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RESPUESTA DE APUCV AL CONSEJO UNIVERSITARIO LA DEMOCRACIA SOCIAL EN EL ÁMBITO GREMIAL

En el año 2007, por primera vez en su historia, el profesorado de la UCV tuvo la oportunidad de elegir de manera directa, universal y secreta a la Junta Directiva de la APUCV, como claro ejercicio de vocación democrática. Desde ese entonces ha sido práctica de su directiva someter a consulta del profesorado aspectos de relevancia que los afectan.

Como organización gremial hemos dado vida a la democracia social implementando mecanismos democráticos para la toma de decisiones y, con fundamento en nuestra Constitución, hemos viabilizado la Democracia participativa.

El ejercicio de la democracia tiene, para la APUCV, un importante contenido educativo.

Por Ley de Universidades, tenemos la responsabilidad de impartir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para el ejercicio profesional, pero también contribuir con la formación ciudadana trasmitiendo los principios contemplados en la Constitución Nacional.

La defensa del texto Constitucional ha sido el centro de nuestro discurso en defensa de la universidad y los derechos del personal docente.

Fue con fundamento en nuestra obligación de contribuir con la orientación del país que denunciamos la ruptura del hilo constitucional y, sustentado en el análisis del artículo 3 de la misma, solicitamos la renuncia del Presidente de la República por incumplimiento de sus responsabilidades como jefe del Estado Venezolano.

Seriamos inconsecuentes con nuestro discurso si en el contexto país exigimos el respeto a las leyes y reglamentos y a nivel universitario guardamos silencio cuando ellos se incumplen.

Fue por esa razón que nos opusimos a la ilegal decisión del Consejo Nacional de Universidades (2009) de ordenar la suspensión de la cotización del personal jubilado a los Fondos de Jubilaciones y la decisión del Consejo Universitario de acatarla.

Es por ello que nos enfrentamos a la decisión del Consejo Universitario (2010) de disolver, unilateralmente, la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV (FonjUCV) pues ello era competencia exclusiva de los entes fundantes.

Es con fundamento en la vigencia del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la UCV que hemos solicitado se respete el artículo- 27 del mismo.

La búsqueda de la verdad constituye un principio universitario y resulta preocupante que el máximo organismo de conducción académica pretenda responsabilizar al gremio (APUCV y CPUJUCV) de un conflicto no promovido por nosotros.

Obvia el Consejo Universitario:

Que si el Patrimonio del FonjUCV fue cedido en propiedad a la UCV, dicha decisión contó con el aval de los organismos gremiales: APUCV y CPUJUCV.

Que tal cesión se produjo para proteger el patrimonio y dirigirlo a la Seguridad Social del Profesorado.

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Que la actuación institucional cambio una vez trasladada la mayoría del patrimonio pues, hasta entonces todo transcurría en armonía y consenso.

Que antes del 1° de febrero enviamos diversas cartas a la Rectora sin respuesta alguna.

Que el 1° de febrero cambió su postura y desconoció los derechos de uno de los entes fundantes (El Consejo de Profesores Universitarios Jubilados de la UCV)

Que sin haber finalizado el proceso de liquidación, se tomaron decisiones al margen del Consejo Universitario, el liquidador, la APUCV y el Consejo de Profesores Jubilados.

Que para evitar un conflicto, nos dirigimos a la FAPUV, al Núcleo de Fondo de Jubilaciones, y a los 11 Consejos de Facultad.(27 de abril).

Que suspendimos la consulta del 11 de mayo a solicitud de los Decanos como una forma de resolver la situación por la vía del diálogo y se designó una comisión que tenía como garante la presencia de los decanos.

Que la primera reunión convocada fue suspendida, pues la Rectora se molestó ante un comunicado de la APUCV relacionado con la situación de SAMHOI y no del FonjUCV.

Que la Rectora no participó en ninguna reunión haciendo inútil la discusión pues la parte institucional no tenía poder de decisión.

Que la misma rechazó una propuesta elaborada por la Decana de Ciencias Jurídicas y el Consultor Jurídico de la APUCV apegada a nuestro Reglamento.

Que su propuesta viola el reglamento vigente.

Que enviamos una comunicación informando la convocatoria a consulta y nuestra disposición a continuar dialogando (8 de junio).

Que en dicha carta agradecíamos al ciudadano Vicerrector Administrativo su disposición para las reuniones y a los decanos haber cumplido con el compromiso adquirido.

Que la consulta se implementó (29 de junio) luego de transcurrir el tiempo estipulado para llegar a un acuerdo.

Todo ello desconoce el documento del Consejo, violando el principio universitario de búsqueda de la verdad, pues medias verdades son mentiras.

Nuestra Universidad vive hoy una crisis de valores y de conducción sin precedentes, pues el ejercicio de la democracia ha desaparecido. No solo por la ausencia de elecciones, sino por el desconocimiento al estado de derecho, a los acuerdos y a la palabra empeñada. Ceder el patrimonio que administraban tres y asignarlo a uno para su protección no podía conducir a que el receptor desconociera los derechos de los otros y las normas vigentes.

No vamos a acompañar al Consejo Universitario en ese proceso de erosión.

No nos soliciten que violemos el artículo 21 de la Constitución que establece la igualdad ante la ley, ni el artículo 27 del Reglamento de Jubilaciones y Pensiones que concede el derecho del personal jubilado a tener un representante en la Junta Administradora del Fondo.

Como se les ocurre solicitar que violemos el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución que textualmente señala: ”Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”.

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No se educa en democracia cuando se viola el artículo 51 de la Constitución: "Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.”. Desde el 27 de abril estamos esperando respuesta a nuestra comunicación solicitando que los Consejos de Facultad se pronunciaran sobre el respeto a nuestro Reglamento.

Cuando dijimos que la administración del patrimonio del Fondo era una decisión de los profesores, no de la dirigencia gremial, ni de las autoridades rectorales dábamos vida a los valores que defendemos pues es nuestra decisión hacer coherente el discurso con la práctica.

No ocultaremos en la universidad, lo que criticamos en el país.

Como miembros del gremio ustedes fueron convocados a una consulta donde participaron 741 profesores, cuya opinión será asumida por nosotros. Tuvieron la oportunidad de expresar con su voto el desacuerdo con la propuesta y optaron por abstenerse. La mayoría (710) respaldó la propuesta de APUCV y (617) consideraron que los activos debían cesar en los aportes.

El documento aprobado por el Consejo Universitario termina llamando a un diálogo, pero continúa desconociendo la vigencia de nuestro reglamento. Diálogo muy parecido al promovido por el gobierno nacional que pretende que los ciudadanos aceptemos se desconozca la Constitución.

El próximo miércoles haremos acto de presencia en el Consejo Universitario para informar oficialmente los resultados, para recordarles que aprobaron una asamblea con la comunidad que no han realizado, que tienen una deuda multimillonaria con el IPP y que como garantes de la seguridad social del profesorado están incumpliendo con sus obligaciones.

Presidente Víctor Márquez Corao

Vicepresidente Tulio Olmos

Secretario Héctor Moreno

Asuntos Académicos Gregorio Afonso

Finanzas Morella Ramírez

Cultura Eva Núñez

Agronomía Elbano Martín

Arquitectura y Urbanismo Alexis Méndez

Ciencias Humberto Rojas

Ciencias Económicas y Sociales Samuel Pérez

Ciencias Jurídicas y Políticas Santos Morrone

Ciencias Veterinarias Antonio Rodríguez

Farmacia Mariela Cohelo

Humanidades y Educación Lisbeth Esaa

Ingeniería Milagros Lara

Medicina Romelia Ramírez

Odontología Cristina Pérez Díaz

Caracas, 1º de Julio de 2016.