Historia Argentina Siglo XIXFicha de cátedra 1

CRISIS DEL ORDEN COLONIAL

REVOLUCIÓN, GUERRA E INDEPENDENCIA 

Descomposición del poder real y fundación de un nuevo orden

Entre 1810 y 1825, la Corona Española perdió el dominio de uno de los imperios más grandes de la historia. Perdió cuatro virreinatos (Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata) y nueve capitanías generales (Chile, Charcas, Quito, Venezuela, Guatemala, Santo Domingo, Yucatán, Nueva Galicia y las Provincias Internas), que dieron paso a dieciséis repúblicas libres e independientes, conservando sólo tres de sus antiguas colonias: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

En la historiografía tradicional de la independencia hispanoamericana, predomina la opinión de que las juntas de gobierno y los movimientos revolucionarios de 1810 fueron parte integral de un proceso revolucionario que en el mundo occidental produjo la revolución angloamericana (1776) y la revolución francesa (1789). Es opinión que las ideas liberalizadoras de la Ilustración, así como la influencia de los ejemplos mencionados, fueron causas necesarias, aunque no suficientes, de todo lo ocurrido. Esta interpretación ha sido ampliamente debatida y hoy se señala que la independencia de las colonias americanas fue, fundamentalmente, un proceso político que se gestó a ambos lados del Atlántico y que finalizó con el triunfo de los criollos. Estos demandaban igualdad más que independencia. Buscaban la autonomía política y la libertad de comercio y no la separación de España. Cuando España se negó a concederles esa autonomía y esa libertad, entonces optaron por la emancipación. La emancipación americana puede ubicarse dentro de un proceso más amplio de modernización política que incluye soberanía popular y gobierno representativo e incidencia de presiones económicas internas y externas.

Para analizar este proceso, es necesario ver lo que pasó a un lado y otro del Atlántico. Como acontecimientos metropolitanos, veremos las reformas borbónicas, el ciclo de guerras europeas y el derrumbe de la autoridad peninsular y el impacto que estos acontecimientos tuvieron en el espacio hispanoamericano. Cómo bajo el mismo marco institucional, algunas colonias se insurreccionaron y otras permanecieron leales. Las Reformas Borbónicas

En 1700, muere en España Carlos II, último monarca de los Habsburgo, iniciándose la Guerra de Sucesión Española que finalizó en 1713 con la firma de la Paz de Utrecht y la llegada de los Borbones al poder: Felipe V (1713-1746), Fernando VI (1746-1759), Carlos III (1759-1788), Carlos IV (1788-1808) y Fernando VII (1808-1833).

Los Borbones se encontraron con una España marginal dentro del sistema europeo, agraria, atrasada, compartimentada y dependiente, no sólo de sus colonias sino también de otras potencias europeas más industrializadas como Francia y Gran Bretaña, con quienes articulaba su economía de una manera desigual. Ante este panorama, los Borbones se propusieron reformar y modernizar la legislación española tratando de recuperar el dominio imperial y reforzar los vínculos que unían a la metrópoli con sus colonias. El estímulo para aplicarlas provino cuando los ingleses toman La Habana en 1762.

El programa de las Reformas Borbónicas afectó varios aspectos de la vida política, económica, social, militar y cultural de España y América. Entre las que más afectaron al Nuevo Mundo, mencionaremos las siguientes:-       Reforma política-institucional, que se tradujo en una tendencia a una mayor centralización política y un control político directo de Madrid sobre las regiones más alejadas del imperio: creación de dos nuevos virreinatos: Nueva Granada (1739) y Río de la Plata (1776) e instauración del régimen de intendencias (1782). Los intendentes eran funcionarios reales asalariados con poderes fiscales y militares que reemplazaron a los alcaldes mayores y corregidores. A través de un sistema de comandancias generales e intendencias poderosas, esperaban aumentar la recaudación de impuestos y mantener el orden de manera más efectiva, proponiendo eliminar la corrupción y el repartimiento del comercio.- Reforma eclesiástica, que afectó a la Iglesia, una de las instituciones más ricas y poderosas no sólo en España sino también en el Nuevo Mundo. La riqueza estaba basada en la propiedad de bienes raíces –haciendas y

1

fincas urbanas- y capitales –acumulados a través de capellanías, obras pías, legados y donaciones de sus fieles-, lo que la convirtió en una de las instituciones bancarias más importantes del período colonial y primeras décadas del siglo XIX. Los ataques estuvieron dirigidos a aquellas ordenes –los jesuitas- que habían alcanzado un cierto grado de autarquía económica y autonomía política y a afectar los fueros (privilegios) corporativos de los que gozaban. Las reformas apuntaron a disminuir esa inmunidad y a que los eclesiásticos pasaran a la jurisdicción de los tribunales seculares. La reforma terminó con la expulsión de los jesuitas en 1768.- Reforma militar, el Ejército obtuvo nuevo poder e influencia, ya que España no contaba ni con hombres ni con recursos para fortalecer la defensa de sus colonias. Las Fuerzas Armadas estarían integradas por un núcleo de miembros regulares del ejército español y una milicia constituida por americanos (blancos, indios y mestizos). Se les concedieron fueros (privilegios) militares y esto abrió el camino a la movilidad social.- Reforma económica-mercantil, al igual que la transformación política, buscó un mayor dominio imperial. Durante el siglo XVIII, las colonias experimentaron un importante aumento demográfico, un incremento de la producción minera y la incorporación de nuevos espacios de producción, generando, en consecuencia, perspectivas de una mayor recaudación fiscal. Esto produjo un aumento de los impuestos y un control directo en la percepción de los mismos. El imperio borbónico español del siglo XVIII, fue un imperio fiscal. Los reformadores promulgaron desde 1765 a 1797 una serie de decretos que tendieron a una paulatina liberalización del comercio debido a la presión del contrabando: abolición del monopolio comercial de Cádiz y Sevilla, aumento del número de puertos peninsulares y americanos a comerciar entre sí, autorización del comercio intercolonial y con colonias y navíos neutrales extranjeros. En 1778 el llamado comercio libre se amplió a fin de incluir a Buenos Aires, Chile y Perú y en 1789 a Venezuela y México. Pero esta “libertad de comercio”, en realidad, estaba significando la libertad de comerciar dentro de la estructura imperial donde Cádiz siguió dominando el comercio de ultramar. Las colonias americanas se convertían en abastecedoras de materias primas y metales preciosos –oro y plata- y consumidoras de productos elaborados en España. Pero puesto que la industria española no podía satisfacer todas las necesidades de sus colonias, otros países participaron en el comercio transbordando sus mercancías en la Península o bien mediante el contrabando. Esta apertura comercial estimuló una oleada inmigratoria.

El esfuerzo de los “visitadores” por cambiar la administración, abolir antiguos acuerdos y aumentar los impuestos encontró considerable resistencia en América debido a la trama de intereses locales surgida durante los siglos XVI y XVII. Es difícil evaluar el impacto económico de las reformas, excepto allí donde introdujeron modificaciones en el equilibrio regional. Los perjudicados por las reformas recurrieron a procedimientos legales y armados para obstaculizar o modificar el nuevo sistema. Así se produjeron numerosos levantamientos que mostraron las grietas de la economía colonial y las tensiones de su sociedad: Quito (1765); San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán (1766); Comuneros del Socorro (1776); Túpac Amaru (1780); Comuneros de Mérida (1781); Comuneros de Casanare (1781), entre otros. La característica general de estos movimientos es que fueron reacciones inmediatas a la aplicación de las reformas y, fundamentalmente, de las reformas fiscales.

El aumento del control fiscal, que afectó los intereses de las autoridades reales, de la élite comercial criolla y de los indios y mestizos, provocó la reacción de estos últimos, muchas veces en alianza con miembros de otros grupos sociales, blancos criollos, en especial en lo que se refiere a la conducción y liderazgo de las rebeliones. Los movimientos fueron fundamentalmente antifiscales y antimonopolistas, dirigidos contra el abuso del poder y de la autoridad real y el mal gobierno. A la rebelión siguió la represión y ello implicó, para la corona, el gasto de una buena parte de los ingresos fiscales que esperaba recaudar, por lo tanto, la aplicación de las reformas se hizo más cautelosa y lenta aunque comenzara a cumplir con su cometido que era aumentar los ingresos del fisco. Las reformas acentuaron la fragmentación interna de la sociedad hispanoamericana, sobre todo en sus sectores más altos, y contribuyeron así a hacer más pesada la herencia colonial. El ciclo de guerras europeas y el derrumbe de la autoridad peninsular

El ciclo de guerras europeas, en las que estuvieron implicadas España, Francia y Gran Bretaña, afectaron profundamente el comercio imperial:-       En 1793-1795, España, aliada con Gran Bretaña, se enfrentó a Francia debido a los intentos de ésta de exportar la revolución (en 1791 se había producido el levantamiento de Haití). Esto afectó la economía (aumento de los impuestos y déficit financiero) imperial y ante los avances de la economía británica –en pleno desarrollo de su revolución industrial-, España firma con Francia la Paz de Basilea (1795) por la cual le cedía la parte española de Santo Domingo quedando nuevamente unida a Francia en su enfrentamiento contra Gran Bretaña.-       En 1796-1802, España, aliada con Francia, debe enfrentar a Gran Bretaña, provocando un mayor deterioro económico en su aislamiento del comercio con sus colonias americanas. Este cambio de alianza provoca, por parte

2

de Gran Bretaña, la toma de la isla de Trinidad en 1797, base de su penetración ilegal al imperio ibérico. Esto obligó a la corona española a autorizar el comercio con navíos neutrales. En 1802 se firma la Paz de Amiens por la cual Gran Bretaña se queda con Trinidad.- En 1804-1808, nuevamente España y Francia entran en guerra con Gran Bretaña. En 1805, la armada británica derrotó a la armada española en la batalla de Trafalgar, lo cual significó la separación definitiva del comercio ultramarino. En 1806, Napoleón decretó “el bloqueo continental”, el cual fue respondido por Gran Bretaña con un “bloqueo marítimo”. Esto devastó la economía peninsular. Los gastos de guerra aumentaban en relación inversa al ingreso de los recursos. Esto redundó en un aumento de la exacción fiscal y del endeudamiento, pero también redundó en un mayor distanciamiento entre criollos y españoles.

En 1807, España firma con Francia el Tratado de Fontainebleau, por el cual Napoleón es autorizado a cruzar España a fin de ocupar Portugal y repartirse luego el territorio portugués pero, una vez en suelo español, Napoleón sustituyó a los Borbones por su hermano José Bonaparte en el trono español. Jugando al arbitraje en la disputa familiar que Carlos IV (repudiado por la política corrupta que había llevado hasta ese momento su primer ministro Manuel Godoy) mantenía con su hijo Fernando VII (enemigo de Godoy y favorito del pueblo) por la corona española, Napoleón los reunió en Bayona (Francia) a fin de dirimir el conflicto pero los terminó obligando a abdicar en su favor. Inmediatamente, en 1808, el pueblo español se levantó en armas contra los franceses iniciando la Guerra de Independencia Española mientras Juan VI, rey de Portugal, abandonaba Lisboa, junto a su familia y su corte, rumbo a Brasil custodiados por Gran Bretaña.

Más que como la imagen de la democracia y el progreso, Francia era vista como el paladín del terror, el ateísmo y el anticlericalismo y, por lo tanto, su dominio iba a implicar una mayor centralización política y exacción económica. Esto fortalecía aún más la legitimidad del sistema político español, tanto en España como en América y, en ausencia del rey, la soberanía volvía al pueblo. Esto iba a significar una ruptura importante con la teoría absolutista. De esta manera, se formaron a lo largo de toda España Juntas Insurreccionales (que representaban a la comunidad política, el pueblo) con el fin de gobernar provisionalmente a las distintas provincias. Luego, debido al avance del ejército francés, delegaron su poder en una Junta Central (con sede en Sevilla) a fin de unificar la defensa nacional y obtener el apoyo, militar y financiero, de Gran Bretaña el enemigo más grande de Napoleón. En América, si bien existía el mismo sentimiento antifrancés y se seguían dando muestras de fidelidad a Fernando VII, sin embargo, los acontecimientos europeos no dejaron de causar sorpresa y, de acuerdo a los intereses particulares de cada grupo y a las peculiaridades de cada región, las respuestas fueron diferentes.

La incertidumbre política generada a partir de los acontecimientos peninsulares, dio a las élites urbanas americanas un mayor poder de presión para hacerse del control del poder local. Las opiniones se dividieron entre los que estaban a favor de mantener el statu quo, esto es los peninsulares que dominaban las audiencias, y los que estaban a favor de la autonomía, esto es los criollos que dominaban los cabildos.

En 1809, la Junta Central, en su intento de mantener el poder para la corona y frenar las propuestas francesas de representación a las colonias, decidió ampliar el número de miembros invitando a las colonias a enviar sus representantes. Este fue un paso importante, pues las posesiones ultramarinas no fueron tratadas como colonias sino parte integrante de la monarquía española. Pero mientras las juntas tenían dos representantes por provincia, los reinos del nuevo mundo tendrían uno solo por cada una. Si bien las colonias bregaban por una mayor autonomía y una mayor representatividad, sin embargo, ninguna proponía cambios radicales del sistema político. Ese mismo año, las derrotas españolas antes los ejércitos franceses se multiplicaron provocando primero el confinamiento y luego la disolución de la Junta Central en Cádiz. Antes de su disolución, nombró un Consejo de Regencia (de cinco miembros) que se autodisolvió a los pocos días, pero antes alcanzó a cumplir con la determinación política de la Junta de convocar a Cortes Nacionales. Esta vez debía elegirse un representante cada 50.000 habitantes de la península y un representante cada 100.000 habitantes blancos de ultramar.

Estos acontecimientos fortalecieron aun más los deseos de autonomía en las colonias, surgiendo movimientos dirigidos por miembros de las élites urbanas. La enemistad entre criollos y peninsulares se ahondaba cada vez más. A lo largo de 1809 en Alto Perú y Quito y 1810 en Caracas, Buenos Aires, Alto Perú, Bogotá, México, Santiago de Chile y Quito se desencadenaron una serie de movimientos autonomistas que buscaron establecer gobiernos provisionales en nombre de Fernando VII. Las excepciones fueron Perú, América Central y las islas del Caribe. Mientras tanto, en la península, se estaban llevando a cabo las elecciones de diputados, pero la Regencia, debido a los avatares de la guerra y a los nuevos acontecimientos en América, decidió elegir, entre los americanos residentes y refugiados en Cádiz, 30 diputados suplentes hasta tanto llegaran los diputados propietarios. Pero esta elección fue rechazada por las nuevas juntas americanas, arguyendo ilegalidad y no representatividad.

Las Cortes de 1810, que representaban al pueblo, eran depositarias de la soberanía nacional. En el seno de las cortes, se diferenciaron claramente dos grupos: los liberales, que proponían una monarquía

3

constitucional, y los serviles, que estaban a favor de la monarquía absoluta. Pero también hubo otras diferenciaciones, esta vez entre americanos y peninsulares por la igualdad de representación y la libertad de comercio. Mientras los americanos bregaban por una representación igualitaria y equitativa y el libre cambio, los peninsulares querían seguir manteniendo un parlamento imperial y el control comercial colonial. También el tema racial ocupó un lugar en las discusiones. Mientras algunos bregaban por permitir que las castas votaran, otros se opusieron terminantemente a considerar a los negros e indios con iguales derechos que los blancos. El problema se resolvió conviniendo que los diputados debían ser “originarios” de las provincias que representaban. Esto significaba reconocimiento del principio general de igualdad de representación de blancos, indios y mestizos, pero excluía automáticamente a negros y mulatos considerados “originarios” de Africa. Esto garantizaba una mayoría peninsular en las Cortes, pues la población de la península se calculaba en unos 10 millones de personas para esa época en tanto que la del Nuevo Mundo oscilaba entre 15 y 16.9 millones.

La cuestión americana incluía el tratamiento de las siguientes proposiciones: representación proporcional equitativa ante las Cortes; libertad para cultivar y manufacturar todos los artículos que anteriormente estaban prohibidos; libertad de comercio y navegación; libre comercio entre América y las Filipinas y entre éstas y Asia; abolición de los monopolios estatales y particulares; libertad para la explotación de las minas de azogue; concesión de derechos iguales a los americanos, indios y mestizos para ocupar cargos civiles, eclesiásticos y militares; distribución de la mitad de todos los cargos públicos a los originarios de cada reino; creación de juntas de consejeros en América para la nominación de aquellos que desempeñarían los cargos públicos y la restauración de la orden de los jesuitas en el Nuevo Mundo.

Las cortes, que sesionaron de 1810 a 1813, promulgaron en 1812 una Constitución que constaba de 10 títulos y 384 artículos que cambió el mundo español al desechar la monarquía absoluta por la monarquía constitucional. Dividió el gobierno en tres ramas de poder: el ejecutivo –el rey-, el legislativo –las cortes- y el judicial y afirmaba que la soberanía residía en la nación viendo el rey limitadas sus facultades ejecutivas y legislativas. Abolió las instituciones señoriales, el tributo a los indios, los trabajos forzados, la Inquisición y el sistema de gremios entre otras cosas y decretó la libertad de prensa. Pero las dos demandas más importantes que habían presentado los americanos: libertad de comercio e igualdad de representatividad, no fueron atendidas.

Cuando los franceses fueron derrotados por las tropas españolas y británicas, las Cortes se trasladaron a Madrid y aguardaron a que el rey Fernando VII, el Deseado, recién liberado gracias a la firma del Tratado de Valencay, jurara lealtad a la nueva constitución, pero, por el contrario, el rey, apoyado por el ejército, la iglesia, la burocracia y varios tradicionalistas y fidelistas, abolió en 1814 las Cortes y todo lo por ellas legislado restaurando la monarquía absoluta. El liberalismo había sido el credo de una minoría de la población: los profesionales, los comerciantes de Cádiz y la burguesía.

Entre tanto, en América, la restauración de la monarquía absoluta y la abolición del orden constitucional instaurado por las cortes agudizó los enfrentamientos. Los gobiernos virreinales continuaban oponiendo resistencia militar contra movimientos emancipatorios a todo lo largo del continente. Estaba claro que el rey abogó por la aplicación del método militar de pacificación en lugar de soluciones políticas. Para tal fin, en 1814 envió una expedición de 10.500 hombres al mando del General Pablo Morillo a fin de pacificar Venezuela y Nueva Granada y en 1815 otra para pacificar el Río de la Plata y frenar los apetitos expansionistas de los portugueses de Brasil sobre la Banda Oriental apoyados por los ingleses. Esta expedición de 20.000 hombres recién pudo estar lista para 1820.

Si bien entre 1814 y 1815, los ejércitos realistas resultaban triunfantes en casi todas las regiones de América, éstas serían transitorias, pues si España no acompañaba estas victorias militares con ciertas reformas políticas, perdería definitivamente sus posesiones de ultramar. España carecía del poder militar, mercantil y político para conservar lo que aparentemente había reconquistado. Pero la continuación de la lucha comenzaría a dar duros reveses al ejército realista después de 1815. Entretanto, la política en la península se debatía entre una política de pacificación militar dura sostenida por los absolutistas y una política de pacificación conciliadora sostenida por los liberales disidentes. En 1820, el descontento de los liberales se había propagado a las tropas del ejército. Una porción de estas, estacionadas en Cádiz al mando del Mayor Rafael Riego, se rebeló en nombre de la Restauración de la Constitución de 1812. La rebelión se propagó por el interior del territorio y Fernando VII se vio obligado a acatar la voluntad popular y ser un monarca constitucional. La insurrección del ejército acabó con la esperanza de enviar una poderosa fuerza pacificadora a la América insurgente, garantizando, de alguna manera, la independencia en la casi totalidad del continente. Pero los liberales tampoco estarían de acuerdo en otorgarle a los americanos la libertad de comercio ni la autonomía política aunque, de hecho, la independencia ya era una realidad cuando se libró la última batalla (Ayacucho en 1824) en suelo americano.

4

En España, las tensiones entre el Rey y las Cortes impedían la adopción de una política que solucionara la conflictiva cuestión americana, entretanto, los puertos americanos comerciaban libremente con potencias extranjeras, especialmente con Gran Bretaña. Ante el hecho consumado, Fernando no tuvo más opción que aceptar la realidad mientras que, apoyado por la Santa Alianza y financiado por Francia, preparaba un golpe de estado en contra de la Constitución. El apoyo de Luis XVIII permitió, en 1823, por segunda vez, el restablecimiento del absolutismo. Nuevamente se declararon nulos todos los actos del régimen constitucional y desató, peor que en 1814, una feroz ola de terror y represalia contra los liberales. A partir de aquí, y hasta su muerte en 1833, no valieron las largas negociaciones que los agentes americanos llevaron a cabo en España para obtener el reconocimiento de sus independencias. Por su parte, los Estados Unidos promulgaron en 1823 la Doctrina Monroe, la cual sentaba la opinión oficial de los Estados Unidos sobre que una posible intervención de la Santa Alianza en la América Española constituiría un desconocimiento a sus independencias y sería considerado un acto de hostilidad hacia los Estados Unidos. Gran Bretaña apoyaba la posición de Estados Unidos pero aún esperaba que fuera España la primera en reconocer la independencia de los nuevos estados, pues estaba presurosa por firmar tratados de paz y amistad, comercio y navegación. Finalmente, España reconoció en 1836, bajo Isabel II –hija de Fernando VII-, la independencia de México y a partir de aquí el resto de las independencias americanas restableciendo relaciones comerciales con la mayoría de las Repúblicas de América Latina. La última independencia americana en ser reconocida será Honduras en 1895. Y en 1898, España sintió su último golpe con la pérdida e independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.  Bibliografía- Halperin Donghi, T., Historia contemporánea de América Latina, Alianza, Madrid, 1993. Cap.1.- Lynch, John, “Los orígenes de la independencia hispanoamericana” en L. Bethell (comp.), Historia de América Latina, Crítica, Barcelona, 1991. Tomo 5.- Materiales de cátedra de Dra. Andrea Reguera, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Licenciatura en Historia.

 - Anna, Timothy E., España y la independencia de América, FCE, México, 1986.- Guerra, Francois-Xavier, Modernidad e independencias, Mapfre, Madrid, 1992.

- Halperin Donghi, T., Hispanoamérica después de la independencia, Paidós, Buenos Aires, 1972. --------------, Reforma y disolución de los Imperios Ibéricos, 1750-1850, Alianza, Madrid, 1985.

- Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1825, Ariel, Barcelona, 1976.- Rodríguez, Jaime O., La independencia de la América Española, FCE, México, 1996.

5