A un año de la Ley de Costos, se evidencia la Política Destructiva

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Julio, 2012

Según las autoridades de la Sundecop la incorporación de Venezuela a Mercosur no frenará la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos. Así las cosas, los postulados, objetivos y principios del MERCOSUR, como lo son el fomento de un mercado ampliado y el libre comercio, así como su Protocolo de Defensa de la Competencia, constituirían, según el ente administrativo venezolano, una enorme farsa y un saludo a la bandera. En específico, según publica El Universal en su portal Web el viernes 20 de julio de 2012, la Superintendente Nacional de Costos y Precios habría asegurado que la entrada del país al bloque regional no afecta la legislación nacional en materia de precios diseñada por el Gobierno. Adicionalmente, la funcionaria habría dicho que los controles de precios seguirán con la entrada al Mercosur. Más allá, la Superintendente aseguró que la entrada al Mercosur “fortalecerá el tema de la estabilización de precios porque muchos de los productos (regulados) son importados desde Brasil”. Podríamos entender la declaración anterior como una confesión de que parte de los responsables en el nivel de precios de los productos es el Ejecutivo Nacional y las propias instancias públicas –como el Seniat- por los

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Elaborado por Rafael González Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especiali-zación en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacia, Agua y Banca. Profesor universi-tario de Regulación Económica y Regulación de Competencia. Investigador del Observatorio Economico Legislativo de CEDICE

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aranceles e impuestos (de hecho el precio de muchos productos podrían tener un componente impositivo de hasta 40%). Lo anterior resultó ser corroborado y aceptado por el propio Ejecutivo nacional en palabras del ministro de Industrias, quien también afirmó que una de las ventajas del Mercosur será el "abaratamiento" de las importaciones (El Universal, 20-07-2012)(se entiende por la reducción de impuestos o aranceles). Así las cosas, la sociedad venezolana debe exigir trato igualitario a los empresarios y oferentes domésticos, simplificación de trámites a favor de todos los oferentes, no solo a favor de los oferentes públicos, las importaciones públicas y las compras nacionales; de lo contrario se despliega una competencia desleal y se genera una lesión al interés público y al buen uso de los fondos y recursos públicos. En otro orden de ideas, vale destacar que el modelo económico del Socialismo del Siglo XXI consiste en un absoluto rentismo, basado en una

economía de puertos. Aun cuando el modelo propuesto por el actual alto Ejecutivo nacional fue entendido como insostenible desde la década de los 70s, el Gobierno de actual, como nunca antes, limita la capacidad compradora externa del país a los pocos dólares líquidos proveniente de la industria petrolera. SI bien en el pasado se intentó instrumentar una sustitución de importaciones por producción nacional, hoy el Gobierno sustituye la producción nacional por importaciones. Sin embargo, la capacidad generadora de dólares del país depende prácticamente, de forma exclusiva, de la renta petrolera (alrededor de 95 de cada 100 dólares exportados). Para peor de males, se pretende instaurar una economía de puertos administrada por medio de un capitalismo de Estado, a pesar de los limitados ingresos líquidos de las exportaciones petroleras –1.100 millones de barriles diarios sin considerar costos-. Siendo absolutamente insostenible este modelo, el Ejecutivo nacional apela al endeudamiento externo del país, que se estima podría cerrar en el 2012 alrededor de US$ 180.000 millones. El costo del modelo socialista oficialista no solo es hipotecar el país,

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sino destruir su capacidad productiva, fundamentalmente privada. Todo desarrollo productivo nacional implicaría reducir la dependencia, de las importaciones y de los recursos en divisas actualmente escasos. Este último punto resulta crucial para entender como el prejuicio ideológico del oficialismo en contra del modelo capitalista de mercado, de consumo profundo, implica condenar a la sociedad a no generar riqueza, valor agregado interno y puestos de trabajo, sino a distribuir pobreza producto de la limitación que implica transformar, solo la renta petrolera en productos finales de consumo final importados. Países robustos, soberanos, seguros –alimentariamente y en otros productos- y profundos económicamente son aquellos que su relación comercial externa –exportaciones e importaciones- son relativamente poco importantes con respecto al tamaño de su económica doméstica (generación de riqueza y valor interno). Por esto es que resulta fundamental el sector industrial venezolano, especialmente cuando existe capacidad ociosa y desempleo de factores –especialmente el laboral. A un año de la aprobación inconsulta de la Ley de Costos y Precios Justos, sus administradores e “ideólogos”, insisten en su

utilidad. Según El Nacional (22-07-2012), una de las “ideólogas” de la Ley de Costos y Precios Justos habría dicho que la intención de la Ley es acabar con la supuesta imposición de las empresas transnacionales sobre el mercado, así como desmontar el capitalismo en Venezuela. Adicionalmente, sus administradores aseguran, paradójica, contradictoria y falsamente, que la Ley ha permitido mayor variedad y oferta de bienes. Todas las aseveraciones anteriores resultan falsas y no cuentan con asidero económico ni empírico alguno. Siendo la curva de oferta la sumatoria de las curvas de costos marginales individuales a partir de la escala mínima eficiente, la imposición de un precio único, a la baja, implica destrucción de incentivos a la oferta, desplazamiento a lo largo de la curva de oferta hacia abajo y la izquierda (lo que significa reducción de la oferta), homogenización vertical de los productos destruyendo variedad de productos y diferenciación de productos, aumentando los costos de “transporte” y sustituibilidad. Adicionalmente, si reducir los precios, tomándolos como totalmente exógenos y fijos, hiciera de las empresas unas residual claimants maximizadoras con respecto a la cantidad ofertada (lo que significaría que ganaran más ingresos supramarginales que las pérdida inframarginales del margen perdido por reducción de precios), las empresas lo harían voluntariamente. Lo anterior explica como la actuación gubernamental genera desaparición de alternativas, oferentes y variedad de

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productos, especialmente ante una regulación de precios únicos –se transforma los productos en “commodities”, al colapsar su variedad en una sola por estructuras únicas de costos y precios-. La tozudez producto los prejuicios ideológicos y el desconocimiento en materia económica -especialmente la regulatoria-, no les permite entender que una imposición de precios administrados a la baja (con una oferta prácticamente fija y limitada producto de un control de cambio, de la “permisología” y las barreras administrativas previas a la actividad económica y a la oferta, a los problemas laborales y al ausentismo laboral aupado por una actuación pública que ha desdibujado cualquier amenaza creíble en materia laboral que mantenga incentivos a favor de la productividad) no protege a la eficiencia económica, ni a la incorporación de nueva demanda insatisfecha, ni un mayor nivel de bienestar social. Por otra parte, las intenciones de la eventual “ideóloga” de la Ley, solo apuntan a lesionar la actividad económica nacional y la soberanía del consumidor en términos de alternativas y variedad de oferentes y productos. Estos funcionarios y pseudos intelectuales están viendo cumplir su sueño, que no es otro que por medio del control de cambio, las barreras burocráticas y la Ley de Costos y Precios Justos, conculcar las libertades económicas, la soberanía del consumidor e imponer que se produzca, oferte y consuma lo que desee el líder máximo mundial, porque éste “sabe” mejor que todos nosotros sobre nuestros gustos, preferencias y necesidades.