2013 MEMORIAS - CME_Colombia Taller CME...por eso, Estados Unidos apoya las iniciativas emprendidas para aplicar los PV en Ghana, Guatemala, Nigeria, Panamá y Perú. En Colombia,

MEMORIASTaller Internacional de Principios Voluntarios y Principios Rectores deNaciones Unidas: Gobiernos y Empresas vis-à-vis Derechos Humanos

2013

El Taller Internacional de Principios Voluntarios y Principios Rectores de Naciones Unidas: Gobiernos y Empresas vis-à-vis Derechos Humanos tuvo lugar el 13 y 14 de mayo de 2013 en Cartagena. Más de 380 representantes gubernamentales y miembros del sector privado, la academia y la sociedad civil asistieron a este foro para reflexionar sobre los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) y los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos (PRNU). La adopción de los PRNU en 2011 planteó desafíos de implementación para las empresas y los Estados, que obligan a analizar las lecciones aprendidas de iniciativas voluntarias como los PV.El camino para convertir a los PV y los PRNU en una realidad en el terreno está en construcción y son todavía muchos los interrogantes pendientes. Ninguna empresa tiene todas las respuestas.En consecuencia, al convocar el evento, el CME – Seguridad y Derechos Humanos destacó la necesidad de exploración conjunta mediante el diálogo entre empresas, gobiernos y sociedad civil. La metodología consistió en la formulación de preguntas puntuales a los panelistas dirigidas a dar cuenta de la experiencia acumulada. El encuentro contó con la presencia de John Ruggie, Exrepresentante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; Alexandra Guáqueta, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de derechos humanos y empresas transnacionales; y John Morrison, Director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas.Los tres invitados especiales fueron los moderadores de los cinco paneles, cuyas temáticas abordaron los principales retos planteados en la aplicación de las directrices contenidas en las iniciativas internacionales analizadas.

MEMORIAS

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Taller Internacional de Principios Voluntarios y Principios Rectores deNaciones Unidas: Gobiernos y Empresas vis-à-vis Derechos Humanos

“El proceso de globalización presenta retos prácticos y el concepto de responsabilidad social corporativa no resulta suficiente para enfrentarlos.”

J. Ruggie.

Ellos orientaron la discusión y formularon las preguntas necesarias para traducir el “deber ser” de los PV y los PRNU en procedimientos integrados en la gestión diaria de las empresas.

Los paneles se titularon: • Enmarcando la discusión: temas clave de los PRNU.• Enmarcando la discusión: temas clave de los PV.• Integrando los derechos humanos en la gestión empresarial.• Derechos humanos en el marco de contratos, convenios y acuerdos estatales.• Visión regional: perspectiva de las autoridades locales y regionales sobre los retos en la implementación de los PV y los PRNU.Con el ánimo de profundizar el intercambio, el CME – Seguridad y Derechos Humanos organizó dos conversatorios: uno con la comunidad académica y otro con organizaciones de la sociedad civil. En el marco del taller, el Reino de los Países Bajos y el CME – Seguridad y Derechos Humanos suscribieron un acuerdo de cooperación.El taller fue convocado por el CME - Seguridad y Derechos Humanos, en conjunto con el Gobierno de la República de Colombia y la Embajada del Reino de los Países Bajos y con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Embajada Británica.“La cuestión de empresas y derechos humanos no es un asunto académico”, recalcó Ruggie. “El proceso de globalización presenta retos prácticos y el concepto de responsabilidad social corporativa no resulta suficiente para enfrentarlos”. “Los PRNU, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, van más allá y cubren deberes de gobiernos y empresas”.Así, el éxito de los PV y los PRNU depende tanto del sector público como del privado. A continuación se resumen los principales planteamientos sobre los PRNU y los PV ofrecidos en el taller desde las dos visiones complementarias –la estatal como la empresarial– y sus alcances e implicaciones para Colombia.

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Taller Internacional de Principios Voluntarios y Principios Rectores deNaciones Unidas: Gobiernos y Empresas vis-à-vis Derechos HumanosMEMORIAS

A. Los PV y los PRNU en la política exteriorSeis de los ocho países vinculados a los PV –Canadá, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Suiza– estuvieron representados en Cartagena. Los delegados oficiales pusieron en evidencia la apuesta estratégica de sus países por los PV y los PRNU. Dieron cuenta de una visión compartida basada en la necesidad de acompañar, apoyar y vigilar las actividades económicas, a lo largo y ancho del mundo, de las empresas domiciliadas en sus países.Laura Lochman, Consejera Económico de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, resaltó el liderazgo de su gobierno en los esfuerzos internacionales en materia de empresas y derechos humanos. Fue, por ejemplo, uno de los patrocinadores de la resolución del Consejo de Derechos Humanos que adoptó los PRNU.La Subsecretaría del Departamento de Estado sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, mediante el Fondo para la Democracia, facilita el diálogo entre el sector privado, gobiernos y la sociedad civil en torno a los estándares existentes.El Gobierno de Estados Unidos estima que los estándares de los PRNU deben ser conocidos por todas las industrias, pero aplicados sector por sector.Está claro que la industria extractiva requiere seguridad y, por eso, Estados Unidos apoya las iniciativas emprendidas para aplicar los PV en Ghana, Guatemala, Nigeria, Panamá y Perú. En Colombia, respalda la tarea del CME – Seguridad y Derechos Humanos desde su creación en 2003.Las empresas enfrentan un entorno cambiante. “Cada día asumen más responsabilidades en el campo social y están en proceso de ajuste”, agregó Lochman.Robert van Embden, Embajador del Reino de los Países Bajos en Colombia, se refirió a la responsabilidad social empresarial. “Constituye un elemento clave de las operaciones económicas del sector privado y los PV forman parte de ella”, dijo.

1. LOS PV Y LOS PRNU: LA MIRADA DE LOS ESTADOS

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La esencia de los PVconsiste en “salvar vidas”.

“Somos conscientes de losriesgos de las actividades

extractivas y Suizaha adoptado una

actitud pragmática.”R. Friedmann.

Su colega, Roel Nieuwenkamp, Director del Departamento de Comercio y Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, subrayó que, como los PV permiten gestionar riesgos de seguridad, mejoran el clima de inversión y de comercio. La esencia de los PV consiste en “salvar vidas”.De las palabras de Tim Martin, Embajador de Canadá en Colombia, quedó claro que la expansión de la inversión minera no llevará a este país a eludir sus responsabilidades internacionales de derechos humanos.La política “Construyendo la Ventaja Canadiense” fomenta la aplicación de estándares internacionales, incluyendo los PV, y se centra en la facilitación de la colaboración entre actores mediante el intercambio de información, la difusión de lecciones aprendidas y el impulso del monitoreo. La Oficina del Consejero de Responsabilidad Social Empresarial, sujeta directamente a la autoridad del Primer Ministro, está a cargo de su ejecución. Consciente de la presencia minera canadiense en Colombia –240 proyectos– , la Embajada de Canadá ingresó al CME – Seguridad y Derechos Humanos e integra hoy dos de sus grupos de trabajo el de “Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil” y el de “Mecanismo de Verificación”. Rémy Friedmann, de la Oficina para la Seguridad Humana y los Negocios en el Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, explicó la política de su país. Vale la pena destacar que Suiza asumió la presidencia de los PV este año.Los PV se alinean con los objetivos suizos de promover la inversión y el comercio y, al tiempo, proteger los derechos humanos.“Somos conscientes de los riesgos de las actividades extractivas y Suiza ha adoptado una actitud pragmática”, aseguró Friedmann. “Muchas multinacionales están radicadas en Suiza y, a pesar de que nuestro país cuenta con pocos recursos naturales, crecen los negocios de materias primas allí”. Por ello, Suiza participa en iniciativas que ofrecen herramientas prácticas como el Proceso Kimberley y los PV.

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Las prioridades de Suiza en la presidencia de los PV se centrarán en la aplicación de indicadores de desempeño en el terreno, los mecanismos de control, la participación de un mayor número de países, el trabajo con Glencore Xstrata, la redacción de una guía de apoyo para las empresas y la vinculación de los PV a los PRNU y a otras iniciativas como el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, patrocinado por el Gobierno de Suiza.Para el gobierno suizo, a pesar de que existe mucho por mejorar, como el acceso a la reparación, los PRNU y los PV constituyen un paradigma normativo de “derecho blando” con el potencial de convertirse en estándar aceptado internacionalmente.

B. Los PRNU y los PV en el ámbito nacionalLos panelistas destacaron que los PRNU no solo impulsaron sino dieron sentido de urgencia al proceso de formulación de políticas nacionales iniciado en el año 2000 con la adopción de los PV.Para Ángela Rivas, Coordinadora del Área del Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz, los PRNU abrieron las puertas a la identificación de los dilemas, primer paso esencial en la elaboración de políticas.Este documento permite contestar preguntas como: ¿Cuál es la frontera entre un impacto social y uno de derechos humanos? ¿Quién lo discierne? ¿Qué debe suceder para que una situación de impacto social se convierta en una situación de derechos humanos?.Los países han comenzado a proveer respuestas. El Reino Unido, por ejemplo, inició un proceso de consultas que incluyó desde multinacionales y microempresas hasta unas 30 organizaciones no-gubernamentales.Tom Kennedy, Subdirector del Departamento de Derechos Humanos y Democracia del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, anunció que su gobierno cuenta con una primera versión de la política nacional.

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Los PRNU abrieron las puertas a la identificación de los dilemas,

primer paso esencial en laelaboración de políticas.

La política británica sobre empresa y derechos satisfizo una exigencia de la Unión Europea en tanto que la política europea común de derechos humanos estableció que cada uno de los 27 países debe tener una propia en la materia.Francisco Lloreda, Alto Consejero Presidencial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, explicó el interés de Colombia en los PV y los PRNU, poniendo sobre la mesa la relación entre empresa, pobreza y derechos humanos.“No es con creación ni distribución de pobreza que se supera la pobreza; la pobreza solo se supera con creación y distribución de riqueza”, afirmó. “Eso depende de compañías e individuos dispuestos a asumir riesgos”. Lloreda destacó que sí se puede crear riqueza con responsabilidad, como lo han demostrado las experiencias de Estados Unidos, Reino Unido y los Países Bajos. Los PRNU y los PV indican la ruta y Colombia se comprometió con ellos.En Colombia, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH está a cargo de la formulación de la política nacional de empresas y derechos humanos.Las funciones principales de este Programa consisten en la elaboración e implementación de la política pública integral en derechos humanos y en la coordinación de la gestión de las entidades participantes.Para Alma Viviana Pérez, su directora, esto último no representa reto menor: el sistema nacional de derechos humanos aglutina a más de 99 direcciones con responsabilidades en derechos humanos. El Programa trabaja en seis ejes, uno de los cuales se enfoca en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, compuesto por 26 entidades, está encargado de la elaboración e implementación de la política nacional en la materia. Tiene como temas principales de reflexión la seguridad, la tierra y el relacionamiento con las comunidades.El Programa Presidencial para los Derechos Humanos se encuentra abocado a socializar los PV y los PRNU con la Fiscalía para asegurar la judicialización de ciertas conductas violatorias de las leyes nacionales, así como con el Ministerio

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“No es con creaciónni distribución de pobrezaque se supera la pobreza;la pobreza solo se superacon creación y distribución

de riqueza.”

F. Lloreda.

de Comercio Exterior para garantizar su incorporación en la política comercial de Colombia.Pérez rechazó cualquier posibilidad de transformar los PV y los PRNU en legislación, pero insistió: “si las empresas asumieron el compromiso de respetar los derechos humanos, la responsabilidad del Estado consiste en acompañarlas de manera estructurada”.

2. LOS PRNU Y LOS PV EN LA EMPRESA: UNA REVOLUCION CULTURAL

Tanto los PV como los PRNU exigen la introducción de la visión de los derechos humanos en una cultura organizacional poco sensible a ella. Margarita Obregón, Secretaria General de Ecopetrol, no dudó en aseverar que “la introducción de los PV en Ecopetrol fue, ni más ni menos, una revolución cultural”.Para Juan Carlos Ucrós, Vicepresidente de Asuntos Externos y Gerente General Adjunto de Occidental de Colombia, la inserción de los PV en una organización de geólogos e ingenieros no resultó nada fácil. “Falta mucho en Occidental”, dijo, “pero hemos avanzado”.Los PV y los PRNU proporcionaron un lenguaje común, hicieron posible la operacionalización de conceptos de la protección de los derechos humanos desde las empresas, permitieron poner la lupa sobre socios y contratistas y obligaron a afinar el oído a las quejas y los reclamos. Más que nada, la debida diligencia entregó una ruta para orientar la acción de las empresas.Como bien lo anotó, Jeffery Flood, de IPIECA, la asociación de la industria petrolera y gasífera global para cuestiones ambientales y sociales, los PV y los PRNU satisficieron el apetito por herramientas de derechos humanos que permitieran a las empresas pasar de la teoría a la práctica.

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“Si las empresas asumieronel compromiso de respetar

los derechos humanos,la responsabilidad del Estadoconsiste en acompañarlas de

manera estructurada.”A. Pérez.

Mediante la imposición de un lenguaje común, los PV y los PRNU facilitan una comunicación fluida no solo en el interior de una compañía sino entre la compañía y otros actores.Por un lado, las falencias de la cultura organizacional imperante en la mayoría de las empresas se manifiestan en la falta de diálogo entre las áreas.Luis Fernando Angulo, del Instituto de Derechos Humanos y Empresa, enfatizó que quienes son dueños de los impactos en derechos humanos deben ser conscientes de ellos y sus áreas de producción deben usar un mismo lenguaje. Este requerimiento es esencial para que, en el seno de la empresa, se puedan asociar actividades específicas con derechos expuestos e impactos negativos.En ese sentido, para Yadaira Orsini, Oficial Senior del Programa de International Alert para América Latina, los PRNU representan “la luz al final del túnel”.International Alert, una organización dedicada a la construcción de paz, forma personal empresarial para mejorar la capacidad de prevención y respuesta de las empresas. Con frecuencia la estructura organizacional no garantiza el intercambio entre unidades operativas, pero el lenguaje ofrecido por los PRNU les permite cerrar la brecha.Según Margarita Obregón, Secretaria General de Ecopetrol, los PV permitieron profundizar y focalizar las reformas de derechos humanos en la empresa con base en un lenguaje común.Del lado del Estado, los PV viabilizaron la conversación entre las Fuerzas Armadas y las empresas. Contó el Teniente Coronel Juan Carlos Gómez, Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, que los militares alcanzaron a confundir “análisis de riesgos” con “análisis de amenazas”, pero el acercamiento a los PV permitió el uso de un concepto y de vocabulario compartidos.

La Agencia Nacional deHidrocarburos (ANH) ha celebrado más de

57 contratos en dondese incluyen cláusulas

de derechos humanos.

Un lenguaje común

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Los PV y los PRNU demandan de las compañías la operacionalización de conceptos en el marco de una cultura organizacional rígida que requiere cambio, tanto a nivel de las casas matrices como sus filiales en el terreno y sus contratistas.Para Mark Wall, Vicepresidente de Barrick Gold Corporation, la conversión de los PV y los PRNU en una política y, a su vez, de una política en procedimientos se logra con cierta facilidad; pero lo complicado está en la operacionalización mediante la estandarización y la localización.La localización puede ser relativamente sencilla si los conceptos han sido aprehendidos en el terreno pero, en general, las empresas se enfrentan a la necesidad de instituirlos. En un número importante de países se depende de un personal local de seguridad privada alejado de los conceptos básicos. Es en raras ocasiones que la localización se limita a la traducción de los estándares al lenguaje nativo.Por ende, el establecimiento de estándares comprensibles para todos resulta primordial. En un caso, Barrick publicó hasta tiras cómicas para divulgarlos.La estandarización y la localización permiten la implantación de controles para asegurar la sostenibilidad y la funcionalidad del sistema de derechos humanos construido.En resumen, una empresa requiere personal competente desde el punto de vista técnico, dotado de los recursos necesarios y motivado.“No hay receta perfecta para traducir las órdenes de una junta directiva al terreno”, concluyó Wall.

Una operacionalización posible

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“No hay receta perfectapara traducir las órdenes de

una junta directiva al terreno.”

M. Wall.

Una operacionalización posibleNo existe panacea para llevar los PV y los PRNU a los contratistas y las aproximaciones de las empresas varían. Occidental adelanta una estrategia de divulgación y sensibilización en derechos humanos y está en proceso de implementar, con su empresa de seguridad privada, los estándares incluidos en el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada. En Equión Energía Limited, además de asegurar el entrenamiento, se optó por trabajar con un número mínimo de contratistas para alcanzar un mayor control, narró Carlos Velasco, Vicepresidente de Asuntos Corporativos. Aún así, la armonización de las exigencias ambientales en áreas como el transporte terrestre de hidrocarburos no se consigue con facilidad, a diferencia, por ejemplo, de la sistematización en el campo de la seguridad social.Lo más importante consiste en la incorporación de cláusulas de derechos humanos en los contratos de las empresas con agencias del Estado, con socios y con contratistas.Según Boris Navarro, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esta entidad así lo ha hecho en 57 contratos en más de 400 municipios. Acompaña también los acuerdos de la industria con el sector defensa y éstos también incluyen, de manera transversal, un enfoque de derechos humanos.Oscar Villadiego, Vicepresidente de HSE y Sostenibilidad Operativa de Ecopetrol, recordó que no siempre fue así. Antes, los contratos de asociación no hacían referencia alguna a los derechos humanos, pero ahora Ecopetrol busca socios con un enfoque común, dispuestos a respetar el Código de Ética de la compañía.El Ministerio de Defensa tiene suscritos entre 100 y 130 convenios con empresas y está considerando introducir los PRNU en ellos como demostración de la madurez institucional de la Fuerza Pública.

Una lupa sobre socios y contratistas

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Lo más importante consiste en la incorporación de cláusulas de derechos

humanos en los contratos.

Un oído para las quejas y los reclamos

Un desafío concreto impuesto por los PRNU consiste en asegurar el buen funcionamiento de las oficinas de quejas y reclamos.Para Carlos Franco, Gerente del Departamento de Estándares Sociales y Relaciones Internacionales de Cerrejón, las oficinas de quejas y reclamos tienen un rol fundamental: permiten saber si el análisis de riesgos fue acertado y si las medidas de prevención funcionaron, suministran lecciones aprendidas y contribuyen a retroalimentar la política de responsabilidad social empresarial.Pero no se puede caer en la trampa de creer que ellas solas reemplazan las políticas de responsabilidad social empresarial.Las empresas petroleras se jactaban de sus mecanismos de quejas y reclamos sumamente elaborados y se asumía que todo estaba hecho. Pero no era así.En Ecopetrol, relató Margarita Obregón, fue necesario dar un tratamiento especial a los reclamos de derechos humanos que, hasta los PV, se resumían en riesgos sociales o del entorno. Los PV y los PRNU proporcionaron a la organización un lenguaje común para introducir nuevos procesos.Ecopetrol, por ejemplo, cuenta con un mecanismo claro para el tratamiento de los reclamos. Una queja por violación de derechos humanos es presentada en la reunión mensual del Comité de Derechos Humanos, que cuenta con representación de áreas como contratación, talento humano, relacionamiento, seguridad física y muchas más. Si la queja es grave, puede proseguir su camino hasta la misma Junta Directiva.En las empresas se entiende que las quejas permiten extraer lecciones aprendidas pero, según Franco, la acción sistemática para incorporar las lecciones aprendidas a las políticas dista de estar asegurada.

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“Por difícil que resulte,una empresa debe verificarla cadena de suministrosa siete o a más eslabones

de distancia.”R. Nieuwenkamp.

Un oído para las quejas y los reclamos

Uno de los principales consensos del taller giró en torno a la debida diligencia y se resume de la siguiente manera: la debida diligencia constituye un concepto pionero que orienta y clarifica la acción de las empresas. Roel Nieuwenkamp valoró el concepto de debida diligencia como central para abordar desde la corrupción hasta conflictos ambientales. Por difícil que resulte, una empresa debe verificar la cadena de suministros a dos o a siete o a más eslabones de distancia. La transparencia en la cadena de suministros constituye uno de los mayores desafíos que enfrentan las compañías. “¿Cómo asegurar, por ejemplo, que los minerales de un teléfono celular, a unos siete eslabones de la empresa proveedora de servicio, no provengan de una zona de guerra en Congo?”, se interrogó. En Bangladesh, por ejemplo, quedó en evidencia que las inspecciones del Estado fueron insuficientes. Una empresa debe usar la debida diligencia para garantizar condiciones de seguridad física de sus fábricas y trabajadores.Para Ángela Rivas, la debida diligencia “permite una discusión desideologizada o, al menos, no polarizada sobre derechos humanos”. En Colombia esto significa un “cambio de chip”. Pero, más que nada, Nieuwenkamp insistió en que la debida diligencia se erige como un avance de envergadura: “un concepto común, un lenguaje común para prevenir tragedias”.

Un concepto vanguardista:la debida diligencia

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Una empresa debe usarla debida diligencia paragarantizar condiciones

de seguridad física de susfábricas y trabajadores.

3. LOS PRNU Y LOS PV EN COLOMBIA

A. Los PV: un instrumento de conocimiento del entorno

“Donde están las Farc existe explotación petrolera y minera”, indicó el Viceministro de Defensa Jorge Bedoya y, por eso, las Fuerzas Armadas trabajan de la mano con el sector privado. En Colombia, los PV facilitan el conocimiento y la comprensión de ese entorno complejo.Así lo muestra el caso de Isagén. Hace casi ocho años, relató Luis Fernando Rico, su Gerente General, el director de una planta fue asesinado por la guerrilla y la empresa se enfrentó a una situación que no podía limitarse al simple fortalecimiento de la seguridad física.Los PV le permitieron a Isagén acceder a las comunidades. La empresa, por fin, entendió algunas de sus preocupaciones. En el Cañón de las Hermosas, en plena zona guerrillera, Isagén inició el proyecto Amoyá. Si bien se logró un acuerdo en cuestiones ambientales, los habitantes de la zona continuaban expresando preocupación por la “convivencia”. Isagén demoró en entender qué sucedía; con la compañía llegaba también el Ejército a la zona y la población, que había convivido con la guerrilla más de 40 años, temía quedar en medio del fuego cruzado. Isagén apoyó entonces la creación de una mesa de transparencia en la que se sientan las autoridades locales y regionales, la comunidad, la Fuerza Pública, los organismos de control y Naciones Unidas y ese canal de diálogo permitió encontrar soluciones para todos.Para Luis Fernando de Angulo es tan importante conocer como mostrar lo que se conoce –“to know and to show”– y ello hace referencia a las condiciones socio-económicas, culturales y políticas del entorno de la operación económica.Pero el conocimiento debe ser de doble vía. El taller evidenció una brecha de comprensión de las realidades entre autoridades locales y directivas empresariales.

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El taller evidenció unabrecha de comprensión de

las realidades entre autoridades locales y directivas empresariales.

Alejandro Martínez, Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, destacó que las comunidades demandan cada vez más de las empresas. “Nos piden más porque nos ven más”, aseveró Martínez. En efecto, durante los últimos ocho años, la producción se dobló y la inversión se multiplicó por diez. A manera de conclusión, Martínez sentenció: “el país debe entender que la industria no es el problema en las regiones, sino la solución”.Pero, para Carlos Contreras, Exalcalde de Barrancabermeja, salta a la vista la paradoja de tanta riqueza en medio de la pobreza. Contreras le reprochó a las empresas “actuar por fuera del territorio como si fueran repúblicas independientes y pensar en su seguridad propia solamente”. Y terminó: “si ellas crecen, el territorio también debe crecer”.En medio de un panorama de frágil gobernabilidad y precaria institucionalidad, no debe sorprender, entonces, como lo señaló el Representante Guillermo Rivera, que las comunidades perciban a las empresas como proveedoras de servicios. Rivera abogó por un entendimiento entre el Estado, la industria extractiva y las comunidades con base en la participación ciudadana, una posición respaldada por Gloria Cuitiva, Defensora Regional del Pueblo en Arauca, y Carlos Contreras. Este último subrayó las virtudes de los presupuestos participativos. “Si los PV y los PRNU se llevaran a la práctica, se podrían resolver los problemas sociopolíticos de la industria”, afirmó el congresista.

El CME – Seguridad y Derechos Humanos fue creado en 2003 como una alianza público-privada para la implementación de los PV. Está compuesto de 29 miembros entre empresas, entidades del Estado y gobiernos extranjeros.Cuenta con siete grupos de trabajo: Empresa y Fuerza Pública, Diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil, los PRNU, Indicadores de Desempeño, Mecanismo de Verificación, Gestión del Riesgo de Extorsión y Secuestro y Comunicaciones.

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B. El CME - Seguridad y Derechos Humanos: el espacio de los PV y los PRNU


“El CME – Seguridad yDerechos Humanos es unproducto de exportación.”

J. Morrison.

A la fecha, el CME – Seguridad y Derechos Humanos ha emitido recomendaciones sobre indicadores de desempeño, gestión del riesgo de secuestro y extorsión, apoyo al sector defensa para implementación de la política pública de derechos humanos y derecho internacional humanitario, relación con organizaciones de la sociedad civil, gestión contractual de la seguridad privada, gestión de riesgos de derechos humanos relacionados con seguridad y uso de emblemas del Comité Internacional de la Cruz Roja.El Gobierno colombiano ha mostrado su compromiso con este espacio de reflexión y debate. La incorporación de los PV en la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, un precedente único en el mundo, así lo prueba. Ramiro Santa, actual presidente del CME - Seguridad y Derechos Humanos, hizo hincapié en la fuerte presencia del Estado mediante la Vicepresidencia, la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Comando General del Ejército y la Superintendencia de Seguridad Privada. Para Juan Carlos Ucrós el CME – Seguridad y Derechos Humanos constituye “una iniciativa madura y robusta”. John Morrison fue aún más lejos y lo consideró “un producto de exportación”. “Este es el momento para llevar el conocimiento adquirido en Colombia a lugares como Kenia, por ejemplo”.El CME – Seguridad y Derechos Humanos enfrenta ahora las complejidades del crecimiento. Para el Alto Consejero Rodrigo Lloreda, se encuentra ante un punto de quiebre. En primer lugar, debe decidir si abrirá sus puertas a un mayor número de empresas y/o a organizaciones de la sociedad civil. Hasta ahora, International Alert y la Fundación Ideas para la Paz solo ostentan la categoría de observadores.

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“Este es el momento parallevar el conocimiento

adquirido en Colombia alugares como Kenia,

por ejemplo.”

J. Morrison.

También está sobre la mesa la posibilidad del monitoreo entre pares. Hasta el momento, “los miembros del CME trabajamos hacia las mismas metas sin juzgar”, como lo indicó Santa. El CME – Seguridad y Derechos Humanos debe superar el discurso para responder cómo se llevarán los PV al terreno, insistió Lloreda. “El discurso todo lo permite”, advirtió. Según el Embajador Martin de Canadá, “los estándares internacionales requieren integridad y credibilidad y no las tienen sin medición y para obtener medición se debe contar con monitoreo”.Finalmente, el CME – Seguridad y Derechos Humanos debe determinar si desplazará su énfasis de los PV a los PRNU.Ucrós estimó que, mientras exista conflicto armado en Colombia, corresponde al CME – Seguridad y Derechos Humanos permanecer concentrado en los PV y recurrir a los PRNU como eje orientador del debate.Concurrió con esta valoración José Rafael Unda, Secretario Técnico del CME – Seguridad y Derechos Humanos, “los PNRU iluminan el camino”, declaró.Unda agregó que el credo institucional del CME – Seguridad y Derechos Humanos es uno de “mejora continua”. En consecuencia, resulta importante recordar la afirmación de Lloreda: “las ventanas de oportunidad no se crean por generación espontánea; es factible construirlas y este taller es una muestra”.El liderazgo de Colombia en la cuestión de derechos humanos fue reconocido en múltiples ocasiones por Van Embden, además, la consideró un ejemplo para países de Europa y América del Norte por su temprano compromiso con los PV. Afirmó Roel Nieuwenkamp, “Colombia se convirtió en un socio estratégico”. El Gobierno de los Países Bajos emprendió la tarea de vincular a países prioritarios a los PV, muchos expresaron falta de interés pero, al mirar la experiencia colombiana, reconsideraron. Así fue con Sudáfrica.

“Este taller y las experienciasdiscutidas demuestran el

grado de compromiso (…).Con mi trabajo en las

Naciones Unidas queríamarcar una diferencia enla vida de las personas yeste taller me ratifica que

mi trabajo allí aplica apersonas reales.”

J. Ruggie.

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Al igual que Argentina y Brasil, Colombia suscribió las Líneas Directrices para Empresas y Derechos Humanos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, único texto vinculante en la materia. Este texto se aplica a 85% de los intercambios comerciales en el mundo, obliga a crear puntos nacionales de contacto e impone la mediación a través de ellos. Nieuwenkamp concluyó: “esto es un gana-gana para las empresas y para los derechos humanos en Colombia”.John Ruggie cerró el encuentro con las siguientes palabras: “este taller y las experiencias discutidas demuestran el grado de compromiso por parte de las comunidades, del CME - Seguridad y Derechos Humanos y de los sucesivos gobiernos de Colombia”.Ruggie recomendó al Gobierno la formulación de un Plan Nacional de Acción para las empresas y los derechos humanos. A modo de conclusión, vale la pena recordar que, con los grandes éxitos, vienen también las grandes responsabilidades. “Con mi trabajo en las Naciones Unidas quería marcar una diferencia en la vida de las personas y este taller me ratifica que mi trabajo allí aplica a personas reales”, afirmó Ruggie.

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“Este taller y las experienciasdiscutidas demuestran el

grado de compromiso porparte de las comunidades, del CME - Seguridad y DerechosHumanos y de los sucesivosgobiernos de Colombia.”

J. Ruggie.

El taller dio cuenta del creciente interés que despiertan los PV y los PRNU para Estados, empresas y sociedad civil. Ambos textos van en camino de convertirse en estándares internacionalmente aceptados. Los PV y los PRNU ofrecen un lenguaje común, una ruta para la operacionalización de medidas en la defensa de los derechos humanos, una manera de integrar a los socios y contratistas en este emprendimiento y, más que nada, un concepto que orienta acciones –la debida diligencia–.Pero, cuanto más se socializan y divulgan, más aumentan las expectativas de resultados concretos en el terreno. Ni las empresas, ni los Estados desconocen esto, pero las respuestas todavía están en construcción.Colombia enfrenta desafíos como país receptor de empresas extranjeras y como casa matriz de compañías con presencia en el exterior, principalmente en las regiones andinas y centroamericana. En consecuencia, el Gobierno está frente al doble reto de implementación de los PV y PRNU en el país, así como de su incorporación en la política exterior. El Estado colombiano es pionero en materia de PV. Es uno de tan solo siete países que ha adherido y el único perteneciente al mundo en vías de desarrollo. La temprana creación del CME – Seguridad y Derechos Humanos como alianza público-privada, que deja 10 años de experiencia en la reflexión, el estudio y la aplicación de los PV, permitió mayor claridad en el abordaje de los PRNU.Los avances internacionales en la elaboración de estándares ponen al CME – Seguridad y Derechos Humanos ante varias posibilidades: 1. La ampliación de la agenda, 2. Mayor inclusión de la sociedad civil y 3. El establecimiento de un instrumento de monitoreo.Sean cual fueren las decisiones tomadas por sus miembros, el tema de empresas y derechos humanos cobrará cada día más fuerza en una economía en crecimiento en la mitad de un conflicto. De ahí deriva el llamado de John Ruggie al Gobierno para la formulación de un Plan Nacional de Acción y la creación de una oficina presidencial responsable de su implementación; herramientas que permitan jalonar el proceso iniciado por el CME – Seguridad y Derechos Humanos y profundizar sus logros.

Conclusiones

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Desarrollado por IG Consultores • Laura Gil • para el CME - Seguridad y Derechos Humanos – Mayo 2013.

www.CMEColombia.co

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