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Hacia la equidad de género

Integra con entusiasmo a comunitarios

Seis años de transparencia

promeSe/cal

procomunIdad

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CÓMO SE HIZO

La ley 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo en los municipios, es una muestra más de la revolución democrática que protagoniza el pueblo domini-cano de cara a una sociedad más consciente de sí misma, más crítica y exigente dentro de un Estado de derecho.

La referida ley es un instrumento de transparencia que se suma a la gama de normativas anticorrupción del ac-tual sistema de administración pública, válido desde el seno de las instituciones centralizadas y descentraliza-das. De esta manera la legislación se convierte en una herramienta idónea para la aplicación de serias políti-cas sociales, en consonancia con la equidad, la justicia y el bienestar.

Procomunidad, es una de las entidades que en esta edición especial denominada Clic Política Social II, puede dar fiel testimonio de esta experiencia y contar-nos sus vivencias, las buenas y promisorias prácticas que procura impregnar en sus programas y proyectos comunitarios con la participación activa de la gente y los ayuntamientos.

Son los propios munícipes quienes desde esta perspec-tiva y visión, establecen sus prioridades y la jerarquiza-ción de sus servicios, obras e infraestructuras. Las con-sultas y los procesos deliberativos entre la población y el poder municipal, ponen de manifiesto el verdadero clamor de los que sufren las más disímiles calamidades y carencias.

El presupuesto participativo no es más que un proyecto democrático, concebido con gran valor y sensibilidad humana, el cual garantiza la inversión y la transparencia pública mediante la creación de un sistema de monito-reo sobre el gasto municipal, con la participación activa de sus compueblanos.

Una muestra más que apunta hacia esta dirección, lo es la juventud dominicana que tiene puertas abiertas en las alcaldías, para formar parte de loables procesos consultivos para la búsqueda de soluciones y el bien común en sus localidades.

Pero este ejemplar no se queda en simples y meras abs-tracciones, pues presentamos Cuentas Claras de la mano de Promese/Cal, modelo de calidad, pulcritud y transparencia en los servicios públicos, por el cuidado, adecuado manejo y abastecimiento de medicamentos. Esto no lo decimos nosotros; sus licitaciones, cifras y concursos, así lo demuestran.

En ese tenor, apuntaremos además, hacia los propósi-tos fundamentales que encaminan instancias como el Consejo Nacional de Ayuda al Envejeciente y el Ministe-rio de la Mujer para aportar en la reducción de la pobre-za extrema, a partir de una racional inversión social. Co-noceremos además el programa de Auxilios y Viviendas que ofrece INAVI y la garantía de protección social para discapacitados, niños, niñas y adolescentes, de la mano del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), valorándose su oportunidad de crecimiento y desarrollo.

En esta entrega, tenga usted la certeza de que aquellas evidencias que probablemente no serán tan necesarias de aludir como común denominador en la construcción de un buen gobierno, si estarán claramente visibles y contundentes como legado histórico, garantía institu-cional y rendición de cuentas.

Estas no son pretensiones ni apreciaciones que se alejan de la realidad, procurándose investir de ciencia ficción, lo que no se ha hecho. Síganos sin detenerse, conozca de manera precisa las verdaderas bondades del emprendurismo hecho nación; sin exclusión, sin dis-criminación o subestimación.

Sea usted mismo quien pondere y argumente su conclusión.

staffeditorialdirección Generalrafael núñez, Secretario de estado. director de Información, prensa y publicidad de la presidencia coordinador General de los Gabinetes de comunicación Gubernamentaldirección editorialHelen Hasbún producción de contenidosGabinete de comunicación, Sector política Social corrección de estiloÁngela de león

coordinaciónadelaida martínezFotografíaricardo Santos, Francisco cruz diseño y diagramacióneraS advertising agencyImpresiónImagraf contactorevistaclicinstitucional@gmail.com

clic Institucionalrevista oficial de los Gabinetes de comunicación Gubernamental. © Todos los derechos reservados. edición no. 6. Junio de 2011Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización.

En esta entrega, tenga usted la certeza de que aquellas evidencias que probablemente no serán tan necesarias de aludir como común denominador en la construcción de un buen gobierno, si estarán claramente visibles y contundentes como legado histórico, garantía institu-cional y rendición de cuentas.

Helen HasbúnDirectora Editorial

El reloj marcaba las 10:00 de la mañana de aquel día de sol ardiente. El buen humor frotaba por sus mejillas sonrojadas de tanto sonreír. Ellas estaban con su co-quetería andante y ellos listos para la acción, las des-pabilaron. -¡Vengan, vengan, no se maquillen tanto!, exclamaron algunos varones, cuando incitaban a las mujeres a tomar la posición correcta para la fotografía que captaría el lente sagaz de Ricardo Santos.

Una señal descrita con sus manos derechas y dedos, indicaban un mensaje denotativo alegórico a lo “co-rrecto”, “lo hicimos bien”, “aprobado”. Lucían relaja-dos vestidos de jeans y camisas blancas, aun sin dejar de lado la seriedad y la responsabilidad que encara el trabajo que realizan para saber comunicar con sentido de vocación y sensibilidad humana.

El Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, sir-vió de punto referencia para el grupo II del Gabinete de Política Social, ya un primer grupo había tomado el mismo escenario como piedra angular de sus pro-puestas visuales en común acuerdo. Ahora el reto es-taba en garantizar la coherencia y continuidad de sus iniciativas sectoriales. El centro de salud mostraba en la sala de espera, como de costumbre, sus pacientes. Muchos miraban y se susurraban al oído, se notaban inquietos, curioseaban como si quisieran saber lo que allí sucedería.

Los comunicadores comprometidos con esta misión apostaron a la espontaneidad y al entusiasmo, y no perdieron tiempo en abrirse paso ante las exigencias

de la producción fotográfica. El carisma se convirtió en su aliado incondicional.

La revista Clic Política Social I cumplió su cometido. Esta entrega (Clic Política Social II) abarcaría todos aquellos aspectos de género, mujer, niñez, juventud, subsidios para envejecientes, entre otros; contenidos conjugados con la firmeza de sus redactores. He aquí una muestra de sus principales representantes, según institución y públicos metas.

En este encuentro se dieron cita en un segundo grupo, Luis Cárdenas y Lissette Lantigua, ambos del Hospital Doctor Ney Arias Lora; Jorge Luis Ovalles, encargado de la División de Publicidad Administradora de Ries-gos Laborales (ARL); Lourdes A. Rodríguez, del Con-sejo Nacional de la Niñez (CONANI); José Luis Díaz, de Relaciones Públicas de la Administradora de Ries-gos Laborales(ARL); Ada Guzmán, del Hospital Doc-tor Ney Arias Lora; Fernando Neris, de Salud Pública; Emilia Santos Frías y Ramón Paulino, de DIDA; y Al-berto Quezada, de Salud Pública, todos coherentes y dispuestos para dejar fotografiar el momento y que el mismo quedara para la posteridad.

Así terminó, como comenzó, entre risas, aquella reu-nión que sirvió para coordinar varias poses entre in-tercambio de ideas entre los comunicadores respon-sables de instituciones que forman parte del amplio grupo del Sector Política Social, uno de los ejes funda-mentales del gobierno, ya que agrupa las ejecutorias a favor de los más desposeídos.

Gabinete decomunicación Sector política Social

Forman parte de este Gabinete y del reporte gráfico actual, de izquierda a derecha, luis cárdenas y

lissette lantigua, ambos del Hospital doctor ney arias lora; Jorge luis ovalles, encargado de la

división de publicidad administradora de riesgos laborales (arl); lourdes a. rodríguez, del consejo

nacional de la niñez (conanI); José luis díaz, de relaciones públicas de la administradora de riesgos

laborales(arl); ada Guzmán, del Hospital doctor ney arias lora; Fernando neris, de Salud pública; emilia Santos Frías y ramón paulino, de dIda; y

alberto Quezada, de Salud pública.

presupuesto participativo, democracia y transparencia

por Helen Hasbún

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El 13 de julio de 2011 el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI), cumplió cincuenta años de haber sido fundado. Esta entidad fue creada mediante la Ley No. 5574, con la finalidad de prestar toda clase de auxilios a personas y familias de modestos recursos económicos, procu-rándose garantizar a la población desposeída, un techo propio y mejor calidad de vida.

Hoy día, en la institución prevalece la misión para la cual fue creada. Así lo expone el equipo de trabajo que ga-rantiza una mejoría en las vidas de aquellos que necesi-tan el auxilio del Estado y sus instituciones.

Como parte de las ejecutorias que ha realizado la en-tidad, figuran la remodelación de la estructura física, tanto de la sede central como de las capillas, el inicio de nuevas obras y la terminación de otras que estaban paralizadas.

En estas reparaciones fueron incluidos los departamen-tos de Informática, Protocolo, Auditoría, Nómina, Finan-ciero, Jurídica, Recursos Humanos, Sala de Espera, el antedespacho, área de Tesorería, el salón de reuniones, la entrada principal y los jardines. Además, el módulo de Salud, Suministro, Punto de Ventas y transportación, último que fue dotado de nueva flotilla de vehículos y se fijó el servicio de transporte para empleados, estable-ciéndose dos rutas.

INAVI construyó una nueva capilla en el barrio Pekín de Santiago, con la cooperación del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas del Estado (FONPER) y se reiniciaron los trabajos de construcción del recinto fu-nerario de La Romana, para su posterior inauguración.

Fueron reparadas además las instalaciones de las fune-rarias de Santiago Norte, la del Distrito Nacional, ubica-da en la avenida Pasteur; y la de San Cristóbal, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

En sólo tres años, han sido atendidas 36 mil 636 per-sonas en operativos médicos y 14 mil 664 en jornadas odontológicas, estas últimas se desarrollan mediante un programa denominado “Sonrisa Feliz”, que se eje-

cuta a través de un acuerdo con el Despacho de la Primera Dama.

También se realizaron varias campañas de fumigación contra el dengue en diversos sectores de la capital y en las provincias. Se entregaron materiales de cons-trucción, canastillas a mujeres embarazadas, computa-doras, máquina de coser, cientos de útiles escolares, electrodomésticos, sumándose además, la ayuda a en-fermos y envejecientes.

Solo 14 instituciones estaban afiliadas al Seguro Fune-rario, hoy se cuenta 65 entidades afiliadas y 15 mil 630 empleados inscritos, que cubre además del afiliado, a sus dependientes directos.

Por concepto de cesantía han sido desembolsados 3 millones 15 mil 368 pesos; invalidez, 14 millones 855 mil 240; seguro de vida, 2 millones 391 mil 973; reembolsos funerarios, 3 millones 540 mil 774; y de prestaciones la-borales 10 millones 2 mil 638 pesos.

Se reinició la construcción del proyecto Villas Palmare-jo-INAVI, en la provincia de Azua, para los damnificados del ciclón George, el cual estuvo paralizado y fue termi-nado el año pasado a un costo de 74 millones 321 mil 527 pesos.

También, los empleados de esta entidad fueron integra-dos al Servicio Civil y Carrera Administrativa, dándose cumplimiento a la Ley 1491.

INAVI demuestra con sus ejecutorias, preocupación por contar con un equipo capacitado, dispuesto a contribuir con las comunidades y sectores sociales pobres del país. A través de sus operativos médicos, programas de vivienda, construcción de parques y parroquias, así como de otros servicios, hacen posible que las familias de modestos recursos reciban un alivio más.

como de otros servicios, hacen posible que las familias de modestos recursos reciban un alivio más.

INSTITUCIONALIDADpor ramona Jiménez

El Instituto de Auxilios y Viviendas, demuestra que a través de sus ejecutorias, se preocupa por contribuir con las comunidades y sectores sociales pobres del país. A través de sus operativos médicos, programas de vivienda, construcción de parques y parroquias, así como de otros servicios; ciudadanos de escasos recursos reciben un alivio.

ASI SE HACEpor rosa H. peña y eddily camilo Terrero

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) en República Dominicana, tiene como objetivo que las personas con discapacidad, no sólo se integren a una sociedad productiva, sino que con ello, se contribuya a hacerles sentir entes útiles, capaces de aportar con su esfuerzo y el apoyo del Estado, al fortalecimiento y consolidación de las políticas de integración, con la meta en común de beneficiarlos, y brindarles una oportunidad de crecer y desarrollarse.

El CONADIS en su rol de organismo rector en materia de discapacidad, promueve la igualdad de derechos y equiparación de oportunidades, eliminándose de este modo, barreras para la inclusión social de las personas con discapacidad.

Programa de Microemprendimiento La decisión del actual gobierno de promover la inclu-sión social de las personas con discapacidad y sus familiares, es un reto que viene enfrentándose a partir de la coordinación de acciones entre el Consejo Na-cional de Discapacidad (CONADIS) y otras entidades, tanto del sector gubernamental como por entidades con similares objetivos.

A través de un novedoso programa el CONADIS jun-to al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME)

buscan mejorar la calidad de vida de este segmento de la población.

Se trata del otorgamiento de micro créditos a perso-nas con discapacidad de todo el país, a los fines de que puedan incorporarse al mercado de trabajo pro-ductivo, sea a través de un empleo digno o con la promoción del auto empleo.

Aunque algunas personas con discapacidad llegan a vencer las múltiples barreras sociales, siempre se hace necesario impulsar nuevas alternativas que puedan potenciar sus capacidades. El trabajo es una de esas fuentes de integración social que promueve la dignidad humana, con una dimensión que va más allá de lo per-sonal, para vincularse al desarrollo social en general.

Desde el inicio de este programa, en marzo del 2010 hasta la fecha, se han aprobado 70 préstamos por un monto general de RD$1,640,876.53 (un millón seis-cientos cuarenta mil ochocientos setenta y seis con 53/100), con lo cual se proponen negocios dirigidos a la compra y venta de prendas de vestir y accesorios; venta y compra de gomas, instalación y ampliación de colmados, fábricas de trapeadores, pequeños quioscos, centro de informática; producción de pro-ductos químicos, entre otros.

Para lo que resta del año 2011 se tiene como proyec-ción entregar unos RD$3,000,000.00 (tres millones con 00/100).

A continuación algunos de los beneficios otorgados a personas con discapacidad

• Concesión de préstamo sin un garante solidario, al canalizarse vía el CONADIS si el préstamo no exce-de de los RD$50,000.00.

• Reducción del tiempo de espera y respuesta de los resultados del análisis de crédito.

• Tasa fija de interés de 1% mensual.

• Plazo de 3 meses de gracia para iniciar el pago del monto desembolsado.

• Montos de RD$5,000.00 para personas de muy baja solvencia, sin contemplar el cobro de interés.

• Orientación y capacitación continua por parte de CONADIS y PROMIPYME.

• Monitoreo y evaluación.

Con programas como éstos, CONADIS propicia una vida digna a personas que merecen la oportunidad de incorporarse a la vida productiva, sintiéndose útiles para la sociedad y destacándose a través de lo que hacen, gracias a políticas y proyectos ejecutados por esta entidad.

InaVIcon programas que hacen sonreír a familias de modestos recursos

conadISapoyando las capacidades de las personas con discapacidad

Aunque algunas personas con discapacidad llegan a vencer las múltiples barreras sociales, siempre se hace necesario impulsar nuevas alternativas que puedan potenciar sus capacidades. El trabajo es una de esas fuentes de integración social que promueve la dignidad humana, con una dimen-sión que va más allá de lo personal, vinculándose al desarrollo social en general.

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DE ACTUALIDAD

Hoy sabemos que las desigualdades y no solo el ingreso, definen la condición de pobreza de familias y comunida-des. Esta ha sido una tesis defendida, por ejemplo, por la CEPAL en los últimos años. La pobreza es algo más com-plejo, estructural, que arrastra oportunidades y capacida-des en el disfrute de derechos básicos; a múltiples formas de exclusión de los procesos de decisión, que colocan a una población en condiciones de subordinación social.

La miseria en cambio es la carencia absoluta de estas ca-pacidades y oportunidades, entre la pobreza y ésta hay muchas semejanzas, las diferencias son muchas más que meramente cuantitativas, así como de grado.

Pero la miseria es eliminable, y la condición de una pobla-ción o comunidad pobre, puede ser considerablemente reducida en plazos relativamente cortos, siempre que se produzca la acción combinada del Estado y la Sociedad, y que las Políticas Públicas asuman un enfoque de dere-chos, un carácter integral que afecte los nudos estructu-rales que mantienen anclada esta importante proporción de un segmento poblacional.

Un esfuerzo de este tipo en nuestro país debería consi-derar por lo menos los siguientes 5 ejes: 1.Una intensa generación de puestos de trabajo dignos, tanto por es-tímulos a la pequeña y mediana empresa, como por el fortalecimiento de la economía solidaria. 2. La garantía de servicios básicos universales de educación y de sa-lud, con calidad, así con la accesibilidad suficiente para reducir las desigualdades y brechas. 3. Efectivo esfuer-zo por la dignificación de las viviendas, asentamientos humanos, y de la calidad de la vida, prioritariamente en las grandes urbes. 4. La defensa del poder adquisitivo de las familias empobrecidas, incluyéndose las de cla-ses medias, mediante la estabilidad macroeconómica, con garantía de producción y distribución justa de ali-mentos, así como productos de consumo básico, pre-dominantemente nacionales. Programas focalizados de transferencias directamente dirigidas a las familias, junto a comunidades en condiciones miserables, de carácter predominantemente asistencial y remedial.

Priorizar a los más empobrecidos, no es lo mismo que focalizar intervenciones sociales minimalistas en los más pobres, aunque ambos abordajes pueden y deben ser complementarios. Las políticas sociales buscan construir

ciudadanía y por lo tanto, se fundamentan en la noción de derechos que por definición son universales, aunque se pueda priorizar, o enfatizar en los más postergados para reducir desigualdades.

La focalización en cambio, se concentra en determinadas familias y comunidades, cuyas capacidades y oportunida-des sociales son extremadamente reducidas, los misera-bles, asumiéndose que su situación es temporal. La idea es contribuir a crear condiciones para que puedan incor-porarse a los esfuerzos más amplios y permanentes de la sociedad y el Estado, para elevar la calidad de vida de la ciudadanía. De poco sirve un amplio programa focalizado de transferencia de recursos, si no se generan puestos de trabajo dignos, o si el sistema educativo reproduce las desigualdades sociales, por el acceso y la calidad de su desempeño, o si el sistema de salud no es capaz de ce-rrar las brechas de acceso y de calidad, o si cobra por sus servicios de tal forma, que afecta el presupuesto familiar.

La estabilidad macroeconómica es clave. La inflación es capaz de devorar en meses los limitados avances logrados en años. Por ejemplo, en unos 50 años de crecimiento del PIB nuestra economía redujo alrededor del 1 al 2% de la población en pobreza, hasta el 2002. En poco menos de dos años, como consecuencia de la nefasta crisis bancaria 2003-2004, y su inadecuado manejo por el gobierno de tur-no, descargó tal castigo sobre la población que, aumentó en 1.5 millones el número de pobres, y la miseria se duplicó.

Podemos eliminar la miseria con un serio esfuerzo concer-tado y un programa integral que atienda coordinadamente los aspectos señalados. Algunos países latinoamericanos han obtenido avances muy significativos en esta dirección.

Para lograrlo necesitamos redefinir nuestro modelo de de-sarrollo y sus prioridades, poner a la gente en el centro del interés, realizándose una gestión pública proba y compro-metida, con entusiasmo por los cambios.

Esto solo será posible, si logramos construir una amplia concertación alrededor de un programa viable, creíble, de cambios que conciten el interés y apoyo de las grandes mayorías nacionales, movilizándose las mejores capaci-dades profesionales y técnicas del país, al mismo tiempo fortaleciéndose los movimientos sociales, la participación social protagónica, enrumbada hacia la corresponsabili-dad y la cogestión de lo público.

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por pedro castellanos

podemos eliminar la miseria y reducir las desigualdades

El autor es médico, salubris-ta, epidemiólogo, especia-lista en gerencia pública y políticas sociales. Miembro de IDESARROLLO y la Co-misión de Salud y Seguridad Social de Foro Ciudadano.

TRANSFORMACIÓN

Avanzar hacia la transformación de una sociedad libre de violencia, con igualdad de oportunidades para hom-bres y mujeres, requiere de la intervención de todos los actores de la sociedad: Estado, iglesias, Organismos No Gubernamentales (ONG) e internacionales.

El actual gobierno dio un paso importante al promul-gar el 26 de enero del 2010 la nueva Constitución de la República, la cual contempla una serie de artículos que reconocen la igualdad entre los géneros.

El Ministerio de la Mujer, como órgano del Estado domi-nicano responsable de definir y liderar la ejecución de las políticas públicas, planes y programas a nivel sec-torial, interministerial y con la sociedad civil, dirigidos a lograr la igualdad y la equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, ejecuta una serie de proyectos dirigidos a lograr una sociedad cada vez más justa, humana y solidaria.

Una lucha constante contra la violencia intrafamiliar y de géneroMaría, una joven mujer con discapacidad auditiva y limi-taciones del habla, madre de tres hijos y embarazada, vivía junto a Pepe, su marido, en una casa prestada en un sector de clase media. Este podría ser el inicio de un cuento rosa, pero no es así. María sufría constante-mente los abusos físicos, sexuales, económicos y sico-lógicos de su compañero.

Sus hijos en edad escolar, no asistían a la escuela y dada la condición de su madre y la poca comunicación con su violento padre, apenas pronunciaban con dificul-tad pocas palabras: agua, comida, leche, entre otras.

María y sus hijos dormían en el suelo y la casa prestada, lucía en abandono total, carecía de agua y luz, más que un hogar, era una prisión para ella y sus vástagos.

Gracias a la denuncia de los vecinos, un equipo del Mi-nisterio de la Mujer y de la Fiscalía en Santiago, logró el rescate de María y su situación cambió.

Ella junto a sus hijos, fueron llevados a una Casa de Acogida o Refugio del Ministerio de la Mujer, donde es-tuvo durante tres meses hasta que nació su cuarto hijo; el esposo nunca fue sometido a prisión y sólo se emitió una orden de protección para la usuaria. Está mejor hoy y vive con familiares que la quieren y la protegen.

Como María, cientos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, han recibido los servicios del Ministerio de la Mujer, organismo que en coordinación con la Procuraduría General de la República , impulsa la aplicación del Modelo Nacional de Prevención de Aten-ción Integral a la Violencia, a través de 14 Unidades de Atención, 15 Fiscalías Barriales en el Distrito Nacional que incorporan Unidades de Atención a las Víctimas de Violencia; un Centro de Recuperación para Sobrevivien-tes de Violencia; dos Refugios o Casas de Acogida para las mujeres y sus hijos en peligro; y los Programas de Terapia para Agresores.

Las Casas de Acogida o Refugios tienen como objeti-vo principal proteger a las damas y a sus hijas e hijos menores de 14 años de la muerte violenta, de agresión física, psicológica o sexual, al momento que las autori-dades competentes identifican el nivel de riesgo y de-mandan su protección, ofreciéndoles además, apoyo social, psicológico, legal y de salud.

El gobierno dominicano a través del Minis-terio de la Mujer, ha destinado alrededor de RD$1,200.000.000.00 en proyectos para el desarrollo integral de las mujeres, entre los que se citan pro-gramas que integran el combate y prevención a la violencia de género. También vía el CONAPE se ha beneficiado a más de 100 mil envejecientes con proyec-tos que los favorecen en el sector salud, económico y de protección, con una inversión que sobrepasa los 422 millones de pesos.

por alexandra maldonado y niceny Valdéz

mujeres y envejecientes en república dominicana

Hacia la equidad de género

proyectos que favorezcan a personas de avanzada edad

TRANSFORMACIÓN

En la actualidad existen dos refugios en el territorio na-cional, uno de emergencia, con estadía limitada a 24 ho-ras, prorrogable a una semana, y una Casa Modelo, con estancia de un mes, aplazable a tres meses, con cabida para doce mujeres y menores a cargo.

Para su buen funcionamiento, el gobierno destina un 1% (alrededor de dos millones de pesos al año) de las recau-daciones por concepto de la ley de Porte y Tenencia de Armas de Fuego; un 1% de las multas pagadas por vio-lación a la ley 24-97; y una asignación del Presupuesto.

Muchas mujeres han salvado sus vidas al solicitar refugio en estos albergues, los cuales constituyen un remanso de paz luego de la tormenta, fruto del trabajo de un equi-po calificado, tal como señala la reconocida consultora Susi Pola.

“Visitamos la Casa Modelo y debo compartir con ustedes la grata experiencia, por el excelente trabajo coordinado desde el Ministerio de la Mujer , organismo encargado, con la dirección de una psicóloga experta y acreditada en violencia contra las mujeres, una administración pre-parada y un equipo conformado de psicólogas para las usuarias y los/as menores, trabajadora social, enferme-ras, policías, militares, choferes y personal de apoyo, entre otras personas, todas preparadas para entender la complejidad de la violencia”, comparte a modo de testi-monio la experta.

Cuando una víctima solicita el auxilio, no importa la dis-tancia, un equipo se traslada hasta el lugar donde esté ubicada y de manera segura y confidencial la víctima es llevada a una Casa de Acogida.

En el 2011, 65 mujeres con sus hijos (63 niños y niñas) han sido ingresados en las Casas de Acogida proceden-tes de provincias tan distantes como Dajabón, Azua, Ba-rahona y San Juan; así como de La Vega, Santiago, San Pedro, Mao, Distrito Nacional, Bonao, Salcedo, Moca, Puerto Plata, entre otras.

Se cuentan también 54 oficinas provinciales y municipa-les de la Mujer que brindan apoyo a las víctimas de vio-lencia y facilitan orientación e información para prevenir y combatir la Trata y Tráfico de Personas.

Una legislación a beneficio de los envejecientes Partiendo de que habría que construir una nueva insti-tución, cuyo objetivo estuviera más focalizado, por me-dio de la Ley 352-98 se crea el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (CONAPE) y se ordena la reali-zación de consultas regionales y municipales, para re-troalimentar los componentes salud, educación, ingreso, ambiente familiar y calidad de vida de las personas de muy avanzada edad, a los fines de trazar las políticas, planes y programas específicos, para la atención de la población mayor de 65 años.

Como consecuencia de estas consultas, que se produjo entre los actores, familiares, agrupaciones públicas, pri-vadas y puntualmente entidades de la sociedad civil que trabajan directamente con la población, se creó el Plan Estratégico del CONAPE, el cual define los proyectos, programas de protección y desarrollo integral del adulto mayor. Figura aquí, el programa Mano Amiga del Presi-dente, Programa PROVEE, Identificación por Diagnóstico y Supervisión y Evaluación de Hogares de Larga Estadía.

La implementación del programa “Mano Amiga del Pre-sidente”, ha permitido beneficiar a unos 48 mil 015 en-vejecientes en extrema pobreza, para una inversión de RD$50 millones 415 mil 750 pesos por año.

En el caso del “Programa Provee”, se realizan transferen-cias de fondos de los subsidios asignados por el gobier-no, a través de la Tarjeta Solidaridad, hasta lograr con los diferentes componentes la Pensión Solidaria Subsidiada.

En la presente gestión de gobierno, el Programa Provee (Programa de Protección al Envejeciente en Extrema Po-breza), que en sus inicios favoreció con ayudas a 3 mil 142 adultos de muy avanzada edad, fue aumentado a 75 mil beneficiaros con un valor RD$360,000,000 por trans-ferencias anuales.

En lo que concierne al programa de Supervisión y Eva-luación de Hogares de Larga Estadía, CONAPE ha incor-porado a su red de prestadoras de servicios a 82 Organi-zaciones No Gubernamentales (asilos, parroquias, etc.) que suministran alimentos, ropas, medicamentos y otras ayudas a los envejecientes.

Por medio del Programa Identificación por Diagnóstico, se prescribe al envejeciente que está en proceso de in-corporación a las ayudas económicas y sociales que ejecuta el CONAPE. La entidad ha logrado afiliar a 254 mil adultos mayores al Seguro Nacional de Salud (SE-NASA). Asimismo, ha reubicado a 2 mil 300 personas de avanzada edad que deambulaban por las calles, con una inversión de RD$12, 338,453.23.

En asistencia legal, se han resuelto 4 mil 472 casos de maltrato a igual número de adultos mayores a nivel na-cional, quienes, generalmente, son maltratados por los familiares. Entre los casos más frecuentes de maltrato se cita la violación al derecho de propiedad, donde los familiares cercanos quieren despojar de sus viviendas a los envejecientes, abandono, falta de pago por inquilinos en propiedades de adultos mayores, maltrato físico y sicológico.

Mediante acuerdo con la fiscalía, automáticamente se re-cibe una denuncia, un equipo técnico de la institución, conformado por dos abogados, un psicólogo y la fiscal

adjunta, se trasladan al lugar para asistir gratuitamente al ciudadano mayor.

De las denuncias recibidas, en más de 30 casos, los agresores han sido apresados, otros han sido concilia-dos y enviados a terapia familiar y en otros casos, se han emitido órdenes de alejamiento o medida de coerción, ya que los ciudadanos mayores tienen el derecho legí-timo de mantener sus bienes hasta tanto ellos decidan qué hacer, por lo que la institución mantiene supervisión periódica a los abuelos y abuelas víctimas de violencia para garantizar su derecho.

Desarrollo humano y colaboración En este renglón se han realizado campaña por los Dere-chos del Envejeciente, como la titulada “Abuelo, Abuela, Conoce tus Derechos”, la misma ha tenido una efectividad que ha permitido afianzar la cultura de la participación e inclusión social de las personas mayores en las políticas públicas y todos los espacios de la vida nacional.

Asimismo, a través del programa de Taichí, 3,472 adul-tos mayores han recibido instrucciones a través de las ONG´s acreditadas al CONAPE. Más de 1,700 ciudada-nos mayores visitan lugares recreativos y culturales a tra-vés del Tour de Envejecientes, entre los cuales figuran el Palacio Presidencial, Jardín Botánico, parque Los Tres Ojos, parques Mirador Sur y Mirador Norte; Acuario Na-cional, entre otros.

Al desarrollo de una mejor vida para los envejecientes, se suma El Fondo de Población de las Naciones Unidas, que ha patrocinado varias iniciativas en el orden de for-talecimiento institucional, aumento de la capacidad de la plataforma tecnológica, apoyo en talleres y conferencias de promoción de los derechos de la persona de edad,

así como el apoyo financiero para la asistencia a eventos internacionales.

Abuelos y abuelas, así como también cualquier ciudada-no que desee tener información sobre la vida del enve-jeciente y los programas que ejecuta el CONAPE, puede hacerlo a través de la sección CONAPE Informa en el programa ABUELOS 911-EMERGENCIA DE AMOR, y el portal http://www.conape.gob.do.

Inversión en sectores Mujer y EnvejecientesLas inversiones en los sectores Mujer y Envejecientes han sido diversas, la finalidad, es dotar a estas entida-des, de recursos considerables que les permitan ela-borar políticas y proyectos que favorezcan y protejan a mujeres y personas de avanzada edad por su condición de vulnerabilidad.

El gobierno dominicano, ha destinado a través del Minis-terio de la Mujer, RD$1,200.000.000.00 en proyectos para el desarrollo integral de las mujeres, entre los que se ci-tan programas que integran el combate y prevención a la violencia de género.

En tanto que vía el CONAPE, se ha beneficiado a más de 100 mil personas de avanzada edad con proyectos que los favorecen en el sector salud, económico y de protec-ción, con una inversión que sobrepasa los 422 millones de pesos.

A ello se suman las partidas donadas por organismos internacionales, tales como la Agencia Española de Coo-peración Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Corea (KOICA), y el Gobierno de Taiwán.

Las políticas implementadas y los programas que pro-mueven y orientan a preservar estos sectores, tienen como objetivo, no sólo ayudar y garantizar protección y seguridad a estos dos segmentos de la población, sino llevar una concientización ciudadana al respecto, y que usted que ahora lee este reportaje, colabore y sea parte de las políticas que buscan dar pasos significativos hacia la equidad de género.

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En esta edición de Política Social II, usted podrá incur-sionar en la labor y esencia de PROCOMUNIDAD, a tra-vés de la entrevista que ofrece su director José Gon-zález Espinosa a CLIC INSTITUCIONAL, quien explica la razón de ser de la entidad de cara a la integración y participación de las comunidades, con proyectos que dan un empuje al desarrollo y mejoran la calidad de vida de sus compueblanos, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual.

CLIC: ¿Cuál es y ha sido el eje fundamental del trabajo social que realiza PROCOMUNIDAD?

JGE. El fundamento del trabajo social de PROCOMUNI-DAD tiene como objetivo básico incorporar a los ciuda-danos y ciudadanas al desarrollo de programas y pro-yectos destinados a elevar progresivamente la calidad de vida material y espiritual de las comunidades que viven en estado de pobreza, así como marginalidad ur-bana y rural, capacitándoles para el trabajo productivo, la organización y la gestión comunitaria, formándoles un concepto de ciudadanía más responsable.

PROCOMUNIDAD siempre está presente, además en todos los eventos que se producen con motivo de las temporadas ciclónicas y auxilia directamente en el te-rreno a las comunidades, pese a la escasez de sus re-cursos y sin ser parte del Comité Nacional de Emergen-cia, pues entiende que esto es parte intrínseca de sus obligaciones al crearse la institución, ya que así está consignado en su base legal.

CLIC: ¿Cuáles son los actuales proyectos de transparen-cia pública de cara a la Ley de Presupuesto Participativo en los municipios y ayuntamientos?

JGE. El Presupuesto Participativo en los municipios y ayuntamientos tuvo su origen en gran medida en esta institución. Durante años aquí se ha aplicado un proce-

so participativo para seleccionar los proyectos que se aplican en las comunidades con los gobiernos locales. Este proceso se denomina Micro Planificación Partici-pativa (MPP), donde los comunitarios, no solo sugieren los proyectos, sino que lo ordenan jerárquicamente, se-gún la prioridad y lo hacen mediante asambleas demo-cráticas. Muchos de estos proyectos están esperando su ejecución, debido a las limitaciones presupuestarias, que para esta institución ha sido extrema.

CLIC: ¿Cómo aplican estos procesos y qué mecanismos utilizan para lograr la rendición de cuentas de los citados proyectos y sus resultados?

JGE. Las obras son asignadas mediante concursos pú-blicos, trasparentes. Se realizan sorteos en el salón del ayuntamiento donde participan todos los interesados. Cuando no participan los ayuntamientos, se realizan en la sede de la institución entre los constructores registra-dos en el Banco de Proveedores de PROCOMUNIDAD y del gobierno.

En cuanto a la rendición de cuentas, este es un proceso riguroso que se realiza al mismo tiempo con la ejecución de la obra. Es la misma comunidad la que supervisa y vigila los proyectos, a través de sus representantes ele-gidos por los mismos comunitarios, constituyéndose la Contraloría Social. Además, tenemos otra rendición de cuenta que es la que se realiza periódicamen-te y se presenta a los organismos contralores del Estado, a la propia comunidad y al país a través de informes.

CLIC: ¿Cuáles son los indicadores del mapa de la pobreza considerados para la aplicación de sus mejoras comunitarias?

JGE. La marginalidad, es el más im-portante de esos indicadores. Las zo-nas geográficas de difícil acceso y las carencias de salud, educación y agua potable son priorizadas y la propia co-munidad las señala como tales.

CLIC: A partir de su experiencia ¿De qué depende el involucramiento, la integración y la participación social de los actores comunitarios en estos proyectos de bien común?

JGE. Es la propia comunidad la que de-manda las obras, lo que ya de por sí implica un involucramiento. A partir de ahí los técnicos de PROCOMUNIDAD facilitan el proceso de MPP

por Genris García

(Micro Planificación Participativa); precisamente, el papel de los técnicos consiste en organizar y canalizar esas motivaciones. Lo más importante, es decir, lo que más motiva y entusiasma a los comunitarios es la trans-parencia desde el inicio del proceso.

Las obras se realizan siempre bajo la vigilancia de las comunidades y sus instituciones sociales: Juntas de vecinos, iglesias, asociaciones de ama de casas, de padres y amigos de la escuela, comités de desarrollo comunitario, asociaciones de productores agrícolas, comités de pobladores y proeducación.

Cuando esas solicitudes llegan, se dispone que la Ge-rencia de Desarrollo Local acuda al lugar y examine

la pertinencia y urgencia de la obra, el número de familias y ciudadanos que serán beneficiados.

Agotado el proceso y si tenemos los recursos disponibles, se formula el proyecto para lue-

go abrir concurso al respecto.

CLIC: ¿Ha tenido la adecuada receptivi-dad y acogida de los líderes sociales en las distintas comunidades?

JGE. Naturalmente, sin este factor no es posible la participación amplia y demo-

crática de los comunitarios, por lo tanto no se produjera el empoderamiento por

parte de la comunidad.

Trabajamos con los ciudadanos (as) de todo el país que viven

en condiciones marginales y pobreza en zonas urba-

nas y rurales para forjar y afianzar el concepto de ciudadanía respon-sable, socialmente ha-

blando.

En esos lu-gares don-de trabaja PROCOMU-NIDAD fun-ciona una o rgan iz a -ción co-mun i t a r i a que a su vez funge como un comité de obra y con-traloría so-

cial, a través de los cuales la comunidad coopera, vigi-la el trabajo, su ritmo, fidelidad a los planos y calidad y proporción de los materiales de la obra; trátese de escuelas, clínicas, centros comunales, caminos veci-nales o acueductos, entre otras.

CLIC: Hablemos de efectividad, estadísticas y resultados.

JGE. Para hablar de resultados y de lo que está hacien-do PROCOMUNIDAD, citamos 173 proyectos que han sido entregados, entre los que se encuentran: clínicas rurales, centros comunales, escuelas, acueductos, ca-minos y puentes.

En lo que tiene que ver con el Programa de Empleabili-dad Juvenil, un total de 118 jóvenes aplicaron para ins-talar su propio negocio. A la mayor parte se concedió un programa de PROMYPIME. El resto prefirió emplearse.

Estos jóvenes proceden de Navarrete, Villa González, Tamboril, Pedro García, municipios de la provincia de Santiago; Consuelo, Los Llanos, Ramón Santana, Quis-queya, provincia San Pedro de Macorís; Jaquimeyes y Pescadería de la provincia Barahona; y Rancho Arriba de la provincia San José de Ocoa.

Asimismo, se han realizado 486 talleres de capacita-ción adjunta, con lo cual se ha beneficiado a más de 9,720 comunitarios, líderes de base; para 148 personas, que han recibido formación para ingresar al Banco de Proveedores; y 13 personas de las diferentes regiones del país, han sido capacitadas como supervisores del proceso de capacitación adjunta; y 12 talleres donde fueron capacitados los técnicos de los ayuntamientos pertenecientes a los municipios: Yamasá, Constanza, Villa Tapia, San José, Jánico.

CLIC: ¿Y las actuales proyecciones hacia dónde apuntan?

JGE. Las proyecciones apuntan hacia la ampliación de los proyectos y programas no solamente mediante la construcción de obras demandadas por la comunidad, tales como: centros comunales, escuelas, acueductos, caminos vecinales, clínicas rurales, entre otros; sino también, mediante la ampliación del programa Em-pleabilidad Juvenil en zonas rurales marginales, el que esperamos que a partir del próximo año, mediante el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarro-llo (BID), el Fosis de Chile y la coordinación inter-institu-cional de los ministerios de Trabajo, Juventud; Econo-mía, Planificación y Desarrollo, INFOTEP y Promipyme, podamos alcanzar a cientos de jóvenes.

El objetivo es integrar a estos jóvenes como emprende-dores para que puedan tener sus propios negocios en las comunidades o zonas cercanas y capacitarlos para el empleo. Estos proyectos contribuyen a alejar a la ju-ventud de la delincuencia y los vicios.

El Presupuesto Participativo en los muni-cipios y ayuntamientos tuvo su origen en gran medida en esta institución. Durante años aquí se ha aplicado un proceso demo-crático para seleccionar los proyectos que se aplican en las comunidades con los gobier-nos locales. Las obras son asignadas me-diante concursos públicos, trasparentes. Se realizan sorteos en el salón del ayuntamien-to donde participan todos los interesados.

José González

“lo que más motiva y entusiasma a los comunitarios

es la transparencia”'

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De conformidad con la Ley 136-03, que crea el código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamen-tales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la adopción es “una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida al efecto, un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza”.

Esa vigilancia que el Estado está obligado a efectuar ha sido conferida al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), con el fin de evitar su uso in-discriminado, depositando en la institución el deber de llevar a cabo el procedimiento administrativo de la adop-ción. Obligación legal que tiene consigo la creación de reglamentos y normas internas que validen la eficacia del proceso con el fin de salvaguardar los derechos funda-mentales de los niños, niñas y adolescentes candidatos a adopción, en virtud de su interés superior.

La implementación práctica de la aplicación de la ley para tratar de que se alcance el objetivo, es decir, la pro-tección de los derechos fundamentales del candidato a adoptar, conlleva una revisión diaria de la normativa par-tiendo de las particularidades de cada caso.

El proceso administrativo inicia con el depósito por parte de los candidatos a adoptar, de una batería de documen-tos vertidos en las exigencias de la Ley, y culmina, con el depósito del expediente para su homologación ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Ahora bien, el papel de vigilancia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) no culmi-na ahí. Luego de la notificación de la sentencia que

homologa el proceso administrativo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes competente a la institu-ción, la entidad se adentra en la fase de seguimiento post-adopción.

El seguimiento post-adopción, es la etapa que permite evaluar a conciencia los resultados de la adopción. Di-cho período abarca un rango de cinco años. Un profesio-nal del área de trabajo social de la institución se desplaza a la comunidad donde reside el niño insertado con sus familiares y realiza un levantamiento de su situación ac-tual, así como de la integración en la comunidad, abar-cándose el desarrollo en la escuela, en el hogar, en la familia extensa, entre otros.

El brazo de protección y vigilancia se extiende más allá de las fronteras, en el sentido de que el seguimiento post-adopción se aplica tanto en el proceso de adopción llevado por residentes permanentes en el país como por ciudadanos residentes en países extranjeros.

El mismo se efectúa por el compromiso adquirido con el país de recepción de respetar y cumplir con las leyes na-cionales así como con el convenio internacional en mate-ria de adopción del cual el país es miembro; requisito in-dispensable para poder cursar una solicitud de adopción en la República Dominicana. Permitiendo, gracias a esta estructura, hacer extensa nuestra plataforma legislativa y buenas prácticas hasta el destino final del niño, niña o adolescente con sus padres.

Esta práctica de seguimiento y vigilancia pretende de-tectar a tiempo cualquier vulnerabilidad y garantizar los derechos fundamentales, así como la comprobación de que la inclusión del niño, niña y adolescente haya sido de provecho en un hogar integral, colmado del amor que surge de la paternidad y maternidad en los corazones ansiosos de volcar ese amor filial.

Con los procedimientos y el desarrollo previo y poste-rior que la institución ejecuta cuando una pareja solicita que un infante sea parte íntegra de una nueva familia, no cabe duda que CONANI, es un modelo a seguir en materia de adopción.

Aunque el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), estable-cido en 1984, tardó 20 años en iniciar su proceso de transparencia, debió trabajar arduamente durante otros seis para ser reconocido como el organismo más trans-parente del sector salud.

No hay registros de que antes de la administración ac-tual, iniciada en 2004, las compras y contrataciones efectuadas por la institución hayan sido licitadas, es de-cir, realizadas mediante concurso público.

Sin embargo, de 2004 a mediados de 2011, la institu-ción ha realizado 149 licitaciones públicas nacionales, licitaciones restringidas, sorteos de obras, procedi-mientos de urgencia, comparativas de precios y con-cursos por invitación, por un monto total adjudicado de RD$6,942,023,496.56.

Mediante publicaciones en periódicos de circulación nacional, Promese/Cal invita a todos los interesados a participar en las licitaciones y divulga su necesidad de bienes o servicios.

Las Licitaciones Públicas Nacionales son celebradas de manera abierta en presencia de decenas y hasta cien-tos de oferentes locales e internacionales debidamente acreditados. Igualmente, se invita a atestiguar la trans-parencia de tales actos, a comunicadores sociales y personalidades de gran prestigio.

Allí son conocidas todas las ofertas y se escoge a los ganadores, los cuales deben cumplir con una serie pre-definida de requisitos técnicos, legales y administrativos.

Los principales rubros licitados han sido medicamentos

e insumos sanitarios; así como la construcción y la re-modelación de las Farmacias del Pueblo, las cuales pa-saron de un estado ruinoso a constituirse en modelo de dispensación farmacéutica pública en América Latina.

La economía de escala, resultado de las compras por volumen en los procesos de licitación beneficia de ma-nera directa a los cuatro millones de dominicanos y dominicanas de menores ingresos: a través de la red de 434 Farmacias del Pueblo, de los hospitales y otros centros sanitarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en la moda-lidad ambulatoria del Régimen Subsidiado.

Entre 2004 y 2011, Promese/Cal ha rebajado hasta al-canzar precios cinco veces menores, los medicamentos expendidos en las Farmacias del Pueblo; y ha aumen-tado de 69 a 268 los productos de su catálogo, para un incremento del 388 por ciento.

Hace apenas un mes, la institución redujo los precios de 81 productos farmacéuticos, el 30 por ciento de su catálogo disponibles en su red de Farmacias del Pue-blo, lo que incide positivamente en la reducción del gas-to de los bolsillos de sus poblaciones usuarias.

Por efectuar en 2009 más del 90 por ciento de sus com-pras mediante procesos de licitación, en estricto cumpli-miento de la Ley No. 340-06, un estudio de la institución cívica Participación Ciudadana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) consi-deró a PROMESE/CAL como la institución más transpa-rente del sector salud.

Al año siguiente, la dependencia de la Presidencia de la República obtuvo el Gran Premio Nacional a la Calidad, máximo galardón a la excelencia en el desempeño de una institución estatal.

Actualmente, la Fundación Iberoamericana para la Ges-tión de la Calidad (FUNDIBEQ), proyecto de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se encuentra en la fase de valoración de los informes e in-vestigaciones relativos a la postulación de PROMESE/CAL al Gran Premio Iberoamericano a la Calidad.

Esta práctica de seguimiento y vigilancia pre-tende detectar a tiempo cualquier vulnerabilidad y la garantía de los derechos fundamentales, así como la comprobación de que la inclusión del niño, niña y adolescente haya sido de provecho en un hogar integral colmado del amor infinito que la paternidad hace surgir en los corazones ansiosos de volcar ese amor filial.

Por efectuar en 2009 más del 90 por ciento de sus compras mediante procesos de licitación, en estricto cumplimiento de la Ley No. 340-06, un estudio de la institución cívica Participación Ciudadana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), consideró a PROMESE/CAL como la institución más transparente del sector salud.

bUENAS pRáCTICAS

un ejemplo en materia de adopción y seguimiento post-adopción

conanI promeSe/cal

CUENTAS CLARASpor luchy placenciapor lourdes rodríguez

Seis años de transparencia

Seis años de transparencia

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Para seguir aportando conocimientos de cara al desa-rrollo social e intelectual de los profesionales del país, el Banco Mundial (BM), a través de la Dirección de Infor-mación, Prensa y Publicidad de la Presidencia, impartió el taller titulado “Banco Mundial en la República Domini-cana”, actividad que fue realizada en el salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional y en el auditorio del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).

El objetivo de este encuentro, fue dar a conocer a los inte-grantes de los Gabinetes de Comunicación del Gobierno, los detalles políticos y técnicos relevantes del trabajo de la institución financiera en la República Dominicana y en el resto de América Latina y el Caribe.

Roberto Senderowitsch y Marcela Sánchez, representan-tes de la entidad financiera internacional en el país, mostra-ron a los responsables de la comunicación gubernamental el ser y el quehacer del Banco Mundial, como organismo de asistencia técnica y financiera a países en vía de desa-rrollo, como es el caso de la República Dominicana.

El organismo dio a conocer a los participantes los recur-sos de comunicación gubernamental disponibles para cumplir con una de las tareas básicas en los esfuerzos de participación compartida que demanda el desarrollo sostenible y sustentable.

Durante el desarrollo del curso, la Dirección de Prensa anunció la buena noticia, de que próximamente se estarán firmando acuerdos de trabajo con el Centro Internacional

de Estudios Superiores de Comunicación (CIESPAL), con sede en Quito, Ecuador, y aquí en el país con la Universidad APEC (UNAPEC), para el desarrollo de varios diplomados.

Un viaje inolvidable a Taiwán

La Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la República Dominicana, en condición de entidad rectora de los Gabinetes de Comunicación del Estado, en coordinación con el Ministerio de la Juventud, envió a Taiwán una delegación compuesta por los geren-tes de de comunicación del Ministerio de Administración Pública y de la Corporación de Acueductos y Alcantari-

llados de Santo Domingo (CAASD), Mabel Joa y Valentín Sánchez, respectivamente.

Desde el 27 de junio al 12 de julio del 2011, Joa y Sán-chez junto a otros periodistas dominicanos, participaron del curso “Desarrollo Nacional”, auspiciado por el fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional de la Repúbli-ca China (Taiwan), un viaje organizado por el Ministerio de la Juventud, en donde prevaleció la finalidad de que los jóvenes comunicadores participaran de la jornada académica y de intercambio cultural, gastos que fueron cubiertos por el país anfitrión, que recibió e hizo sentir como en su casa a los periodistas dominicanos.

El gobierno continúa con la implementación de políticas de capacitación dirigida a los integrantes de los Gabine-tes de Comunicación del Estado, garantizando con ello, contar con servidores públicos de calidad.

EJECUTORIASpor adelaida martínez

continúa la política de capacitación para los integrantes de los Gc

muestra su razón de ser a comunicadores del estadoel Banco mundial

C/ Héroes de Luperón, esquina Rafael Damirón, Centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom. Código Postal: 10101 - RNC: 401-50025-6

www.inposdom.gob.doTel.: (809) 534 - 5838

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El gobierno dominicano procura garantizar al segmen-to joven de la población dominicana, espacios desde donde puedan crecer, aprender, formarse y aportar a la sociedad, es por ello que el Estado, a través de institu-ciones como el Ministerio de la Juventud, tiene la visión de implementar proyectos que cristalicen estos ideales.

Luego de los gobiernos centrales, están los municipa-les, encargados del desarrollo de un segmento de la población, a través de los respectivos cabildos o ayun-tamientos, desde donde se hace irrebatible la presencia de la juventud, como actora directa de las soluciones y perspectivas en las comunidades.

Por esa razón y otras, no menos importantes, el Minis-terio de la Juventud, en la persona de su titular, Franklin Rodríguez tiene a bien encaminar esfuerzos desde la cartera para conformar, con una inversión de 7.2 millo-nes de pesos en su primera etapa, los Consejos Muni-cipales que abren las puertas al accionar joven en los ayuntamientos.

La cartera lanzó el denominado “Sistema Nacional de la Juventud” que como lo establece la ley 49-00, es un proyecto de “Promoción y Conformación de las Unida-des y Consejos Municipales de Juventud”, y sus pro-tagonistas dan seguimiento en vía a que se concrete dicho proyecto.

Los Consejos Municipales de Juventud, iniciarán en un plan piloto con la participación de las alcaldías del Dis-

trito Nacional, Santo Domingo Este, Boca Chica, Santo Domingo Norte, Santo Do-mingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand.

Entre otros Consejos Municipales que establecerán esta iniciativa, figuran San Francisco de Macorís, Monte Plata, San

Cristóbal, Baní, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Comendador, Santa, Cruz de Barahona, Pedernales, Neyba, Jimaní, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santa Cruz de El Seybo, Higuey, La Romana, Moca, Santiago, Puerto Plata, Bonao, La Vega, Nagua, Samaná, Mao, Montecristi, San Ignacio de Sabaneta y Dajabón.

Naturalmente, el proyecto no se queda ahí, la intención es convertir los Consejos Municipales de Juventud en una base estructural del sector joven en cada uno de los 155 municipios del país.

El objetivo es que el proyecto se convierta en una ini-ciativa con efecto dominó y que todos los municipios de la República Dominicana puedan tener sus Consejos Municipales de Juventud.

Cada comunidad está llena de jóvenes, de ahí la impor-tancia de la disposición legal que los involucra en las decisiones locales y los convierte en entes activos en la perspectiva de desarrollo de toda sociedad.

El Ministerio de la Juventud de República Dominicana espera que en un tiempo relativamente corto, la voz y planteamiento del joven dominicano se deje escuchar en los diferentes cabildos como lo estipula la ley y como se hace necesario para el desarrollo y progreso del mis-mo en las diferentes comunidades.

José Félix medranoEN pERSpECTIVA

El Ministerio de la Juventud de República Dominicana espera en un tiempo relativamente corto, que la voz y el planteamiento del joven dominicano se deje escuchar en los diferentes cabildos como lo estipula la ley y como se hace necesario para el desarrollo y progreso de este sector en las diferentes comunidades.

consejos municipales de Juventud en la república dominicana

un proyecto que aportará al desarrollo de los jóvenes