Documento de propuestas de las Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT para elaborar el Programa Nacional de Reformas 2014

Las propuestas de los dos Sindicatos que figuran en este documento se enmarcan en el necesario cambio de rumbo que queremos impulsar, por un lado y a nivel europeo, poniendo fin a las políticas de austeridad y a través de la propuesta de un ambicioso Plan de Inversiones elaborado por la Confederación Europea de Sindicatos, como para nuestro país, con medidas dirigidas a avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento sostenible, que garantice la recuperación y el desarrollo futuro. Lo que pasaría en primer lugar por poner fin a las políticas de austeridad, que en el caso de España han sido determinantes en la profundidad, duración de la crisis y en los riesgos cada vez más reales de deflación. Crisis, que más allá de las mejoras puntuales de algunos indicadores, sólo se superará cuando se produzca una recuperación significativa del empleo. Nuestras Confederaciones contemplan con preocupación las incertidumbres creadas por el modelo actual de crecimiento de las exportaciones basado en el recorte de los salarios y el deterioro de las condiciones de empleo, que si se confirmaran, podrían terminar con las actuales perspectivas de crecimiento si no se produce la activación de otros componentes de la demanda interna, el auténtico motor de crecimiento de la economía española. En cualquier caso, no nos cabe duda de que una vigorosa salida de la crisis sólo será posible con la recuperación de la demanda interna junto a la dinamización cualitativa del sector exterior. No podemos olvidar que nuestro país está sometido a la totalidad de orientaciones y recomendaciones, acuerdos y mecanismos de control de la UE, en cuya definición y aplicación participa activamente el Gobierno, con independencia de que, aunque reducido el Gobierno tiene el suficiente margen de maniobra para aplicar políticas publicas menos restrictivas. En este sentido, las ya referidas propuestas para Europa del movimiento sindical van encaminadas a facilitar la salida de la crisis a los países mas duramente castigados por la misma, como España. Con medidas que permitan ampliar ese margen de maniobra, junto con la puesta en marcha de un plan de inversiones sostenido en el tiempo y que cuente con financiación suficiente. Consideramos agotado el proceso de devaluación salarial en nuestro país, que acompañado del resto de reformas de los sistemas de protección social, ha hecho recaer la mayor parte del peso de la crisis sobre los trabajadores, por lo que reivindicamos la recuperación salarial. Todo lo cual permitiría, alejar el riesgo de deflación tanto en nuestro país como en la zona euro, que es cada vez más real con las actuales políticas. Por otro lado, estimamos que la puesta en marcha de un proceso de efectiva participación de los interlocutores sociales en la elaboración, seguimiento y control del PNR-2014 y de las recomendaciones elaboradas por la Comisión Europea para este año, en línea con lo establecido en la reciente Declaración de los interlocutores sociales europeos, reforzaría la legitimidad social y la eficacia de las reformas que pudieran consensuarse.

1

Propuesta de ejes estratégicos del PNR 2014

Las prioridades del PNR, en nuestra opinión, tienen que ser la lucha contra el desempleo y sus consecuencias sociales, en el marco de un cambio de las políticas públicas y del modelo productivo. Así, las propuestas para salir de la crisis (que supondrían el fin de la austeridad), reactivación económica, creación de empleo, derechos laborales, protección y cohesión social y cambio del modelo productivo, deben concebirse como un todo. Se necesitan medidas propias articuladas a corto y medio plazo, pero igualmente es necesario un cambio de rumbo en el proceso de integración de la Unión Europea. Siendo imprescindible un cambio del patrón de crecimiento para contribuir a generar empleo cualificado, estable y con derechos. En consecuencia, proponemos abordar los siguientes ejes principales de reformas para 2014:

- Relanzamiento de la inversión pública productiva favorable a la creación de empleo y normalización del mercado de trabajo.

- Impulso de la industria. - Protección del desempleo y propuestas sobre contratación. - Políticas que permitan hacer frente a las crecientes desigualdades de ingresos y

riqueza, así como proteger al creciente número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

- Puesta en marcha de una Reforma fiscal basada en la equidad y la suficiencia.

Relanzamiento de la inversión pública productiva favorable a la creación de empleo y normalización del mercado de trabajo.

Para avanzar en el imprescindible cambio del patrón de crecimiento que permita generar el empleo cualificado, estable y con derechos al que se ha hecho referencia, proponemos relanzar la inversión pública productiva favorable a la creación de empleo, en particular priorizando las destinadas a consolidar la transición energética, la inversión en capital humano (educación, formación) y a restaurar la pérdida de tejido industrial por causa de la crisis inmobiliaria y financiera, para lo que es ineludible aumentar la inversión, pública y privada, en I+D+i. Consideramos que una reducción significativa del desempleo masivo, sobre todo entre los jóvenes y los desempleados de larga duración, únicamente se puede producir con el impulso público de los sectores intensivos en mano de obra, en primer lugar la rehabilitación residencial y urbana. Infraestructuras de transporte con prioridad para el ferrocarril de mercancías, desarrollando lo previsto en este ámbito por el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024. Junto con el refuerzo de las inversiones en los servicios públicos, en especial la atención a la dependencia y los servicios sociosanitarios. Planes de inversiones que se deberían ver acompañados de la puesta en marcha efectiva del Plan de Garantía Juvenil y de programas específicos para los parados de larga duración con menores niveles de cualificación. En cuanto a la normalización del mercado de trabajo, proponemos que el PNR 2014 aborde las líneas fundamentales para asegurar que se va a poner fin a la sustitución de trabajo de calidad por precario en todas sus formas. Paralelamente, proponemos que en este

2

documento se invite a la Comisión Europea a que en las recomendaciones de mayo inste a los Estados Miembros a poner fin a la dinámica de dumping social y salarial. En este sentido y frente a las medidas impulsadas por las sucesivas reformas laborales que potencian los poderes de dirección empresarial y limita los contenidos de la negociación colectiva, instamos a la promoción de un nuevo modelo de relaciones laborales sustentado en la ampliación y protección del papel regulador y vertebrador de la negociación colectiva, y en el reforzamiento del diálogo social y de los derechos colectivos y de la participación en la empresa, así como en el impulso de los mecanismos de solución autónoma de conflictos. Consideramos que el fortalecimiento de la negociación colectiva es vital, pues es el único instrumento para determinar la política salarial en la economía de mercado. Al desmontar los sistemas de contratación colectiva se corre el riesgo de dumping y deflación. Sin embargo, las reformas laborales españolas y europeas han ido todas encaminadas a minar la contratación colectiva, aumentando el poder discrecional empresarial y fragilizando el poder sindical. Proponemos poner fin al continuo descenso de los salarios, teniendo en cuenta que la falta de competitividad en determinados sectores no se debe a la evolución de los costes laborales unitarios. Para hacer frente a la disminución de los salarios reales, que está afectando dramáticamente a los trabajadores en puestos de trabajo menos cualificados, y junto a la recuperación de la negociación colectiva ya indicada, reiteramos la propuesta que remitimos al Gobierno el pasado 12 de noviembre y en la que planteábamos el impulso de la mejora del SMI para la recuperación progresiva de su poder adquisitivo y retomar la senda para alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España. En el mismo sentido, las Administraciones Públicas deben adoptar una política salarial para sus empleados coherente con la necesaria recuperación de la demanda que requiere nuestro país, cesando en los recortes salariales discrecionales que ha hecho en los últimos años, y posibilitando la recuperación paulatina de la capacidad de compra perdida. En conjunto, se debe fomentar una política salarial coherente con la necesidad de reactivar el consumo de las familias, lo que pasa por asegurar ganancias de poder adquisitivo. Impulso de la Industria

El tejido industrial español, cuyo proceso de debilitamiento se ha visto agudizado con la crisis, no permite generar el empleo necesario. El objetivo debe ser aumentar su dimensión y mejorar la calidad de los productos, estableciendo estrategias que permitan garantizar un crecimiento armónico y menos vulnerable. Es necesaria una verdadera política industrial, que suponga una política de Estado con un horizonte a largo plazo, en la que el gobierno de España junto con el sector público ejerzan un papel de liderazgo y los gobiernos regionales se involucren directamente. Todo ello con la participación activa de los agentes sociales. Política Industrial que debería contemplar un amplio abanico de medidas de tipo horizontal para el conjunto de las empresas (una política energética que garantice el suministro a un coste competitivo y el impulso de la transición energética ; invertir en I+D+i, priorizando las actuaciones dirigidas a cubrir las necesidades de innovación de las empresas; introducir las tecnologías de la información en el proceso productivo; dotarse de las infraestructuras necesarias; mejorar los transportes y comunicaciones; favorecer las exportaciones; mejorar el sistema educativo y apostar por la formación a lo largo de la vida. Junto con mayores

3

inversiones privadas en un horizonte de sostenibilidad en el tiempo de los proyectos empresariales. Hay que impulsar planes sectoriales que hagan disminuir la atomización productiva y mejorar la gestión de las empresas, junto al apoyo a los auténticos emprendedores, puesto que no nos cabe duda de que el país necesita empresas sólidas con capacidad de generar alto valor añadido. En el sector turístico consideramos necesario apostar por iniciativas centradas en el respeto al medio ambiente, en la mejora de los estándares de atención profesional al turismo y que sean más intensivas en creación de empleo. Son necesarias políticas de apoyo a las nuevas actividades relacionadas con el medio ambiente, con capacidad de generar empleos verdes y decentes, favoreciendo la empleabilidad de mujeres y jóvenes. Mientras que el sector servicios necesita innovación y mejorar la capacitación del capital humano. Hay que establecer programas de inversión pública cuidadosamente elegidos para dinamizar la actividad económica, reorientar la actividad de algunos sectores más castigados por la crisis y prevenir cierres y deslocalizaciones de empresas, así como para incentivar la recuperación de empresas deslocalizadas en el pasado. Protección del desempleo y propuestas sobre contratación.

Junto a lo anterior, estimamos que en un país con cerca de 6 millones de personas en desempleo son necesarias políticas públicas que den cobertura a las personas sin recursos y que establezcan políticas activas de empleo. La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo continúa descendiendo, situándose en un 61,4% en el mes de diciembre de 2013, 4,1 puntos porcentuales inferior a la del año anterior, por lo que planteamos la necesidad de cambios normativos que permitan una ampliación sustancial de esta tasa de cobertura. En la actual coyuntura, con un crecimiento desorbitado del número de desempleados, el papel de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) es fundamental y, para que cumpla con sus funciones se deben reforzar dotándolos de los medios necesarios, poniendo fin a los recortes en este ámbito. En materia de contratación consideramos imprescindible abordar una serie de cuestiones para establecer un marco de relaciones laborales cooperador y solidario y que garantice la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Reducir la temporalidad injustificada, con la penalización de la contratación temporal subiendo la cotización por desempleo en los contratos temporales. Separar la temporalidad de la estacionalidad mejorando algunos aspectos del contrato fijo discontinuo. Desvincular el contrato de obra o servicio de las contratas y subcontratas. Realizar una regulación del contrato a tiempo parcial que garantice los mismos derechos a los trabajadores y trabajadoras que trabajan a tiempo parcial respecto a los que trabajan a tiempo completo. Además de abordar de forma decidida el fenómeno de la economía sumergida, dotando de una mayor eficacia a los mecanismos de inspección y control. Políticas que permitan hacer frente a las crecientes desigualdades de ingresos y riqueza, así como proteger al creciente número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Constatamos con preocupación como las medidas adoptadas para hacer frente a esta crisis han causado la devastación de nuestro sistema de protección social, acelerando el

4

retroceso en el nivel de vida de millones de personas y con un imparable crecimiento de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Escenario del que no hay garantía alguna de que se vaya a revertir cuando llegue la fase expansiva de crecimiento.

Por ello, planteamos una actuación urgente sobre los sistemas de protección social, a través de un proceso participado por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Agentes Sociales, que permita abordar la sostenibilidad, suficiencia, equidad, racionalidad y buen gobierno de todos estos sistemas, así como la definición del todavía impreciso marco de coordinación socio-sanitaria que ha venido anunciándose durante toda la legislatura pero sin mayor concreción. La elevación del riesgo de pobreza ya referida, hace necesario impulsar el establecimiento de un sistema estatal de Rentas Mínimas Garantizadas que venga a completar la insuficiente cobertura que ofrecen los ámbitos de protección desarrollados hasta el momento por diferentes administraciones. En el ámbito de las pensiones públicas, reivindicamos el respeto al Pacto de Toledo como marco para el seguimiento y modificaciones del sistema de pensiones. Con la reversión de las modificaciones legales en este ámbito que se han impuesto al margen de dicho Pacto, en especial del Índice de Revalorización de las Pensiones, abriendo un auténtico proceso de negociación que permita reconducir la propuesta del Factor de Sostenibilidad a los términos de equilibrio en los que fue acordado en la última reforma de Seguridad Social de 2011. Siendo el primer objetivo la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, además de evitar el empobrecimiento y la exclusión social de la población pensionista. En este sentido, hay que hacer mención al dato de distribución de la cuantía de la pensión, para alertar de que más del 40% de los pensionistas cobran menos del salario mínimo profesional, o que casi el 30% debe cobrar complementos a mínimos para completar su pensión hasta el límite que marcan las pensiones mínimas, lo que se va a ver agravado con la caída que se va a producir de las pensiones en términos reales debido al Índice de Revalorización de Pensiones, que llevará al empobrecimiento de los más de 9 millones de pensionistas actuales. Puesta en marcha de una Reforma fiscal basada en la equidad y la suficiencia

Planteamos la necesidad de un sistema fiscal suficiente y equitativo, que contribuya a la creación de empleo y garantice la protección social y el acceso a bienes y servicios básicos. El primer objetivo de esta reforma debe ser la suficiencia que permita financiar las políticas de gasto público. Igualmente, el sistema debe ser equitativo y recaudar teniendo en cuenta de forma adecuada el nivel de renta o riqueza de cada contribuyente. Suficiencia y equidad que están directamente relacionadas con el nivel de fraude y elusión fiscal, por lo que la lucha contra éstos es un elemento esencial de cualquier sistema fiscal sano. Esta reforma fiscal debe permitir que el conjunto de las Administraciones Públicas tengan una capacidad de impulso e intervención similar al de los países de referencia para España, haciendo posible revertir los recortes en los servicios públicos esenciales impuestos en los últimos años. Además de financiar los déficit estructurales de las pensiones y el desempleo, favorecer la actividad económica con inversión directa y estímulos a la actividad económica, contribuyendo a la creación de empleo. Sin olvidar un aspecto de creciente importancia, la necesidad de facilitar el acceso a los bienes y servicios básicos, abaratándolos para mejorar la situación de los colectivos mas afectados por la crisis.

5

Consideramos necesaria una reforma integral del actual sistema fiscal, revisando la adecuación del conjunto de figuras tributarias a los principios señalados, así como la recuperación y creación de nuevos impuestos, de acuerdo con lo siguiente. En el caso del IRPF, habría que aumentar la fiscalidad del ahorro, para que el tratamiento de las rentas del capital sea similar al de las de las rentas del trabajo. Mantener, exclusivamente durante el período transitorio hasta su extinción, la deducción por compra de vivienda. Suprimir el método de estimación objetiva por módulos de los rendimientos de actividades económicas. En Sociedades proponemos limitar la compensación de pérdidas e introducir un tipo mínimo que garantice un nivel de ingresos. Simplificar el impuesto y aproximar el tipo efectivo al nominal eliminando deducciones. Revisar el régimen de las SICAV. Mejorar la coordinación europea para evitar la deslocalización de multinacionales por cuestiones fiscales. En cuanto al IVA, habría que redefinir el conjunto de tipos y revertir decisiones recientes (incremento general de tipos, IVA cultural, ..). Mantenimiento o ligero incremento del tipo superreducido incluyendo en el todos los bienes y servicios relacionados con la alimentación y consumo energético del hogar. Proponemos la recuperación del Impuesto de Patrimonio, mientras que para los de Sucesiones y Donaciones, habría que revisar la política territorial de bonificaciones, estableciendo que la normativa de exenciones, límites y tarifas a aplicar se marquen desde el Estado. Además de la creación de de impuestos sobre las transacciones financieras y depósitos bancarios. En el ámbito de los Impuestos Especiales y Ambientales, habría que avanzar en su homologación con el nivel de imposición europeo. Y finalmente, la lucha contra el Fraude fiscal, pasa en primer lugar por aumentar los recursos humanos y técnicos de la Agencia Tributaria.

Las anteriores propuestas se complementan con las relativas a los siguientes ámbitos: Educación y Sanidad

En el objetivo de cambio de modelo productivo, la apuesta por la educación ocupa un papel central. Las necesarias mejoras en el sistema educativo y universitario requieren una visión global sobre el conjunto del sistema, diagnósticos compartidos, estabilidad normativa que dé confianza a las familias, al alumnado y al profesorado, y consenso sobre las modificaciones a introducir, por lo que consideramos que en primer lugar debería derogarse la LOMCE. Además de reconsiderar el incremento de las tasas en este ámbito y el recorte de las becas. Por su parte, la formación profesional cuenta en España con una sólida base a partir de la cual podemos promover mejoras de oferta y diversidad que den respuesta a las demandas de formación y programas de apoyo al profesorado, mejorando el prestigio del conjunto de la FP. Podemos aprender de lo bueno que tengan experiencias de otros países, no con el ánimo de importar un sistema ajeno sino de incorporar líneas de mejora: extensión de la formación en el centro de trabajo y vinculación mediante un contrato que regula la actividad laboral en las empresas. Debería modificarse, por ello, la regulación de la formación dual en el ámbito educativo, que no cumple de manera adecuada ninguno de ambos requisitos. La defensa del acceso a un nivel suficiente de prestaciones de todos los ciudadanos que venimos demandando, es extensible a la sanidad, sector productivo de gran dinamismo y

6

generador de empleo con un alto valor añadido, que debe apostar de manera decidida por la Atención Primaria como elemento vertebrador del Sistema Nacional de Salud, donde es preciso garantizar el compromiso de los trabajadores con el sistema público con remuneraciones adecuadas y una carrera y desarrollo profesional más completa. Que debe lograr la plena universalidad y equidad en el acceso, desarrollar normas de garantía de tiempos máximos de espera, adoptar políticas comunes en materia farmacéutica, desarrollar estrategias educativas, informativas y organizativas que ayuden a mejorar la presión asistencial, planificar las necesidades de profesionales sanitarios, definir competencias y perfiles profesionales, avanzando en mecanismos de participación y en el uso de las nuevas tecnologías. La instauración de copagos genera serios problemas de acceso a las personas con menos renta, por lo que planteamos su revisión Formación

Proponemos revertir las reformas estructurales en aquellos aspectos que debilitan la equidad y la calidad de la educación y la formación: reforma educativa, del contrato para el aprendizaje y la formación y la formación dual. Junto a lo anterior, consideramos necesario propiciar un pacto por la FP en el marco de la Ley 5/02 de Cualificaciones y FP (que puede expresarse en un III Programa Nacional de Formación Profesional). Pacto que debería contemplar la simplificación del diseño institucional en la adopción de decisiones y coordinar la oferta formativa de forma que se eviten duplicidades. El impulso de la negociación colectiva como elemento vertebrador de todas las actividades formativas que se realicen en los centros de trabajo. El facilitar la mejora de la formación de la población adulta desde los distintos ámbitos; oferta accesible y gratuita, permisos remunerados, planes sectoriales de impulso de la cualificación, reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia profesional, etc. Así como la negociación del V Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, considerando que en todos los países de la Unión empresarios y trabajadores protagonizan las decisiones sobre la formación de la población ocupada. Reforma del sistema financiero

Consideramos muy preocupante que el crédito continúe sin fluir y que los mercados financieros sigan fragmentados, haciendo más oneroso el crédito a los países más frágiles como España, así como a las PYME y hogares, respecto a las condiciones de acceso de las grandes empresas. A lo que se unen los problemas que está acarreando la desaparición de entidades y la concentración de poder derivada de la misma. En este ámbito proponemos actuaciones que permitan aumentar el crédito a la economía real, especialmente a familias y pequeñas y medianas empresas, junto con la reducción de las comisiones tipos de interés, potenciando el papel del ICO. Ordenación y máxima transparencia en la salida del capital de las entidades nacionalizadas, junto con la definición del papel que debe jugar la banca, para que en el caso de que no se cumpla, poner en marcha la implementación de un modelo de banca pública. Además de las actuaciones destinadas a paliar los problemas causados por la desaparición de las Cajas de Ahorro a los colectivos menos rentables para las entidades financieras supervivientes y a los habitantes de las poblaciones medianas y pequeñas, que pueden llevar aparejada la exclusión financiera de los mismos.

7

Modernizar la Administración Pública

Como cuestión previa en este ámbito, planteamos la paralización y anulación de la Ley de reforma de la Administración Local, que consideramos un atentado a la autonomía municipal. Planteamos como alternativa a estas reformas impuestas, la puesta en marcha de procesos de negociación para la necesaria modernización del conjunto de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta la correlación existente entre la reducción de las plantillas y el recorte en los servicios públicos fundamentales. Lucha contra la corrupción

La reciente evaluación por parte de la Comisión Europea de la lucha contra la corrupción en el ámbito de la UE, ha situado a nuestro país entre los especialmente afectados por esta lacra, además de resaltar los impactos negativos de la misma sobre la economía y el conjunto de la sociedad. Por ello consideramos que se deberían recoger las propuestas en este documento de la UE encaminadas a luchar de forma eficaz contra la corrupción en los diferentes ámbitos.

Mercado eléctrico

Consideramos que las continúas modificaciones de la regulación del Mercado Eléctrico, incluida la que está en marcha en estos momentos, son únicamente parches que no inciden en los graves problemas estructurales de este sector y que en algunos casos, como los cambios en la cogeneración, pueden poner en peligro la actividad y el empleo en diferentes sectores. Reformas, que además se están llevando a cabo a golpe de Real Decreto. Los referidos problemas del sector eléctrico se ponen de manifiesto con el hecho de que las familias y las empresas españolas soportan tarifas más altas que los países comparables de la UE, con la consiguiente pérdida de competitividad para las empresas y sobrecoste para las familias, extendiendo el fenómeno de la pobreza energética. En consecuencia, consideramos de la mayor urgencia la puesta en marcha de una reforma en profundidad del Mercado Eléctrico, que debe basarse en un amplio consenso político y social que permita hacer frente a la capacidad de presión de las grandes empresas del sector, con el objetivo de poner este sector al servicio de la recuperación económica, de las empresas y familias. Reforma que debe incorporar la consideración de la energía eléctrica como un suministro esencial básico al que tiene derecho toda la población, junto con las medidas que permitan hacer efectivo este derecho.

Marzo 2014

8