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Modelo Económico de Gobierno: Distorsionante, Destructivo, Insostenible
Pág. 1
Agosto, 2012
El modelo económico que pretende instaurar el actual gobernante en Venezuela, aun cuando violatorio de la Constitución, ha ido avanzando, basado fundamentalmente en: 1) desdibujar, reducir y conculcar los derechos y libertades económicas, no solo en lo referido a la propiedad privada –ampliamente entendida- pasando por derechos sobre los medios productivos, sino igualmente el acervo patrimonial y de activos, así como la soberanía del consumidor; 2) sustituir el sistema democrático y descentralizado no solo en lo político, territorial y civil sino igualmente en lo económico, desdeñando del mercado como espacio democrático donde oferentes compiten por satisfacer de la mejor manera posible y en los términos que el intervencionismo oficialista les permita, los gustos y preferencias de los consumidores; 3) sustituir, desplazar y finalmente eliminar en la medida de lo posible la iniciativa privada y la actividad económica privada por una pública central y burocráticamente administrada; 4) sustituir los gustos preferencias y la soberanía del consumidor, por la imposición de patrones de consumos que
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Elaborado por Rafael González Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master in Competition and Market Regulation. Especiali-zación en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Transporte, Farmacia, Agua y Banca. Profesor universi-tario de Regulación Económica y Regulación de Competencia. Investigador del Observatorio Economico Legislativo de CEDICE
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los altos funcionarios públicos entienden “morales” y “correctos”; y 5) el perfeccionamiento de una competencia desleal por parte de un Estado discriminatorio, ineficiente e intervencionista –inflación regulatoria-, con la intención de consolidar un Capitalismo de Estado donde el soberano no es ya el ciudadano que ejerce sus derechos y libertades, sino el alto Ejecutivo Nacional. Los resultados del modelo oficialista saltan a la vista: destrucción del aparato productivo –crecimiento prácticamente nulo a lo largo de los últimos 13 años-; crecimiento del consumo no basado en el incremento de la productividad, producción, generación de valor agregado ni riqueza interna, sino por medio de la importación gubernamental destructiva, subsidios indiscriminados sin eficiencia ni focalizados y un enorme endeudamiento externo –cerrando la deuda externa para 2012 alrededor de 180.000 millones de dólares-; y un exceso de regulaciones y controles de precios distorsionantes y desincentivadores de la actividad económica y la oferta.
Las recientes declaraciones ofrecidas por altos representantes del Ejecutivo nacional, dan cuenta del perfeccionamiento de una política pública populista de “redistribución” de corto plazo insostenible, ineficiente e irresponsable vía controles de precios únicos –con su consecuente destrucción de oferta y desaparición de variedad y alternativas-, complementada con importaciones y comercialización subsidiada del gobierno –destruyendo y sustituyendo actividad económica doméstica- y creando un sistema de racionamiento ante el desabastecimiento de bienes y servicios. Resulta un suicidio económico que se condene en el mediano y largo plazo el objetivo de eficiencia, la productividad y la generación doméstica de riqueza por un objetivo no excluyente como la equidad y la redistribución de corto plazo. De hecho, hacerlo de esta manera termina agotando la posibilidad de transferencias, porque al destruirse el aparato productivo generador de riqueza, lo que queda es distribuir pobreza –o una renta petrolera vía importaciones ya insuficiente desde los años 70s-;
Coyuntura Legislativa
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estancándose la actividad económica no tradicional potencial generadora de divisas para poder complementar la generación de bienes internos vía importaciones. Cuando se observa el uso de divisas en la compra externa de bienes que anteriormente eran abastecidos internamente, y se fomenta la actividad de no transables, especialmente el comercio –entre otras a través de exacerbadas importaciones de alimentos, entre otros bienes de consumo final-; conceptos como soberanía, seguridad alimentaria y
potencia productiva resultan producto del peor de los cinismos. Respecto a la inflación, lejos de actuarse sobre sus causas –exceso de dinero en términos relativos a la oferta de bienes, la baja productividad y la reducida producción y oferta interna de bienes y servicios-, se pretende actuar sobre sus consecuencias; exacerbando el desabastecimiento y las distorsiones en el consumo. Por otra parte, cuando la SUNDECOP asegura que la inflación se está controlando y el consumo se está expandiendo producto de los controles
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Modelo Económico de Gobierno: Distorsionante, Destructivo, Insostenible
de precios, lo que realmente está ocurriendo es que desaparece la oferta doméstica y privada de los productos sujetos a regulación, se importan y subsidian sin siquiera garantizar que lo que se corrige es pérdida de peso muerto –el problema de acceso a bienes y servicios por pérdida del poder adquisitivo, desempleo, subempleo o mala remuneración por baja productividad, no se corrige vía controles de precios-. Debe entenderse que no posee asidero ni microfundamentos la aseveración realizada por la SUNDECOP por medio de la cual asegura que los controles de precios consiguen mayor consumo por expansión de la oferta –lo que se está expandiendo es un ritmo de importaciones
Los venezolanos individual y luego colectivamente debemos estar conscientes del alto costo de oportunidad para el país de la gestión actual gobernante y de su eventual continuidad en el poder. Parte del éxito político del desgobierno ha basado en haber logrado una especie de descoordinación colectiva (miscoordination equilibrium), que radica en que los ciudadanos no internalizan el alto costo de oportunidad del desatino en las políticas públicas actuales. Los ciudadanos no hemos podido
entender que todos, colectivamente, somos víctimas de las pésimas y/o ausentes políticas públicas, lo que en teoría de la regulación se conoce como falta de identidad como residual claimants o últimos dolientes de una mala gestión de gobierno y de su alto costo de oportunidad ante alternativas eficientes. Parte de la explicación radica en que los ciudadanos atomizados no suelen percibir el costo individual del mal uso de la ingesta de fondos públicos, especialmente cuando cerca del 50% de los recursos fiscales son petroleros, los cuales no pasan por nuestra cheque de paga, siendo cuasi-fiscales.
El Alto Costo de Oportunidad de las políticas actuales.
Sin embargo, el tozudo empeño del gobernante por desplazar a la actividad económica privada en la producción privada de bienes privado de consumo privado por producción pública o peor aun por medio de importación de bienes privados de consumo privado, condena e imposibilita la responsabilidad de financiar o coadyuvar a la generación y oferta de bienes públicos (responsabilidad fundamental de cualquier gestión pública y/o de gobierno, especialmente ante la naturaleza de finito de los recursos públicos o la capacidad de impuestos distorsionantes). El ciudadano, pensando en los grandes objetivos nacionales, entre los que
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destacaría el progreso del país hacia una sociedad moderna en la cual se piensa en el individuo y se persiga el incremento de los estándares de vida, debe tener claro que si bien la equidad y la redistribución constituye un objetivo social, la eficiencia y creación de valor constituye la condición necesaria para alcanzar la primera de forma sostenible y nunca sustitutos o excluyentes. Aquí radica la explicación de por qué la gestión gubernamental es y sería, eventualmente de continuar en el poder, un fracaso en procurar progreso, bienestar y mejora colectiva (entiéndase bien, colectiva y no redistribuirá) de los estándares de vida. Para construir un CDI no tiene porque producirse menos petróleo que en el año 1999 (por el contrario), para desarrollar una política social, de transferencias y subsidios, no tiene porque atacarse a la propiedad privada (por el contrario mientras más actividad económica más riqueza y empleos creados reduciéndose la población vulnerable y necesitada de ayuda, mientras se amplía la base imponible, mayor riqueza creada sobre la cual se recaudan los impuestos para financiar las políticas públicas). El irresponsable objetivo de sustituir a la actividad económica privada; el ineficiente y costoso objetivo en términos de recursos
públicos desviados de procurar bienes públicos para ofertar gubernamentalmente bienes privados de consumo privado (especialmente vía importaciones, canibalizando la actividad económica nacional); la destrucción de los esquemas de incentivos en favor de la inversión, la innovación, el emprendimiento y el despliegue de esfuerzos, a través del ataque sistemático a la propiedad privada (único y mejor esquema de reconocimiento e internalización del fruto del esfuerzo, el trabajo, la inversión e innovación); y la anacrónica y errada teoría marxista del valor trabajo y la absurda teoría de la dependencia y el desarrollo desigual, negada por países como Japón y los tigres asiáticos (este prejuicio ideológico e ignorancia en materia económica explica regulaciones que terminan lesionando a la demanda y a la eficiencia económica en detrimento de la oferta, el acceso a bienes y al bienestar social; asimismo este prejuicio marxista condena a la competitividad y a la productividad por basar el crecimiento, en el mejor de los casos, al simple uso de los mayores factores productivos); han condenado el crecimiento, el progreso y el bienestar de Venezuela. Si no han logrado reducir el desempleo, el subempleo, la informalidad ni la capacidad instalada ociosa mucho menos lograrán incrementar la productividad de la economía venezolana. Lo anterior condena a Venezuela a mantenerse rezagada en el concierto económico mundial y ante
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El Alto Costo de Oportunidad de las políticas actuales.
cualquier esfuerzo de integración a cualquier mercado ampliado. La propuesta alternativa ha mostrado tener claro que un país progresa producto del concurso de todos y que no existe experiencia alguna de progreso de un país basado en la división, fractura, expoliación, expropiación y autocracia. Como lo han señalado los responsables de la materia económica del programa de país alternativo, la confianza en Venezuela constituye uno de los principales objetivos para incentivar la inversión y el despliegue de esfuerzos y apuestas en favor del país. Parte de lo anterior se encontraría garantizado, porque parte de la labor de las instituciones públicas para generar confianza, a lo interno y externo del país, pasa por contar con profesionales expertos en las materias de las políticas públicas. Lo anterior contrasta con la política de reciclaje de personajes de confianza, incondicionales al proyecto personal y no de país del mandatario saliente y con el mayor de los desconocimientos en las materias de sus responsabilidades. Esto explica en parte porque el actual gobierno desde muy temprano en su gestión declaró prácticamente la guerra a la academia, a los intelectuales y a la clase media, porque la más robusta de las barreras morales en favor del buen diseño de políticas públicas en beneficio del colectivo y no de individualidades, la constituye el conocimiento académico, técnico y la experiencia sobre lo normativamente correcto y requerido para el país.
