Informe decoyuntura social

2019 -2020

Septiembre de 2020

La información para la elaboración de este estudio se concluyó de recopilar enagosto de 2020

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES

Una publicación del Departamento de Estudios Sociales • DES

Informe anual 2019-2020

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin previa autorización de FUSADES.Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Centroamérica

ISSN 2218-6859

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Índice general

Presentación Resumen ejecutivo

Situación social en breve Cohesión social y desigualdad La desigualdad de oportunidades económicas y sociales en El Salvador Repercusiones sociales de la crisis por COVID-19 ¿Qué hacer para que las brechas socioeconómicas profundizadas en el contexto de la crisis no se vuelvan estructurales? Referencias

Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19 Privaciones y desigualdades entre la primera infancia previo a la pandemia Impactos de la crisis del COVID-19 en la primera infancia Respuesta del Estado en materia de primera infancia El desarrollo infantil temprano de cara al futuro Referencias

Brechas laborales y COVID-19: riesgos de la crisis para el trabajo de jóvenes salvadoreños ¿Cuál era la situación laboral de los jóvenes en El Salvador previo al COVID-19? ¿Cuáles son los efectos de la pandemia en el empleo juvenil salvadoreño? ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado salvadoreño a los efectos del COVID-19 en el empleo? Reflexiones finales y recomendaciones Referencias

Anexos Anexo 1. Indicadores Anexo 2. Glosario de indicadores Anexo 3. Porcentaje de hogares con niñas y niños de 0 a 8 años en situación de pobreza multidimensional en 2019, por departamento y área geográfica Anexo 4. Porcentaje de hogares con niñas y niños de 0 a 8 años en situación de pobreza multidimensional en 2019, por indicador y grupos de edad

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Índice de gráficos Gráfico 1. Brechas en oportunidades económicas y sociales entre personas pobres, vulnerables y no pobres ni vulnerables Gráfico 2. Brecha económica en hogares con niños en primera infancia Gráfico 3. Brecha socioeconómica en hogares con niños en primera infancia Gráfico 4. Cobertura de controles infantiles y vacunas Gráfica 5. Denuncias de delitos a la PNC y vulneración de derechos al CONNA contra la primera infancia Gráfico 6. Ocupación juvenil 2019 por rama de actividad económica Gráfico 7. Trabajadores formales activos en el mes de referencia (2020) Gráfico 8. Tasas de desempleo en El Salvador (2005-2019)

Índice de cuadros Cuadro 1. Algunas medidas tomadas por el gobierno para aliviar los efectos de la crisis en los hogares salvadoreños Cuadro 2. Medidas en respuesta al COVID-19 que influyen en el desarrollo infantil temprano Cuadro 3. Indicadores de mercado laboral El Salvador 2019

Informe de2019-2020

coyuntura social

PresentaciónEl Informe de Coyuntura Social del Departamento de Estudios Sociales (DES) permite

conocer los problemas sociales que han afectado a la población en el último año

y generan opinión sobre el nivel de bienestar. Asimismo, muestra la evidencia

(indicadores) existente para dar cuenta de la situación social que estos problemas

reflejan, cómo han evolucionado las políticas y programas públicos, y cuáles son las

valoraciones de diferentes actores sociales acerca de la dinámica social.

El informe está basado en el seguimiento de la coyuntura mensual, especialmente

en las áreas de pobreza, educación y las políticas sociales en general, mediante una

metodología diseñada para registrar y clasificar, dentro de categorías de análisis,

las noticias de los medios de comunicación y fuentes de información nacionales

e internacionales. La selección de problemas sociales, con mayor presencia en la

opinión pública, que se abordan en cada informe se realiza con base en la frecuencia

de noticias; y su análisis se realiza con base en la revisión de los indicadores y la

bibliografía disponible.

El Informe de Coyuntura Social 2019-2020, en particular, incorpora en el análisis el

enfoque de cohesión social y desigualdad, entendiendo esta última como equidad

de oportunidades económicas y sociales. Ante los impactos multidimensionales

que está provocando la crisis del COVID-19, resulta oportuno generar información

clave para la toma de decisiones de políticas públicas efectivas, y, además, evaluar la

eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia.

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Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

La política social debe orientar las acciones del Estado no solo para dar respuesta a las necesidades consideradas

básicas para las personas, sino también desarrollar sus capacidades para saber escoger y enfrentar los retos

que se le presentan en la vida. Es un instrumento para garantizar el goce de derechos fundamentales, como la

libertad, igualdad y seguridad jurídica, y, derechos materiales, como el acceso a educación, salud y empleo.

Sin embargo, la política social enfrenta el desafío de brindar respuesta a necesidades humanas en constante

evolución y problemas que afectan a distintos grupos de la población de manera desigual. Esta complejidad

de la política social se ha hecho evidente durante la pandemia del COVID-19, la cual ha tenido repercusiones

negativas en la calidad de vida, especialmente de la población de bajos ingresos, la niñez y la juventud.

Pero ¿cómo las desigualdades preexistentes entre diferentes grupos de población condicionan los impactos

de esta crisis?, ¿en qué medida esta situación podría estar afectando negativamente el desarrollo de la primera

infancia, etapa clave para la formación del pleno potencial humano?, y, ¿cómo la pandemia ha repercutido en

las oportunidades de acceso a empleo de los jóvenes?

El análisis de la situación social desde la óptica de la desigualdad advierte sobre la profundización de las brechas

preexistentes a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia. Los más afectados siempre terminan siendo los

más pobres y vulnerables. Además, las brechas más marcadas están relacionadas con el acceso a salud,

educación y empleo, áreas que son fundamentales para potenciar las capacidades de las personas y los medios

para convertirlas en autogestoras de su propio desarrollo. Contrarrestar esta situación requiere definir un piso

mínimo de protección social para todas las personas e implementar medidas de corto, mediano y largo plazo

que respondan a las necesidades particulares de ciertos grupos de población.

En lo que respecta a la situación de la primera infancia, la evidencia muestra que no todas las familias cuentan

con los mismos medios para cuidar a los niños, especialmente a los más pequeños en situaciones de crisis. De allí

que, en los hogares de bajos ingresos muchos niños de 0 a 8 años están expuestos a experimentar inseguridad

alimentaria, rezago educativo y pérdida de controles de salud, entre otros riesgos. Y, aunque en el país se han

dado algunos pasos importantes para atender las necesidades de los neonatos e infantes, prevalece el reto de

establecer un sistema sólido que garantice permanentemente el desarrollo infantil temprano.

La pandemia también ha complicado las limitadas oportunidades laborales que ya existían para los jóvenes. Si

antes de la crisis relativamente pocos podían completar la secundaria y contar con un empleo formal, ahora las

posibilidades para este grupo de población son más exiguas. Muchos tendrán que interrumpir su formación,

reducirán sus perspectivas de encontrar un buen trabajo y verán afectados sus ingresos y calidad de vida. Se

han implementado diferentes medidas para recuperar los empleos perdidos, pero estas no necesariamente

responden a las exigencias del mercado de trabajo juvenil. Por consiguiente, es conveniente identificar medidas

de apoyo a este grupo de población que vayan más acorde con sus necesidades inmediatas y futuras.

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En este informe se examinan las brechas sociales entre distintos grupos de población, antes y después de la

pandemia, con el propósito de aportar recomendaciones que ayuden a fortalecer la política pública social. A

continuación, se resumen los capítulos que este incluye:

Situación social en breve

Desde inicios de 2020, la pandemia por COVID-19 ha convulsionado la dinámica económica y social no solo de los salvadoreños, sino de todo el mundo. Desde finales de enero, el gobierno ha tomado una serie de acciones para responder a la crisis, entre las que destacan el cierre de fronteras, las medidas de distanciamiento social y las intervenciones diseñadas para atender necesidades económicas emergentes en hogares. Esta crisis no afecta a todas las personas por igual. Las brechas socioeconómicas existentes desde antes de la pandemia pueden determinar la severidad de los impactos de esta. Asimismo, existen carencias que pueden verse agravadas como consecuencia de la situación actual.

El fortalecimiento de la cohesión social y la disminución de la desigualdad van de la mano. Actualmente, El Salvador es un país desigual. Existen brechas en las oportunidades sociales y económicas de las personas según su nivel de ingresos. Las diferencias más marcadas se identifican en los indicadores de salud, educación y empleo. Las menos profundas son en el acceso a agua, electricidad y servicio sanitario. Esta desigualdad puede implicar que la dinámica de democracia no redunda en visibilizar las demandas sociales y que hay sectores amplios de la población que están excluidos de los beneficios del crecimiento. Asimismo, la inequidad puede repercutir de manera negativa en la sensación de un destino compartido entre los miembros de una sociedad.

Entender la desigualdad desempeña un rol crucial en la crisis, dado que se espera que esta aumente los impactos directos e indirectos del COVID-19 (FAO, 2020). Para ilustrar lo anterior, se han seleccionado las áreas donde se han identificado las brechas más profundas. Con respecto a la situación del empleo, se estima un gran golpe, tanto en el sector formal como en el informal. Asimismo, se identifican grupos de población especialmente sensibles a estos efectos, como trabajadores informales, jóvenes, mujeres, entre otros. En términos de educación, se prevé que las brechas de logros académicos se profundicen entre la niñez y juventud vulnerable y sus pares más privilegiados. Los efectos en la salud también son mayores para las personas con vulnerabilidad económica, debido, entre otras cosas, a las condiciones de sus viviendas y de sus empleos. Finalmente, se estiman graves efectos en la seguridad alimentaria a causa de la emergencia por COVID-19, especialmente para los hogares con menores ingresos.

Por lo tanto, es importante reconocer que las desigualdades deberían tomarse en cuenta para la planificación de la respuesta del gobierno a la crisis. Asimismo, para evitar que las brechas socioeconómicas coyunturales a la crisis se vuelvan estructurales, se debería procurar un piso mínimo de protección social para todas las personas, mientras se logra una reactivación económica sólida y estructurada. También, es importante la integración entre el sector público y privado, la sociedad civil y las comunidades locales. Finalmente, es necesario que los responsables de la formulación de políticas públicas se enfoquen en los efectos de la crisis en el mediano y largo plazo. Evitar, ahora, un incremento de las desigualdades en el acceso a servicios sociales básicos facilitaría el trabajo del gobierno en los años venideros, dado que limitar o reparar un daño es mucho más complejo que prevenirlo (FAO, 2020).

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Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19

La pandemia y la respuesta a esta han afectado el sustento económico de los hogares y limitado la provisión y el uso de algunos servicios, lo que ha obligado a las familias a adoptar mecanismos de supervivencia que podrían dejar en segundo plano las necesidades de la primera infancia. Un entorno con desigualdades y privaciones estructurales podría exacerbar los efectos en dicha población y dar lugar a graves consecuencias, diferenciadas y multidimensionales, en el corto, mediano y largo plazo.

En efecto, las privaciones en los hogares con niñas y niños de 0 a 8 años constituyen capacidades distintas para responder a la crisis. Muchos no tienen los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la primera infancia y tienen condiciones en la vivienda que vuelven difícil poder absorber las actividades del día a día en casa, como lo exige la pandemia. En concreto, no todos tienen ingresos suficientes o estables para garantizar una alimentación adecuada a los niños, servicios básicos como agua potable, electricidad y servicio sanitario para su cuidado, herramientas digitales (radio, computadora, Internet) para apoyar el aprendizaje y acceso a servicios de salud. Esto se traduce en desigualdades en las oportunidades de desarrollo durante y después de la emergencia.

La crisis del COVID-19 ha agravado el cuido, aprendizaje, salud, alimentación y protección de los niños, de tal manera que se vuelve una amenaza para el desarrollo infantil temprano. En primer lugar, con el cierre de centros de atención y educación y las medidas de contención, el cuidado y aprendizaje depende de las habilidades y el tiempo de los padres, de la disponibilidad de herramientas en el hogar y, en el caso de los niños inscritos en el sistema educativo formal, de la capacidad del docente para superar la brecha digital y brindar una enseñanza de calidad y acompañamiento efectivo a los padres; de no proveerse de manera adecuada, se generarían rezagos educativos y deserción. En segundo lugar, más allá del riesgo de contagio de coronavirus, la pandemia puede poner en riesgo el sistema biológico, la arquitectura cerebral y el desarrollo de los niños. Ha provocado una interrupción en los controles, la vacunación y la atención a otras enfermedades, un incremento del hambre a raíz de impactos en la demanda, oferta y acceso de alimentos, y, efectos psicológicos. En tercer lugar, un contexto de crisis puede exponer a los niños a violencia y perjudicar su desarrollo, sobre todo cuando se restringe la movilidad, se cierran los centros educativos y se interrumpen los servicios sociales. La pandemia podría dejarlos desprotegidos al disminuir los factores de protección a su alrededor y restringir la denuncia y atención a víctimas. A su vez, el estrés provocado por la crisis puede desencadenar interacciones violentas en el hogar.

Ante esta coyuntura, el país cuenta con instrumentos legales e instituciones para responder a las necesidades de la primera infancia. Asimismo, el Estado ha implementado acciones en respuesta a la crisis que influyen de manera directa e indirecta en ello, a través de políticas de protección social para la economía familiar y medidas de atención especializada para la niñez. En cierta medida, sí hay esfuerzos por no dejar desprotegidos a las niñas y niños de 0 a 8 años, pero hay desafíos que superar alrededor de la respuesta del Estado.

La política Crecer Juntos, plantea una oportunidad para no poner en riesgo el desarrollo infantil temprano, pero todavía está en construcción. Lo fundamental es generar voluntad política en el ámbito nacional y local y compromiso de diversos sectores e instituciones, para poder articular recursos y capacidades que faciliten la igualdad de oportunidades desde una edad temprana, de tal manera que se contribuya a atenuar brechas y generar bienestar de manera sostenible.

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Resumen ejecutivo • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Brechas laborales y COVID-19: riesgos de la crisis para el trabajo de jóvenes salvadoreños

Debido al acelerado aumento en la cantidad de casos confirmados, en diferentes países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia al COVID-19 el 11 de marzo de 2020. Las medidas que fueron adoptadas para prevenir contagios han tenido efectos negativos en la producción y el consumo. Así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que, en 2020, el producto interno bruto (PIB) salvadoreño crecerá -8.6%. Tal situación también genera pérdidas de trabajo. En lo que respecta a empleo formal, datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan que, entre febrero, mes de 2020 en el que hubo un mayor número de trabajadores activos, y junio, un total de 73,538 personas menos se encontraban laborando.

Experiencias de recesiones anteriores y efectos preliminares de las medidas de respuesta a la pandemia sugieren que los ocupados menores de 29 años serán un grupo particularmente afectado. Datos del ISSS demuestran que 33,609 jóvenes habían dejado de contar con empleos formales desde que inició el 2020, hasta mayo. De este total, el 82.4% (27,700 empleos) corresponden a pérdidas ocurridas solo entre marzo y mayo, siendo esta una muestra del fuerte impacto de la crisis en la juventud y el trabajo. Desde antes del COVID-19, los jóvenes ya se encontraban en desventaja laboral con respecto a la población económicamente activa (PEA) en general, incluso había presencia de diferencias dentro del mismo grupo etario por motivos de sexo y área. Secuelas de la emergencia, relacionadas con el empleo juvenil, como la interrupción de procesos educativos, la reducción de ingresos laborales y la mayor dificultad de acceso a empleo, tienen la capacidad de ampliar brechas y profundizar problemáticas que estaban presentes desde antes del coronavirus. Esto constituye un riesgo, debido a que la persistencia de desigualdades en la sociedad tiene el potencial de ser motivo de tensiones que amenacen la gobernabilidad, la estabilidad de los países y la cohesión social.

El Estado ha implementado acciones con la intención de paliar los impactos negativos causados por la pandemia en el empleo e ingresos laborales. No obstante, la evidencia sugiere que esta respuesta ha sido de carácter general: aún no se identifican medidas explícitamente enfocadas a mitigar el impacto de la emergencia en la juventud y el trabajo. En el corto plazo, el gobierno salvadoreño espera poder plantear propuestas de política pública más precisas, basándose en los resultados del trabajo que está desarrollando con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de ello, para promover el empleo juvenil en el marco de un proceso de reactivación económica, desde ya se distingue la necesidad de intervenciones en al menos tres áreas: a) estímulo económico, b) apoyo a empresas, empleabilidad e ingresos, y c) diálogo y coordinación social. Este último elemento es fundamental, ya que buscar solución a las desigualdades; y fortalecer la cohesión social se ha vuelto aún más imperioso después de la crisis causada por el coronavirus.

Informe de2019-2020

coyuntura social

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Siendo no discriminatoria y redistributiva, la política social debe asegurar que todas las personas, especialmente las más pobres y vulnerables, tengan igual acceso a oportunidades para mejorar su nivel de bienestar. Y, en la medida que esto se logre sobre la base de una sólida institucionalidad y el compromiso de distintos actores con el desarrollo, la política social fortalece la cohesión social y la construcción de una sociedad más justa, equilibrada y equitativa.

El Informe de Coyuntura Social 2019-2020 examina las desigualdades entre distintos grupos de la población, entendida esta como inequidad en el acceso a oportunidades económicas y sociales; y, además, elabora propuestas para reducirlas y fortalecer la cohesión social. Los análisis que este incluye, parten de la revisión de varios indicadores económicos y sociales e intenta dilucidar cuánto podrían profundizarse las brechas sociales ante la crisis de COVID-19. En cada capítulo se explora cuáles son las afectaciones desiguales en ciertos grupos de la población según su condición socioeconómica, especialmente aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. También, se reflexiona sobre la pertinencia y efectividad de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis y se hacen recomendaciones orientadas a fortalecer la política social, en general.

Se espera que los aportes aquí brindados se conviertan en insumos relevantes que abonen al diseño de una política social integral y sostenible, que busque mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños; y, además, sea capaz de responder satisfactoriamente a las demandas diferenciadas de atención de distintos grupos de la población, aun en situaciones de emergencia.

cohesión social y la capacidad de ofrecer una recuperación y respuestas equitativas ante una crisis.

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Desde inicios de 2020, la pandemia por COVID-19 ha convulsionado la dinámica económica y social, no solo de los salvadoreños, sino de todo el mundo. Desde finales de enero, el gobierno ha tomado una serie de acciones para responder a la crisis, entre las que destacan el cierre de fronteras, las medidas de distanciamiento social (cierre de escuelas, lugares de trabajo, y otros) y las intervenciones diseñadas para atender necesidades económicas emergentes en hogares (moratoria de pagos de servicios básicos, entregas de paquetes alimentarios, transferencias de efectivo y demás).

Esta crisis no afecta a todas las personas por igual. Las brechas socioeconómicas que existían desde antes de la pandemia pueden determinar la severidad de los impactos de esta. Asimismo, existen carencias que pueden agravarse como consecuencia de la situación actual. La población en condiciones de pobreza que carece de acceso a los servicios de salud en circunstancias normales es la más vulnerable en tiempos de crisis (Ahmed, et al. 2020). Asimismo, Björkman, et al. (2020), afirma que los grupos de bajos ingresos son los más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Por lo tanto, resulta importante explorar cómo la desigualdad preexistente entre diferentes grupos de población condiciona los impactos de la crisis por COVID-19.

En este capítulo, se analizará la situación social del país desde un marco de referencia que aborda la relación entre la cohesión social y la desigualdad. Considerar esta dinámica es especialmente importante en un contexto como el actual. Esto se debe a la conexión que existe entre una fuerte

Situación social en breve

La crisis no afecta a todas las personas por igual, dado que las brechas socioeconómicas que existen desde antes de la pandemia pueden determinar la severidad de sus impactos.

A partir de este análisis se advierte que existe desigualdad en diversas oportunidades económicas y sociales. También se observa un deterioro de otros aspectos de la cohesión social. La desigualdad preexistente, a su vez, desempeña un rol relevante, tanto en la magnitud de los impactos percibidos por la población como en la respuesta ofrecida por el gobierno a la emergencia.

Para realizar este análisis, primero, se seccionó a la población en tres grupos: pobres, vulnerables y los no pobres ni vulnerables. Con esta división, se exploraron brechas existentes en oportunidades económicas y sociales en ciertos indicadores relevantes. Además, se exploró el funcionamiento de las instituciones y los vínculos sociales y valores en el marco de la desigualdad de oportunidades. Posteriormente, se realizó un breve recuento de los impactos de la pandemia y cómo estos podrían afectar de manera particular a los más vulnerables. Finalmente, se comparten orientaciones de política pública para evitar que las brechas preexistentes se vean profundizadas con la llegada de la crisis.

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Situación social en breve • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Cohesión social y desigualdadLa cohesión social es un atributo de las sociedades solidarias. Este se da en la medida que estas consiguen que sus miembros opten por organizarse y resolver sus diferencias de manera libre para generar bienestar (FUSADES, 2018). Los pilares que la nutren son: 1) la construcción de vínculos sociales y valores compartidos (sentido de pertenencia, identidad, confianza, solidaridad y cooperación); 2) la legitimidad de las instituciones regidas por un Estado de derecho (familia, escuela, calidad de la democracia, instituciones del mercado); y, finalmente, 3) la generación de oportunidades económicas y sociales (acceso a servicios sociales básicos y derechos, igualdad de oportunidades, inclusión social, movilidad social, seguridad ciudadana).

Uno de los obstáculos que existen para generar bienestar en la sociedad es la inequidad. Esta se define como la desigualdad originada como consecuencia de una serie de procesos socioeconómicos y no por decisiones individuales (OEA, 2015; CEPAL, 2016; Universidad de los Andes, s.f.). Es decir, cuando se hace referencia a la inequidad, se está hablando de una desigualdad de oportunidades.

Según FUSADES (2011), una sociedad será equitativa cuando las personas puedan ser protagonistas de su propio desarrollo y su autosostenibilidad. En otras palabras, cuando tengan las mismas oportunidades que sus pares para gozar, entre otras cosas, de buena salud, educación y empleo decente. Este tipo de sociedad se procura de manera que todas las personas tienen acceso igual a los beneficios del desarrollo (equidad ex ante). La equidad ex post, es decir, la igualdad de resultados no es viable, pues los resultados dependen de variables difíciles de controlar, como las características de cada individuo.

Ciertamente, el correcto funcionamiento de los pilares que nutren a la cohesión social depende, en parte, de mecanismos para manejar conflictos y reducir desigualdades. Las políticas que no buscan eliminar las desigualdades sociales no generan cohesión social (FUSADES, 2018), puesto que esta requiere de una serie de puentes que conecten a los diferentes grupos que conforman una comunidad. De igual manera, la exclusión social y la profundización de la desigualdad de oportunidades pueden propiciar un contexto donde se coartan las oportunidades económicas y sociales; se daña el apoyo a las instituciones democráticas; se mina la cultura de la legalidad y se socavan los vínculos que unen a la sociedad.

Entonces, fortalecer la cohesión social y disminuir la desigualdad es una relación de doble vía (FUSADES, 2018). Entender esta dinámica es especialmente importante en un contexto de crisis. Por un lado, la cohesión social está conectada con las capacidades de reacción de una comunidad ante situaciones de emergencia y con su posterior recuperación (Ríos Landa, 2020). Por otro lado, las instituciones, la política y las políticas públicas desempeñan un papel clave para abordar las desigualdades existentes y para lograr una respuesta más equitativa al impacto inmediato y a largo plazo de la crisis (FAO, 2020).

Informe de2019-2020

coyuntura social

Foto de La Prensa Gráfica https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cuarentena-hunde-a-muchos-salvador-enos-en-el-hambre-20200514-0065.html

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Considerando estos conceptos y su relación, a continuación se examina el caso de El Salvador.

La desigualdad de oportunidades económicas y sociales en El Salvador El Salvador es un país desigual. Las diferencias que aquejan a sus ciudadanos pueden observarse desde diferentes ángulos. Por ejemplo, existen brechas en el acceso a servicios básicos entre el área urbana y rural (ver anexo 1). Asimismo, se ha demostrado la disparidad en diferentes indicadores de bienestar entre el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y el resto del territorio (FUSADES, 2019). El índice de Gini también permite dimensionar la desigualdad con respecto al ingreso de sus habitantes; en 2018 este fue de 0.40 (anexo 1), lo cual se considera como un nivel intermedio de desigualdad, aunque es importante mencionar que el país se ubica por debajo de la media de América Latina: 0.47 para el mismo periodo, según CEPAL (2019).

La inequidad puede reproducirse y perpetuarse a través de políticas públicas que no promueven la igualdad de oportunidades, la estabilidad social y el bien común, lo cual pone ciertas metas sociales concretas más allá de muchos y al alcance de otros, de manera injusta y evitable. Esto se debe a que la desigualdad no se reduce a las diferencias de ingreso, sino que también se puede manifestar en otros aspectos, como el acceso a servicios básicos, educación, protección social, etc.

La desigualdad afecta en mayor medida a los grupos de población más vulnerables. En el contexto de la crisis por COVID-19, además de aquellos expuestos a las consecuencias directas de la enfermedad, como las personas de la tercera edad; según la FAO (2020), los más vulnerables son quienes conforman los hogares más pobres y a los dependientes de

ingresos generados a partir de un empleo informal (jornaleros, migrantes estacionales, productores a pequeña escala, personas sin ahorros y con poco acceso a seguros o fuentes alternativas de ingresos, entre otros).

Para ilustrar cómo la desigualdad económica se puede reflejar en las oportunidades sociales, se han utilizado los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), 2019. Se ha dividido a la población en tres grupos acorde con su nivel de ingreso.

A

1 En 2019 el costo de la CBA, en el área urbana, para un hogar promedio de 3.38 miembros fue de US$181.17 y de la CBA ampliada fue de US$362.34. El costo de la CBA en el área rural, para un hogar promedio de 3.58 miembros fue de US$121.47 y de la CBA ampliada de US$242.94 (DIGESTYC, 2020).

2 El Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe divide a la población en cuatro grupos: pobres ultra extremos (menos de 1.25 dólares diarios); pobres extremos (de 1.25 a 2.5 dólares diarios); pobres moderados (de 2.5 a 4 dólares diarios); población vulnerable (4 a 10 dólares al mes); clase media (10 a 50 dólares diarios) y el resto de la población, llamado residual (más de 50 dólares diarios) (PNUD, 2016).

La inequidad puede reproducirse y perpetuarse a través de políticas públicas que no promueven la igualdad de oportunidades, la estabilidad social y el bien común.

Primero, se determinó como “pobres” a las personas que según el criterio establecido por la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) tienen ingresos menores que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA1). Posteriormente, se definió como “vulnerables” a aquellos cuyos ingresos estaban por encima de la línea de pobreza, pero eran menores que los US$300 mensuales. Este criterio se basó en la metodología utilizada en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2016)2. Finalmente, se denominó como “no pobres ni

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Situación social en breve • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

vulnerables” a las personas con ingresos iguales o superiores a US$300 mensuales. Posteriormente, se calcularon las brechas existentes entre los grupos en algunos indicadores sociales relevantes (ver gráfico 1).

En el gráfico 1 se puede apreciar que existen brechas en el acceso a ciertas oportunidades sociales y económicas entre los tres grupos de población. En general, las brechas en el acceso a agua, electricidad y servicio sanitario son las menos profundas. Las más marcadas se identifican en los indicadores de salud,

educación y empleo. Los grupos más diferentes entre sí son los pobres y los no pobres ni vulnerables. Las brechas entre las personas vulnerables y en situación de pobreza son las más pequeñas, excepto en los indicadores de subempleo y porcentaje de jóvenes nini (ni estudian ni trabajan). Esto sugiere que la población vulnerable tiene más en común con los pobres que con los que no son pobres ni vulnerables.

En la coyuntura actual, muchas de las brechas socioeconómicas agudizan las dificultades que tienen

Gráfico 1. Brechas en oportunidades económicas y sociales entre personas no pobres y en situación de vulnerabilidad

Fuente: elaboración propia con base en indicadores calculados a partir de la EHPM 2019Nota: *solo para ocupados urbanos

Informe de2019-2020

coyuntura social

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las personas para hacerle frente a la pandemia. Se evidencia que los pobres tienen menor acceso a agua por cañería y a un seguro médico, lo cual podría traducirse en un mayor riesgo de contraer COVID-19 (PNUD, 2020). Además, tanto pobres como vulnerables entraron a la crisis en condiciones de empleo más precarias en comparación con sus pares que registran mayores ingresos. Mayor informalidad y subempleo también se traducen en una mayor propensión a sufrir de COVID-19 (PNUD, 2020). Quienes experimentan estas carencias, usualmente no cuentan con ahorros o una red de seguridad que sea capaz de suavizar el golpe en los ingresos a causa de una suspensión de labores (voluntaria o involuntaria) o de una incapacidad médica debido a la enfermedad.

se observa que el presupuesto ejecutado en el área social (sin incluir pensiones) como porcentaje del presupuesto total ha mostrado una tendencia a la baja (ver anexo 1). Entonces, se podría asumir que las prioridades de inversión en el gobierno están cambiando y no en favor del área social. Esta tendencia también está siendo replicada en las asignaciones en la rama de educación, como porcentaje del PIB. Mientras que, en salud, esta proporción se ha mantenido estancada (anexo 1).

En cuanto a los vínculos sociales y valores, la inequidad puede repercutir de manera negativa en la sensación de un destino compartido entre los miembros de una sociedad. En otras palabras, esta erosiona el sentido de pertenencia, la identidad, la confianza, la solidaridad y la cooperación. El Salvador muestra tendencia a la baja desde hace diez años en el apoyo y satisfacción con la democracia (ver anexo 1). Asimismo, la satisfacción con el funcionamiento de la economía ha seguido una trayectoria similar (anexo 1). A esto se le suma el interés de los pobladores por migrar, que casi se ha duplicado en la última década (anexo 1).

Explorar la desigualdad en El Salvador permite tomar en consideración estas diferencias para el análisis de la coyuntura actual. A continuación, se presentan los efectos de la crisis derivada del COVID-19. Asimismo, se matizan estos impactos con la evidencia de la desigualdad preexistente, previamente presentada en esta sección.

Repercusiones sociales de la crisis por COVID-19 Las proyecciones de pobreza monetaria de FUSADES (2020a) estiman un incremento de alrededor de 20 puntos porcentuales en comparación con el año pasado, lo cual equivale a que uno de cada dos

Las brechas en el acceso a agua, electricidad y servicio sanitario son las menos profundas. Las más marcadas se identifican en los indicadores de salud, educación y empleo.

Las desigualdades en las oportunidades económicas y sociales de las personas tienen repercusiones en los otros pilares que nutren a la cohesión social. Al mismo tiempo, no es posible crear una sociedad equitativa sin que exista un desarrollo óptimo de estas dimensiones. Con respecto al funcionamiento institucional, se espera que su dinámica y la de la democracia redunden en visibilizar las demandas sociales y en una mayor preocupación de los gobiernos por incluir sectores más amplios de la población en los beneficios del crecimiento (FUSADES, 2018). Si las asignaciones monetarias del gobierno revelan prioridades –y son capaces de trascender un discurso– surge la pregunta de qué tan importante es la inversión social en el financiamiento público. En los últimos cinco años

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Situación social en breve • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

salvadoreños será pobre en 2020. Las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2020) también prevén un incremento en la pobreza de 11 puntos porcentuales (de 28% a 39%), además de una contracción del grupo de personas vulnerables y de la clase media3. Este retroceso de dos décadas en el combate contra la pobreza no es el único efecto derivado de la pandemia. Además de los problemas sociales preexistentes, ahora se suman otros propios de la coyuntura, que también deben ser atendidos.

La desigualdad en las oportunidades económicas y sociales desempeña un rol crucial en la crisis, dado que se espera que esta aumente los impactos directos e indirectos del COVID-19 (FAO, 2020). Por lo tanto, es importante identificar las brechas con el fin de determinar las medidas más adecuadas para atender afectaciones en el bienestar de las personas y con el fin de evitar que estas se vean profundizadas. Para ilustrar algunos de los efectos de la desigualdad de oportunidades en el contexto de la crisis, se han seleccionado las áreas donde se han identificado las brechas más profundas: empleo, educación y salud; además, se incluye la seguridad alimentaria por su relevancia en esta coyuntura.

EmpleoSe estima un gran golpe –en términos de empleos perdidos en el país– debido a la pandemia y a las medidas de distanciamiento social que fueron tomadas para evitar la propagación del virus. Según la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), se reportó que el 50% del total de empleos formales fueron afectados de alguna manera por el cierre de las actividades económicas durante la cuarentena obligatoria (Villarroel, 8 de

abril de 2020). En junio de 2020, FUSADES (2020a) calculó una reducción de 64,000 empleos en el sector formal y un impacto 2.5 veces mayor en el sector informal. Sin embargo, acorde con datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), se observa que el impacto es aún mayor: entre enero y junio de 2020, se ha experimentado una reducción de 69,118 empleos formales4.

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3 Estimaciones presentadas en abril de 2020.

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4 Incluye, a todos los trabajadores que efectivamente trabajaron en el mes de referencia y que aparecen en la planilla presentada por el patrono. Datos actualizados al 20 de agosto de 2020.

5 Las personas en vulnerabilidad económica deben entenderse como aquellos que son “pobres” o “vulnerables”.

Informe de2019-2020

coyuntura social

Se espera que la desigualdad en las oportunidades económicas y sociales aumente los impactos directos e indirectos del COVID-19.

Las personas en vulnerabilidad económica5 se encontraban en una situación laboral precaria desde antes de la crisis. Prueba de ello es que nueve de cada diez trabajadores informales pertenecían a este grupo (EHPM, 2019). Esto implica que ellos enfrentan la emergencia con poco acceso a la protección social contributiva, es decir, sin beneficios en salud, seguridad social y pensiones. Esta situación los deja dependientes del pilar no contributivo de la protección social, el cual, en El Salvador, solo concentra su atención a ciertos grupos vulnerables y su alcance es limitado (Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

Asimismo, debido a la pandemia, los sectores laborales en los que se concentra la mayoría de la población en situación de vulnerabilidad económica –servicios de hotelería, alimentación y comercio (ESEN, 2020)– han sido los más afectados a causa de las medidas de distanciamiento

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social. Estos sectores también son los menos “teletrabajables”; por lo tanto, los trabajadores se encuentran más expuestos al virus que quienes laboran de manera remota, que por lo general se encuentran al tope de la distribución de ingresos (ONU/Bolotsky, 2020).

Además, dentro de las personas en vulnerabilidad económica existen grupos más expuestos a los impactos de la crisis en el empleo, como los jóvenes y las mujeres, dado que ambos se concentran en los sectores más golpeados de la economía (Flores, 2020 y DIGESTYC, 2020). Por ejemplo, la situación puede ser particularmente complicada para las mujeres en comparación con la población en general, debido a que antes de la pandemia, solo una de cada tres estaba ocupada6; por lo tanto, ante el cierre de escuelas y guarderías, es posible que esta proporción caiga y sea aún más baja.

EducaciónEn marzo de 2020, 1.4 millones de niños y jóvenes salvadoreños abandonaron las aulas para continuar con su educación desde casa y, a la fecha, la reapertura de los centros educativos aún no se visualiza en un horizonte cercano (El Mundo, 9 de agosto de 2020). Los mecanismos bajo los cuales las clases han sido retomadas son heterogéneos, debido a la diferencia en el acceso a recursos, tanto de las escuelas y docentes como de los estudiantes y sus familias. Además, ya existen reportes de los docentes que advierten una alta deserción escolar (Joma, 28 de agosto de 2020).

Antes de la pandemia ya existían marcadas brechas en el acceso a educación, según los ingresos de las personas. En promedio, las personas en situación de pobreza apenas terminaban la primaria y los

vulnerables llegaban a ocho años de estudio; mientras que los no pobres ni vulnerables lograban finalizar la educación secundaria7. Es probable que los cierres escolares acentúen la brecha socioeconómica en los logros educativos.

Izquierdo et al. (2020b) identifican dos mecanismos de pérdida de capital humano, en especial para las personas más vulnerables. De manera directa, puede ser que las dificultades que implica la educación a distancia incentiven el abandono escolar, particularmente entre la niñez y juventud, provenientes de familias con ingresos bajos o medios. Esto se puede deber, en parte, debido a las condiciones inadecuadas de los lugares donde viven (44.6% de los hogares sufren de condiciones inadecuadas en la vivienda8); o a los obstáculos para acceder a educación en línea (solo una de cada cinco personas en situación de vulnerabilidad económica tiene acceso a internet9). Mientras que, de forma indirecta, los problemas de salud, nutrición

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6 Cálculos propios a partir de datos de EHPM 2019.

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7 Ibidem.Se asume que 11 o más años de estudio equivalen a la finalización de un bachillerato de dos años y por lo tanto, la finalización de la secundaria.

8 Cálculos propios a partir de datos de la EHPM 2019. Condiciones inadecuadas de vivienda: materiales inadecuados de techo, piso, pared y hacinamiento (más de 3 personas por habitación dormitorio).

9 Cálculos propios a partir de datos de la EHPM 2019.

Foto de pixabay.com

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o violencia que antes de la pandemia los docentes eran capaces de identificar en los estudiantes –especialmente en las comunidades más pobres– ahora son invisibilizados debido a las medidas de distanciamiento social.

Salud A finales de agosto, se promediaba un aproximado de 156 casos confirmados y 4 muertes diarias desde que se registró el primer caso de COVID-19 en el país10. Asimismo, la transmisibilidad del virus seguía en niveles altos, con un número reproductivo básico de 1.7411 (FUNDAUNGO, 2020). En el contexto de la crisis, se espera que las limitaciones de acceso a los servicios de salud y la información de salud pública que enfrentan las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad sean agravadas (FAO, 2020). Esto puede deberse a una serie de factores prexistentes a la pandemia que derivan en un mayor riesgo de contraer la enfermedad para las personas vulnerables.

Primero, porque los trabajadores esenciales más expuestos, a excepción de los profesionales de salud, son quienes se encuentran predominantemente en ocupaciones con salarios más bajos, como cajeros, trabajadores del transporte, empleados de farmacias, trabajadores de servicios públicos, policías, trabajadores de almacén y repartidores, empleados de gasolineras (Przeworski, 2020). Segundo, las personas en vulnerabilidad económica tienen peores resultados de salud. Alrededor de una de cada seis personas en situación de pobreza utiliza leña como combustible principal para la cocción

de sus alimentos, lo cual los vuelve más propensos a sufrir de enfermedades respiratorias (DIGESTYC, 2020). Asimismo, la prevalencia de enfermedad en las personas del quintil más bajo de ingresos (los más pobres) es casi el doble que la del quintil más rico (DIGESTYC, 2020).

Seguridad alimentariaCon la pandemia y las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal a finales de mayo, los problemas de inseguridad alimentaria se agudizaron en el país. A inicios de julio, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) reportaba más de 800 mil personas en inseguridad alimentaria12: 336.3 mil debido a las tormentas y 475.5 mil como causa de la emergencia por COVID-19 (Naciones Unidas El Salvador, 2020). Esto se le atribuye tanto a la contracción de los ingresos familiares como a la inflación alimentaria que ha venido al alza desde inicios de año y que a finales de julio alcanzó el 3.3% (PMA, 2020).

En 2019, el 16% de los hogares sufrían de inseguridad alimentaria antes de la pandemia (DIGESTYC, 2020). Ante la reducción de ingresos y alza en precios de alimentos, los hogares pobres se ven forzados a reducir el consumo de carnes, lácteos, frutas y verduras y recurren al consumo de productos básicos (FAO, 2020). Estas reducciones derivan en dietas deficientes que socavan la inmunidad del cuerpo ante enfermedades, lo cual deja a las personas en situación de pobreza aún más expuestos a los embates físicos del COVID-19.

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10 Datos al 27 de agosto de 2020.

11 Todos los cálculos mostrados parten de la información disponible al 31 de agosto de 2020 en el sitio web oficial del gobierno para el seguimiento de la crisis: https://covid19.gob.sv/

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12 Inseguridad Alimentaria: insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede de continuo).

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¿Qué hacer para que las brechas socioeconómicas profundizadas en el contexto de la crisis no se vuelvan estructurales? Previamente se ha establecido la importancia de la relación de doble vía que existe entre la reducción de las brechas socioeconómicas entre los miembros de una sociedad y el fortalecimiento de los pilares que nutren a la cohesión social. Este vínculo es especialmente relevante en los contextos de crisis, dado que permite responder de manera más efectiva y equitativa a los desafíos asociados.

Además, para mitigar los efectos de la crisis, también es importante reconocer que El Salvador ya enfrentaba numerosos desafíos socioeconómicos. Por ejemplo, aunque desde finales del año pasado se ha experimentado una reducción del número de homicidios, el promedio anual de 2020 aun ronda los 3.2 homicidios diarios13. Asimismo, desde hace una década, la proporción de salvadoreños que reportan interés en migrar muestra una tendencia al alza: en 2018, casi uno de cada dos respondió que quería dejar el país (ver anexo 1). Las caravanas de migrantes

que han partido desde El Salvador hacia Estados Unidos desde finales de 2018 son un ejemplo concreto de este desarraigo.

El gobierno ha tomado ciertas medidas para paliar los efectos negativos de la crisis en la economía de los hogares. En muchos de los países de América Latina se han llevado a cabo acciones similares: transferencias monetarias y en especie, suministro de servicios básicos, reducción de exposición al COVID-19 y otros como suspensión de cobros de préstamos, hipotecas, etc. (ver cuadro 1).

La efectividad de estas medidas depende de su buen diseño, es decir, entre otras cosas, que no discriminen, que estén basadas en resultados y que sean creadas desde la evidencia técnica. Por tanto, las desigualdades deberían reconocerse en la respuesta para atender de manera explícita las mayores vulnerabilidades de grupos socioeconómicos específicos.

Es necesario tomar en cuenta que las afectaciones de la crisis no se dan de manera aislada e interactúan con realidades prexistentes y se manifiestan de manera interseccional. Esto implica que las condiciones que las personas enfrentan pueden ser radicalmente

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13 Cálculos propios a partir de datos proporcionados por la Policía Nacional Civil a través de la Oficina de Información y Respuesta, agosto de 2020.

Transferencias monetarias

Transferencias en especie

Suministro de servicios básicos

Otras

Desembolso único de transferencia de 300 dólares a algunas familias

afectadas

Entrega de canastas alimentarias

Moratoria de tres meses en cobro de servicios de agua, energía eléctrica y

telecomunicaciones

Control de precios de algunos bienes

Fuente: elaboración propia con base en Cuéllar-Marchelli, et al. (2020)

Cuadro 1. Indicadores socioeconómicos en el ámbito nacional y metropolitano, 2018

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diferentes, aunque compartan ciertas restricciones en su bienestar. Ciertamente, los económicamente vulnerables no son un grupo homogéneo. Existen situaciones que afectan de manera distinta a mujeres, jóvenes, niñez, adultos mayores y otros grupos y que son transversales al nivel socioeconómico de las personas.

Entonces, para evitar que las brechas económicas y sociales en el contexto de la crisis se vuelvan estructurales, se debería procurar un piso mínimo de protección social14 para todas las personas. Los sistemas de protección social deberían ampliarse en respuesta al COVID-19 para proteger vidas y medios de vida. Desafortunadamente, en el país, este no era lo suficientemente robusto para mitigar con eficacia y rapidez los efectos de la pandemia en la población que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad social (Cuéllar-Marchelli et al., 2020). Uno de los principales problemas que muestra el sistema de protección social en El Salvador es la falta de información disponible. Esto dificulta la focalización adecuada de las medidas, lo cual da paso a errores de inclusión y exclusión. Para subsanar esta carencia se debería priorizar la realización de un censo de población lo más pronto posible (dado que el más reciente data de 2007, hace 13 años) y mientras tanto, se podrían aprovechar nuevas formas de recolección de datos que faciliten que las acciones de política pública sean elaboradas desde la evidencia.

Al mismo tiempo que se debe procurar una respuesta desde la protección social, también es necesario una reactivación económica sólida y

estructurada. Las estrategias de recuperación que se empleen deben ser integrales y consensuadas, es decir, deben incluir a todos los actores relevantes de la economía del país.

Asimismo, desde antes de la pandemia, existe evidencia de que es necesario el fortalecimiento de la eficiencia de la política fiscal del país para reducir la pobreza y la desigualdad en el territorio (FUSADES, 2020b). Esto debe ir de la mano del refuerzo de un sistema tributario progresivo que combata la evasión y elusión de impuestos (Naciones Unidas, 2020). Esto se vuelve más relevante que nunca, ante el limitado margen de maniobra que existe actualmente debido a las restricciones fiscales propias del país.

También es importante la integración entre el sector público y privado, la sociedad civil y las comunidades locales. Para esto, es necesario procurar el fortalecimiento de la democracia, del estado de derecho, la rendición de cuentas y la transparencia sobre la base de un pacto social para garantizar la legitimidad, la inclusividad y la eficacia de las políticas públicas (Naciones Unidas, 2020).

Finalmente, esta crisis es sin precedentes y parece ser que la respuesta inmediata ha acaparado la atención y esfuerzos de los responsables de la formulación de políticas. Sin embargo, la atención también debería centrarse en los efectos a más largo plazo. Evitar, ahora, un incremento de las desigualdades en el acceso a servicios sociales básicos facilitaría el trabajo del gobierno en los años venideros, dado que limitar o reparar un daño es mucho más complejo que prevenirlo (FAO, 2020).

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14 Provisión mínima de un conjunto básico de bienes, servicios y transferencias monetarias para población pobre y vulnerable (FUSADES, 2016).

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Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

La primera infancia es considerada una de las etapas más importantes de una persona, por su ventana de oportunidad para construir cimientos sólidos para su desarrollo. La evidencia científica advierte que en los primeros años de vida se configura la arquitectura del cerebro y la trayectoria de salud, aprendizaje y conducta de un individuo (Mustard, 2003; Centro de Desarrollo Infantil, 2006). En concreto, el desarrollo infantil temprano (DIT) corresponde a destrezas emocionales, sociales, psicomotoras, cognitivas y de lenguaje; es decir, todo lo necesario para que el niño o niña pueda ejercer sus derechos de supervivencia y crecimiento integral, protección, desarrollo y participación (Centro de Desarrollo Infantil, 2006; Mustard et al., 2003). Este depende de las relaciones interpersonales, los estímulos, las condiciones del entorno y la predisposición genética (Centro de Desarrollo Infantil, 2006).

Una situación de precariedad y adversidad puede limitar el desarrollo potencial del menor y, por ende, poner en riesgo el bienestar de la próxima generación y la prosperidad de la sociedad futura (Mustard et al., 2003; Centro de Desarrollo Infantil, 2006; Shonkoff y Karakowsky, 2014). En el marco de la crisis del COVID-19, si bien la primera infancia no figura entre la población de mayor riesgo ante el virus, su entorno ha experimentado cambios que la han dejado expuesta a múltiples afectaciones sociales y económicas, particularmente la que vive en vulnerabilidad (Góchez, 2020; Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

Esta coyuntura ha provocado que las niñas y niños vivan una realidad que se caracteriza por limitaciones de movilidad, pérdida de socialización, cierre de centros de cuidado, escuelas y espacios de

recreación, dificultades para acceder a servicios de salud, inestabilidad económica y laboral y estrés (Góchez, 2020). No todas las familias salvadoreñas tienen la capacidad o los recursos necesarios para no descuidar el DIT en tiempos de crisis, por lo que la profundidad de los impactos en la primera infancia depende, en cierta medida, de las condiciones en las que vive y de la capacidad del Estado para responder a sus necesidades. De no actuar de manera oportuna, podrían esperarse repercusiones en el bienestar, rezagos en el desarrollo y una profundización de desigualdades.

Por tanto, priorizar la atención a la primera infancia durante y después de la emergencia no puede ser una tarea postergable. Para ello, es necesario conocer los impactos que puede generar la crisis en el DIT y las acciones que se están implementando para mitigarlos, a fin de orientar la política pública con base en evidencia. En ese sentido, este capítulo estudia, en primer lugar, las privaciones existentes en los hogares salvadoreños en los que vive la primera infancia a partir de los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2019. En segundo lugar, explora los impactos en el DIT a partir de

Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19

Informe de2019-2020

coyuntura social

Foto de El Diario de Hoy https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/covid-19-fallecidos-por-ninos-letalidad/712160/2020/

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investigaciones nacionales e internacionales y estadísticas oficiales de instituciones que proveen servicios. Posteriormente, hace una revisión del marco institucional, la política pública dirigida a la población en estudio y las medidas de respuesta a la crisis. Con esta información, se analiza de qué manera el Estado ha contribuido a mitigar los impactos en la primera infancia y se proveen elementos para superar los desafíos encontrados y avanzar hacia ello. Entre las principales limitaciones para su elaboración, se encuentra la falta de información disponible y de rendición de cuentas por parte de las instituciones encargadas de las políticas y medidas implementadas.

articulación de esfuerzos para garantizar un acceso universal a los servicios sociales básicos y atender las necesidades particulares de los grupos vulnerables (FUSADES, 2011 y 2018). En otras palabras, en la medida que se agrupen recursos y capacidades para facilitar la igualdad de oportunidades, se contribuye a atenuar brechas y generar bienestar de manera sostenible. Hacerlo desde una edad temprana es clave para no comprometer la capacidad futura de la persona de ser autogestora de su desarrollo y alcanzar la sostenibilidad de este.

Privaciones y desigualdades entre la primera infancia previo a la pandemia

Muchos salvadoreños enfrentan desafíos que influyen en su bienestar, tales como la pobreza y el empleo precario, situación que pone a ciertos grupos de la población en mayor vulnerabilidad frente a la crisis del COVID-19. Los hogares en los que vive la primera infancia no son la excepción. Con el objetivo de evidenciar las privaciones en estos y dimensionar con cuáles recursos contaban previo a la pandemia, a continuación, se explora su situación socioeconómica a partir de la EHPM de 2019.

Una revisión del comportamiento de la pobreza monetaria y multidimensional en los últimos cinco años deja entrever desigualdades y privaciones de carácter estructural entre los hogares con niñas y niños de 0 a 8 años. El gráfico 1 ilustra la brecha plenamente económica, clasificando a los hogares en tres grupos: 1) pobres, no cuentan con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria15 (pobreza extrema) o la canasta

Este análisis reconoce a las niñas y niños de 0 a 8 años como la primera infancia. Si bien la definición del rango etario de esta población varía de país en país, en 2017 el Comité Técnico Nacional de Primera Infancia instauró un debate al respecto para unificar la acción del Estado y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) cumpliendo su rol de rectora en materia de niñez y adolescencia y tomando en consideración los fundamentos técnicos expuestos, estableció que la primera infancia corresponde al periodo de vida desde la gestación hasta los 8 años (CONNA, 2017). También es importante señalar que este análisis es desarrollado desde un enfoque de cohesión social y desigualdad, el cual sostiene que avanzar hacia una sociedad equitativa requiere una

Priorizar la atención a la primera infancia durante y después de la emergencia no puede ser una tarea postergable. De no actuar de manera oportuna, podrían esperarse repercusiones en el bienestar, rezagos en el desarrollo y una profundización de desigualdades.

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15 En 2019, el costo promedio mensual de la canasta básica alimentaria para los hogares urbanos fue de US$181.18 y, para los rurales, US$121.47 (DIGESTYC, 2020). La canasta ampliada equivale a dos veces el valor de esta. Para más información sobre su definición puede revisarse el glosario en el anexo 2.

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Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

ampliada (pobreza relativa); 2) vulnerables16, tienen ingresos superiores al costo de la canasta ampliada e inferiores a $300; 3) ni pobres ni vulnerables. Tal como se visibiliza en dicha gráfica, la vulnerabilidad económica y la pobreza ha prevalecido en el país. En 2019, 57.9% de los hogares eran vulnerables, es decir estaban en riesgo de caer en pobreza, 34.2% era pobre y únicamente 7.9% no era pobre ni vulnerable.

El gráfico 3, por su parte, ilustra las brechas socioeconómicas a través de la pobreza multidimensional. Esta corresponde a al menos siete privaciones en veinte indicadores relacionados con la calidad de vida: educación; condiciones de vivienda; trabajo y seguridad social; salud, servicios básicos y seguridad alimentaria; calidad del hábitat. Por lo que es evidente que algunos hogares con niños en primera infancia enfrentan privaciones en recursos y servicios que restringen el potencial desarrollo de

sus capacidades y, por ende, limitan sus perspectivas de alcanzar una vida digna (STTP y MINEC-DIGESTYC, 2015). En 2019, 38.7% de los hogares se encontraba en esta situación, siendo mayor dicha proporción en el área rural, 56.0% contra 25.7% en el área urbana. La brecha territorial no se queda únicamente en el área geográfica, también abarca el ámbito departamental (anexo 3). Por ejemplo, en San Salvador, 20% de los hogares en los que vive la primera infancia estaba en pobreza multidimensional, mientras que, en Ahuachapán, 55.8%, y, en Morazán, 55.0%. Es importante destacar que, incluso en el departamento con menor proporción, la brecha urbano-rural es significativa: en San Salvador, 17.4% de los hogares urbanos, contra 51.2% de los rurales.

Por lo tanto, las desigualdades sociales y económicas persisten en el tiempo, las cuales constituyen capacidades distintas para responder a la crisis. Si

Gráfico 2. Brecha económica en hogares con niños en primera infancia

Gráfico 3. Brecha socioeconómica en hogares con niños en primera infancia

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIGESTYC, EHPM correspondiente a 2019

Informe de2019-2020

coyuntura social

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16 Según los parámetros establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los hogares en vulnerabilidad económica tienen ingresos entre US$120 y US$300 (PNUD, 2016). Para tener una clasificación ad hoc a la medición nacional de pobreza monetaria, se incluyeron en esta categoría aquellos hogares con ingresos menores a US$120 que no son pobres.

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bien los indicadores de pobreza multidimensional advierten privaciones en varias áreas (anexo 4), se detallan las relacionadas con la condición económica, de vivienda, educativa y de salud, aspectos clave en el contexto de la emergencia actual. Tal como se aprecia a continuación, muchos de los hogares con niños en primera infancia tienen ingresos insuficientes o inestables para cubrir las necesidades de todos sus integrantes y tienen privaciones en la vivienda que vuelve más difícil poder absorber las distintas actividades del día a día en casa, como lo exige la pandemia.

remesas, de los cuales 89.7% es pobre o vulnerable. Muchas de estas familias podrían haber estado solventando sus necesidades de corto plazo con dicho ingreso, por lo que, ante la disminución de estas transferencias provocada por la crisis, no contar con ella podría resultar en una caída en pobreza o exacerbación de su vulnerabilidad económica (Góchez, 2020; Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

En cuanto a la condición de vivienda, la primera infancia se enfrenta con hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos. El hacinamiento limita la privacidad y circulación, perjudica la salud mental, aumenta la propagación de enfermedades, dificulta el juego y aprendizaje y pone en riesgo a los niños de maltratos (Tavano, 2019; Educo, 2015; Lentini y Palero, 1997). En un contexto que centraliza las actividades infantiles en el hogar, el hacinamiento puede potenciar los impactos en el DIT. En promedio, la mitad de los hogares con niñas y niños de 0 a 8 años vive en hacinamiento, afectando todavía más a los del área rural (67.4%), en condición de pobreza (68.1) y los que tienen un jefe de hogar joven (69.3%).

La falta de acceso a servicios básicos –agua potable, electricidad y servicio sanitario– podría perjudicar el desarrollo de la primera infancia: por un lado, el estrés hídrico y la falta de acceso a saneamiento vuelve difícil la prevención del contagio y la ejecución de medidas de higiene personal y de alimentos; y, por otro, la falta de electricidad restringe muchas de las actividades del hogar, cuidado y aprendizaje del niño (Banco Mundial, 2017; Cuéllar-Marchelli et al., 2020). Entre estos, predomina la falta de acceso a saneamiento con fuertes brechas entre área geográfica y condición económica: 47.2% no tiene sanitario conectado a

Las desigualdades sociales y económicas persisten en el tiempo, las cuales constituyen capacidades distintas para responder a la crisis. Muchos hogares no tienen los recursos necesarios para responder con sensibilidad a las necesidades de la primera infancia.

Respecto a la situación económica, 240,297 hogares son pobres y 406,933 están en vulnerabilidad, es decir que, ante un shock como una pandemia, pueden tener más dificultades para cubrir las necesidades básicas de los niños. De hecho, tres de cada cuatro hogares en los que vive la primera infancia tiene ingresos que provienen de un empleo informal, siendo esta proporción todavía mayor en el área rural. Esta situación es particularmente preocupante en el marco de la crisis del COVID-19 por dos razones. Primero, debido a las restricciones de movilidad y la paralización de la economía, este sector ha sido entre los más afectados, ocasionando pérdidas de empleo o ingresos (Cuéllar-Marchelli et al., 2020; FUSADES, 2020). Segundo, al estar en la informalidad, no tienen acceso a seguro médico ni pensiones. Asimismo, 152,403 hogares reciben

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Informe de coyuntura social

2018 -2019

Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

alcantarillado o fosa séptica o al que tiene acceso es propiedad de otro.

Asimismo, la emergencia ha puesto al descubierto las marcadas disparidades que existen entre los hogares respecto a la disponibilidad de materiales y herramientas para conducir procesos de educación a distancia (virtual o remota). La ausencia de dispositivos digitales –radio, computadora, internet, televisión– y el uso adecuado de estos por parte de los padres limitan la capacidad del niño de aprender en casa a través de las plataformas habilitadas por el Ministerio de Educación (MINED). De los hogares con niñas y niños de 0 a 8 años, 89.6% cuenta con televisión; sin embargo, 72.8% no tiene radio, 80.0%, internet, y, 86.5%, computadora. Para los dos últimos, la situación es más crítica en los hogares rurales, en condición de pobreza y con jefe joven; no obstante, incluso entre los no pobres ni vulnerables es alto el porcentaje sin acceso. En el caso particular de la radio, la brecha a destacar es la urbano-rural, siendo mayor la privación en el área urbana.

En cuanto a salud y nutrición, pocos señalan no tener acceso a salud: en promedio, solo 10.4% de los hogares en los que vive la primera infancia no tuvo acceso a atención en el sistema público o no acudió por considerar que no había acceso. Esto es positivo ya que, de cara a la pandemia, la primera infancia podría hacer uso de sus servicios. Por otra parte, 123,358 hogares se encuentran en inseguridad alimentaria moderada y severa y 256,041 en una leve. Estos hogares se encuentran en mayor riesgo dada la emergencia, ya que, ante la falta de recursos para adquirir alimentos o la falta de accesibilidad a ellos, podrían profundizar su vulnerabilidad nutricional y perjudicar su salud (Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

Esta revisión de datos evidencia que muchos hogares no tienen los recursos necesarios para responder

con sensibilidad a las necesidades de la primera infancia. En concreto, no todos los hogares tienen ingresos suficientes para garantizar una alimentación adecuada a las niñas y niños, servicios básicos para su cuidado, herramientas para apoyar el aprendizaje y acceso a servicios de salud. Esto se traduce en capacidades diferentes para afrontar los impactos de la crisis y, por ende, en desigualdades en las oportunidades de desarrollo durante y después de la pandemia.

Impactos de la crisis del COVID-19 en la primera infancia

La pandemia y la respuesta a esta han afectado el sustento económico de los hogares y limitado la provisión y el uso de distintos servicios, lo que ha obligado a las familias a adoptar mecanismos de supervivencia que podrían dejar en segundo plano las necesidades de la primera infancia (Góchez, 2020; Ortiz y Cummins, 2012). Un entorno con desigualdades y privaciones estructurales podría exacerbar los efectos en dicha población y dar lugar a graves consecuencias, diferenciadas y multidimensionales, en el corto, mediano y largo plazo (Hincapié et al., 2020; OIT y CEPAL, 2020; Naciones Unidas, 2020; UNICEF, 2020). En concreto, la crisis del COVID-19 ha agravado el cuido, aprendizaje, salud, alimentación y protección de los niños, de tal manera que se vuelve una amenaza para el DIT.

Cuidado y aprendizaje

Con el cierre de centros de atención y educación y las medidas de contención, el cuidado y aprendizaje ha quedado bajo la responsabilidad única de los padres o responsables (Góchez, 2020). Razón por la cual, toma mayor relevancia contar con buenas prácticas

Informe de2019-2020

coyuntura social

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de crianza. En el marco de la pandemia, estas se ven condicionadas por múltiples aspectos, tales como el bienestar subjetivo de los padres (afectaciones en la salud mental, miedo al virus, estrés), la situación socioeconómica (pérdida de empleo o ingresos, precarización laboral, condiciones de vivienda), la capacidad para balancear el trabajo y las tareas del hogar y cuidado y la limitación para recibir apoyo familiar, comunitario o institucional (Cuéllar-Marchelli et al., 2020; Hincapié et al., 2020). Por ende, el cuidado y aprendizaje depende de las habilidades y el tiempo de los padres, de la disponibilidad de herramientas en el hogar y, en el caso de los niños inscritos, en el sistema educativo formal, de la capacidad del docente para superar la brecha digital y brindar una enseñanza de calidad y acompañamiento efectivo a los padres (Góchez, 2020; Cuéllar-Marchelli et al., 2020). De no proveerlo de manera adecuada, aumenta la probabilidad de ocasionar rezagos educativos y deserción escolar.

La capacidad del adulto para mantener una interacción positiva con el niño o niña y facilitar un ambiente con estímulos que permitan la exploración y aprendizaje puede verse afectada por la coyuntura. Es posible que muchos queden al descuido o en abandono y, por consiguiente, vean reducidas sus oportunidades de desarrollo, recreación y socialización: por ejemplo, al no tener horarios flexibles ni apoyo externo, los padres tienen dificultades para encontrar el tiempo de proveer un cuido y aprendizaje adecuado (Hincapié et al, 2020; Human Right Watch, 2020a y 2020b; Ortiz y Cummins, 2012). En efecto, en una encuesta realizada a 3,246 docentes por el MINED, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Poverty Action (IPA), 68% detectó falta de tiempo de los padres para conectarse a la plataforma virtual habilitada y ayudar a sus hijos; 59%, actitudes que no favorecen

al aprendizaje; y, 71%, que la interacción entre padres y maestros por celular no es la ideal (Hernández-Agramonte et al., 2020). Asimismo, se cuestiona la calidad de aprendizaje. ¿Qué tanto pueden aprender los niños sin una guía presencial capacitada para ello?

Además, las privaciones en las viviendas también son barreras para el aprendizaje en casa: acceder a la educación remota habilitada por el MINED se vuelve difícil en un espacio sin acceso a plataformas tecnológicas (radio, televisión, internet, celular). Entre los hogares que sí tienen estos dispositivos, solo tienen uno y muchos viven en hacinamiento, por lo que superar este obstáculo queda en la responsabilidad del adulto de darle un uso adecuado a la plataforma.

Ante esta realidad, es probable que se generen rezagos educativos importantes y que la permanencia en la escuela se vea amenazada, lo que podría exacerbar la brecha en el cuido y aprendizaje temprano. Esto es preocupante, porque corresponde a una etapa en la cual se sientan las bases del desarrollo, particularmente en el rango de 0 a 3 años, cuya arquitectura cerebral alcanza el 80% (BID, s.f.). Desde antes de la pandemia, según la EHPM de 2019, la mayoría de los hogares con menores de 3 años no los tenía inscritos en un centro (77.3%) y tampoco un cuarto de los hogares con niños de 4 a 8 años (27.5%).

Al respecto, no tener garantía de acceso a las plataformas educativas ni un aprendizaje efectivo en casa se traduce en rezagos educativos (Human Right Watch, 2020a y 2020b). A partir de crisis anteriores, se advierte que, entre más dura un aislamiento, mayor es la probabilidad de abandono escolar (CEPAL, 2020; UNICEF, 2020b). En el contexto actual, las afectaciones en la economía familiar pueden dejar sin educación a los niños, quienes podrían verse obligados a asumir tareas domésticas y de cuido para que los adultos

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Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

puedan trabajar o entrar al mercado laboral en una edad muy temprana (OIT y CEPAL, 2020; UNICEF, 2020; Ortiz y Cummins, 2012). Si bien todavía no se cuentan con estadísticas oficiales al respecto, UNICEF realizó una encuesta a 1,200 hogares y encontró que al menos un niño, niña o adolescente dejó de recibir clases en el 10% de los entrevistados durante la cuarentena (UNICEF, 2020d). En la encuesta realizada a 3,246 docentes, mencionada anteriormente, al menos 15% señaló que sus alumnos y familias no siguen las actividades educativas ofrecidas a distancia (Hernández-Agramonte et al., 2020).

Salud y nutrición

Más allá del riesgo de contagio del coronavirus, la pandemia puede generar impactos en la salud de la primera infancia en el corto y en el mediano y largo plazo: provoca una interrupción de servicios de salud, afecta la accesibilidad de los niños a una alimentación adecuada; y, genera afectaciones

psicológicas. Esto pone en riesgo el sistema biológico, la arquitectura cerebral y el desarrollo de los niños (Centro de Desarrollo Infantil, 2006; Shonkoff y Karakowsky, 2014).

En primer lugar, emergencias sanitarias pasadas adelantan una posible reducción de la provisión y del uso de los servicios de salud, particularmente en países como El Salvador que cuenta con un sistema de salud precario y desigual (Roberton et al., 2020; Naciones Unidas, 2020). La pandemia actual no es la excepción. En la primera infancia, esto se ha traducido en interrupciones en controles, vacunación y atención a enfermedades (Roberton et al., 2020; UNICEF, 2020; Visión Mundial, 2020). Según datos del Ministerio de Salud (MINSAL), se observa una disminución en las atenciones infantiles y maternas a partir de febrero de 2020. En el caso particular de los niños, hay una reducción en los controles, mas no en las inscripciones (gráfico 4). También se espera una disminución en la prevención y atención oportuna de enfermedades prevenibles a causa de la pérdida

Gráfico 4. Cobertura de atenciones infantiles y vacunas

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por MINSAL a través de OIR en agosto de 2020.

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de vacunas esenciales (UNICEF, 2020a y 2020c; Visión Mundial, 2020; Hernández, 2020). El gráfico 4 muestra una reducción en la cobertura de cinco vacunas para niños menores de un año. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, estimó 66,112 menores de 4 años afectados por no recibir su vacunación a tiempo (Hernández, 2020).

De hecho, a partir de una evaluación de tres escenarios respecto a la disponibilidad del personal médico e insumos, la demanda del servicio y el acceso a este, varios académicos han estimado un aumento de la mortalidad infantil debido a la reducción de la provisión y uso de servicios de salud y al aumento de la desnutrición aguda (Roberton et al., 2020).

En segundo lugar, organismos internacionales advierten un incremento del hambre a raíz de impactos de la pandemia en la demanda, oferta y acceso a alimentos (FAO, 2020a y 2020b; CEPAL, 2020b). Por el lado de la demanda, la pérdida de empleo o ingresos y la disminución de remesas son los principales factores que limitan la capacidad de los hogares para cubrir los requerimientos nutricionales para una vida activa y saludable de sus integrantes (FAO, 2020b). Podría inferirse, entonces, que los hogares en los que vive la primera infancia pueden caer en inseguridad alimentaria y aquellos que ya estaban en esta condición pueden exacerbar su vulnerabilidad. Por ello, ciertos niños podrían no estar alimentándose adecuadamente, respecto a cantidad y calidad, lo que afecta su salud y desarrollo.

En tercer lugar, la pandemia está generando efectos psicológicos en los niños: ansiedad, miedo, trastornos de estrés postraumático, cambios en el comportamiento, patrones irregulares de sueño y otros (Human Right Watch, 2020a y 2020b;

FUSALMO, 2020; CEPAL, 2020; Portiniari, 2020). Corresponde a una situación de estrés, la cual puede amortiguarse con interacciones positivas que faciliten la adaptación del niño a una trayectoria normal de desarrollo (Centro de Desarrollo Infantil, 2006). De lo contrario, puede convertirse en estrés tóxico, dañando la estructura y el funcionamiento del cerebro de los más pequeños y afectando su comportamiento (dificultades para resolver problemas o socializar), el aprendizaje y la salud (afectaciones en sistema inmunológico, estrés postraumático) (BID, s.f.; Centro de Desarrollo Infantil, 2006). Aunque no hay evidencia de estos impactos en el país, los expertos sí los reconocen: la Asociación de Pediatría advierte que los niños pueden estar frustrados por no entender la situación dando lugar a riesgos psicológicos (Machuca, 2020).

Seguridad

Un contexto de crisis puede exponer más a los niños a violencia, sobre todo cuando se restringe la movilidad, se cierran los centros educativos y se interrumpen servicios sociales (UNICEF, 2020b; La Alianza, 2020). En concreto, la pandemia podría dejarlos desprotegidos al disminuir los factores de protección17 a su alrededor y restringir la denuncia y atención a víctimas. A su vez, el estrés provocado por la crisis podría desencadenar interacciones violentas en el hogar. Esto perjudica el desarrollo cerebral, genera bajo nivel de compleción educativa y provoca ansiedad, lo que puede desencadenar abusos de sustancias y depresión en el mediano y largo plazo (Human Right Watch, 2020a y 2020b).

A

17 Los factores de protección alrededor de la primera infancia incluyen a los padres o responsables en el plano familiar; cuidadores, maestros y pares en el plano escolar; comunidad e iglesias en el plano comunitario; instituciones encargadas de proveer servicios sociales y de protección en el plano social; entre otros.

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La centralización de actividades en la vivienda disminuye la cantidad de factores de protección alrededor de la primera infancia, los cuales contribuyen a proteger a los niños de ambientes de violencia y garantizar sus derechos (Human Right Watch, 2020a y 2020b). Con el cierre de centros de atención y educación se pierde la detección por parte de los cuidadores y/o maestros de situaciones de abusos en el hogar, así como también la protección brindada en el momento que asisten a dichos espacios.

Asimismo, las restricciones de movilidad y el cierre de instituciones limitan el acceso a servicios de denuncia y atención a víctimas, dejando la primera infancia sin protección (Human Right Watch, 2020a

Gráfico 5. Denuncias de delitos a la PNC y vulneraciones de derecho al CONNA contra la primera infancia

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la PNC y el CONNA a través de OIR en agosto de 2020

y 2020b; La Alianza, 2020). Aunque no hay evidencia de aumento de violencia contra niñas y niños de 0 a 8 años, los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del CONNA muestran menos denuncias desde febrero (gráfico 5). Esto podría explicarse por las restricciones para interponerlas, el miedo de hacerlo o, en el mejor de los casos, una reducción de vulneraciones de derechos. Es importante mencionar que, incluso en el marco de la pandemia, prevalece la vulneración al derecho a la integridad personal, seguido por el derecho a la salud, a un nivel de vida digno y adecuado y a educación y cultura. Entre las denuncias a la PNC, predominan las agresiones sexuales, violaciones y lesiones.

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Respuesta del Estado en materia de primera infanciaAnte la complejidad expuesta de los impactos en el desarrollo infantil temprano, queda claro que atender las necesidades de la primera infancia va más allá de la capacidad familiar para cubrirlas. También es responsabilidad del gobierno, en coordinación con otros sectores, impulsar políticas sociales y medidas en respuesta a la crisis que ayuden a nivelar el bienestar y las oportunidades de desarrollo y hacer justicia a los más vulnerables (Mustard et al., 2003). Por ello, conviene explorar la manera en que las autoridades conciben el DIT y cómo buscan lograrlo. Primero, se revisa el marco institucional que vela por los derechos de la primera infancia y, luego, se estudian acciones relevantes llevadas a cabo en el marco de la crisis.

Marco institucional detrás de los derechos de la primera infancia

La Constitución de la República de El Salvador18 reconoce en su artículo 34 y 35 que “todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral”, por lo que “el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho a la educación y a la asistencia”. Hacer cumplir dicha visión está respaldada por otros instrumentos legales (MINED, 2010): Código de Familia, el cual busca proteger a la familia procurando su integración, bienestar y desarrollo; Código de Salud, el cual establece que el Estado debe promover y proteger la salud y nutrición de las madres y niños; Ley General

La crisis del COVID-19 puede agravar el cuido, aprendizaje, salud, alimentación y protección de las niñas y niños, de tal manera que se vuelve una amenaza para el desarrollo infantil temprano.

Finalmente, el estrés económico del hogar, la incertidumbre y el miedo al virus podría manifestarse en interacciones negativas y comportamientos violentos (Human Right Watch, 2020a y 2020b; La Alianza, 2020). Aquellos niños que ya se encontraban en entornos de abuso quedan todavía más vulnerables en la emergencia: han quedado al cuidado de sus padres o responsables todo el tiempo y sin factores de protección alrededor, como los maestros o las instituciones vigilantes y protectoras de sus derechos.

A

18 D.L. N.° 38, D.O. N.° 234, Tomo N.° 281 de 16 de diciembre de 1983.

En suma, se prevén consecuencias en el cuido, educación, salud, alimentación y protección de la primera infancia, cuyo nivel de gravedad puede variar según sus condiciones socioeconómicas, pautas de crianza, acceso a servicios sociales y de protección y apoyo comunitario e institucional para el desarrollo infantil temprano. No contrarrestar o mitigarlas amenaza la prosperidad, la productividad económica, la seguridad y la ciudadanía responsable de la sociedad futura (Centro de Desarrollo Infantil, 2006; Shonkoff y Karakowsky, 2014). Si bien no es imposible revertir estas repercusiones en el desarrollo del capital humano salvadoreño, requiere tiempo, esfuerzos integrales e inversión. ¿De qué manera está respondiendo el Estado a estas amenazas para el DIT?

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de la Educación, la cual toma como obligatoria la educación parvularia y orienta la inicial; y, Tratados Internacionales, tales como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niños, con la cual el Estado asume el compromiso de asegurar los derechos y principios que esta consagra.

En 2011, entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia19 (LEPINA), la cual establece las disposiciones para garantizar los derechos de este grupo de población y para cuya finalidad crea un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Este corresponde a un conjunto de instituciones públicas y privadas encargadas de lograrlo a través de políticas, planes y programas. Según la LEPINA, su accionar debe estar regido por el interés superior en las niñas, niños y adolescentes (NNA), equidad y corresponsabilidad. En concreto, obliga a los tomadores de decisiones a asegurar el desarrollo de NNA, el goce de sus derechos y el financiamiento en las acciones que se implementen. También exige a los actores de la sociedad a articular esfuerzos. Por ejemplo, los padres deben garantizar un ambiente idóneo para el desarrollo infantil; el Estado, asegurar sus derechos y crear las condiciones para que la familia desempeñe su rol de manera adecuada; y, la sociedad, ejercer contraloría social.

De esta forma, queda constituido el mandato compartido de priorizar el DIT, el cual debe ser liderado por el CONNA. Según la LEPINA, esta es la institución rectora encargada de coordinar el sistema, defender los derechos de NNA y diseñar la política pública dirigida a esta población. Deben considerarse políticas sociales (condiciones mínimas universales que garanticen el desarrollo), de asistencia social

El país cuenta con instrumentos legales e instituciones para responder a las necesidades de la primera infancia durante una emergencia.

(condiciones necesarias para proteger a NNA en exclusión), de protección y de participación.

Por lo tanto, de cara a la pandemia, el país contaba con las bases legales e institucionales para velar por los derechos de la primera infancia y promover su desarrollo. No obstante, surge la duda si se aprovechó este respaldo para ejecutar una política pública para el DIT que se caracterice por una infraestructura sólida y una coordinación efectiva entre los programas y servicios. De lo contrario, se vuelve difícil asegurar procesos de desarrollo con calidad, equidad y sostenibilidad, sobre todo en tiempos de crisis (Kagan et al., 2016).

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19 D.L. N.° 839, D.O. N.° 68, Tomo N.° 383 de 16 de abril de 2009.

Al respecto, el gobierno actual había señalado como prioridad fortalecer el desarrollo infantil temprano, de ahí el lanzamiento de la Política Nacional Crecer Juntos, en febrero de 2020 (Enrique Paz, 2020). A través de esta, el Despacho de la Primera Dama busca priorizar la inversión en la primera infancia para que alcance su máximo potencial.

Si bien esta política todavía está en construcción y las estrategias definidas, en un inicio serán ajustadas debido a la pandemia, ya han sido delimitadas las líneas de acción (Despacho de la Primera Dama, 2020a y 2020b). La Política Crecer Juntos centra programas y acciones en menores de 0 a 7 años bajo tres dimensiones: 1) salud y nutrición (servicios de calidad para niños y madres en etapa preconcepcional y gestacional), 2) educación

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y aprendizaje (aumento de la oferta educativa de calidad y fortalecimiento de competencias parentales) y 3) protección integral.

Esta busca garantizar su sostenibilidad a partir de una sólida gobernanza, calidad en los servicios, procesos y atención, financiamiento, recurso humano y apropiación de la política (Despacho de la Primera Dama, 2020a). En este sentido, plantea una conjunción de sectores e instituciones. La planificación estratégica es asumida por el Gabinete de Bienestar Social, el Despacho de la Primera Dama y la Mesa Técnica Intersectorial. El plan operativo, por comités interinstitucionales e intersectoriales (gobierno local, organismos no gubernamentales [ONG], cooperantes, sector privado, comunidad, familia) y entidades ejecutoras (salud, educación, Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia). La intermediación, por coordinadores territoriales. Es importante destacar el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial en la puesta en marcha de la política, el cual ya aprobó dos proyectos con US$500 millones: “Crecer sanos juntos” y “Crecer y aprender juntos” (Banco Mundial, 2020).

Con la información disponible, es posible señalar que la política es un punto positivo de partida a favor de la primera infancia: prioriza la multidimensionalidad del DIT. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre los programas que se implementarán y cómo responderán a las necesidades estructurales e impactos de la crisis, ni acerca del rol que desempeña la institución rectora de dicha población –el CONNA. Al ser asumido el diseño y la planificación de la política por otras entidades ¿se está desaprovechando una institucionalidad que ya existe para cumplir dicha función? También genera confusión el rango etario de la primera infancia: el CONNA incluye niñas y niños de 0 a 8 años, mientras

que la política cubre hasta los siete. ¿Es necesario incentivar otro debate al respecto para definir el rango idóneo de atención?

Contar con una política nacional que prioriza el DIT también es positivo, pero todavía no hay un plan definido para llevarla a la acción.

No obstante, la Política Crecer Juntos agrupa líneas de acción que podrían contribuir al ejercicio pleno de los derechos de la primera infancia, su desarrollo y la mitigación de brechas. Debido a que se encuentra en la fase inicial de diseño e implementación, podría tener el potencial de influir, sobre todo, en el mediano y largo plazo, dependiendo de la calidad, equidad y sostenibilidad de sus estrategias. Por lo que, es necesario conocer de qué manera se han atendido las necesidades de DIT en el corto plazo.

Respuestas a la pandemia en el corto plazo

El Estado ha implementado acciones que influyen de manera directa o indirecta en la primera infancia a través de nuevas medidas de protección social, adaptaciones de políticas existentes de protección social y provisión de servicios. Estas pueden clasificarse en dos grupos: 1) políticas enfocadas en apoyar la economía familiar y 2) iniciativas de atención especializada para la niñez (cuadro 2), cuyo detalle se amplía a continuación.

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Desarrollo infantil temprano en riesgo a causa del COVID-19 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

El primer grupo de medidas procura asegurar un mínimo de bienestar en la población, particularmente la más vulnerable, a través de transferencias monetarias y en especie y la suspensión de pagos de servicios, entre otras acciones. La transferencia monetaria de US$30020 y la suspensión de pagos de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones21 por tres meses fueron aprobadas en marzo, para hogares afectados económicamente por la pandemia. Las transferencias en especie, por su parte, corresponden a paquetes de alimentos. Aunque al inicio hubo esfuerzos dispersos, fue hasta en mayo que se lanzó el Paquete Alimentario, cuya entrega tiene alcance nacional y es mensual durante tres meses (Cuéllar-Marchelli et al., 2020). En junio, se adaptó el programa de alimentación escolar: Paquete de Alimentación Escolar Familiar para 319,951 hogares con estudiantes de educación inicial hasta bachillerato que tienen dificultades económicas (MINED, 2020a).

En cierta medida, contribuyen a que familias que perdieron ingresos tengan recursos, servicios básicos

y alimentos para cubrir sus necesidades básicas. De manera indirecta, en los hogares con primera infancia, puede disminuir la probabilidad de poner en riesgo su salud y alimentación y, por ende, desarrollo. No obstante, según Cuéllar-Marchelli et al. (2020), estas medidas enfrentaron varios desafíos, tales como las dificultades para focalizar la ayuda, la poca transparencia y rendición de cuentas y la limitada capacidad financiera para su sostenibilidad.

El segundo grupo de medidas busca proveer servicios de atención especializada para la niñez, los cuales abarcan educación, protección y salud. Ante la suspensión de clases presenciales en marzo, el MINED puso en marcha el Plan de Continuidad Educativa con el objetivo de no interrumpir la enseñanza y generar un proceso de aprendizaje acompañado por la familia (MINED, 2020b). Incluye educación remota a través de radio, televisión, internet y celular, guías de aprendizaje para cada nivel educativo –digitales e impresas para centros escolares sin internet– y una línea telefónica para soporte pedagógico (Cuéllar-Marchell et al., 2020; MINED 2020c).

Informe de2019-2020

coyuntura social

A

20 D.E. N.° 12., D.O. N.°59, Tomo N.° 426 de 21 de marzo de 2020.

21 D.L. N.° 601, D.O. N.°58, Tomo N.° 426 de 20 de marzo de 2020.

Políticas para la economía familiar Medidas de atención especializada para la niñez

Transferencia monetaria de US$300 Plan de continuidad educativa

Suspensión de pagos de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones

Juntas de Vigilancia y Comités Locales

Transferencias en especie: Paquete Alimentario, Paquete de Alimentación Escolar Familiar

Centros de Cuido Especializados y de Contención Especializados

Teleasistencia médica para niños y mujeres embarazadas

Nota: Este cuadro exhibe algunas de las medidas impulsadas por el gobierno que influyen en el DIT. Estas no constituyen el total de acciones llevadas a cabo hasta la fecha; sin embargo, se consideran las más relevantes para los fines de este análisis.Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2. Medidas en respuesta al COVID-19 que influyen en el desarrollo infantil temprano

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Para la educación de la primera infancia, se creó un espacio en la radio “Crecer leyendo” y programas televisivos como “Listos a jugar” y “Lluvia de estrellas” (MINED, 2020d). También se crearon guías por grado para educación inicial y parvularia y otros materiales para complementar el aprendizaje con la asistencia técnica del Banco Mundial, todos disponibles en línea (MINED, 2020e). Pese a estos esfuerzos, tal como se evidenció al inicio de este capítulo, existe una limitada capacidad en los hogares para poder hacer uso de estas plataformas y no interrumpir la educación de la primera infancia. En concreto, la plataforma con mayor cobertura y, por ende, potencial para aprender en casa, es la televisión: según la EHPM de 2019, nueve de cada diez hogares tiene televisión sin brechas en el acceso, mientras que por lo menos tres de cada cuatro no tienen radio, Internet y/o computadora. Asimismo, se construyeron estándares de aprendizaje de la primera infancia a partir de un trabajo conjunto entre instituciones involucradas en el DIT, bajo la Política Crecer Juntos con la asistencia técnica del Banco Mundial (Despacho de la Primera Dama, 2020b; Presidencia, 2020). Estos pretenden disminuir las brechas en la oferta educativa formal; no obstante, surge la inquietud sobre la capacidad para asegurar su cumplimiento cuando las clases presenciales han sido suspendidas durante todo el año.

Respecto a los servicios de atención especializada para la niñez relacionados con protección, el CONNA procuró mantener activas las Juntas de Protección y Comités Locales para atender amenazas y vulneración de derechos (CONNA, 2020a). En cuanto a salud, el CONNA, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, habilitaron Centros de Contención Especializados para que niños y mujeres embarazadas que entran al país cumplan su cuarentena en condiciones adecuadas y Centros

de Cuido Especializados para que niños y mujeres embarazadas contagiadas de coronavirus reciban la atención necesaria (CONNA, 2020a, 2020b y 2020c). En relación con otros servicios de salud, hasta agosto, el MINSAL habilitó una línea telefónica para consultas médicas para niños y mujeres embarazadas (Urbina, 2020).

Este grupo de medidas contribuye a brindar atención a las necesidades particulares de la niñez; sin embargo, pareciera que prevalecen los esfuerzos para apoyar la educación de la primera infancia. Si bien se habilitaron centros para atender pacientes con coronavirus y una línea telefónica para consultas, hay necesidades de salud que no fueron cubiertas, tales como la vacunación y los controles infantiles.

En cierta medida, sí hay esfuerzos para no dejar desprotegida a la primera infancia, pero también hay desafíos a superar alrededor de la respuesta del Estado.

Los elementos anteriores demuestran que el país cuenta con instrumentos legales e instituciones para responder a las necesidades de la primera infancia durante una emergencia. Aun así, la evidencia expuesta deja entrever una política pública en pos de dicha población con objetivos ambiciosos y fundamentos técnicos, pero sin un plan definido para llevarlos a la acción. Así como también, esfuerzos para mitigar impactos en el DIT, los cuales enfrentan múltiples retos y dejan ciertas dimensiones que lo componen sin atender. Es válido, entonces, cuestionar la prioridad que ha tenido la primera infancia en el manejo de la crisis. ¿Es suficiente la respuesta del Estado para no poner en riesgo el DIT? A continuación, se exploran los logros y desafíos alrededor de ella, durante y después de la pandemia.

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En este sentido, una de las principales ventajas a favor de la primera infancia en el marco de la crisis es el andamiaje jurídico e institucional que respalda el cumplimiento de sus derechos y la atención sensible a sus necesidades. Contar con una política nacional dirigida a este grupo de población también es positivo: priorizar el DIT es una decisión acertada. Asimismo, la implementación de medidas nuevas, el ajuste de políticas existentes de protección social y la provisión de servicios ha permitido contribuir a contrarrestar y mitigar algunas de las afectaciones generadas por la crisis. En cierta medida, sí hay esfuerzos por no dejar desprotegidos a las niñas y niños de 0 a 8 años entre tantas necesidades que van en evolución con la pandemia; sin embargo, también hay desafíos que hay que superar alrededor de la respuesta del Estado.

1. El Estado no ha priorizado lo suficiente a la primera infancia en el manejo de la crisis. Las acciones que influyen en la primera infancia se han concentrado en apoyar la economía familiar, lo que, en cierta medida, tiene sentido y es pertinente, ya que apoyar el ingreso del hogar con un bono, alimentación o exención de pagos de servicios puede contribuir a atender las necesidades humanas inmediatas como tener alimentos nutritivos, servicios básicos activos en la vivienda y herramientas para el aprendizaje. Si bien no es garantía de un desarrollo adecuado, contar con recursos en tiempos de crisis podría ayudar a no dejar en segundo plano el DIT.

Las medidas propias para la niñez abarcan principalmente las necesidades educativas, las cuales tienen desafíos de cobertura y calidad. Han quedado descubiertas ciertas necesidades de protección y salud. No hay rendición de cuentas que aclare si se impulsaron medidas para garantizar la vacunación de los menores, controles o consultas

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coyuntura social

La capacidad de respuesta de los hogares en los que vive la primera infancia es desigual en el plano individual y familiar, del hogar y comunitario, lo que puede profundizar las brechas de DIT y obstaculizar los esfuerzos para avanzar hacia una sociedad equitativa.

El desarrollo infantil temprano de cara al futuro En definitiva, la pandemia ha cambiado la realidad de todos. La primera infancia, particularmente, ha visto su día a día transformado sin entender por completo el porqué y su red de apoyo y protección reducida, dadas las limitaciones en la asistencia institucional y comunitaria. Ha quedado expuesta a riesgos, tales como cuido inadecuado, abandono, rezago educativo, deserción escolar, inseguridad alimentaria, pérdida de vacunas esenciales y controles de salud, exposición a entornos de estrés y reducción de factores de protección. Sin duda, la crisis del COVID-19 puede generar graves consecuencias en el DIT, de las cuales muchas serán visibles hasta en el mediano y largo plazo.

Ante esta coyuntura, la capacidad de respuesta es desigual en el plano individual y familiar (prácticas de crianza, interacciones apropiadas, manejo del estrés), en el plano del hogar (inestabilidad económica, empleo precario, acceso restringido a servicios básicos, limitadas herramientas digitales) y en el plano comunitario (entorno vulnerable, territorio, factores de protección) (Ghate y Hazel, 2002, en Oates, 2010). Esto puede profundizar las brechas de desarrollo, lo que obstaculiza los esfuerzos para avanzar hacia una sociedad equitativa en la cual se promueve igualdad de oportunidades para que cada persona logre ser autogestora de su desarrollo.

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por enfermedades distintas al COVID-19, servicios que resultan esenciales para el desarrollo cerebral y fortalecimiento del sistema biológico. También se desconoce si maltratos infantiles quedaron sin atenderse o si se realizaron esfuerzos para garantizar más factores de protección alrededor de los niños.

2. Los padres no tienen las habilidades que tiene un profesional calificado para el DIT y la brecha digital afecta la capacidad de los proveedores de servicios para hacerlo de manera remota. La crisis ha visibilizado la importancia de contar con un recurso humano capacitado. Los padres no tienen las técnicas necesarias o el tiempo para desarrollar las destrezas sociales, emocionales, cognitivas y de lenguaje y velar por una construcción sólida del sistema biológico. Por parte de los proveedores de servicios de educación, salud y protección, muchos no tienen la capacidad de hacerlo de manera remota sin comprometer la calidad. Por ejemplo, los maestros tienen una brecha importante en las habilidades digitales o no tienen las herramientas necesarias.

Aun así, los padres y profesores han hecho un esfuerzo valioso. En una encuesta realizada por el MINED a 3,246 docentes, 60% manifestó que los padres están involucrados, la mayoría señaló buscar instrucciones sobre cómo educar a distancia y la mayoría combinó estrategias, siendo la más recurrente la televisión (86%) (Hernández-Agramonte et al., 2020).

3. La ausencia de herramientas que brinden un diagnóstico de los efectos de la crisis en el DIT y la falta de acceso a información dificultan la planificación, priorización y asignación de recursos. Si bien fue posible obtener información sobre el uso de servicios de salud y protección mediante

la Oficina de Información y Respuesta de algunas instituciones, pareciera no haber herramientas nacionales para medir la situación actual de la primera infancia respecto a salud, educación y protección y los impactos generados por la crisis. Pese a ello, se encontraron dos esfuerzos que buscan indagar al respecto: UNICEF encuestó a 1,200 hogares con NNA (UNICEF, 2020d) y MINED a 3,246 docentes (Hernández-Agramonte et al., 2020). Sin embargo, ninguno ha divulgado los hallazgos, alcance y mecanismos de medición.

4. Existe poca claridad respecto al funcionamiento de las instituciones responsables de los derechos de la primera infancia y poca transparencia y rendición de cuentas sobre el plan de acción y fundamentos técnicos de las decisiones, tanto en el manejo de la crisis, como la Política Crecer Juntos. Se percibe poco protagonismo del CONNA; no está claro si sigue siendo la entidad rectora o se ha convertido en ejecutora. De ser así, se estaría desaprovechando una institucionalidad creada para la protección integral de NNA e irrespetando la autonomía que esta requiere.

Si bien el lanzamiento de esta política da señales de priorización e inversión en dicha población y adelanta el interés de articular sectores e instituciones, todavía falta la operativización de esta. Aún no se sabe si esta población contará con un sistema sólido de DIT que se caracterice por una colaboración diferenciada para los servicios, procesos y atención. Este se vuelve cada vez más necesario en un contexto de crisis y poscrisis, particularmente en un país con múltiples necesidades y finanzas públicas precarias.

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alimentos nutritivos y factores de protección, además de las medidas para apoyar la economía familiar. Para ello, se recomienda monitorear el estado de salud de las niñas y niños, reponer las vacunas perdidas, mantener el esquema nacional de inmunización, asegurar condiciones para los controles infantiles y maternos, promover la lactancia materna, brindar soporte emocional y servicios terapéuticos para el estrés (Roberton et al., 2020; OPS, 2020). Por otra parte, es necesario capacitar a los padres o responsables de los menores para su cuido y aprendizaje, capacitar a los proveedores de servicios informales de apoyo familiar y adecuar medios y materiales para los hogares restringidos. En el caso del sistema formal educativo, se debe capacitar a los docentes y padres, asegurar una interacción de calidad entre estos dos, evaluar los rezagos educativos que se están generando y habilitar refuerzos académicos. En tercer lugar, es indispensable el funcionamiento efectivo de los servicios de prevención, denuncia y atención a casos de violencia y abusos infantiles, así como también el monitoreo por parte de la red de apoyo y protección alrededor de la primera infancia, como los maestros.

Tanto en el corto plazo, como en el mediano y largo plazo, atender las privaciones y desigualdades estructurales entre la primera infancia y los efectos de la crisis, requiere un sistema sólido de DIT. Este

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coyuntura social

La red de apoyo y protección alrededor de la primera infancia ha sido reducida debido a las limitaciones en la asistencia institucional y comunitaria y los desafíos en torno a la respuesta del Estado. Hay flancos en esta red que deben fortalecerse.

En suma, aunque los niños tengan el respaldo legal e institucional para el cumplimiento de sus derechos y a la familia para proveer condiciones que ayuden a su desarrollo, hay flancos en la red que deben fortalecerse, tales como las instituciones que proveen educación, salud y protección, y desafíos a superar en torno a la respuesta de país. ¿Cómo darles continuidad a los procesos de DIT durante y después de la pandemia? A continuación, se brindan elementos que buscan sumar al debate sobre cómo mitigar los impactos de la crisis en la primera infancia y que contribuyen a que la política pública responda con mayor sensibilidad a sus necesidades y mantenga el compromiso de los padres y los niños.

Orientaciones de política pública

El primer paso para no poner en riesgo el desarrollo infantil temprano es priorizar las necesidades de la primera infancia y los impactos generados por la crisis en ella. Esto implica reconocer la importancia de invertir en una de las etapas más sensibles de desarrollo y buscar igualar las oportunidades desde una edad temprana. También requiere compromiso político a favor del DIT: contar con este a nivel central y local para la implementación de medidas, contribuye a generar impactos positivos de largo plazo.

En el corto plazo, se deben garantizar oportunidades de cuido y aprendizaje, acceso a servicios de salud y

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debe estar respaldado por una política que trabaje permanentemente en asegurar el goce de derechos, garantizar condiciones básicas de bienestar, sobre todo para los más vulnerables y potenciar capacidades (FUSADES, 2011). La Política Crecer Juntos reconoce en su discurso el DIT como un proceso acumulativo que depende de múltiples factores y que inicia desde la gestación, pero ¿de qué manera se transformará en acciones concretas? A continuación, se proponen algunas recomendaciones para que la política pública sostenga esfuerzos que igualen las oportunidades de desarrollo durante la primera infancia, particularmente la Política Crecer Juntos que todavía está en construcción:

• Sensibilizar sobre la importancia del DIT y concientizar sobre el costo de no actuar a favor de la primera infancia, a fin de generar compromiso de país y sumar actores

• Medir los impactos de la crisis en el DIT de manera cuantitativa y cualitativa, a fin de orientar la política pública y programas en respuesta a la crisis con base en evidencia

• Articular esfuerzos para cubrir la multidimensionalidad del desarrollo de la primera infancia a través de acciones de corto, mediano y largo plazo y mediante políticas sociales, de asistencia social, de protección y de participación

• Definir prioridades: por ejemplo, potenciar el desarrollo de los menores de 3 años, definir la población vulnerable en el marco de la crisis, delimitar criterios de inclusión y exclusión para focalizar programas

• Invertir en calidad de servicios de DIT, por sobre cantidad (Kagan et al., 2016; Berlinski y Schady, 2015)

• Asegurar un recurso humano calificado y revalorizar dicha profesión a través de formación, capacitación e incentivos (Centro de Desarrollo Infantil, 2006; Kagan et al., 2016)

• Fortalecer la participación de los padres: concientizar sobre cómo sus acciones afectan la salud, el comportamiento y el aprendizaje de sus hijos; brindar apoyo parental con tiempo, información, servicios y recursos; incentivar interacciones positivas; promover el juego libre, la exploración y el aprendizaje; promover la corresponsabilidad al interior del hogar y paternidad activa (Shonkoff y Karakowsky, 2014; Abelow et al., 2020; Kagan et al., 2016)

• Construir una colaboración diferenciada entre sectores e instituciones (familia, gobierno central y local, cooperación, sector privado, ONG, sociedad civil, comunidad, academia): garantizar espacios de diálogo, facilitar coordinación entre distintos niveles de gobierno y transferir competencias (Abelow et al., 2020), fortalecer entidades locales y programas comunitarios efectivos (Young, 2003), colaborar desde el sector privado con horarios flexibles, lactancia materna y adecuación de espacios y personal para la entrada en vigencia de la Ley Salas Cuna (Miranda, 2020)

• Monitorear el funcionamiento de las instituciones responsables de la protección de los derechos de los niños y tomar las medidas necesarias al irrespetar las legislaciones nacionales y convenciones internacionales (Abelow et al., 2020)

• Socializar la Política Crecer Juntos y aclarar su infraestructura, los programas y servicios, el financiamiento, los plazos de su implementación y los indicadores de seguimiento y evaluación.

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Las acciones que se implementen probablemente no eliminen las desigualdades, pero si son efectivas y sostenibles en el tiempo, contribuyen a cubrir las necesidades de la primera infancia y aumentar la probabilidad de que el niño o niña alcance un desarrollo adecuado y se convierta en un ciudadano participativo y productivo en la sociedad (Centro de Desarrollo Infantil, 2006).

En la medida que contrarrestemos los factores que refuerzan, tanto las vulnerabilidades y desigualdades estructurales, como aquellas surgidas a raíz de la crisis, es posible mitigar los costos sociales del COVID-19. Al trazar la primera infancia el camino del bienestar y prosperidad de la sociedad futura salvadoreña, también se contribuye a mitigar costos futuros. Por ende, invisibilizar este grupo de población y no priorizar el DIT en tiempos de crisis, sale caro.

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Debido al acelerado aumento en la cantidad de casos confirmados, en diferentes países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia a la COVID-19 el 11 de marzo de 2020 (BBC News, 2020). Sin embargo, lo que inició como una emergencia de salud, se fue transformando en lo que se considera la peor depresión económica y del mercado laboral desde la Segunda Guerra Mundial (BCR, 2020; OIT, 2020a). Las medidas que fueron adoptadas para prevenir contagios han tenido efectos negativos en la producción y el consumo (OIT, 2020b). Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) proyecta una caída en el crecimiento mundial de 4.9% para 2020. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020c) estima una pérdida de 155 millones de empleos a tiempo completo22 durante el primer trimestre de 2020 y 400 millones en el segundo.

El Salvador no ha escapado a las afectaciones resultantes de la pandemia de COVID-19. En el presente capítulo se explora la repercusión de esta crisis en el trabajo de jóvenes, teniendo en cuenta las brechas presentes en el mercado laboral. El estudio de las secuelas en este sector es de particular interés, debido a que históricamente ha enfrentado barreras, en el mundo del trabajo, que lo coloca en desventaja con respecto a los adultos (OIT, 2020d). Tal situación, sumada a los niveles de desempleo, subempleo e informalidad que caracterizan al país23, tiene consecuencias en la calidad de vida de la juventud,

clasificándola como un grupo vulnerable.

El capítulo ha sido elaborado, principalmente, con base en fuentes secundarias de información, disponibles a agosto de 2020. Por tal motivo, el alcance del estudio aquí realizado se limita a los datos actualizados y los documentos oficiales, que rindan cuenta de la situación y respuesta del Estado a la emergencia del coronavirus, que fueran de acceso público a dicha fecha. A pesar de esto, las referencias nacionales e internacionales consultadas han permitido cumplir satisfactoriamente con el objetivo de este capítulo y proveer un análisis de la crisis generada en el empleo, desde la perspectiva particular de la juventud.

En primer lugar, se expone la situación del empleo de jóvenes en El Salvador previo a la pandemia. En este proceso, se identifican desigualdades no solo entre la juventud y la población en general, sino también dentro de la misma categoría joven. En segundo lugar, se exploran los efectos de la crisis causada por la COVID-19 en el empleo juvenil y cómo estos pudieron variar entre diferentes subcategorías dentro de este grupo etario. Posteriormente, se hace una revisión de la respuesta del Estado salvadoreño al golpe que la emergencia causó en el empleo y los ingresos laborales. Por último, se plantean reflexiones y recomendaciones para el establecimiento de políticas públicas que promuevan inserción y permanencia efectiva de jóvenes en el mercado de trabajo, en un contexto de recuperación económica poscrisis.

Brechas laborales y COVID-19: riesgos de la crisis para el trabajo de jóvenes salvadoreños

A

22 Para sus cálculos, la OIT toma como referencia una semana laboral de 48 horas.

23 Series históricas de estas variables pueden ser consultadas en los anexos de este informe.

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Brechas laborales y COVID-19: riesgos de la crisis para el trabajo de jóvenes salvadoreños • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

¿Cuál era la situación laboral de jóvenes en El Salvador previo al COVID-19?

Antes de profundizar en los efectos que la pandemia pudo tener en los jóvenes y el trabajo en el país, es necesario comenzar revisando las circunstancias en las que estaban al entrar en la misma. La Ley General de Juventud (GOES, 2012) establece el rango de edad de 15 a 29 años para que un salvadoreño pueda ser considerado como joven. De acuerdo con resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) (DIGESTYC, 2020), en el 2019, aproximadamente el 27.6% de la población eran personas en ese rango de edad. Ese mismo año, la proporción de hombres y mujeres jóvenes era de 48.1% y 51.9%, respectivamente. Además, la mayoría (60.9%) de este grupo poblacional habitaba en el área urbana.

En el cuadro 3 se muestran algunos indicadores del mercado laboral salvadoreño correspondientes al 2019, el año previo a la pandemia de COVID-19. Las primeras dos filas muestran diferencias entre

la población económicamente activa (PEA) en general y los jóvenes, siendo evidente la situación desfavorable de este subgrupo: su tasa de desempleo es casi el doble y una mayor proporción de los que están ocupados en el área urbana se encuentran subempleados. El único indicador en el que la juventud tiene un desempeño ligeramente mejor es en el relacionado a la informalidad; no obstante, sigue siendo preocupante que más de dos tercios de estas personas tengan empleos de ese tipo.

El nivel educativo de la juventud es mayor que el de generaciones anteriores (OIT, 2019). De acuerdo con datos de la EHPM 2019, en promedio, los jóvenes salvadoreños cuentan con 10 años de estudio, mientras que las personas con edad mayor o igual a 30 solo poseen 8. A pesar de esto, los indicadores del cuadro 3 muestran la precariedad del acceso de la juventud al mercado de trabajo: al ser más difícil su entrada, una proporción mayor se mantiene desempleada, mientras que los que logran insertarse, probablemente lo hacen a través de ocupaciones caracterizadas por el subempleo y la informalidad. Tal situación está relacionada con el hecho de que aún no es claro si el sistema educativo está teniendo éxito

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Desempleo Subempleo (urbano)*

Empleo informal

Ingresos laborales promedio

Ninis

PEA 6.3% 37.4% 69.6% US$284.15 -Jóvenes** 11.3% 41.3% 69.0% US$213.69 26.9%Hombres jóvenes** 10.1% 41.6% 69.6% US$222.97 13.0%Mujeres jóvenes** 13.1% 40.9% 68.1% US$198.27 39.7%Jóvenes** área rural 9.7% - 81.3% US$170.02 32.6%Jóvenes** área urbana 12.2% - 60.9% US$242.23 23.1%

* La EHPM solamente mide el subempleo para el área urbana.** En concordancia con el artículo 105 del Código de Trabajo (GOES, 1972), donde se establece la edad mínima de trabajo en 16 años, la población joven de esta tabla se refiere al rango de edad entre 16 y 29 años.FUENTE: Elaboración propia con base en datos de DIGESTYC (2020).

Cuadro 3. Indicadores de mercado laboral El Salvador 2019

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en formar en los jóvenes las habilidades necesarias para una inserción laboral exitosa (BM, 2014). Al mismo tiempo, a la flexibilidad, o falta de ella, de la educación formal para responder oportunamente al acelerado ritmo de cambio en las demandas laborales (OIT, 2019). De hecho, evidencia recabada por la OIT (2019) constata que los empleadores tienen mayores dificultades para encontrar trabajadores con habilidades socioemocionales y cognitivas complejas24, incluso aún más que las habilidades técnicas.

Es posible, además, identificar una diferencia entre los ingresos laborales promedio percibidos por la PEA en general y la población joven, siendo menores los de esta última. La razón fundamental de esta brecha es la experiencia laboral: a mayor cantidad de años en la que esta se acumula corresponde también un incremento en los salarios percibidos (OIT, 2019). Sin embargo, también se corrobora que existe una brecha en los ingresos promedio percibidos entre los mismos jóvenes según su sexo.

Los ingresos laborales no son la única desigualdad entre hombres y mujeres jóvenes en El Salvador, pues la tasa de desempleo de estas últimas es mayor. Esa diferencia está relacionada con obstáculos de tipo cultural que enfrentan las mujeres al momento de acceder a un empleo y a su mayor participación en actividades domésticas y de cuido (Beneke et al., 2015; OIT, 2019; DIGESTYC, 2020). Motivos relacionados con la formación de familias y con la distribución de actividades por sexo, al interior del hogar, también explican por qué es mayor la

proporción de mujeres en el grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan (Beneke et al., 2018; OIT, 2019), conocidos también como ninis. La presencia de jóvenes en este grupo es particularmente preocupante, ya que se relaciona con menor acumulación de habilidades para el trabajo (Berniell et al., 2016) y proliferación de actividades delictivas (De Hoyos et al., 2016).

El cuadro 3 incluye, a la vez, brechas presentes entre los jóvenes del área urbana y rural. En primer lugar, llama la atención el menor nivel de desempleo en esta última; no obstante, hay que recordar que más de la mitad de la juventud salvadoreña habita en las ciudades. De manera que este indicador está influenciado por la menor presencia de personas con edades entre 16 y 29 años y, en consecuencia, menor competencia laboral en el área rural. Asimismo, un bajo nivel de desempleo no es sinónimo de un mercado de trabajo saludable, prueba de ello es el altísimo porcentaje de informalidad juvenil en dicha área. Esto se vincula íntimamente con el tipo de actividades que suelen realizarse en dichas zonas: en ramas de actividad económica como la agricultura y ganadería, la pesca, la explotación de minas y canteras; prácticamente todos los jóvenes poseen empleos informales (DIGESTYC, 2020)25.

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24 De acuerdo con la OIT (2019), las habilidades socioemocionales incluyen: comunicación, empatía, trabajo en equipo, entre otras. La misma fuente considera dentro de las habilidades cognitivas complejas la creatividad, el pensamiento crítico, el procesamiento e interpretación de información, y la abstracción y solución de problemas.

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25 Con base en datos de la EHPM 2019 (DIGESTYC, 2020), el porcentaje de jóvenes con empleos informales es de: 97.5% para la rama de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; 96.3% para la pesca y 100% para explotación de minas y canteras.

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Con respecto a la ocupación de jóvenes por rama de actividad económica, el gráfico 6 muestra la forma en la que estos se distribuían entre ellas previo a la pandemia de COVID-19. Es posible observar que una de cada tres personas, con edades entre los 16 y 29 años, estaba ocupada en actividades relacionadas con el comercio, hoteles y restaurantes. Este sector, al mismo tiempo, es el que concentra por sí solo una mayor proporción de la juventud salvadoreña, si se compara con los porcentajes del resto. Es importante destacar que patrones tradicionales de segregación sectorial inciden en que las mujeres jóvenes tengan presencia mayoritaria en sectores de servicios no mercantiles vinculados con el cuidado (OIT, 2019), tales como: enseñanza (60.6%); servicios comunales, sociales y de salud (51.9%); y hogares con servicio doméstico (90.1%) (DIGESTYC, 2020).

Simultáneamente, de acuerdo con datos de la EHPM 2019, la rama de comercio, hoteles y restaurantes es la que concentra el mayor número de mujeres jóvenes ocupadas (46.6% del total).

La información de este apartado demuestra la existencia de desventajas laborales de los jóvenes con respecto a la PEA en general, desde antes del COVID-19. Además, la presencia de desigualdades dentro del mismo grupo etario según sexo y área. La persistencia de brechas en la sociedad tiene el potencial de ser motivo de tensiones que amenacen la gobernabilidad, la estabilidad de los países y la cohesión social (FUSADES, 2018a). Por lo cual es evidente la necesidad de implementar acciones orientadas a la reducción efectiva de estas diferencias, incluso desde antes de la emergencia causada por el coronavirus.

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FUENTE: Elaboración propia con base en datos de DIGESTYC (2020).

Gráfico 6: Ocupación juvenil 2019 por rama de actividad económica

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¿Cuáles son los efectos de la pandemia en el empleo juvenil salvadoreño?

Habiendo reconocido la situación de jóvenes y mercado de trabajo previo a la crisis del COVID-19, en esta sección se exploran los efectos que esta generó en dicho contexto. Restringir la movilidad de las personas fue una de las principales medidas adoptadas para controlar los niveles de contagio en el país (Cuéllar-Marchelli et al., 2020). La disminución de personas circulando en espacios públicos y el cierre de empresas tuvo consecuencias económicas. Se estima que, para 2020, el producto interno bruto (PIB) salvadoreño crecerá -8.6% (CEPAL, 2020a).

Los efectos que las medidas de contención tuvieron en la producción y el consumo, también generaron pérdidas de trabajo (OIT, 2020b). De acuerdo con el

Informe de Coyuntura Económica más reciente de FUSADES (2020), se calcula una pérdida de alrededor de 226 mil empleos (64 mil en el sector formal y 161 mil en el informal) por la pandemia. En lo que respecta a empleo formal, el gráfico 7 muestra la evolución de este entre enero y junio de 2020. En ella se observa que la reducción de cantidad de personas que efectivamente laboraron, en el mes respectivo, inicia en marzo, fecha a partir de la cual también se decretaron los límites a la libre circulación (GOES, 2020a). Contando a partir de febrero, momento en el que hubo un mayor número de trabajadores formales activos, para junio ya se encontraban laborando un total de 73,538 personas menos.

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del ISSS (2020).

Gráfico 7: Trabajadores formales activos en el mes de referencia (2020)

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Experiencias de crisis anteriores y efectos preliminares de las medidas de respuesta a la pandemia sugieren que los ocupados menores de 29 años serán un grupo particularmente afectado (Flores, 2020). Análisis realizados por la OIT (2020a) han concluido que, durante períodos de recesión, por cada 1% de incremento en el desempleo de adultos, el de jóvenes aumenta en promedio en 2%. Esto se debe a que la juventud es desproporcionalmente afectada tanto por la menor cantidad de contrataciones, como por las reducciones de personal que suelen ocurrir en las empresas, durante los períodos de crisis.

De acuerdo con la misma fuente (OIT, 2020a), el peligro más grande en el contexto actual es que el desempleo y la exclusión de jóvenes del mercado

de trabajo se incremente por largos períodos. En recesiones anteriores se ha observado que el desempleo juvenil crece rápida y significativamente al iniciar las mismas. Peor aún, este tipo de afectación se mantiene en niveles superiores al período precrisis, incluso después de haberla superado. En el gráfico 8 se observa cómo las pérdidas de trabajo en El Salvador aumentaron rápidamente a partir de la crisis financiera internacional del 2008. Un par de años después, esta situación comenzó a mejorar para el caso de la PEA total, pero no sucedió lo mismo con los jóvenes. Es más, en el período posterior, la tasa de desempleo general alcanzó de nuevo valores cercanos a los anteriores a la crisis. Por su parte, para la juventud este indicador no logra ni siquiera volver a ser igual, o menor, al 10%.

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FUENTE: Elaboración y cálculos propios con base en datos de EHPM 2005-2019.

Gráfico 8: Tasas de desempleo de El Salvador (2005-2019)

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La exclusión prolongada de jóvenes del mercado de trabajo, puede tener efectos vitalicios en su empleo, salarios y competencias (OIT, 2020a). Situaciones económicas complejas dificultan que un joven encuentre un trabajo acorde con su nivel de educación. Dada la magnitud de la recesión causada por el COVID-19, existe la probabilidad de que jóvenes que hayan concluido sus procesos educativos o de formación para el trabajo, entre 2019 y 2020, sufran pérdidas salariales a largo plazo. Los próximos años estarán caracterizados por una mayor competencia y un menor número de puestos de trabajo disponibles (OIT, 2020b).

Además de los efectos de largo plazo, es posible desde ya identificar consecuencias del coronavirus en tres áreas vinculadas con jóvenes y trabajo (OIT, 2020a; OIT, 2020b): a) interrupción de actividades educativas y de formación, b) menor ingreso y empleo, c) mayores dificultades de acceso a empleo.

a. Interrupción de actividades educativas y de formación

La suspensión de procesos educativos y de formación para el trabajo constituye una amenaza, a lo largo de la vida, al acceso a oportunidades y la generación de ingresos, por parte de la juventud (OIT, 2020a; OIT, 2020b). La pandemia ha provocado la suspensión de actividades presenciales en escuelas, universidades e instituciones encargadas de impartir formación técnica. En El Salvador, medidas de este tipo entraron en vigencia a partir del 11 de marzo de 2020 (GOES, 2020b). En consecuencia, se ha recurrido a estrategias que procuran continuar proveyendo a distancia estos servicios, haciendo uso de recursos tecnológicos. Sin embargo, el país no se encontraba listo para un escenario de esta clase (Cuéllar-Marchelli et al., 2020; Cuéllar-Marchelli, 2020): un bajo porcentaje de los hogares disponen de computadoras y servicio de

Internet, existen restricciones similares en centros educativos, especialmente en los públicos, y la capacidad docente en métodos de educación a distancia y uso de tecnología para el aprendizaje era aún deficiente. Estos aspectos han generado disparidades en la provisión y calidad de los servicios de enseñanza a partir de la emergencia (Cuéllar-Marchelli et al., 2020; Cuéllar-Marchelli, 2020).

El cierre de centros educativos repercute de manera intensificada en las mujeres. De acuerdo con la OIT (2020c), normalmente, son ellas quienes realizan el 75% del trabajo de prestación de cuidados no remunerado. Al haber niñez presente en el hogar, debido a la suspensión de jornadas de educación presenciales, el tiempo que las mujeres dedican a dicho trabajo aumenta. Esta situación es incluso peor para las madres solteras, en especial si deben continuar trabajando, de forma presencial o a distancia, y cuidar de sus hijos, simultáneamente, sin ningún tipo de ayuda. Como se observó en el análisis de estadísticas previas a la COVID-19, la inversión de tiempo en actividades de cuido se relaciona con que sean mujeres jóvenes quienes sufran niveles más grandes de desempleo y representen una mayor proporción de ninis en El Salvador.

b. Menos ingresos y empleo

Las medidas adoptadas para prevenir contagios han tenido efectos en el ámbito productivo que afectan el trabajo y la generación de ingresos de los jóvenes. Un comunicado, puesto a disposición del público por la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)26, expresa que ambas instituciones

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26 El comunicado y su respectiva presentación están disponibles en la página de Facebook de ORMUSA: https://www.facebook.com/ormusa.ong/

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recibieron, entre el 17 de marzo y el 20 de julio, un total de 4,418 denuncias por despidos injustificados. De estos, el 79.3% correspondía a personas trabajadoras con edad menor o igual a 29 años (FEASIES y ORMUSA, 2020).

Es evidente, entonces, que la emergencia ha tenido efectos diferenciados en las ramas productivas. Comercio, hoteles y restaurantes es el sector en el que se habían perdido más empleos hasta mayo y, por sí mismo, este concentraba un tercio de jóvenes ocupados en 2019. A la vez, el 72.2% de estos poseían empleos informales (DIGESTYC, 2020). Teniendo en cuenta estos factores, es previsible un aumento del desempleo juvenil y menores ingresos para estas personas, en el marco de la pandemia. Si se considera, además, que en promedio la juventud genera menos recursos económicos de su trabajo, comparado con la PEA general, se puede inferir que la disponibilidad de ahorros de los jóvenes es menor. Por tanto, estos son más vulnerables a crisis que tienen efectos adversos en sus ingresos (OIT, 2020b).

Repitiendo el análisis, separando a los jóvenes con base en su sexo, preocupa de manera particular los efectos que el COVID-19 puede tener en el empleo e ingreso de mujeres. El sector comercio, hoteles y restaurantes poseía la proporción más grande (46.6%) de ocupadas en 2019 (DIGESTYC, 2020). En el cuadro 3 también se corroboró que el ingreso laboral promedio de ellas es incluso menor que el de los jóvenes en general.

En cuanto a diferencias entre áreas geográficas, se expuso que los niveles de informalidad más altos y los ingresos laborales promedio más bajos se asocian a los jóvenes rurales. El impacto de estos límites en el acceso a seguridad social y mecanismos de gestión de riesgos, es exacerbado por la pérdida de oportunidades para ganar salarios “casuales” y el cierre de mercados informales, para vender la producción, que han ocurrido en el contexto de la pandemia (FAO, 2020).

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Por su parte, datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan que 33,609 jóvenes habían dejado de contar con empleos formales desde que inició el año, hasta mayo27. De este total, el 82.4% (27,700 empleos) corresponden a pérdidas ocurridas solo entre marzo y mayo, siendo esta una muestra del fuerte impacto de la emergencia en la juventud y el trabajo. Sobre empleos formales en el sector privado, específicamente, la información del ISSS permite identificar las actividades económicas en las que hombres y mujeres jóvenes han sido más afectados:

• En números absolutos, fueron las relacionadas a “Comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento, actividades de alojamiento y servicios de comida” donde se redujo un mayor número de trabajadores jóvenes hombres (-6,320) y trabajadoras jóvenes mujeres (-5,572).

• En términos porcentuales, fue la “Agricultura, caza, silvicultura y pesca” donde una mayor proporción de jóvenes mujeres perdieron su trabajo formal (-32.8%) y “Construcción” en el caso de hombres jóvenes (-40.5%).

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33,609 jóvenes habían dejado de contar con empleos formales entre enero y mayo 2020

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27 Los datos provistos por el ISSS a FUSADES, con desagregaciones por sexo y grupos de edad, incluían el detalle hasta mayo de 2020.

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Por otra parte, hay jóvenes que dependen de negocios propios para generar sus medios de vida. La disminución en la actividad económica, causada por las medidas de contención, hace que sea más probable que empresas lideradas por este tipo de personas tengan que salir del mercado (OIT, 2020e). En medio de la emergencia, a la dificultad para obtener recursos y financiamiento, se suma la falta de experiencia de la juventud emprendedora para enfrentar escenarios comerciales complicados (Kim y Puerto, 2020).

2020a). Sin embargo, los obstáculos a la ocupación no son exclusivos de un período poscrisis pues, según la OIT (2020a), desde el momento en que inició la pandemia pudo apreciarse una disminución en el número de ofertas de empleo disponibles. Tal situación provoca que desde ya sea más difícil que personas que buscan trabajo por primera vez, o que hayan sido despedidos recientemente, encuentren alguna oportunidad de ingresar al ámbito laboral.

Si el período de tiempo en que los jóvenes experimentan dificultades para conseguir empleo se extiende, este puede causar desánimo en ellos y que dejen de buscar trabajo activamente (OIT, 2020a). Esto constituye un riesgo de aumento en la cantidad de ninis, quienes ya representan más de la cuarta parte de la juventud salvadoreña. A la vez, un mayor número de desanimados puede ser el origen de retos más complejos para los tomadores de decisiones de políticas públicas. Esto se afirma debido a que se vuelve más difícil poder involucrar a estas personas en la vida productiva, una vez haya iniciado el período de recuperación poscrisis (OIT, 2020a).

Mayores dificultades de acceso a empleo equivalen a menores oportunidades económicas para las personas. Históricamente, esta ha sido la principal razón por la que las personas retornadas expresan haber tenido intenciones de emigrar (FUSADES, 2018b; OIM, 2020). De acuerdo con registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), entre 2012 y 2019, en promedio el 54% de estas poseían edades entre los 15 y 29 años. Por tanto, se puede deducir que la exclusión de jóvenes del mercado laboral, que pueda causar la pandemia, tiene el potencial de agravar la problemática migratoria que El Salvador tenía desde antes de la misma.

50% de los jóvenes es susceptible a depresión o ansiedad a causa del COVID-19

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28 Encuesta mundial on line “Los jóvenes y la COVID-19”.

Es importante destacar que los efectos del COVID-19 en el empleo e ingreso de jóvenes, afectan también a su bienestar mental. De acuerdo con resultados preliminares de una encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)28 (2020a), aproximadamente el 50% de las personas de este grupo poblacional es susceptible a episodios de depresión o ansiedad debido a la incertidumbre y consecuencias que genera la pandemia. El riesgo de este tipo de padecimientos es aún mayor en el caso de aquellos que han tenido que dejar de trabajar durante la emergencia.

c. Más dificultades de acceso a empleo

Ya se planteó que está prevista mayor competencia de entrada al mercado de trabajo, en los próximos años. Esta representa posibles pérdidas de largo plazo para los jóvenes, debido al retraso en su acceso a empleo, la adquisición de competencias a través de la práctica y de experiencia necesaria para incrementar sus ingresos salariales (OIT, 2019; OIT,

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A través de la evidencia mostrada en este apartado, se identifican consecuencias del COVID-19 en el empleo juvenil salvadoreño. Algunas, como la interrupción de procesos educativos y la reducción de ingresos laborales, ya han empezado a manifestarse y tienen el potencial de ampliar brechas y profundizar problemáticas que estaban presentes desde antes de la emergencia. Otras, como la mayor dificultad de acceso a empleo, tienen el riesgo de perdurar por períodos de tiempo prolongados y generar efectos negativos a lo largo de la vida de los jóvenes. En este sentido, se vuelve imprescindible la respuesta efectiva y oportuna, por parte del Estado, para contrarrestar en la mayor medida posible estas afectaciones y de esta manera evitar complicaciones futuras.

¿Cuál ha sido la respuesta del Estado salvadoreño a los efectos del COVID-19 en el empleo?

El Gobierno de El Salvador ha implementado acciones con la intención de paliar los impactos negativos causados por la crisis del coronavirus en la población. Desde antes de que se reportara el primer caso oficial en el país29, se procuró atender alteraciones que pudieran ser provocadas en el empleo e ingresos laborales a causa de la emergencia inminente. En esta sección se hace un repaso de medidas ejecutadas para apoyar a la población afectada en dichos aspectos. Es importante aclarar que las políticas aquí revisadas no constituyen la totalidad de estrategias gubernamentales que han surgido en el marco de la pandemia. Para este capítulo, la atención se ha centrado en aquellas de

las que fue posible encontrar respaldos oficiales, a través de decretos o documentos institucionales, y que se relacionan directamente con los ingresos y estatus laboral de las personas. Además, se hizo un esfuerzo por identificar medidas particulares para contrarrestar este tipo de afectaciones en jóvenes; sin embargo, la evidencia sugiere que la respuesta estatal ha sido de carácter general. Es decir, aún no se detectan medidas explícitamente enfocadas a mitigar el impacto de la crisis en la juventud y el trabajo.

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29 El primer caso de COVID-19 en El Salvador se reportó el 18 de marzo de 2020 (Nayib Bukele referido en Guzmán et al., 2020).

Foto de elsalvador.com https://historico.elsalvador.com/historico/211963/las-11-instituciones-de-gobierno-reproba-das-en-transparencia.htmlfotografía por: Salomón Vásquez

Una de las primeras acciones realizadas tuvo como objetivo garantizar la estabilidad laboral. El 14 de marzo, a través del decreto No. 593, se declaró el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por COVID-19. En el artículo cinco se estableció que ninguna persona podía ser despedida, ni sufrir descuentos en sus salarios, por no poder asistir a su lugar de trabajo por motivos de cuarentena o por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero. A la vez, se delimita el alcance de esta garantía a tres meses después de haberse emitido u ordenado la cuarentena correspondiente. De acuerdo con el decreto (GOES, 2020c), estas tendrían el mismo tratamiento legal y económico que las incapacidades temporales por enfermedades comunes contempladas en el Código de Trabajo

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y la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos.

A pesar de lo anterior, ocurrieron polémicas en torno al artículo 5 del decreto 593. Por una parte, hubo discrepancias entre poderes del Estado, e incluso el sector privado, sobre la interpretación de quién debía hacerse responsable del pago de salarios de las personas en cuarentena (Orellana et al., 2020). Asimismo, debido al cierre de empresas durante el período de cuarentena nacional, algunos contratos laborales fueron suspendidos o revocados definitivamente. Ante esto, el 5 de mayo se aprobó una nueva Ley de Protección al Empleo Salvadoreño. Esta exigía que las empresas que continuaban operaciones durante la emergencia cumplieran con sus obligaciones laborales y permitía el establecimiento de acuerdos, entre trabajadores y empleadores, para el goce anticipado de períodos de vacaciones durante la crisis. No se encontraron registros sobre el proceso de implementación de estos lineamientos, pero sí fue de conocimiento público que representantes de la empresa privada participaron en su diseño junto con el gobierno (Rivas y Molina, 2020). En el marco de esta ley surge también, por primera vez, la iniciativa de establecer un programa de subsidios a empleados de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y de créditos productivos para el sector formal e informal. Este sería administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) (Velásquez, 2020a; Campos, 2020; GOES, 2020d) y sería creado formalmente, más adelante, a través del decreto 685.

El 20 de marzo, previo a la emisión del decreto ejecutivo 12 y las restricciones a la movilidad en el territorio nacional, se aprobó la Ley de Regulación del Teletrabajo. De acuerdo a su artículo tres, el teletrabajo es una forma de desempeñar la relación de

trabajo de carácter no presencial, total o parcialmente, por tiempo determinado o de manera indefinida, fuera del centro de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación (GOES, 2020e). El trabajo a distancia fue una de las estrategias a las que se recurrió para cumplir con medidas de aislamiento y mantenerse operando, al mismo tiempo, aun en ausencia de una regulación específica (CEPAL-OIT, 2020).

En El Salvador, menos del 20% de los ocupados pueden realizar sus labores desde el hogar

En el caso de El Salvador, el teletrabajo era un tema que se venía discutiendo desde junio de 2019 (Hernández, 2019; Villeda, 2020). Ante la llegada del coronavirus al país, la ley fue aprobada con una disposición transitoria (artículo 21) en la que se estipula que, en casos de emergencia nacional, calamidad pública, régimen de excepción o suspensión de derechos constitucionales y desastres (GOES, 2020e), se omite el carácter voluntario del teletrabajo. A pesar de esto, no todas las actividades económicas son aptas para trabajar bajo esta modalidad. De acuerdo con la CEPAL y la OIT (2020), el porcentaje de trabajadores informales que no está en condiciones para continuar sus operaciones en un contexto de distanciamiento espacial es mayor que el de los trabajadores formales. La misma fuente (CEPAL-OIT, 2020) afirma que actividades con elevado grado de formalidad, como la manufactura, tampoco pueden realizarse a través de teletrabajo y, por tanto, siguen siendo afectadas por la pandemia a pesar de este tipo de políticas. La CEPAL (2020b) calcula que en El Salvador menos del 20% de los ocupados pueden realizar sus labores desde el hogar.

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Como parte del apoyo provisto a la población, ante las alteraciones causadas a sus ingresos laborales por la crisis, se destacan dos medidas: transferencias monetarias y suspensión temporal de pagos por servicios básicos30. El 21 de marzo, por medio del Decreto Ejecutivo No. 12, se estableció una compensación mensual de US$300.00 para aquellos hogares que no tuvieran vínculos laborales, fuentes de ingreso permanente y fuesen afectados económicamente por la pandemia. Sin embargo, la concretización de esta ayuda tuvo varias dificultades: errores de inclusión y exclusión, aglomeraciones de personas que representaban altos riesgos de contagio, incapacidad financiera para continuar con la entrega del bono, entre otros (Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

En cuanto a la suspensión de pagos de facturas por servicios básicos, se hizo efectiva el 20 de marzo a través del Decreto Legislativo No. 601. Este beneficiaba a personas naturales, jurídicas y municipalidades cuyos ingresos se habían reducido por los cierres causados por las medidas de contención. Así, estas personas podían diferir los pagos correspondientes a marzo, abril y mayo y cancelar el monto acumulado en hasta 24 cuotas que se sumarían al cargo normal de la factura de los meses subsiguientes respectivos. Las negociaciones y acuerdos establecidos entre el gobierno y los proveedores de servicios, para poder llevar a cabo esta estrategia de apoyo, no fueron conocidas por la población. La falta de respaldos oficiales públicos de estos dejaba abierta la posibilidad de discrepancias

entre las expectativas del sector público, privado y la ciudadanía. De hecho, durante la emergencia, una compañía telefónica fue acusada de no haber cumplido las convenciones adoptadas en conjunto con las autoridades (Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

En preparación de un proceso de reactivación económica, que permitiera la recuperación de empleos e ingresos de la población, también se adoptaron algunas medidas. Entre los meses de marzo y mayo, a través de los decretos 608 y 640, se autorizó al gobierno la gestión, en total, de US$3,000 millones a través de la emisión de títulos valores o la contratación de créditos. El uso de estos fondos sería para: desarrollar proyectos locales para la reconstrucción y recuperación económica del país, financiar transferencias monetarias a hogares vulnerables, reforzar el presupuesto del Estado, apoyar a productores agrícolas y constituir un fideicomiso para la reactivación empresarial (GOES, 2020f; GOES, 2020g). De acuerdo con declaraciones del Ministerio de Hacienda (referidas en Magaña, 2020), al 24 de julio dicha cartera de Estado había ya conseguido, del monto total aprobado, US$1,624 millones y había solicitado a la Asamblea Legislativa la autorización de US$1,009 millones más.

Relacionado al Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), este fue creado oficialmente el 9 de julio en el decreto 685. De acuerdo con este, BANDESAL será el responsable de administrar un total de US$600 millones distribuidos según el siguiente detalle31 (GOES, 2020h):

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31 Los créditos serían concedidos con tasa de interés del 3% anual, plazo máximo de 10 años y un año de gracia (GOES, 2020h).

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30 Una revisión de estas dos medidas, con más detalle del que se incluye en este capítulo, puede ser consultada en la Serie de Investigación “Protección Social y COVID-19: la respuesta del Estado salvadoreño a la emergencia”, disponible en: http://fusades.org/sites/default/files/Serie%20de%20invest igaci%C3%B3n_proteccion%20socia l%20y%20covid19.pdf

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• US$140 millones para financiar, por hasta dos meses, el 50% de la planilla de las MIPYME que tengan reportados en ella menos de 100 empleados32. Además, estas deberán estar registradas en el ISSS, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) o como contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA). La asignación mensual por empresa no puede sobrepasar los US$22,500.

• US$360 millones para financiar inversiones de capital de trabajo en empresas formales, independientemente de su tamaño, que estén inscritas en el ISSS, CONAMYPE o como contribuyentes al IVA.

• US$100 millones para créditos a empresas o comerciantes del sector informal que tengan al menos un crédito activo vigente, con categoría de riesgo A o B, o que estén inscritos en CONAMYPE o como contribuyentes al IVA.

Más adelante, durante una cadena nacional el 9 de agosto, se anunció que se propondría reformar el fideicomiso para poder financiar hasta cuatro meses de planilla a las MIPYME, en lugar de dos (Alas, 2020). La intención de solicitar este cambio ha sido confirmada por el Ministerio de Hacienda (“Hacienda pedirá…”, 2020), lo cual implicaría modificar el decreto 685 antes de poder llevarlo a cabo.

Al 18 de agosto, poco menos de una semana antes de la reactivación económica programada para el 24 del mismo mes, las empresas seguían sin poder acceder a los fondos del fideicomiso (Reyes, 2020). De hecho, miembros de la Asamblea Legislativa han declarado que esta iniciativa podría no contar aún

con los recursos requeridos para ponerla en marcha, debido a reasignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda (Velásquez, 2020b; Reyes, 2020).

En lo que respecta a acciones específicas para promover empleo juvenil, solo fue posible encontrar información de aquellas lideradas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). Incluso, desde antes del COVID-19, esta institución ofrece a jóvenes atención relacionada con el fortalecimiento de habilidades para el trabajo, competencias digitales y apoyo a iniciativas emprendedoras. De acuerdo con su Memoria de Labores, en el marco de la emergencia, ha sido necesario adaptar la provisión de sus servicios a las condiciones de distanciamiento social. Por tanto, se ha hecho uso de medios como podcasts y plataformas educativas en línea para continuar beneficiando a su población objetivo en el nuevo contexto (INJUVE, 2020).

Durante la preparación de este informe, se tuvo la oportunidad de conversar con representantes del INJUVE y la OIT. Ambas instituciones expresaron encontrarse trabajando en conjunto con la oficina del Comisionado Presidencial para Proyectos de Desarrollo de la Juventud para planificar estrategias de promoción de empleo juvenil en un período poscrisis. A raíz de la pandemia, la OIT promulga la realización de “Diagnósticos Rápidos para medir el impacto de la COVID-19 en la economía y mercado laboral nacional”. La información obtenida de estos ejercicios constituirá un insumo esencial para el apoyo que este organismo internacional provea a los países durante sus fases de recuperación (OIT, 2020e). Para el caso de El Salvador, se tiene previsto tener resultados de este estudio en el corto plazo y que este sea la base para el diseño de políticas con mayor orientación específica a incentivar la ocupación de jóvenes.

A

32 De acuerdo con el artículo 3, literal a, de la Ley, se toma en cuenta la última planilla reportada al ISSS entre diciembre 2019 y febrero 2020 (GOES, 2020h).

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Reflexiones finales y recomendaciones

El objetivo planteado al inicio de este capítulo fue explorar efectos de la crisis del COVID-19 en el trabajo de jóvenes salvadoreños, teniendo en cuenta las brechas vigentes en el mercado laboral. A partir de la evidencia recabada, se identifica impacto en la interrupción de procesos educativos, pérdidas de empleo, reducción de ingresos laborales y mayores obstáculos a la ocupación. Estos aspectos tienen la capacidad de ampliar desigualdades entre los adultos y la juventud, e incluso entre subclasificaciones contenidas en este grupo etario. Paralelamente, problemáticas presentes desde antes de la emergencia, como la migración, podrían ser exacerbadas por la influencia de la crisis en el empleo juvenil.

En el apartado anterior se describieron algunas de las respuestas del gobierno a los efectos del coronavirus en el trabajo y los ingresos laborales. Es posible observar que se procuró establecer acciones incluso desde antes que la enfermedad entrara oficialmente al país y se decretaran medidas de contención. Sin embargo, al mismo tiempo, se evidencia que estas iniciativas no estuvieron exentas de fallos de diseño que, posteriormente, repercutieron en su

implementación y hasta llegaron a causar algunas controversias.

Se aprecia también que el enfoque de las estrategias emitidas ha sido brindar un formato de apoyo “estándar”, sin tener en cuenta diferencias en el impacto, por ejemplo, entre adultos y jóvenes. Es así como no se encontraron registros de políticas laborales, dirigidas específicamente a la juventud, que hayan surgido en el marco de la pandemia. Tampoco se han considerado desigualdades según sexo o área geográfica, entre otras variables. Pareciera que se ha obviado la realización de un análisis más puntual que pudiera dar indicios de actividades productivas o subgrupos poblacionales específicos que requieren de mayor ayuda en su proceso de recuperación.

Para poder plantear políticas más acordes con las características y necesidades de la población, se debe contar con información suficiente y precisa que las sustente. No obstante, en las condiciones actuales, el contexto de confinamiento de los hogares, el distanciamiento social y las cuarentenas representan dificultades para la recolección de datos de forma presencial. Ante esto, es necesario avanzar hacia un fortalecimiento institucional estadístico, así como del diseño y complementariedad de instrumentos de recolección de datos y fuentes de información que pueda utilizarse como insumo para la toma de decisiones de política pública (CEPAL-OIT, 2020).

Un elemento común que se observa en las políticas formuladas es que su meta es mantener inalterado, hasta donde sea posible, el contexto laboral previo a la pandemia. Medidas de apoyo como las garantías de trabajo y los subsidios salariales, por ejemplo, solamente aplican para personas

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Foto de elsalvador.com https://historico.eldiariodehoy.com/historico-edh/89064/compatriotas-celebran-al-salvador-del-mun-do-en-el-area-de-washington-d-c.htmlfotografía por: Tomás Guevara

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que ya se encontraban ocupadas desde antes de la emergencia. Queda pendiente realizar las mediciones que sean necesarias para evaluar hasta qué punto tales iniciativas logran cumplir con su objetivo; asimismo, plantear estrategias para generar nuevas oportunidades de trabajo que promuevan también la reducción de brechas con vigencia anterior al COVID-19.

En el corto plazo, el gobierno salvadoreño espera poder plantear propuestas de política pública más precisas, basándose en los resultados del trabajo realizado con apoyo de la OIT. No obstante, a partir del estudio realizado en este capítulo, es posible esbozar algunas recomendaciones para mejorar la situación del mercado laboral en general y, más específicamente, para ampliar las oportunidades de empleo de los jóvenes. Primero, hay que tener en cuenta que las medidas que se implementen deben ser inmediatas, responder a las secuelas que desde ya está dejando la crisis, y suficientes, que sean acordes con la complejidad y magnitud de las problemáticas que buscan abordar (OIT, 2020a). De lo contrario, seguirá habiendo efectos contractivos en la actividad económica, pudiendo ser el origen de una recesión profunda y prolongada con capacidad de ampliar desigualdades que ya existían incluso desde antes de la pandemia (OIT, 2020e). Al mismo tiempo, es importante reconocer el potencial de transformación económica que constituye un período poscrisis. En tal contexto, se debería de priorizar el fomento de sectores generadores de empleo productivo y decente que catalicen el avance hacia un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo (OIT, 2020b).

En el marco de un proceso de reactivación económica, para promover el empleo juvenil, se deben implementar acciones en al menos tres áreas (OIT,

2020a; OIT, 2020b): a) estímulo económico, b) apoyo a empresas, empleabilidad e ingresos, y c) diálogo y coordinación social.

a. Estímulo económico

La aplicación de una política fiscal contracíclica es una de las principales herramientas para provocar alivio en el desempleo juvenil. El gasto público debería considerar entre sus prioridades apoyar a que los jóvenes se reintegren o accedan, lo más pronto posible, a oportunidades de trabajo y a procesos de educación o formación vocacional (OIT, 2020a). Simultáneamente, esta atención debería estar enfocada en aquellos subgrupos, como las mujeres jóvenes y la juventud rural, que han sido particularmente afectados por la emergencia.

De manera similar, las medidas de estímulo económico deberían de favorecer, preferentemente, a sectores productivos que han sido más golpeados por la crisis (OIT, 2020a). Las cifras oficiales incluidas en este capítulo evidencian el efecto diferenciado del COVID-19 en las distintas ramas de actividad. En vista que hay una coincidencia entre aquellas más afectadas y las que absorben una proporción importante de jóvenes en el mercado de trabajo, la focalización podría ser el cimiento de un proceso de recuperación que suscite la inclusión juvenil (OIT, 2020a).

b. Apoyo a empresas, empleabilidad e ingresos

Combinar medidas económicas generales con intervenciones específicas para promover el trabajo y la generación de ingresos, es clave para producir la recuperación del empleo en su conjunto (OIT, 2020b). Ante el escenario comercial complejo planteado por la pandemia, es necesario ampliar el apoyo técnico

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y financiero que se brinda a emprendimientos liderados por jóvenes (OIT, 2020a). Esto, debido a que la limitada experiencia adquirida por estas personas, combinada con obstáculos para obtener recursos y financiamiento en el actual contexto, disminuye la probabilidad de supervivencia de sus empresas. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la desaceleración en la actividad productiva, y su posterior reactivación, constituye una oportunidad para iniciativas emprendedoras juveniles. Personas en este rango de edad, con aptitudes creativas e innovadoras, pueden sacar ventaja de las transformaciones sucedidas en el marco de ese proceso, pero, para hacerlo, necesitan la provisión de servicios de apoyo empresarial (OIT, 2020a).

La puesta a disposición de incentivos para que las empresas contraten personas jóvenes también es necesaria. Similar a la estrategia planteada por el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas (FIREMPRESA), podrían ofrecerse subsidios salariales específicos que promuevan el empleo juvenil. En un primer momento, podrían priorizarse algunas subcategorías más afectadas por la emergencia como las mujeres jóvenes, los que viven en el área rural, los que tienen empleos informales o, incluso, los que nunca han trabajado. De esta forma, además de responder a secuelas de la crisis, se estaría suscitando la creación de nuevas oportunidades de trabajo para la juventud. Asimismo, de acuerdo con la OIT (2020a), programas de subsidios salariales han demostrado tener efectos positivos, a largo plazo, en el incremento de capacidades, productividad y probabilidad de empleo de jóvenes.

Ante la reactivación y recuperación económica, es igual de importante dedicar esfuerzos a la formación y fortalecimiento de capacidades para el trabajo

en los jóvenes. Simultáneamente, es clave que este tipo de estrategias responda de manera pertinente a las necesidades vigentes en el sector productivo. En la situación presente, de preferencia, se deberían fomentar las capacitaciones en línea (OIT, 2020a). Se ha evidenciado que instituciones como el INJUVE le están apostando a este tipo de estrategias en el marco de la emergencia. Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones salvadoreñas, para alcanzar el beneficio potencial pleno de estas acciones se debe también invertir en: conectividad, brindar recursos tecnológicos, competencias digitales en formadores y formados, y adaptaciones curriculares a métodos de educación a distancia. Por otra parte, para incrementar la empleabilidad de la juventud salvadoreña, la formación para el trabajo es aún más efectiva si es parte de medidas integrales que la combinan con orientación vocacional y colocación laboral (OIT, 2020b; Platon et al., 2020).

Tomando en cuenta las afectaciones causadas por la pandemia en los ingresos laborales, es necesario ampliar el acceso a protección social. En el contexto actual, se debe sacar provecho de herramientas digitales para proveer beneficios a los grupos poblacionales más afectados, promoviendo el distanciamiento social. A la vez, las políticas de protección social deben complementarse con acciones vinculadas a la reapertura económica, para que el mercado laboral se dinamice y se vuelvan sostenibles los efectos del apoyo suministrado (Cuéllar-Marchelli et al., 2020). Además, la protección social debe ir acompañada de políticas sectoriales y de promoción social. Esto con el fin de que los jóvenes adquieran la capacidad de resolver sus necesidades diarias y alcanzar, de manera autónoma e independiente, su bienestar y prepararse ante riesgos futuros (FUSADES, 2016).

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c. Diálogo y coordinación social

En la implementación de políticas de recuperación poscrisis, es fundamental la coordinación tanto del Gobierno Central como de gobiernos locales. El logro de esta sinergia es clave para incrementar la efectividad y cobertura de los mecanismos de apoyo empleados para mitigar el impacto del virus en el mercado de trabajo (Altamirano et al., 2020; Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

La articulación no debería limitarse a diferentes niveles de gobierno. De hecho, el sector empresarial, como creador de fuentes de empleo, desempeña un rol esencial en el proceso de superación de impactos negativos del COVID-19 en los jóvenes y el trabajo. Fomentar el diálogo y el consenso de esfuerzos entre los sectores público y privado contribuye a mantener procesos democráticos en la toma de decisiones y a paliar repercusiones de la emergencia de forma integral y sostenible (Cuéllar-Marchelli et al., 2020).

Finalmente, se resalta la importancia de incluir a los jóvenes mismos en los procesos de diálogo social, toma de decisiones y de promover su participación activa en ellos. Así serían definidas y abordadas de manera más precisa las problemáticas más apremiantes para la juventud (OIT, 2020a). Estimular la voluntad de diferentes actores sociales para actuar conjuntamente y mejorar su calidad de vida, requiere la creación de mecanismos que faciliten el diálogo, cooperación y coordinación entre ellos (FUSADES, 2018a; FUSADES, 2019). Buscar solución a las desigualdades y fortalecer la cohesión social se ha vuelto aún más imperioso después de la crisis causada por el coronavirus.

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Orellana, J., Calderón, B., Gómez, R., y Redacción Política (2020, 27 de marzo). Cuál es la polémica por el decreto 593 y por qué el Gobierno habla de una quiebra del ISSS. La Prensa Gráfica. Disponible en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cual-es-la-polemica-por-el-decreto-593-y-por-que-el-Gobierno-habla-de-una-quiebra-del-ISSS-20200327-0020.html

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Rivas, V. y Molina, K. (2020, 24 de abril). Gobierno y empresarios acuerdan medidas para reactivar la economía. elsalvador.com. Disponible en: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/gobierno-anep-empresarios-proponen-pagos-nomina-pymes-bono-solidario/708599/2020/

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59

Anexo 1. Indicadores*

Pobreza y distribución de ingresos

Infraestructura y servicios sociales básicos

Salud y nutrición

Educación

A continuación se presenta una serie de indicadores agrupados en tres dimensiones: 1) oportunidades económicas y sociales, 2) funcionamiento de las instituciones y 3) vínculos sociales y valores. Estos han sido recopilados a partir de estadísticas oficiales, cuya definición y fuente aparecen en el Anexo 2.

1. Oportunidades económicas y sociales

*Nota: Los espacios en color gris corresponden a datos no disponibles.

60

Informe de2019-2020

coyuntura social

Anexo 1 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Empleo y seguridad social

Expectativas socioeconómicas

Migración y remesas

Seguridad cuidadana

61

2. Funcionamiento de las instituciones

Calidad de la democracia y del Estado de Derecho

Financiamiento público

Economía y clima de negocios

Familia

*El Foro Económico Mundial modificó su estructura, por lo que deja de ser comparable con los informes anteriores.

**

62

Informe de2019-2020

coyuntura social

Anexo 1 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

3. Vínculos sociales y valores

Apoyo a la democracia y confianza en las instituciones

Cooperación e involucramiento por parte de la sociedad civil

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas oficiales (Anexo 2).

63

Anexo 2. Glosario de indicadores1. Oportunidades económicas y socialesPobreza y distribución de ingresos

% de hogares en situación de pobrezaDefinición Indicador de pobreza monetaria, la cual se clasifica en extrema y relativa; y como parámetro

se emplea el valor de la canasta básica alimentaria (CBA):

• Pobreza extrema: hogares cuyos ingresos son menores que el costo de la CBA, • Pobreza relativa: hogares cuyos ingresos son mayores que el costo de la CBA, pero son

menores que el costo de la canasta ampliada (CA, dos veces el valor de la CBA),• CBA: productos considerados básicos en la dieta, en cantidades suficientes para cubrir

adecuadamente las necesidades energéticas y proteicas del individuo promedio.

Es la razón entre hogares en situación de pobreza y el número total de hogares del país en un año determinado. Equivale a la proporción de hogares, según área geográfica, que no alcanza a cubrir los productos básicos de su dieta y la proporción que cubre la CBA pero no la CA.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

% de la población en situación de pobrezaDefinición Razón entre personas en situación de pobreza y la población total en un año determinado.

Equivale al porcentaje de la población, según área geográfica y sexo, que no alcanza a cubrir los productos básicos de su dieta y al porcentaje que cubre la CBA pero no la CA.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

PIB per cápita mensualDefinición El producto interno bruto (PIB) es una medida del fujo total de bienes y servicios produci-

dos por la economía del país, en un año determinado; se obtiene al valuar la producción de bienes y servicios a precios de mercado, excluyendo los bienes intermedios utilizados en el proceso de producción. El PIB per cápita es la estimación de la distribución del PIB entre el total de la población, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos del Banco Central de Reserva y DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Notas Las cifras del PIB han sido actualizadas utilizando la nueva serie encadenada (con referencia al año 2014) a precios corrientes en millones de dólares. Las cifras de 2014 son preliminares y las de 2015, 2016 y 2017 son estimadas por suma de trimestres.

Índice de desigualdad de GINI per cápitaDefinición Distribución del ingreso per cápita medida por el coeficiente de GINI, el cual está basado en

la curva de Lorenz. Cero representa igualdad perfecta, y uno, desigualdad perfecta.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a

cada año, utilizando el paquete ainequal de STATA.

64

Informe de2019-2020

coyuntura social

Anexo 2 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Infraestructura y servicios sociales básicos

Salud y nutrición

% de hogares con acceso a agua por cañeríaDefinición Razón entre hogares con acceso a agua por cañería y el número total de hogares en un

año determinado. Indica la proporción de hogares del país, según área geográfica, que tienen acceso a agua por cañería dentro y fuera de la vivienda, tubería por poliducto en buen estado, tiene, pero no le cae por más de un mes (se incluye a partir del año 2011), cañería del vecino, pila, chorro público o cantarera, chorro común y acarreo de cañería del vecino.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

% de hogares con acceso a electricidadDefinición Razón entre hogares con acceso a electricidad y el número total de hogares en un año

determinado. Indica la proporción de hogares del país, según área geográfica, que tienen conexión eléctrica propia o del vecino.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

% de hogares con acceso a servicio sanitarioDefinición Razón entre hogares con acceso a servicio sanitario y el número total de hogares en un

año determinado. Indica la proporción de hogares del país, según área geográfica, que tienen acceso y tenencia de un servicio sanitario propio o mediante un familiar o amigo. Incluye acceso a inodoro con conexión a alcantarillado, inodoro privado o común a fosa séptica, letrina privada o común, letrina abonera privada o común, y letrina solar privada o común.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

% de la población con acceso a seguro médicoDefinición Razón entre personas con acceso a seguro médico y la población total en un año

determinado. Equivale al porcentaje de la población, según área geográfica y sexo, que tiene seguro médico: ISSS (cotizante, beneficiario o retirado), ISBM, IPSFA, seguro individual o colectivo, u otro.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos del Banco Central de Reserva y DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Notas En 2008 no se incluyó la pregunta en la encuesta.Prevalencia de desnutrición (% de la población)

Definición Proporción de la población total que probablemente no consuma las calorías suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades energéticas de una actividad física normal.

Fuente FAO, recuperado de: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.WzEhSqdK-jIU

Notas Se registra un promedio de tres años para reducir el impacto de errores de estimación.

65

Salud y nutrición (continuación)

Educación

Tasa de mortalidad materna (por cada 100,000 nacidos vivos)Definición Muerte de mujeres durante el embarazo y parto por cada 100,000 nacidos vivos en un año

determinado.Fuente Banco Mundial, recuperado de: http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.STA.

MMRT?locations=SVNotas Los datos son estimados, por OMS, UNICEF, UNFPA y Banco Mundial, según un modelo de

regresión que usa información sobre fertilidad, asistentes para el parto y prevalencia del VIH.

Tasa de mortalidad infantil, menores de 5 años (por cada 1,000 nacidos vivos)Definición Muerte de niños menores de cinco años por cada mil nacidos vivos en un año determinado.

Se refiere a la probabilidad por cada mil niños que un recién nacido muera antes de cumplir cinco años de edad.

Fuente Banco Mundial, recuperado de: http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORTPrevalencia de inscripciones por embarazo (por cada 1,000 niñas y adolescentes)

Definición Razón entre el número de mujeres inscritas en atención prenatal en los establecimientos del MINSAL y el número total de mujeres, por rangos de edad, por cada mil niñas y adoles-centes.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de:• MINSAL, Base interactiva de datos 1999-2008,• MINSAL, Sistema de morbimortalidad en línea (SIMMOW) 2009-2018, • DIGESTYC, Estimaciones y Proyecciones Nacionales de Población 1950-2050 (revisión

2010), • DIGESTYC, Estimaciones y Proyecciones de Población. Nacional 2005-2050 • (revisión 2014).

Tasa neta de asistencia por nivel educativoDefinición Proporción de la población en edad para cursar los diferentes niveles educativos que se

encuentra escolarizada en cada nivel, en un año determinado.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a

cada año.Tasa de analfabetismo (población de 10 años y más)

Definición Razón entre el número de analfabetos de 10 años y más y la población del mismo rango de edad en un año determinado. Indica la proporción de dicho grupo poblacional que no sabe leer ni escribir, según área geográfica y sexo.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Escolaridad promedio (población de 6 años y más)Definición Número de años de estudio aprobados por la población de 6 años y más en un año

determinado, según área geográfica y sexo.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a

cada año.

66

Informe de2019-2020

coyuntura social Anexo 2 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Empleo y seguridad social

Expectativas socioeconómicas

Desempleo (% de la PEA)Definición Relación que mide el volumen de desempleo o desocupados de la PEA en un año de-

terminado, representando el porcentaje de la fuerza laboral que no es absorbida por el sistema económico, según área geográfica y sexo.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Subempleo (% de ocupados urbanos)Definición Proporción de ocupados urbanos que tiene dificultad para trabajar un número

determinado de horas semanales y para obtener una retribución que alcance al menosel salario mínimo, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

% de la PEA con seguridad socialDefinición Razón entre trabajadores con seguridad social y la PEA. Equivale a la proporción de la

PEA, según sexo, que está cubierta por un sistema de seguridad social, público o priva-do, en un año determinado: ISSS, ISBM, IPSFA, AFP, INPEP, o algún sistema colectivo o individual.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

% de la población de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja (jóvenes NINI)

Definición Proporción de la población de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja, según áreageográfica y sexo, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Satisfacción con el ingreso percibido Definición Proporción de la población encuestada que señala que el total del ingreso familiar le

permite cubrir satisfactoriamente sus necesidades, según sexo, en un año determinado. Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos del Latinobarómetro,

correspondiente a cada año. Notas Se suma la población que respondió “les alcanza bien, pueden ahorrar” y la que indicó

“les alcanza justo, sin grandes dificultades”.Percepción de mejora de la situación económica individual y de la familia

Definición Proporción de la población encuestada que cree que la situación económica personal será mejor en los próximos doce meses, según sexo, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos del Latinobarómetro, correspondiente a cada año.

Notas Se suma la población que respondió “mucho mejor” y la que indicó “poco mejor”.

67

Seguridad cuidadana

Migración y remesas

% de hogares receptores de remesasDefinición Proporción de los hogares del país que reciben remesa, según área geográfica y tipo

de pobreza, en un año determinado.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM

correspondiente a cada año.% de la población que reside en hogares receptores de remesas

Definición Proporción de la población del país que reside en hogares que reciben remesa, según área geográfica, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Remesas mensual por hogar (US$)Definición Monto en dólares correspondiente a la remesa mensual recibida por hogar, según área

geográfica, en un año determinado.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM

correspondiente a cada año.% de la población con algún familiar residiendo en el extranjero

Definición Proporción de la población del país que tiene algún familiar residiendo en el extranjero, según área geográfica, tipo de pobreza y sexo, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Salvadoreños retornadosDefinición Cantidad de salvadoreños retornados vía terrestre y aérea en un año determinado.Fuente Dirección General de Migración y Extranjería, cifras proporcionadas a través de la

Oficina de Información y Respuesta en agosto de 2020.

Tasa anual de homicidios por cada 100,000 habitantesDefinición Proporción de la población del país que tiene algún familiar residiendo en el

extranjero, según área geográfica, tipo de pobreza y sexo, en un año determinado.Fuente Policía Nacional Civil, cifras proporcionadas a través de la Oficina de Información y

Respuesta.Homicidios

Definición Cantidad de homicidios denunciados a la PNC en un año determinado.Fuente Policía Nacional Civil, cifras proporcionadas a través de la Oficina de Información y

Respuesta.Extorsiones

Definición Cantidad de extorsiones denunciadas a la PNC en un año determinado.Fuente Policía Nacional Civil, cifras proporcionadas a través de la Oficina de Información y

Respuesta.

68

Informe de2019-2020

coyuntura social Anexo 2 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Seguridad cuidadana (continuación)

2. Funcionamiento de las instituciones

Calidad de la democracia y del Estado de Derecho

DesaparicionesDefinición Cantidad de desapariciones denunciadas a la PNC en un año determinado.Fuente Policía Nacional Civil, cifras proporcionadas a través de la Oficina de Información y

Respuesta.Privaciones de libertad

Definición Cantidad de privaciones de libertad denunciadas a la PNC en un año determinado.Fuente Policía Nacional Civil, cifras proporcionadas a través de la Oficina de Información y

Respuesta.

Voz y rendición de cuentasDefinición Refleja las percepciones sobre el respeto y ejercicio de derechos humanos y políticos

y de libertades civiles de los individuos. Considera la participación de los ciudadanos en la selección de los gobernantes y la libertad de expresión, de asociación y de prensa.

Fuente Banco Mundial, Indicadores de Gobernabilidad, recuperado de: http://info.world-bank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Notas Este indicador se presenta como: • Puntuación: la escala refleja el rendimiento de gobernabilidad, de -2.5 como una

débil gobernabilidad a 2.5 como una fuerte.• Percentil: se refiere a la posición de El Salvador con respecto a los demás países a

escala mundial, lo que significa que, en esta dimensión, El Salvador está en una mejor situación que el porcentaje de países que evidencia el indicador.

Efectividad gubernamentalDefinición Refleja las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos y su grado de

independencia en cuanto a presiones políticas (incluye la competencia de burocracia), sobre la calidad e implementación de políticas públicas, y sobre la calidad del compromiso del gobierno.

Fuente Banco Mundial, Indicadores de Gobernabilidad, recuperado de: http://info.world-bank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Notas Este indicador se presenta como: • Puntuación: la escala refleja el rendimiento de gobernabilidad, de -2.5 como una

débil gobernabilidad a 2.5 como una fuerte.• Percentil: se refiere a la posición de El Salvador con respecto a los demás países a

escala mundial, lo que significa que, en esta dimensión, El Salvador está en una mejor situación que el porcentaje de países que evidencia el indicador.

69

Financiamiento público

Presupuesto ejecutado en el área social como % del gasto público total (esfuerzo fiscal)Definición Razón entre el presupuesto ejecutado en desarrollo social (sin incluir pensiones) y el

presupuesto público total, en un año determinado (en millones US$). Indica la proporción del gasto público total que se gasta en desarrollo social.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos del Ministerio de Hacienda.Presupuesto ejecutado en el área social como % del PIB (esfuerzo nacional)

Definición Razón entre el presupuesto ejecutado en desarrollo social (sin incluir pensiones) y el PIB en un año determinado (en millones de US$). Indica la proporción del PIB que se gasta en desarrollo social.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos del BCR y Ministerio de Hacienda.

Estado de derechoDefinición Refleja las percepciones sobre el grado en el que los funcionarios tienen confianza

en las normas de la sociedad y las cumplen (calidad de cumplimiento de los contra-tos, derechos de propiedad, impartición de justicia en los tribunales y calidad de la policía), y sobre la incidencia del crimen y la violencia.

Fuente Banco Mundial, Indicadores de Gobernabilidad, recuperado de: http://info.world-bank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Notas Este indicador se presenta como: • Puntuación: la escala refleja el rendimiento de gobernabilidad, de -2.5 como una

débil gobernabilidad a 2.5 como una fuerte.• Percentil: se refiere a la posición de El Salvador con respecto a los demás países a

escala mundial, lo que significa que, en esta dimensión, El Salvador está en una mejor situación que el porcentaje de países que evidencia el indicador.

Control de la corrupciónDefinición Refleja las percepciones sobre el grado en el cual el poder público es ejercido para

obtener ganancias privadas, incluyendo formas pequeñas y grandes de corrupción, así como también sobre la captura del Estado por élites e intereses privados.

Fuente Banco Mundial, Indicadores de Gobernabilidad, recuperado de: http://info.world-bank.org/governance/wgi/index.aspx#home

Notas Este indicador se presenta como: • Puntuación: la escala refleja el rendimiento de gobernabilidad, de -2.5 como una

débil gobernabilidad a 2.5 como una fuerte.• Percentil: se refiere a la posición de El Salvador con respecto a los demás países a

escala mundial, lo que significa que, en esta dimensión, El Salvador está en una mejor situación que el porcentaje de países que evidencia el indicador.

Calidad de la democracia y del Estado de Derecho (continuación)

70 71

Informe de2019-2020

coyuntura social

Anexo 2 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Economía y clima de negocios

Presupuesto ejecutado en educación como % del PIBDefinición Razón entre el presupuesto ejecutado en educación y el PIB en un año determinado

(en millones de US$). Indica la proporción del PIB que se gasta en educación.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos del BCR y Ministerio de Hacienda.

Presupuesto ejecutado en salud como % del PIBDefinición Razón entre el presupuesto ejecutado en salud y el PIB en un año determinado (en

millones US$). Indica la proporción del PIB que se gasta en salud.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES, con datos del BCR y Ministerio de Hacienda.

Razón entre la deuda total del SPNF y lo ejecutado en el área social (sin incluir pensiones)Definición Razón entre la deuda total del sector público no financiero y el presupuesto

ejecutado en desarrollo social (sin incluir pensiones), en un año determinado (en millones de US$). Indica cuántas veces se podría gastar lo ejecutado en desarrollo social con lo que se acumula en la deuda pública.

Fuente Cálculos elaborados por DES y DEC de FUSADES, con datos del BCR y Ministerio de Hacienda.

Notas Deuda equivale a la deuda total del SPNF (SPNF+BCR+FOP). La deuda pública que corresponde al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se registra en el sector público financiero.

Financiamiento público (continuación)

Crecimiento del PIBDefinición Es el crecimiento del PIB en un año determinado con respecto al año anterior. El PIB

es una medida de flujo total de bienes y servicios producidos por la economía del país, en un año determinado; se obtiene al valuar la producción de bienes y servicios a precios de mercado, excluyendo los bienes intermedios utilizados en el proceso de producción.

Fuente Banco Central de Reserva

Notas • Se calcula el crecimiento del índice de volumen utilizando la nueva serie encadenada (con referencia a 2014).Es la diferencia entre el valor t y el del año anterior t-1, dividido por t-1.

71

Economía y clima de negocios (continuación)

Competitividad de la economía salvadoreñaDefinición El Índice Global de Competitividad mide las instituciones, las políticas y los factores

que determinan el nivel de productividad de un país. El índice es el promedio ponderado de los distintos componentes, cada uno midiendo un aspecto diferente de la competitividad. Hasta 2017 contempló doce pilares de la competitividad: 1) instituciones, 2) infraestructura, 3) entorno macroeconómico, 4) salud y educación primaria, 5) educación superior y capacitación, 6) eficiencia del mercado de bienes,7) eficiencia del mercado laboral, 8) desarrollo del mercado financiero, 9) disponibilidad tecnológica, 10) tamaño del mercado, 11) sofisticación de negocios y 12) innovación. En 2018, el Foro Económico Mundial modificó su estructura a fin de responder a desafíos del cambio tecnológico y la cuarta revolución industrial. Desde ese año, el índice presenta indicadores distintos a los años precedentes, por lo que deja de ser comparable con los informes anteriores. Ahora comprende los siguientes 12 pilares: 1) instituciones, 2) infraestructura, 3) adopción de TIC, 4) estabilidad macroeconómica, 5) salud, 6) educación y habilidades, 7) mercado de productos, 8) mercado de trabajo, 9) sistema financiero, 10) tamaño de mercado, 11) dinamismo de negocios y 12) capacidad de innovación. Estos se agrupan en 4 categorías: entorno habilitante, capital humano, mercados, y, ecosistemas e innovación.

Fuente Foro Económico Mundial, Índice Global de Competitividad, correspondiente a cada año.

Notas Este indicador se presenta como: • Puntuación hasta 2017: mide rangos de 0 (más bajo posible) a 7 (más alto),• Puntuación desde 2018: mide rangos de 0 (más bajo posible) a 100 (más alto),• Ranking: ocupación de El Salvador sobre la base de las naciones evaluadas.

Facilidad para hacer negociosDefinición Doing Business mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad

empresarial. Evalúa el impacto de 10 clases de regulaciones en el ciclo de vida de una empresa: 1) apertura de una empresa, 2) manejo de permisos de construcción, 3) obtención de electricidad, 4) registro de propiedades, 5) obtención de crédito, 6) protección de los inversionistas minoritarios, 7) pago de impuestos, 8) comercio transfronterizo, 9) cumplimiento de contratos y 10) resolución de insolvencia.

Fuente Banco Mundial, Doing Business, correspondiente a cada año.

Notas Este indicador se presenta como: • Puntuación: mide rangos de 0 (más bajo posible) a 100 (más alto), los cuales son

ajustados anualmente,• Ranking: ocupación de El Salvador, comparado con las demás economías evaluadas.

72

Informe de2019-2020

coyuntura social

Anexo 2 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Familia

3. Vínculos sociales y valoresApoyo a la democracia y confianza en las instituciones

Personas por hogarDefinición Es el promedio de personas que viven en un hogar, en un año determinado.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos de DIGESTYC, EHPM

correspondiente a cada año.Tasa de dependencia

Definición Se refiere a la población en edades “teóricamente” inactivas, establecida como los menores de 15 años y los de 65 años y más, con respecto a la población en edades “teóricamente” activas, es decir, el grupo etario de 15 a 64 años de edad.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a cada año.

Mujeres jefes de hogar (% de hogares)Definición Es la proporción del total de hogares en los cuales los jefes de hogar son mujeres, en

un año determinado.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos de DIGESTYC, EHPM

correspondiente a cada año.

Apoyo a la democraciaDefinición Proporción de la población encuestada que está de acuerdo con la frase “La democ-

racia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”, según sexo, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos del Latinobarómetro, correspondiente a cada año.

Satisfacción con la democraciaDefinición Proporción de la población encuestada que está satisfecha con el funcionamiento

de la democracia, según sexo, en un año determinado.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos del Latinobarómetro,

correspondiente a cada año.Notas Se suma la población que respondió “muy satisfecha” y la que indicó “más bien

satisfecha”.Confianza en las instituciones

Definición Proporción de la población encuestada que tiene confianza en distintas instituciones, según sexo, en un año determinado: gobierno, congreso, poder judicial, partidos políticos, policía, y fuerzas armadas.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos del Latinobarómetro, correspondiente a cada año.

Notas Se suma la población que respondió “mucha” y la que indicó “algo”.

73

Cooperación e involucramiento por parte de la sociedad civil

Participación electoralDefinición Razón entre el total de votos y el padrón electoral en un año determinado. Equivale a la

proporción del padrón electoral que votó en las elecciones legislativas y presidenciales.Fuente Cálculos elaborados por DEP/FUSADES con datos del Tribunal Supremo Electoral.

Confianza interpersonalDefinición Proporción de la población encuestada que piensa que se puede confiar en la mayoría de

las personas, según sexo, en un año determinado.Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos del Latinobarómetro, correspondiente

a cada añoInterés de migrar del país

Definición Proporción de la población encuestada que ha pensado en la posibilidad concreta de ir a vivir a otro país, según sexo, en un año determinado.

Fuente Cálculos elaborados por DES/FUSADES con datos del Latinobarómetro, correspondiente a cada año.

Urbano RuralPromedio nacional 38.7 25.7 56.0Ahuachapán 55.8 43.9 64.2Santa Ana 41.7 31.2 56.7Sonsonate 47.7 33.9 62.9Chalatenango 26.4 18.8 28.9La Libertad 37.2 29.9 50.7San Salvador 20.0 17.4 51.2Cuscatlán 50.0 37.4 56.7La Paz 50.0 35.7 61.8Cabañas 45.0 23.2 53.4San Vicente 47.6 28.2 61.3Usulután 44.2 28.0 57.8San Miguel 39.6 22.2 52.2Morazán 55.0 31.2 62.2

La Unión 52.2 31.6 59.1

Anexo 3. Porcentaje de hogares con niñas y niños de 0 a 8 años en situación de pobreza multidimensional en 2019, por departamento y área geográfica

Fuente: Elaboración propia con datos de DIGESTYC, EHPM correspondiente a 2019

74

Informe de2019-2020

coyuntura social

EDU

CACI

ÓN

CON

DIC

ION

ES

DE

VIVI

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SERV

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DAD

CALI

DAD

DEL

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ÁBIT

AT

Anexo 4 • Informe de Coyuntura Social 2019-2020

Indicador 0-8 años 0-3 años 4-6 años 7-8 años

Inasistencia escolar 21.0 15.4 37.2 18.6

Rezago educativo 2.3 2.3 2.5 2.8

Cuido temprano inadecuado 39.3 77.3 21.0 20.7

Baja educación de adultos 79.3 79.4 80.0 79.4

Materiales inadecuados de techo 5.5 5.7 5.3 5.7

Materiales inadecuados de piso y pared 21.5 22.4 22.1 21.3

Hacinamiento 54.7 58.9 56.1 54.2

Inseguridad en la tenencia del terreno 12.6 13.4 11.8 12.9

Subempleo e inestabilidad en el trabajo 65.2 65.9 65.3 64.5

Desempleo 14.1 14.2 14.2 13.6

Falta de acceso a seguridad social 73.2 73.7 73.4 73.0

Trabajo infantil 6.7 6.5 6.6 8.0

Falta de acceso a servicios de salud 10.4 10.0 10.1 11.4

Falta de acceso a agua potable 22.9 24.3 23.4 22.5

Falta de acceso a saneamiento 47.2 49.6 47.5 46.5

Inseguridad alimentaria 17.6 16.8 18.5 20.5

Falta de espacios públicos de esparcimiento 34.4 34.7 36.1 33.8

Incidencia de crimen y delito 7.8 7.1 8.5 8.3

Restricciones debido a la inseguridad 41.5 39.7 42.0 41.9

Exposición a daños y riesgos ambientales 5.9 6.0 6.2 5.3

Fuente: OIR de DIGESTYC con datos de EHPM correspondiente a 2019

Anexo 4. Porcentaje de hogares con niñas y niños de 0 a 8 años en situación de pobreza multidimensional en 2019, por indicador y grupos de edad

Coordinadora de comisión

COMISIÓN

Personal de apoyo

Editora de publicaciones

Diagramadora de publicaciones

Directora

Investigadores

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES • DES

Elena María de Alfaro

Ana Daysi de Ramírez

Yolanda Cabrera de González

Ángela Meléndez

Helga Cuéllar-Marchelli

Alejandro Javier Flores MoránGabriela María Góchez MagañaAna Marcela López Torres

Departamento de Estudios Sociales • DESFundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social,FUSADES

Edificio FUSADES, Bulevar y Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, Centroamérica, Apartado Postal 01-278,Tels.: (503) 2248-5600, (503) 2248-5671

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