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Editorial Medios y conflictos en Iberoamrica. Ms all de los enfoques polticos Sandro Macassi L. (Per)

Los conflictos sociales son crecientemente una preocupacin cotidiana de gobernantes pero tambin de editores, jefes de prensa y periodistas de los diferentes medios que operan por todo Iberoamrica. Sin embargo, la preocupacin por el tratamiento de las noticias en situaciones de conflictos no es nueva en Latinoamrica, pues el anlisis del tratamiento informativo de los conflictos se ha realizado desde un enfoque prioritariamente poltico. Sin embargo, el contexto actual exige un enfoque ms complejo para entender los conflictos sociales y por lo tanto, tambin, para comprender el rol que los medios juegan en estos procesos sociales.

El nuevo punto de partida subraya la necesidad ir ms all de ver a los conflictos como disputas por el poder poltico, se basa en que el origen y las causas de los conflictos se basan en disputas sobre necesidades bsicas que no son satisfechas que se ven alimentadas por visiones de desarrollo diferentes, procesos culturales distintos, prcticas de negociacin divergentes, etc., es decir, un sinfn de variables sociales, culturales y relacionales que con frecuencia suelen escapar a la comprensin de polticos y a las prcticas periodsticas.

Cuando los mecanismos de dilogo y solucin no funcionan, lo cual es usual, los conflictos necesitan hacerse pblicos, los actores buscan de distintas maneras motivar la accin del Estado o movilizar a la opinin pblica para influir en la dinmica y el cauce de los conflictos y es all donde los medios tienen un rol clave. Esto es cierto tanto en las grandes ciudades como en las pequeas localidades Alto Andinas o espaolas, as lo documenta el articulo que incluimos en este nmero donde se muestra como la cobertura de nacional e internacional de un conflicto laboral en un pequeo pueblo de Castilla y Len en Espaa afecta radicalmente su curso de accin.

As mismo, varios artculos centran su atencin en la superposicin entre la agenda meditica y la agenda gubernamental de los conflictos como en el caso de las retenciones agrcolas en Argentina y de los debates surgidos de la asamblea constituyente boliviana.

Otros artculos explorar en opciones de un tratamiento periodstico diferente de una manera de que los medios aporten a la transformacin de los conflictos con el uso de formatos tradicionales en Bolivia pero tambin con el uso de nuevos medios en Somalia para que los conflictos tengan un cause de dialogo y transformacin.

Por ltimo, otras contribuciones profundizan en aspectos culturales de los conflictos como el caso de la representacin Mapuche en la prensa Chilena.

Finalmente a este nmero tambin lo acompaan respetables opiniones de expertos, de diversas latitudes que han venido reflexionando sobre este tema y que tienen mucho que aportar a la naciente reflexin Latinoamericana sobre el tema. Por ello, hemos entrevistado a expertos con vasta experiencia en capacitacin a periodistas en la cobertura prospectiva de los conflictos, en el desarrollo de programas radiales de paz en situaciones de postguerra, as como acadmicos profesores de Estados Unidos Canad, Reino Unido y Kenia.

Sandro Macassi L.. .

DILOGOS DE LA COMUNICACIN, N78, ENERO - JULIO 2009

REVISTA ACADMICA DE LA FEDERACIN LATINOAMERICANA DE FACULTADES DE COMUNICACIN SOCIAL ISSN: 1995 - 6630

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Cobertura periodstica a la Asamblea Constituyente de Bolivia

Martha Paz Martha Paz. Nacida en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, es licenciada en Comunicacin Social, con Mster en Comunicacin y Cultura en Ciencia y Tecnologa de la Universidad de Salamanca, Espaa. Ha trabajado durante nueve aos en canales de televisin,

agencias de noticias y medios escritos. Fungi como Defensora del Lector en el peridico El Deber. Es co-autora del libro

Sensacionalismo, Valores y Jvenes: El discurso y el consumo de dos peridicos bolivianos de crnica roja, y autora de En los zapatos

de la pulga. Relato de una experiencia en la Defensora del Lector en Bolivia. Actualmente se desempea en la Universidad Evanglica

Boliviana a cargo de la Facultad de Comunicacin y Cultura. Y preside la Asociacin Boliviana de Carreras de Comunicacin Social

(ABOCCS).

Resumen Ms de 7 mil propuestas procedentes de personas e instituciones de diversas regiones de Bolivia llegaron a la Asamblea Constituyente que se llev a cabo en este pas entre agosto de 2006 y agosto de 2007. De manera escrita o verbal, a travs de ventanilla nica, audiencia y encuentros con los propios asamblestas, la gente boliviana se dio modos de hacer conocer de primera mano lo que ms le estaba preocupando y era de su inters. Esas propuestas giraron en torno a 153 temticas, de las cuales slo 42 fueron desarrolladas por los medios de comunicacin. Los periodistas tuvieron ms inters en cubrir la coyuntura alrededor del cnclave que los procesos de debate, dilogo y discusin que se vivieron dentro cada una de las comisiones de trabajo.



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I. ANTECEDENTES 1. LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 1.1. Las esperanzas Cuando se instal la Asamblea Constituyente el 6 de agosto de 2006, muchos analistas polticos alertaban que era peligroso creer que todos los problemas de Bolivia se solucionaran con esta instancia. Es que diversas encuestas de percepcin ciudadana daban cuenta del sentimiento optimista que la poblacin refera respecto al futuro del pas como producto del proceso constituyente. En el ltimo trimestre de 2004, por ejemplo, un primer estudio de carcter cientfico social, aunque cuantitativo, para conocer esas percepciones ciudadanas, realizado por la Unidad de Coordinacin para la Asamblea Constituyente (UCAC) y promovido por el Ministerio de la Presidencia de la Repblica (2004a: 19-27), sealaba que la mitad de los bolivianos consideraba que el pas mejorara por efecto de la Asamblea Constituyente, ocho de cada diez bolivianos opinaba que su situacin econmica personal estara igual (40,9 %) o mejorara (36,7 %) a partir de ella, siete de cada diez tenan una percepcin moderadamente optimista acerca de los efectos de la Asamblea en las relaciones entre los bolivianos, y casi un 60 por ciento crea que habra ms ganadores que perdedores con el proceso. No era para menos. Si bien no todos los bolivianos tenan una idea acertada de lo que era o poda ser la Asamblea Constituyente (segn el mismo estudio, el 33,5 % consideraba que era para decidir el futuro de Bolivia, el 23 % crea que era para cambiar todas las leyes, el 22,4 % para hacer reformas, el 19,6 % para redactar una nueva Constitucin y el 14,8 % para profundizar la democracia), lo cierto es que, de acuerdo a Carlos Cordero (dem: 57), se trataba del ltimo recurso para mantener la paz social y la oportunidad de reconstruir el Estado desde un espacio democrtico y, lo que es ms importante, pacfico y respetuoso del orden constitucional. En efecto, cuando el presidente Carlos D. Mesa Gisbert incorpor, en febrero de 2004, la posibilidad de convocatoria a una Asamblea Constituyente en el texto constitucional, el pas estaba inmerso en una crisis poltica y social de gran envergadura, no vista desde la recuperacin de la democracia en 1982 y de la que tampoco saldra ni con el propio Mesa ni con su renuncia tres meses despus. Antes de l, Gonzalo Snchez de Lozada se vio obligado a ofrecer al pas la realizacin inmediata de una Asamblea, pero renunci al cabo de pocas horas. Mientras tanto, sectores organizados y movilizados de la sociedad boliviana pedan a grandes voces ser tomados en cuenta en la agenda poltica y social nacional. Los medios de comunicacin testimoniaron, primero, esos momentos de conflicto y, luego, ese sentimiento optimista en relacin al rol de la Asamblea Constituyente para construir un nuevo pas. Les tocara ahora cubrir las actividades de este cnclave, que no era un evento cualquiera

La Asamblea Constituyente es el espacio de deliberacin y consenso

. 1.2. La nueva construccin de pas

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1 Lo resaltado en negritas es nuestro.

para elaborar un nuevo acuerdo para Bolivia. Este acuerdo se plasma en un nuevo texto de Constitucin Poltica del Estado que sienta las bases para el diseo de un Estado ms cercano a la realidad, las necesidades y las expectativas de los diversos sectores que integran el pas (Ibarnegaray, Roxana y Exeni, Jos Luis, en CNE 2005: 8). Es la reunin de representantes, elegidos por el pueblo, que tienen a su cargo escribir la ley fundamental que define la organizacin jurdica poltica del Estado, es decir, la Constitucin Poltica del Estado. Es el espacio de deliberacin pacfica y democrtica que las bolivianas y los bolivianos estamos construyendo para resolver nuestras mltiples controversias de manera concertada, positiva y madura. Es el lugar del cual emerger un nuevo proyecto nacional para la construccin de una Bolivia ms igualitaria, justa e incluyente (UCAC 2005: 41)



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Al ser un mecanismo participativo y democrtico, es la mejor expresin de la participacin popular. Su objetivo es redisear las reglas de convivencia dentro del Estado, entre el Poder Pblico y la sociedad, respetando los derechos fundamentales de las personas y los principios generales que el pueblo aporta a travs de sus usos y costumbres (UCAC 2004b: 4-5). Este proceso democrtico tiene el objetivo principal de elaborar un nuevo entramado social (Trrez, Andrs, en UCAC 2004c: 4). El objetivo de la Asamblea Constituyente es construir un nuevo pacto social y poltico que permita establecer las bases para un Estado que refleje valores humanos y permita a los ciudadanos disfrutar de una sociedad democrtica y justa (FBDM 2006a: 2). Es un espacio de reencuentro, de reconocimiento entre todos y que, ms all, de nuestras diferencias, permitir fijar las reglas para la construccin de un pas que posibilite iguales oportunidades, sin discriminaciones de ninguna naturaleza (FBDM 2006b: 2). Es un espacio de debate pblico en el que se confrontan ideas que concentran determinadas posiciones y que, por su antagonismo o por sus coincidencias, generan el enriquecimiento del tema global (UCAC 2004c: 8). Es un espacio de deliberacin abierto donde se enfrentan una serie de propuestas, ideas y convicciones, todas expresando la visin sobre la forma de Estado en el que desean vivir cada uno de los grupos sociales y regiones que estn ah representados (Goslvez, Gonzalo, en: Vicepresidencia de la Repblica 2006: 9). Es un espacio de dilogo, deliberacin y concertacin para que todos los miembros de una poblacin busquen la manera democrtica de enfrentar sus problemas, reorganizando el pas poltica, econmica y socialmente (UCAC 2004b: 7).

Cualquiera sea la definicin de Asamblea Constituyente que se adopte, lo cierto es que todas ellas tienen tres aspectos en comn. Primero, que se trata de un espacio de dilogo, deliberacin, concertacin, debate, reencuentro, reconocimiento, consenso y participacin. Segundo, que tiene el objetivo de elaborar un nuevo acuerdo de pas, un nuevo proyecto nacional, un nuevo entramado social y nuevas reglas de convivencia dentro del Estado. Y tercero, que se plasma en la modificacin o redaccin de una nueva Constitucin Poltica del Estado. Es de resaltar el primer punto. Para que haya una nueva Constitucin y un nuevo acuerdo de pas, debe haber primero dilogo, deliberacin, concertacin, debate, reencuentro, reconocimiento, consenso y participacin. En el caso boliviano, los medios de comunicacin estuvieron, entonces, ante el desafo de cubrir la Asamblea Constituyente como un proceso, en el que el fondo era ms importante que la forma

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1.3. La historia En la historia de Bolivia ha habido dieciocho reformas constitucionales surgidas de Asambleas o Convenciones Constituyentes. Sin embargo, aunque no hay consenso, los historiadores sealan que las ms importantes de ellas son las de los aos 1825, 1826, 1938 y 1967. La Unidad de Coordinacin para la Asamblea Constituyente (UCAC) describe, en uno de sus suplementos Hacia la Asamblea Constituyente (2004b: 7-8), cada una de esas Asambleas. En la del 6 de agosto de



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1825, llamada Asamblea Deliberante, los representantes aprobaron la creacin de la Repblica de Bolivia. Fue convocada por Antonio Jos de Sucre y deliber en la ciudad de Chuquisaca, luego denominada Sucre. El ao siguiente, tambin convocado por el Presidente Jos Antonio de Sucre, se realiz el Congreso General Constituyente, que sent las bases del funcionamiento del pas, estableciendo los poderes del Estado, las instituciones primigenias y un ordenamiento legal. En 1938, convocada por el Presidente Germn Busch, se realiz la Convencin Nacional en la que participaron personajes que en las dcadas posteriores influyeron en la poltica nacional, como Vctor Paz Estensoro, Carlos Montenegro, Walter Guevara y Augusto Cspedes. Algunas reformas introducidas fueron la libre asociacin sindical, el reconocimiento del contrato colectivo y el derecho de huelga. La de 1967, convocada por el Presidente Ren Barrientos, permiti la redaccin de la Constitucin vigente hasta la fecha en Bolivia (con reformas en 1995 y 2004). Si bien la Asamblea que ahora nos ocupa comenz a gestarse en 1990 con la primera gran marcha a La Paz por parte de los pueblos originarios de tierras bajas del Oriente boliviano, reclamando tierra, territorio y dignidad, fue en octubre de 2003 que se produjo la crisis social y poltica que produjo la renuncia del Presidente Gonzalo Snchez de Lozada y demand una serie de profundas reformas econmicas y polticas en el pas, entre ellas, la realizacin de la Asamblea. El origen de la crisis de octubre se debi a que la denominada Democracia Pactada era ya insuficiente para realizar una adecuada representacin poltica de la sociedad; en segundo lugar, porque el mundo campesino e indgena irrumpi en el escenario poltico y social, demandando ser parte de los destinos del pas en igualdad de condiciones que el resto de los sectores; en tercer lugar, porque se produjo una largamente germinada exigencia de las regiones de una mayor descentralizacin e, incluso, de autonomas; y en cuarto lugar, porque las reformas de corte liberal aprobadas en el pas en 1985 no han dado los resultados esperados de crecimiento econmico y mejora de las condiciones de vida a los bolivianos (: 2). Lo que han escrito los periodistas bolivianos sobre la Asamblea Constituyente 2006-2007 quedar registrado en archivos, pasar a la historia. Dependiendo del enfoque que ellos han dado a sus materiales, quedar o no la idea de una Asamblea en la que hubo slo conflictos o en la que tambin hubo propuestas

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II. SOBRE LA INVESTIGACIN 2.1. Del problema Siendo la Asamblea Constituyente un proceso histrico y no un mero evento, vale la pena analizar si fue cubierta periodsticamente en su verdadera esencia -las propuestas y el debate alrededor de ellas- o si slo se mostr los aspectos formales del proceso. 2.2. De los objetivos Los objetivos fueron as planteados:

Determinar, a travs del anlisis morfolgico y de contenido de la prensa nacional, cunto y cmo informaron los peridicos a los bolivianos acerca de las propuestas presentadas a la Asamblea Constituyente.

Establecer si los medios impresos bolivianos legitimaron a la Asamblea Constituyente como un

espacio de encuentro, dilogo y concertacin para la creacin de un nuevo pacto social. 2.3. De la metodologa 2.3.1. Tipo de estudio La presente investigacin fue realizada siguiendo el modelo descriptivo porque pretendi observar y revelar el fenmeno denominado Asamblea Constituyente en la prensa boliviana. 2.3.2. Universo y muestra Para estudiar la cobertura y el tratamiento periodstico brindados a las propuestas recepcionadas en la Asamblea Constituyente, se consider como muestra las propuestas recibidas en 20 de las 21 comisiones



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de trabajo de la Asamblea Constituyente, as como los materiales informativos (sueltos, noticias, crnicas, entrevistas y reportajes) de los siguientes diarios: El Deber, de Santa Cruz de la Sierra; La Prensa, La Razn y El Diario, de La Paz; Correo del Sur, de Sucre; Opinin, Los Tiempos y La Voz, de Cochabamba; y La Patria, de Oruro, publicados desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2007. Si bien muchas propuestas empezaron a llegar al cnclave apenas ste se instal el 6 de agosto del ao anterior, fue a partir de la conformacin de las comisiones de trabajo -en enero de 2007- que ellas empezaron a ser analizadas, a puertas abiertas, por los constituyentes; y a fines de abril, una vez terminaron los encuentros territoriales, se dio el primer plazo final para la entrega de las sistematizaciones correspondientes. 2.3.3. Anlisis de las propuestas y de los peridicos Para este estudio, se ley cada una de las propuestas llegadas a las comisiones de la Asamblea Constituyente -5.484 de las ms de 7.000 recepcionadas- y se seleccion cules fueron las ms recurrentes en funcin a la cantidad de veces sugeridas. Esa clasificacin de las ms recurrentes se hizo a travs de planillas como la anexada, en la que se anot cada propuesta en detalle con sus diferentes variantes de acuerdo al proponente, el nombre de ste, su regin de procedencia y la fecha de entrega a la Asamblea. Los materiales periodsticos fueron analizados como se describe a continuacin: Se ley todos los que constituyeron el universo de estudio con el fin de diferenciar entre las notas cuyo asunto o tema principal era la coyuntura y las notas cuyo asunto o tema giraba en torno a propuestas. De las notas cuyo nfasis radicaba en una o varias propuestas se analiz, en principio, el factor de inters periodstico que determinaba la conversin del hecho en noticia (siguiendo a Vicente Leero y Carlos Marn), las ilustraciones de cada nota y el subgnero en que haban sido trabajadas, las funciones de los titulares (de acuerdo a Gregorio Iriarte y Marta Orsini), los frames o encuadres (segn Sandro Maccassi) y las fuentes de informacin. Los materiales de opinin se analizaron de acuerdo a su funcin. As, se obtuvo un listado de las propuestas desarrolladas, apenas enunciadas y nunca mencionadas.

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES Al ser la Asamblea Constituyente un espacio para la presentacin directa de ideas y sugerencias de parte de la poblacin, se convirti en una instancia que permiti conocer de primera mano los temas que ms estn preocupando a la ciudadana boliviana y son de su inters. En esa ocasin, la gente tuvo la oportunidad de hacerse escuchar presentando propuestas, de manera escrita o verbal, a travs de ventanilla nica, audiencias y encuentros con los propios asamblestas, o en Sucre o en las diferentes regiones del pas. Fueron aproximadamente 7 mil las propuestas hechas, por personas particulares, organizaciones civiles, instituciones del Estado, agrupaciones ciudadanas y partidos polticos. Giraron en torno a los grandes temas que, a la vez, fueron los nombres de las comisiones de trabajo, es decir: el carcter del Estado, el desarrollo econmico y social de ste, los deberes, derechos y garantas de las personas, la educacin e interculturalidad, el desarrollo de la Amazona, el manejo de la hoja de coca, la gestin de la tierra y de los recursos naturales, la minera y metalurgia, la seguridad y defensa nacional, las relaciones internacionales y la justicia. A continuacin, los 153 temas ms sugeridos por diversos sectores procedentes de diferentes regiones del pas. Los bolivianos concuerdan que hay algo que hacer respecto a ellos y, por esa razn, los hizo explcitos. Quedaron as servidos en bandeja para los medios y los periodistas, como para que stos aprovechasen de incluirlos en sus pginas, en sus imgenes y en sus discursos. Apropindose de ellos o, en palabras tcnicas de la profesin, brindndoles cobertura, los medios y los periodistas estaran ayudando a construir democracia.

1 Estado democrtico 2 Los principios que rigen al Estado

boliviano son la democracia, la soberana, la solidaridad, la justicia, la libertad, la paz social, el desarrollo, la seguridad ciudadana, la participacin, la transparencia, la honestidad y la responsabilidad social

3 Porque todos los seres humanos somos iguales, estn garantizados los derechos a la vida, a la educacin, al trabajo, a la vivienda, a la alimentacin y al vestido, a la integridad fsica, a la ciudadana y nacionalidad, a la libertad de expresin, y a un medio ambiente sano, entre otros, de absolutamente todos los bolivianos y bolivianas



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4 La educacin es la ms alta funcin del Estado. A ella se le debe destinar el 33 por ciento del TGN

5 Los recursos naturales son de la Nacin boliviana. Las riquezas que se obtengan de su aprovechamiento deben ser destinadas a los departamentos productores y, en general, a la educacin, a la salud y a la generacin de empleo en todo el pas

6 Libertad de culto 7 Las Fuerzas Armadas tienen la misin de

preparar al soldado en lo tcnico-profesional

8 Existir un rgano de control social 9 Nacionalidad boliviana a extranjeros ser

otorgada luego de un periodo mnimo de residencia de entre 3 y 10 aos en Bolivia

10 Bolivia es un solo Estado Nacin y la nacionalidad es la boliviana

11 Se es ciudadano desde el momento del nacimiento

12 Reconocimiento a los pueblos originarios 13 Derecho a voto de los bolivianos en el

extranjero 14 Estado de derecho, unitario, democrtico

y social 15 Control social para disminuir la corrupcin 16 Respeto a los derechos de las personas 17 Voto a partir de los 16 aos 18 Ingreso libre a universidades y normales 19 Estado laico 20 El Estado debe garantizar las autonomas 21 Congreso unicameral 22 La representacin ante el Congreso debe

ser territorial y poblacional 23 Se debe permitir las elecciones por usos

y costumbres 24 Congreso bicameral 25 Los diputados suplentes no recibirn

salario sino slo cuando asuman la titularidad

26 Para ser diputado se debe tener 30 aos de edad cumplidos

27 Re-eleccin de autoridades 28 Los diputados no deben desempear

otras funciones 29 Sucre, sede de gobierno 30 Justicia comunitaria 31 Pena de muerte 32 Los ministros de la Corte Suprema se

elegirn por voto directo 33 El Tribunal Constitucional es el contralor

de la constitucionalidad 34 Igualdad en aplicacin de la Ley 35 Eleccin de Presidente, Vicepresidente,

ministros, senadores y diputados mediante voto popular, para un periodo

no mayor a 5 aos y sin derecho a re-eleccin

36 Referndum revocatorio para todas las autoridades elegidas por voto popular

37 La dupla de candidatos a Presidente y Vicepresidente debe estar conformada por un hombre y una mujer

38 Son requisitos para ser Presidente: ser boliviano y mayor de 30 aos, no tener antecedentes penales y no necesariamente pertenecer a una agrupacin ciudadana o partido poltico

39 Juicio de responsabilidades aplicable a todas las autoridades

40 El Poder Ejecutivo est conformado por el Presidente, Vicepresidente y ministros de Estado

41 Ministros de Estado deben tener profesin o especialidad afn a su cargo

42 Control social 43 Eleccin de las autoridades pblicas por

voto directo, por slo cinco aos y con revocatoria de mandato

44 Ejercicio poltico desde los 18 aos 45 Creacin de la Procuradura General de

la Repblica 46 Partidos polticos deben tener un plan de

gobierno 47 Segunda vuelta electoral 48 Abolicin de fueros para las autoridades

pblicas 49 Autonomas departamentales, tal como

se propuso en el Referndum del 02/07/2006

50 Autonomas departamentales con otras de tipo subdepartamental, en funcin de regiones, provincias, municipios y comunidades indgenas

51 Las autonomas deben ser de abajo para arriba, por lo tanto, las debe haber de tipo comunal, campesina, cantonal, distrital, seccional, popular y urbana intercultural

52 Fortalecimiento de la descentralizacin y desconcentracin administrativas a nivel departamental

53 Autonomas indgenas 54 Autonomas provinciales 55 Autonomas municipales - las

ordenanzas deben ser leyes 56 Las autonomas deben ser solidarias,

integrales, redistributivas, y respetar la interculturalidad

57 Autonomas regionales de acuerdo a similitudes culturales y/o geogrficas

58 Educacin intercultural y plurilinge, de modo tal de incluir en la currcula la historia, las costumbres y los idiomas de todas las culturas, sin hacer jerarquizacin entre ellas



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59 La educacin es un derecho humano; por lo tanto, constituye la ms alta funcin del Estado. ste debe financiarla en su totalidad para que sea gratuita, y por ende, obligatoria hasta la secundaria

60 Se debe eliminar toda forma de discriminacin en el sistema educativo boliviano. No debe haber diferencias de gnero, credo, idioma, estado fsico, lugar de nacimiento ni condicin socio-econmica, para acceder y permanecer en el sistema

61 Libertad de enseanza. Se reconoce la educacin privada y religiosa, bajo tuicin del Estado

62 El Estado proteger y fomentar el desarrollo de todas las lenguas que se hablan en Bolivia. Debe declararlas patrimonio cultural de la Nacin y academizarlas

63 Educacin tcnica 64 Educacin con valores y principios 65 El Estado estimula y viabiliza la

investigacin libre dirigida a resolver los problemas que ataen a la sociedad

66 Las autonomas universitarias son relativas y con control social

67 La salud debe ser una prioridad del Estado; por lo tanto, el servicio de salud debe ser universal y gratuito para todos

68 El trabajo es un derecho humano. El Estado debe generar fuentes de empleo, garantizar el primer empleo digno y desarrollar polticas de proteccin al trabajador

69 El Estado proteger la salud fsica, mental y moral de la infancia

70 Eliminacin del trabajo infantil 71 Seguro social universal para todos en las

situaciones de maternidad, paternidad, viudez, invalidez, vejez, desempleo y muerte

72 Maternidad segura 73 Derecho a la seguridad alimentaria 74 Respeto a los derechos de los nios,

nias y adolescentes 75 Incorporacin de la medicina tradicional al

sistema de salud 76 Todos los seres humanos tenemos los

mismos derechos 77 Los contratos con las transnacionales no

deben exceder los 5 10 aos y los porcentajes deben ser 60-40. Los ingresos por el IDH deben estar destinados al desarrollo social integral

78 La industrializacin de los hidrocarburos debe ser prioridad

79 Refundacin y fortalecimiento de YPFB

80 Los hidrocarburos son patrimonio de la Nacin y no podrn ser enajenados

81 Debe ser satisfecha primero la demanda interna de gas

82 Control social en uso y aprovechamiento de hidrocarburos

83 Utilizacin econmica y racional de la energa

84 Profesionales especializados deben ocupar los cargos jerrquicos del rubro de los hidrocarburos

85 La prospeccin y exploracin tambin deben ser prioridad

86 La venta del gas a pases extranjeros debe basarse en los precios internacionales

87 Estado propietario del suelo y subsuelo con todas sus riquezas naturales

88 COMIBOL a cargo de la cadena productiva

89 Industrializacin de materias primas 90 Regalas mineras para regiones,

departamentos, municipios, comunidades campesinas y pueblos originarios

91 Defensa del medio ambiente en actividades mineras

92 Seguridad jurdica para la actividad minera

93 El agua debe ser administrada por el Estado, no se debe comercializar, ni privatizar, ni concesionar, ni patentar

94 El agua es un bien natural, finito, escaso, vulnerable, fundamental para la vida, estratgico, de derecho humano y para la salud

95 Respeto al medio ambiente en gestin del agua

96 Reconocimiento a usos y costumbres de comunidades y cooperativas sobre el agua

97 El agua se debe priorizar para uso humano

98 Agua sujeta a control social 99 El agua no se debe exportar 100 El Estado debe garantizar acceso de

agua potable a todos los bolivianos 101 Energa administrada por el Estado 102 El agua es de dominio de las naciones

indgenas 103 El Estado regular la exploracin y

manejo de los recursos naturales en base a polticas de conservacin

104 Estn garantizadas la propiedad privada y colectiva de la tierra, as como las diversas racionalidades econmicas que existen en pas

105 El Estado promover estrategias de desarrollo local, regional y nacional



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106 El Estado est obligado a defender la soberana y seguridad alimentarias

107 Respeto a usos y costumbres de los indgenas en el manejo y aprovechamiento de la tierra y de los recursos naturales

108 Toda propiedad de tierra debe cumplir una funcin econmica, social y ecolgica

109 Control social para supervigilar la distribucin de tierras y el uso de los recursos naturales

110 El agua es un derecho humano, por lo que no debe ser concesionada, ni privatizada ni estar sujeta a acuerdos comerciales internacionales

111 Derecho a un medio ambiente sano para las presentes y futuras generaciones

112 Respeto a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)

113 La tierra es del Estado 114 Expropiacin de tierras por razones de

utilidad pblica o inters social 115 Derecho a la propiedad y posesin

privada de la tierra 116 Consulta a pueblos indgenas para

adjudicaciones y contratos de tierras 117 Derecho de las mujeres a tierras, sin

discriminacin 118 Regulacin en el uso de semillas

transgnicas y productos qumicos 119 Conservacin de la diversidad biolgica y

de las reas protegidas, as como explotacin racional de los recursos naturales. Esto, en respeto y pensando en las nuevas generaciones

120 Los recursos naturales son de los bolivianos y bolivianas, quienes delegan al Estado su administracin

121 El desarrollo sostenible debe ser el modelo de desarrollo del pas

122 El Estado garantiza el acceso de todos los bolivianos y bolivianas a los recursos naturales

123 Utilizacin de los recursos naturales bajo consulta y aprobacin de los ciudadanos y ciudadanas

124 Incentivos a la industria sin chimenea 125 Rgimen de Desarrollo Integral

Amaznico 126 Es derecho humano fundamental gozar

de un ambiente sano 127 Polticas estatales para aprovechar mejor

y con sostenibilidad los productos de la Amazona

128 Rgimen de Bosques 129 El Estado debe promover la

industrializacin de la coca

130 Reconocimiento de la hoja de coca como patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios andinos

131 Despenalizacin de la coca 132 Reconocimiento, conservacin y

proteccin de las zonas tradicionales originarias de produccin de coca

133 El Estado es dueo de todas las riquezas 134 El aprovechamiento de los recursos

naturales debe ser sostenible 135 Rgimen gremial y artesanal 136 Modelo de economa mixta y solidaria 137 No a los latifundios ni a los monopolios 138 Control social 139 Seguridad y soberana alimentarias 140 El Estado es el promotor del desarrollo

econmico del pas 141 El Estado debe garantizar la seguridad y

soberana nacionales construyendo puestos militares y policiales equipados en las fronteras

142 Los tratados internacionales nunca deben estar por encima de los preceptos de la Constitucin Poltica del Estado

143 La poltica exterior boliviana se fundamenta en los principios de soberana, independencia, autodeterminacin de los pueblos, democracia, solidaridad y cooperacin

144 Dotar, desde el Estado, de servicios bsicos a los ciudadanos asentados en las fronteras

145 Mejorar las condiciones de salud en las fronteras

146 Fiscalizar el estricto cumplimiento del no asentamiento de extranjeros en la franja fronteriza

147 Construccin de vas camineras para comunicar a las fronteras con el resto del pas

148 Reivindicacin martima 149 Es deber de los bolivianos prestar

servicio social, civil, humanitario o militar a la Patria

150 El Presidente es el Capitn General de las Fuerzas Armadas y a l tambin obedece la Polica Nacional

151 Las Fuerzas Armadas tienen las funciones prioritarias de: defender a la Patria, conservar la integridad del espacio geogrfico nacional, conservar la independencia y seguridad nacionales, cuidar las fronteras, brindar estabilidad al gobierno legal y constitucionalmente constituido, mantener el orden pblico, actuar en casos de calamidad pblica, cuidar los recursos naturales y apoyar al desarrollo nacional



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152 Son funciones prioritarias de la Polica Nacional: garantizar la seguridad interna y el imperio de la ley, luchar contra el delito, garantizar el libre ejercicio de los derechos y garantas de las personas, hacerse cargo de la seguridad en los establecimientos penitenciarios y cumplir

funciones preventivas y de auxilio a la sociedad

153 Las Fuerzas Armadas estarn sujetas a su propio fuero judicial pero dejarn actuar a la justicia ordinaria en casos de violacin a los derechos humanos

Lo cierto es que los medios de comunicacin hubieran podido aprovechar la Asamblea Constituyente para renovar sus agendas y acercarse ms a la ciudadana. No fue as. Los peridicos bolivianos slo prestaron atencin al 27 por ciento de esos temas desarrollndolos en algunos de sus materiales informativos. Si bien otro 30 por ciento de los temas fue alguna vez mencionado en los textos, esa mencin no pas de una enunciacin sin aporte alguno. El 43 por ciento no apareci nunca en las pginas de los diarios. Hubo indudablemente mucha cobertura a la Asamblea Constituyente; de hecho, ella ocup casi todos los das, durante un ao, las primeras planas de los diarios. Sin embargo, se trat de una cobertura de lo coyuntural, de lo superficial, de la forma. Los periodistas y los medios no se interesaron por la esencia del cnclave, es decir, por los procesos de dilogo, deliberacin, concertacin, debate, reencuentro, reconocimiento, consenso y participacin. No se interesaron por las propuestas, que las hubo, y muchas.

Hubieran podido aprovechar los encuentros territoriales y las audiencias pblicas para ponerse en contacto con las fuentes primarias de las propuestas, es decir, con las instituciones y ciudadanos que las presentaron. Hubieran creado espacios fijos en sus pginas para hablar todos los das de alguno de esos temas. Hubieran, incluso, ayudado, a travs del telfono, a recoger propuestas de la ciudadana. Hubieran recorrido las provincias en bsqueda de ideas de pas. Hubieran podido utilizar tcnicas de anlisis que ayudaran a detectar las coincidencias de las posiciones, antes que los antagonismos. Hubieran podido lucirse mediante el gnero de la entrevista para conocer las opiniones de gente clave. Pero no. Lo que les interes fue espectacularizar los conflictos en la Asamblea, sin comprender que los problemas son normales en una instancia tan compleja. Magnificaron los incidentes y los hechos circunstanciales de agresiones y violencia. Se sobredimensionaron las confrontaciones de ideas. Se brind informacin no relevante y superficial: lo que se gast, lo que dijo, lo que respondi, su estado de ebriedad, el cronograma atrasado, la cantidad de propuestas que llegaron, la enfermedad, la cada, la renuncia, la presentacin de un libro, el foro, el encuentro, la gente que asisti, quin habl primero, quin habl despus, las fechas, etc. O sea, lo anormal fue mostrado como normal a travs de los peridicos, y lo normal, es decir, el debate pblico al interior de cada comisin de trabajo, fue expuesto como anormal.

Es factible decir, entonces, que la informacin ha sido uno de los grandes problemas que tuvo la Asamblea Constituyente, mejor dicho, la desinformacin que se cre sobre ella. Esto, porque, a pesar de ser un evento no tradicional, fue cubierto por un periodismo tradicional, al que slo le interesan los hechos raros, conflictivos, de suspenso y de emocin, y al que no le interesan los procesos ni las construcciones.

Las propuestas que se desarrollaron fueron las relacionadas a los temas de: o las autonomas, en primer lugar; o la plurinacionalidad y la capitalidad plena, luego; o el control social, el carcter del Estado, la libertad de culto y la importancia de la

educacin, despus; o la propiedad de la tierra, la economa mixta y el servicio militar, en cuarto lugar; y o la edad para el voto, la justicia comunitaria, la autonoma universitaria, la eleccin

de ministros y el fortalecimiento de la institucin policial, finalmente.



10

Valorarlas genuinamente no fue, empero, lo que sucedi. Esas propuestas destacaron porque estuvieron muy politizadas y, por lo tanto, eran polmicas y atractivas para los periodistas. Se cubrieron generalmente en base a dos versiones contradictorias que respondan a las posiciones de los poderes (el gobierno, por un lado, y la oposicin, por otro), quedando ausentes las opiniones reales de la ciudadana, que estn en una zona mayoritariamente intermedia y gris. Prim el enfoque de conflicto en el tratamiento periodstico. Temas apenas enunciados fueron: segunda vuelta electoral, defensa del medio ambiente, igualdad de derechos humanos y ciudadanos, despenalizacin de la hoja de coca, generacin de empleos, abastecimiento energtico interno, tuicin del Estado sobre los recursos naturales, rgimen minero, seguridad alimentaria e incorporacin de la medicina tradicional al sistema de salud, entre otros. Informacin, as, superficial, sin seguimiento, no invita a la gente a participar, a pensar y a proponer en un ambiente de sana concurrencia de ideas. Los prejuicios y las confrontaciones, por el desconocimiento de la esencia de los temas, preponderan. Y, lo que puede resultar peor, mucha gente prefiere adoptar una actitud indiferente, cnica y alejada frente a las deliberaciones pblicas que hacen ciudadana. Temas nunca aparecidos en las pginas de los peridicos tuvieron que ver con el desarrollo de las regiones fronterizas, el desarrollo de la Amazona, la mayor participacin de la mujer en el campo poltico, la creacin de la Procuradura General de la Repblica para defender los intereses del Estado, la nacionalidad para los extranjeros, la ciudadana desde el nacimiento, las elecciones por usos y costumbres, los cargos pblicos ocupados por profesionales afines, la educacin tcnica, la investigacin, la infancia, la maternidad, la industrializacin de las materias primas, las estrategias de desarrollo local, regional y nacional, el modelo de desarrollo de pas, el rgimen de bosques, la poltica exterior boliviana, la reivindicacin martima, en fin Que los periodistas hayan difundido tan pocas propuestas que son de inters de la ciudadana significa que los medios se estn quedando fuera de contexto, atrapados en una realidad irreal que ellos cultivan pero que, al mismo tiempo, no es la que el pblico considera valedera. El pblico tiene una agenda de prioridades que no necesariamente coincide con la que los medios presentan a esa misma poblacin. Pocas propuestas cubiertas tambin implica que los medios no estn ayudando a construir democracia. Con su indiferencia, muchas necesidades de personas o grupos no logran formar parte de la opinin pblica y, por lo tanto, quedan al margen de la agenda pblica y de las decisiones polticas. Temas inflados fueron, entre otros, los cambios en el Escudo y la sustitucin del nombre de Bolivia por Kollasuyo, inflados, decimos, porque no figuraron como propuestas recurrentes en las comisiones y, por lo tanto, no pueden ser considerados como preocupaciones genuinas de los bolivianos. Aun as, fueron privilegiados con la asignacin de pginas y pginas, slo para crear escndalo. "La ciudadana lleg a pensar que ideas descabelladas se estaban constitucionalizando", expres a la autora de este trabajo, en junio de 2007, el presidente de la Comisin Otros rganos del Estado, Orlando Ceballos Acua, constituyente plurinominal por Chuquisaca y el MBL. Gran parte de las falencias en la cobertura periodstica a las propuestas de la Asamblea Constituyente se debe a que los periodistas se equivocaron de actores como fuentes de informacin porque se dejaron llevar por los juegos y entuertos de la poltica. En vez de entrevistar a la ciudadana en general, se dedicaron a entrevistar a los polticos. Y cuando entrevistaron a los constituyentes, lo hacan con aqullos que eran, ante todo y sobre todo, polticos de carrera que respondan a intereses partidarios. Los constituyentes favoritos de los medios y los periodistas fueron: Jos Antonio Aruquipa Zenteno, de PODEMOS, en primer lugar; Sal valos Cortez, del MAS, en segundo lugar; Samuel Doria Medina, de UN, en tercer lugar; Silvia Lazarte Flores, del MAS, luego; Guillermo Richter Ascimani, del MNR, despus; y as sucesivamente, Romn Loayza Caero, del MAS; Marco Antonio Carrillo Fuentes, del MAS; Edwin Gamal Serham, de PODEMOS; Jorge Lazarte Rojas, de UN; Roberto Ivn Aguilar Gmez, del MAS; Carlos Romero Bonifaz, del MAS; scar Ral Prada Alcoreza, del MAS; y Rubn Daro Cullar Surez, de PODEMOS. Silvia Lazarte y Roberto Aguilar, presidenta y vicepresidente respectivamente, eran consultados respecto a temas afines a sus cargos, es decir, los operativos de la Asamblea Constituyente. Jorge Lazarte jug, ante todo, el rol de analista poltico. El resto de los constituyentes opinaba poltica y no tcnicamente sobre la



11

Asamblea y las propuestas; de hecho, generalmente no hablaban de sus respectivas comisiones, que era lo que les competa. Aunque hubo ms constituyentes masistas consultados y se los busc con mayor frecuencia, fue el discurso de PODEMOS (la fuerza poltica opositora al Gobierno actual del MAS) el que notablemente y con ventaja se dej sentir en los materiales periodsticos. El hecho de que la discusin meditica de las propuestas haya sido ideolgica antes que tcnica y el hecho de que los constituyentes consultados eran procedentes de las ciudades del eje de Bolivia (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) donde se concentran el Gobierno y la oposicin, son factores claves para entender el porqu prim el conflicto en el tratamiento periodstico dado a las propuestas de la Asamblea Constituyente y el porqu se cre la imagen de que en el cnclave todo era discordias y nada era consenso. As, la Asamblea Constituyente fue desprestigiada, deslegitimada, porque los periodistas, inocentemente o no, se dejaron usar por los polticos, la mayora de ellos los propios constituyentes que, con carcter previo, se haban comprometido pblicamente a trabajar en pro de la creacin de un nuevo pacto social



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Vicepresidencia de la Repblica de Bolivia 2006 Reflexiones para la Asamblea Constituyente. La Paz



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La comunicacin como herramienta de gestin territorial Apuntes para el debate Sergio Mogliati [email protected]

Sergio Mogliati. Licenciado en Ciencias de la Comunicacin Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor del Seminario Medioambiente y Comunicacin en la Carrera de Ciencias de la UBA y de la material Periodismo especializado en ecologa,

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es director de la revista Hydria y consultor en temas de educacin y comunicacin

para el sector ambiental en Argentina.



2

Los temas ambientales han ingresado hace relativamente poco tiempo en la agenda de la opinin pblica mundial. En las casi cuatro dcadas que nos separan del Informe Meadows y de la primera Cumbre de Naciones Unidas sobre Medioambiente1

A su vez, en los ltimos aos, el creciente costo de la energa (y tambin de las materias primas de tipo extractivo), la movilizacin social sobre las diversas cuestiones relacionadas con el ambiente y, con suerte y eficacia dispares, la accin de distintas instancias internacionales que dieron como resultados varios acuerdos intergubernamentales sobre algunas temticas

han proliferado los discursos relacionados con la temtica incluyendo los medios masivos- adems de distintas iniciativas a nivel gubernamental, no gubernamental y multilateral. El periodo marca un proceso contradictorio, ya que por un lado asistimos a una mayor generacin de informacin cientfico-tcnica sobre los impactos de origen antrpico sobre el medioambiente (y, en muchos casos, con gran repercusin masiva y movilizaciones en distintos lugares del mundo, especialmente en la ltima dcada), pero por otro lado se profundiz la tendencia hacia una relacin mtica de las comunidades con la naturaleza, producto de una desterritorializacin de la vida cotidiana (o falta de experiencia ambiental directa), especialmente en reas urbanas con un nivel medio o alto de ingresos.

2

Pero las problemticas de tipo ambiental o territorial

, obligaron al sector productivo a intervenir sobre sus propios mecanismos de produccin con el fin de reducir costos econmicos o desactivar la presin de la opinin pblica, y a los estados a generar marcos normativos y de gestin especficos. Las movilizaciones populares, que impulsaron una variada gama de demandas que llevaron a considerar el ambiente como uno de los derechos bsicos de los ciudadanos, tambin presentan un aspecto contradictorio desde el punto de vista de la gestin, ya que por un lado las demandas se asientan sobre temticas muy especficas y en la mayora de los casos- locales, mientras que la gestin del territorio en general, y de los recursos naturales en particular, requiere de una mirada integral si pretende hacer efectivos dichos derechos e incorporar cuotas crecientes de justicia. La prensa, por su parte, no ha sido capaz tampoco de un enfoque integral. La complejidad de la temtica, la diversidad de disciplinas que intervienen y los tiempos no mediticos de los problemas ambientales han contribuido a ello. Por lo tanto, la explosin de discursos sobre la temtica ambiental no es sinnimo de conciencia ambiental, como la proliferacin de organismos ambientales no es sinnimo de una mejor gestin. Asimismo, la multiplicidad de grupos movilizados por estos temas en todo el mundo no es sinnimo de un avance en la asignacin ptima de recursos o en la toma de decisiones justas o acertadas.

Es comn que sobre el concepto de medioambiente o de ecologa aparezcan mezcladas demandas tan diversas como la conservacin de espacios naturales, proteccin de la calidad de vida, derechos de acceso a los servicios, mistificacin de lo natural, responsabilidad ciudadana, entre muchos otros. A veces, dichas movilizaciones ponen en discusin cuestiones de fondo y, en otras, aparecen aspectos francamente regresivos.

3 no son nuevas, sino que expresan con nuevas formas viejos conflictos, como la pobreza, la sanidad o la exclusin social. Adems de la permanencia de los factores histricos que sostienen dichos problemas, la cuestin ambiental incorpora a ellos la tensin cada vez ms aguda entre crecimiento y sostenibilidad ambiental4. Por lo tanto, los pobres, los excluidos y los enfermos5

1 . El informe titulado Los lmites al crecimiento, elaborado por el MIT (comisin presidida por D. L. Meadows) para el Club de Roma, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, reunida en Estocolmo en 1972, son considerados como los hitos que marcaron el ingreso del debate ambiental a la dimensin global. 2 . Entre otras, las convenciones sobre cambio climtico, biodiversidad, aves migratorias, trfico de fauna silvestre, humedales. Este proceso se produce fundamentalmente a partir de la Cumbre de la Tierra en Ro de Janeiro en 1992. 3 . Utilizamos en este artculo los conceptos de ambiente y territorio como sinnimos. Estimamos que el primer concepto puede tener una acepcin acotada, circunscripto a la agenda ecologista, al menos en algunos pases. Por el contrario, creemos que el concepto de territorio es ms adecuado para dar cuenta del carcter integral de la problemtica. 4 . Existe una amplia bibliografa al respecto. Ver, entre otros, los trabajos de Joan Martinez Allier y Jos Manuel Naredo. 5 . Nos referimos aqu a los que padecen enfermedades evitables producto de problemticas ambientales. La Organizacin Mundial de la Salud estima que el 24% de la carga de morbilidad y el 23% de mortalitad corresponde a factores ambientales. En los nios de 0 a 14 aos esta incidencia aumenta al 36%. Ver Ambientes saludables y prevencin de enfermedades, por A. Prss-stn y C. Corvaln, OMS, 2006.

(entre muchas otras) son categoras que pueden ser analizadas desde lo ambiental. Para decirlo



3

de otra manera, la gestin territorial es una herramienta fundamental para lograr procesos de inclusin, de redistribucin y de justicia social. La comunicacin ha jugado un rol importante en el tratamiento de algunas de estas problemticas; ha sido utilizada por ejemplo en la promocin educativa o sanitaria en el marco de programas nacionales o multilaterales. La denominada comunicacin para el desarrollo6

Las ciencias de la naturaleza (como la biologa, la climatologa, la fsica, la hidrologa, la geomorfologa, la geologa, la qumica, la oceanografa, etc.) estn aportando una serie de evidencias sobre los impactos de origen antrpico sobre el medioambiente que, con las marchas y contramarchas previsibles, estn logrando consensos en el mundo cientfico y tienen una creciente difusin masiva

aport instrumentos y metodologas para desarrollar las potencialidades de las comunidades o para generar procesos de participacin en la toma de decisiones. Sin embargo, estos temas (y muchos otros) no pueden seguir siendo tratados en forma aislada, ya que lo territorial nos obliga a una mirada transversal. En consecuencia, la comunicacin requiere hoy de un abordaje superador para consolidarse como herramienta de gestin, definiendo nuevos problemas, nuevos enfoques metodolgicos y nuevas competencias por parte de los profesionales. Comunicacin y territorio

7

Estos dos desafos comunes a cualquier accin de comunicacin- cuando se aplican a lo territorial implican revisar los problemas y los enfoques. De esta manera se definen nuevos desafos: a) abordar lo complejo, de manera tal que las decisiones sociales puedan ser tomadas en funcin de una correcta evaluacin de riesgos y alternativas posibles; b) reconstruir simblicamente la relacin comunidad-ambiente, que permita poner en relacin las conductas y hbitos de vida con sus consecuencias ambientales a pesar de la desterritorializacin de la vida urbana

.

A pesar de ello, el grueso de los habitantes del planeta permanece ajeno a los debates y, ms an, no accede a informacin precisa y til ni a espacios de reflexin sobre temas que ponen en cuestin sus propias formas y hbitos de vida. No nos referimos aqu solamente a los pobres del mundo (que son los que sufren las consecuencias directas del deterioro ambiental), sino tambin a las clases medias y altas que forman parte de la sociedad de consumo, principal motor de la degradacin ambiental. En este contexto, la comunicacin tiene un lugar de suma importancia en la generacin de conocimiento sobre las formas en que los distintos pblicos se relacionan con el territorio y los recursos, como as tambin construyendo canales de comunicacin y espacios vlidos de reflexin y participacin.

8; c) construir sentido sobre la dimensin integral de los problemas ambientales generalmente a nivel de cuencas hidrogrficas9

Para ilustrar lo que estamos diciendo tomaremos el caso de una inundacin como ejemplo. Cul es la dimensin territorial de una inundacin? Si reducimos el territorio a la zona afectada (es decir, a la porcin del territorio con su correspondiente poblacin y bienes que han quedado bajo el agua), tal como aparece comnmente en boca de los funcionarios y de la prensa, el problema es operable a travs de obras de infraestructura (construccin de defensas, diques, reservorios, etc.). Es decir, que la solucin se realiza a

-, nica dimensin posible de gestin ptima del territorio y, d) redefinir las tecnologas aplicables a la solucin de los problemas.

6 . Para un panorama sobre el tema ver rbol genealgico de teoras, metodologas y estrategias en la comunicacin para el desarrollo, de Silvio Waisbord. Papeer preparado para la Fundacin Rockefeller. 7. Ver, por ejemplo, los informes sectoriales de la Evaluacin de los Ecosistema del Milenio, 2005. (www.millenniumassessment.org) 8 . La experiencia ambiental urbana est mediada, entre otros factores, por la existencia de servicios pblicos (agua potable, cloacas, recoleccin de residuos slidos, desages pluviales, redes de energa y transportes) y por la cadena de comercializacin de productos de consumo masivo. En otro trabajo abordamos este tema: Ambiente, servicios pblicos e imaginario social, por Sergio Mogliati y Pablo Gavirati, I Jornadas Internacionales de Ecologa y Lenguajes, Crdoba, agosto 2008 9 . Una cuenca hidrogrfica est definida por todo el territorio en el que el agua de superficie escurre hacia un mismo cuerpo receptos (ro, arroyo o lago, etc.). Existe un consenso extendido entre los profesionales de las ciencias de la naturaleza y de la ingeniera, explicitado en cuanto evento internacional se dedique al tema, que la unidad ptima de gestin del agua, pero tambin de los recursos naturales en general, es la cuenca hidrogrfica. Ver Gestin de recursos a nivel de cuencas, por Axel Dourojeanni y Andrei Jouralev, Foro Agua para las Amricas en el siglo XXI, Mxico, 2002.



4

travs de tecnologas de construccin (estructurales). La comunicacin ha quedado all totalmente fuera de la problemtica. Si, en cambio, definimos el espacio territorial a intervenir a nivel de cuenca hidrogrfica

a) Los usos del suelo agrcola, que determinarn una mayor o menor infiltracin del agua y, en consecuencia, un mayor o menor caudal que recibir el ro.

del ro desbordado, el problema cambia de naturaleza. Aparecen all varios procesos que deben ser tenidos en cuenta:

b) La ocupacin de los valles de inundacin de los ros en su paso por las ciudades, que determinar el espacio fsico que el ro tendr para evacuar el agua y los obstculos que encontrar dentro del mismo.

c) Las restricciones al uso del suelo urbano, ya que su uso indebido determinar los riesgos potenciales cuando la inundacin se produzca, ya sea de contaminacin qumica o proliferacin de vectores de enfermedades.

d) La correcta utilizacin de los sistemas de drenaje y la limpieza urbana que afectarn la permanencia de agua en superficie durante las lluvias.

e) La organizacin de sistemas de alerta temprana y su funcionamiento eficaz durante la emergencia. f) La disposicin de mecanismos de retencin de agua en los predios particulares y los porcentajes de

impermeabilizacin del suelo fijados en los cdigos urbanos. No hace falta detallar aqu las consecuencias de diversa ndole que acarrea una inundacin10

En los procesos descriptos, todos ellos relacionados en forma directa con una inundacin, son necesarias una multiplicidad de disciplinas para operar sobre el territorio. La comunicacin es una de las principales. Las intervenciones estructurales, cuando son necesarias, son apenas una pequea porcin de las soluciones

(entre ellas, sanitarias, econmicas, psicolgicas, educativas; tanto en el momento puntual de la catstrofe como a largo plazo), al margen de las consecuencias de segregacin que significan, ya sean en lo social como en lo territorial.

11

10. Una inundacin no es un fenmeno natural. El fenmeno natural es la lluvia, y llamamos inundacin a la afectacin de personas y bienes por ese fenmeno. 11 . En una jornada de debate sobre la gran inundacin de la ciudad de Santa Fe (Argentina) en 2003, un ingeniero comenz el evento con esta frase: Una obra de defensa es algo que nunca debera ser construido. La frase hace referencia a que si se aplican correctamente las soluciones no estructurales (planificacin del territorio) no son necesarias las soluciones estructurales (obras de infraestructura).

. En el ejemplo mencionado se ve claramente que los problemas ambientales o territoriales requieren necesariamente un tratamiento integral y pone de relieve la estrechez de las soluciones atomizadas. El enfoque integral slo es posible si esa integralidad aparece como un componente de la construccin simblica del territorio, de manera tal que tanto los responsables de la gestin como los distintos grupos sociales (incluida la prensa) puedan elaborar consensos sobre cmo definimos un espacio en tanto unidad ptima de gestin. Entonces ser posible dimensionar correctamente los problemas, definir las acciones y las tecnologas a utilizar para resolverlos, teniendo como objetivo una mejora real en la distribucin de la riqueza, un fortalecimiento de los derechos humanos y una asignacin ptima de los recursos disponibles por la sociedad. Recin entonces podremos generar y/o fortalecer las instancias supraindividuales necesarias para la gestin del territorio, ya se trate de estados (nacionales, provinciales, departamentales) o de organismos (muchas veces interjurisdiccionales) con capacidad tcnica y poltica para asumir los desafos. Hacia la comunicacin como herramienta de gestin territorial En conclusin, la comunicacin tiene como desafo la construccin de nuevos imaginarios, de nuevos espacios conceptuales sobre los cuales desarrollar estrategias de gestin, fruto de procesos de la participacin ciudadana sobre la base del conocimiento profundo de las temticas y de las alternativas posibles en cada caso.



5

El esquema que parece imperar en la mayora de los medios de comunicacin, que construyen una oposicin maniquea entre demandas sociales siempre razonables frente a estados siempre sospechosos de negligencia, corrupcin o desidia, puede rendir frutos en trminos de rating, pero no parece ser el camino ms fructfero para el bien comn.

El anlisis de los medios, y de su tratamiento de la temtica ambiental o territorial es, sin dudas, valioso. Dicho campo es conocido y transitado por las ciencias de la comunicacin. Sin embargo, subrayamos aqu la importancia de abrir nuevos enfoques desde esta disciplina hacia la cuestin ambiental-territorial, donde la comunicacin debe interactuar con otras reas del conocimiento social como la sociologa, la antropologa, la geografa y la psicologa, entre otras- para incorporar sus aportes como parte de las herramientas necesarias para el planificador en su abordaje de los complejos problemas territoriales y para el desarrollo de herramientas de gestin, ya sea en la etapa de diagnstico, ejecucin o evaluacin. Pero adems, debe hacer una lectura profunda de los aportes de las ciencias de la naturaleza, buscando en ellas los aspectos determinantes para la gestin social del territorio. En este sentido, la comunicacin debe hacer una lectura no reduccionista de la complejidad a que nos enfrentan estos problemas. Por ltimo, a las evidencias cientficas que aportan las ciencias de la naturaleza sobre los impactos de nuestras acciones sobre el planeta, y al aporte de las ciencias sociales sobre la dinmica de poblaciones, la comunicacin podr sumar una especificidad como disciplina que apunte a generar los consensos necesarios para la gestin de una sociedad ms justa y sostenible, y deber profundizar los desarrollos metodolgicos para lograr ese objetivo.



1

Comunicacin y conflictos socioambientales en el Per Radios educativas y comunitarias en la encrucijada1 Jorge Acevedo Rojas Jorge Acevedo Rojas. Comunicador social y educador. Director Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radio. Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicacin de la Pontificia Universidad Catlica del Per y de la Facultad de

Comunicacin de la Universidad de Lima.

RESUMEN

El artculo presenta un conjunto de reflexiones sobre la actuacin de radios educativas y comunitarias en

contextos de conflicto social principalmente entre empresas mineras y comunidades en el Per. Parte de

una aproximacin a la problemtica de los conflictos sociambientales, cuyo nmero e intensidad se ha

incrementado significativamente en los ltimos aos. Propone una descripcin de los principales escenarios

y actores, incluidos medios de comunicacin, as como los problemas de carcter estructural que se ubican

a la base de las relaciones de conflictividad social. Presenta una definicin general de las radios

comunitarias y educativas y sus proyectos de comunicacin; propone y analiza los principales ejes de

tensin y los desafos que afrontan estas emisoras en situaciones de conflictividad, tensiones que tienen

que ver con las nociones de objetividad y pluralismo informativo en el marco de relaciones asimtricas de

poder y comunicacin entre empresas, Estado y comunidades; as como la ubicacin y el rol de las

emisoras frente al tejido social en situaciones de conflictividad, entre otros campos del quehacer

comunicativo.

1 Buena parte de las reflexiones presentadas en el artculo son resultado del anlisis y debate al interior de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) sobre el rol de las radios y la red en el contexto de conflictos sociales. Las tres primeras secciones del documento, con informacin ms actual y algunos agregados incorporados en el presente texto, son parte de una ponencia sobre la formacin de comunicadores para el desarrollo en el Per y su actuacin en situaciones de conflicto social, presentada por el autor al XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicacin Social, con sede en La Habana, del 19 al 22 de octubre del ao 2009.



2

I. Conflictos socio ambientales en el Per

Segn los informes que en los ltimos aos ha elaborado la Defensora del Pueblo sobre conflictos sociales

en el Per, cerca de la mitad de las situaciones de conflictividad est asociada a cuestiones ambientales,

principalmente al desarrollo de proyectos y actividades mineras.

Al mes de agosto del ao 2009, la Defensora report un total de 284 conflictos sociales, de los cuales 235

se encontraban activos (83%) y 49 en situacin de latencia (17%). El 48% de los conflictos registrados tiene

un carcter socio ambiental2

El nmero de procesos de conflictividad social ha ido en aumento en los ltimos aos. En diciembre del ao

2008 la Defensora del Pueblo registr 197 conflictos de los cuales 93 (47%) eran de tipo socio ambiental.

Un ao antes, en diciembre del ao 2007 la Defensora registr un total de 78 conflictos y en junio del 2008,

132

.

3

La pobreza, como ha sustentado Amartya Sen, constituye una condicin de privacin de libertades,

derechos y oportunidades

.

Otra de las caractersticas sustanciales de los conflictos es que estos se ubican principalmente en

localidades que se encuentran por debajo de la lnea de pobreza, incluso de extrema pobreza. Segn los

criterios que maneja el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica del Per (INEI), estn por debajo de la

lnea de pobreza las personas que sobreviven con algo ms de US $ 74,0 por mes (39,3% en el 2007).

4

La organizacin no gubernamental Cooperaccion ha revelado que al ao 2008 el Estado peruano haba

concesionado un total de 16.3 millones de hectreas para explotacin minera. Se trata de un 13% del

territorio nacional, porcentaje que prcticamente se ha triplicado desde la dcada del 90. En este contexto

general hay regiones y localidades, entre las ms empobrecidas del pas, con una extensin colosal de

territorio concesionado para la actividad minera: la regin Apurmac (40% del total de su territorio), la regin

. La pobreza est asociada a un dbil ejercicio de derechos a la salud, a la

educacin, acceso a la justicia, a informacin de inters pblico, a ser escuchado, visto o ledo a travs de

medios de comunicacin, a influir en toma de decisiones de poltica local y nacional, a vivir en un medio

ambiente saludable.

Territorialmente, la pobreza y la extrema pobreza se sitan en la sierra (centro y sur) y en la regin

amaznica, fundamentalmente en zonas rurales y en localidades urbanas con incipientes niveles de

modernizacin y una dbil presencia del Estado.

En las dos ltimas dcadas, en el marco de las reformas neoliberales y de apertura de la economa peruana

a la inversin extranjera, la actividad extractiva de minerales ha ocupado un lugar preponderante en la

generacin del Producto Bruto Interno (PBI) y especialmente en las exportaciones. Desde entonces, los

conflictos sociales que tienen como principales actores a las empresas mineras, el Estado y las

comunidades, han crecido sostenidamente.

2 En: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/44conflictos_-_reporte_66_-_agosto_2009.pdf 3 En: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2009/reporte-058.pdf 4 Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Buenos Aires, Planeta, 2000.



3

Cajamarca (37,6%), la regin Piura (25%), y la provincia de Vctor Fajardo en Ayacucho (aproximadamente

un 50%).

II. El trasfondo de los conflictos

En los ltimos aos, el crecimiento econmico en el Per se ha centrado en la renta de las principales

empresas exportadoras de minerales y otras materias primas. Una de las razones de la bonanza econmica

para el sector es que los precios de los minerales que exportan en su mayora empresas transnacionales se

incrementaron en 682% entre los aos 2005 y 20075

A pesar de las enormes ganancias de empresas mineras debido a la coyuntura internacional, este sector se

ha amparado en contratos de estabilidad jurdica suscritos durante el gobierno de A. Fujimori en los aos

noventa, para sostener privilegios. En virtud a los contratos varias empresas mineras no pagan regalas

.

El crecimiento econmico no chorrea para las grandes mayoras. El aumento del PBI y de las

exportaciones no conlleva equidad, beneficia a pequeos sectores y se expresa incluso en la prdida de los

niveles de salario real de los trabajadores, en la poco significativa disminucin de la pobreza y tambin en el

campo de las intersubjetividades: amplios sectores de la poblacin perciben que los recursos generados en

el pas y el crecimiento slo benefician a unos pocos y no a las grandes mayoras. Hay, como ha sealado

el economista Jrgen Schuldt, optimismo y bienestar en la macro econmica y malestar en la micro

economa.

6, y

tampoco han pagado impuesto a la sobreganancia gracias a un acuerdo con el actual gobierno que opt por

acordar con los empresarios una donacin extraordinaria, llamada bolo minero, mecanismo que en la

prctica slo ha funcionado parcialmente7

Se trata de empresas que acceden con relativa facilidad a instancias de toma de decisin en el sector

Energa y Minas, y en general en las agencias estatales relacionadas con la inversin minera. Cuentan con

informacin y asesora jurdica de prestigiosos e influyentes estudios de abogados, desarrollan estrategias

de relacionamiento con la prensa nacional

.

8

5 Campodnico, Humberto. Crecimiento y Pobreza. En OXFAM. Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Per. Informe anual 2006 2007. Lima, OXFAM, 2007. 6 Grupo Propuesta Ciudadana. Vigilancia de las Industrias extractivas. Reporte Nacional No. 5 Balance 2004 2006. Lima, Propuesta Ciudadana, 2007.

a fin de situar en la agenda meditica informacin y posiciones

afines a la inversin minera. Su gran poder econmico y el carcter de la relacin que construyen con el

Estado, hace que estas empresas se relacionen con las comunidades en condiciones muy favorables para

sus intereses.

7Refirindose a la eficacia del bolo minero en comparacin a lo que habra sido la aprobacin y puesta en vigencia de un impuesto extraordinario a la sobreganancia, el economista Humberto Campodnico sostiene que las utilidades de (las empresas mineras) Antamina, Cerro Verde, Yanacocha, Southern, Tintaya y Barrick fueron US$ 4,783 y 4,482 millones en el 2007 y el 2008, (lo que) da un total de US$ 9,265 millones para esos dos aos. Pero el bolo solo recaud US$ 456 millones en el 2007 y el 2008. Lo que quiere decir que se perdi una oportunidad extraordinaria de guardar pan para mayo, justo cuando ms se requiere de dinero extra, debido a la crisis internacional en marcha. En: http://www.larepublica.pe/cristal-de-mira/11/07/2009/solo-se-invirtio-el-34-del-obolo-minero. La decisin de no aplicar temporalmente un impuesto a la sobreganancia dej en la discrecionalidad de las empresas la determinacin del volumen del aporte y de los mecanismos para su ejecucin. A mayo del 2009 y luego de dos aos de vigencia se haba invertido slo el 33,9% del fondo acumulado.

8 Incluso, inversionistas mineros han adquirido recientemente una emisora de alcance nacional, con repetidoras en diversas regiones del pas: Cadena Peruana de Noticias (CPN).



4

Entre tanto, en las comunidades en las que se ejecuta explotacin minera la sensacin de despojo se ha ido

acentuando de manera significativa, pues paradjicamente en regiones con excepcional riqueza en oro y

otros minerales no slo no han disminuido sino que incluso han aumentado los niveles de pobreza y

pobreza extrema.

A la brutal asimetra en el control de los recursos y de la renta generada por la explotacin de minerales, se

suma el perjuicio medioambiental que ocasiona la actividad extractiva que no cumple con estndares

ambientales adecuados para garantizar la preservacin de la biodiversidad, los niveles pre-existentes de

calidad de aire, agua y suelos. A la base de los conflictos existen condicionantes estructurales que no

vienen siendo abordados por el Estado peruano mediante polticas pblicas adecuadas.

En la prctica se expolia a diversas comunidades, se ocasiona daos irreparables al medioambiente y

muchas veces las empresas no dialogan y concertan con las poblaciones en la idea de lograr, en principio,

licencia social para el desarrollo de sus actividades, incluyendo la fase inicial de exploracin, y

posteriormente acuerdos orientados a construir condiciones para un desarrollo sustentable. Pareciera que la

dialctica de negacin del otro permanece inclume, a pesar que fue instalada en Amrica Latina hace ms

de 500 aos9

Esta suerte de alianza tcita entre poder econmico y poder poltico explica los ataques y amenazas por

parte del gobierno a movimientos ambientalistas y de derechos humanos, a radios educativas y

comunitarias

.

La situacin se ha agravado debido a que el Estado en general no viene cumpliendo con su rol regulador y

de proteccin de los derechos de las poblaciones afectadas. La Defensora del Pueblo ha alertado que en

buena parte de los conflictos el Estado no est presente y cuando acta lo hace de manera inadecuada. En

muchos casos, el Estado aparece como defensor de los intereses del capital extranjero y de un pequeo

sector de empresarios nacionales.

10

Son interesantes, sin embargo, algunos casos en los cuales a travs de mecanismos de consulta a las

poblaciones para lograr la licencia social orientada a permitir la exploracin y posterior explotacin,

mediante la concrecin de voluntades polticas de las partes, as como la instalacin de espacios de

dilogo con mediacin de actores de sociedad civil, se ha logrado procesar los conflictos aunque no

resolverlos definitivamente- y mejorar las relaciones entre empresas y comunidades

, a periodistas y lderes de las comunidades en las que se han desencadenado conflictos

sociales.

En las comunidades hay incredulidad, se ha perdido la confianza en la accin del Estado, en la justicia, en

las instituciones, en buena parte de los medios de comunicacin. En algunos casos la ausencia de dilogo,

el atropello a las comunidades y la distorsionada intervencin del Estado a favor de las empresas, ha

ocasionado que los conflictos sean irresolubles y que no pueda haber convivencia pacfica si la explotacin

de recursos contina.

11

9 Hopenhayn, Martn; Multiculturalismo proactivo: una reflexin para iniciar el debate (Nuevos Retos de las polticas culturales frente a la Globalizacin, Barcelona, Espaa, 22-25 de noviembre de 2000). En:

.

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a01.htm 10 Vase al respecto el caso de Radio Cutival de Piura, que especialmente en el mes de septiembre del 2007 ha sido objeto de agresiones y presiones por parte del gobierno por mantener una posicin crtica con relacin a la actividad minera en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, regin Piura (www.cnr.org.pe) 11 Al respecto puede verse los casos de Antamina, ubicada en la regin Ancash, y Tintaya, que opera en la provincia de Espinar en el Cusco, en: De Echave, Jos; Alejandro Diez; Ludwig Huber; Bruno Revesz; Xavier Ricard Lanatta y Martin Tanaka. Minera y conflicto social. Lima. IEP-CIES-CBC-CIPCA, 2009.



5

El Estado, las empresas y las comunidades, se constituyen como los actores principales en las relaciones

de conflicto social, aunque no son los nicos, pues intervienen tambin otros agentes en el mbito local,

regional y global, heterogneos en su naturaleza institucional, poder y capacidad de influencia, incluidos

medios de comunicacin nacionales y locales, sobre los que ms adelante se propone una caracterizacin

general.

La conflictividad estructural, no resuelta a travs del sistema jurdico12

Bajo un patrn centralista de desarrollo del sector de radio y televisin, la mayora de medios de

comunicacin de las provincias sobrevive captando porcentajes mnimos de la inversin publicitaria privada

y los fondos pblicos provenientes de organismos estatales: municipalidades, gobiernos regionales y

dependencias del gobierno central. La precariedad econmica de la mayora de medios de comunicacin de

las regiones los hace vulnerables a los poderes locales, instituciones estatales y empresas mineras. Las

emisoras provincianas son tambin vulnerables con relacin a los gobiernos de turno, pues estos manejan

pues el problema de fondo es de

carcter poltico, tiene como principales componentes la disputa por el control de los recursos, el deterioro

del medio ambiente en contraposicin a la posibilidad de un desarrollo sustentable mediante actividades

agrcolas con alto nivel de productividad, la desconfianza acumulada en las comunidades, la dbil y en

algunos casos errtica presencia del Estado, y la pugna por una mayor autodeterminacin de parte de las

comunidades.

III. Medios de comunicacin y conflictos

En el Per hay una tendencia cada vez mayor a la concentracin de los medios de comunicacin, a travs

de la propiedad de las empresas (prensa, radio y TV), los porcentajes de audiencia y los volmenes de

captacin de la inversin publicitaria. En el mbito de la radio, existen dos grandes grupos: RPP y

Corporacin Radial, entre ambos concentran cerca del 85% de la inversin publicitaria del pas y similar

porcentaje de la audiencia nacional. Las programaciones de las radios integrantes de ambos grupos tienen

un carcter centralista, con escasa presencia de voces, problemticas y propuestas desde las regiones.

En la prensa escrita, hay tres grupos que controlan los diarios con mayor lectora e inversin publicitaria:

Grupo El Comercio (diarios El Comercio, Per 21, El Trome, Gestin), EPENSA (Ojo, Correo, Aj, El

Bocn), y el grupo La Repblica (La Repblica, Lbero, El Popular). Los dos primeros son considerados de

tendencia liberal y tienen los mayores niveles de lectora.

Tambin hay concentracin en la televisin. El Grupo Plural TV es propietario de Canal N (cable) y Amrica

Televisin (seal abierta). Los grupos El Comercio y La Repblica son dueos de Plural TV. Los canales

Global y ATV estaran vinculados al empresario mexicano ngel Gonzlez, con inversiones en estaciones

en diversos pases de la regin. Panamericana Televisin es de propiedad de Genaro Delgado Parker y la

familia Shtz Freundt; Frecuencia Latina pertenece al empresario peruano israel Baruch Ivcher. As como

en las cadenas de radio, las programaciones de la televisin peruana son bastante centralistas.

12 Entelman, Remo. Teora de conflictos. Hacia un nuevo paradigma. Barcelona, Gedisa, 2005.



6

con amplia discrecionalidad el rgano regulador de la radio y televisin en el Per: el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones13

En contrapartida, en diversas localidades en las que se han desencadenado conflictos sociales operan

medios de alcance local, principalmente radios con carcter comercial, educativo y comunitario. En el caso

de estas ltimas, se trata de proyectos de comunicacin

.

Con relacin al campo de las representaciones que construye la prensa, cabe sealar que las agendas

mediticas en general no ponen de relieve los problemas y necesidades de los sectores pobres y excluidos,

a quienes por lo general se los presenta como vctimas de las circunstancias o como sectores de la

poblacin que en algunas coyunturas expresan con violencia injustificada su descontento y malestar. No

hay un seguimiento permanente respecto a los problemas ambientales y se informa de manera muy

superficial y sesgada sobre los conflictos y movilizaciones sociales. Los medios de alcance nacional por lo

general no tratan todas las etapas de los conflictos, se concentran en las fases de escalada y especialmente

en las crisis si estas conllevan violencia.

En Lima, centro del poder, generalmente se toman las versiones oficiales y las de carcter empresarial

respecto a los conflictos sociales que se suscitan en diversas regiones. No se investiga en profundidad los

conflictos, estos aparecen fragmentados, desarticulados y sin ningn tipo de patrn de factores causales o

desencadenantes. Se refleja falta de inters en informar y aportar a la prevencin y salidas concertadas

respecto a conflictos en latentes o en formacin.

En las esferas mediticas de carcter capitalino, los pobres, las comunidades indgenas y otros sectores

marginados son noticia de vez en cuando, pero no aparecen como sujetos de derechos y propuesta, en

calidad de actores, tampoco se profundiza en sus necesidades, sus demandas e intereses. En general no

se genera un contrapeso con las agendas macroeconmicas y polticas que tienen como fuentes principales

al Estado, a los sectores empresariales ms poderosos del pas y a voceros de corporaciones extranjeras.

IV. La compleja actuacin de las radios educativas y comunitarias en situaciones de conflicto social:

tensiones y retos

14

Las radios educativas, populares y comunitarias han protagonizado ms de 60 aos de historia social,

cultural y poltica en Amrica Latina. Desde la mtica Radio Sutatenza en el campo de procesos de

alfabetizacin en Colombia, y el surgimiento de emisoras de sindicatos mineros en Bolivia, a fines de la

dcada de 1940, se han multiplicado experiencias locales, regionales, nacionales y continentales de

orientados a promover el desarrollo social

sostenible y la democracia participativa en mbitos locales y regionales.

13 En el mes de junio del ao 2009, en el marco del conflicto entre el Estado y comunidades indgenas amaznicas que deriv en hechos violentos con saldo de 34 personas fallecidas, entre policas y civiles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cancel la licencia de radio La Voz de Bagua, emisora local no vinculada a algn grupo de poder en la radiodifusin peruana. El MTC argument razones administrativas que han sido desvirtuadas por organizaciones de defensa de la libertad de expresin, como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). En das previos a la cancelacin de la licencia, voceros del gobierno haban acusado a radio La Voz de instigar a la violencia. 14 Entindase por proyecto comunicativo a las definiciones comunicativas y polticas centrales, identitarias, que las emisoras construyen, discuten y van reconfigurando a partir de su quehacer comunicativo: visin sobre la realidad y procesos en los que acta, interlocutores/as, misin, objetivos de cambio social, propuesta programtica, formas de relacionamiento con la ciudadana, entre otros.



7

emisoras y redes involucradas en procesos de cambio social y desarrollo desde la comunicacin con

sentido educativo y poltico15

Es muy difcil lograr la neutralidad debido tambin a condiciones especficas generadas por los propios

actores, ya que algunos medios de comunicacin y periodistas locales -dada la vulnerabilidad econmica y

poltica de los medios y las prcticas de clientelaje en las que se incurre desde algunas empresas e

.

Se trata de emisoras promovidas por organizaciones sociales en general, ONG, colectivos de iglesias,

organizaciones de mujeres, comunidades indgenas, micro empresarios, entre otros sectores, que orientan

su quehacer en la comunidad a partir de objetivos que tienen que ver con el derecho a expresarse, a tener

voz pblica, a acompaar y promover procesos de cambio, participacin social y desarrollo. Tienen, en

b

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