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Lima, junio de 2003 II Seminario Internacional Taller de Cartografía Electoral: Hacia un Atlas Electoral Andino Organizado por IHEAL y ONPE “Transición Democrática y Partidos Políticos Perú 2000-2001” FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA [email protected]

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Lima, junio de 2003

 

 

II Seminario Internacional Taller de Cartografía Electoral: Hacia un Atlas

Electoral Andino

Organizado por IHEAL y ONPE

“Transición Democrática y Partidos Políticos

Perú 2000-2001”        

FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA [email protected]

 

 

 

 

 

 

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TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDOS POLÍTICOS PERÚ 2000-2001

I. DESBORDE ELECTORAL (1980-2002) 1. Incremento en el número de procesos electorales En las últimas dos décadas, el Perú ha atravesado un proceso de desborde electoral por el significativo número de procesos organizados para elegir representantes a instituciones nacionales y subnacionales, y otras formas de participación y consulta.

Es importante mencionar que este crecimiento en el número de procesos continuará en los próximos por la inclusión de nuevas autoridades y mecanismos de participación ciudadana. En efecto, en el periodo 2000-2009 se elegirán nuevos cargos como los jueces de paz y los representantes al Parlamento Andino.

Generales 80

1980-84

Municipales 80

Generales 85

1985-89

Municipales 86

Generales 90

1990-94

CCD 92

Generales 95

1995-99

Municipales 95

Generales 00

2000-04

Generales 01 Revoc. Mun. 05

2005-09

Revoc. Mun. 06

Municipales 83 Municipales 89 Referénd. 93 Revoc. Mun. 97

Municipales 98

Complem. 99

Municipales 93 Municipales 02

Regionales 02

Jueces Paz 03

Revoc. Mun. 04

Revoc. Mun. 01

Jueces Paz 07

Regionales 07

Generales 06

Municipales 07

Revoc. Mun. 09

Revoc. J d P 05

No incluye las posibles consultas ciudadanas, referéndum constitucional, ni las operaciones de verificación de firmas incursas en probables inciativas legislativas y de remoción de autoridades durante el lapso 2003 – 2009.

Parl. Andino 05

Complem. 03

Número de procesos electorales entre 1980 y 2009Comparación a nivel de quinquenios

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2. Incremento en el número de electores

En las últimas dos décadas se han dado también cambios importantes en el cuerpo electoral. Antes del gobierno militar de la década de 1970 se celebraron elecciones generales en 1962 donde figuraban un total de 2,221,906 ciudadanos inscritos (que

Nuevos cargos electivos entre 1980 y 2009Comparación a nivel de decenios

Presidente

1980-89

Senadores

Diputados

(*) Siempre y cuando la reforma constitucional modifiquela composición del Parlamento volviendo a labicameralidad.

Alcaldes Provinciales y Distritales

Regidores Provinciales y Distrit.

Presidente

1990-1999

Congresistas

Alcaldes Provinciales y Distritales

Regidores Provinciales y Distrit

Presidente

2000-2009

Senadores (*)

Diputados (*)

Alcaldes Provinciales y Distritales

Regidores Provinciales y Distrit.

Presidentes Regionales

Asambleas Regionales

Jueces de Paz

Represent. Parlamento Andino

Crecimiento del electorado y la población censal entre 1980 y 2002Comparación porcentual

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002

Electorado 1962

2´221,906

Electorado 2002

15´298,237

elect

ores

No el

ecto

res

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representaba aproximadamente el 19% de la población), los cuales se incrementan para las elecciones generales de 1980, al incorporarse en el cuerpo electoral a los analfabetos y los ciudadanos entre 18 y 21 años. Así, en las elecciones generales del 1980 el padrón electoral estuvo conformado por 6,471,101 ciudadanos inscritos (que representaba el 37.35% de la población), dos veces más el volumen de ciudadanos registrados 17 años atrás. Este incremento en la población electoral se debe a la ampliación del cuerpo electoral, pero también a la incorporación de nuevos ciudadanos por el acelerado crecimiento demográfico. Así, para las elecciones generales del 2001 tenemos una población electoral de 14,899,292 (que representaba el 56.55% de la población), más del doble de los ciudadanos inscritos a inicios de la década de 1980. Este incremento brusco del cuerpo electoral nos permite afirmar que sólo uno de cada seis electores votaron en la última elección previa a la transición política de 1978-1980 (en las elecciones municipales de 1966). II. EL GOBIERNO DE LOS PARTIDOS Y EL DESENCANTO ELECTORAL (1980-1992) En 1980 el Perú transita a la democracia, después de muchos años de dictaduras militares, en el contexto de una “oleada democratizadora” que involucró a varios países del continente. Los nuevos regímenes políticos nacían en medio de grandes expectativas, poniendo fin a gobiernos militares represivos y cada vez más incapaces de expresar políticamente a sociedades crecientemente plurales y activas, y con la esperanza de encontrar la fórmula que permitiera manejar con éxito economías en crisis en medio de un entorno internacional altamente cambiante. Haciendo un balance del funcionamiento del sistema de partidos en este periodo electoral podemos señalar que: 1. Las preferencias electorales de la ciudadanía quedaron ampliamente expresadas dentro del sistema de partidos durante la década de 1980, incluso en las elecciones presidenciales de 1990, en función de los resultados en la primera vuelta que ganó Mario Vargas Llosa. Entre AP, el PPC, el APRA y la IU, el electorado encontró durante todos los ochenta y hasta tan tarde como la primera vuelta de las elecciones de 1990, expresión política, como muestran además los niveles (razonables) de ausentismo, votos blancos y nulos. Ciertamente, siempre hubo indicios de la gran debilidad de los partidos, expresadas en los altos índices de volatilidad electoral. Sin embargo, pese a los drásticos cambios en las preferencias electorales, ellas siempre se encuadraron dentro de los márgenes del sistema de partidos. 2. En esta década, el sistema de partidos fue capaz de intermediar los intereses y las demandas de los principales grupos de interés y movimientos sociales. Los empresarios tuvieron en el PPC un canal de expresión privilegiado, y en menor medida, en AP. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde, en el cual se dio un

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proceso de liberalización bastante criticado por éstos, los empresarios tuvieron siempre un canal abierto para negociar por medio de la presencia del PPC administrando la cartera de industrias. Posteriormente, a partir de la creación del Movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa, muchos líderes de gremios empresariales incursionaron en la política, pasando a ser líderes del movimiento. Del lado de las organizaciones populares, se establecieron estrechas relaciones entre los principales gremios y los partidos que conformaron IU. Los principales líderes gremiales eran a la vez notorios dirigentes de esos partidos: tradicionalmente la CGTP era controlada por el PCP, el SUTEP por el UNIR, la CCP por el PUM. Tanaka señala que lejos de encontrar problemas de representación de los partidos respecto a los principales grupos de interés, encontramos exactamente lo contrario: los partidos pecaron por ser excesivamente representativos de esos intereses, dificultándose una acción política más autónoma que favoreciera su cambio en años posteriores. 3. A pesar de los conflictos surgidos de la competencia política, todos los partidos respetaban las reglas de juego democráticas establecidas en torno a la Constitución de 1979. En la década de 1980 el electorado peruano se dividía gruesamente en tres tercios, cortados ideológicamente en torno a un clivaje de izquierda/derecha: a la izquierda los diversos grupos de izquierda, al centro el APRA, y a la derecha AP y el PPC; por lo cual ninguna fuerza por sí sola podría aspirar a constituirse en una fuerza hegemónica del sistema de partidos. La consecuencia de este diagnóstico era que tenía que establecerse un compromiso en torno al pluralismo y alternancia en el poder; de manera que ninguno de los actores buscara acabar con el sistema en caso de ser derrotado, con la esperanza de ser ganador en las elecciones siguientes. Para ello, se estableció la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Además, se estableció un sistema electoral de dos vueltas (ballotage) para la elección presidencial, poniendo muy alto el requisito para ganar en primera vuelta (mayoría absoluta de los votos). Todo en el entendido (a partir de los resultados de las elecciones de 1978) de que como ninguno de los actores era hegemónico, debía estimularse la formación de alianzas para llegar a la presidencia en segunda vuelta. Podríamos presumir que esta disposición buscaba evitar la posibilidad de un acceso de la izquierda a la Presidencia de la República en el caso de obtener una mayoría relativa; en ese caso, funcionaría una alianza entre la derecha y el APRA para impedirlo en segunda vuelta. De hecho, durante la Asamblea Constituyente funcionó una suerte de alianza entre el APRA y el PPC en contra de la izquierda. Ella se expresó en el apoyo de Luis Bedoya, líder del PPC, a Haya de la Torre para que éste ocupara la presidencia de la Asamblea Constituyente, pero sobre todo, en la aprobación de la tercera disposición transitoria de la Constitución, que establecía que sólo en las elecciones de 1980 la presidencia se alcanzaría con el 36% de los votos; en caso de no obtenerse ese porcentaje, sería el Congreso el que elegiría al presidente entre los dos candidatos más votados. Esta disposición fue dada para favorecer el triunfo del candidato del APRA en las primeras elecciones presidenciales democráticas desde 1963.

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Finalmente, para asegurar la gobernabilidad del sistema a partir de 1980, se fortaleció relativamente al poder ejecutivo frente al Congreso, para evitar la repetición de la experiencia del Congreso entre 1963 y 1968. Pese al grado de polarización y a las grandes diferencias de proyectos e ideologías existentes, los actores se movieron respetando este pacto fundamental tal como lo hemos definido. La crisis del gobierno de los partidos se da no por un problema de representación sino de gobernabilidad por el manejo irresponsable de sus gobiernos de la economía y de las fuerzas armadas en la lucha contra subversiva. Esto se explica por el uso indiscriminado de las facultades legislativas por parte del Ejecutivo. El desigual tamaño de las circunscripciones electorales así como la aplicación de la cifra repartidora, afectó la representación política y produjo falsas mayorías en el legislativo, lo cual permitió la viabilidad del sistema presidencialista de gobierno. Así tenemos que en 1980, Fernando Belaúnde ganó la Presidencia de la República y su partido Acción Popular, con cerca del 40% de la votación para sus listas de diputados, conseguía el 54% de la Cámara. En 1985, Alan García Pérez ganó la Presidencia y su partido APRA, con el apoyo electoral de menos del 50% conquistaba cerca del 60% de la Cámara Baja. Es decir, los dos primeros gobiernos democráticos obtuvieron destacadas mayorías parlamentarias gracias a una distorsionada distribución de las circunscripciones. Estas mayorías parlamentarias fueron fabricadas por el sistema electoral, influyendo en la gestión gubernalmental y en el sistema de partidos. III. LA DESAPARICIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS (1990-2000) Durante el gobierno de Alberto Fujimori asistimos a un periodo de estabilidad económica y pacificación, en detrimento de las libertades políticas ciudadanas. Fujimori gana las elecciones encabezando una lista independiente que no llega a tener mayoría parlamentaria. Eso le impide hacer importantes reformas económicas y políticas. En ese sentido, aprovecha el sentimiento antipartido expresado por la población en las elecciones de 1990 y lo exacerba creando en la opinión pública una polaridad gobernabilidad vs. partidos, que logró funcionar y hacerse creíble. Fujimori muestra desde el inicio de su gobierno lo que serían las líneas directrices de su política: respaldo total a las Fuerzas Armadas, crítica a los partidos en su conjunto y a las instituciones de la Constitución de 1979 en general, y una política económica orientada al mercado. En su discurso Fujimori atacará a los poderes legislativo y judicial, a las dirigencias sindicales, a los partidos políticos, e incluso a la iglesia. Se empieza así a configurar una dinámica política en la que Fujimori busca hacerse del poder a costa de los partidos y de la institucionalidad y del pacto expresado por los partidos en la Constitución de 1979. Tanaka señala que este pacto expresado en la Constitución de respeto al régimen democrático funcionó con el sistema de partidos y los actores de los años ochenta.

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Sin embargo, con Fujimori en la presidencia, y en el contexto particular en el que se encontraba, ella perdió capacidad de estructurar la dinámica política. Se da un agotamiento del pacto político de 1979, en la cual Fujimori sólo tenía pérdidas dentro de sus marcos, y posibles ganancias con su rompimiento, como finalmente se da el 5 de abril de 1992. En 1993, el Congreso Constituyente Democrático (CCD) elabora una nueva constitución en la cual se modifican importantes aspectos del sistema electoral, entre ellos la unificación de las cámaras legislativa y la reelección presidencial inmediata. El nuevo sistema electoral combina elementos que fortalecen el presidencialismo: distrito nacional único, voto preferencial y cifra repartidora sin barrera mínima para la elección de representantes a un parlamento unicameral que había sido reducido a la mitad de escaños. De un parlamento que tenía 240 congresistas se pasó a uno de la mitad de tamaño sin mediar consideraciones de representación. El colapso del sistema de partidos se expresa en las elecciones generales de abril de 1995, en las que ninguno de los partidos base del sistema de partidos en los ochenta logra alcanzar más del 5% de la votación, por lo que todos pierden su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones. El sistema político se fragmenta como consecuencia de la modificación del distrito electoral. Tanto en el CCD de 1992 como en el Congreso elegido en 1995 están representadas diez y trece organizaciones, respectivamente. Asimismo, algunos departamentos, acostumbrados a tener representantes en el Parlamento, carecen de ellos; otros, en cambio, tienen más de los que les corresponderían en una distribución por circunscripciones múltiples y pluri nominales. De otro lado, el distrito único tiene efectos en el carácter de las organizaciones, favoreciendo a aquellas que carecen o tienen una muy débil estructura partidaria nacional. La lista de candidatos con circunscripción única posibilita que ésta sea elaborada centralizadamente en la capital del país y no exige una movilización nacional de la estructura partidaria para elaborar las listas locales. El distrito electoral único favorece al partido mayoritario, más aún cuando se utiliza la cifra repartidora para asignar escaños al Congreso. En ese sentido, el partido de gobierno se vio favorecido en los procesos electorales de 1992, 1995 y 2000, logrando, en el primer caso, una mayoría de escaños. Otro elemento del sistema electoral que afectó el sistema de partidos y la composición del parlamento fue el voto preferencial. Si bien el voto preferencial facilita una mayor relación entre el elector y la autoridad elegida, esta tiende a menoscabar la unidad y la disciplina interna de los partidos, e incentiva la autonomía de los elegidos que en el Perú fue amenazada o corrompida. IV. EL QUIEBRE AUTORITARIO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (2000-2002) Las elecciones generales del 2000 fueron las más controvertidas de las últimas décadas. La postulación del Presidente Fujimori para un inconstitucional tercer mandato generó, por un lado, un intenso rechazo político y ciudadano y, por otro,

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una campaña electoral tan marcadamente desigual y viciada, cuyas consecuencias fueron la elección de un Presidente y un Congreso con una alta dosis de descrédito. Tras una década de descrédito, en estas elecciones solamente el Partido Aprista Peruano y Acción Popular lograron presentar candidaturas. El PPC y las agrupaciones de izquierda no pudieron inscribirse puesto que no lograron conseguir el número de firmas necesario para su inscripción. En cambio, en estas contiendas electorales se presentaron ocho listas independientes, haciendo un total de nueve listas para la Presidencia y diez para el Congreso. Las principales candidaturas en el 2000 estaban conformadas por independientes. En primer lugar la de Alberto Fujimori, Presidente en ejercicio que postuló a la cabeza de un frente independiente que agrupaba a los movimientos oficialistas Cambio 90, Nueva Mayoría y Vamos Vecino. Este frente se llamó Perú 2000. La presentación de la candidatura de Fujimori en diciembre de 1999 provocó que la oposición presentara inmediatamente una tacha e impugnación ante el JNE que no prosperó. Los principales contendientes en la etapa pre-electoral fueron Alberto Andrade y Luis Castañeda. Alberto Andrade, entonces alcalde de Lima, encabezó la lista del movimiento independiente Somos Perú, teniendo como principal recurso su buena gestión en la recuperación del centro histórico de Lima. Luis Castañeda Lossio, actual alcalde de Lima, postulaba con el recién fundado partido Solidaridad Nacional. Mostraba entre sus principales virtudes una buena gestión en diversas instituciones públicas. La campaña electoral del presidente Fujimori buscaba la reelección utilizando los recursos del Estado y los medios de comunicación como principales instrumentos de campaña y contracampaña. Una muestra de ello es que el gobierno de Fujimori incrementó el gasto de capital durante el primer semestre del 2000 y realizó abrumadoras campañas de promoción de sus obras en todos los medios de señal abierta. En ese sentido, existió un desbalance informativo que atentó contra la libertad de información de los electores y contra la integridad de los candidatos opositores. Esta contracampaña no se percató hasta muy tarde de la presencia de un tercer candidato, Alejandro Toledo, quien postulaba por segunda vez a la Presidencia a la cabeza de su organización denominada Perú Posible. El uso de su imagen de cholo terco y exitoso, fue su principal recurso contra el chino mentiroso y corrupto. El candidato de Perú Posible tuvo opción real de llegar a la Presidencia sólo dos meses antes de producirse las elecciones, ya que recién en ese momento logró aglutinar los votos de los sectores opositores, desengañados de las desprestigiadas candidaturas tanto de Alberto Andrade como de Luis Castañeda. Frente a la falta de efectividad de la campaña de desprestigio, el gobierno refuerza su intervención en los organismos electorales. Para inscribir a su alianza electoral Perú 2000, el gobierno recurrió a la falsificación de firmas con la colaboración del Servicio de Inteligencia Nacional y la complicidad de algunos funcionarios de los organismos electorales.

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Frente a ello, los organismos internacionales enviaron al Perú misiones de observación electoral, en cuyos informes señalan los problemas de competitividad que afectaban el proceso electoral presidencial. La misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos señalaba que en este proceso electoral se busca “justificar o disfrazar lo que en realidad es la perpetuación de un régimen autoritario con fuerte presencia militar”. El Electoral Reform International Service señalaba que “el Perú posee las instituciones formales y la apariencia de una democracia, pero ni las normas ni la esencia”. Tanto las misiones del National Democratic Institute como de la Organización de Estados Americanos presentaron serios cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral. El 9 de abril, los sondeos de opinión dieron como ganador a Alejandro Toledo, pero unas horas después, rectificaron la información favoreciendo al Presidente candidato. Ello generó malestar en la población, más aún cuando los organismos electorales demoraban en informar sobre los primeros resultados. Las acusaciones de fraude no se hicieron esperar y tuvieron en la calle su principal escenario de movilización en contra del gobierno. La persistencia de irregularidades forzó la renuncia de Alejandro Toledo a participar en la segunda vuelta electoral y la suspensión de labores de las misiones internacionales de observadores. El tercer periodo de gobierno de Fujimori era inminente pero no contaba con la aprobación de la población y los organismos internacionales. Estos poderes débiles de nacimiento se vieron obligados, al mes y medio de haber asumido sus respectivos cargos, a plantear la reducción de sus respectivos mandatos a un año, en medio de escándalos de corrupción y crisis política e institucional, sin precedentes en la política peruana. Finalmente, a fines de noviembre del 2000, Alberto Fujimori envió desde Japón su carta de renuncia al cargo de Presidente, que fue rechazada por el Congreso, que declaró vacante el cargo por incapacidad moral permanente, siendo elegido Presidente, ante la renuncia de los dos vicepresidentes, Valentín Paniagua Corazao, quién encabezó un gobierno de transición hasta el 28 de julio del 2001. Como producto de los anterior, se convocó nuevamente a elecciones para el 8 de abril del 2001, resultando electo el actual presidente Alejandro Toledo Manrique. V. VARIACIONES EN LA LEGISLACIÓN ELECTORAL (2000-2002) En el periodo de transición política 2000-2002, se modifican una serie de normas electorales, algunas de las cuales son las siguientes:

1. Elección del Presidente En el Perú, para ser elegido presidente, vicepresidente y congresista de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener 35 años o más, y gozar del derecho de sufragio. Los candidatos a presidente no pueden postular en una lista parlamentaria, pero sí los candidatos a vicepresidentes. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República postulan cada cinco años en una lista cerrada, de tal manera que el elector vota en bloque por los tres.

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Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos candidatos con mayor votación pasan a una segunda vuelta electoral, a los 30 días de entregados los resultados oficiales. El ganador por mayoría relativa sale elegido Presidente de la República. Modificaciones: 2000: El presidente puede ser reelegido de inmediato para un periodo adicional de 5

años. 2001: No hay reelección inmediata. Pueden volver a postular transcurrido otro

periodo constitucional. 2. Elección de los representantes al Congreso La elección de 120 parlamentarios se realiza a través de listas bloqueadas pero no cerradas cada cinco años. El elector tiene un voto separado para presidente y para congresista. Para este último caso, además, tienen la posibilidad de utilizar el voto preferencial para elegir opcionalmente por dos candidatos al Congreso. En la asignación de escaños se aplica el método de la Cifra Repartidora. La elección de los representantes al Congreso se realiza el mismo día que la primera vuelta de la elección presidencial, en una sola cédula (boleta) electoral. Modificaciones: 2000: Distrito Electoral Único. Las listas son de 120 candidatos. Las listas deben

incluir un número no menor de 25% de mujeres o varones 2001: Distrito Electoral Múltiple. Las listas tienen un número de candidatos

equivalente al número de congresistas que corresponde elegir en el distrito electoral donde se presenta. Las listas deben incluir un número no menor de 30% de mujeres o varones. No pueden postular las prsonas que tienen suspendido el ejercicio de la ciudadanía.

3. Requisitos para la inscripción de agrupaciones políticas 2000: Relación de adherentes no menor al 4% de los ciudadanos hábiles. La ONPE

comprueba la autenticidad de las firmas de los adherentes. 2001: Relación de adherentes no menor al 1% de los ciudadanos hábiles. La RENIEC

comprueba la autenticidad de las firmas de los adherentes. 4. Vigencia de la inscripción de los partidos, agrupaciones independientes y alianzas 2000: Los que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del 5% a nivel

nacional en el último proceso de Elecciones Generales 2001: Los que hayan obtenido representación parlamentaria en el último proceso de

Elecciones Generales 5. Propaganda electoral 2000: Se permite la publicación y difusión de encuestas hasta 15 días antes de la

elección. Para las elecciones presidenciales y parlamentarias se establecen franjas electorales de 30 minutos, desde un mes antes de la elecciones.

2001: Se permite la publicación y difusión de encuestas hasta una semana antes de la elección. Se prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación,

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salvo impostergable necesidad o utilidad pública. Para las elecciones presidenciales y parlamentarias se establecen franjas electorales de 10 minutos, desde 60 días antes de las elecciones.

VI. LA SITUACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PERIODO 2001-2002 El 3 de junio de 2001, Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más del 52% de los votos, lo que le daba una ventaja de casi cinco puntos sobre su competidor más cercano. Desde las elecciones de 1990, había ocupado la presidencia durante diez años Alberto Fujimori, que en 1992 se había creado un régimen a su medida mediante un autogolpe, y cuyo segundo y fraudulento intento de reelección, en el 2000, había terminado con su huida a Japón y con la formación de un gobierno de transición presidido, desde noviembre de aquel año y hasta las elecciones celebradas en abril y junio de 2001, por Valentín Paniagua. En poco más de dos décadas, el Perú ha vivido una transición a la democracia desde un régimen militar, la formación de un nuevo régimen autoritario a partir del triunfo electoral en 1990 de la candidatura de Fujimori, y una nueva transición a la democracia tras el derrumbamiento del régimen, bajo la presión de una vasta movilización popular impulsada por el candidato que se enfrentó a Fujimori en las elecciones de 2000, Alejandro Toledo, pero sobre todo como consecuencia de la revelación de pruebas abrumadoras de corrupción de funcionarios. El fujimorismo ofrece un ejemplo singular de cómo el paso desde la democracia al autoritarismo puede darse dañando el sistema de partidos y creando una oposición parlamentaria fragmentada, con una proliferación de las candidaturas personalizadas que reducen el peso de los candidatos de las organizaciones partidarias. Este fenómeno tiene raíces en los negativos balances ofrecidos ante la opinión pública por los dos gobiernos de la democracia en la década de 1980, frente a la crisis de la deuda y a la ofensiva terrorista de Sendero Luminoso, pero es profundizado deliberadamente con los cambios introducidos después de 1992 por Fujimori en la legislación electoral. Entre 1985 y 1995, la suma del voto obtenido por los partidos históricos pasa del 97% al 6%. En 1990, sin embargo, las candidaturas independientes —incluyendo la de Fujimori con su agrupación Cambio 90— no llegaron a sumar el 30% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Considerando el mal recuerdo dejado por los gobiernos de la década de 1980, en el manejo económico y antisubversivo, no resulta sorprendente un cierto auge del voto de protesta por candidaturas independientes. Se podría pensar que un sistema de partidos entra en crisis cuando se agota su oferta sin que ningún partido o coalición de éstos sea capaz de dar respuesta desde el Gobierno a los problemas sociales. En ese sentido, el resurgimiento de los partidos como opción política de gobierno debe pasar por la formulación de propuestas claras frente a la solución de problemas económicos y sociales. Tras la desoladora experiencia en el Perú con el personalismo autoritario de Fujimori, cabría la posibilidad de que la renacida democracia peruana asistiera a un proceso de

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reinstitucionalización de los partidos como las mejores vías para la participación democrática.