido el mantenimiento. Entiendo que la supervisión está prevista en los
contratos de concesiones y que el costo corre, muchas veces, por cuenta del titular de la
concesión. Incluso se prevé hasta cuarenta y cinco millones de soles para adquirir
estructuras metálicas de puentes. Es un festín de montos.
¡Qué duda cabe que se necesita que esté operativa la Red Vial Nacional! Pero ya
tenemos la experiencia respecto de la construcción del Puente Comuneros, en Junín; se le
dio la obra al SIMA y este se la asignó, a dedo, a la empresa Antalsis, simulando un
concurso. Resultado, tenemos un puente que no tiene conectividad alguna, es un elefante
blanco.
Entonces, creo que hay cosas que se tienen que abordar y cumplir, sin que haya el
aprovechamiento de poner recursos que generen un festín o una lluvia de millones en un
año electoral, que significa utilizar recursos con el argumento de beneficiar a la población
cuando, en la realidad, finalmente beneficia o distrae montos sabe Dios con qué
propósito.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Johnny Cárdenas.
El señor CÁRDENAS CERRÓN (NGP).— Presidenta, quisiéramos que el presidente de la
Comisión de Presupuesto pueda valorar algunos artículos adicionales.
“Artículo (siguiente). Ampliación del destino de los recursos del Fondo para las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional
Dispóngase que los recursos del Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
creado mediante Ley N.° 28455, también puedan ser destinados al financiamiento de
proyectos de inversión pública en infraestructura para el cumplimiento de las funciones de
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú”.
Aquellas personas que hemos estado realizando distintas audiencias en nuestras regiones
conocemos la realidad en que se encuentran la Policía Nacional y la Fuerza Armada,
especialmente el Ejército. La Policía Nacional, en la zona de río Tambo, en San Martín de
Pangoa, cuenta con una infraestructura inhumana.
Es importante la movilización de los recursos que estén orientados a los proyectos de
inversión pública en infraestructura para el cumplimiento de la función de la Fuerza
Armada y de la Policía Nacional del Perú.
132
También proponemos otro artículo referido al financiamiento de nuevos centros de Mejor
Atención al Ciudadano (MAC).
“Autorícese a la presidencia del Consejo de Ministros a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a la partida de gasto
2.3.2.4, que está referido a servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones, con el fin de financiar los nuevos centros de Mejor Atención al Ciudadano
(MAC), a cargo de la secretaria de gestión pública.
Para tal efecto, se exceptúa a la Presidencia del Consejo de Ministros de la prohibición
establecida en la Sexagésima Cuarta Disposición Complementaria y Final de la Ley
30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015”.
En ese sentido, esta propuesta está orientada a que los ciudadanos que realizan distintas
actividades referidas a los pagos de servicios o a la formalización de una empresa, con el
servicio del MAC, puedan tener las facilidades para formalizarse: por ejemplo, en 72
horas. Entonces, es importante que los ciudadanos puedan tener mayores accesos a estos
servicios, como los MAC. Tenemos uno de ellos en Plaza Norte. Ahí los ciudadanos
acceden fácil e inmediatamente a algunos servicios.
Esperemos que el presidente de la Comisión de Presupuesto pueda valorar estos dos
artículos que hemos propuesto.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Gastañadui.
El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Presidenta, me pide una interrupción el
congresista Acuña.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la interrupción,
congresista Acuña.
El señor ACUÑA PERALTA (SN).— Presidenta, si uno quisiera solo mirar defectos,
podríamos pasar toda la noche viendo fallas y defectos: que se presenta tarde o que hay
muchos cambios en la interpretación.
Particularmente espero que mi bancada también apoye este proyecto, porque hay que
verlo positivamente y con buena fe en favor de los pueblos.
Se trata de la modificación de los presupuestos institucionales que ya venían organizados
en el Presupuesto del 2015. El sector tiene su presupuesto para algún otro proyecto y las
partidas que no se van a gastar ni utilizar serán destinadas a otro proyecto de inversión.
En el caso del Ministerio de Salud, va a haber modificación del presupuesto ya autorizado
para hacer el hospital de la Policía Nacional, para hacer el hospital de Putumayo y para
nombrar a médicos y auxiliares que no estaban nombrados. Creo que nadie se opone,
porque va en beneficio de la salud.
La otra parte del proyecto de ley en debate tiene que ver con el Ministerio de Transportes:
hay 13 millones de soles para pavimentación de calles del distrito de Ate y también hay
133
45 millones para supervisión, para compra de puentes y para la carretera longitudinal de
la sierra.
Nosotros autorizamos, no debemos entrar al detalle del porqué hacen o no hacen esto.
Es responsabilidad de los ministerios hacer las cosas de acuerdo con la ley.
Este proyecto en debate no debemos mejorarlo. Lo primero, en la vida, es la salud. Y lo
primero de nuestro compromiso es apoyar a todos los pueblos.
Este es un proyecto que debemos de verlo desde el punto de vista positivo. Cuando
hemos aprobado la Ley de Presupuesto para el año fiscal del 2015, hemos hablado de
un proyecto de presupuesto. Comentó el congresista Abugattás que había un presupuesto
para las asociaciones público privadas. Supongamos que se han destinado quinientos
millones para...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Concluyó su tiempo de
interrupción, congresista Acuña.
Inicie su intervención, congresista Gastañadui.
El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Presidenta, este es un proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y que ha sido exonerado por la Junta de
Portavoces, con lo cual se ha cumplido con las formalidades que estable el Reglamento
del Congreso.
Este proyecto de ley, con efectos en el presupuesto, no origina mayor gasto al Tesoro
Público, con lo cual las cantidades globales que aprobamos el año pasado para el
presupuesto del presente año se mantienen iguales y, tal como lo señala el propio
proyecto de ley, se van a financiar los proyectos de inversión con los recursos de las
entidades involucradas.
Presidenta, si revisamos qué tipo de proyecto de inversión pública se va a ejecutar,
observamos que se trata de proyectos vital importancia. No se trata de que se van a
utilizar los recursos para una campaña electoral; todo lo contrario: por ejemplo, se está
autorizando una transferencia del Ministerio de Salud al Ministerio del Interior por el
orden de los doscientos noventa y tres millones de soles para el mejoramiento de ese
hospital de la Policía Nacional.
Generalmente le exigimos efectividad a la policía; pero, en el momento de reconocer su
trabajo nos ponemos de perfil o le damos la espalda a la Policía Nacional. Con estas
medidas presupuestarias, los policías van a tener un hospital decente, que vaya en
correlación con la dignidad humana, con la dignidad de la Policía Nacional y con el
esfuerzo que realizan ellos para hacer un buen trabajo.
Nadie podría aquí impedir que el hospital de la Policía Nacional pueda ser mejorado y,
para eso, se necesitan los recursos.
Igualmente, hay una transferencia del Ministerio de Salud al Ministerio de Agricultura y
Riego para el financiamiento del proyecto de inversión pública “Mejoramiento,
134
ampliación y equipamiento del centro de salud El Estrecho, distrito de Putumayo,
provincia de Maynas”.
Asimismo, hay una transferencia a los gobiernos locales para el financiamiento de
acciones de los Institutos Viales Provinciales. Al respecto, nadie se vería impedido de
apoyar ese tipo de reforma. Tampoco en contra de lo que se señala en el artículo 5 del
proyecto respecto del financiamiento para la implementación de la Universidad Nacional
Autónoma de Alto Amazonas, ni en contra de lo que se establece en el artículo 6 del
proyecto en debate, sobre la culminación del proceso de nombramiento de los
profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales.
En este punto, quiero comentar a la Representación Nacional que, en Piura, en el hospital
Santa Rosa, tenemos un problema: el gobierno regional pasado realizó el nombramiento
de profesionales, pero no existían las partidas presupuestales; tanto es así, como ya lo ha
señalado el congresista Huayama, que estos profesionales de la salud no han cobrado los
meses de enero, febrero, marzo y abril; este va a ser el cuarto mes que no cobran. Eso no
es justo. Justamente, a través del artículo 6 que se propone, se habilitan las partidas
presupuestarias para cumplir con los profesionales de la salud. Pido, a través suyo,
Presidenta, que la bancada piurana nos apoye, para que a los profesionales de salud del
hospital Santa Rosa les puedan pagar sus haberes.
También tenemos otro proyecto de inversión: por ejemplo, la transferencia que tendría
que realizar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor de la Municipalidad
Distrital de Ate.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Gastañadui.
El señor GASTAÑADUI RAMÍREZ (NGP).— Presidenta, son temas importantes. Cerca del
50% de estos recursos van a tener que ser ejecutados por los gobiernos regionales y
locales. Mal podremos decir que se trata de una suerte de farra fiscal, pensando en una
posible campaña electoral, cuando vemos que son proyectos claramente determinados y,
repito, casi el 50% de ellos van a ser ejecutados por los gobiernos regionales y locales.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Aguinaga.
El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Presidenta, nosotros tenemos que señalar
nuestra sorpresa respecto de este proyecto de ley en debate. La sorpresa es porque no
hay especificidad en cuanto a las partidas presupuestales que se transfieren. Habría sido
importante que el ministro de Economía esté presente hoy acá con nosotros para que
pueda absolver las preguntas que fluyen justamente de este debate.
La salud nunca ha estado tan enferma como en estos días; sin embargo, se transfieren del
Ministerio de Salud más de 314 millones de soles, cuando al costado vemos que la
anemia ha subido cinco puntos, que las coberturas de vacunación han caído 10 puntos,
que la mortalidad infantil ha subido un punto, que tenemos la epidemia por el Dengue en
el norte del país y se ha hecho prácticamente incontrolable.
135
¿Qué nos ha pasado cuando no se han podido interpretar los índices aédicos? Cuando
están por arriba de dos puntos, quiere decir que se tiene que intervenir. Los índices
aédicos, en Piura, están en 4,7 y se ha tenido que esperar que estalle una tremenda
epidemia de Dengue con muertos para atender el problema. Sin embargo, nos extraña
que se saquen recursos del sector Salud.
Miren esta contradicción. Ya el congresista Bruce lo señaló. Para el mejoramiento,
ampliación y equipamiento del centro de salud El Estrecho, se piden 21 millones de soles.
Sin embargo, en el Banco de proyectos, en el código SNIP, es de 4 millones 600 mil
soles, tal como lo ha señalado la congresista Martha Chávez.
¿Es que ha subido el monto porque le hemos encargado al Ministerio de Agricultura y
Riego que equipe los centros de salud? ¡Qué barbaridad! ¿A quién le vamos a reclamar
cuando no funcionen los equipamientos?, ¿a quién le vamos a reclamar cuando las
ampliaciones estén mal hechas? Esto, que tiene que ver con el sector Salud, lo tiene que
ejecutar el sector Salud, no Agricultura y Riego, porque después vamos a quedarnos
descolocados y vamos a reclamar que se compran equipos que probablemente no sean
los necesarios.
—Reasume la Presidencia el señor Modesto Julca Jara.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo adicional, congresista
Aguinaga.
El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— Presidente, vemos que del Instituto de
Gestión de Servicios de Salud (IGSS) se sacan 13 millones 889 mil 059 soles. Yo habría
sacado todo el presupuesto. Porque ese Instituto, que controla el aparato de la prestación
en Lima, de los 2 mil 300 millones que son los presupuestos para todos los hospitales,
por estar administrado por este Instituto éste tiene un presupuesto de 307 millones de
soles. Este Instituto se ha convertido en un nicho de profesionales, colegas de la cuarta
edad, y solamente se ha ejecutado el 3,4% del presupuesto.
Esta propuesta de reforma de salud prácticamente se está ahogando, porque ha sido
puesta en manos de gente completamente incompetente, desfasada y persiste en el error.
A esta gente deberían haberla mandado a administrar el hogar Canevaro, probablemente
lo hubieran hecho mejor, pero no para un instituto de gestión de los servicios de salud, a
la cual se le está retirando 13 millones 899 mil 059 soles.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo para que termine, congresista
Aguinaga.
El señor AGUINAGA RECUENCO (GPFP).— El Arzobispo Loayza tiene un presupuesto de
152 millones de soles, que es la mitad de lo que tiene este Instituto. El Instituto Nacional
de Salud Mental, por el cual muchos reclamarían acá que se le aumente su presupuesto,
tiene 29 millones de soles. El hospital Hermilio Valdizan, otro hospital de salud mental,
tiene 38 millones de soles. Sin embargo, el Instituto, conformado por una élite de
distinguidos y octogenarios colegas, tiene un presupuesto enorme el que tiene que
corregirse, porque la ejecución solo llega al 3,4%.
136
Por eso, es importante que las autoridades, incluso el ministro correspondiente, estén
presentes acá para que pueda explicarnos cómo se hacen esos cambios presupuestales.
Estamos acuerdo con el nombramiento del 20% de colegas y servidores del sector Salud,
los que tantos años vienen siendo postergados, no solamente durante los cuatro años de
este Gobierno, sino también en el anterior Gobierno.
Estamos de acuerdo con que se ubiquen en el real contexto que reclama la población.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Carlos
Bruce.
El señor BRUCE MONTES DE OCA (GPCP).— Presidente, tal como lo dijimos, hasta este
momento no tenemos respuesta clara de qué va a dejar de financiar el Ministerio de
Salud, transfiriendo 314 millones de su presupuesto al Ministerio del Interior y al
Ministerio de Agricultura, nadie ha podido responder. Se dice que son proyectos de APP
que ya no se van a hacer, no nos saben decir cuáles, no nos saben decir por qué ya no
se van a hacer. Resulta que, al final, tenemos que hacer un acto de fe, que le sobraba la
plata al Ministerio de Salud y que así estaba hecho el presupuesto.
Esto ocurre por la improvisación de que nos mandan un papel y que, en media hora,
quieren que aprobemos ese papel cuando hay muchas dudas que han quedado en el
tapete. Esto se puede solucionar rápidamente esta noche si hay un cuarto intermedio y si
se reúnen los representantes de cada bancada con los representantes del Gobierno. En
tal virtud, no quiero ser una persona que quiera obstruir la aprobación del financiamiento
de obras importantes que están planteadas en esta modificación presupuestal. Por eso,
retiro mi cuestión previa.
Pero me aúno a la cuestión previa presentada por el congresista Manuel Dammert de que
este tema se vea rápidamente ahora y que se busquen las respuestas que todavía no han
sabido dar en el Pleno: ¿de dónde han salido estos 313 millones de soles que hasta
ahora no nos responden? Creo que fácilmente en un cuarto intermedio se va a resolver
eso.
Así que retiro mi cuestión previa y me aúno a la cuestión previa del congresista Dammert.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Martín
Belaunde.
El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidente, este proyecto ingresado hoy, a las diez
para las 11 de la mañana, tiene algunas complejidades que se han ido desentrañando a
lo largo del debate. Habría sido maravilloso que lo explicara en pantalla el presidente de
la Comisión de Presupuesto, indicando qué sumas comprende este proyecto.
Hemos visto agregando las cantidades explícitas que se están pidiendo autorizaciones de
fondos de un ministerio a otro ministerio del orden de los 345 millones de soles. ¿Pero
cuáles son las autorizaciones implícitas?, ¿las que aparecen disfrazadas en referencias y
alusiones legales que resultan en estos momentos incompresibles de entender, al menos
que se tengan a la mano las fuentes?
137
Este problema no ha podido ser explicado muy lamentablemente por el presidente de la
Comisión de Presupuesto. Y no ha podido explicarlo, quizás, por una razón muy sencilla:
porque no tenía idea de cuál es el contenido de este presupuesto.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, algunas congresistas han visto por
conveniente agregar algunos dispositivos adicionales a estas autorizaciones; puede que
eso sea válido; pero yo me permitiría decirle al presidente de la Comisión de Presupuesto,
que ya debe haber recabado alguna información que, por favor, le explique al Pleno del
Congreso cuál es el monto de las autorizaciones explícitas y cuál es el monto de las
transferencias y disposiciones implícitas que desconocemos en este momento.
Si se quiere tener respeto a este Congreso y si el Poder Ejecutivo quiere que respetemos
los proyectos que presenta apuradamente, creo que en estos momentos el presidente de
la Comisión de Presupuesto nos debe una explicación.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene tiempo para que termine, congresista
Belaunde.
El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Y que esté en capacidad de responder todas estas
inquietudes, eso es lo menos que puede hacer en atención al cargo que desempeña.
El señor PRESIDENTE (Modesto Julca Jara).— Tiene la palabra el congresista Tapia.
El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidente, qué pena que estén tocándose alrededor de
314 millones de soles del Ministerio de Salud para transferirlas a otras instituciones. Eso
grafica ciento por ciento la ineficiencia en la gestión del Ministerio de Salud.
Ya lo dijo el congresista Aguinaga. Se dio una reforma de salud que se ha traducido en
que aumente la anemia a 46%, cinco puntos más; las vacunas están en 61% pero no hay
vacunas, cuando la cobertura debería ser 95%; el año pasado 400 muertes maternas; 8
mil 500 pacientes con dengue; y, en Piura, se han muerto seis personas con dengue
hemorrágico. ¿Dónde está el gasto en salud? Somos campeones mundiales en
tuberculosis.
En el marco de la reforma de salud, se generaron dos viceministerios con remuneraciones
de 28 mil soles; en el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGES), el señor Ugarte
Ubilluz está con 28 mil soles, mediante resolución del presidente de la República; es
decir, no puede ser sacado por el actual ministro de Salud Aníbal Velásquez Valdivia.
Es lamentable encontrarse con indicadores de salud negativos y, aun así, van a coger
314 millones de soles del sector Salud. El IGES funciona en el hospital del Niño que ha
sido levantado mediante una APP española. Este hospital está vacío, pero en el cuarto
piso donde funciona el IGES, está el señor Ugarte Ubilluz, cuando las necesidades de
salud del país son muy diferentes.
¿Es tan difícil hacer las cosas bien? El nombramiento de profesionales y no profesionales
es del 2014. Fue aprobado en la Comisión de Presupuesto y este magno Congreso de la
República lo aprobó en el presupuesto 2014, mediante la Ley 30114. Sin embargo, y lo
dijo el congresista Gastañadui, han pasado cuatro meses sin que le paguen al personal
138
de Salud: enfermeras, obstetras, médicos, técnicos en general. Hasta ahora a muchos de
ellos ni siquiera les han dado su resolución de nombramiento y no les han pagado.
—Reasume la Presidencia la señora Ana María Solórzano Flores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Tapia.
El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— El Ministerio de Salud, como ente rector, tenía que
haber hecho las coordinaciones respectivas con los gobiernos regionales y los gobiernos
regionales, pero ni siquiera han elaborado el CAP. Yo lamento que este tema esté
incluido con otros temas que se han puesto ahí. Ese era un tema sencillo: hacer una
propuesta de ley e inmediatamente aprobarlo; nadie iba a oponerse al nombramiento
porque ya fue aprobado en la Ley de Presupuesto del año 2014.
Me pido una interrupción en congresista Lescano.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Lescano.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta, que en los nombramientos del
personal de salud no solamente se consideren a los profesionales médicos, técnicos y
asistentes en materia de salud, sino también al personal administrativo que hasta ahora
no ha sido nombrado. Es competencia del Ministerio de Salud nombrar a ese personal
que está siendo olvidado.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Tapia.
El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidenta, me pide una interrupción el congresista
Angulo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción, congresista Angulo.
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Presidenta, no se trata de decir que necesitamos
que alguien tenga salud. Todos los pueblos del Perú necesitan salud y no entendemos
cómo se puede gastar cerca de 22 millones en un solo centro de salud. ¿Cuántos
pobladores hay en el distrito de Putumayo, en El Estrecho?, ¿cómo es posible que
gastemos 13 millones 99 mil, cerca de 14 millones de soles para financiar la valorización
priorizada por atención primaria de salud?, ¿qué significa eso? Estamos destinando
dinero a diestra y siniestra, sin saber exactamente qué se va a hacer con ese dinero. Se
trata de 14 millones simplemente para un centro de salud.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Tapia.
El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidenta, sí, pues, quieren quitarle al Instituto de
Gestión de Servicio de Salud (IGSS) cerca de 14 millones porque no saben gastar. El
IGSS, teniendo un presupuesto de 307 millones de soles, solo ha gastado el 3,5% de ese
monto.
139
Entonces, me parece bien porque hay médicos y personal de salud en general en todo el
Perú que no ganan los bonos, por ejemplo, de atención primaria de salud. Hay que saber
distribuir y saber planificar el presupuesto de la salud del país.
En ese sentido, pongo un ejemplo: teniendo carencias el Hospital Nacional Arzobispo
Loayza, que tiene más de 90 años, porque data de 1924, se cae a pedazos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Culmine, tiene un último minuto,
congresista Tapia.
El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— Presidenta, hemos presentado un proyecto de ley para
declarar de interés la construcción de este hospital Loayza. Se necesitan 500 millones de
soles para la nueva construcción de ese hospital, que es la vitrina del Ministerio de salud.
Sin embargo, del presupuesto del Ministerio de Salud se va para el Ministerio del Interior
sin tener en consideración que el hospital Loayza es la vitrina del Ministerio de Salud,
porque ahí vienen pacientes de todo el país. Se está cayendo a pedazos, pero hasta la
fecha no se considera un presupuesto para la construcción del nuevo hospital Loayza.
Debo decir que en el proyecto de ley en debate se encuentra incluida la culminación del
nombramiento que está haciéndose tardíamente, me parece justo que una vez por todas
se apruebe.
Por otro lado, no es posible que los gobiernos regionales ni siquiera tengan un CAP.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Tapia.
El señor TAPIA BERNAL (GPFP).— El proyecto en debate va a beneficiar el nombramiento
de los 20% de profesionales y no profesionales de la salud del año 2014. Convengo con
el congresista Lescano en que también se incluya al personal administrativo, aunque le
hago recordar al congresista Lescano que el personal administrativo ha sido arrancado de
la unidad de los servicios de salud para trasladar lo a la Ley Servir; es importante que
regresen porque el personal de salud es un todo y como un todo tenemos que defenderlo.
Presidenta, sería conveniente que se apruebe el proyecto en debate, porque se está
considerado la culminación del nombramiento de los profesionales de la Salud y de los
técnicos auxiliares de todo el Perú.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— El último orador es el congresista
Angulo.
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Presidenta, llama la reflexión que destinemos tanto
dinero a muy pocas instituciones.
Ya hemos hablado del hospital de la Policía Nacional del Perú al que le destinan 293
millones pero solo para el sector externo: mejoramiento de los servicios críticos y de
consulta externa. Es mucho dinero para eso. Considero que esa suma podría ser
repartida en otras instituciones.
140
Por otro lado, ¿cómo es posible que gastemos cerca de 22 millones en un solo centro de
salud, El Estrecho?
¿Cómo es posible que demos carta blanca para decir lo siguiente en el artículo 3: “A
efectos de la aplicación del presente artículo, las entidades públicas quedan exoneradas
de todas las disposiciones legales que se opongan o limiten su aplicación”? Es decir,
estamos dándole total carta blanca para que los gobiernos regionales o, en todo caso,
las entidades que reciban este dinero dispongan del dinero sin limitación alguna y sin
rendir cuentas a nadie.
Lo que sí está bien y necesario es que se autorice a los gobiernos regionales a culminar el
proceso de nombramiento de los profesionales de Salud. Los profesionales de salud
necesitan ser nombrados: tener un puesto y un sueldo determinados y permanentes.
Me pide una interrupción la congresista Anicama.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista
Anicama.
La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Presidenta, estamos pensando cómo distribuir los
fondos del fisco nacional. Pero tenemos muchas instancias para recuperar lo que estamos
dejando pasar: por ejemplo, tenemos que activar niveles productivos en la exportación
del rubro pesquero al cual no se le ha dado la debida importancia; la idea es reemplazar
a la harina de pescado. Desde que me inicié en el Congreso he estado pidiendo y
exigiendo más exportaciones en ese rubro pesquero.
Si nosotros hubiéramos aprovechado, por lo menos en seis meses, las exportaciones de
un producto ya conocido, como es concha de abanico, esa actividad exportadora estaría
significando 18 mil millones de soles solo en IGV para el fisco nacional. Eso es lo que
estamos perdiendo en seis meses.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción, congresista Anicama.
La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Ese monto significaba también que en los cuatro
años de gobierno se pueda haber recuperado 18 mil millones de soles multiplicado por
cuatro veces. No tenemos esa suma, porque no hemos dado la debida importancia a ese
rubro o por el egoísmo de no escuchar a las provincias, de donde provenimos.
El otro ejemplo de recuperación de recursos está en que aún no se le cobra —porque hay
funcionarios que no quieren cobrar o porque se hacen de la vista gorda— alrededor de 2
mil 081 millones de soles por concepto de IGV a la empresa Telefónica. Hay muchos
rubros más. Entonces, ahí está el dinero. Ese dinero podría financiar el programa Qali
Warma que tanto lo necesitamos, también se podría nombrar más médicos especialistas.
Lamentablemente estamos así porque no nos dan oídos cuando las provincias requieren
el auxilio del gobierno. Estamos en el gobierno, pero no se nos escucha.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Angulo.
141
El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Es importante que reflexionemos sobre esto, que
tengamos las respuestas a las preguntas que todos los congresistas hemos hecho y,
fundamentalmente, saber en qué específicamente se va a destinar este dinero.
Por eso, pido que este proyecto pase a estudio de la Comisión de Salud y a la Comisión
de Presupuesto.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— No habiendo más oradores,
finalmente vamos a darle el uso de la palabra al presidente de la Comisión de
Presupuesto, congresista Condori.
El señor CONDORI CUSI (NGP).— Presidenta, en temas presupuestarios siempre ha
habido la queja de que el sistema de presupuesto es muy rígido y no permite la ejecución
presupuestal en forma ágil. Lo que se pretende acá es evitar que haya el peligro de que
no se ejecuten algunas partidas y de que estén desfinanciadas probablemente otras
partidas. Para ello se están haciendo las transferencias y modificaciones correspondientes.
No se está proponiendo presupuesto adicional alguno, tampoco hay monto alguno por
encima de los ciento treinta mil seiscientos millones aprobados por el Congreso de la
República. Todo está debidamente financiado. Entonces, no están en peligro los
proyectos ya aprobados en la Ley de Presupuesto.
Para fines de ejecución presupuestal, se tiene que concluir un conjunto de pasos y
procedimientos: por ejemplo, hay obras de hospitales que están listos para ser
ejecutados, porque hay dinero, pero algunos gobiernos regionales aún no sanean la
propiedad correspondiente, por lo que no se puede proceder a la licitación.
Hay la preocupación de que se pasa de cuatro millones de soles a un mayor monto. Esta
es una asignación presupuestal. Si uno verifica, se tiene que revisar el perfil de proyecto,
comparar con el expediente técnico y, seguramente, ha habido alteraciones de metas.
Este presupuesto es perfectamente verificable. Hay toda una etapa de control en la vía de
autorizaciones hasta la ejecución física. El sistema de control no acaba con esta ley. Este
es un control previo, nada más; luego viene el control concurrente y finalmente el control
posterior.
Hay la preocupación de que el proyecto del Centro de Salud El Estrecho en el distrito de
Putumayo va a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego. Es así porque en
dicha región existe el proyecto especial denominado “Proyecto Especial Binacional
Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo”. Esta entidad especializada tiene la
capacidad instalada ahí, mientras que el Ministerio de Salud no tiene capacidad instalada
allá. Resulta correcto hacer la transferencia presupuestal, porque la obra seguirá siendo
finalmente para el sector Salud aunque lo ejecute el Ministerio de Agricultura y Riego.
Entonces, ahí tampoco debería haber preocupación.
Hay la preocupación de qué proyectos se van a dejar de hacer. En el proyecto de ley se
señala que hay quinientos millones de soles dispuestos por el Ministerio de Salud para
ejecutar diversos proyectos en la modalidad de alianza público privada; pero se trata de
proyectos que están en el nivel de estudio, por lo que hay el peligro de que sobre ese
dinero. En cambio, hay otros proyectos que ya están listos para ser financiados; entonces,
142
no hay obra que no se deje de hacer, sino que hay algunos proyectos que están más
maduros que otros.
Se está hablando también acerca del sistema de valorización priorizada. Ha habido todo
un procedimiento legislativo respecto de cómo serían las remuneraciones y los incentivos
en el sector Salud. No todos los servicios que se prestan en el sector Salud se compensan
con remuneraciones. Hay un sistema de servicios y también hay un sistema de
valorización priorizada para la atención primaria de salud, Esto está debidamente
controlado por un sistema de planillas que controla el Ministerio de Economía y Finanzas.
Tampoco está destinado para el personal externo, sino para el del sector.
El congresista Lescano, ha solicitado que se considere al personal administrativo. Creo
que no corresponde, porque el área crítica en el sector Salud está en el personal médico
y el personal asistencial. El presupuesto tiene que asignarse al recurso escaso. Un gasto
corriente de nombramiento significa un gasto permanente y esto sí podría desfinanciar el
presupuesto. Lo que ha previsto el Ministerio de Economía y Finanzas es concluir la etapa
de nombramiento del personal asistencial, cuyo proceso se inició en años anteriores;
entonces, lo que ahora corresponde es simplemente concluir.
También ha habido observación para el caso del financiamiento de la Universidad
Nacional Autónoma de Alto Amazonas a cargo de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana, en lugar de obtener financiamiento de otra universidad. Cuando se
crea una universidad, se dice que va a ser implementada con recursos de otra
universidad. Existe ya incluso el compromiso de la otra universidad. Tampoco ahí hay
problemas de financiamiento. Solo se está sincerando lo que se está transfiriendo. Si una
universidad se crea por una ley, cualquier modificación de ella se tiene que realizar con
otra ley. Lo único que se está haciendo acá es sincerar el presupuesto asignado.
Adicionalmente, considerando que son pertinentes, se acumulan el proyecto de ley 3723,
de la congresista Natalie Condori, y el proyecto de ley 4292 del congresista Mesías
Guevara.
Por lo expuesto, solicito que se someta a votación el texto original del proyecto de ley
propuesto.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vamos a registrar la asistencia
para proceder a la votación.
—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar
el quórum.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 84
congresistas.
En razón de que se propone modificar la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año fiscal 2015, el proyecto requiere para su aprobación el voto favorable de por lo
menos la mitad más uno del número de los congresistas presentes: 43 congresistas.
Se pone al voto el proyecto de ley 4466/2014-PE.
143
—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.
—Efectuada la votación, se aprueba, por 73 votos a favor, ninguno en contra y siete
abstenciones, el texto del proyecto de Ley que establece medidas presupuestarias para el
año fiscal 2015.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido aprobado el proyecto de
ley 4466/2014-PE.
Se deja constancia del voto a favor de los congresistas Coari Mamani, Reynaga Soto,
Pérez Tello de Rodríguez, Huayama Neira, Coa Aguilar, Mendoza Frisch, García
Belaunde, Omonte Durand, León Rivera, Merino De Lama, Luna Gálvez, Eguren
Neunschwander, Belaunde Moreyra, Pariona Galindo, Vacchelli Corbetto, Díaz Dios y
Cordero Tay, lo que da un total de 90 congresistas, ninguno en contra y siete
abstenciones.
De conformidad con lo dispuesto en último párrafo del artículo 78 del Reglamento del
Congreso, el proyecto aprobado no requiere de segunda votación.
—El texto aprobado es el siguiente:
(COPIAR EL TEXTO APROBADO DEL ACTA)
Se rechaza el Informe Final N.° 5, en mayoría, de la Comisión de Ética Parlamentaria,
mediante el cual se declaraba responsable al congresista Jhon Reynaga Soto por haber
incurrido en acto de corrupción y se recomendaba al Pleno del Congreso de la República
la suspensión en el ejercicio de su cargo y el descuento de sus haberes por ciento veinte
(120) días de legislatura
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— El siguiente punto.
El RELATOR da lectura:
Informe Final N.° 5, en mayoría, de la Comisión de Ética Parlamentaria, que resuelve
declarar fundada la denuncia interpuesta contra el congresista Jhon Reynaga Soto, con
expediente N.° 27-2013-2015/CEP-CR, por infracción a los artículos 3 y 4 del Código de
Ética Parlamentaria, al haber incurrido en conflicto de intereses, por lo que se recomienda
la suspensión en el ejercicio de su cargo y el descuento de sus haberes hasta por 120
días de legislatura, conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 14 del citado
Código. *
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se va a suspender por breve
término la sesión para que ingrese a la sala de sesiones el señor Jorge Luis Quevedo
Mera, abogado defensor del congresista Jhon Reynaga.
—Se suspende la sesión a las 20 horas y 45 minutos.
—Ingresa a la Sala de sesiones Jorge Luis Quevedo Mera, abogado defensor del
congresista Jhon Reynaga Soto.
144
—Se reanuda la sesión a las 20 horas y 47 minutos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se reanuda la sesión.
Se va a iniciar la sustentación del Informe Final N.° 5, en mayoría, de la Comisión de
Ética Parlamentaria, que resuelve declarar fundada la denuncia interpuesta contra el
congresista Jhon Reynaga Soto.
Tiene el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria,
congresista Lay.
El señor LAY SUN (GPUR).— Presidenta, vamos a sustentar el Informe aprobado por la
Comisión de Ética Parlamentaria con relación al caso del congresista Jhon Reynaga Soto.
Veremos los antecedentes de este caso.
En primer lugar, hubo denuncias periodísticas como la del 16 de marzo de 2014, en la
que el programa televisivo Panorama, de Panamericana Televisión, difundió el reportaje
titulado “Congresista Reynaga infringiendo el Reglamento”.
Se denunciaba:
a) que el congresista Jhon Reynaga Soto habría incurrido en conflicto de intereses y que
habría realizado gestiones indebidas ante el Fondo Mi Vivienda, pues la empresa
Constructora Reynaga S.A.C., fundada por él y su hermano Cándido Reynaga el año
2007, y a la cual el congresista renunció antes de juramentar el cargo, habría sido
favorecida con más de 250 bonos habitacionales de unos 20 mil soles cada uno.
b) Que el vínculo entre el congresista y la empresa continuaría pues, en el año 2012,
Nora Escobar Torres y Gaby Rojas Domínguez fueron inscritas como las nuevas
accionistas de la empresa, siendo esta última hermana de Milagros Rojas Domínguez,
actual asesora del congresista.
c) Que el congresista en diversas oportunidades habría solicitado información al
Ministerio de Vivienda sobre los bonos habitacionales, con los que trabaja su supuesta ex
empresa.
En segundo lugar, el 25 de mayo de 2014, el mismo programa Panorama difundió un
segundo reportaje titulado “Una más de Reynaga. Empleado dos por uno en el
Congreso”.
Se denunciaba que Julio Dianderas Basurto, que labora en su despacho, también realiza
trabajos para la Constructora Reynaga S.A.C., lo cual demostraría que el congresista
había puesto su despacho al servicio de dicha empresa y que es falso de que se habría
desvinculado realmente de la misma.
Estas dos denuncias llevaron a iniciar la investigación de oficio de parte de la Comisión
de Ética Parlamentaria. Como objeto de la investigación se estableció que había que
determinar:
145
1. Si el congresista continuó vinculado a Constructora Reynaga S.A.C., al ser una
empresa controlada y dirigida por sus familiares, aunque se habían transferido sus
acciones a terceras personas y que se habría valido de personas relacionadas a él para
aparentar su desvinculación formal.
2. Si el congresista incurrió en conflicto de intereses al no hacer explícita su vinculación
con la Constructora Reynaga S.A.C. al participar en la discusión de temas referidos a los
bonos familiares habitacionales como miembro de la Comisión de Vivienda y
Construcción.
3. Si el congresista tiene responsabilidad por las visitas que realizó el personal a su cargo
al fondo Mi Vivienda para realizar trámites a favor de la Constructora Reynaga S.A.C.
En tercer lugar, presentamos los descargos del congresista John Reynaga. Los puntos más
relevantes son los siguientes:
1. Que él y su hermano fundaron la empresa Constructora Reynaga S.A.C., el año 2007,
en partes iguales, pero que al resultar elegido como congresista donó sus acciones y
renunció a la citada empresa constructora.
2. Que, en realidad, la empresa siempre ha sido de su hermano Cándido Reynaga, no
suya, pues su hermano proveyó todo el dinero para el capital social y que a solicitud suya
(del hermano) le donó formalmente el 75% de sus acciones y el 25% a la sobrina de este
hermano.
3. Que lo que haya pasado después de su renuncia a la empresa, el 20 de junio de
2011, es de exclusiva responsabilidad de los nuevos accionistas; y, si con posterioridad,
se han producido transferencias a terceras personas, ello tampoco le genera
responsabilidad alguna.
4. Que desconocía que una de las nuevas accionistas era hermana de su asesora
Milagros Rojas Domínguez, ya que se había desvinculado completamente de la citada
empresa constructora; por lo que al enterarse de ello dio por concluido el vínculo laboral
con dicha persona, que estaba contratada como persona de confianza de su Despacho.
En cuarto lugar, pasamos a exponer el análisis respecto de los temas expuestos.
A. Acerca de si el congresista Jhon Reynaga Soto ha continuado vinculado a la
Constructora Reynaga al estar controlada y dirigida esa empresa por familiares suyos, no
obstante haberse transferido las acciones a terceras personas, y acerca de si se ha valido
de personas vinculadas a él para aparentar una desvinculación formal, debemos señalar
lo siguiente:
1. Sobre la naturaleza “familiar” de la empresa Constructora Reynaga S.A.C., la
Comisión de Ética Parlamentaria determina que esa empresa es familiar por lo siguiente:
a) En agosto de 2007, los señores Cándido y Jhon Reynaga constituyeron la empresa
Constructora Reynaga S.A.C., aportando 30 mil soles cada uno y conformando un capital
146
social de 60 mil soles. El señor Cándido Reynaga fue nombrado gerente general; y el
señor Jhon Reynaga, subgerente.
b) Según información remitida por la Sunat, la empresa Constructora Reynaga declaró
como trabajadores dependientes al Jhon Arquímedes Reynaga Soto (2009-2011), a Luis
Antonio Reynaga Soto (2011-2012) y a José Elías Reynaga Soto. Es decir, la empresa
Constructora Reynaga S.A.C. era una empresa familiar en la que trabajaba
principalmente la familia del congresista Jhon Reynaga Soto.
c) La naturaleza familiar de la empresa es confirmada por el señor Cándido Reynaga, en
su carta N.° 080-2012, dirigida a la Comisión, en la que dice, en un párrafo, lo
siguiente: “En consecuencia, si se restringe o imposibilita mi derecho constitucional al
trabajo consagrado por nuestra Carta Magna, se estaría ocasionando un grave perjuicio
no solo a mí y a mi familia, sino también a las familias de mis hermanos, quienes laboran
para la Constructora Reynaga S.A.C., quienes dependemos de los ingresos económicos
que percibimos como fruto de nuestro trabajo familiar [...]”; es decir, ellos reconocen que
es una empresa familiar.
d) El 11 de octubre del 2010, los señores Cándido y Jhon Reynaga incrementaron el
capital social de la empresa de 60 a 360 mil soles, aportando adicionalmente cada uno
150 mil soles, por lo que cada accionista es titular de 180 mil acciones.
e) El congresista Reynaga ha manifestado a la Comisión que el aumento de capital fue
para demostrar solvencia y para trabajar con los bonos familiares habitacionales; y
también señaló que los 150 mil soles que aportó él fueron provistos por su hermano
Cándido, verdadero dueño de la empresa.
f) El 20 de junio del 2011, el congresista electo Jhon Reynaga donó el 75% de sus
acciones a su hermano Cándido y el 25% restante a su sobrina Jackelin Reynaga Trillo; y
también renunció al cargo de subgerente de la empresa.
g) El 19 de noviembre del 2012, los entonces accionistas Cándido Reynaga Soto y
Jackelin Reynaga Trillo vendieron la totalidad de sus acciones a Nora Escobar Torres y a
Gady Rojas Domínguez.
h) Sin embargo, a pesar de que se había realizado la venta de la totalidad de las
acciones de la citada empresa Constructora Reynaga S.A.C. a personas distintas de la
familia Reynaga, la misma quedó bajo el control directo y total de Cándido Reynaga,
pues este fue nombrado apoderado de la sociedad, pudiendo ejercer todas las facultades
de la gerencia general, incluso a sola firma e indistintamente de la gerente general. Es
decir, se le otorgaron facultades administrativas y bancarias amplias en la dirección de la
empresa y de forma indefinida.
Como conclusión, en este punto 1, la Constructora Reynaga S.A.C. es una empresa
familiar constituida por los hermanos Jhon y Cándido Reynaga Soto. Si bien el congresista
se desvinculó formalmente de la misma, donando sus acciones a familiares suyos y si
posteriormente estos familiares vendieron sus acciones a terceras personas, sin embargo
el hermano del congresista Cándido Reynaga Soto continuó dirigiendo la empresa como
147
apoderado con facultades iguales a la de la gerente general. En tal sentido la empresa
Constructora no dejó de ser una empresa familiar, bajo el control de la familia Reynaga.
2. Sobre la desvinculación de la familia del congresista Reynada respecto de la empresa
Constructora Reynaga S.A.C.
a) El 19 de noviembre del 2012, el señor Cándido Reynaga Soto vendió sus 315 mil
acciones a Nora Escobar Torres; y la señorita Jackelin Reynaga Trillo vendió sus 45 mil
acciones a Gady Rojas Domínguez. Asimismo, se incrementó el capital social a 420 mil
300 soles, quedando la empresa conformada de la siguiente manera: Nora Escobar
Torres posee 345 mil 150 acciones, como gerente general; Gady Rojas Domínguez
posee 75 mil 150 acciones, como subgerente; y Cándido Reynaga Soto, hermano del
congresista, cero acciones; pero, este quedaba como apoderado general, con facultades
absolutas sobre la empresa, en forma indefinida.
b) Sin embargo, la señora Nora Escobar Torres no habría comprado realmente estas
acciones; solo figuraría formalmente, no realmente, como gerente de la empresa, por las
siguientes razones:
i. No ha acreditado que contaba con los 345 mil soles para adquirir las acciones, ni
pudo acreditar que pagó esta cantidad por ellas, aduciendo que “no venía al caso”
presentar los recibos de pago.
ii. Reconoció que su hermana Giovana, que es pareja del Cándido Reynaga, hermano
del congresista, fue quien le pidió que figurara como accionista.
iii. Sobre su cargo de “gerente general”, ha manifestado que solo firmaba papeles y que
su hermana Giovana, la pareja de Cándido Reynaga, era quien estaba a cargo de la
empresa.
iv. En la audiencia Nora Escobar, supuesta gerente general accionista mayoritaria de la
empresa, señaló que no conocía al señor Julio Dianderas, a pesar de que ha suscrito una
carta poder a su favor (que inicialmente desconoció, pero que luego aceptó como uno de
los papeles que tal vez le hizo firmar su hermana); y negó haberle ordenado hacer
gestiones en Mivivienda.
c) También existen indicios de que la adquisición de acciones por la señora Gady Rojas
Domínguez, ha sido solo formal, no real, por los siguientes hechos:
i. No ha podido acreditar que contaba con los 75 mil soles que supuestamente habría
pagado por las acciones, ni ha documentado haber pagado dicha suma (en la audiencia
afirmó que pagó esta suma en efectivo, pero que “por la confianza” no pidió recibos).
ii. No obstante figurar como accionista minoritaria de la empresa, la testigo no supo
contestar cuánto percibe como ganancias.
iii. Finalmente, el señor Cándido Reynaga, si bien transfirió sus acciones, mantuvo
amplias facultades sobre la empresa al ser nombrado “apoderado” por tiempo indefinido
148
y “con el fin de que ejerza indistintamente con el gerente general y a sola firma todas las
facultades otorgadas a este órgano de gobierno”.
Como conclusión, en este punto 2, todo señala que la señora Nora Escobar y Gady
Rojas, no han comprado realmente la empresa y que solo figuran como accionistas,
gerente y subgerente, en el papel y que la familia Reynaga no se desvinculó, sino que
continuó manejando la empresa.
3. Acerca de si la empresa Constructora Reynaga S.A.C. contrata con el Estado al
trabajar con bonos familiares habitacionales del Fondo Mivivienda; es decir, al ser
congresista Jhon Reynaga, este o la empresa del hermano no podrían, en todo caso,
hacer negocios con el Estado. Al respecto, la Comisión de Ética encontró lo siguiente:
a) El Fondo Mivivienda ha informado a la Comisión que no ha tenido relación contractual
con la Constructora Reynaga S.A.C., pero que esta se encuentra inscrita como ‘Entidad
Técnica’ y, como tal, ha recibido desde el año 2009 al año 2014 un total de 276 Bonos
Familiares Habitacionales (BFH), por un monto de 4 millones 700 mil 690 soles.
b) Que, según el Reglamento Operativo, aprobado por Resolución Ministerial 102-2012-
VIVIENDA, la Constructora Reynaga S.A.C. no se encuentra impedida de recibir BFH por
el hecho de haber tenido como socio fundador y accionista al congresista Jhon Reynaga y
a su hermano Cándido Reynaga Soto.
c) El Fondo Mivivienda ha explicado que los BFH son otorgados a los beneficiarios, que
estos son los que eligen y contratan a la ‘Entidad Técnica’ para que les construyan la
vivienda y que se exige que estas entidades técnicas se inscriban en Mivivienda solo como
garantía de calidad y cumplimiento para los beneficiarios.
d) Que para ser entidad técnica no es requisito que la empresa se encuentre inscrita
como proveedor del Estado y que el Reglamento de los BFH solo establece que la
empresa no debe tener “sanción de inhabilitación para contratar con el Estado”,
condición que se exige para excluir empresas de reputación dudosa o negativas.
Esto nos lleva a la conclusión, en este punto 3, de que, por la información del Fondo
Mivivienda, no ha existido impedimento legal para que Constructora Reynaga S.A.C.
trabaje con los BFH, a pesar de haber tenido como accionistas a un congresista y/o a
familiares directos suyos; pues realmente no se trata de un contrato con el Estado, sino
que los bonos son otorgados a los beneficiarios del programa y estos beneficiarios son los
que eligen la entidad técnica para que les construyan sus viviendas.
B. Debe esclarecerse en la investigación si el congresista Jhon Reynaga Soto incurrió en
conflicto de intereses al no hacer explícita su vinculación con la Constructora Reynaga
S.A.C. cuando participa en la discusión de temas referidos a los bonos familiares
habitacionales, siendo miembro de la Comisión de Vivienda y Construcción.
a) El congresista Jhon Reynaga, como miembro de la Comisión de Vivienda y
Construcción, participó en la primera sesión extraordinaria de esta Comisión, realizada el
5 de setiembre del 2011, en la que el ministro de Vivienda informó sobre la política en
general del ministerio a su cargo.
149
b) En esa sesión el congresista preguntó en qué lugares se iba a ofrecer los bonos
familiares habitacionales y si la asignación iba a ser en las zonas de Apurímac,
Huancavelica y Ayacucho.
c) Cabe señalar que al momento de la intervención del congresista, Constructora
Reynaga S.A.C. era entidad técnica y trabajaba precisamente con los bonos familiares
habitacionales.
d) Asimismo, en la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda, del 19 de octubre
de 2011, el congresista Jhon Reynaga realizó el siguiente pedido:
“Por su intermedio —dirigiéndose al presidente de la Comisión—, quisiera hacer un
pedido para que curse el documento, en este caso al Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, referente a la Ley 29589, Ley que declara de interés prioritario la
aplicación del Bono Familiar Habitacional en el área rural y eleva a rango de ley el
Decreto Supremo 008-2009-VIVIENDA”.
e) El congresista también solicitó al Ministerio de Vivienda se le informe sobre el estado de
la aplicación de la Ley de los Bonos en las zonas rurales.
f) Existiendo la posibilidad de que la información solicitada al Ministerio de Vivienda por
el congresista Reynaga, en diversas oportunidades, sobre los BFH, pudiera beneficiar a la
Constructora Reynaga S.A.C., empresa que trabajaba con estos bonos y que era
controlada por la familia del congresista, ya que estaría en ventaja sobre otras entidades
técnicas, obligaba al congresista a hacer explícita su relación con dicha empresa, tal
como lo establece el artículo 4, inciso e), del Código de Ética Parlamentaria.
C. Se debe esclarecer si el congresista Jhon Reynaga Soto tiene responsabilidad por las
visitas que realizó al Fondo Mivivienda el personal a su cargo, para realizar trámites a
favor de la Constructora Reynaga S.A.C.
1. Sobre las visitas del trabajador Julio Dianderas Basurto al Fondo Mivivienda, que
realiza trámites para la Constructora Reynaga S.A.C.
a) El Fondo Mivivienda ha informado a la Comisión que el señor Julio Dianderas Basurto,
trabajador del Despacho del congresista Jhon Reynaga, ha visitado esta institución en 29
oportunidades: desde enero de 2013 hasta marzo de 2014, en horario de trabajo, para
atender asuntos de Constructora Reynaga S.A.C. y de otra entidad similar.
b) Que dichas visitas fueron para presentar documentos relacionados al Programa Techo
Propio, como cartas fianzas, solicitudes de asignación, informes de la Entidad Técnica al
Fondo, contratos, solicitud de registro o de orientación, proyectos y recojo de la
constancia de registro de la Entidad Técnica.
c) Es decir, las visitas al Fondo Mivivienda de este trabajador del Despacho del
congresista Jhon Reynaga, pagado por el Congreso de la República, fueron para realizar
trámites relacionados directamente con la actividad de una empresa privada, como es
Constructora Reynaga S.A.C.
150
2. Sobre las visitas al Fondo Mivivienda de otros cuatro trabajadores del congresista Jhon
Reynaga, a nombre de la empresa Constructora Reynaga S.A.C.
a) El Fondo Mivivienda ha informado a la Comisión sobre otras cuatro personas que han
hecho trámites en dicha institución a nombre de la Constructora Reynaga S.A.C., durante
el periodo del 2012 al 2014, quienes resultaron ser también trabajadores del Despacho
del congresista Jhon Reynaga.
b) El siguiente cuadro registra los nombres, cargos, días, horas y qué gerencia del Fondo
Mivivienda visitaron. (Ver cuadro 1) (COPIAR LÁMINA 27 del archivo “PPT John Reynaga
cuadro”, de la carpeta “PPT REYNGA”)
En este cuadro, se señala que el trabajador Freddy Morales Ríos, auxiliar del Despacho,
visitó diversas gerencias del Fondo Mivivienda el día 21 de diciembre de 2012 a nombre
de Constructora Reynaga S.A.C. El señor Richard Tello Galindo, de la Comisión de
Inclusión Social, de la cual el congresista Jhon Reynaga era presidente, visitó en dos
oportunidades al Fondo, pero en una oportunidad dijo que iba a nombre de Constructora
Reynaga S.A.C. James Cáceres Pillaca, asistente del Despacho, visitó en una oportunidad
Mivivienda a nombre de Constructora Reynaga S.A.C. Y Haydée Olivares Rodas, asistente
del Despacho, también visitó al Fondo Mivivienda en una oportunidad, a nombre de
Constructora Reynaga S.A.C.
c) Estas visitas hechas por cuatro trabajadores que estaban al servicio del congresista
Reynaga, sumada a las de Julio Dianderas Basurto, son fuertes indicios de que el
congresista Jhon Reynaga Soto estaba permitiendo que personal de su Despacho
realizara gestiones privadas a favor de la empresa Constructora Reynaga S.A.C. y que
dichas visitas, que fueron todas en horario de trabajo, fueron con su conocimiento y
consentimiento.
d) Adicionalmente, el Fondo Mivivienda ha informado que Milagros Rojas Domínguez,
que trabajó como asesora del Despacho desde el 1 de setiembre de 2012 al 31 de
marzo de 2014, también hizo trámites en el Fondo Mivivienda el día 26 de octubre de
2012, a las 15 y 54 horas, sin dar razón a qué entidad representaba.
3. Sobre la visita al Fondo Mivivienda, para realizar trámites a favor de la Constructora
Reynaga, del efectivo policial asignado al congresista como seguridad personal.
a) El Fondo Mivivienda ha informado a la Comisión que el Suboficial Técnico de Segunda
(SOT2), Jorge Lara Ruiz, identificado con su CIP 31073677, acudió el 5 de setiembre de
2012, para recoger la constancia de registro de Entidad Técnica de la Constructora
Reynaga S.A.C.
b) La División de Seguridad Integral del Congreso de la República (DIVSICON) ha
informado que dicho efectivo policial se desempeñó como seguridad y protección
personal del congresista Jhon Reynaga desde el 28 de julio de 2011 hasta el 15 de julio
de 2013.
4. Sobre poderes otorgados por Constructora Reynaga S.A.C. a trabajadores que están al
servicio del congresista Reynaga Soto.
151
a) Es altamente sintomático que dos de las personas que estando trabajando para el
congresista hicieran trámites en el Fondo Mivivienda, usando poderes otorgados por la
Constructora Reynaga S.A.C., tal como lo informó el Fondo Mivivienda a la Comisión.
i. Julio Dianderas presentó carta poder de fecha 27 de febrero de 2014, otorgada por la
gerente general de Constructora Reynaga S.A.C.
ii. Jorge Lara Ruiz presentó carta poder de fecha 5 de setiembre de 2012, otorgada
también por la gerente general de Constructora Reynaga S.A.C.
Se muestra la carta poder a favor del trabajador Julio Dianderas y se muestra también la
carta poder a favor del Suboficial de la Policía Nacional Jorge Lara Ruiz. (Ver cuadros 2 y
3) (COPIAR LÁMINAS 31 y 32 del archivo “PPT John Reynaga cuadro”, de la carpeta
“PPT REYNGA”)
La conclusión, en este punto 3, es que las investigaciones realizadas por la Comisión
indican que el congresista Jhon Reynaga tiene responsabilidad por las visitas que
realizaron al Fondo Mivivienda varios trabajadores de su Despacho, incluyendo a su
personal de seguridad, para realizar trámites a favor de la empresa Constructora
Reynaga, la que, como se ha demostrado objetivamente, continuaba bajo el mando y/o
control directo de sus familiares.
Se llega a esta conclusión por el número y la frecuencia de las visitas, prácticamente
todas ellas en horario de trabajo, y de tantos trabajadores, lo que es inverosímil que se
haya realizado sin el consentimiento del congresista; más aún, en el caso del personal de
seguridad, quienes por su disciplina no irían a ningún lado sin el permiso del congresista
Reynaga.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión concluye en lo siguiente:
1. Declarar fundada la denuncia con relación a que el congresistas Jhon Reynaga Soto
habría incurrido en conflicto de intereses, pues como miembro de la Comisión de
Vivienda solicitó, en varias oportunidades, información al Ministerio de Vivienda sobre los
bonos familiares habitacionales, en qué lugares se iban a asignar y convocar para su
otorgamiento, no haciendo explícito, en ningún momento, los vínculos que le unían con
la Constructora Reynaga S.A.C., empresa controlada por sus familiares directos e inscrita
como Entidad Técnica que trabajaba con dichos bonos, transgrediendo lo establecido en
el artículo 4, inciso e) del Código de Ética Parlamentaria y que lo obligaba a hacer
explícita dicha relación.
2. Declarar fundada la denuncia con relación a que el congresista Jhon Reynaga tuvo
conocimiento y permitió que personal de su Despacho, pagado por el Congreso de la
República, realizara gestiones en horario de trabajo a favor de la empresa Constructora
Reynaga S.A.C., incluyendo al personal policial asignado para su seguridad personal;
descartándose, por el gran número de personas y de gestiones realizadas en el Fondo
Mivivienda, durante el lapso de tiempo tan prolongado, 2012 al 2014, que se tratara de
un simple descuido del congresista sobre las actividades que realizaban dichos
trabajadores que estaban bajo su autoridad directa.
152
3. Declarar responsable al congresista Jhon Reynaga de haber infringido los principios
éticos de honradez, veracidad, responsabilidad e integridad y objetividad, al haber
incurrido en acto de corrupción (artículos 2 y 3 del Código de Ética Parlamentaria); de
haber infringido los deberes de respetar la investidura parlamentaria, de abstenerse de
efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el
ejercicio de sus funciones y de hacer explícita las vinculaciones que tenía al participar en
la discusión de temas en los cuales podían estar favorecidos intereses económicos
directos, personales o familiares (artículo 4).
4. Recomendar al Pleno del Congreso de la República que se sancione al congresista
Jhon Arquímedes Reynaga Soto con la suspensión en el ejercicio de su cargo y descuento
de sus haberes por ciento veinte (120) días de legislatura.
Con posterioridad, hemos recibido otros documentos, los que han sido notificados
oportunamente a la Presidencia del Congreso, a los miembros de Comisión de Ética
Parlamentaria y al Congresista Jhon Reynaga.
1. El 5 de setiembre de 2014, Haydé Olivares Rodas responde, vía correo electrónico, las
preguntas elaboradas por esta Comisión, porque se le había citado a una audiencia a la
cual no asistió; y, por eso, se le envió un cuestionario por escrito para que lo responda
también por escrito. Ella responde básicamente lo siguiente:
a) Que se ha desempeñado como asistente en el Despacho del congresista Jhon
Reynaga, de quien recibía las ordenes; en esa razón, él le solicitó llevar documentos al
Fondo Mivivienda y dejarlos en mesa de partes.
b) Que realiza visita al Fondo Mivivienda minutos antes del almuerzo y con conocimiento
del congresista. Pueden ver la carta en la que ella declara lo que se ha relatado. (Ver
cuadro 4) (COPIAR LÁMINA 40 del archivo “PPT John Reynaga cuadro”, de la carpeta
“PPT REYNGA”)
2. El 8 de setiembre de 2014, tres días después, Haydé Olivares Rodas se comunica
telefónicamente con la Comisión, manifestando que se había equivocado al responder y
remite un nuevo documento, vía correo electrónico, con la siguiente versión:
a) Que se ha desempeñado como asistente en el Despacho del congresista Jhon
Reynaga, que sí visitó el Fondo Mivivienda para llevar documentos pero que no se
acuerda quiénn le dio la orden, ya que entregaba varias documentaciones a diferentes
instituciones.
b) Que la visita al Fondo Mivivienda la realizó minutos antes del almuerzo y que no se
acuerda si el congresista sabía de su visita.
3. El 11 de setiembre de 2014, el Suboficial Técnico de Segunda (SOT2) Jorge Lara Ruiz,
seguridad del congresista Reynaga, remite un documento manifestando básicamente lo
siguiente:
a) Que acudió en varias oportunidades al Fondo Mivivienda, para llevar documentos por
encargo del señor Cándido Reynaga, a quien conoce por muchos años.
153
b) Que realizó esas visitas sin que el congresista tuviera conocimiento, porque lo hacía en
sus días de franco, y que en los días de servicio solicitaba permiso para realizar trámites
propios de su servicio policial.
c) Que el congresista Jhon Reynaga nunca tuvo conocimiento, ni presto consentimiento
para acudir al Fondo Mivivienda para dejar documentos de la constructora Reynaga.
4. El 16 de setiembre de 2014, el Fondo Mivivienda remite respuesta a lo solicitado por
la Comisión, dando cuenta de las visitas realizadas a dicha institución por tres efectivos
destinados a la seguridad del congresista Reynaga Soto: el suboficial superior Dante
Hermosa Alegría, desde el 27 julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2014; el suboficial
técnico de segunda Jorge Lara Ruiz, desde el 28 julio de 2011 hasta el 15 de julio de
2014; y el suboficial técnico de segunda Jacinto Morales Fuente, desde el 15 de julio de
2013 hasta la fecha.
Asimismo, se señala que las visitas fueron para realizar trámites a nombre de la Entidad
Técnica Constructora Reynaga S.A.C., con relación a registros de código de proyectos,
asignación y desembolso del Bono Familiar Habitacional, así como consultas sobre
normativas del Programa Techo Propio. Tenemos el número de visitas realizadas por este
personal policial asignado para la seguridad del congresista. (Ver cuadros 5 y 6).
(COPIAR LÁMINAS 44 y 45 del archivo “PPT John Reynaga cuadro”, de la carpeta “PPT
REYNGA”)
Primeramente, tenemos a Dante Hermosa Alegría y todas las visitas que ha hecho, las
cuales suman un total de 20. Luego la visita de Jorge Lara Ruiz que realiza alrededor de
13 visitas y la de Jacinto Morales, una visita.
5. El 19 de setiembre del 2014, el Jefe de la División de Seguridad Integral del Congreso
de la República, informa sobre los días de franco y de servicio de los tres efectivos
asignados a la seguridad del congresista Reynaga Soto, en vista de que uno de ellos
había dicho que lo hacía mayormente en horas de día de franco. Preguntamos a la
División de Seguridad Integral del Congreso cuáles fueron los días de servicio y cuáles los
días de franco de estos tres efectivos policiales. (Ver cuadros 7, 8, 9 y 10). (COPIAR
LÁMINAS 47, 48, 49 y 50 del archivo “PPT John Reynaga cuadro”, de la carpeta “PPT
REYNGA”)
Vemos resaltado, en los cuadros que nos envió el jefe de esa División, todos los días de
servicio en los cuales estos efectivos (Dante Hermoza, Jorge Luis Lara y Jacinto Morales)
hicieron gestiones en el Fondo Mivivienda a favor de la Constructora Reynaga S.A.C., así
como el resumen final, como sigue:
a) Cinco trabajadores del Despacho del congresista Jhon Reynaga, pagados por el
Congreso, hicieron un total de 34 visitas al Fondo Mivivienda, para hacer gestiones a
nombre de la Constructora Reynaga S.A.C.
b) Tres efectivos de seguridad del Congreso, al servicio del congresista Reynaga, hicieron
un total de 26 visitas al Fondo Mivivienda en días y horas de servicio.
154
c) Es decir, un total de ocho trabajadores pagados por el Estado, tanto por el Congreso
como por el Ministerio del Interior, repito ocho trabajadores pagados por el Estado,
hicieron un total de 60 visitas al Fondo Mivivienda, desde diciembre de 2011 hasta
marzo de 2014, para hacer gestiones a nombre de Constructora Reynaga S.A.C., en la
cual Cándido Reynaga Soto, hermano del congresista, tenía cero acciones, pero era
apoderado con todas las facultades de Gerente General a sola firma y por tiempo
indefinido.
Esto resume todo lo que se ha encontrado en la investigación y muestra que es
absolutamente inverosímil que tantos trabajadores por tanto tiempo hayan hecho tantas
visitas sin conocimiento o sin el permiso del congresista Reynaga y, por eso, la Comisión
está haciendo la ya mencionada recomendación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Jhon Reynaga.
El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidenta, por su intermedio, pido que puedan
transmitir un video para luego sustentar y exponer tanto mi abogado como mi persona.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Adelante, que transmitan el video
solicitado.
—Se inicia la proyección del video editado.
El señor MORA ZEVALLOS (PP).— En este caso, yo no veo realmente un delito, ni mucho
menos la comisión de una falta de tal gravedad como para que se imponga una sanción
de 120 días. Creo que todas las comisiones de estos casos siempre apelan a la
gradualidad, según sean los hechos: leves, graves, muy graves, no sé; en principio, creo
que lo hacen todas las comisiones sancionadoras que yo conozco.
Entonces, tal como menciona, por ejemplo, el artículo 24, inciso c), del Reglamento del
Congreso, la sanción de suspensión puede ser de tres hasta 120 días. Pero nosotros no
hemos probado acá nada. Yo creo que no ha habido informaciones contundentes que
dejen —al menos, en mi personal posición— mi conciencia tranquila de que la sanción
que vamos a aprobar esté debidamente acreditada. Por eso, yo pienso que la sanción
debe bajarse, debe ser gradual y, por lo menos, en mi opinión, debe ser amonestación.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— El congresista Mora empezó su intervención anterior
señalando que no había nada que pruebe que el congresista Reynaga había enviado a
sus trabajadores, sino que, en todo caso, podrían haber sido los hermanos.
Bueno, le estoy demostrando con ese documento que la señora Haydé Olivares Rodas,
que fue asistente en el Despacho del congresista Jhon Reynaga, reconoce que fue al
Fondo Mivivienda por encargo directo del congresista Reynaga; con lo cual, por lo menos,
uno de los principios en los cuales se basaba el congresista Mora, evidentemente, no
puede ser atendido.
155
El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Otro aspecto que me ha llamado la atención es que
nos han hecho llegar unas comunicaciones por Facebook relacionadas con este mensaje
que ha mandado Haydé Olivares Rodas a su presidencia, donde responsabiliza al
congresista Reynaga de haberle ordenado ir a dejar estos papeles al Fondo Mivivienda.
Lo curioso es que, en estos mensajes de Facebook, aparentemente quien le hace la
respuesta a esta señorita Haydé Olivares es Niels Dianderas Basurto, el que —según me
dicen— es una persona que trabajó en el Despacho y que luego fue retirado del
Despacho por el congresista Reynaga.
Entonces, yo no sé por qué el señor Niels Dianderas Basurto sería el que le prepara la
respuesta a Haydé Olivares Rodas; respuesta, además, en la cual ella dice que el
congresista era el que le ordenaba ir a llevar estos documentos.
El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Pero, en esa oportunidad, hay un mensaje.
Incluso hasta ahora no hemos recibido nosotros el testimonio, o no hemos recibido la
aclaración, del señor Dianderas; y yo tengo entendido que el señor Dianderas, por todo lo
que hemos encontrado aquí en la documentación, es bastante clave en esta declaración.
Si no recogemos la declaración del señor Dianderas, no podríamos, digo, no estoy
calificando... Por supuesto que acá he escuchado a mis colegas congresistas decir que hay
otros, digamos, puntos que van en contra del congresista Reynaga.
Pero, acá, el congresista Sergio Tejada nos ha leído el correo electrónico y nos ha leído el
Facebook, en el que prácticamente le dice: “te estoy enmendando el informe y la carta”.
Ahora, a través de la secretaria técnica de su Despacho, nos están diciendo que ha
recibido la llamada de la señorita Haydé Olivares, manifestando, en el punto dos, que ella
no estaría de acuerdo; y coincide con un mensaje, en Facebook, en el que aparece en el
buzón del señor Dianderas, que el señor Dianderas no quiera venir acá, a la Comisión.
No estoy defendiendo a nadie, porque no es mi estilo; sin embargo, sí pongo a su
consideración y de todos mis colegas congresistas qué podríamos hacer con la versión de
este señor Dianderas. Ojo, yo voy a votar por lo que dicte mi criterio de conciencia; pero
me gustaría que usted nos explique qué podríamos hacer si este señor Dianderas —uno
de los que prácticamente estaría implicado, por no decir el inspirador, por no decir el que
ha organizado todo este tema— no quiera venir aquí, a la Comisión de Ética
Parlamentaria.
El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— El congresista Reynaga dejó de ser accionista de
esta sociedad anónima cerrada. Ese hecho solo puede ser desvirtuado mediante una
sentencia consentida que diga lo contrario.
El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Pero sobre todo, no se ve ningún tipo de beneficio
económico en las cuentas del congresista; eso quería destacarlo, porque aquí está en un
documento que él ha presentado: muestra sus cuentas desde el año 2009 y hay una serie
de depósitos importantes seguramente que tienen que ver con este tipo de obras en Techo
Propio: 47 mil soles, por ejemplo, en el año 2009; después hay otros depósitos
importantes: 10 mil 500 soles, tampoco son tan grandes para el rubro; 6 mil soles; pero
156
cuando empieza a ser congresista no tiene depósito de esa magnitud y su cuentas
terminan prácticamente en cero, sin movimiento.
Entonces, es claro que no ha habido beneficio económico alguno del congresista Reynaga
cuando ya se desempeñaba en esta función, y eso es un aspecto que se debe valorar.
Repito, la empresa no era proveedora del Estado; es una modalidad diferente que, en
verdad, no está impedida por la ley; de repente, tendríamos que revisar la legislación;
pero, tal como está, no está impedida por la ley y él se había desvinculado de la empresa.
El señor LAY SUN (GPUR).— No estamos nosotros acusando al congresista Reynaga de
que la empresa de su hermano haya contratado con el Estado; efectivamente, no ha
hecho eso. Los bonos habitacionales eran una donación que hace el Estado, a través del
Fondo Mivivienda, al beneficiario; el beneficiario elegía de entre una lista de entidades
técnicas, aprobadas por el ministerio, a la empresa con la cual quería trabajar. Esta
empresa hacía contratos con el beneficiario e invertía incluso en la construcción que,
luego, le reponía a la empresa el Fondo Mivivienda una vez terminada la construcción.
¿Había interés? Sí, de parte del congresista, cuando interviene en la Comisión de Vivienda
y Construcción. Cuando comienza a hacer averiguaciones en el Ministerio de Vivienda con
relación a estos bonos, indudablemente había un interés familiar de esta empresa; y, de
acuerdo con el reglamento y el Código de Ética del Congreso, él debió hacer explícito,
diciendo: “por si acaso mi hermano tiene una empresa dedicada a ese tipo de trabajo”.
El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— En el pleno anterior —la congresista Cuculiza,
yo no estuve en ese Congreso, sí ha estado, creo, el congresista Mauricio Mulder en el
anterior período—, se manifestó cómo suspendieron y cómo le arruinaron la vida al señor
Anaya, al que le pusieron un adjetivo muy duro. Incluso la congresista explicó ese día en
el Pleno, cuando ella decía que ni siquiera él había cometido el error, sino que el que
había cometido el error era su asesor, el que había falsificado las firmas de la famosa
factura de los pollos, incluso de los pasajes y que, por esas facturas, prácticamente fue
botado y puesto en la cárcel que ha purgado pena por cinco años.
Entonces, señor Presidente, vamos acá a separar dos casos. Uno, lo que usted muy bien
está manifestando que es el tema relacionado con lo que es la parte del mal uso de los
recursos del Estado, es un tema.
El otro punto, señor Presidente, debemos hacer lo que se dice: debemos sentar
jurisprudencia. No podemos permitir que empleados, que trabajadores, se porten de una
manera como lo hicieron en esta oportunidad y como lo hicieron en otro momento.
No podemos decir y permitir que un señor, al que fue invitado porque es pieza clave en
esta investigación, prácticamente se niegue a venir y no venga, cuando su testimonio es
clave para aclarar esta situación, en la que incluso aparecen documentos electrónicos.
Entonces, señor Presidente, al margen de la sanción o no sanción que se le pueda dar al
congresista Jhon Reynaga, yo planteo, propongo y pongo a consideración de todos
ustedes que a ese señor hay que mandarlo a la fiscalía.
157
El señor TEJADA GALINDO (NGP).— La verdad es que la responsabilidad del hermano
tampoco es la responsabilidad del congresista. Y si el hermano ha hecho algún tipo de
operación irregular, digamos, en esa presunción, me preocupa cómo vamos a enviarlo al
Ministerio Público si esto involucra al congresista o solamente a los actuales propietarios
de la empresa.
—Finaliza la proyección del video editado.
—Reasume la presidencia el señor Norman David Lewis Del Alcázar.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Congresista Reynaga, ¿va a
hacer uso de la palabra usted o su abogado va a antecederlo?
El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Primero mi abogado, Presidente, para luego explicar
yo.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Tiene la palabra el señor
Quevedo Mera, abogado defensor del congresista Reynaga.
El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Jorge Luis Quevedo Mera.— Gracias, señor
Presidente. Muchas gracias, señores congresistas. Gracias, por permitirme hacer los
descargos del congresista Reynaga.
Soy Jorge Luis Quevedo Mera, abogado del congresista, y he estado presente durante
todo este procedimiento. Y me siento bastante sorprendido por la forma como se ha
llevado este procedimiento; un procedimiento que no ha cumplido con ninguna de las
normas del debido proceso. Ahora incluso la exposición del señor presidente de la
Comisión nos revela todo eso y voy a señalarlo con puntualidad y claridad, porque cada
uno de ustedes puede estar sometido a este tipo de procesos; es decir, porque este tipo
de procesos que se está llevando a cabo acá puede afectarlos también a cada uno de
ustedes. Entonces, ustedes también tienen que estar en guardia sobre esta forma de llevar
las cosas.
En principio, negamos terminantemente que el congresista haya incurrido en falta al
Código de Ética Parlamentaria. Son tres acusaciones que se le formula en el Informe, tal y
como lo ha señalado el señor presidente de la Comisión de Ética.
La primera, respecto a la acusación de no haber hecho explícita su vinculación con la
empresa Constructora Reynaga S.A.C. y que haya incurrido en falta tipificada en el inciso
e), del Artículo 4, del Código de Ética del Congreso.
Ese inciso, señor Presidente, señores congresistas, claramente señala lo siguiente:
“Son deberes de conducta del Congresista los siguientes:
(…)
158
e) En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y/o debate o
aprobación de leyes en la cuales pueden estar favorecidos intereses económicos directos,
personales o familiares, deberán hacer explícitas tales vinculaciones”.
Esta norma tiene como supuesto de hecho que haya una discusión de temas,
investigaciones y/o debate o aprobación de leyes, en las cuales pueden estar favorecidos
intereses económicos directos, personales o familiares. Este es supuestamente el tipo que
se debió haber usado para el proceso sancionatorio, si estamos adecuándonos al
principio de legalidad, que forma parte del debido proceso como derecho fundamental
de la persona.
No obstante, la Comisión de Ética no ha probado que el congresista Jhon Reynaga Soto
haya intervenido en discusiones en las que pudieran estar favorecidos intereses
económicos directos, personales o familiares, y lo vamos a demostrar. (Ver cuadro 11).
(COPIAR LÁMINA 7 del archivo “Descargop JRS Pleno 30abril15”, de la carpeta
“REYNAGA”)
Podemos ver que, en la página 24 del informe, se habla —y ha sido reiterado hoy por el
señor presidente de la Comisión de Ética, con todo respeto— de la primera sesión
extraordinaria de la Comisión de Vivienda, realizada el 5 de setiembre de 2011. En el
literal c), del punto B, se señala que el congresista como miembro titular de esa Comisión
participó y dijo: “[...] dentro de la estrategia, intervención, asignación y convocatoria para
bonos de familiares habitacionales [...]. Se refiere a bonos familiares habitacionales
rurales; esto es muy importante y voy a resaltarlo varias veces.
En el Informe Final, página 25, se ha señalado que el congresista ha mostrado interés en
saber en qué lugares se va a dar la asignación y la convocatoria para bonos familiares
habitacionales y consulta si dicha asignación va a ser en las zonas de Apurímac,
Huancavelica y Ayacucho; eso es literalmente lo que dice en la página 25 el Informe
Final.
Se dice también que el congresista en la sexta sesión ordinaria de la Comisión de
Vivienda el 19 de octubre de 2011, que está en la página 25 del Informe, habría
intervenido para hablar acerca de los bonos habitacionales familiares para favorecer sus
intereses personales o familiares.
Sin embargo, en el mismo informe, en el literal f) se transcribe literalmente la intervención
del congresista. Ustedes pueden leer, en la parte resaltada, que él trata, en su
intervención, sobre la aplicación de la Ley 29589, Ley que declara de interés prioritaria la
aplicación del Bono Familiar Habitacional en el área rural. Quiero hacer incidencia en
este tema: “en el área rural y, eleva a rango de ley el Decreto Supremo 08-2009-
VIVIENDA”. Más adelante dice: “[...] yo pido en igual condición o similar, (que) también
se beneficien los pobladores que habitan en zonas rurales, en zonas campesinas y
nativas”. (Ver cuadro 12). (COPIAR LÁMINA 10 del archivo “Descargop JRS Pleno
30abril15”, de la carpeta “REYNAGA”)
Quiero resaltar esto porque en primer término se aprecia que el congresista hace
referencia a los bonos habitacionales rurales. Esto es importante porque hay una gran
159
diferencia entre los bonos urbanos y los bonos rurales establecidos por la misma ley
sancionada por este Congreso.
El bono familiar habitacional rural es un crédito, mientras que el bono habitacional Techo
Propio (urbano) es un subsidio. Solo por la naturaleza del bono ya existe una diferencia
sustantiva.
El Bono Familiar Habitacional rural se encontraba a cargo del Banco de Materiales en
aquel momento, de acuerdo con esta Ley 29589, ley precisamente señalada por el
congresista. Él decía: “en aplicación de esta ley quiero saber si en el área rural se ha
aplicado este crédito del Banco de Materiales”. Cuando se otorga un crédito no
intervienen entidades prestadoras como la mencionada Constructora Reynaga, porque
acá no se contrata, no hay un beneficiario y no se contrata una empresa que desarrolle la
construcción.
El Bono Habitacional Techo Propio (urbano) es un subsidio y entendemos claramente lo
que es un subsidio y su diferencia con un crédito. Es administrado por el Fondo
Mivivienda, entidad totalmente distinta a la que señala la Ley 29589, porque tiene su
propia ley: Ley 27829 y el Decreto Supremo 013-2007-VIVIENDA.
Respecto a la Constructora Reynaga, tal como se ha señalado en la exposición del señor
presidente, esta fue constituida originalmente por el congresista Reynaga Soto y su
hermano Cándido el 16 de agosto de 2007. El congresista se desvinculó de esta empresa
mediante una transferencia de acciones el 20 de junio del 2011. Esta empresa siempre
desarrolló actividades de construcción de viviendas en zona urbana, incluso hasta el año
pasado 2014, pero no desarrolló proyecto alguno en zona rural. Entonces, la
intervención del congresista Reynaga, en esas dos sesiones de la Comisión de Vivienda,
no tenían nada que ver con sus intereses personales o con los de esta empresa, porque
nunca esta empresa desarrolló actividad alguna en zona rural.
En la página 24 del Informe Final, se dice que “se infiere que la empresa no tenía
impedimento para participar como Entidad Técnica del Fondo Mivivienda”. Esto lo ha
resaltado también el señor presidente en su informe. Sin embargo, no se ha resaltado que
nunca fue beneficiada con el bono rural a que se refiere la Ley 29589. Estoy reiterando
esto porque debe quedarle muy claro que existe una seria diferencia entre una cosa y
otra. En esas dos sesiones, él intervino hablando del bono habitacional rural, tal y como
literalmente hemos visto en la pantalla. Él no hablaba del bono habitacional urbano, en
el cual sí hubo intervención de la mencionada empresa. A pesar de eso, en el Informe
Final, se concluye que “al tratarse de temas relacionados al objeto de la actividad
principal de la empresa [...] y bajo el control de sus familiares (sic), se ha incurrido en la
transgresión del artículo 4, inciso e) [...]”.
Hemos visto que el texto del artículo 4 no señala eso; el artículo 4 es preciso y no se
puede interpretar en contra del procesado, porque existe el principio, en el procedimiento
sancionatorio, de aplicar la presunción de veracidad y de inocencia del congresista, no la
presunción de culpa. La norma no se puede aplicar por analogía; y la interpretación de la
norma no se puede hacer tampoco en contra del procesado, a pesar de haberse
160
demostrado fehacientemente que él no tenía vinculación alguna con la empresa en
gestión y de que esta empresa no desarrolló ninguna actividad en el ámbito rural.
Dentro de supuesto de hecho de la norma no encaja ninguna de las intervenciones del
congresista y no se puede inferir alegremente que haya actuado para favorecer intereses
económicos directos, personales o familiares.
Las intervenciones del congresista siempre estuvieron referidas a la aplicación del
programa en el sector rural y la empresa Constructora Reynaga S.A.C. nunca ha
desarrollado actividades en el sector rural.
Se ha negado reiteradamente que el congresista Jhon Reynaga Soto se haya desvinculado
solo formalmente de la empresa Constructora Reynaga, siendo además que la Comisión
de Ética no ha podido probar que el congresista haya percibido ganancia alguna en
forma directa y personal o haya realizado labores de naturaleza profesional o societaria,
después de producida la total transferencia de sus acciones. Él no ha percibido ningún
tipo de utilidad ni ganancia. ¿Cuáles fueron los intereses que él estaba favoreciendo con
sus intervenciones?, ¿la empresa se favoreció con esas intervenciones y obtuvo contratos?
Del reporte mensual de su única cuenta de ahorros en Andahuaylas, desde el año 2009
hasta el año 2011, se evidencia que la empresa aludida hizo depósitos hasta el año
2009 desde su sede en Huancavelica y también se evidencia que desde enero de 2010
hasta julio 2011 no se tuvo depósito alguno proveniente de dicha empresa debido al
alejamiento total de Jhon Reynaga Soto de la empresa.
En el video que se ha trasmitido hace pocos minutos, hemos visto lo que señalaba el
señor congresista Tejada. Esto ha sido ratificado en los papeles y está en el expediente.
Todas estas cosas que nosotros hemos presentado anteriormente en el proceso no han
sido tomadas en cuenta, ni siquiera se ha explicado en qué se diferencian los bonos
habitacionales rurales de los bonos habitacionales urbanos. En verdad, lo que se sentía
en la sustentación de esta parte de la acusación es bastante superficial y tiene una
aparente fundamentación.
Le solicito, por favor, que me dejen terminar, porque la segunda acusación que le hacen
al congresista Reynaga es sobre la imputación referida a que supuestamente el
congresista ha tenido conocimiento y ha intervenido directa o indirectamente para que los
trabajadores de su Despacho efectúen gestiones ante la Constructora Reynaga S.A.C.
Se afirma la existencia de responsabilidad de ética en contra de la presunción de
inocencia y contra los principios de lealtad y veracidad que deben primar en este tipo de
procedimientos; es decir, se ha actuado bajo la presunción de culpa.
Tanto de las declaraciones personales como de los escritos presentados por cada uno de
los trabajadores involucrados, se puede apreciar que actuaron de manera particular y
personal sin contar con la autorización, anuencia, permiso o bajo órdenes, disposiciones
o mandatos efectuados por el congresista.
De hecho, la Fiscalía de la Nación ya emitió su resolución sobre el mismo caso y sobre
las mismas imputaciones y ha señalado: no ha lugar formular denuncia contra el
161
congresista Reynaga por ninguno de estos hechos. Esta es la transcripción de parte de la
resolución de la fiscalía. (Ver cuadro 13). (COPIAR LÁMINA 25 del archivo “Descargop
JRS Pleno 30abril15”, de la carpeta “REYNAGA”)
En el numeral 53 de esa resolución, se establece claramente que todos estos trámites
realizados a nombre de la empresa Constructora Reynaga S.A.C. y de la información
proporcionada por la Comisión de Ética, el señor Neils Dianderas Basurto sí acudió en
reiteradas oportunidades a la oficina del Fondo Mivivienda y realizó diversos trámites en
representación de esta empresa. La Fiscalía concluye, sin embargo, que estos hechos por
sí solos no evidencian la injerencia del investigado en la tramitación de la
documentación. En el expediente fiscal sí obra la declaración de Dianderas. Dianderas sí
fue a la Fiscalía y ahí sí le expurgaron todo, le preguntaron de todo. No solo fue
Dianderas, sino también todos los trabajadores que estaban involucrados en este
proceso.
No solo se ha contentado con eso la Fiscalía: ha sacado la declaración de todos los
trabajadores del Fondo Mivivienda que intervieron en la tramitación de estos expedientes
que tramitó el señor Dianderas y que utilizó también a los demás trabajadores del
congresista Reynaga.
De esta lista larga de trabajadores del Fondo Mivivienda, todos ellos, uno por uno, han
señalado que no tuvieron ningún tipo de comunicación con el congresista Jhon
Arquímides Reynaga y que nunca recibieron ninguna indicación ni de estos trabajadores
ni del congresista para favorecer a esta empresa. Se señala que ninguno de estos trámites
realizados ante el Fondo Mivivienda ha tenido algún tratamiento especial porque se
trataba del congresista o de su Constructora; de hecho, no recibieron ninguna instrucción
directa del congresista.
La Fiscalía también señala que todos estos procesos han sido llevados tal y como
cualquier otra entidad técnica los hubiera llevado ante el Fondo Mivivienda. Y concluye
que, por todo eso, tampoco existe uso de la posición privilegiada del congresista para
haciéndose valer de su cargo favorecer sus intereses.
Respecto a que el congresista haya incurrido en actos de corrupción en el ejercicio del
poder político para la obtención de beneficio económico o de otra índole para sí o para
terceros, no existe prueba alguna que evidencie que el congresista Reynaga haya
intervenido personalmente para que estos trabajadores involucrados de su Despacho
realicen gestiones para la empresa Constructora Reynaga S.A.C. De la exposición que se
nos ha hecho, se dice que estos trabajadores visitaron gerencias del Fondo Mivivienda.
Ha quedado descartada esa afirmación. Ahí están las manifestaciones de todos los
trabajadores del Fondo Mivivienda que han negado eso. Se trataba de trabajadores de
Mesa de Partes, de trabajadores que recibían papeles y los tramitaban. No había gestión
alguna del congresista para que se favoreciera a nadie.
Se dice, en el informe, que existen fuertes indicios de que todas las visitas se realizaban en
horario de trabajo, de que todo esto es altamente sintomático, de que es inverosímil que
se hayan realizado esas visitas sin el consentimiento del congresista y de que estos
trabajadores son muy disciplinados. No es así, señor. Estos trabajadores son unos
162
indisciplinados porque no actuaron con lealtad para con el congresista. Esa falta de
lealtad llevó a esto. De repente esa falta de lealtad fue más por desconocimiento y por
ignorancia que por dolo o mala fe.
Se afirma que “en todo momento la conducta del congresista estuvo orientada a
beneficiar o privilegiar los intereses de su empresa familiar”. Hemos demostrado que no
es así. Nunca estuvo orientada su conducta a eso, en ningún momento. Esta aseveración
no cuenta con el correlato probatorio que, más allá de la duda razonable, haga inferir
esta situación. No obstante, se le acusa de corrupto, se afirma que es corrupto, porque se
dice que ha incurrido en corrupción.
La Comisión de Ética no ha tomado en cuenta las declaraciones de ninguno de los
trabajadores involucrados; sin embargo, en la Fiscalía, donde están todas las
declaraciones de todos estos trabajadores, todos niegan y afirman enfáticamente que no
recibieron instrucción alguna de parte del congresista y que actuaron por motu proprio,
por su propia voluntad, sin que existiera comunicación u orden alguna de parte del
congresista.
Las comunicaciones escritas que han presentado todos estos trabajadores tampoco han
sido tomadas en cuenta en el informe final. No se les citó a la Comisión para que
hablaran y cuando querían hablar ellos, se les negó ese derecho.
Como señalé al principio, ha habido una serie de infracciones al debido proceso; por
ejemplo, cuando se invitó al congresista Reynaga a asistir a la Comisión el lunes 4 de
agosto de 2014, sin mediar traslado de las nuevas imputaciones que se le pretendían
formular en plena audiencia pública, con cinco cámaras de televisión y ante el público, se
le hicieron nuevas imputaciones distintas a las originales que se le habían formulado.
Se le acusó de nuevos cargos sin previamente correrle traslado de estos cargos. Y ahora
hemos visto que del informe final también existen nuevas imputaciones que merecen
descargo, porque se dice que hay más trabajadores involucrados en este tema. Pues hay
que investigar eso. Pero no hay que señalarlo como se han señalado estas cosas hoy.
Tenemos todos el derecho de defensa, todos los ciudadanos de a pie tenemos el derecho
a defendernos de las imputaciones que se nos hagan; y, en este caso, se ha violentado
ese derecho del congresista Reynaga.
Se cursó una invitación a dicha sesión, sin señalar el motivo de la convocatoria, a pesar
que dos meses antes ya existía un documento en la comisión sobre este Fondo
Mivivienda.
No se citó a la Comisión a las personas cuyos nombres aparecían en ese momento para
hacer su descargo y no se ha tomado en cuenta una serie de documentos. Se ha dicho
que un efectivo de seguridad del congresista realizó trámites e innumerables visitas al
Fondo Mivivienda y que esto demuestra que el congresista realizó estas prácticas.
Este efectivo de seguridad estuvo presente en la Comisión de Ética Parlamentaria y decía:
“Quiero decir mi verdad” y no le dejaron hablar. Por escrito —y esto está grabado en el
video correspondiente— presentó una comunicación diciendo que él jamás había
163
recibido instrucciones de parte del congresista Reynaga y que había actuado por su
propia voluntad. Si lo había hecho así, ¿cuál era la responsabilidad del congresista? Se
arribó a esa conclusión sin siquiera contar con los descargos pertinentes de parte del
congresista.
Ahora se han presentado nuevas imputaciones que no han sido materia de proceso ni de
traslado, para que el congresista pueda descargar esas imputaciones y para que me
permitan a mí, como abogado, ejercer el derecho de defensa. Esa forma de actuar rompe
el proceso, porque viola el debido proceso. Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado expresamente sobre este hecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este
proceso en el caso Ricardo Vaena versus Panamá; igualmente, en el famoso caso Tineo,
en el que el Tribunal Constitucional hace toda una disquisición acerca de cuáles son los
elementos que forman parte del derecho al debido proceso; ninguno de esos elementos
se ha seguido ante Comisión.
Ya el Tribunal Constitucional señaló que en sede parlamentaria se respetan esos
principios; es decir, en primer lugar deben ser respetados acá.
Le agradezco mucho por el tiempo que me ha dispensado. Lo que se está pidiendo es
que no se imponga la sanción contenida en el informe de la Comisión de Ética
Parlamentaria.
Muchas gracias, señor Presidente, por el tiempo que me ha permitido hablar; gracias,
señor congresista.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Gracias, doctor Quevedo
Mera.
Tiene la palabra el congresista Reynaga.
El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidente, debo expresar ante la Representación
Nacional mis disculpas sobre lo ocurrido y admitir mi falta de control sobre algunos
trabajadores que están involucrados en estos hechos; trabajadores que tenían más
confianza con mis hermanos que con mi persona; a pesar de que tenían el cargo de
confianza, ellos la vulneraron y transgredieron, llevando trámites documentarios a mis
espaldas y sin mi consentimiento.
Ninguno de estos hechos, ajenos a mi persona, me hace un hombre sin ética ni mucho
menos un corrupto, tampoco se justifica una sanción en mi contra. No existe de mi parte
hecho alguno debidamente probado que sea antiético o contrario a la ley. Todos son
hechos llevados a cabo por terceros sin mi consentimiento y a mis espaldas.
Mi abogado ha detallado las cosas. Yo voy a resumir las conclusiones que ha emitido, en
su informe, la Comisión de Ética Parlamentaria. Entre ellas, quiero señalar las
incongruencias en que incurre la Comisión de Ética Parlamentaria. En mi caso, se
pretende confundir los programas sociales, Bono Familiar Habitacional, Techo Propio con
el Bono Familiar Habitacional en el área rural, y proponen sancionarme por
164
supuestamente haber incurrido en conflicto de intereses. Es como cualquier parlamentario
que teniendo algún vínculo con las universidades, habla de escuelas o de jardines, y si
hablara de educación, de escuelas o de jardines, habría conflicto de intereses.
Dicen que hay conflicto de intereses porque cuando fui miembro titular en la Comisión de
Vivienda y Construcción en el 2011, pedí información al Ministerio de Vivienda sobre la
aplicación del bono familiar habitacional en el área rural en las regiones de Apurímac, de
Huancavelica y de Ayacucho. Sobre este pedido, la Comisión de Ética ha mal utilizado
intencionalmente los términos, confundiendo el referido Bono con otro programa social
de similar nombre, pero que en el fondo son radicalmente distintos; lo han confundido
con el Bono Familiar Habitacional Techo Propio.
Para mayor precisión, el Bono Familiar Habitacional Techo Propio trabaja con entidades
técnicas, vale decir, con empresas privadas conforme a la Ley 27829 y el Decreto
Supremo 013-2007-Vivienda; mientras que el Bono Familiar Habitacional en el área rural
trabaja con el Banco de Materiales o trabajaba con el Banco de Materiales, conforme a
la Ley 29589 y el Decreto Supremo 08-2009-Vivienda.
Por lo tanto, yo no tenía obligación alguna de hacer explícito algún interés sobre mi
pedido en la Comisión de Vivienda y Construcción, puesto que no me beneficiaba en
nada a mí ni a la empresa aludida que desarrolla mi familia. Es más, esa empresa está
registrada solo para operar en el programa Techo Propio en zonas urbanas, mientras que
mi pedido se basó exclusivamente para solicitar el cumplimiento del programa de los
bonos familiares habitacionales en la zona rural.
Estamos en el mes de abril; sin embargo, en el mes de junio, hay helada, friaje y mueren
los ancianos y niños en la parte altoandino del trapecio andino del Perú; hay
comunidades que están ubicadas a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. Yo pedí
información sobre el programa en zona rural, con requisitos, fines y objetivos totalmente
diferentes a los de las zonas urbanas; es decir, pedí información para las poblaciones
más deprimidas y sometidas al desastre de origen natural, con capacitación del Sencico,
participación del Banco de Materiales, convenios de universidades en investigaciones de
sismo-resistentes, cocinas mejoradas y confort térmico.
Cualquier estudiante de la especialidad de Derecho o abogado que ejerce esta profesión
puede deducir —y gracias a Dios que el presidente de la Comisión de Ética ha dado
lectura a la ley y al decreto supremo— que yo he pedido información acerca del bono
habitacional en el área rural, jamás he pedido información sobre la actividad que
desarrolla mi familia.
Presidenta, conforme aparece en la página 25, en el inciso f) del informe de la Comisión
de Ética Parlamentaria, reitero, consignaron, y lo sustentó el presidente de la Comisión de
Ética, el pedido que realicé el año 2011 en la Comisión de Vivienda y Construcción. Ahí
hago mención al número de la Ley: 29589, está en la grabación, en el departamento de
Comisiones del parlamento, y así lo ha expuesto el presidente de la Comisión de Ética
Parlamentaria. Se trata de la Ley que declara de interés prioritario la aplicación del bono
familiar habitacional en el área rural y se eleva a rango de ley el Decreto Supremo 08-
2009-Vivienda. Eso pedí yo en tres oportunidades. Yo quería saber acerca de los avances
165
de esta ley. En el gobierno de Alan García, en virtud a esa norma, en marzo de 2010, se
construyeron 450 viviendas rurales en la parte altoandina de Huancavelica, con la
Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, la Comunidad Europea, Care Perú,
los gobiernos locales, los comuneros y el Banco de Materiales.
Después de esa fecha no se construyó ni una vivienda rural más en el país hasta el día
hoy. Por esa necesidad, reclamé yo, como representante de una región eminentemente
rural, en el 2011. Cabe señalar que, luego, se aprobaron por unanimidad en el Pleno, ya
en el cuarto año, en el 2014, varios proyectos de ley que resolvían necesidades similares
a las que en su momento yo pedí: los proyectos de ley 1798/2012-CR del congresista
Mesías Guevara; 3559/2013-CR del congresista Josué Gutiérrez; y 2672/2013-CR del
congresista Rubén Condori. La norma promulgada dice: “Ley que establece medidas para
promover la ejecución de viviendas rurales seguras e idóneas en el ámbito rural”, en
beneficio de las zonas afectadas por el friaje y heladas. Se trata de la Ley 30290, repito,
la que hace pocas semanas ha sido promulgada, ley que también resuelve la misma
necesidad que reclamé yo el año 2011. ¿Por qué esperar que mueran nuestros hermanos
en la parte altoandina si se puede prevenir? No esperemos que mueran para que recién
llevemos frazadas.
La Ley 30290 y Ley 29589 tienen seis artículos similares y lo que varía es que la Ley
29589 hacía mención a la participación del Estado peruano con las universidades y el
Banco de Materiales; en cambio, la Ley 30290 hace participar a la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNIOPS) con financiamiento del Estado
peruano a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Si el Banco de
Materiales no hubiera colapsado, probablemente los parlamentarios dirían que acá hay
una sobrelegislación.
Presidenta, en igual contexto, dentro de este informe, en la página 30, inciso d), se
señala: “[...] incluso dicho ex trabajador Julio Dianderas había convencido a otros
trabajadores de su Despacho (asesores incluso), para que se constituyan en el Fondo
Mivivienda y dejen documentos a nombre de la empresa”.
Como se puede evidenciar, en el informe de la Comisión de Ética hay puros párrafos
ficticios, como si fuera una nota de prensa: “habría”, “podría”; no tienen nada de
objetividad. Es totalmente falso. En el Fondo Mivivienda ingresa todo tipo de documento
por trámite documentario de manera automática y, por norma de esta institución, los que
reciben el documento están obligados a detallar a qué persona va el documento, en qué
área trabaja, en qué piso se encuentra, entre otros detalles.
Se aprecia de manera objetiva en el reporte del Fondo Mivivienda remitido a la Comisión
de Ética que la asesora Milagros Rojas y el asesor Juan Elguera, que trabajaban en mi
Despacho, detallan que concurrieron al Fondo por motivo particular y por visita,
respectivamente. En el informe de la Comisión de Ética han tergiversado el reporte y se
señala que ellos fueron a dejar documentos a nombre de la empresa; es decir,
maliciosamente han redactaron este informe.
Los asesores fueron a nombre de mi Despacho por motivo de que un ciudadano
andahuaylino de extrema pobreza, el señor Sócrates Ararte, beneficiario del programa,
166
cuya vivienda se construyó el 2009 con Techo Propio, hasta hoy no puede devolver el
dinero de la construcción de su vivienda. Sobre este caso envíe 12 documentos hasta
antes de ser congresista al Fondo Mivivienda. Producto de un corte intempestivo del
Gobierno de entonces, esta vivienda con Techo Propio no consiguió su asignación de
bono, motivo por el cual fue mi última vivienda que trabajé yo a mediados del 2009. Es,
entonces, totalmente falso que yo tenga vínculo alguno con Techo Propio después de
2009, y mis asesores fueron por temas netamente congresales a pedido de ese
ciudadano de extrema pobreza.
Presidente, en la página 18, inciso k, también se pone: “[...] la empresa Constructora
Reynaga S.A.C. [...] fue de naturaleza ‘familiar’, pues el congresista y sus familiares
dependían directamente de ella”. Entre tantas otras cosas, redactan de una manera
burlona el informe de la Comisión de Ética, lo cual desmiento rotundamente:
¡discapacidad no es incapacidad!
Participé en una sola licitación con la empresa aludida el año 2008, después de ello yo
he emitido recibos de honorarios por mis servicios profesionales de manera individual, en
mi calidad de ingeniero civil; y, desde que me accidenté, hasta la actualidad, mi
residencia es Andahuaylas. Todos mis trabajos fueron realizados en la provincia de
Andahuaylas; tengo en mis manos recibos numerados del 101 al 237 de lo que he
girado en su momento, son casi tres talonarios: se trata de contratos que fueron
realizados en mi lugar de residencia, no en el lugar de intervención de la empresa
aludida.
Ni antes ni después de mi accidente he dependido de mis hermanos; me alejé el año
2000 de donde radican ellos y también de donde yo también radiqué inicialmente,
porque me chocó psicológicamente no poder caminar y decidí empezar de cero. Reitero,
es totalmente falsa la afirmación de que yo dependía de esa empresa.
Lo que sí debo señalar es que en el 2009 construí 17 viviendas, aunque respecto de una
de ellas hasta el día de hoy no hay el desembolso correspondiente por parte del Fondo
Mivivienda y, por ello, opto en no continuar con ese tipo de trabajo.
Hasta hoy, en la región donde vivo, a nombre de la empresa aludida, construí solo, sin
mis hermanos, con mis propios recursos. Después de ello, nunca más utilicé la razón
social de dicha empresa, ni tuve tipo de trabajo alguno con dicha empresa; solo me unía
en papeles con dicha empresa.
Pido al señor Humberto Lay que me pruebe si después del año 2009 he obtenido un solo
céntimo por cualquier modalidad de esa empresa, tal como lo expresa de manera
burlona, en su informe: “que yo dependía de esa empresa”.
Admito que no tuve diligencia en manejar a mi personal; pero ello no justifica la mordaza
de tantos meses: no puedo hablar de partido alguno ni del Ejecutivo.
El accionar de terceros o de un trabajador que ha inducido a otros sin mi consentimiento
no puede ser asumido por mi persona y esa actitud no me hace un hombre sin ética ni
me hace un corrupto.
167
—Durante la anterior intervención, reasume la Presidencia la señor Ana María Solórzano
Flores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Iniciamos el debate.
Tiene la palabra la congresista Celia Anicama.
La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Presidenta, quiero iniciar mi intervención
diciéndole por experiencia propia que “en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”.
Tenemos un San Lay que dice ser santo: acusa a todo el mundo, pero no ve su propia
realidad.
Tengo un archivo de más de 500 páginas de acusaciones contra Lay como ratero y
delincuente. Estaba incluido en un grupo de la iglesia Pentecostés, de donde lo sacaron
por delincuente. Lo dice la prensa: Correo, Expreso y una serie de publicaciones. Si me
permite, colega Rimarachín enséñele al público y a la prensa los recortes. Toda esa
historia de acusaciones en su iglesia no ha sido vista acá. Que por fin lo lleven a la
Comisión de Ética por cada acusación.
Claro, por sus pretensiones políticas, él tumba políticamente a todos los políticos
presentes en este hemiciclo, para ser el solo el único cándido, puro. San Lay es el creador
de la película La robacable, en donde sin censura voy a decir toda mi verdad. En el Poder
Judicial, archivaron el caso; en este mismo Congreso, también archivaron el caso. Sin
embargo, hasta ahorita hace bullying la prensa. ¿Por qué? Porque está candidateando el
señor y quiere librarse de toda acusación, quiere renunciar escapándose porque tiene
miedo de que le saquen su verdad.
Acabo de presentar a Televisión Frecuencia Latina —que lo está utilizando a él— una
carta notarial, porque este fin de semana último también está acumulando... tiene miedo
de Eloy Yong Meza, porque lo cree un próximo candidato presidencial, ¿y por qué no? Le
tiene miedo, es un hombre claro, que lo quiere su gente; pero que él no trafica, que él no
aparenta, que es bueno; él lo es. Pero aquí venimos a hablar de las acciones de una
persona que se alude ser santo. Mire a cuántos ha acusado.
Cualquiera que pugne una imagen que se proyecta a ser calificado como un político
bueno —que debemos tener como imagen en el país con resultados y acciones en
beneficio del país—, debe deslindar acá de toda distracción para concentrarnos en el
desarrollo del país, dando leyes...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Anicama.
La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Presidenta, sin embargo, nos distraen; claro, pues,
porque tienen sus intereses políticos y su candidato a presidente. Vamos a ver si logra
tener aunque sea el voto de un santo. Lamentablemente eso tenemos en el Pleno.
Por otro lado, ¿cuánto le costó esta nueva acusación? Vamos a ver la situación del
congresista Reynaga. Si analizamos esta secuencia, se dice, por ejemplo, que la policía
ha estado constantemente llevando documentos. Pero aquí, hemos visto, en la secuencia,
168
si no se dieron cuenta, que hay policías que han estado trabajando alternadamente,
mientras que él dice “constantemente”. Ahí, nomás, hay una contradicción. Y si
desmenuzamos toda la verdad... Claro, quién argumenta fácilmente adelanta juicios y
acusa alegremente; eso sí es delito, señor San Lay.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Celia Anicama, le
pido que nos tratemos con respeto entre colegas. Es la invocación que le hace la Mesa.
Continúe, congresista Anicama.
La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Presidenta, gracias. Como quisiera que sienta este
señor un minuto del terremoto, ¿qué haría? Yo pedí, en ese momento, que se evalúe a
FORSUR, por los damnificados del sur. Yo viví el terremoto, fui damnificada, estaba
pidiendo que se investigue lo que se hacía con los fondos municipales de mi provincia de
Pisco y que me consta. Hasta ahorita ni siquiera lo coge la Fiscalía por presunción de
lavado de activos; sin embargo, está libre. ¿Cuál es el poder que maneja este señor? Se
relaciona justamente este caso cuando yo estaba pidiendo que se investigue a Telefónica
por el no pago de impuestos, ante estos tres poderes, más los que puede haber
manejado en este Pleno, que ayudaron a incentivar a que este señor San Lay pueda
acusar alegremente y tener la potestad de impedir mi defensa. Todo eso va a salir en la
película La robacable, donde se va a demostrar quiénes son los verdaderos delincuentes.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Díaz Dios. No está presente el congresista.
Puede intervenir el congresista Teófilo Gamarra.
Pero antes tiene la palabra el congresista Lescano para una cuestión de orden.
El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Presidenta, para poder valorar bien los hechos,
de si es responsable o no el señor Reynaga, creo que el presidente de la Comisión de
Ética debería aclarar a la Representación Nacional si tomó o no tomó la declaración a
los trabajadores del señor Reynaga, si tomó o no tomó declaración al policía, que dice
haber realizado también gestiones. También pido una aclaración al señor Reynaga de si
durante su gestión se incrementaron o no las obras que realizó la empresa familiar con el
Estado; no de carácter personal el incremento, sino si su empresa durante estos años ha
incrementado o no los contratos con el Estado. Esas aclaraciones se necesitan, para
hacer el respectivo análisis y emitir el voto con criterio de conciencia.
Le pido al congresista Lay esa declaración. En todo caso, si no se tomó la declaración en
el Congreso de los trabajadores, quiero saber si él verificó las actas de sus declaraciones
en la Fiscalía y qué dijeron los señores trabajadores.
Gracias.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Lay.
169
El señor LAY SUN (GPUR).— Presidenta, respondo la interrogante, por su intermedio, al
congresista Yonhy Lescano.
Se cursaron reiteradamente invitaciones a todos los trabajadores para que asistan a la
audiencia de la Comisión. Lamentablemente ninguno de ellos quiso asistir. Igualmente, al
suboficial Jorge Lara Ruiz se le invitó y se le reiteró.
A los únicos que no se les ha invitado son a los últimos mencionados en otro informe que
nos remitió el Fondo Mivivienda. Vino esa información después de que la Comisión había
votado el informe en debate. Aquí están todos los oficios de todas las invitaciones.
Tenemos el caso de la trabajadora Haydé Olivares, que no vino pero respondió al
cuestionario escrito que se le cursó, tal como se cursó también a todos. Primero ella
reconoció que había ido por orden del congresista, con conocimiento de él; pero, tres
días después, se rectifica y dice: “no me acuerdo”. Pero, para nosotros, la primera
declaración es la que vale.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Teófilo Gamarra.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, me parece que me han pedido otra
interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Martín Rivas.
El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Presidenta, hay una situación que tenemos que tener en
cuenta: la presunción de inocencia es un principio constitucional, no exise presunción de
culpabilidad. Si hay una declaración de un testigo en un sentido y luego hay otra
declaración en otro sentido, contrariando el primer sentido, entonces hay una presunción
clara de que no hay certeza, principio constitucional que también está establecido en el
debido proceso. Necesariamente hay que valorar esos dos elementos.
Decir que solamente la primera declaración vale y que la segunda ya no vale viola la
presunción de que no existen certeza ni veracidad en lo que se afirmó.
Consecuentemente, la presunción de inocencia debe tenerse en consideración.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Gamarra.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, de acuerdo con la información
vertida por la Comisión de Ética, a través del congresista Lay, y de acuerdo con los
argumentos de la defensa, podemos colegir que, en el caso investigado al congresista
Jhon Reynaga, no se ha producido la comisión de falta ética alguna que esté contenida
en el reglamento correspondiente. Vamos a demostrarlo, de acuerdo con lo siguiente:
De acuerdo con la delimitación de las imputaciones y el objeto de la investigación que se
traza la Comisión de Ética, se señala, en el punto 1, si el congresista continúa vinculado a
la empresa Constructora Reynaga S.A.C. al tratarse de una empresa controlada y dirigida
por sus familiares, no obstante haberse transferido las acciones a terceras personas y si se
habría valido de personas relacionadas con él para aparentar su desvinculación formal.
170
En las conclusiones que realiza el informe de la Comisión de Ética se señala que
aparentemente se habría producido la desvinculación con la empresa pero que, en la
práctica, seguiría existiendo esa vinculación.
Sin embargo, de acuerdo con el informe que hemos tenido en manos, no existe un solo
documento que puede acreditar que, en la práctica, el congresista Reynaga haya
pertenecido o se haya vinculado con la empresa Constructora Reynaga; no existe una
sola.
En una misma investigación, se ha llegado a la misma conclusión con lo contenido en el
numeral 51 de la resolución fiscal que dispone el archivamiento de la denuncia que se le
hizo al congresista Reynaga, como sigue: “La información registral referida permite
conocer que el investigado congresista Jhon Arquimides Reynaga, desde el año 2011 no
mantiene vínculo alguno con la empresa Reynaga S.A.C., como accionista, ni ha
desempeñado cargo gerencial alguno, lo que se condice con lo referido por el precitado
en su indagatoria cuando indicó que como él iba a ejercer la función congresal donó el
75% de sus acciones de la empresa Constructora a favor de su hermano Cándido
Dolorier Reynaga Soto y el 25% de las acciones a la hija de este último: Jackelin Yurico
Reynaga Trello”.
En ese sentido, la resolución emitida por el Ministerio Público, con relación a la
investigación, establece claramente que el señor congresista Reynaga no tenía vinculación
alguna ni mucho menos una vinculación en la práctica. En el fondo, se plantea un criterio
subjetivo, no objetivo; porque si el congresista tuviera en la práctica una vinculación con
la empresa constructora, tendría que demostrarse de alguna manera la relación directa
entre el congresista y la empresa constructora; situación que, a lo largo de la
investigación, no se ha probado; y así lo ha confirmado el Ministerio Público, a través de
las investigaciones.
Por otro lado, con relación a que si el congresista incurrió en una situación de conflicto
de intereses al no haber hecho explícita la vinculación que tenía con la Constructora
Reynaga S.A.C. e interesarse en la discusión de temas referidos a los bonos familiares
habitacionales en su condición de miembro de la Comisión de Vivienda y Construcción,
creo que, en este caso, se ha deslindado categóricamente que la participación del
congresista Reynaga en la Comisión de Vivienda y Construcción estuvo referida
únicamente a los bonos habitacionales rurales, no a los bonos habitacionales urbanos;
son dos temas totalmente distintos. De modo que él no tenía por qué haber señalado ante
la Comisión de Vivienda y Construcción una relación con esa empresa, la que, en su
momento, estaba aparentemente dirigida a trabajar con el Fondo Mivivienda sobre temas
urbanos, no rurales; situación que ha sido aclarada también, tanto por la defensa del
congresista, como por el mismo congresista; de modo que, en este aspecto, la situación
no ha sido corroborada.
Me solicita una interrupción el congresista Fredy Otárola.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Fredy Otárola.
171
El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidenta, pero adicionalmente a lo que ha
dicho el congresista Reynaga, hay otro elemento que es importantísimo.
No se ha podido probar que él tenía vínculos con la Constructora Reynaga S.A.C. Y,
como bien dijo el congresista Rivas, existen versiones contradictorias y eso genera duda
razonable, y se aplica in dubio pro investigado que es un principio del Derecho similar por
analogía al in dubio pro reo. La culpabilidad se tiene que demostrar, no se presume.
Otro tema fundamental. Constructora Reynaga S.A.C. no tuvo contrato alguno con el
Fondo Mivivienda desde el año 2007; es decir, ¿de qué se le imputa? Él dejó hace
mucho tiempo la empresa Constructora Reynaga S.A.C. y, adicionalmente, esta empresa
constructora, en la que ya no estaba el congresista, no tuvo contrato alguno con el
Ministerio de Vivienda.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Gamarra.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, con relación al segundo punto del
cuestionamiento que hace la Comisión de Ética sobre las acciones del congresista
Reynaga, ese cuestionamiento se cae, toda vez que no se ha demostrado que en la
práctica el congresista haya tenido una relación, una vinculación, un favor, un accionar
que esté dirigido a lograr beneficios a favor de la empresa Constructora Reynaga S.A.C.,
sea como integrante, sea como accionista, sea como propietario, sea como dueño de la
empresa. Sin embargo, el congresista hizo la donación de las acciones: entregó la
propiedad de esa empresa y a partir de la fecha su participación fue totalmente ajena a la
gestión que pudiera realizar la empresa.
Finalmente, en el punto 3, la Comisión de Ética analiza si el congresista tiene
responsabilidad por las visitas que realizó personal a su cargo al Fondo Mivivienda para
que realicen trámites a favor de la empresa Constructora Reynaga S.A.C. En este caso,
tenemos que considerar que en el derecho disciplinario sancionador, que dista mucho del
derecho penal...
—Un congresista del grupo parlamentario fujimorista interviene fuera del micrófono.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— ¿Qué pasa, congresista? Si tiene
usted alguna inquietud, puede pedir una interrupción. Está hablando el congresista
Gamarra.
Congresista Gamarra, continúe. Tiene tres minutos más.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, por lo que veo, algunos congresistas
de la bancada del fujimorismo, aparentemente, anticipándose al análisis, ya quieren
sancionar al congresista Jhon Reynaga. Creo que eso descalifica totalmente los
argumentos que, en el futuro, vayan a hacer con relación a la posición que tiene la
bancada. En fin, discreparemos técnicamente de las posiciones. Pero acá nosotros vamos
a hacer prevalecer técnicamente que el congresista Jhon Reynaga no tiene por qué asumir
una sanción por actos que no corresponden a las imputaciones realizadas por la
Comisión de Ética.
172
Decía que, en el punto 3 del informe, se habla de la responsabilidad del congresista por
las visitas que realizó su personal. Al respecto, el Reglamento establece claramente que
las sanciones o las conductas tienen que estar directamente realizadas por el congresista.
Si ha habido personal a su cargo que en el tiempo de trabajo se haya apersonado o se
haya acercado al ministerio correspondiente para hacer gestiones, puede tener una
connotación de falta de control o de negligencia en el control del personal; es decir, por
ese hecho no se le puede imputar directamente al congresista una conducta contra la
ética.
Las acciones aisladas que, en algún momento, pudieron ser realizadas por parte del
personal de su Despacho no lo responsabiliza directamente al congresista. En ese
contexto, dentro de la teoría de la imputación subjetiva en el derecho penal y en el
derecho disciplinario sancionador, en este caso no se ha producido un accionar directo
del congresista destinado a promover, visitar e ir al Ministerio de Vivienda para realizar
una gestión. En se sentido, creo que se caen las imputaciones realizadas por la Comisión
de Ética.
Es más, en algunas de las conclusiones del informe de la Comisión de Ética, hay
evidentes contradicciones. Es bien notorio que en algunos párrafos se haya considerado
el término “habría”, el que no establece una confirmación del hecho, sino una
connotación subjetiva.
Solicito a la Representación Nacional que el análisis tenga un contenido objetivo, porque
lo que vamos a hacer acá es establecer una sanción...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Gamarra.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, decía que acá vamos a establecer si
el congresista incurrió en una infracción de ética o no; y, a base de eso, vamos a
determinar la sanción, la cual está directamente vinculada a su imagen como congresista
y a su relación con su pueblo. Sería irresponsable dar una sanción más política que
objetiva y técnica.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Díaz Dios. Tiempo libre para el congresista Díaz Dios.
—Murmullos de sorpresa de muchos congresistas por el tiempo libre concedido al
congresista Díaz Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— No es en vano el asombro de todos mis colegas
parlamentarios; de todas maneras, se agradece.
Lo que tengo que decir es muy sencillo. Yo entiendo que todos no hemos seguido lo que
ha investigado la Comisión de Ética, pero los que formamos parte de este difícil grupo de
trabajo pudimos comprobar, en un primer momento, que los supuestos administradores
de esta Constructora Reynaga S.A.C. no tenían idea de a qué se dedicaba la empresa ni
en qué consistía el rubro que supuestamente desarrollaba ella. Pero, en fin, hasta ahí uno
podría decir que no es suficiente ese hecho para encontrar algún grado de
responsabilidad en el congresista.
173
También fueron muy extrañas las donaciones o regalos de las acciones de la empresa
que hizo el congresista Reynaga y que, finalmente, en la Comisión, tuvo que admitir que
el inicio de la empresa fue ficticio, porque nunca tuvo realmente esas acciones, y lo que
estaba haciendo, luego de ser congresista, era devolver lo que nominalmente era de él
pero que, en la práctica, no había sido así.
Pero hay algo que ni el señor abogado, que hizo el uso de la palabra, ni la defensa
ardorosa que hace el señor Otárola y el señor Gamarra van a poder explicar.
El señor abogado del congresista Reynaga dijo “sí, pues, algunos trabajadores del
congresista Reynaga habían hecho algunas gestiones en el Fondo Mivivienda”. Lo que no
dijo es que todos los trabajadores de la oficina del señor Reynaga hicieron gestiones a
favor del Fondo Mivivienda.
Para que no vayan a decir que este es un tema subjetivo, yo les sugeriría que revisen, por
ejemplo, el oficio que le envía al señor Humberto Lay Sun, presidente de la Comisión de
Ética, ¿quién?: el señor Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente general del Fondo
Mivivienda. ¿Qué dice este señor? Que Richard Tello Galindo, James Cáceres Pillaca,
Juan Carlos Elguera Mena, Fredy Morales Ríos, Haydée Olivares Rodas, Milagros Judith
Rojas Domínguez, todos, han hecho gestiones en horas de trabajo a favor de la
Constructora Reynaga S.A.C.
Pero si esto no les parece suficiente, porque pueden pensar que hay algo subjetivo,
también indagó respecto de Dante Hernán Hermosa Alegría, de Jorge Lara Ruiz y de
Jacinto Morales Fuentes. ¿Saben ustedes, a través de la Presidencia, quiénes son estas
tres personas? Le preguntamos a la División de Seguridad Integral del Congreso de la
República, y el comandante PNP Julio César Ruesta Ramírez nos señala que tanto
Hermosa Alegría Dante, Lara Ruiz y Morales Fuentes Jacinto son policías asignados a la
seguridad del señor congresista Reynaga.
Yendo a lo que estaba desarrollando, el Fondo Mivivienda, no la Comisión de Ética, sino
el señor Gerardo Freiberg Fuentes, gerente general del Fondo Mivivienda, también nos
confirma que no solo los trabajadores del Despacho del señor Reynaga sino también los
tres policías asignados a su seguridad estuvieron haciendo una serie de gestiones y
trámites para favorecer a la empresa Constructora Reynaga S.A.C., los que formal y
supuestamente tenían labores de administración y de control, pero que no tenían idea de
a qué se dedicaba esa empresa.
Ni siquiera esto merece mayor debate. Es imposible que hasta la seguridad del señor
Reynaga haya ido a hacer trámites al Fondo Mivivienda sin que nosotros sepamos donde
está nuestro personal de seguridad. Repito, es imposible.
Me pide una interrupción el señor Huayama.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Huayama.
El señor HUAYAMA NEIRA (NGP).— Presidenta, por su intermedio, pregunto al presidente
de la Comisión de Ética o al congresista Juan José Díaz Dios, miembro de la citada
174
Comisión, si se ha investigado que las gestiones que se venían haciendo supuestamente
los trabajadores del congresista Reynaga eran a favor de la empresa Constructora
Reynaga S.A.C. o a favor de los beneficiarios de los bonos. Porque una cosa es a hacer
gestiones a favor de la empresa y otra cosa es hacer gestiones legítimas a favor de los
beneficiarios de los bonos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Díaz Dios.
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Presidenta, ya me da cierta gracia responder, pero voy a
contestar.
En los expedientes que se han repartido a todos los congresistas, se señala lo que hicieron
los señores del Despacho del congresista Reynaga. Yo le pido al señor Huayama que dé
lectura al informe que ha sido distribuido a los congresistas. Ahí se dice “trámite a favor
de la empresa”. Si no ha leído el informe, espero que con esto que voy a decir se termine
el debate.
¡Le dieron un poder a uno de los oficiales encargado de la seguridad del señor Reynaga,
para que haga trámites a nombre de la empresa! A ese nivel se llegó. El único argumento
de defensa que presentó el abogado del señor Reynaga es que el congresista no lo sabía
y que fue un problema de falta de control sobre su personal. Resulta que ninguno de los
seis trabajadores de su Despacho y ninguno de los tres policías de seguridad consultaron
al congresista.
¡Ya, pues! Hay un poder —al cual le ponen mal el nombre, porque no existe “carta
poder” en nuestra legislación, existe poder— simple que dice: “Yo, Cándido Dolorier
Reynaga Soto, representante legal de la Entidad Técnica vigente —etcétera—, por
motivos laborales de fuerza mayor ajenas a mi voluntad doy poder al señor Jorge Lara
Ruiz, identificado con —tal número de DNI—, para recoger la constancia de registro de
la Entidad Técnica”.
Me pide también una interrupción el congresista Gamarra, ardoroso defensor del
congresista Reynaga.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de la segunda
interrupción, congresista Gamarra.
El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Presidenta, agradezco al congresista Díaz Dios
por decirme ardoroso. Esperemos que él haga honor a su apellido.
Con relación a ese poder que exhibe con tanto fervor, como si fuese la prueba diabólica
que acredita la conducta del congresista, quiero preguntarle si en ese documento está
contenida la firma del congresista Jhon Reynaga o si corresponde a otra persona. Porque,
de acuerdo con nuestro Reglamento, se establece que lo que se sanciona es la conducta
del congresista, no la conducta de terceras personas que no es un tema en discusión en
este Pleno.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Díaz Dios.
175
El señor DÍAZ DIOS (GPFP).— Lo que dice nuestro connotado congresista Gamarra es
que él quiere un documento de puño y letra, en el cual el congresista Reynaga haya
ordenado a los seis trabajadores de su Despacho y a los tres personas de su seguridad
que vayan a hacer los trámites a nombre de la empresa de sus familiares ante el Fondo
Mivivienda. ¿Eso será posible? Díganme ustedes, congresistas, que tienen personal de
seguridad: ¿acaso los suboficiales de la policía van a ir por su cuenta a hacer trámites al
Fondo Mivivienda representando a su empresa?
Hace un momento, yo les había presentado el poder que se le da a uno de los
suboficiales de la Policía Nacional del Perú asignado a la seguridad del señor Reynaga,
para que haga trámites a favor de la empresa de la familia Reynaga ante el Fondo
Mivivienda. Pero no es el único caso. Hay otro poder se le da a otro trabajador del
Despacho del señor Reynaga, para que haga gestiones a favor de la empresa familiar del
señor Reynaga ante el Fondo Mivivienda. ¿Esto ya no es suficiente para dar por concluido
el debate y aprobar el informe que sugiere al Pleno del Congreso aplicarle 120 días de
sanción al congresista?
Ya son casi las 11 de la noche, no hemos podido debatir y aprobar todavía el proyecto
de ley para eliminar los descuentos abusivos en las gratificaciones de julio y de diciembre.
Nuestra posición es que sea un tema permanente. Hay también otros temas importantes.
Yo no sé si habrá más oradores, pero creo que dudas no existen; no hay forma en la cual
seis trabajadores del Despacho del señor Reynaga, más las tres personas de seguridad,
todos hayan ido a hacer trámites a favor de la empresa del señor Reynaga y que el señor
Reynaga no tenga nada que ver. Eso sería absurdo.
Yo le pido, si no hay más oradores poner al voto el informe de la Comisión de Ética y
retomar el debate de las exoneración permanente de los descuentos de EsSalud y AFP en
las gratificaciones.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Jorge Rimarachín.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Presidenta, yo creo que este tema debe
llamarnos poderosamente la atención, porque hay en cola otros casos más de
congresistas por sus faltas éticas, en fin.
Creo, colegas, que la función principal del Congreso de la República debería ser
fiscalizar a quienes tienen en sus manos los presupuestos para obras y para inversiones en
el Perú. ¿Un congresista de qué dispone para juzgarlo? Temas conductuales, falta de
ética y de ajustarse a ciertos cánones, que de hecho debe haber.
Hay que hacer memoria. Cuando se inició este Congreso, uno de los presidentes del
Congreso presentó un paquete de congresistas que estaban pedidos por la justicia y que
tenían faltas para que lo investigara la Comisión de Ética; es decir, para que empiece el
show, para que empiece la persecución entre congresistas, entre una bancada y otra y
para que el Congreso deje de desempeñar la función importante de fiscalización.
176
Así, pasan por agua tibia una serie de proyectos en los que hay grandes faenones y en los
que no se quiere dar por enterado el Congreso: a ver, hablemos del Metro 2; hablemos
de cómo es que hubo un solo postor para el Gasoducto del Sur; hablemos del proyecto
Olmos, ejecutado por la empresa Oldebrecht y este a la vez ha comprado 10 mil
hectáreas de terreno a 4 mil dólares la hectárea, cuando el costo de una hectárea es de
40 mil soles. Entonces, acá hay un gran faenón. El Estado tiene que hacer la
infraestructura para que se beneficie Odebrecht y que este sea el que ejecuta la obra.
¿Dónde está la Comisión de Fiscalización?, ¿dónde está la función ética en estas cosas
que deberíamos estar preocupándonos?
El pastor Lay debe hacer honor a su gran misión pastoral y él debe preocuparse por todas
las ovejas. Hay algunas ovejas descarriadas, indudablemente, pero van a regresar al
redil...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Rimarachín.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Algunas ovejas dan sobresaltos, pero no se
trata de hacer persecución política; se trata de que haga una obra pastoral y ejemplar,
teniendo una sola vara para todos. ¿Qué ética va a demostrar la Comisión de Ética
cuando ha desvirtuado su labor? No tiene una vara para todos; tiene una vara para unos
y otra para otros.
A ver, responda pastor Lay y los integrantes de la Comisión de Ética, ¿por qué no
sancionaron?, ¿por qué no cumplieron con el artículo 7 del Código de Ética
Parlamentaria en el que se dice que está prohibido recibir donaciones por los
congresistas? Y hubo nueve congresistas reelegidos que recibieron donaciones. Y cuando
se hizo la denuncia en la comisión no hubo sanción para ninguno. Eran justamente los
que promovían el poder minero para que defiendan sus leyes. La primera que aprobaron
fueron esas tres leyes de la minería. Entonces, la Comisión de Ética tuvo una vara para
ellos y los libró de culpa. Acá y ahora la Comisión está con papeles, con reglamento.
Entonces, ¿qué ética va a tener para juzgar a otras ovejas descarriadas? Que tire la
primera piedra, pues, el pastor Lay.
Acá le voy a sacar cuando dicen: “Pastor Lay acusado de corrupción”. “Denunciantes
dicen que contrató a su propia imprenta por miles de dólares para imprimir propaganda
de Restauración Nacional”. ¿Qué ética da quien quiere sancionar por un tema ético?
Jesucristo les decía a los que acusan que tiren la primera piedra. Pero ustedes están
acostumbrados a tirar bala, no piedras y, por eso, hubo muchos muertos en el
fujimorismo; y, por eso, aplauden el muerto que ha habido en el proyecto minero Tía
María. Pero, bueno. Entonces, ¿qué se juzga acá, señores de la Comisión?
Voy a dar lectura a la carpeta 59 del año 2014. Investigado Jhon Reynaga, de fecha 7 de
abril de 2015. ¿Qué dice esta resolución? Dispone, primero, no ha lugar a formular
denuncia constitucional contra el congresista de la República Jhon Arquímides Reynaga
por la presunta comisión de delitos de negociación incompatible en agravio del Estado;
177
en consecuencia, archivar la investigación. Firma el doctor Pablo Sánchez Velarde, Fiscal
de la Nación.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Rimarachín, hay un
pedido del congresista Humberto Lay para intervenir por alusión; luego continúa usted.
Por alusión, tiene la palabra el congresista Lay.
El señor LAY SUN (GPUR).— Bueno, hasta cierto punto yo estoy acostumbrado a las
declaraciones del congresista Rimarachín; pero solamente quiero hacer una aclaración. El
tema mencionado es un refrito, recontra frito, que viene del año 2007, hace ocho años;
fue una denuncia penal que se hizo por los medios de comunicación, la cual fue
archivada; es decir, no llegó al Poder Judicial. En el Ministerio Público fue archivado por
absurda. Pero esto se viene repitiendo de tiempo en tiempo y lamento que el congresista
Rimarachín no esté actualizado en cuanto a la noticia.
Eso nada más.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista
Rimarachín.
El señor RIMARACHÍN CABRERA (GPDD).— Pero la falta ética fue evidente. Lo cierto es
que lo salvaron del caso. Salve, pues, a uno de los colegas, congresista Lay. Los
religiosos perdonan a los que cometen pecados o algunos pecadillos; pero, en el
Congreso, no debemos venir a pelearnos entre congresistas, por favor. En el Congreso,
debemos venir a investigar y a fiscalizar a quienes manejan el erario nacional.
Yo manifesté, hace algún tiempo, cuando se veía un caso parecido, que nunca más iba a
votar en contra de mis colegas por los informes que dé la Comisión de Ética, porque, de
hecho, que actúa sin la rigurosidad de la ética, y porque se aprovechan de algunos casos
para hacer una persecución política, para beneficiar a algunos y para afectar a otros.
Si el pastor Lay y todos los miembros de la Comisión tuvieran una sola vara, gustoso
votaría; pero no; hay un ojo en los cielos que está mirando al pastor Lay y espero que no
tenga dificultades a la hora que quiera entrar al paraíso.
Algo más, el pastor Lay no actúa con ética al dar el informe hoy, y voy a demostrarlo. Él
se ha lanzado como candidato a la presidencia de la República y quiere hacer su
campaña electoral haciéndose el que sanciona a los malos. Si el pastor Lay quiere actuar
con ética, lance su candidatura y renuncie a la Comisión Ética para que no use ese cargo
en su campaña. Eso no es ético.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Mauricio Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, ya al filo de las 11 de la noche y con
cuatro años que tiene la mayoría de los parlamentarios aquí presentes, yo creo que no
estamos para estar engañándonos entre nosotros. Todos sabemos que si el congresista
Reynaga fuese fujimorista estaría crucificado y los argumentos hubieran sido al revés.
178
Todos sabemos que el si el congresista Reynaga fuese aprista, a lo mejor ya estaría preso.
Todos sabemos que si el señor Gregorio Santos fuese aprista, ya estaría condenado a
cadena perpetua por los 400 mil dólares que le encontraron en su cuenta; pero no, pues;
son nacionalistas.
Cuando le toque a uno de la oposición pasar por la Comisión de Ética Parlamentaria —y
hay algunos casos—, ya veo a todos los nacionalistas diciendo: ¡Crucifixión!, ¡cárcel!,
¡corruptos! Bueno, pues. Pero cuando se trata de un nacionalista, todo vale, todo es
posible: para mi amigos, todo; para mis enemigos, la ley.
¡Carguen con sus vergüenzas! Pero ustedes saben perfectamente que aquí no está en
juego que el congresista Reynaga sea culpable o no, sino que está en juego el voto del
congresista Reynaga para la próxima Mesa Directiva, o para el voto de confianza, o para
lo que va a solicitar el señor Cateriano: las facultades delegadas; eso está en juego. Y,
por eso, los demás miembros, cuyos casos de ética están pendientes, votan con el
oficialismo. ¡Seamos claros, pues! Aquí los argumentos fácticos no tienen receptividad
alguna en cerebros cerrados. ¿Por qué? Porque todo vale, pues. Aquí se dice: “yo no fui
el que hizo la gestión, la hizo otra persona que trabaja para mí”. ¿Y? Hasta el abogado
ha venido a decir: “Acaso el señor Reynaga fue el que hizo la gestión”.
¿Cómo?, ¿acaso no recuerdan que hay una persona condenada a 25 años de prisión
por autoría mediata? Artículo 23 del Código Penal: el que realiza por sí o por medio de
otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena
establecida para esta infracción: autoría mediata. O sea, mis empleados trabajan para
mí; pero como son mis empleados, no soy yo. No pasa nada y me hago el idiota, no sé
nada; y los demás nos hacemos también los idiotas, pues. O sea, nos toman por tontos.
Ya quisiera ver si algún otro parlamentario manda a su personal a ver intereses
personales. ¿Qué van a decir? ¡”No sé nada”! ¿Ustedes creen que estamos acá para
escuchar ese tipo de argumentos sin sentir vergüenza ajena? Que cuando una persona
dice: “me voy a despercudir de mi empresa”, “voy a fundar una empresa que se llama
Mulder S.A.”; pero, para que no parezca mi empresa, se la voy a transferir a la hermana
de mi socia y se la voy a transferir al cuñado de uno de mis primos, pero se va a seguir
llamando Mulder; o sea, el señor Reynaga nos dice que no tiene nada que ver con una
empresa que se llama ¿cómo?, ¿constructora qué? ¡Reynaga! ¿O sea?, ¿no tiene nada
que ver?
Es una cosa de vergüenza para las personas que asumen esto. Lo dijo el congresista Díaz
Dios: Se presenta una señora y dice que es la dueña de la empresa, que es la accionista
mayoritaria. La señora, que se llama Nora Escobar Torres, compra la empresa por 342
mil soles, ¿y saben cómo lo paga? En efectivo. La señora trabaja de asistente de
enfermería, gana 1 mil soles y vive en Huancavelica. ¿Cómo?, “¿de dónde consiguió
usted, se le pregunta, los 342 mil soles?”. “De mis ahorros”. “¿Y al pagar usted lo hizo
con un cheque?”; “no, en efectivo”. “¿Y le han dado algún recibo?”; “no, de palabra
nomás, en Huancavelica nos conocemos todos, ahí no se usan los papeles, no se usan
recibos, nada”. Esa es la respuesta que nos han dado. ¿Y nosotros qué? Vamos a decir:
“Ah, qué bien, está perfecto”. La señora Nora Escobar es hija del hermano del
congresista, o sea es la sobrina.
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Después, está la señora Gady Isela Rojas, hermana de la asesora del congresista
Reynaga; ella paga 75 mil soles, igualito, en efectivo, sin recibo, ni siquiera tiene un
papel de librería en el que acredite que ha pagado los 75 mil soles; no hay, por
supuesto, documento alguno que pueda acreditar que ella haya tenido alguna vez en su
vida no 75 mil, sino 7 mil soles; ni 7 mil soles debe haber tenido, porque es
desempleada, pero resulta que es la dueña de la empresa. Entonces, yo digo: “está muy
bien, todo esto está perfecto y ahora se puede trabajar todo en efectivo”.
Usted sabe que el delito de lavado de activos tiene como presunción básica cuando se
trabaja en efectivo.
Me pide una interrupción un congresista, pero no se la voy a dar; póngale, Presidenta, en
la lista de oradores para después. (En alusión un congresista de la bancada nacionalista).
Decía que el delito de lavado de activos tiene como presunción básica cuando se trabaja
en efectivo. Porque en efectivo no se deja huella ni documento alguno, no se deja
absolutamente nada.
Sí, me muero de miedo; no le voy a dar interrupción alguna. (En alusión a un congresista
de la bancada nacionalista).
Decía que cuando no hay documentos es porque se oculta algo, o porque no es real, o
porque ese dinero es inventado, no existe; o sea, es una simulación; y eso es suficiente
para que a cualquier persona la condenen por lavado de activos. Pregúntenle a quienes
conocen estos temas, como a la doctora Príncipe Trujillo, por ejemplo. Ella señala
perfectamente que utilizar solo efectivo, en este tipo de acciones, ya es un primer indicio;
indicio que tiene que ser desmentido por la persona a la que se le imputa en el delito de
lavado de activos. La carga de la prueba está en el imputado, no en el Estado. La carga
de la prueba está en el Estado, dijo aquí el abogado; no es así, sino en el imputado. El
indicio o la sospecha tienen que desvirtuarse con documentos; pero resulta que no hay
documento alguno.
Todas estas cosas lo único que hacen es dar certeza de que aquí ha habido una
simulación descomunal y también nos hace creer que hasta el personal de seguridad, o
sea la policía que se nos asigna, va a hacer gestiones por una empresa que tiene mi
apellido y yo no sé nada. Entonces, soy un ingenuo, condénenme porque no supe nada.
¿Qué clase de congresista es ese que ni siquiera puede ver que el íntegro de su personal
y los miembros de su seguridad están haciendo gestiones para la empresa que tiene su
apellido?
Refiero estos hechos solamente para darle contenido a mi intervención; ya todos tenemos
posiciones tomadas, salvo que haya uno o dos congresistas que todavía estén pensando
de acuerdo con los argumentos. Pero no nos engañemos: hay consigna de este lado y
van a tratar de limpiar de todas maneras a quien representa un voto; no les interesa al
congresista Reynaga sino el voto de él que se marca ahí.
Asuman la responsabilidad de lo que hacen después; asuman la responsabilidad, porque
eso se llama complicidad y ese tipo de situaciones tiene un costo político. Ahora que
vienen hablando de que van a disolver el Congreso, de que van a pechar a los
180
congresistas, de que va a haber elección de nuevo Congreso, ahí los quiero ver; repito,
ahí los quiero ver.
Gracias.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Fredy Otárola.
El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Me pide una interrupción la congresista
Anicama.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista
Anicama.
La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— ¿Las dos interrupciones, me permite?
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Haga uso de las dos
interrupciones, congresista Anicama.
La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Presidenta, estamos como políticos en este
hemiciclo, gracias al pueblo que nos dio su voto. Acá se ven temas políticos. El partido
aprista ¿de qué período viene? Es el más antaño de los partidos; sus argumentos son
políticos, pero el pueblo ya sabe de dónde viene. A nadie va a confundir. Acá hay
intereses políticos creados. El representante de ese partido está hablando de un voto.
¿Tanto miedo le da un voto si fuera así? Lamentablemente viene aquí con su consigna.
Como dice el dicho: no escupas al cielo porque te va a caer en la cara.
Lamentablemente eso se maneja acá: sanciones encaprichadas por consignas políticas;
claro, tumbar al que no le conviene que figure porque está haciendo bien su trabajo,
porque no tiene una concesión que está respaldando sus intereses creados, lobbies...
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Gracias, congresista.
Continúe, congresista Otárola.
El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— El congresista Rivas también me ha pedido
una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Rivas.
El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— Presidenta, se ha recordado que hay un expresidente
que está condenado por autoría mediata; pero, ese caso pasó por el Poder Judicial. En el
caso que estamos viendo acá, hay una resolución del Ministerio Público firmada por el
doctor Pablo Sánchez Velarde que dice: “No ha lugar a formular denuncia
constitucional”. Entonces, ahí ya hay un pronunciamiento judicial. Es verdad que hay un
aspecto político. Yo recuerdo a un colega que le dijo “payaso” a un juez cuando emitió
una opinión; pero, cuando el Poder Judicial resolvió en una situación en el que también
intervino la Comisión de Ética, ese colega cambió diametralmente su postura; o sea, eso
181
ya lo sabemos y lo conocemos. ¿Hay que respetar el debido proceso? Sí. ¿Es un fuero
político? Sí. ¿Se va a definir por votos? También. Pero tratar de desvirtuar una imputación
sobre otra, bueno, también ya sabemos y ya nos conocemos.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Inicie su intervención, congresista
Otárola.
El señor OTÁROLA PEÑARANDA (NGP).— Presidente, a confesión de parte, relevo de
prueba. Han dicho claramente que les interesa quitarnos un voto; ¿y por quitarnos un
voto van a sancionar a un congresista?, ¿se pueden afectar tanto los derechos humanos
por un voto?, ¿se puede convertir culpable a un inocente por un voto?
Y han dicho también que no había recibo por la transferencia. Pregunto si esa
transferencia le incumbe al congresista Reynaga cuando él había renunciado un año
antes. Estrictamente no había necesidad de recibo alguno, porque es una transferencia de
acciones; la transferencia de acciones no se materializa con recibos sino con la
inscripción de la transferencia en el Libro matrícula de acciones. ¿Para qué un recibo? Se
esgrime que hay un poder. Pregunto qué tiene que ver el congresista Reynaga con el
poder cuando él no lo otorgó. Él no puede asumir la responsabilidad del hecho. ¿O
quieren aplicarle al congresista Reynaga la autoría mediata por el dominio del hecho que
podía tener de su oficina? Eso no me parece correcto y va contra la prédica que dio
durante mucho tiempo la bancada fujimorista.
Adicionalmente, decían que la empresa se llama “Reynaga”. Pero recordemos que esta
empresa se formó mucho antes de que el señor Reynaga sea congresista. Cuando asumió
el cargo de congresista, renunció a la empresa y eso está demostrado. Se dice que se
presume que no renunció. Pero cuando se va a sancionar, no basta la presunción; hay
que demostrarlo fehacientemente, porque si no fuera así se estarían violando los derechos
humanos fundamentales.
En conclusión, quieren que tengamos un voto menos. Es verdad, cuando se trata de la
dignidad de las personas, poco importan los votos y poco importa la Mesa Directiva, con
el respeto que me merece este Congreso de la República.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Congresista Jhon Reynaga,
puede hacer una precisión.
El señor REYNAGA SOTO (NGP).— Presidenta, había una pregunta del congresista
Yonhy Lescano sobre el incremento.
Lo que sí quiero señalar es que yo me desvinculé de la empresa de manera total con
documentos fehacientes, en junio de 2011. Antes, en junio de 2009, laboralmente ya no
tenía vínculo alguno. Después del 2009 al 2011, estaba unido a la empresa en papeles.
Producto de ello, se ha probado que, en el 2010, cuando hubo incremento de capitales,
mi hermano Cándido me deposita 150 mil soles. Al día siguiente ese monto lo retiro y lo
vuelvo a depositar a su cuenta porque así lo exigía la notaría.
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Sobre el incremento señalado por el congresista Yonhy, tengo referencia de que este
Gobierno ha ampliado a todos los departamentos del Perú el programa Techo Propio con
mayor presupuesto y mayor cantidad de bonos.
Presidenta, el presidente de la Comisión de Ética, en su conferencia de prensa, señaló
que, como un récord, ya tiene 14 casos con informe, que ahora hay cinco casos más, lo
que haría un total de 19 casos. Recuerdo que cuando se tocaba mi caso, adelantó
opinión señalándome culpable, cuando yo no había presentado aún documentos ni
descargo alguno. Por ello pedí con documento que el señor Lay se retire del cargo de
presidente de la Comisión de Ética. Entonces, no es ético adelantar opinión, en su
conferencia, y decir que para su récord va a haber 19 casos.
También señaló que hay cinco casos más que están aprobados casi por unanimidad. Al
respecto, debo señalar puntualmente que, en mi caso, la decisión ha sido adoptada por
mayoría por un voto más, no por unanimidad. Ahí también ha mentido el presidente de la
Comisión de Ética en su conferencia.
El congresista Juan Díaz señala que los trabajadores tenían mi consentimiento para hacer
trámites. Voy a detallar caso por caso.
Hay una carta pública de la actual gerente de la empresa constructora Nora Escobar, a
quien nunca la he visto en mi vida; es cuñada de mi hermano; recién la he visto en la
Comisión de Ética, aunque no he cruzado palabra alguna con ella. Esta persona indica
que el señor Julio Dianderas no es trabajador de la empresa constructora y que se le
solicitó favores para que presente documentos ante el Fondo Mivivienda y que nunca me
comunicaron ni solicitaron mi consentimiento. Inicialmente fue por una vez, pero después
tengo conocimiento, por el señor Cándido Reynaga, de que ese trabajador se ofreció
voluntariamente, muy comedido.
Hay una carta notarial del señor Julio Dianderas a la Comisión de Ética en la que precisa
que trabajó en mi Despacho, que no ha tenido vínculo laboral alguno con la empresa,
que, por amistad con Cándido Reynaga, ocasionalmente lo apoyó para dejar
documentos al Fondo Mivivienda, que hizo eso en horario que no perjudicaba sus
actividades en el Congreso y que no solicitó mi consentimiento.
Hay también otra carta legalizada de James Cáceres dirigida a la Comisión de Ética, la
cual no está señalada en el informe. Dice que el señor que llevó el documento, a solicitud
de Julio Dianderas, no trabajaba en el Congreso de la República; era una persona
desempleada. Así hay varios documentos, citados a medias tintas.
La carta de Richard Tello, que es un auxiliar, dirigida a la Comisión de Ética, señala que
fue a dejar documentos en dos oportunidades por delegación de Julio Dianderas al
Fondo Mivivienda.
La carta de Cándido Reynaga, en la que él señala a la Comisión de Ética que encargó a
Julio Dianderas para que dejase documentos en el Fondo Mivivienda y que tiene
conocimiento de que Julio Dianderas delegó a Richard, James, Freddy y Haydée, para
que también hagan lo mismo.
183
Otra carta con firma legalizada del efectivo Jorge Lara dirigida a la Comisión de Ética, en
la que señala que él acudió por encargo de Cándido Reynaga; que yo no tenía
conocimiento alguno de ese hecho; es más, que lo hacía en sus días de franco, en
algunas ocasiones o cuando pedía permiso para entregar su parte diario a sus superiores,
y que conoce a Cándido Reynaga mucho tiempo antes ya que el hermano de este
efectivo policial ha estudiado educación superior con Cándido Reynaga; que nunca fue
citado para declarar sobre ese hecho; que estuvo en la última sesión de la Comisión de
Ética totalmente indignado por las cosas que se dijeron.
Hubo dos efectivos, a los cuales les he cursado una carta notarial para que respondan.
Conozco a uno de los efectivos, el que desde años atrás le alquila la casa a mi señora
madre. Él fue quien llevó también documentos durante algunos días que estuvo de franco
y algunos otros días cuando estuvo de servicio; señala que Cándido le pidió que no me
dijera a mí porque me iba a molestar ya que teníamos problemas como arquitectos e
ingenieros en vista de que ellos no podían trabajar con los municipios ni con los
gobiernos regionales, tal como lo hacían antes.
El otro efectivo policial me dijo verbalmente que solo una vez llevó documentos en hora
del almuerzo; que fue Julio Dianderas quien le suplicó que llevara un documento; que
nunca me informó sobre ese hecho; recién me lo dijo cuando me enteré por la Comisión
de Ética.
Producto de este documento, desisto de mis resguardos policiales, por lo que no tengo
los policías que por ley me corresponden ante esta inseguridad que vivimos en Lima. Ya
más de medio año estoy sin resguardos; he adaptado mi carro a la mano, me amarro
con el cinturón para tener la estabilidad y cumplo mis funciones.
En mi caso, el debido proceso se ha violado, no se les ha preguntado a los trabajadores
del Fondo MiVivienda, como sí lo ha hecho la Fiscalía.
Hablan de la carta poder. Al respecto, ya lo señaló muy bien el congresista Otárola. Yo
nada tengo que ver con esa señora que firmó, no la conozco; eso ocurrió ya cuando yo
ya había transferido mis acciones.
El congresista Juan Díaz deduce que yo he dado órdenes a estas personas; pero no tiene
prueba concreta alguna. Se habla de peculado, pero no es por los pasajes que van a
Puno; en todo caso, a todos los candidatos hay que financiarles para que hagan
proselitismo los alcaldes y regidores.
El congresista Mauricio Mulder tiene un tema personal contra mí. Al inicio, cuando
empecé en esta gestión, yo le increpé, porque había periodistas valientes que sacaron
reportes periodísticos acerca de la ley del perro muerto, por medio del cual se condonaba
a gente adinerada so pretexto de era de extrema pobreza. Producto de ello, colapsó el
Banco de Materiales, que era el banco de los pobres. No conforme de ello, que acá me
increpó, me dijo que retirara la palabra. Cuando fui a tomar un mate en la Sala
Mariátegui, él vino a amedrentarme, diciéndome: “que tienes tú conmigo”, “por qué me
tienes que señalar”. Él sí puede decir lo que siempre dice, porque está protegido por los
medios de comunicación; en cambio, a nosotros nos ajustan, no a ellos; lo ancho para
184
ellos. Él puede decir incongruencias. ¿Por qué no habla del debido proceso? Cuando le
conviene lo habla; pero, en este caso, no le interesa. Le interesan los votos, no las
personas.
La señora Nora Escobar señala que no la conozco, es cuñada de mi hermano que es
parte de esa empresa, con documentos ha sustentado en la fiscalía, igual que la otra
señora Gady Rojas, que ambas tienen sus casas, sus edificios y que viven de rentas, al
margen que una tiene su trabajo de profesional de la salud y la otra señora es obstetra y
trabaja en el Minsa, tengo referencia.
Yo reitero que acá no se trata del voto para elegir la Mesa Directiva. ¿Hasta cuándo
vamos a seguir con ese sistema que solo defiende el poder económico? Yo pido que se
interesen también de las personas, de sus derechos, de la familia, del trabajo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Hugo Carrillo.
El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Presidenta, una de las personas que vino con
ganas de escuchar —y que el congresista ducho nos ha dicho que debe haber una o dos
personas que no han definido su voto— soy yo. Porque efectivamente no estoy dispuesto
a seguir con la pantomima; no estoy dispuesto a tener un Congreso que protege el
otoronguismo; no estoy dispuesto a tener un Congreso que protege a gente que ha hecho
negocio con la carne humana. Sin embargo, criticamos los asuntos débiles.
El señor presidente de la Comisión de Ética nos ha dicho que su caso ha sido archivado;
bueno, no sé si le habrán contado al presidente de la Comisión que este caso en debate
también ha sido archivado en la fiscalía; no sé si se habrá enterado.
El congresista ducho dice que acá las decisiones constituyen un tema político porque se
necesita de ese voto. ¡Ay! ¡Qué hubiera sido...! ¡Habrá besado a los mil santos el doctor
Alan García Pérez! Porque si le tocaba la presidencia de la megacomisión al señor Lay,
¡ayayay! Recordemos que, primero, el señor Alan García Pérez dijo que Facundo
Chinguel era un hombre totalmente tranquilo y probo, pueblo-pueblo. Pero, después, se
desdijo. Dijo que eso lo había dicho sin que supiera que la Comisión le estaba
preguntando sobre ese tema. Entones, el señor Lay —aceptando la primera versión, no la
segunda de Alan García—le hubiera castigado; le hubiera llevado seguramente al mismo
templo y le hubiera echado látigo con verga de tres niveles. Eso es lo que quería. Claro,
en el caso en debate, como dice el congresista ducho, una vara para mis amigos; otra
vara para los otros, castigándolos porque estos van a votar para la próxima Mesa
Directiva. Eso es.
Con todo gusto, doy la interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir la congresista
Salgado.
La señora SALGADO RUBIANES (GPFP).— Presidenta, no pensaba intervenir, pero el
colega me ha dado la oportunidad para recordarle —cuando él habla de que para mis
amigos hay una vara; y, para mis enemigos, otra— un caso: la congresista Martha
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Chávez, por menos indicios, fue castigada por 120 días. ¿Ustedes no recuerdan que para
sus enemigos se pusieron muy bravos cuando no había falta ética alguna? ¡Por favor!
Aquí, en este caso, hay pruebas de sobra.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Carrillo.
El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— Me solicita otra interrupción el congresista Rivas.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Rivas.
El señor RIVAS TEIXEIRA (NGP).— La sanción que le fue impuesta a la citada congresista
la hizo el Pleno del Congreso. Hoy estamos aún en debate, no hay sanción todavía. Hay
que ser objetivos, querida colega.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Carrillo.
El señor CARRILLO CAVERO (NGP).— El señor presidente de la Comisión de Ética al ser
preguntado si había hecho la consulta respectiva con los trabajadores, dijo que se les
había cursado invitaciones pero que no han venido ellos. En el siguiente caso, dice que al
que vino dos veces, solo le aceptaron su primera versión, no la segunda. ¿Y por qué?,
¿porque usted lo dijo?, ¿porque el señor es el jefe de la misión?
En el caso Alan García, sí vale su segunda declaración, no vale la primera versión del
amigo del señor Chinguel; repito, no vale eso.
En el caso Reynaga, vale lo primero que dijo el trabajador, no lo segundo, porque a
usted se le ocurrió. ¿Y por qué?, ¿por qué no demuestra que sí tiene validez solo la
primera intervención?, ¿en qué juzgado vale solamente lo primero que se dijo?, ¿en qué
parte del planeta?, ¿en qué parte del mundo? Francamente no entiendo. Porque estamos
juzgando asuntos que finalmente la misma Fiscalía ha dicho: “No ha lugar”, porque
resulta que esa empresa no tiene negocios con el Estado desde el año 2007. ¿Qué
estamos juzgando?, ¿qué estamos discutiendo?, ¿cuál es el tema?, ¿cuál es el negocio?
Claro, a los que sí hicieron negocios probados y discutidos con el Estado se les salvó. No
hay problema alguno porque hubo acuerdo, porque hubo pacto; eso es lo que hubo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra la congresista
Julia Teves.
La señora TEVES QUISPE (NGP).— Presidenta, hemos escuchado detenidamente la
exposición del ámbito jurídico y se ha demostrado que no hay responsabilidad alguna de
parte del congresista Jhon Reynaga. Esperemos ser justos en el momento de tomar la
decisión; que no haya la convicción de estar mirando a la bancada Nacionalista con
tanto miedo.
Nosotros solicitamos que se proceda a la votación, porque no se han presentado las
notificaciones de los tres miembros de la Policía Nacional. Pido que nos las proporcionen.
186
No habiéndose encontrado absolutamente nada, según la fiscalía, solicito que se someta
a votación el informe. Hagamos un trabajo sincero, serio y responsable, no dirigido.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Heriberto Benítez.
El señor BENÍTEZ RIVAS.— Presidenta, no pensaba intervenir en este debate, pero
después de escuchar al colega Mauricio Mulder se ha generado una preocupación. El
congresista Mulder ha dicho que la bancada nacionalista defiende al congresista Reynaga
porque le interesa tener un voto más para que los ayude en determinados temas. Si esa
es la lógica, quiere decir que a la bancada de la oposición le interesa sacar al congresista
Reynaga para que la bancada nacionalista tenga uno menos. Quiere decir que aquí se
está viendo un cálculo político: por un lado, yo te saco uno para que tengas menos; y,
por otro lado, yo defiendo a uno para tener más.
Pregunto dónde queda el tema ético, dónde quedan los hechos, dónde queda el análisis
de lo que ocurrió, dónde queda el informe del Ministerio Público, que es el titular de la
acción penal y defensor de la legalidad y que ha investigado los hechos. Presidenta, el
Ministerio Púbico ha investigado hechos y ha tenido a la mano, tal como se aprecia de su
propia resolución, la documentación de la Comisión de Ética Parlamentaria, porque esta
le ha enviado los testimonios al fiscal. El fiscal, que los ha evaluado, los ha revisado, los
ha leído, los ha analizado, ha dicho que acá no hay responsabilidad, que acá pueda ser
que haya terceros que intervinieron, pero que la participación del congresista Reynaga no
está comprobada; y el Fiscal de la Nación ha decidido archivar el caso.
Si el titular de la acción penal y defensor de la legalidad dice que no hay participación de
un congresista en ciertos hechos, pregunto dónde puede nacer la responsabilidad ética
del congresista Reynaga que no ha participado en los hechos. Porque la Comisión de
Ética Parlamentaria valora hechos y a base de eso llega a una conclusión ética.
Se habla de hechos, no de delitos. No decimos si es asociación ilícita, si es tráfico de
influencias o si es otro delito, no, de eso no se habla. Se habla de hechos y los hechos
analizados por el Fiscal de la Nación demuestran que no hay participación del
congresista. Entonces, ¿dónde está la falta ética, si el no participó en los hechos, si en los
hechos participaron terceros? Actuaron trabajadores, hubo visitas y hubo policías que
dicen que fueron a hacer gestiones; pero el Fiscal de la Nación ha dicho que esas visitas
no demuestran que haya responsabilidad en el congresista. Entonces, ¿de qué
hablamos?, ¿por qué estamos acá discutiendo de algo que no se ha probado?
Evidentemente, la Comisión de Ética ha recabado documentos, tiene algunos testimonios
y ha valorado hechos de conducta de terceros; pero con eso no se le puede imputar
responsabilidad a otro. Aquí se está viendo que hay un cálculo político. Si nosotros vamos
a trabajar a base de cálculos políticos, estamos yendo mal, porque acá tenemos que
valorar el tema ético, eso es evidente.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene tiempo adicional,
congresista Benítez.
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El señor BENÍTEZ RIVAS.— Presidenta, al grupo de Fuerza Popular le preocupa acá —
porque ellos quieren, se nota— sacar a uno, a dos, a tres, a cuatro o a cinco
congresistas, para decirse a sí mismo: podemos capturar la presidencia del Congreso.
¡Qué fácil!, ¿no? A través de una aritmética equivocada, sin el debido proceso y sin
garantías, los integrantes de Fuerza Popular quieren disminuir cinco congresistas para
capturar el poder. ¡Qué fácil!, ¿no? Una cosa similar a un golpe de Estado, porque están
acostumbrados a ello, porque tienen el espíritu de atropellar los derechos humanos; es
algo que caracteriza al movimiento Fuerza Popular; eso lo lleva en la sangre, lo lleva en
el espíritu. La dictadura, el golpe, la fuerza, el atropello, la violación de derechos
humanos y la corrupción están en su espíritu y no pueden controlarlo. Eso lo están
demostrando ahora ustedes. Se les sale la intolerancia, la falta de permitir debate; se les
escapa el espíritu.
Imagínense cómo sería el Perú si fueran Gobierno ustedes. Sería volver a los años de la
década del 90, para atravesar otra vez todo lo que hemos sufrido. Todo lo que hemos
sido pisoteados en nuestros derechos humanos no se justifica; no podemos permitir esa
clase de abusos.
Es más, en este Pleno, hay congresistas que han hablado, entre otros temas, del debido
proceso; han dicho hay que respetar el debido proceso, hay que cumplir la sentencia del
Tribunal Constitucional, hay que respetar lo que dice el fiscal de la Nación. Y ahora no
quieren respetar nada; ahora no les interesan los descargos, no les interesan los testigos,
no les interesa si se notificó a la parte denunciada o no, no les interesa analizar qué
ocurrió. No. Ahora piden poner al voto; sí, hay que sacar a cinco congresistas; no les
interesa nada.
Eso se está demostrando ahora y esto tiene que constar en el acta, para que en el futuro
sepamos quiénes aspiran a llegar al poder y bajo qué lema, bajo qué espíritu y bajo qué
objetivo. Eso es lo que nos dicen hoy quiénes tienen la verdadera inconducta funcional,
quiénes realmente no creen en la ética parlamentaria y buscan solo restar para capturar
el poder; esa es la verdad.
Digo esto porque lo estoy viendo y porque durante 10 años de lucha contra el
fujimorismo los he conocido por dentro y de por fuera. Porque he visto cómo actúan,
cómo pisotean los derechos humanos, cómo arrollan los derechos fundamentales, cómo
atropellaron la Constitución Política y ahora quieren volver a hacer eso; así es. Así siguen
interrumpiendo, son intolerantes, están gritando, como lo hicieron antes varias veces en el
hemiciclo, dictando leyes en la madrugada, entre gallos y medianoche, así nos tenían
acostumbrados; claro, porque no tenían Comisión de Ética hacían lo que les daba la
gana y al que era enemigo de ellos lo sacaban del Congreso o lo denunciaban y lo
metían preso. ¡Qué fácil!
Pero eso se acabó, porque ahora la democracia y las fuerzas democráticas tienen que
luchar contra ese enemigo de la democracia, contra esos que quieren capturar el poder,
contra esos que saben solo restar con una mala aritmética. Pero, no importa. La historia
dirá quiénes tienen la razón y ella, en su momento, sabrá quiénes actuaron bien y quieren
actuaron mal. Esos que piden que pasemos al voto es porque no tienen argumentos,
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porque no saben qué decir, porque tienen un espíritu dictatorial y llevan en la sangre eso:
el golpe y la destrucción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, tiene la palabra el
congresista Mauricio Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, estamos asistiendo no a la intervención
que se acaba de escuchar, que es penosa y vergonzosa, sino a los aplausos entusiastas
de la bancada nacionalista y a un acto en el que la comisión Orellana —no ha venido
acá el congresista Zeballos— tendrá que anotar en sus investigaciones. Porque la
persona que ha hecho uso de la palabra no solamente tiene un caso de ética —o sea, él
no está hablando por contenido ideológico ni político, está hablando por su pellejo—
sino que tiene también un pedido de levantamiento de inmunidad de la Corte Suprema. Y
porque sabe que esa bancada que lo aplaude ahora —que es cómplice de la mafia del
señor Orellana Rengifo y del señor Álvarez, presos ambos— va a votar por quien acaba
de hacer uso de la palabra. ¿Por qué? Porque vota con el gobierno. Mire lo que dice hoy
el señor Álvarez, para dar solamente un ejemplo: “Apoyé a Humala en campaña”. Y para
que la cosa quede bien selladita, agrega lo siguiente sin que le pregunten: “También es
verdad que he apoyado con logística a mi amigo, el congresista Heriberto Benítez”.
El congresista Heriberto Benítez sabe perfectamente que cuando venga su pedido de
levantamiento de inmunidad va a depender de ustedes; y ustedes van a votar a favor de
él; es decir, ustedes se van a tener que cargar la vergüenza de tener que votar a favor de
una persona que si no fuese parlamentario estaría en el mismo penal que este señor que
ha sido presidente regional. Porque ninguna de las personas que está implicada en el
caso La Centralita está libre; y acá está el congresista Julca, que lo podrá señalar; todos
están presos. El único que está “libre” —entre comillas— es el que ha hablado acá,
porque tiene inmunidad parlamentaria, porque ya saben dónde debería estar.
Así que su juicio no merece valor político alguno; este es un foro político. Que vaya a
hablarles a los jueces, que no se corra de los jueces. Yo no me estoy corriendo de ningún
juez, y no hay aquí otro congresista que se está corriendo de un juez; él se corre de los
jueces, protegiéndose con su inmunidad. Porque se sabe que uno puede renunciar a la
inmunidad. ¿Por qué no renuncia el congresista a su inmunidad parlamentaria? A ver, si
es tan claro, tan firme, tan preciso, ¡que renuncie, pues, tal como lo hizo la congresista!
Ella renunció a su inmunidad parlamentaria. No, pues. ¡Qué va a renunciar! Se va en
cana; y a cana van los choros.
Así que, yo aclaro eso. Porque las imputaciones que hace el congresista Benítez
pretenden hacer de mi parte un cálculo político. ¿Cálculo político? Este informe se ha
hecho... ¿hace cuánto tiempo congresista Lay? Este informe tiene 10 meses, por lo
menos; pero lo han venido aguantando, y ahora lo han hecho propicio en momentos en
que hay un nivel de minoría por parte de la ex bancada mayoritaria. ¿O es culpa de la
oposición que haya habido tantas disidencias?
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Termine, congresista Mulder.
189
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— ¿O es culpa de la oposición que haya habido
tantos congresistas, que salieron elegidos con el señor Ollanta, pero que han
considerado que el señor Ollanta Humala los ha traicionado? Congresistas que salieron
con el primer programa de la gran transformación y después han ido saliendo más y más
y se han desgranado. Y que ahora no sean una bancada, ¿eso es culpa de la oposición?
¿Es culpa de la oposición que no tengan ustedes una consistencia ideológica, que no
tengan una estructura partidaria y que solamente obedezcan a este tipo de intereses?, ¿a
proteger mafias?, ¿eso es culpa de la oposición?
¡No hay cálculos políticos! ¡Son hechos! Y, como bien se ha dicho, los hechos se
analizan; no se analizan solo fácticamente; se aplica el Derecho. Es bien claro que lo que
se está aplicando aquí es una norma del Código de Ética Parlamentaria.
Esa norma no está en el Código Penal. No es delito, porque no está en el Código Penal,
hacer gestiones por terceros. En ningún artículo del Código Penal dice que el congresista
que mande hacer a terceros gestiones personales será condenado a tal pena. No es
delito; pero sí es una falta ética. Sí es una falta ética. O sea, este tema no tiene nada que
ver con el derecho penal. Si fuésemos jueces, seguramente sería absuelto el congresista
Reynaga. Este es un tema ético. ¿O ustedes creen que es válido que los empleados que
uno tiene, el personal de seguridad que uno tiene, vayan a hacer gestiones por una
empresa que es de uno, en realidad, que lleva su apellido? ¡No, pues! ¡No nos
engañemos!
Porque si no es así, entonces empiecen a decir qué empresas tienen ustedes, cuántas
acciones de contratos tienen con el Estado, empiecen a decirlas, pues. Porque si no pasa
nada, transparenten, digan, a ver cuántos de ustedes lo harían. Yo estoy seguro de que la
mayoría no lo hace, porque tiene remilgos éticos, tiene escrúpulos la mayoría de ustedes.
Estoy seguro de que tienen escrúpulos. No digo que no tienen escrúpulos. Miren, ustedes
entienden al revés; o sea, ya, francamente... Estoy diciendo que tienen escrúpulos y
ustedes entienden al revés, dicen que estoy diciendo que son inescrupulosos; o sea, ya, el
nivel de entendimiento es... Muchos de ustedes tienen escrúpulos, no lo harían; pero
están protegiendo a uno que lo ha hecho; asuman esa responsabilidad.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, tiene la palabra el
congresista Heriberto Benítez.
El señor BENÍTEZ RIVAS.— Presidenta, el congresista que me ha antecedido en el uso de
la palabra, muy elegantemente ha dicho que hay que investigar el tema Orellana. Sí, a
Orellana, ¡aquel que fue candidato al partido aprista peruano! Sí, a ese Orellana hay
que investigarlo, ¡al candidato del partido aprista peruano, que es el mismo partido que
llevó de candidato a la mamá de Gerald Oropeza, invitada por la alta dirigencia del
Apra en una lista que encabezaba Mauricio Mulder! ¡Mulder llevaba el 1; y la mamá de
Oropeza, el 17!
Yo pregunto si sabía Mulder quién era ella, si sabe Mauricio Mulder quién la invitó a
participar, si sabe Mauricio Mulder que eso lo decide la alta dirigencia y la alta dirigencia
es Alan García, si sabe Mauricio Mulder que las investigaciones también pueden llevar a
190
la cárcel a Alan García, si sabe Mauricio Mulder que las investigaciones de Alan García
lo pueden inhabilitar para postular a la presidencia de la República por haberle
conmutado la pena a condenados por tráfico de drogas y por haber puesto
narcotraficantes en la calle. ¿Sabe el señor Mulder?
Sí sabe y, por eso, ahora comienza a hablar, para tratar de desviar el tema. Porque ellos
saben quién presentó el pedido de investigación de los narcoindultos en el Congreso y
adónde quieren llegar. Entonces, las cosas tienen que decirse claramente. Si queremos
investigar, investiguemos todo.
Aquí no se trata de que uno busque la inmunidad para protegerse. El señor García
también busca sus jueces para que lo protejan. Entonces, aquí no se trata de lanzar
infundios ni de lanzar difamaciones ni ataques bajos a las personas. Las investigaciones
hay que hacerlas. ¿Hay que investigar el caso Orellana? Claro, hay que investigarlo y a
fondo. ¿El caso Álvarez y Áncash hay que investigarlo? Por supuesto, hay que investigarlo;
y yo soy el más interesado en que se investigue. También hay que investigar el caso Alan
García hasta el último: ver las conmutaciones de pena, la lista de candidatos, Oropeza,
Facundo, narcotráfico; también esas cosas hay que investigarlas.
Y, ojo, la lista la encabezaba Mauricio Mulder. ¿No sabía quiénes lo acompañaban en la
lista? De repente no lo sabía, pues; de repente.
Así como Jhon Reynaga no sabe lo que hacen sus trabajadores, así también Mulder no
sabe quiénes lo acompañan en la lista ni qué hacen. ¡No sabe, pues! No tiene por qué
saberlo. Invitaron a esa otra candidata y él no tiene por qué saber quién la invita, no tiene
por qué saber. A él le dieron el número 1 y punto. No sabía quiénes estaban en la lista;
así es. La lógica nos lleva a eso, los hechos están ahí. Pero, ¿también puedo decir yo que
eso es una falta ética? ¡Y él era congresista que iba a la reelección! A él sí podrían
aplicarle el Código de Ética Parlamentaria y, además, es miembro de la Comisión de
Ética. Doble agravante: miembro de la Comisión de Ética y candidato a la reelección;
pero no sabe quién lo acompañaba en la lista.
¿Qué? ¿Hizo su campaña en un Porsche?, ¿en un Audi?, ¿en un Ferrari?, ¿en un Ferrari
repartían volantes?, ¿así era? Había un Ferrari para que voten por él. ¿Esa era la
propaganda?, ¿dónde está la ética? A ver, ¿por qué ahí la Comisión de Ética no
investiga?
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por alusión, puede intervenir el
congresista Mauricio Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, quien acaba de hablar... Señalo antes
que yo he hecho una intervención parlamentaria y, luego, el congresista hizo uso de la
palabra aludiéndome y yo le contesté. Al contestar yo, usted, Presidenta, ha conceptuado
eso como una alusión de mi parte y le vuelve a dar el uso de la palabra a él. Por eso, me
la va a tener que volver a dar a mí y ya me la dio. Yo ahora voy a aludirlo a él y eso no
significa que él vuelva a tener el uso de palabra, porque si fuera así nunca vamos a
acabar. Aquí hay réplica y dúplica, nada más. Y yo no he sido el primero en nombrarlo;
él es el que se ha metido primero conmigo.
191
Quiero decir, en primer lugar, que quien acaba de hacer uso de la palabra es una
persona imputada por el Poder Judicial como un protodelincuente. Tiene una imputación
por integrar una asociación ilícita para delinquir, y ese es un delito grave. Él lo ha dicho
en las épocas en que pensaba que este tema podía diluirlo y, por supuesto, conversaba
con cada uno de nosotros, se acercaba a las mesas, hacía patería, y todo ese tema, para
que lo apoyáramos. “Yo, sabes, que si estas cosas pasan, yo voy a ir preso”, decía; esa
es su responsabilidad, pues. ¿Para qué se mete a hacer ese tipo de cosas?, ¿para que se
mete a publicar sus avisos en el diario del señor Martín Belaunde Lossio? Porque con esos
avisos fue elegido el señor Benítez. Entonces, no solamente está él en el tema de la mafia
del señor Orellana Rengifo, no solamente está en el tema del señor Álvarez, sino también
está el tema del señor Belaunde Lossio; y eso los hermana, pues.
Como entre mafias se están juntando, ahora creen que la única defensa es que
investiguen a Alan García, todo contra Alan García, denle Alan García, que el caso
Oropeza. ¡Ya! ¿Y eso lo hace santo a él? ¡Investiguen todo lo que quieran! Y de hecho lo
han investigado cuatro años a Alan García. ¿Y no están investigando ya el tema de
Oropeza? Sigan investigando, lo están investigando nuestros rivales políticos. Cuatro
años han investigado a Alan García, conclusión: no hay desbalance patrimonial.
Hay acusación constitucional porque firmó un decreto de urgencia. Ya. ¡Está bien, pues!
Perfecto, así ponen la cancha para nosotros. ¿Ustedes creen que eso nos va a dar miedo
y eso va a inhabilitar a Alan García? No hay imputación delictiva, ni una. En cambio, el
que ha hecho uso de la palabra está denunciado por asociación ilícita para delinquir, por
homicidio. ¿Cómo? El señor Nolasco ¿por quién fue asesinado?, ¿no fue por la mafia del
señor Álvarez, amigo del señor Benítez?
Eso de decir: “yo soy santo porque tú también cometiste pecado, que el Ferrari”, eso,
pues, son idioteces, ya somos grandes para ese tipo de cosas. El miedo puede llevar a las
personas a decir eso. Todos sabemos que aunque aquí lo blinden, ya se acaba este tema;
les queda un año; y la justicia tarda, pero llega.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Víctor Isla.
El señor ISLA ROJAS (NGP).— Presidenta, yo creo que es el momento de calmar los
ánimos, porque el congresista Mulder está hablando del presidente García, que nada
tiene que ver en este tema.
Se le quiere sancionar al congresista Reynaga por un tema ético, porque se indica que él,
aprovechando su condición de parlamentario, a través de sus trabajadores, hizo gestión
para favorecer una empresa familiar. Un parlamentario señaló que una cosa es la
investigación a nivel judicial y otra cosa es a nivel ético; sin embargo, los hechos son los
mismos.
Al respecto, yo me voy a permitir dar lectura al considerando 61 de la investigación
preliminar hecha por la Fiscalía de la Nación.
Ahí se señala: “es así que la investigación desarrollada permite concluir —la investigación
desarrollada por la fiscalía, que igual que nosotros podemos tener criterio, pero ellos son
192
la institución especializada en la investigación— que no existen elementos de convicción
que determinen la existencia de un acto concreto que pongan en evidencia que,
valiéndose de su posición privilegiada al interior de la Administración Pública, el
congresista Jhon Arquímides Reynaga Soto, indebidamente, en forma directa o indirecta,
en provecho propio o de sus familiares, se haya interesado en las gestiones realizadas por
la empresa Constructora Reynaga S.A.C., como entidad técnica ante el Fondo
Mivivienda, respecto a los Bonos Familiares Habitacionales que concedía dicha
dependencia estatal. De otro lado, no se aprecia ilicitud alguna en la transferencia de
acciones realizadas por el precitado las cuales tenía en dicha persona jurídica; y su
renuncia al cargo de subgerente de la misma y representante legal de la sucursal, que
funcionaba en Apurímac, se dio antes —y lo resalta en negrita— que asuma funciones
como congresista de la República, las mismas que se iniciaron el 27 de julio de 2011”.
El considerando 62 señala: “Si bien el congresista Jhon Arquímedes Reynaga Soto en una
oportunidad cursó un oficio al Fondo Mivivienda, esto fue a solicitud del gobernador de
la provincia de Chincheros”.
Cuando existe petición de autoridades, sean autoridades regionales, provinciales,
distritales, o, en este caso, cuando se refiere al gobernador, debo entender que era el
nombrado por el representante de la Presidencia de la República, en determinada zona,
normalmente los parlamentarios lo que hacemos es correr traslado de esta petición o de
la petición de cualquier ciudadano al Sector para quien se le solicita. Eso lo hacemos
todos. Corremos traslado para dar respuesta al interés de este ciudadano. Lo que señala
la Fiscalía de la Nación es que lo único que hizo el congresista Reynaga, en este caso, en
el programa Techo Propio, es correr traslado de la petición del gobernador de la
provincia de Chincheros, departamento de Apurímac.
Después de estos considerandos, la Fiscalía de la Nación concluye que no hay lugar a
formar denuncia constitucional. Se hace una distinción entre una investigación a nivel de
la Fiscalía de la Nación y la investigación a nivel de la Comisión de Ética; pero la
investigación de ambos niveles es sobre los mismos hechos.
La contundencia de la investigación preliminar de la fiscalía nos debe hacer mirar con
absoluta serenidad e imparcialidad la revisión también de las conclusiones de la
Comisión de Ética, en las que podemos ver, por ejemplo —y acá está el informe— que
no se toma en cuenta una carta legalizada con la posición señalada por el efectivo de la
Policía Nacional del Perú Jorge Lara. En ese documento, se señala con toda claridad que
él realizó la gestión no ha pedido del congresista Jhon Reynaga. Un documento de esa
naturaleza tiene condición de declaración jurada.
Pregunto al Pleno por qué no creer a alguien —sindicado como que habría hecho la
gestión por una persona— cuando dice que no lo hizo por tal persona. La presunción
constitucionalmente es de inocencia. Si el sindicado que hace una gestión indica con
claridad, a través de un documento, que no fue enviado por el parlamentario, ¿por qué
ese elemento no se toma en cuenta?
Les pido, colegas parlamentarios, que miremos con el respeto que se merece la
especialización de la investigación realizada por la Fiscalía. No quiero descalificar el
193
trabajo de la Comisión de Ética; pero podríamos hacer una evaluación a la luz de la
existencia de este informe preliminar de la fiscalía que habla de que no hay lugar a
formular denuncia. Porque si existen elementos de duda, no debemos sancionar a Jhon
Reynaga. Si tuviéramos la convicción, habría que sancionarlo; pero sería injusto a la luz
del resultado de una investigación preliminar realizada por el Ministerio Público.
El Parlamento es evidentemente un fuero político; pero yo pido que nuestra decisión en la
votación no sea producto de los ánimos exacerbados por la confrontación política. El
congresista Mulder, con la experiencia que tiene, al inicio de su primera intervención,
señaló, por ejemplo que si el congresista Reynaga fuese aprista o fujimorista, ya estaría
sancionado de manera inmediata. Cuando hace esa aseveración, está diciendo, contrario
sensu, que la posición de los miembros del Partido Aprista, y también señaló a la
bancada fujimorista, en una evaluación objetiva del caso en debate, también votarán en
contra del congresista Reynaga. Pero eso es, precisamente, lo que no queremos hacer
acá.
Presidenta, el congresista Mulder me pide una interrupción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Puede interrumpir el congresista
Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidenta, no es el cálculo de votos; es justamente
un informe que se ha presentado y que ha sido redactado y firmado por parlamentarios
de distintas corrientes políticas, menos por el nacionalismo.
Cuando existen hechos que determinan que no hay una falta ética, votamos por el
archivamiento, como ha sucedido con el propio caso del congresista Isla: hemos
archivado imputaciones que se hicieron contra él, incluso contra muchos otros
parlamentarios de todas las bancadas. La proporción entre lo que se archiva y lo que se
imputa es de 10 a uno. No se puede decir que cuando hay uno de estos casos que tiene
todos estos presupuestos fácticos el criterio de nuestro voto es solamente porque hace un
tiempo dijimos: “Ah, porque se trata de un nacionalista, entonces vamos a condenarlo”.
Justamente aquí se ha puesto de ejemplo el hecho de que a una parlamentaria, sin
fórmula de juicio, sin nada, por un tema de disciplina del funcionamiento del Parlamento,
se le sancionó 120 días.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— La segunda interrupción es
también para el congresista Mulder.
El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Aquí el testimonio de hechos acredita que no es
cálculo político en la Comisión. Pero, cuando se analizan esos hechos que vienen al
Pleno, ahí comienza el cálculo político, porque no les importa el análisis de los hechos
sino la militancia de la persona que están viendo. Eso es lo que estamos demostrando
aquí. Porque, reitero, yo estoy convencido de que la mayoría de los parlamentarios
nacionalistas no haría lo que ha hecho el congresista Reynaga, y estoy convencido de que
ellos in pectore saben perfectamente que lo que están haciendo es una consigna política,
no están obrando con conciencia.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Isla.
194
El señor ISLA ROJAS (NGP).— Vea usted, cuando existe un testimonio en un sentido y
luego existe otro testimonio en sentido antagónico sobre el mismo hecho, esto se
neutraliza. Como el juzgador no puede adivinar entre blanco y negro, se neutralizan entre
sí ambos testimonios; existe, entonces, una duda razonable.
En este caso, existe una duda razonable porque tenemos el informe de la Comisión de
Ética que considera que existen elementos para sancionar éticamente y también tenemos
a la mano la investigación preliminar realizada por la Fiscalía de la Nación que,
habiendo evaluado los mismos hechos y habiendo tenido en cuenta el informe de la
Comisión de Ética, dice todo lo contrario.
Presidenta, el congresista Belaunde también me pide una interrupción, por excepción.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Por excepción, puede interrumpir
el congresista Belaunde.
El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Presidenta, aquí hay una situación que debemos
tener en cuenta. Los hechos podrán ser los mismos —como dice el congresista Isla—
pero la perspectiva del juzgamiento de los hechos es distinta; eso lo ha dicho él antes,
pero no con el suficiente énfasis. Una cosa es un delito —y en esto el informe fiscal ha
decidido no acusar por un delito— y otra cosa es una falta ética. Son dos cosas distintas;
no pretendo enseñar nada a nadie. Simplemente recalco una diferencia fundamental.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Isla.
El señor ISLA ROJAS (NGP).— Bien. Yo convengo con el congresista Belaunde en que son
los mismos hechos; pero, a mi juicio, el considerando de la Fiscalía es absolutamente
contundente, no deja lugar a dudas, porque dice “permite concluir que no existen
elementos de convicción [...]”, mientras que en la Comisión de Ética, con bastante
criterio, señala: “habría incurrido [...]”; es decir, el considerando de la Fiscalía que dice
“permite concluir”, tiene más contundencia que “habría incurrido”.
Continúa diciendo la fiscalía: “permite concluir que no existen elementos de convicción
que determine la existencia de un acto concreto que ponga en evidencia que, valiéndose
de su excepción privilegiada al interior de la administración pública, el congresista
Reynaga, indebidamente, en forma directa o indirecta, en provecho propio o de sus
familiares, se haya interesado en las gestiones realizadas por la empresa”.
Por eso, yo pongo en consideración de este Pleno la existencia de estos dos elementos
expuestos. Así como los dos testimonios antagónicos se neutralizan entre sí, aquí también
existe un informe de la Comisión de Ética y otro informe de investigación preliminar de la
fiscalía que concluye que no existe elemento para formular denuncia constitucional. En
atención a eso, es cuestión de justicia rechazar el informe de la Comisión de Ética,
porque, además, no existe convicción en la Comisión de Ética de la falta ética de parte
del congresista Jhon Reynaga.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Rennán Espinoza.
195
El señor ESPINOZA ROSALES (PP).— Presidenta, es realmente una situación bastante
difícil y complicada asumir el rol, como Congreso, de impartir justicia, aun tratándose de
un tema ético, contemplado en nuestro Código, de encontrar, de hacer el esfuerzo de
juzgador y tratando de hallar, en los hechos y en los pocos elementos que existen, la
razón suficiente para encontrar la comisión de un hecho que pueda calificarse como falta
ética. Resulta complicado.
He estado escuchando posiciones como que esto resulta siendo un cálculo político,
sumatorias y restas sobre votos o no votos en lugar de permitirse un espacio de análisis
con profundidad de las cosas. Para quienes no estamos en la Comisión de Ética ni hemos
podido conocer más detalles y solo nos queda escuchar la exposición del presidente y leer
el informe, nos queda corto el tiempo, por lo que queda una duda.
El congresista Reynaga forma la empresa constructora en el año 2007, cuando
seguramente no pensaba meterse en la política el 2011; y, es posible que esté
arrepentido, porque mucho mejor le hubiera ido como empresario que como congresista.
Unos días antes de que asumiera el cargo de congresista tuvo que entregar sus acciones
a su hermano y a su sobrina. En aras de la sinceridad, él ha dicho que el dinero para
tener esas acciones se la dio su propio hermano, ni siquiera él tuvo interés ni propósito
alguno de seguir con esa empresa.
Por lo otro, esa empresa constructora no ha tenido contrato con el Estado, sino que,
como entidad técnica, hace contratos con privados, los que reciben un bono que se
beneficia a través del Fondo Mivivienda y Techo Propio.
Sobre la visitas de terceros al Fondo Mivivienda, los argumentos que presenta el informe
hacen alusión a que hay un tráfico de influencia o un interés, cuando en realidad no se
ha podido probar que haya habido un interés económico. Todos los movimientos
realizados no reflejan que el señor congresista Reynaga haya recibido sol alguno,
producto de las supuestas gestiones realizadas por terceros. Sus cuentas son incluso
transparentes, no tiene dinero. Es cierto, tal vez falta más información, como me dice
fuera del micrófono la congresista; pero ¿cómo la sabremos?
No se ha aprovechado económicamente y, por eso, en aras de tener un poco de libertad,
entregó sus acciones, las que en mi opinión no debieron ser entregadas porque tuvo su
empresa con anterioridad a su elección como congresista. Además, si no contrataba con
el Estado ¿por qué dejar esas acciones? No era su modus operandi, no era el rubro que
le servía como negocio. Igualmente, en aras de no tener mayor ligazón con su hermano y
su sobrina, hicieron la operación de entregarles las acciones a terceros, los que ya
sabemos quiénes son. Esa operación no nos interesa como tema de análisis. No estamos
investigando el lavado de activos o la negociación incompatible o alguna falta de
regulación en la sociedad mercantil. No nos interesa si se transfirieron así o asá las
acciones porque no es materia de análisis en el tema de fondo.
Esos dos argumentos del informe en debate no tienen sustento alguno. Señalar que tuvo
beneficios con la participación del congresista en la Comisión de Vivienda y Construcción
para pedir bonos familiares en el área rural, cuando su empresa nunca se dedicó ni se
dedica a trabajar con bonos rurales, no tiene sentido; no hay lógica al tratar de unir lo
196
que se dijo en la Comisión de Vivienda con algún beneficio que nunca hubo. Es
totalmente diferente.
Si se le quiere imponer una sanción de suspensión de 120 días, como recomienda la
Comisión de Ética, y si hay tres argumentos, de cuales dos no tienen fundamento ni
fuerza, resulta un poco desproporcionado los 120 días.
Sin embargo, el último argumento sí está en cuestión y a muchos nos causa duda. Se dice
que todo el personal del congresista fue a hacer trámites para la empresa. ¿Realmente
fueron a hacer trámites para que la empresa gane dinero, porque el ministerio le iba a
dar un sol? Desde mi punto de vista, y de lo poco que he leído, no es así. Fueron a
intermediar para que los beneficiarios particulares vayan a acelerar sus bonos para que le
entreguen no a la empresa sino al beneficiario particular.
Pero, igual, eso se oscurece diciendo que se está tratando de hacer un favor para terceros
con personal de su Despacho que es pagado por el Estado. Pero yo tengo una duda ahí.
¿Realmente mandó a su personal él? Es posible. Sí es posible que el congresista Reynaga
le haya dicho al policía que trabaja a su cargo que, por favor, vaya y haga tal gestión, o
que le haya ordenado que vaya a hacer tal gestión. También es posible que a todos sus
trabajadores les haya dicho: “Juancito, Pedrito y Manuelita, les ordeno que vayan a hacer
tal gestión”. Sí es posible. Pero también es posible que le hayan sacado la vuelta al
congresista y no haya dicho nada él; también es posible.
Seamos realistas, esto no se trata solamente de una presión política. ¿Es posible ambas
cosas? Sí, es posible. ¿El policía recibe una orden directa del congresista?, ¿o el policía
depende de su comando? ¿Es real o no, como se ha mencionado, que uno de los
efectivos policiales es amigo de muchos años del hermano que es el real interesado del
manejo de esta empresa? También es posible.
—Reasume la Presidencia el señor Norman David Lewis Del Alcázar.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Tiene tiempo adicional,
congresista Espinoza.
El señor ESPINOZA ROSALES (PP).— Entonces, cabe la posibilidad, Presidente, de que
haya ordenado o de que no haya ordenado; más aún, no se ha logrado recibir los
testimonios en la Comisión de Ética de todos los trabajadores, porque se les citó y estos
no asistieron. O sea, no se les escuchó. No concurrieron. No se les escuchó su versión.
¿Y, por eso, decimos que es culpable? Pero, reitero, no se les escuchó porque no fueron
o porque no quisieron ir.
Pero el que fue dio, a través de un documento, dos versiones. Yo no sé porque el
presidente de la Comisión de Ética nos dice que la primera versión vale, no la segunda.
¿Qué sucedería si en la primera versión decía: “no me ordenó nada” y si en la segunda
versión decía: “sí, el congresista me ordenó”?, ¿hubiera tenido el mismo pensamiento
lógico de decir que la primera vale, no la segunda.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Tiene tiempo adicional,
congresista Espinoza.
197
El señor ESPINOZA ROSALES (PP).— Yo me encuentro, señor Presidente, con muchas
dudas. No encuentro dentro de este informe hechos que me den a mí la convicción de
que el señor Jhon Reynaga haya enviado a su personal a hacer gestiones con un
beneficio económico para sí o para terceros, tal como lo dice claramente el invocado
artículo 3 del Código de Ética Parlamentaria. Para este Código, se entiende como “acto
de corrupción —porque el informe señala que ha cometido acto de corrupción—, el
ejercicio del poder público para obtención de un beneficio económico”; se ha
demostrado que acá no ha habido beneficio alguno; “o de otra índole”; político, de
amistad, no sé; “para sí o para terceros”; no ha ocurrido ninguno de estos supuestos.
Sinceramente no me queda claro que haya enviado a hacer gestiones para su beneficio ni
para terceros, porque el trato de la empresa no ha sido ni es con Estado; en ningún
momento ha hecho tratos con el Estado.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Tiene tiempo adicional,
congresista Espinoza.
El señor ESPINOZA ROSALES (PP).— Siendo así, Presidente, yo quiero decirle que al no
haberse escuchado a todos los involucrados en la Comisión de Ética Parlamentaria —
mientras que la Fiscalía sí logró obtener sus manifestaciones—, al no haberse encontrado
una razón clara y al haber una duda —lo que los abogados llaman duda razonable—,
no podría decir que el señor Reynaga es culpable ni que es inocente. Tengo una duda
razonable.
Por lo tanto, como cuestión previa, pido que este informe regrese a la Comisión de Ética
Parlamentaria para que concluya con todos los procesos que faltan: recibir los testimonios
de las otras personas. Con todo eso, tendríamos mayores elementos de juicio para tomar
una decisión.
No encuentro, desde mi punto de vista, inocencia ni culpabilidad; en consecuencia, como
cuestión previa, reitero, solicito que regrese este informe a la Comisión de Ética
Parlamentaria para que profundicen la investigación; más aún, cuando el presidente de la
citada Comisión ha dicho que hay nuevos testimonios y nuevos elementos.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Gracias, congresista.
Tiene la palabra el congresista Manuel Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidente, tengo sobre esta materia una
opinión singular, particular, que quisiera dejarla expresa, porque yo tengo una crítica a la
manera cómo se organiza este proceso de la llamada Comisión de Ética del Congreso.
El Congreso es ciertamente una expresión máxima de la soberanía política; y la política se
sustenta en la voluntad; por lo tanto, cuando es soberana la voluntad puede crear
circunstancias, plantear circunstancias, establecer figuras, encontrar argumentos y
convertir algo que es casual en una cosa estructural o algo que no es claro convertirlo en
oscuro, o convertir un delito en algo aceptable o algo aceptable en un delito.
198
Cuando se concentra esa acción de soberanía de la política en un Código de Ética, no
en una reglamentación jurídica, específica, no en un catálogo de delitos o en catálogo de
faltas, sino en una interpretación de lo que podría ser la ética, se llena de subjetivismo y
se llena fundamentalmente de la pugna política más inmediata: la pugna de voluntades y
de poderes. Y creo que eso debilita fundamentalmente a la institución.
Un funcionamiento en esas condiciones de una comisión de ética así entendida y así
funcionando lo que hace es que sea el tiro al blanco de cuáles congresistas comen pollo,
hacen esto u hacen lo otro, a cuáles congresistas se les encuentra una sospecha, a cuáles
otros se les encuentra algo y se dan vueltas y vueltas, se levanta la temperatura del
Congreso y ante la opinión pública ciertamente los periódicos venden más, pero el
Congreso se debilita como institución, el Congreso pierde como institución.
El próximo lunes se cumple un aniversario más del fallecimiento de Javier Diez Canseco, y
el Congreso ha dado, en una de sus comisiones, un informe que espero que en su
momento lo vea el Pleno del Congreso; y ciertamente ahí hubo una injusticia garrafal,
fundamental; espero que el Pleno del Congreso tenga la fuerza para verlo en su
momento.
Así como ese, hay otros casos en los cuales es necesario que el Congreso tenga una
evaluación disciplinaria de sus propias conductas. Cierto. Pero si eso es parte de un
debate ético sin tipificaciones, sin características de lo que son faltas, sin análisis de lo
que son faltas más graves, menos graves, y si en cada momento se tenga que interpretar
qué es una falta o qué no es una falta, entonces vamos a encontrar lo que ahora dice
muy bien el congresista Rennan Espinoza: que hay argumentos para el sí y hay
argumentos para el no; finalmente, la declaración de inocente o de responsable queda
sujeto un poco a la voluntad política del momento, de la coyuntura o de la circunstancia.
Por eso, en este caso, yo también tengo algunas convicciones, con toda la limitación de
lo que se ha informado.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Tiene tiempo adicional,
congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Es indudable, señor Presidente, que, en
este caso, no existe lo que se considera la formación de un delito tipificado en el Código
Penal; es también indudable que la formación de la empresa del congresista y el traspaso
de acciones significa, por lo informado, que se mantiene permanentemente en manos del
núcleo familiar y que ese núcleo familiar es el que maneja a la empresa; y esa empresa
tiene la modalidad de que funciona para el sector rural, aunque también para el sector
urbano: la modalidad es que el usuario es el titular del crédito, y ese usuario titular del
crédito va a contratar una empresa; pero la empresa es la que busca a los usuarios y va
donde la entidad a conseguir los créditos. Cada usuario no necesariamente va a buscar,
por su cuenta, el crédito para hacer la vivienda.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Tiene tiempo adicional,
congresista Dammert.
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El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Generalmente es una empresa que hace
su negocio de esa manera.
Como el usuario es el responsable ante la entidad Mivivienda, entonces la empresa
constructora parece que fuera algo que no tuviera que ver directamente, ¡pero es la que
organiza y hace las gestiones ante la entidad! Por eso es indudable que la dedicación de
buena parte del personal —si es que no es todo el personal— en hacer gestiones ante la
entidad tiene que ver con la permanencia de esa empresa; eso es indudable; eso no se
puede negar. Ahora, no está claro que, por eso, obtuvo mayores créditos o mayores
obras; sobre eso no se ha informado ni hay evaluación alguna.
Ciertamente que la gestión del congresista tuvo que ver, en su institucionalidad, con ese
proceso; y eso alcanza a lo que está señalado en el artículo 3 del llamado Código de
Ética, que dice: “Para los efectos del presente Código, se entiende por corrupción el
ejercicio del poder público para obtención de un beneficio económico o de otra índole —
no necesariamente económico—, sea para sí o a favor de un tercero”; y, para que
alcance eso, tendría que haber una prueba específica que no se ha presentado.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Tiene tiempo adicional,
congresista Dammert.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Se dice que hay elementos; y ciertamente
uno puede sospechar; se puede entender que, de repente, los hay.
Pero, en cualquiera de los casos, hay una irregularidad. Esa irregularidad no está
tipificada ni como falta ni como delito, porque está considerada como una evaluación
ética del Congreso; está dejada a la evaluación ética abstracta de la correlación política
del Congreso; y, por eso, es que este debate termina con el congresista Mulder y otro
congresista discutiendo si son parte de dos mafias distintas que se están peleando; y
también está la discusión general de ver quién golpea más a un grupo o a otro grupo.
Pero sobre el caso mismo en debate es un tema que termina sin ser adecuadamente
expresado.
Quiero terminar con esto, yo creo que, tomando la experiencia de la Comisión de Ética y
su funcionamiento y de estos casos, el Congreso debería reevaluar y reformular cómo
funciona la Comisión de Ética. Porque debería de haber una comisión de acusaciones
constitucionales a las cuales vayan todos los casos de congresistas, con obligación de
pronunciarse en tiempos y a base de tipificaciones de responsabilidades.
El señor PRESIDENTE (Norman David Lewis Del Alcázar).— Congresista Dammert, la
congresista Anicama le pide una interrupción.
El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Presidente, permítame terminar.
No vaya a ser que tengamos ahora un conjunto de casos de congresistas que no tienen
plazo, no tienen fin y no se resuelven. Por eso pido que se reformule el funcionamiento de
la Comisión de Ética, se cambie el sentido, se precise mejor para tener lo que debería
ser: que el Congreso tenga una Comisión que pueda sancionar no conductas en general,
sino conductas tipificadas; y, establecido el tipo de sanción, según esa tipificación, en un
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Reglamento del Congreso, pueda ser visto para resolver efectivamente si hay o no hay
sanción.
Creo que lo señalado por el congresista Rennán Espinoza tiene fundamento: aquí hay
argumentos en un sentido y también en otro sentido; y la propia Comisión debería tener
una mayor precisión para poder votar en un sentido o en otro sentido.
—Reasume la Presidencia la señora Ana María Solórzano Flores.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Tiene la palabra el congresista
Rennán Espinoza.
El señor ESPINOZA ROSALES (PP).— Presidenta, tiene razón el congresista Dammert. Sigo
pensando lo mismo; no encuentro asidero alguno para encontrar culpable al congresista
Reynaga. Sin embargo, es cierto lo que dice el congresista Dammert: no podemos estar
permanentemente con un plazo indeterminado teniendo un congresista en vilo sin saber
cuál será la decisión final. Si al final queda el sentimiento de que más es el cálculo
político que la justicia, retiro mi cuestión previa para proceder a la votación del tema de
fondo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Vamos a darle la palabra al
congresista Gutiérrez.
Pero antes, vamos a saludar al congresista y vocero de la bancada nacionalista Josué
Gutiérrez, que celebra hoy viernes 1 de mayo su cumpleaños. (Aplausos). El próximo
martes 5 de mayo celebra su cumpleaños el congresista y ex presidente del Congreso
Freddy Otárola. (Aplausos). Igualmente, el próximo martes 5 de mayo también celebra su
cumpleaños el congresista Leonardo Inga. (Aplausos).
La Mesa Directiva quiere expresar sus cordiales y sinceras felicitaciones a todos los
trabajadores de nuestro país y de manera especial a los trabajadores de nuestro
Congreso de la República y a los congresistas, con motivo de celebrar hoy 1 de mayo el
Día del Trabajo. (Aplausos).
Puede intervenir el congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, siendo el último orador y
entendiéndose que mi persona está de cumpleaños, les pido un poquito de tolerancia; es
el mejor regalo que me pueden dar. No pretendo ser lesivo al interés natural que tiene la
Comisión de Ética, tampoco pretendo con mis palabras agraviar o injuriar a nadie.
Estoy profundamente preocupado, porque el caso materia de debate terminaría
preguntando si la Comisión de Ética tiene el interés de sancionar a un congresista por la
calificación de una falta ética, aun cuando es inocente. Esa pregunta cala en la
conciencia de cada uno. Porque, por más que haya directivas, por más que haya
estrategias ya definidas, para reducir cuantitativamente el número de integrantes hábiles
en la votación parlamentaria por parte de nuestra bancada, queda en la conciencia de
cada uno el esgrimir un voto que ojalá sea el que se adecúe más al criterio de
conciencia.
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¿O, como dijo un parlamentario, será que detrás de esto ya hay un cálculo
eminentemente político? Si fuera así, se ha desnaturalizado profundamente el rol que
cumple una Comisión.
Presidenta, permítame, por su intermedio, indicarle al presidente de la Comisión, el señor
Lay, a quien le tengo muchísimo aprecio, que en el curso de su dirección, ya hace
bastante tiempo, alguna vez han utilizado esta Comisión para fines que exprofesamente
hoy se han advertido y se han dicho: que la finalidad no es la ética, sino que la finalidad
es mermar o restar a una bancada. Y eso sí me duele; eso trasciende más allá de lo que
normalmente debe ser nuestro comportamiento de calificación, si hay un elemento para
sancionar a uno de nuestros colegas. En el curso de la exposición —ya lo han dicho
muchos, pero no hay que callar—, es evidente que hay expresiones infames que
desnaturalizan la misma actuación parlamentaria de la Comisión de Ética.
Todos tienen el informe en sus manos. En la página número 18 dice con claridad cuál ha
sido el procedimiento mediante el cual el congresista Reynaga renuncia a su actividad
propia de representación y accionariado en una empresa; lo dice acá claramente; y ese
es el mecanismo que se utiliza prácticamente para desligarse de una empresa: puede ser
a título oneroso, máxime si es una empresa que produce dividendos; también puede ser a
título gratuito, de donación; y si es una empresa familiar, como así se señala,
prácticamente las donaciones sí caben; ¿por qué no si es una empresa familiar?
Por otro lado, nada se puede decir referente del dinero o la liquidez que ha sido materia
de pago de uno a otro lado, porque sencillamente son acciones; y, en el registro de
matrícula de acciones de las sociedades anónimas cerradas, basta con el traslado en el
libro; ni siquiera es un acto inscribible, ni siquiera es obligatorio elevar a una escritura,
menos certificar el tipo de pago.
Por eso, en la conclusión del informe, hay incongruencias fundamentales. Por ejemplo, se
dice: “Fundada la denuncia con relación a que el congresista Jhon Reynaga Soto habría
incurrido en conflicto de intereses”.
Después de una evaluación, si bien esto no es una sentencia, acá tiene que haber una
calificación clara; no podría ser “habría”, sino la convicción plena. Pero, como el
presidente de la Comisión no tiene esa convicción, ha puesto “habría”. Y qué bueno que
su conciencia pese por encima de una actuación que pueda estar prácticamente lindando
con una persecución de orden político. Eso es bueno, pastor Lay. Por lo menos la
conciencia quedará expresada en el documento que usted nos pone a debate. Decir
“habría” es justamente cuando no se tiene convicción sino que se queda en la disyuntiva.
Y se pone en condicional cuando nosotros vamos a sancionar. Eso no podría ser. Tiene
que haber una calificación concreta que genere convicción en quienes van a asumir una
decisión. Eso, para mí, me resulta sumamente preocupante.
Yo sé que no voy a cambiar la votación de quienes han establecido una estrategia infame
para perjudicar a un congresista. ¡Esa estrategia infame tiene que parar! ¡Y vamos elevar
la voz, porque no es posible tolerar eso en un parlamento democrático! Porque, entonces,
¿qué vamos a encontrar en adelante?, ¿un comportamiento de chantaje?, ¿un
comportamiento vinculado a la delincuencia para hacer merma de lado contrario? Si eso
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es así, yo me animo a decirle hoy, pastor Lay, que revalúe ese criterio. No se preste al
juego. Esto marcará en su carrera política, esto marcará en su carrera profesional,
religiosa, marcará un espacio de pensamiento y de conciencia.
Cuando uno no tiene convicción, pone un supuesto; y después de una comisión, queda
ahí. Más adelante, como no se ha generado convicción alguna, yo sí puedo decir con
convicción que no existe.
—La Presidencia hace sonar el timbre por el reiterado bullicio de congresistas en el
hemiciclo.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Yo les voy a dar sus pasajes a todos ustedes
para que visiten un país hermoso, que es Rusia. (En alusión a la expresión de un
congresista fuera del micrófono).
Pero lo que no voy a aceptar es esa actitud malcriada; y cuando después a ustedes les
interrumpen, se molestan. Pero yo soy tolerante; además yo sé perdonar a quienes
pueden ser mis adversarios políticos, porque lo que tengo en este corazón siempre será
un sentimiento de respeto por los demás.
¿Y saben qué? En el supuesto negado, y quiero que quede claro, aun cuando no hubiera
entregado a título gratuito, en donación, las acciones que el señor tenía, él podía seguir
teniendo su empresa; pero ¿saben qué?, hay un impedimento: no puede contratar con el
Estado. ¿Y saben qué? No hay una sola prueba que esta empresa haya contratado con el
Estado.
¡Maldita sea, quienes aduciendo la votación, quienes aduciendo una posición,
previamente planificada para destruir a la oposición, utilizan todo!
¡Malhaya la hora de quienes hayan tenido una formación perversa de persecución!, ¡una
formación perversa de buscar mermar al resto por encima de todo!, ¡por encima de la
verdad, por encima de la razón, que se impongan los votos! ¡Malhaya la hora que hoy se
han confabulado no solamente una bancada, cuyo antecedente ya conocemos y ya
sabemos cómo actúa!, ¡o de dos cuanto más!
Pero, no. Ya no es la bancada fujimorista solitariamente, o la bancada del aprismo, que
es prácticamente la ideología y la gran caja de resonancia que está detrás. Ahora hay
otros actores, y eso nos llama poderosamente la atención.
Me pide una interrupción el congresista Beingolea.
—Hay reiterado bullicio de congresistas en el hemiciclo.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Invocamos a la calma,
congresistas, para poder escuchar.
Puede interrumpir el congresista Beingolea.
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El señor BEINGOLEA DELGADO (PPC-APP).— Presidenta, ¿es una o las dos
interrupciones?, ¿una nomás?, ¿las dos? Le agradezco muchísimo.
Presidenta, dos cosas. Ha dicho el congresista Gutiérrez, que dice que es el último en
intervenir, no sé por qué, pero debe ser cierto, que aquí se pretende quitarle un voto al
nacionalismo. Aquí se ha dicho hasta el cansancio que este es un informe que tiene diez
meses; de manera que eso no se puede decir. Pueden tratar de venderlo a la prensa,
pero los periodistas son inteligentes, no se van a comer ese cuento; así que eso no es
cierto. Punto número uno.
Punto número dos. Con respecto a un argumento interesante que se dio leyéndose la
decisión final de la Fiscalía, es verdad; son los mismos sujetos; es el mismo hecho; pero
no es el mismo caso. La Fiscalía ha dado un informe sobre un delito investigado de
negociación incompatible, que es totalmente distinto a lo que ha investigado la Comisión
de Ética, pero eso ya se discutió.
Congresista Gutiérrez —ya que usted es el último orador, y se lo digo además en
atención a su cumpleaños, y lo felicito, espero que lo pase muy lindo—, por favor no baje
más el nivel de este debate que ha sido vergonzoso en varios momentos. Si usted va a
cerrar el debate, por favor denos la dignidad de terminarlo bien. No tiene por qué ser
una vergüenza un debate parlamentario. Si usted ha pedido ser el último en hablar, tenga
el nivel que necesitamos para cerrar este debate.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Continúe, congresista Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Presidenta, qué bien que haga una
recomendación de esa naturaleza el congresista Beingolea. Y yo lo tomo del lado más
amable. En efecto, si hay un exceso en mi expresión, está motivada de una indignación.
Yo sé que pedirles perdón a cada uno de ustedes sería lo más correcto; pero más
correcto es informar al país que no se está actuando como debería actuarse; eso me ha
preocupado muchísimo.
Es más, por su intermedio, Presidenta, yo ya no pretendía convencer a nadie de la
oposición, que tiene marcada ya su conciencia y su convicción respecto a este tema;
pero, habida cuenta de que el presidente de la Comisión de Ética ya renunció
anticipadamente a ese cargo, quería dejar en él sembrado esta semilla de profunda
reflexión porque podemos ser piedras de tropiezo con nuestro propio testimonio.
Yo sé que esto no me entienden los congresistas de enfrente; no me entienden. Pero
podemos, Pastor, ser piedra de tropiezo para los demás, cuando nuestros informes
carecen de mayor abundamiento para identificar el tipo o la falta ética que se habría
cometido. Y eso, Presidenta, por su intermedio, era lo que quería dejar remarcado esta
noche.
De todo corazón le digo, Presidenta, si hubiera habido consistencia real de algún tipo de
actuación de falta ética, nosotros habríamos apoyado el informe, tal como hemos
apoyado, muchas veces, aun a costa de nuestros mismos congresistas, con una votación
distinta; pero no se trata de eso. Esto es lo que hoy he venido a señalar.
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La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Antes de darle la palabra al
congresista Lay, la congresista Martha Chávez pidió la palabra; última oradora.
La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidenta, referirse a la sanción a un congresista
no es un tema que pueda alegrar a nadie. Sin embargo, señora, hay que hacer el trabajo
que se tiene que hacer.
Quiero señalar algo que es bastante simple: una cosa es que alguien sea pasible de una
denuncia por delito, eso le corresponde al Fiscal de la Nación, y otra cosa es la falta
ética. Hay muchas conductas que no llegan a ser delictivas, pero sí son faltas éticas. Eso
sucede también en el tema laboral: hay faltas graves laborales que no llegan a ser delitos.
En este caso, no se está acusando de delito alguno al congresista Reynaga sino
responsabilizándolo de una falta ética.
Tenemos antecedentes de que la Comisión de Ética y el Pleno del Congreso sancionaron
a congresistas por faltas éticas, no obstante que el Fiscal de la Nación había declarado
que no hay lugar a formalizar denuncia constitucional. El caso del congresista Gagó y el
caso de la congresista Cenaida Uribe. Que no se venga a decir acá, para desinformar,
que por el hecho de que el Fiscal de la Nación decidió no denunciar constitucionalmente
al congresista Reynaga, entonces eso quiere decir que no cometió falta ética. La falta
ética está cometida.
No es que un trabajador de un Despacho congresal haya ido a hacer gestiones una o dos
veces, escapándose del conocimiento de su congresista. No. Se trata de que todas las
personas del Despacho del congresista Reynaga, más de cinco, y sus tres policías de
custodia, han ido no una ni dos veces, sino más de una treintena de veces a hacer
gestiones ante una institución pública. No voy a conceder interrupciones porque tampoco
la he solicitado yo.
No se trata, reitero, de que un trabajador haya ido espontáneamente a hacer una gestión
a favor de un tercero. No. Se trata de más de siete personas del Despacho del señor
congresista Reynaga, que han ido más de una treintena o más o más de 40 veces a una
institución pública a hacer gestiones. Es imposible que esto no sea conocido por el
congresista. Si esos hechos fueran desconocidos por el congresista, habría ahí la sanción
ética por no ser adecuadamente vigilante de que los recursos del Estado y el personal que
se le facilita para cumplir con una función congresal se esté dedicando a beneficiar a
terceros.
¿Y quiénes son esos terceros? No son, pues, la empresa de una persona equis. No. Es la
empresa que lleva el apellido del señor congresista. El apoderado es el hermano del
señor congresista, y los dueños de esa empresa son personas que trabajan también en el
Despacho del señor congresista, las que cuando fueron citadas aquí no sabían cómo se
manejaba esa empresa. Es evidente, entonces, que aquí hay algo que no cuadra con los
mínimos requisitos de buena fe.
Se habla también de que hay un trabajador que primero dijo una cosa y luego se desdijo.
Si fuera una persona que no depende administrativa o jerárquicamente del señor
congresista, se podría decir que se anula la primera versión contraria al señor congresista
205
Reynaga, siendo la segunda versión favorable al señor congresista Reynaga. En este caso,
se trata de una persona que tiene una relación de subordinación; por lo tanto, en este
caso vale la primera declaración porque fue espontánea. Sabe Dios qué presiones ha
habido para que luego esa persona cambie su opinión.
Por lo tanto, aquí hay elementos suficientes para responsabilizar éticamente al congresista
Reynaga. Lamentablemente, a ningún congresista le gusta acusar a otro; pero tenemos
que actuar por responsabilidad.
Yo sé que ya tienen ustedes los votos necesarios para blindar al señor Reynaga; asuman,
pues, su responsabilidad ante la opinión pública y ante la verdadera justicia. Aquellos que
no creen en una justicia superior, les puedo decir que creo en una justicia superior y que
algún día ustedes tendrán que rendir cuentas. Porque tan malo como hacer daño es
permitir que otros lo hagan. Lamentablemente se equivocó el señor congresista Reynaga y
ha admitido su responsabilidad; si es así, entonces que asuma la sanción por su
conducta. No hace bien alguno a la comunidad de congresistas que no se castigue ante
un caso con evidentes señales de falta ética. Asuman esa responsabilidad. Por lo pronto,
nosotros asumimos la nuestra, en respeto estricto a lo que se ha probado en este caso.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Finalmente, tiene la palabra el
congresista Humberto Lay, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria.
El señor LAY SUN (GPUR).— Presidenta, después de tantas horas de debate, y habiendo
escuchado discursos fervientes, acalorados y muchas veces saliéndose del tema, voy a
hacer un resumen muy escueto de los puntos principales que se han argumentado. No
acostumbro dar largos discursos, menos apartarme del tema.
Quiero reiterar, tal como se ha afirmado aquí, que el fallo de la Fiscalía nada tiene que
ver con este proceso. Porque la investigación de la fiscalía surge a raíz de una denuncia
del Procurador Público, no de esta Comisión. Y el delito que se estaba tratando de
demostrar fue si existía o no existía negociación incompatible.
Nosotros nos basamos simplemente en el Código de Ética, ellos se han basado en el
Código Penal. Son objetivos bastantes diferentes.
El abogado defensor del congresista ha cuestionado el hecho de que haya habido
discusión de temas en la Comisión de Vivienda y Construcción, en la cual el congresista
preguntó sobre los bonos y no hizo explicito que tenía una relación o una vinculación con
una empresa constructora que manejaba su hermano.
Todo lo que hemos mencionado en cuanto al proceso de formación de la empresa, en
cuanto la venta o las donaciones de acciones del congresista, luego de ser elegido, y en
cuanto a la venta de acciones a terceras personas, fue para demostrar que al final había
una relación entre el congresista y esa empresa. Porque, a pesar de todas las ventas y
trasferencias, su hermano Cándido era el apoderado absoluto de la empresa, con todas
las facultades de un gerente general, el que a sola firma podía hacer cualquier cosa y por
tiempo indefinido. Ese era el único objetivo. Cuando se dice “habría incurrido en conflicto
de intereses”, solo se refiere al conflicto de intereses. Sin embargo, en la conclusión del
206
informe de la Comisión no mencionamos conflicto de intereses como causal de sanción.
Por eso, el condicional no tiene que ver con ello.
Estas son las dos conclusiones de la Comisión:
Primero, declarar fundada la denuncia con relación a que no hizo explicita esa relación, y
no la hizo explicita. El artículo 4 del Código de Ética dice que en el caso de participar en
la discusión de temas —y se estaban discutiendo temas—, en las cuales puedan estar
favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deben hacer explicitas
esas vinculaciones. Era su hermano el que estaba manejando la empresa Constructora
Reynaga; no importa si hizo o no hizo negocios con el Estado; si tenía derecho a hacerlo
o no; sencillamente el debió hacer explicita esa vinculación, no lo hizo.
La segunda conclusión tiene que ver con el tema central de este caso: los trabajadores de
su Despacho y los miembros de seguridad asignados al congresista son pagados por el
Congreso y por el Ministerio del Interior, respectivamente. Fueron asignados para uso
exclusivo del congresista y en número de ocho, cinco del Despacho y tres seguridades,
hicieron 60 visitas al Fondo Mivivienda para gestionar en favor no de los beneficiarios
sino de la Constructora Reynaga S.A.C. Ese es el centro o eje de este tema. ¿Qué dice el
artículo 7 del Código de Ética? Que el congresista debe restringir el uso de los bienes y
servicios del Congreso para que solamente sirvan a la función parlamentaria, es decir a
su Despacho, a su seguridad y no hacer gestiones para una empresa privada, sea o no
sea del hermano. Pudo haber sido cualquier otra empresa. Pero aquí se agrava la
situación porque era del hermano.
No se trata aquí de quitarle votos o cosa por el estilo a nadie. La Comisión de Ética se ha
regido hasta este momento siempre por el Reglamento y por el Código de Ética y eso es
lo que estamos viendo.
Me dirijo, señora Presidenta, por su intermedio, al congresista Josué Gutiérrez, que ha
expresado su preocupación por mi futuro político y por mi futuro profesional. Yo le
agradezco esa preocupación. Pero yo he actuado por convicción, basado en el
Reglamento, basado en estos hechos, basado en la lógica y en el sentido común: es
imposible aceptar que 60 visitas durante dos años y medio no hayan sido conocidos por
el congresista. Si no los conoció, hay una responsabilidad, porque, de todas maneras, los
recursos del Congreso y del Estado han sido usados en beneficio de una empresa
privada, mucho más si esta es del hermano.
Con esto termino, señora Presidenta, y pido que se ponga al voto este informe.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Finalizado el debate, sírvanse
registrar su asistencia para proceder a la votación.
—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar
el quórum.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Han registrado su asistencia 96
congresistas.
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Al voto el Informe Final N.° 5 de la Comisión de Ética sobre el caso del congresista
Reynaga Soto.
—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.
—Efectuada la votación, se pronuncian 46 congresistas a favor, 46 congresistas en contra
y tres se abstienen, respecto del Informe Final N.° 5 de la Comisión de Ética
Parlamentaria, mediante el cual se declara responsable de haber incurrido en acto de
corrupción al congresista Jhon Reynaga Soto y se recomienda al Pleno del Congreso de la
República la suspensión en el ejercicio de su cargo y el descuento de sus haberes por
ciento veinte (120) días de legislatura.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Se deja constancia del voto a
favor del congresista Julio Gagó y el voto en contra de la Presidencia, lo que da un
subtotal de 47 votos a favor, 47 votos en contra y tres abstenciones. Más el voto
dirimente, en contra, de la Presidencia, el resultado final es 48 votos en contra, 47 a
favor y tres abstenciones. En consecuencia, ha sido rechazado el Informe final en mayoría
N.° 5 de la Comisión de Ética Parlamentaria.
Se solicita la dispensa de trámite de sanción del acta, para ejecutar lo acordado en la
presente sesión.
Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los
que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.
—Efectuada la votación a mano alzada, se acuerda tramitar los asuntos tratados en la
presente sesión sin esperar la aprobación del acta.
La señora PRESIDENTA (Ana María Solórzano Flores).— Ha sido acordada la dispensa.
Se levanta la sesión.
—A las 00 horas y 46 minutos, del viernes 1 de mayo, se levanta la sesión.
POR LA REDACCIÓN:
JULIO CARMELO HERRERA VARGAS
*PUBLICACIÓN PROVISIONAL (FALTA ACTA OFICIAL FINAL).
