GUATEMALAGUERRA Y REPRESIÓN EN EL SIGLO XXIV. Los gobiernos militares: 1954-1996 

Por Pausanias el Ácrata (febrero 2006)

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3.1. LOS MILICOS EN EL PODER: 1954-1986

“La Alianza para el Progreso tiene como propósito aunar todas las energías de los pueblos y gobiernos de las repúblicas americanas, para realizar un gran esfuerzo cooperativo que acelere el desarrollo económico y social  de los países partícipes de la América Latina, a fin de que puedan alcanzar un grado máximo de bienestar con iguales oportunidades para todos, en sociedades democráticas que se adapten a sus propios deseos y necesidades.” - Parte de la Carta de Punta del Este, uno de los documentos de la Alianza para el Progreso. Reunión en Punta del Este, Uruguay, 1961.

Una vez derrocado el lesivo régimen que por periodo de diez años minó los intereses de los sectores dueños de los medios de producción, la oligarquía local y los intereses norteamericanos volvieron a descansar tranquilos aunque siempre expectantes de la situación sociopolítica. Los milicos se encargaron de restablecer el cauce a su discurrir. Castillo Armas destruyó totalmente el modelo de Estado que el decenio democrático burgués potenció en el país: las tierras se devolvieron a sus dueños anteriores a la reforma (el 99’6% de las tierras expropiadas), se abolieron las medidas a favor de los trabajadores, se acabó con los sindicatos, la libertad de prensa... Durante el mandato de este coronel de mano dura instruido en Fort Leavenworth bailó al son que el padrino del norte le dictó. Este destinó parte importante de sus esfuerzos a industrializar en cierta medida el país centroamericano. La política de inversiones se encaminó a fortalecer el sector privado.

Estados Unidos aprovechó el nuevo régimen instaurado en Guatemala para iniciar una ágil política de inversiones que favoreciera la industria privada. A través de la empresa privada Klein and Saks- K&S (empresa consultora estadounidense dedicada a vender las excelencias de la iniciativa privada más allá de sus fronteras), de préstamos realizados a través del Banco Mundial y promoviendo la construcción de obras viales de envergadura considerable, el patrón del norte intentaba modernizar el atrasado sistema capitalista guatemalteco. El Plan Quinquenal para el desarrollo guatemalteco diseñado por asesores norteamericanos definía los puntos a seguir para lograr dicha modernización sin dañar los intereses de la vieja oligarquía, los de las corporaciones y multinacionales extranjeras. Los esfuerzos de Washington se encaminaban a fomentar la inversión privada extranjera en el sector industrial.

Pero el tiránico coronel no duró mucho en el cargo. Su actuación servil ante los EE.UU. levantó cierto malestar entre sectores de la burguesía local mientras que su “ejército de liberación” no era bien observado entre el cuerpo armado regular guatemalteco. En 1957 es asesinado por uno de sus guardias personales (la vieja historia de siempre...). La represión con que Castillo Armas oprimió al país, que algunos autores han calificado de “primera ola de terror”, terminaba como debía terminar. Sin embargo, el terror como mecanismo de control solo acababa de comenzar.

Y es que por periodo de más de 40 años, Guatemala siguió padeciendo una suerte de muerte lenta y agónica. Estrangulada por el imperialismo, de un lado, y su propia

oligarquía, de otro, valiéndose de unos militares sin escrúpulos, asistieron al lento proceso funerario con sus mejores galas y las arcas repletas de beneficios.

Desde 1954 hasta 1986 una serie de dictaduras militares se instalan el Gobierno guatemalteco (ver ANEXO I). El rastro de cadáveres y tierra arrasada que van dejando tras de sí es limpiado por una efectiva propaganda internacional que a modo de cortina de humo evita la filtración de los hechos de cara a un mundo de comodidades y confort que vive de espaldas a los problemas endémicos del “Tercer Mundo”. Estados Unidos en primera instancia, pero también Israel y Europa colaboran económicamente con sustanciosas ayudas que a través de los organismos internacionales, tales como el FMI o el BM, o países aliados en América Latina (Argentina, Chile, Brasil...) hacen llegar de manera ininterrumpida a manos de los genocidas. Genocidas que mantienen un bendito orden provechoso para el liberalismo que Estados Unidos quiere implantar en la zona. El experimento Castillo Armas (era la 1ª vez que Estados Unidos no intervenía directamente enviando a los Marines a resolver conflictos en su “patio de atrás” y usaba un títere local) dio un excelente resultado que perpetuaron hasta que el desgaste, la presión de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y las denuncias de las atrocidades cometidas socavaron los cimientos de la fórmula.

Las elecciones de 1957 debieron ser anuladas por abierto fraude. En las siguientes celebradas, en 1958 y con un fraude ligeramente encubierto, resultó vencedor el general Miguel Idígoras Fuentes.

“... entrevistado por la periodista Georgie Anne Geyer en San Salvador, Idígoras dice que, no bien ganó las elecciones, fue abordado por cuatro hombres de la CIA que lo amenazaron con tomar represalias si no pagaba el saldo de la deuda de tres millones de dólares que Castillo Armas había contraído para financiar su invasión teñida de gloria.” (Eduardo Galeano, 1967, pág. 42).

De nuevo, el presidente del país centroamericano se convertía en un muñeco al servicio de los postulados y demandas que llegaban desde el norte.

Para el año 1963 se habían previsto nuevas elecciones. A ellas presentó su candidatura el que fuera presidente de la etapa “revolucionaria”, el doctor Juan José Arévalo. La posibilidad de triunfo de Arévalo no agradaba en Washington. Aunque el otrora presidente había realizado declaraciones contrarias a la Cuba de Castro y mostraba escasa simpatía por el comunismo, el que resultada elegido era un riesgo que desde la administración Kennedy no se quería correr. En el año 1963 se financia un nuevo golpe de Estado que lleva al coronel Enrique Peralta Azurdia a abrir un nuevo periodo sangriento en la historia chapina.

Desde el gobierno de Julio César Méndez Montenegro (1966) se inició la fórmula del terror. Curiosamente se trataba del único civil que ascendió a la presidencia. Hombre reputado de izquierdas y ex decano de la Facultad de Derecho de la USAC, se vio forzado a firmar un acuerdo con los militares por el cual concedía el poder real a la alta cúpula militar, la cual lo ejercía a través del Ministro de Defensa (6). Económica y socialmente no introdujo reforma alguna pese a los discursos lanzados durante el periodo electoral. Su mayor contribución fue su nueva visión represiva. Los asesores militares que llegaron al país y el novedoso armamento y pertrechos militares promovieron nuevas fórmulas de contrainsurgencia. Extender el miedo y el terror entre los civiles era la consigna. Terrorismo de Estado en su sentido más feroz. Secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, descuartizamientos... todo valía con el fin de acabar con el pensamiento disidente. Líderes estudiantiles, sindicales, de la izquierda,... son eliminados sistemáticamente bajo el régimen montenegrista. Los escuadrones de la

muerte proliferan en este oscuro periodo, actuando con total impunidad. Instigados  y estructurados desde la extrema derecha (Sandoval Alarcón fue uno de sus máximos responsables) y por los Estados Unidos, se nutrían de ex militares y militares fuera de servicio que contaban con total apoyo institucional. Unos ocho mil civiles fueron víctimas de esta ola de terror que sacudió el país entre el 66 y el 68. Estados Unidos “extendía el progreso a las repúblicas hermanas del continente”.

Esta primera oleada de terror se reduce en el 68 solo para volver a recrudecerse bajo el mandato de su sucesor, Carlos Arana Osorio, conocido con el sugerente sobrenombre de “El Carnicero de Zacapa”. Con Arana Osorio se llevó a la potenciación máxima el sistema de Estado de contrainsurgencia, llegando a ocupar altos cargos en su gobierno líderes, tanto civiles como militares, de escuadrones de la muerte (Susanne Jonas, 1994). A partir de la instauración de este sistema criminal de represión y eliminación de la insurgencia, los siguientes gobiernos lo mantienen en vigencia en mayor o menor medida creando un Estado de terror continuo para la población civil, en especial para los numerosos grupos indígenas que son siempre vistos desde la óptica ladina como insurgentes en potencia. En la zona del Ixcán, el Quiché y las Verapaces, así como en el Petén, se persigue a esta población de manera militar y paramilitar en un intento descarado de “limpiar” el terreno para la concesión de tierras a militares destacados, compañías internacionales mineras, madereras, ganaderas y frutícolas, entre otras, que pudieran formar latifundios con mano de obra excepcionalmente barata.

El relevo de Osorio llega en 1974 con el general Kjell Eugenio Laugerud García, quien inaugura un periodo caracterizado por las contradicciones que surgen entre distintas facciones de la burguesía y el ejército. Se llegan a producir enfrentamientos entre los propios escuadrones de la muerte. Es ahora cuando se inicia la represión sobre el movimiento cooperativista del Ixcán Grande con el asesinato del padre Guillermo Woods, fundador de la cooperativa, así como la desaparición de varios líderes campesinos.

El año 78 trae consigo nuevas elecciones y un régimen que surge de ellas con tan solo un 15% de participación. El Ministro de Defensa del anterior gobierno, el general Fernando Romeo Lucas García, fue el “ganador” de los comicios. El desgaste del sistema guatemalteco era tan profundo que Lucas García no contaba con el consenso suficiente para gobernar. Más de diez mil asesinatos se le atribuyen a este gobierno que entendía el “progreso y desarrollo” promovido desde la Casa Blanca de una manera extremadamente sui generis. Asesinatos en calles céntricas de la ciudad, secuestros masivos de sindicalistas, miles de desaparecidos, asesinatos de periodistas... La administración Carter y su política de respeto de los Derechos Humanos no tuvo más remedio que retirar oficialmente la asistencia militar a Guatemala ante la descarada y bestial represión que Lucas García ejercía. Obviamente, hemos de recalcar la palabra “oficialmente” dado que la suspensión que cacareaba Carter nunca fue real ni efectiva.

Además de la cruel campaña de asesinatos y desapariciones, el gobierno del 78 había colapsado debido a una corrupción que estaba dejando vacías las arcas del Estado. Sucesivos proyectos colosales como las hidroeléctricas de Chixoy y Chulac, el Anillo Periférico de la capital y varias carreteras al interior, el Hospital San Juan de Dios, entre otros, llenaron los bolsillos de varios funcionarios y encadenaron al país a una deuda astronómica y una crisis galopante (7).

La guerrilla contaba en 1981, según ciertas fuentes, con unos 25.000 miembros y su victoria era una posibilidad cercana así como su control sobre ciertas zonas del país era

ya un hecho. El flujo de armas que llegaba desde el norte se había reducido. Ante estos serios reveses, el Alto Mando comenzó a diseñar el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que contemplaba los planes de campaña que en los sucesivos años serían puestos en marcha. La fórmula que se abriera en el 66 estaba demasiado gastada. El pacto oligárquico-burgués-militar necesitaba nuevas formas. Sacar a los militares del gobierno público y derrotar la insurgencia armada que proliferaba por todo el país se convertía en objetivo primordial. El nuevo corpus ideológico pasaba por un gobierno fuerte que materializara las nuevas directrices sin escrúpulos y con enérgica decisión. El 82 era el año. Ríos Montt, Horacio Maldonado Shaad y Francisco Luis Gordillo eran los elegidos. Guatemala estaba en sus manos.

3.2. 1982-1986: LOS AÑOS DUROS.

   “Nosotros tenemos la organización y la fuerza para evitar que esto siga ocurriendo. No importa quién caiga en esta lucha, con tal de lograr nuestra sagrada misión de librar Guatemala del comunismo. Lo haremos a cualquier precio.   Como pruebas de que hablamos con la verdad tenemos treinta mil tumbas campesinas y clandestinas como testigos”.Volante. “Para una Guatemala libre aplastaremos al comunismo ateo” de la MANO.

En 1982 un nuevo golpe de Estado instala en el poder el triunvirato formado por Horacio Maldonado Shaad, Francisco Luis Gordillo y el fanático religioso Efraín Ríos Montt. Quizá este último fuera el líder que elevó a sus mayores consecuencias la contrainsurgencia con el diseñado patrón genocida conocido comoPlan Nacional de Seguridad y Desarrollo. Bajo las directrices de este organigrama contrainsurgente, se crean las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y los Polos de Desarrollo, dos de las mayores lacras que el país guatemalteco ha arrastrado desde ese funesto año. Las primeras consistían en reclutamientos obligatorios de campesinos que eran forzados a colaborar con el ejército en su lucha contra la guerrilla. Estas patrullas paramilitares civiles derivaron en violaciones de los derechos humanos de tremendas consecuencias.

Los Polos de Desarrollo eran la agrupación de diversas Aldeas Modelo, pequeñas comunidades diseñadas por los militares donde agrupaban forzosamente a población civil con el fin de controlarla mejor. Han sido comparadas con campos de concentración. Valladas, con salidas y entradas controladas por milicos, eran el cuadro ideal para el control de la población que se veía forzada a participar el las PAC dejando de lado la atención de sus tierras y familia.

La guerrilla se enfrentaba a un dilema: les estaban obligando a combatir contra población civil. Los militares, sabedores de la reticencia de los guerrilleros a disparar sobre civiles, utilizaron prestamente las PAC como escudos humanos, lanzándoles sobre los destacamentos guerrilleros en primer lugar para luego seguirles las tropas con la vanguardia cubierta. A su vez, este entramado de paramilitares civiles sirvió para que se cumplieran venganzas entre el mismo pueblo. Algunos miembros de las PAC, armados y sintiéndose con poder efectivo, se escudaron en su posición para asesinar a otros civiles con los que habían tenido discusiones, rencillas pasadas, litigios o problemas amorosos. La espiral de violencia crecía y el gobierno, lejos de interceder, observaba complacido como su táctica militar obtenía éxitos medidos en números de muertos. Es en estas fechas cuando huyendo del terror y la persecución, miles de personas encuentran refugio en la espesura selvática y en las escarpadas montañas del altiplano. Estos miles de refugiados pronto se organizan en Comunidades de Población en Resistencia (ver apartado 7.2.).

Ríos Montt pronto se deshizo del triunvirato que surgiera del golpe. El 9 de Junio, dos meses después, con una hábil maniobra se quedó solo manejando el país a su antojo. Maldonado Shaad y Francisco Luis Gordillo fueron relevados de sus puestos en la junta mientras Ríos Montt se proclamaba Presidente de la República. El pastor evangelista conseguía lo que durante años el fraude electoral le había negado: su ascensión al trono presidencial. Esta jugada supuso un mal trago para los oficiales de alta graduación al tiempo que el Alto Mando perdía a dos piezas claves en el gobierno. La virulenta y visionaria forma con que el dictador de la Iglesia del Verbo conducía el país otorgó argumentos a la cúpula militar para buscarle pronto sustituto. Había traicionado la necesidad que tenía el Estado de recuperar vínculos con la  sociedad civil, uno de los objetivos que promovían los golpistas(“... reencauzar el camino de Guatemala por la ruta de la verdadera democracia.”) y que el dictador no estaba cumpliendo.

También los Estados Unidos pusieron su granito de arena en la caída del demente genocida. En los primeros momentos tras el golpe del 82, la administración Reagan había mostrado su beneplácito a la nueva junta de gobierno. El embajador de Estados Unidos en Guatemala declaraba un mes después que su país estaba dispuesto a brindar una ayuda económica estipulada en 50 millones de dólares ante (ojo al dato) la evidente mejoría en la situación de los derechos humanos en el país. Los senadores norteamericanos que en junio visitaban Guatemala mostraron la satisfacción estadounidense ante el dictador por los cambios observados desde 1982.

Pero con el tiempo, las cosas fueron cambiando. El gobierno guatemalteco estaba siendo demasiado independiente de los dictados que llegaban desde la Casa Blanca, empeñada en crear en el triángulo norte centroamericano una fuerza militar capaz de enfrentar la “amenaza sandinista”. Una invitación para visitar un portaviones norteamericano alejaba a Ríos Montt del país el tiempo necesario para que los 30 comandantes, encabezados por el Ministro de Defensa, Oscar Mejía Víctores, acordaran destituirle el 9 de Agosto de 1983 (hecho que se llevó a cabo finalmente 24 horas antes, el día 8). El Alto Mando volvía a tener las cosas en su sitio.

 Tras el sangriento y bestial régimen ríos monttista, bajo el lema “quitarle el agua al pez” (confeccionado conjuntamente con EE.UU e Israel), con sus devastadoras consecuencias, se instaló una última dictadura militar, la que presidió Oscar Mejía Víctores, entre 1983 y 1986,  para luego dar paso a unos gobiernos civiles.

Los Estados Unidos mostraron su satisfacción por el nuevo rumbo materializa en un incremento considerable de la “ayuda”. De 82.1 millones de dólares en programas de créditos y donaciones en 1983 se pasó a 135.12 millones de dólares en 1984. A cambio, se esperaba la sumisión del nuevo gobierno guatemalteco ante los planes militares tremendamente agresivos que EE.UU. tenía para la zona. El enemigo de Managua debía ser expulsado. Para ello, y con la intención de no emplear sus propias tropas (la experiencia de Vietnam estaba fresca en la memoria colectiva), se hacía necesaria la creación de una fuerza militar en el istmo que enfrentara la amenaza del ejército sandinista, así como las insurgentes tropas que crecían en El Salvador y Guatemala. “El Bloque Tegucugalpa” unía a Honduras, Guatemala y El Salvador en la lucha que se promovía desde el norte.

Mejía Víctores mantuvo el acoso y represión en las áreas rurales, al tiempo que se daba un decisivo empuje a la estrategia que naciera en el periodo anterior y que asentaba sus bases en las Aldeas Modelo y las Patrullas de Autodefensa Civil. Era el “Plan de Campaña Firmeza del 83”. El muro de impunidad seguía intacto. Valiéndose de los Polos de Desarrollo y las Coordinadoras Inter-Institucionales (CII) que los administraban, el gobierno surgido del golpe del 83 supeditó la sociedad civil al

poder militar. El gobierno controlaba laCoordinadora Inter.-Institucional Nacional (CIN), a la cual estaban supeditados todos los proyectos de las comunidades. A su vez, en cada departamento existía una coordinadora, comandada por el jefe militar de la zona, con las mismas atribuciones que la CIN pero con limitación a su departamento. Con este entramado de organismos dependientes, el ejército se aseguraba el control efectivo de la vida civil. A su vez, la crisis económica era acuciante y Mejía Víctores no era optimista con los pronósticos para el 84. En el 85 se llega a un crudo enfrentamiento entre el gobierno militar y los empresarios guatemaltecos dada la exigencia gubernamental de que estos últimos pagaran impuestos. La deuda externa del Estado de Guatemala es muy elevada y el propio FMI recetó medidas económicas para intentar revitalizar un país al borde de la quiebra. Los intentos del poder militar de fiscalizar las actividades empresariales chocaban de lleno contra un sector acostumbrado a la exención y al liberalismo más extremo. Mientras se normalizaban las relaciones entre los rumores de un nuevo golpe de Estado, se acercaban las elecciones de 1985 que, regadas de muerte en las zonas rurales, iban a suponer la entrada del primer gobierno civil en 32 años.

Solo fachada. El ejército y su cúpula militar seguían teniendo el control fáctico de la situación. El modelo de Estado Contrainsurgente que avalaba la represión y la violencia estatal como vía de combate a los terroristas, permanecía incólume. Nada había cambiado. Las elecciones de 1985 limpian la cara y las manos de los asesinos. En 1986, el primer gobierno civil toma la férula del país. Bombo y platillo.

3.3.  LA MÁSCARA CIVIL: 1986-HOY DÍA .

“Todo debe cambiar para que todo permanezca igual”El Gatopardo.

Marco Vinicio Cerezo Arévalo marca el antes y el después. En el campo, la represión continúa. El ataque a la disidencia ideológica es brutal. Las CPR sufren en sus carnes la devastadora acción del ejército. Los créditos y la financiación aumentaron en 1986 de manera considerable pese a la recomendación de la ONU de 1984 de no asistir al régimen guatemalteco. Las expectativas de un mercado tan vasto como el centroamericano eran demasiado suculentas como para que unos rumores sobre violaciones de Derechos Humanos las echaran por tierra.

El aumento del presupuesto militar hasta un 60% sobre el de 1985 indica las prioridades de un gobierno volcado en complacer a la inversión extranjera y la elite nacional allanando el terreno. La apisonadora pasó por el Ixcán (Ricardo Falla, 1985). La “Ofensiva Fin de Año” de 1987 castigaba los departamentos de el Ixcán y el Quiché, lugares donde la población en resistencia se refugiaba. La lluvia de fuego se continuó en el año 1988 (Fortaleza 88). Pero no se conseguía asestar ningún golpe meritorio a la URNG ni capturar población en resistencia. EE. UU. colaboró con 150$ millones en forma de ayuda económica y una asistencia militar de 7,5 millones de dólares al despuntar el 88. También el gobierno japonés firmaba acuerdos de ayuda con Guatemala por valor de 45 millones de dólares.

Pero no solo los efectivos militares son utilizados como herramienta. En el afán de mantener el orden imperante y contradictorio, Vinicio Cerezo se empeñó en crear una capacitada policía que, con la excusa de luchar contra la delincuencia, se convirtió en una eficaz implemento de represión: a finales de 1987, 300 radiopatrullas llegan de México, se compra al gobierno español 85 unidades motorizadas y el envío de 130 agentes, oficiales e investigadores a Venezuela a recibir capacitación (X. Albesa, 1998). Una terrible policía política dispuesta y capaz de reprimir cualquier brote de rebelión

urbana. Los desaparecidos aumentaron, los cadáveres mutilados volvían a configurar el paisaje de las cunetas o barrancos guatemaltecos.

Nadie confiaba ya en esas alturas en este gobierno. Solo militares, terratenientes y empresarios brindaban su apoyo a esa maquinaria de reprimir y matar. Las esperanzas que algunos depositaron en él, se habían evaporado. Nadie prestaba ya su confianza en él(8). Incluso la Iglesia se alejó de este gobierno y editó una circular (Clamor por la Tierra) donde denunciaba la injusta situación de los pobres y se posicionaba junto a ellos.

Los siguientes gobiernos otorgaron al ejército una alta cuota de poder y autonomía dentro de los planes de “pacificación”. Se sucedían los decretos mientras en las zonas de “resistencia” las operaciones continuaban. El ejército destruía campos, aperos, herramientas, masacraba animales de granja y las personas que podía capturar. Se acusaba a la guerrilla o se negaban las acusaciones. Los medios de comunicación no descansaban. Se atribuían gloriosas victorias al ejército frente a los insurgentes. La realidad era otra. La URNG crecía en efectivos. El EGP atacaba diariamente los destacamentos militares. La presencia de la guerrilla en el área de las CPR era constante. Entre las organizaciones armadas y las comunidades en resistencia la relación era cordial. “Entonces la guerrilla (qué) va a decir. Tranquilos. La guerrilla pasa. La guerrilla no va a machetear la milpa ni nada, nada. Al contrario, da buena idea la guerrilla: ‘ustedes hay que cuidar sus tierras, nosotros no con ustedes tenemos problema, con el ejército sí, porque ellos vienen a matar a ustedes también, entonces nosotros estamos aquí con ustedes’  y así no nos molestan pues” (Testimonio de Antonio Pérez García, centro San Francisco, CPR- Ixcán. Citado de X. Albesa, 1998).

En las elecciones de 1991 con un 45% de participación, Jorge Serrano Elías alcanza el sillón presidencial. Con su discurso de toma de posesión ya sentó sus intenciones de no introducir cambios. La iniciativa privada descansaba con tranquilidad. Los ministerios pertenecientes al área económica quedaban en manos de personas vinculadas con el sector privado. Los empresarios vieron la hora de afianzar su posición ahondando las raíces del pacto tradicional con los militares, por un lado, y con Washington, de otro. Desde la Casa Blanca se veía con esperanza el ascenso en el poder de la clase empresarial, la única a sus ojos de permitir la sostenibilidad económica a largo plazo e, incluso, asumir la conducción política de los procesos que la generan. Todo seguía en su sitio. El revestimiento democrático del régimen aseguraba la llegada de préstamos desde organismos internacionales y países amigos. El Alto Mando no debía preocuparse por los fondos. Recuperados los lazos con el gobierno, los coletazos en las zonas de resistencia guerrillera y los golpes en la zona urbana proseguían. La paz parecía quedar fuera de nuevo de los planes que Serrano tenía para el país.

Su sucesor en el cargo hizo revivir esperanzas de cambio. Un antiguo Procurador de los Derechos Humanos de retórica fácil y de aparente discurso sincero, siempre acusó al gobierno de la violación sistemática de estos. Ramiro de León Carpio significa el cambio frustrado. Los deseos de cambio que mucha gente depositó en su figura pronto se demostraron equivocados. No hizo nada por desmilitarizar el país ni reducir el poder político del ejército. Su decisión de mantener las Patrullas Civiles, el reclutamiento forzoso, los comisionados militares, el Estado Mayor presidencial y otros mecanismos de militarización supusieron un malestar en un amplio sector de la sociedad. En lo económico se doblegó ante la cúpula empresarial y los dictados del FMI. Sus promesas de diálogo con las CPR y mejora de la situación social para el país quedaron en pocos meses archivadas. La comisión que las CPR enviaron a Guatemala Ciudad tardaron en entrevistarse con el recientemente electo presidente y cuando al fin llevaron a cabo su

propósito solo escucharon evasivas y discurso barato. Los deseos de cambio gestados en las urnas se truncaban en amargura y resignación.

Los siguientes gobiernos han mantenido una tónica similar. Tras el maquillaje de sociedad democrática, respetuosa con los Derechos Humanos y país en “vías de desarrollo”, con industria naciente y paraíso inversionista, la población sigue sin superar los umbrales mínimos de dignidad. Una verdadera y profunda reforma agraria sigue sin llegar. La propiedad de las tierras guatemaltecas sigue concentrada en una mínima proporción de personas mientras que comunidades y cooperativas ven violados continuamente los acuerdos que firmaran con el gobierno. El acoso que terratenientes y narcos mantienen sobre las comunidades se incrementa anualmente sin que el Estado implemente medidas para impedirlo. Los indígenas guatemaltecos siguen siendo el escalafón más pobre y bajo de la racista sociedad chapina. En fin, la fachada se reformó, pero la estructura centenaria sobre la que se levanta el país centroamericano sigue intacta a remodelaciones o reformulaciones. Los militares, por si acaso, siguen vigilando.

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(6). A través del pacto, el ejército se otorgó el derecho de nombrar al Ministro de Defensa así como se concedían derecho a veto sobre cualquier decisión gubernamental. La dictadura militar se continuaba en la persona de Rafael Arriaga Bosque, Ministro de Defensa, con el respaldo de la Embajada norteamericana. (Eduardo Galeano, 1967, pags. 43-44). Volver

(7). EL PIB en 1980 fue del 3,7%. En 1981 cayó hasta el 1%. Para 1980 la inversión alcanzó el 24%, cayendo en 1981 al –7,1%. El consumo en 1980 fue del 12,2%. Al año siguiente sólo fue del 9%. (Datos del

Centro de Investigación Económica, citados de Xavi Albesa, 1998).Volver

(8). Curiosamente, se llegó a acusar a este sanguinario gobierno desde los sectores más conservadores de conducir al país al comunismo. Dicha estupidez fue proferida a causa de medidas tan tímidas como la implantación de un salario mínimo, la instalación de sucursales de la agencia soviética TASS y la cubana Prensa Latina, así como la condonación de intereses de la deuda nicaragüense.  Volver