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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
CONCEPTO Y AMBITO Todo acto de la Administración que
incida sobre los derechos del particular debe estar autorizado por el ordenamiento jurídico. Salvo que sea de índole privada (regulada por el derecho civil o mercantil)
Es una garantía del estado liberal de derecho y un freno a la actividad estatal.
Es también una garantía de la eficiencia administrativa.
Tanto los actos de imperio (crean, modifican, o extinguen derechos y obligaciones del particular), como los actos de organización y de trámite internos de la administración y los actos de gobierno entran dentro del ámbito de aplicación del principio.
Para el estado “lo que no está
autorizado está prohibido”. El funcionario publico es depositario de
la autoridad y solo puede hacer con ella lo que el ordenamiento le permite.
LEGALIDAD ESCRITA Y NO ESCRITA
El principio de legalidad regula y autoriza la conducta administrativa mediante el ordenamiento jurídico y no solo de la ley.
Idea de ordenamiento (un todo de normas sistematizado que abarca la ley como su parte principal)
Los principios o normas no escritas pueden producir una situación de privilegio de la administración frente al co- contratante (imperio de los principios no escritos sobre la actividad administrativa).
Las normas no escritas (principios generales del derecho, la jurisprudencia, practicas administrativas) también ´pueden imponer sujeciones especiales a la administración (continuidad, regularidad, modificabilidad, igualdad).
Bloque de legalidad: formado por la ley, por las normas escritas (reglamentos, decretos de facto, decretos de urgencia, leyes delegadas) y no escritas (costumbres o practicas administrativas, jurisprudencia y principios generales de derecho)
La norma no escrita no puede derogar el ordenamiento escrito, salvo que se repute por jurisprudencia o ley de rango superior a la norma de cuya modificación se trata.
Las reglas no escritas sirven no solo para interpretar las normas escritas tambien para suplirlas, principalmente los principios generales del derecho (integración de la ley)
FUNDAMENTO POSITIVO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN COSTA RICA
El principio de legalidad no solo señala lo que no se debe hacer también una determinación positiva le indica a la administración lo que debe hacer.
Puede afirmarse que la limitación negativa es consecuencia de la positiva.
La autoridad debe someterse a la ley y al ordenamiento.
La sumisión de la administración a la ley permite controlar sus actos por el juez y asumir la responsabilidad por la ilegalidad cometida.
Artículo 9 de la CP dice: “El gobierno de la Republica es popular, representativo, alternativo y responsable”
Art. 49: “Establécese la jurisdicción contenciosa administrativa como atribución del poder judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho publico”.
Queda dicho por la Constitución legalidad y responsabilidad son esenciales para la actividad administrativa.
La ilegalidad: cualquier violación del ordenamiento jurídico incluidas normas no escritas integrantes de ese ordenamiento.
LA SUMISION DEL ACTO A LA NORMA
La norma debe autorizar el acto, el acto no autorizado es irregular.
Elementos formales(sujeto, el procedimiento la forma)
Elementos materiales(motivo, contenido y fin)
Toda conducta administrativa está regulada en cuanto al sujeto u órgano que la realiza.
Puede haber conflictos de competencia entre 2 o más órganos.
Negativos (cada uno afirma que el acto le corresponde al otro).
Positivos (cada uno quiere realizar el acto en cuestión).
Competencia concurrente (corresponde a varios titulares) el jerarca decide en ultima instancia.
Distribución de cometidos, necesaria para la existencia del órgano, implica la indicación del fin de la competencia de éste.
Competencia del órgano es siempre para algo que constituye el resultado último de la actividad .
Si la ley no indica el fin específico de la competencia corresponde al funcionario su determinacion.
La Constitución suele determinar tanto el órgano como el fin de la conducta administrativa. Fundamentalmente del poder ejecutivo.
El ordenamiento ordinario es para ejecutar la Constitución y para regular la conducta administrativa, además alguno de los elementos materiales del acto que son los que determinan la satisfacción del interés público.
LEGALIDAD Y ACTO DE GOBIERNO
Acto de gobierno sometido a la Constitución y no a la ley.
Es acto de gobierno el que tiende a conservar la existencia del Estado y de sus elementos o bien el que tiene por meta mantener su funcionamiento al mas alto nivel institucional.
El principio de legalidad rige también el acto de gobierno entendiéndose que en este caso la finalidad del acto no tiene que estar determinada siempre que no este prohibida por el ordenamiento (prohibicion expresa, invasión de competencias extrañas).
Legalidad y urgencia administrativa
Urgencia: circunstancia excepcional que hace imposible la satisfacción de los intereses públicos a través del ordenamiento jurídico existente.
Es esencial al acto de urgencia ser derogatorio del orden, estar adaptado a una especifica necesidad publica, dentro de una circunstancia anormal.
Su finalidad tiene que estar siempre determinada.
El acto de urgencia como el de gobierno tiene rango de ley, puede derogarla para el caso concreto o en forma general.
El acto de urgencia puede estar contemplado o no en el ordenamiento (en este último caso significa una quiebra del principio de legalidad
Alcanza rango constitucional (de ley), cuando lo autoriza la constitución y de acto administrativo cuando lo regula la ley.
Su existencia y obligatoriedad radica en un principio general del Derecho administrativo y publico.
La necesidad es fuente de derecho porque es la raíz misma del ordenamiento como un todo
Algunos autores rechazan el acto de urgencia no previsto y la necesidad como fuente de derecho por respeto al principio de legalidad que queda vulnerado gravemente.
Legalidad y discrecionalidad
La discrecionalidad libertad de funcionario otorgada por el ordenamiento para escoger entre varias interpretaciones de la norma y entre varias conductas, dentro de una circunstancia. (exenciones a industriales, ampliación de vías por ejemplo).
Reglas de oportunidad o de buena administración, orientan al funcionario en su elección.
Estas reglas no son legales, su violación no origina invalidez del acto aunque este debe tener un mínimo de oportunidad para ser valido.
Estas reglas determinan el grado medio o máximo de satisfacción del interés público y el ordenamiento el grado mínimo.
Elementos discrecionales: El sujeto y el fin el acto(normalmente determinados por norma escrita o por jurisprudencia) deben estar determinados de manera especifica sea cual sea la circunstancia en que se realiza el acto.
La forma y el procedimiento (modo de manifestación y preparación del acto),su función esta en hacer posible el acto en cualesquiera circunstancias que puedan servirle de motivo.
Estos elementos también deben estar regulados de antemano y normalmente lo están.
A veces para permitirle rapidez en la acción al funcionario se prescinde de la regulación de los requisitos formales (hay discrecionalidad en su determinación)
El motivo o el contenido del acto (elementos normalmente discrecionales). Permiten la adaptación del acto a la realidad cambiante para lograr el fin perseguido.
El principio de legalidad exige la regulación de al menos uno de estos dos elementos aunque sea con conceptos vagos e imprecisos.
Su total indeterminación dejara desamparado al administrado frente a la administración con grave riesgo para sus derechos.
Cuando el motivo esta previsto y no el contenido es un caso de urgencia.
La indeterminación del contenido es poco frecuente, lo normal es que este determinado el contenido y no el motivo o ambos a la vez pero en forma imprecisa.
Signos reveladores de la discrecionalidad
La ley otorga un derecho a la Administración y deja ver que no es de ejercicio obligatorio. Ej: se faculta al licitador a declarar desierto el concurso si ninguna oferta le conviene al Estado.
Cuando se fijan varias alternativas y el funcionario puede escoger libremente. Ej. El estado da la posibilidad de imponer diversas sanciones disciplinarias sin puntualizar las faltas correlativas.
Cuando se confiere una potestad para graduar en cantidad, espacio o tiempo los efectos de un acto administrativo.Ej. La ley de aguas confiere la potestad para constituir una servidumbre forzosa de acueducto en forma perpetua o temporal (art 108) o cuando el Estatuto antes dicho faculta para nombrar empleados interinos hasta por 6 meses, el jerarca puede fijar el lapso exacto del empleo.
Cuando se usan conceptos indeterminados en la definicion de motivo, contenido, forma o procedimiento del acto administrativo. (caso mas importante y frecuente de la discrecionalidad). Ej. Justo precio (expropiaciones), terreno abandonado, etc.
Discrecionalidad y experiencia común Cuando la ley usa conceptos de sentido
preciso dentro de la experiencia comun no hay discrecionalidad para determinar su significado. Ej. Los expendios de licores deben cerrar a las 12 de la noche.
Discrecionalidad técnica La norma emplea conceptos cuyo
significado solo lo puede determinar el perito o experto en este caso tampoco existe discrecionalidad ya que siempre que la materia a decir este regida por la ciencia exacta o por las reglas de un arte determinado. La exactitud de la regla técnica y la naturaleza causal de los objetos a que se aplica, equivalen a una regulacion legal minuciosa del caso administrativo, incompatible con la discrecionalidad.
Discrecionalidad y técnica jurídica Puede afirmarse que hay total
incompatibilidad entre discrecionalidad y técnica jurídica de interpretación de la norma.
La interpretación de los conceptos jurídicos definidos no deja margen alguno de elección.
Discrecionalidad y valoración Hay discrecionalidad siempre que la ley
emplea conceptos indeterminados alusivos a un valor, ello equivale a una remisión al criterio y la voluntad del funcionario para determinar el concepto y la realización del valor mentado.
Limites de la discrecionalidad Limites externos: emanan de las normas
escritas del ordenamiento. El principio de legalidad Los derechos públicos y privados del individuo Limites internos: provienen de principios
generales no escritos Abandono de la discrecionalidad. Cuando el
funcionario actúa en falsa creencia de que está obligado a hacerlo en un determinado sentido aunque tenga potestad para actuar también en otro, el acto que realiza es viciado.
Limites de la discrecionalidad Discrecionalidad y Principios Generales del
Derecho. El acto discrecional debe reunir un mínimo de racionalidad de justicia y de oportunidad. El que no tenga siquiera ese mínimo es necesariamente irregular y viciado.
Discrecionalidad y desviación del poder. Artículo 1.3 de la LRJCA “Constituirá desviación del poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por ley.”
Control de la discrecionalidad La discrecionalidad no es arbitrariedad.
Los límites de la discrecionalidad son las vallas con las que topa el ejercicio de esta, en bien de la justicia, de la lógica y de la buena administración. El control de la discrecionalidad es la verificación del respeto de esos límites, por otro órgano administrativo o por el juez.
El control de la discrecionalidad en Costa RicaCuatro sistemas son posibles en relación con el acto discrecional para su impugnación contenciosa:El acto no puede someterse a la jurisdicción si tiene aunque sea un elemento discrecional.El acto es impugnable, únicamente en sus aspectos reglados si el aspecto impugnado es el reglado y no el discrecional.El acto es impugnable tanto en sus aspectos reglados como en los aspectos discrecionales. En cuanto discrecionalidad es una libertad limitada, limites cuya violación acarrea la invalidez del acto.
El acto es impugnable en cuanto maneja criterios de oportunidad en ejercicio de la discrecionalidad y ya no solo en cuanto viola los limites de ésta.
Derecho público y derecho Administrativo Derecho público: regula la actividad del
estado mediante el conferimiento de privilegios especiales, principalmente de mando, o la imposición de sujeciones también especiales, en protección directa del interés publico y eventualmente del interés particular.
Derecho administrativo: Parte del derecho publico que regula en forma especial la actividad del Poder Ejecutivo y la interna de los otros dos Poderes concebidos como empresas.
