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85-CAC-2012
SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las diez
horas del veinte de febrero de dos mil trece.
Vistos en casación de la sentencia definitiva, pronunciada en apelación por la Cámara de
la Segunda Sección del Centro, a las quince horas del veintitrés de febrero de dos mil doce, en el
Proceso Común Declarativo Reivindicatorio, iniciado por el abogado Ronald Giovanni Cardona
Alvarado, como apoderado general judicial del señor […], a fin de que en sentencia definitiva se
condene a los señores […] a restituir un inmueble al señor […] del cual es propietario. La
sentencia definitiva de Primera Instancia fue pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia,
con sede en Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, a las quince horas del día dos de
diciembre de dos mil doce.
Han intervenido en Primera y Segunda Instancia así como en casación, por una parte el
licenciado RONALD GIOVANNI CARDONA ALVARADO, como apoderado del señor […], Y
la licenciada Marta Delmy Quinteros Hernández en su calidad de defensora pública de derechos
reales y personales en representación de los señores […], tanto en Primera y Segunda instancia y
casación y la licenciada María Odilia Ayala Alemán, lo ha hecho en Segunda Instancia en su
calidad de defensora pública de derechos reales y personales en representación de los señores
[…].
VISTOS LOS AUTOS, Y,
CONSIDERANDO:
I.- El fallo de Primera Instancia se lee: « Por lo que de conformidad a las disposiciones
antes relacionadas y con fundamento en los Artículos 2,11 ,12,15,172 de la Constitución,
212,213,215,21ó,217,218,341, 416,417,430 y 468, del Código Procesal Civil y Mercantil, y Arts.
891, 892, 895, 89ó Y 897 del Código Civil, EN NOMBRE DE LA REPÚBLlCA DE EL
SALVADOR, el Suscrito Juez, FALLO: DECLARESE HA LUGAR LA
REIVINDICACION, a su propietario señor […], por parte de la señora […] y demás grupo
familiar, del inmueble que conforme a la respectiva Escritura Pública de propiedad es de una
Extensión superficial de TRESCIENTOS VEINTE PUNTO SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS; Y que conforme al respectivo informe pericial es de una extensión superficial de
CIENTO ONCE PUNTO OCHENTA Y UN METROS CUADRADOS, situado en la Segunda
Avenida Sur, número ocho de esta ciudad, el cual posee las medidas y colindancias siguientes:
AL ORIENTE, en tramo recto con una distancia de cinco punto trescientos cuarenta y ocho, con
una distancia de Sur a Norte, con rumbo Norte cero tres grados cuarenta y un minutos y cincuenta
segundos Este, colinda con RAFAEL B., Segunda Avenida Sur, de por medio, llegamos al mojón
DOS, AL NORTE, en tramo recto con una distancia de veinte punto novecientos metros, con
rumbo Norte ochenta y seis grados catorce minutos cuarenta y dos segundos Oeste, colindando
con MACKEYNI V., llegamos al mojón TRES, AL PONIENTE, en tramo recto con una
distancia de cinco punto trescientos cuarenta y ocho metros, con rumbo Norte cero tres grados
cuarenta y un minutos cincuenta segundos Este, colinda con JOSE ANTONIO G. A., llegamos al
mojón CUATRO: AL SUR, tramo recto con una distancia de veinte punto novecientos metros de
dirección, con rumbo de Sur a Oeste, ochenta y seis grados catorce minutos cuarenta y dos
segundos colindando con JULIANA R., llagando (sic) al mojón UNO; el cual está inscrito a la
Matricula cuatro cinco cero cero tres cero nueve tres guión cero cero cero cero cero, en el asiento
nueve, en un cien por ciento de propiedad a favor del señor […], en el cual se encuentra una casa
de sistema mixto. En consecuencia de manera voluntaria la señora […], Y el señor […], y demás
grupo familiar, representados por la Licenciada MARTA DELMY QUINTEROS
HERNANDEZ, en su calidad de Defensora Publica de Derechos Reales y Personales, en
representación de la señora Procuradora General de la República; deberán de restituir el inmueble
antes relacionado a su propietario señor […], representado por su Apoderado Especial Judicial
Licenciado RONALD GEOVANNI CARDONA ALVARADO. HAGASE SABER. »
II- El fallo de Segunda Instancia textualmente se lee: «POR TANTO: En virtud de las
razones expuestas, disposiciones legales citadas y Art. 515 CPCM., en nombre de la República de
El Salvador esta Cámara FALLA: a) Declarase sin lugar la inadmisibilidad del recurso de
apelación interpuesto por la licenciada Marta Delmy Quinteros Hernández; b) Revócase en todas
sus partes la sentencia definitiva apelada, de las quince horas y cincuenta minutos del día dos de
diciembre del año dos mil once, pronunciada por el señor Juez de Primera Instancia de
Sensuntepeque, Cabañas; c) Absuélvese a la parte demandada constituida por los señores […], de
la acción reivindicatoria intentada en su contra por el licenciado Ronald Giovanni Cardona
Alvarado; d) No hay especial condenación en constas; y, e) Certifíquese la presente y remítase
juntamente con el proceso al Juzgado de procedencia. Notifíquese.»
III.- El recurrente en su impugnación dijo: « 3. CAUSA GENERICA. En El Salvador,
luego de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil julio 2010- la regulación del recurso
de casación se ha reorientado en cuanto a los motivos que franquean su interposición. Para el
caso, el artículo 522, refriéndose a los motivos de fondo señala que el recurso de casación
procede cuando se hubiese producido alguna infracción de ley o de doctrina legal. Se entenderá
que se ha infringido la ley cuando esta se hubiera aplicado indebida o erróneamente, o cuando se
ha dejado de aplicar la norma que regula el supuesto que se controvierte. Hay infracción de
doctrina legal cuando se hubiera violado la jurisprudencia establecida por el tribunal de casación,
surgida de la aplicación e interpretación de las leyes y que este contenida en tres o más sentencias
constantes, uniformes y no interrumpidas por otra doctrina legal. Asimismo, el artículo 523
regula la posibilidad de que se interponga a su vez por
Pie de página
5 El articulo 522 y 523 CPCM son los que prevén las causas genéricas de acceso. En cuanto al
fondo se señala que el recurso de casación procede cuando se hubiese producido alguna
infracción de ley o de doctrina legal. Se entenderá que se ha infringido la ley cuando esta se
hubiera aplicado indebida o erróneamente, o cuando se ha dejado de aplicar la norma que regula
el supuesto que se controvierte. En cuanto a los vicios de forma, el articulo 523 CPCM citado
enuncia los motivos que se entienden incorporados en tal previsión.
6 Surge así el fundamento político del recurso, que es preservar la autoridad del legislador y la
jerarquía del emperador, impidiendo la «rebelión del juez» (función nomofilactica). VESCOVI,
E., Los Recursos Judiciales y demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. 229.
Fin pie de página
motivos de forma los cuales se enlistan de manera prolija y entre ellas se prevé precisamente la
infracción de los requisitos internos y externos de la sentencia. Estos motivos de forma o vicios in
procedendo tienen, como corolario, controlar la actuación de los tribunales ordinarios cuando
ponen en práctica su actividad sustanciadora y sentenciadora en los diferentes casos de que
conocen. Sobre todo evaluándose que al momento de dictar la resolución definitiva, cada juez
tiene la obligación de procurar que la norma a aplicar sea la aplicable, que se haga una genuina y
eficaz interpretación de la misma y sobre todo que el fallo sea intrínsecamente congruente con su
forma (iter lógico) y en su contenido (congruencia). Este examen relativo a los vicios in
procedendo se basa en las diversas actuaciones del juez, dentro del marco legal. Si él no observa
entonces las normas jurídicas reguladoras de su actividad en el proceso, comete un error de esta
naturaleza que puede inducir a la nulidad de su acto y de la sentencia. El tribunal de casación,
entonces, debe reaccionar de distinto modo ante la denuncia de un vicio de estos y no in
iudicando, pues debe conocer también el hecho sobre la base de lo que resulta de autos, puesto
que es precisamente la actuación del juez, como se expresa por los actos del proceso, la que debe
ser constatada y después valorada como correcta o errada 7. En el caso de mi mandante se ha
cometido un vicio de esta naturaleza en la medida que se han infringido los requisitos tanto
internos como externos de la sentencia recurrida, al haberse violentado el principio de
congruencia y la necesaria fundamentación de la misma, en los términos que ha venido
desarrollando 8. 4. MOTIVO ESPECÍFICO. En este apartado pretendemos individualizar las
infracciones cometidas por la Cámara sentenciadora, siguiendo el tenor del articulo 523 CPCM y
al mismo tiempo desplegar analíticamente las actuaciones llevadas a cabo por ésta, frente al
supuesto de hecho previsto en la parte final de la citada disposición. 4.1 MOTIVO UNO:
INFRACCIÓN DE LOS REQUISITOS INTERNOS. Una de las cualidades más importantes que
se han derivado de la reforma procesal civil salvadoreña, ha sido la ordenación de los motivos
que franquean la posibilidad de acceder en casación, siendo que la previsión legal, en cuanto a los
motivos de forma, se ha visto ensanchada de modo tal que se han incluido supuestos que otrora
no estaban ni siquiera regulados en la derogada Ley de Casación. Uno de estos motivos es
precisamente el que se invoca. El previsto en el ordinal 14° del artículo 523 CPCM, donde se
distinguen los requisitos internos de los requisitos externos de la sentencia. Se entiende pues que
hay infracción de los requisitos
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7. LIEBMAN, E. T., Manual de Derecho Procesal Civil, Pág. 504. En puridad, aun y en el caso
que se trate de errores in proceden do, siempre hay o puede haber una infracción a la norma que
encaja en 10 relativo al vicio in indicando. Sin embargo, la diferencia es que la cuestión a
examinarse no será en definitiva el sentido que se le otorgó a la ley como tal, sino la actuación
del funcionario hecha sobre la base del posible apartamiento o negación de una norma jurídica.
8 Sobre el contenido constitucional del principio de congruencia la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia ha señalado en anterior jurisprudencia que "en los términos más
amplios, la congruencia de las decisiones estatales se mide por el ajuste o adecuación entre la
parte dispositiva de la decisión y los términos en que el particular ha formulado su petición; sin
embargo, la incongruencia también puede existir cuando hay tal desviación en la justificación de
la decisión que prácticamente suponga una completa modificación de los términos de la
petición". Sentencia de Amparo ref. 951-2002 de fecha 25/09/2003.
FIN DE PIE DE PAGINA
Internos cuando la sentencia es incongruente O tiene disposiciones contradictorias. y, se
entenderá que existe incongruencia en los casos siguientes: haber otorgado el juez más de lo
pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandado o cosa distinta a la solicitada por
ambas partes; o haber omitido resolver alguna de las causas de pedir o alguna cuestión prejudicial
o jurídica, necesaria para la resolución del proceso. En nuestro caso consideramos que se ha
cometido claramente este vicio al haberse gestado una INCONGRUENCIA POR OMISIÓN en el
sentido que la Cámara sentenciadora dejo sin respuesta algunas de las cuestiones planteadas por
la parte apelada, en específico el que se practicara el reconocimiento judicial, formalmente
solicitado en audiencia sobre la base de la permisión establecida en el articulo 514 CPCM
(disposición infringida)9, y es que al referirnos al principio de congruencia entendemos que es la
adecuación entre las pretensiones de los sujetos procesales y la parte dispositiva de la resolución
judicial. Las sentencias, pues, deben ser claras, precisas, y deben resolver sobre todas las
pretensiones y puntos litigiosos planteados. En otras palabras, no se admite la falta de correlación
entre lo que se pide y lo que se resuelve 10. Dicho lo anterior, es oportuno retomar lo afirmado en
la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional con relación al principio de congruencia. Se ha
sustentado que la congruencia obtiene su concreción en el proveído final del juzgador, es decir, la
sentencia definitiva, ya que es el momento que representa, frente a la tutela efectiva y normal de
los derechos de los gobernados, la obligación de circunscribirla a la pretensión del actor. Sin
embargo, se ha dicho que la exigencia de congruencia tampoco impide que puedan conocerse y
decidirse cuestiones de hecho o de derecho que de modo natural y lógico resulten de aquellas
básicamente planteadas por el peticionario. Es decir, la limitación al proceso en apelación, por el
principio de congruencia, no alcanza ni a los fundamentos de derecho, que pueden variarse tanto
por las partes como por el tribunal en virtud del principio iura novit curia, ni a aquellas
cuestiones articuladas en la primera instancia pero no consideradas por el juez a quo en la
sentencia". En el sentido apuntado, considerándose el texto legal que se invoca -523 CPCM-, la
jurisprudencia local señalada y la
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9 Para el caso la doctrina del Tribunal Constitucional Español en relación con la vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1 CE) derivada de la llamada incongruencia omisiva
es tan amplia como consolidada. En lo que ahora interesa -señala- puede resumirse en que el
vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las
cuestiones planteadas por las partes. La exposición de esta conocida doctrina exige reiterar la
precisión de que la congruencia exige dar respuesta, no sólo a las pretensiones propiamente
dichas, sino también a las alegaciones sustanciales, pues, tal como recordábamos en la STC
85/200ó, de 27 de marzo: "el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva 'no sólo se
vulnera cuando la pretensión no recibe respuesta, sino también cuando el órgano judicial omite
toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes. Así
lo ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Hiro Balani c. España y
Ruiz Tarija c. España de 9 de diciembre de 1994, y lo han reconocido nuestras SSTC 85/2000, de
27 de marzo; 1/2001, de 15 de enero; 5/2001, de 15 de enero; 148/2003, de 14 de julio, y 8/2004,
de 9 de febrero, entre otras' (F J 3)".
10 Se trata de la relación indubitable entre la causa petendi o causa de pedir y la ratio decidendi o
considerando jurídico.
FIN DE PIE DE PÁGINA.
doctrina del Tribunal Constitucional Español, el incumplimiento de los requisitos internos de la
sentencia por incongruencia omisiva no sólo es un aspecto de orden legal sino además de
raigambre constitucional; siendo que en nuestro caso tal defecto queda evidenciado por la
ausencia total de parte de los Magistrados de la Cámara sentenciadora de pronunciarse sobre la
obligación que tenían de ordenar la práctica del reconocimiento judicial en segunda instancia, tal
cual se solicitó por permitirlo el artículo 514 de marras. En conclusión, el primer motivo que
invocamos descansa sobre la base de lo previsto en el inciso penúltimo del artículo 523 CPCM y
en específico el segmento normativo donde el legislador alude a que hay incongruencia cuando se
omite resolver alguna de las causas de pedir o alguna cuestión prejudicial o jurídica, necesaria
para la resolución del proceso. Esto queda claro pues se pidió la práctica del reconocimiento
judicial y la Cámara no sólo no lo hizo sino que no dijo absolutamente nada sobre ello, estando
sabedores, como en lógica corresponde, que de haberse practicado el mismo el sentido de la
resolución hubiese sido otro, seguramente confirmando la sentencia recurrida. 4.2 MOTIVO
DOS: INFRACCIÓN DE LOS REQUISITOS EXTERNOS. Por otra parte, el mismo Código
Procesal Civil y Mercantil señala lo que ha llamado requisitos externos de la sentencia. Indica
que se entenderá que ha habido infracción de los requisitos externos de la sentencia cuando se
omita relacionar los hechos probados, falta de fundamentación jurídica y oscuridad en la
redacción del fallo. En nuestro caso se han infringido a su vez estos requisitos por la falta de
fundamentación jurídica, entendiendo esta como la evocación de las disposiciones legales,
constitucionales e infraconstitucionales, que sustentan el proveído, así como las razones fácticas
y jurídicas que le motivan. En nuestro caso la Cámara sentenciadora absolvió a los demandados
aduciendo que si bien estaban probados algunos extremos de la demanda, no podía decirse lo
mismo de otros necesarios para el establecimiento de la reivindicación. Básicamente adujo que
no se había logrado establecer la posesión, pues el reconocimiento que se había intentado para tal
efecto fue fallido tanto en el primer intento como en el segundo. Esto supone -creemos- que a
juicio de la Cámara sentenciadora este medio de prueba nunca se practicó -lo señala de esa
manera el voto disidente del Magistrado Ponce- y por ende no arrojó el resultado probatorio que
se esperaba. Siendo esto así, el fundamento jurídico de la Cámara debió haber sido orientado
desde esta perspectiva, haciéndose ver que dicho medio no se había realizado y que había sido
por un motivo ajeno a la voluntad del demandante, razón por la cual se imponía, dada la solicitud
formulada en tiempo, ordenar su práctica en segunda instancia, al tenor de lo establecido en el
artículo 514 CPCM. No obstante lo anterior, lo que hizo la Cámara fue una cosa distinta: orientó
su argumento desde la validez parcial del reconocimiento judicial al cual atribuyó efectos
positivos y negativos. Esta aparente
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11 Véase la sentencia definitiva de amparo, ref. 666-2005 de las 12:03 del día 1 6/10/2006. Y es
que además la congruencia procesal en los incidentes de apelación, implica que el tribunal que
conoce del recurso resuelva conforme y dentro de los límites de la pretensión del recurrente, la
cual se configura plenamente con la interposición del recurso por parte del apelante. De ahí que,
si el mencionado tribunal se pronuncia sobre aspectos no establecidos durante esa fase procesal,
se alterarían los términos en que se fijó el objeto de conocimiento del mismo, no dando la
oportunidad a las partes para discutir y contradecir los nuevos elementos incorporados en el
mismo.
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fundamentación -que se traduce en prueba por suposición- le condujo entonces a los
señores Magistrados a resolver según ellos siguiendo su iter lógico decisivo más apegado a la
Constitución, sin darse cuenta que el mismo no sólo resultaba atípico e incongruente sino además
inconstitucional. Esta actuación por tanto consideramos que encaja dentro del supuesto de la falta
de requisitos externos de la sentencia, pues la falta de fundamentación no sólo debe entenderse
desde su perspectiva omitiva sino además desde su perspectiva defectuosa, lo cual significa que
también cabe el vicio cuando tal fundamentación es aparente, ininteligible y de tal abstracción
que resulta incordioso encontrar la singularidad y sentido de la ratio decidendi, como en el
presente caso. Con lo anterior y en conclusión queremos destacar por tanto que la falta de
fundamentación en el presente caso la hacemos descansar en la ausencia valorativa y justificativa
de la ratio decidendi, frente al fallo que ulteriormente se adoptó, lo cual significa que la
absolución, tal cual, no está debidamente fundamentada 12. 5. DISPOSICIONES LEGALES
INFRINGIDAS. Luego del esbozo general que se ha hecho en torno a los motivos específicos
que se aducen como fundamento del presente recurso, y por ser propio de la naturaleza
nomofiláctica de la casación, es preciso evidenciar las disposiciones legales que estimamos
conculcadas con la actuación de los Magistrados de la Cámara de la Segunda Sección del Centro.
Para este efecto y con fines omnicomprensivos hemos separado las disposiciones de rango
secundario o infraconstitucional de las que estimamos violentadas al interior de la Constitución
misma, cuestión que no queremos dejar de invocar, sobre todo luego de la doctrina
jurisprudencial proferida par la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en
virtud de la cual la infracción a la ley no debe entenderse como limitada o restringida a la
legalidad secundaria sino que abarca las disposiciones de rango constitucional. 5.1
DISPOSICIONES DE ORDEN INFRACONSTITUCIONAL. En primer lugar es preciso abordar
los artículos infraconstitucionales que con la actuación de la Cámara se entenderían violentados,
siendo que estos básicamente pertenecen al Código Procesal Civil y Mercantil, en los términos
que citamos a continuación. 5.1.1 MOTIVO UNO: INFRACIÓN DE LOS REQUISITOS
INTERNOS. Tal como se ha destacado uf supra la infracción más grave y evidente que han
cometido los Magistrados en Cámara es haber desatendido los requisitos internos de la sentencia
en la parte relativa a la congruencia, de conformidad a lo establecido en el articulo 523 inciso
penúltimo CPCM, pues se dejó de producir un medio de prueba cuando había sido legalmente
solicitado y resultaba además del todo viable su desahogo en segunda instancia. Con tal actuación
los Magistrados violentaron, en primer lugar, el articulo 15 CPCM pues conforme a tal
disposición no hay
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12 En palabras sencillas lo que ha pasado es que la Cámara en su fundamentación dijo que no se
había probado la posesión pues el reconocimiento judicial nunca se practicó en debida forma, sin
embargo a este mismo reconocimiento si le atribuye valor probatorio el señalar que con el mismo
se probó la singularización del bien. En este sentido, las razones que fundamentan el proveído
carecen de univocidad e inteligibilidad, además de la congruencia, y por ello decimos que es
defectuosa y por tanto inexistente. Sobre la calificación procesal del defecto puede señalarse que
existen subsanables e insubsanables. Los subsanables son aquellos que dado el momento procesal
en el cual ocurren y su propia naturaleza es posible que las partes o el juez mismo corrija el yerro.
Tratándose de los insubsanables como el que ha ocurrido en la Cámara que demando, sólo queda
su invalidación o anulación a través de un recurso como este.
FIN DE PIE DE PÁGINA
pretexto alguno que valga para dejar de resolver un aspecto que ha sido introducido al proceso; el
218 CPCM donde se ordena que las sentencias deben ser congruentes; y, el articulo 514 CPCM
que es donde precisamente se franquea la posibilidad de hacerlo -pedir y producir prueba en
segunda instancia- y pese a ello la Cámara no reaccionó de ninguna manera ante la solicitud
formulada.13 5.1.1.1 ARTICULO 15 CPCM. El articulo 15 CPCM señala que el juez no podrá,
bajo ningún pretexto, dejar de resolver, ni aplazar, dilatar o negar la decisión de las cuestiones
debatidas en el proceso. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Código será
sancionado de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Judicial. Esta disposición sin
duda alguna es extensiva a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia en la medida
que, tal cual lo hace un juez ordinario en primera instancia, estos se encuentran en la obligación
de juzgar como tribunales de instancia y por tanto respetar el conjunto de derechos, garantías y
principios pertenecientes al ámbito jurisdiccional. En el presente caso consideramos que se ha
infringido esta disposición porque los Magistrados dejaron de resolver sobre la práctica del
reconocimiento judicial solicitado de forma reiterativa en las audiencias que se celebraron en ese
estrado, tal como consta en antecedentes, siendo que la petición la formule precisamente por el
hecho que el Código Procesal Civil y Mercantil lo permite en todos aquellos casos en los cuales
la prueba no se produce en primera instancia por causas ajenas a la voluntad de las partes. Pese a
lo anterior, los Magistrados no sólo no practicaron la prueba solicitada sino que no dijeron
absolutamente nada sobre ello, ni en las audiencias ni en la sentencia, siendo que ello ha
conllevado entonces a la infracción clara de esta disposición. 5.1.1.2 ARTICULO 218 CPCM.
Enseguida, el Código Procesal Civil y Mercantil establece en el artículo 218 justamente el
principio de congruencia. Según esta disposición las sentencias deben ser claras y precisas, y
deberán resolver sobre todas las pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos. El juez
deberá ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con estricta correlación entre lo que se
pide y lo que se resuelve. (...) el juzgador podrá emplear los fundamentos de derecho o las
normas jurídicas que considere más adecuadas al caso, aunque no hubieran sido invocados por las
partes. Consideramos que se ha infringido esta disposición con el incumplimiento -en este caso-
de los requisitos internos de la sentencia -falta de congruencia- pues la Cámara dejó de resolver,
tal cual se ha señalado, sobre la petición formulada en el sentido que se practicara en segunda
instancia el reconocimiento judicial multicitado. Esto significa, atendiendo la literalidad de la
disposición, que las sentencias además de ser claras deben resolver todos los puntos planteados y
debatidos, lo cual supone que al haberse solicitado la práctica del medio probatorio y no haberse
resuelto nada al respecto -ni practicado- se está incumpliendo claramente también esta
disposición. 5, 1,1-- ARTICULO 514 CPCM. Por otra parte y como corolario fundamental, se
infringe con el motivo uno invocado el artículo 514 del Código Procesal Civil y Mercantil que es
donde precisamente se franquea la posibilidad de que en segunda instancia pueda llevarse
adelante el descubrimiento y desahogo de
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13 Enfatizamos en el hecho que en dos ocasiones se solicitó la práctica del reconocimiento
judicial dado que a juicio de la Cámara no había sido realizado y si solicitado en tiempo por el
demandante en primera instancia. Es decir, la Cámara no sólo no hizo lo que tenía que hacer sino
que no dijo absolutamente nada sobre la petición, ni en la audiencia ni en la sentencia.
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prueba. Esta disposición en lo pertinente señala que en la audiencia el tribunal oirá a la parte
apelada para que se oponga o para que se adhiera a la apelación. (…) También podrá proponerse
prueba documental en el caso de que la parte no aportara los documentos en primera instancia por
alguna causa justa, Además de la documental dicha, sólo podrá proponerse prueba: 1°. Cuando la
prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia. 2°, Cuando, por cualquier
causa no imputable al que solicite la prueba, no se hubiera podido practicar, en todo o en parte,
aquella prueba que hubiera sido propuesta en primer a instancia. 3°. Cuando los medios
probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés
discutido, pero acaecidos después de iniciado el plazo para dictar sentencia en primera instancia.
Propuesta la prueba, el tribunal resolverá, admitiendo únicamente los medios que resulten
procedentes. (...). Como se atisba de su lectura, en el ordinal 2° el legislador ha contemplado la
posibilidad de que las partes puedan echar mano de la producción probatoria aun en segunda
instancia, siempre que el medio haya sido solicitado debidamente en la instancia inferior y no se
hubiera practicado por causas no imputables -en este caso- a este servidor. Tales condiciones
normativas se cumplieron pues solicité en tiempo la práctica del reconocimiento judicial ante el
Juez de Primera Instancia de Sensuntepeque y este pese a haber en dos ocasiones intentado su
práctica, a juicio de los Magistrados de Cámara el mismo nunca se realizó, razón por la cual en
las dos audiencias que se celebraron en la Cámara solicite expresamente que sobre la base de esta
disposición y en específico el citado ordinal se ordenara su práctica. No obstante lo anterior, no
solo no se produjo sino además se guardo un absoluto silencio sobre el tema, ocurriendo así una
infracción también de esta disposición. 5.1.2 MOTIVO DOS: INFRACCIÓN DE LOS
REQUISITOS EXTERNOS. El segundo motivo que ha sido argüido en este libelo es la
infracción de los requisitos externos de la sentencia, en la parte relativa a la fundamentación de la
misma, pues se ha alegado que pese al intento que al efecto realizo la Cámara, lo que dijo no
guarda relación con el resultado proferido en el fallo, derivándose con ello una fundamentación
deficiente y no convergente con la ratio decidendi. En este sentido, con tal infracción
consideramos que se han violentado los (sic) artículo 216 CPCM en lo concerniente a la
motivación de las sentencias, como parte de la fundamentación en cuestión, y el artículo 217
CPCM donde se establecen los requisitos de la toda sentencia, dentro de los cuales se encuentra
el fundamento de derecho de la misma. 5.1.2.1 ARTICULO 216 CPCM. Este artículo regula la
necesidad de que todo proveído sea debidamente motivado. Esta motivación no puede entenderse
solo en su sentido gramatical apartada de la fundamentación sino más bien como la obligación
general del juez de establecer incluso a través de las premisas y evocaciones jurídicas, el sustento
de su proveído. A la letra se establece en este artículo que salvo los decretos, todas las
resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en apartados separados los
razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos y. en su caso, a la
apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho,
especialmente cuando el juez se aparte del criterio sostenido en supuesto semejante 14. En el
presente caso consideramos entonces que los Magistrados de la Cámara han infringido esta
disposición en la medida que siendo la motivación y la fundamentación dos aspectos que
convergen en la necesidad de potenciar el derecho de defensa y el derecho a la protección
jurisdiccional y haberse proferido en la sentencia que se impugna una relación jurídica deficiente
e inconsecuente con el fallo mismo, pues se le niega valor probatorio al reconocimiento judicial -
por inexistente- y luego se aduce que pese a haber sido fallido si produce consecuencias positivas
probatorias, se perfila y resulta evidente por tanto la infracción de esta disposición. 5.1.2.2
ARTICULO 217 CPCM. Por otra parte consideramos, en lo que respecta a este segundo motivo,
que también se infringe el tenor del artículo 217 CPCM. En lo pertinente este artículos (sic)
señala que los fundamentos de derecho [de una sentencia] igualmente estructurados en párrafos
separados y numerados, contendrán los razonamientos que han llevado a considerar los hechos
probados o
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14 La doctrina de la Sala de lo Constitucional ha señalado, en cuanto a este derecho, que una de
las maneras de potenciar el derecho de defensa por parte de los aplicadores de la leyes dictar
resoluciones debidamente fundamentadas de tal forma que a través de los motivos y argumentos
que en ellas se exprese el gobernado conozca las razones de la decisión y tenga la posibilidad de
controvertirla, ya que la obligación de fundamentación no es un mero formalismo procesal o
procedimental, al contrario, su observancia permite a los justiciables conocer las razones en las
que se funda la autoridad para aplicar la norma de que se trata asegurando, de esta manera, una
decisión prevista en la ley y posibilitando, como ya se mencionó supra, una adecuada defensa.
Esta obligación de motivación por parte de los jueces y/o funcionarios no puede considerarse
cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador, accediendo o no a lo
pretendido por las partes en el proceso o procedimiento, sino que el deber de motivación que la
normativa constitucional impone está referido a que en los proveídos se exterioricen los
razonamientos que cimienten la decisión, debiendo ser la motivación lo suficientemente clara
para que sea comprendida. Véase la sentencia definitiva de amparo, Ref. 548- 2004 de las 13:54
del día 21 /3/2006.
FIN DE PIE DE PÁGINA
no probados, describiendo las operaciones de fijación de los hechos y valoración de las pruebas
y, también debidamente razonadas, las bases legales que sustentan los pronunciamientos del fallo,
especialmente cuando se hubiera producido debate sobre cuestiones jurídicas, con expresión de
las normas jurídicas aplicables y, en su caso, de su interpretación. Los fundamentos de derecho
habrán de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada unas de las causas de pedir,
así como a las cuestiones prejudiciales y jurídicas necesarias para la adecuada resolución del
objeto procesal. Del tenor de esta disposición se colige por tanto que los Magistrados de la
Cámara de Segunda Instancia al haber relacionado la prueba de reconocimiento judicial
aduciendo y reconociendo por un lado que no se practicó en debida forma en primera instancia,
pero luego asignarle valor -efectos positivos- de manera parcial, erro en su iter lógico decisivo y
conclusivo, volviendo defectuosa (no ausente) la fundamentación de la sentencia y por ello
estimamos que se ha afectado igualmente este articulo. .5.2 DISPOSICIONES DE ORDEN
CONSTITUCIONAL. Aunque pueda parecer atípica la invocación de disposiciones
constitucionales infringidas, en un libelo que intenta la promoción de un recurso de casación, no
lo es si traemos a cuento la reciente jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, quien relacionando el contenido esencial de los derechos fundamentales y el
papel protagónico del juez como juez de la Constitución, ha dicho que la infracción de ley a la
que se refiere la normativa que regula este recurso, no solo es la infraconstitucional sino incluso
la previstas en la Constitución misma 15. ·A continuación hacemos referencia a algunos artículos
de la Constitución que estimamos se han conculcado con la actuación de los señores Magistrados
de la Cámara, los cuales no son todos pero si los más relevantes a nuestro juicio.
5.2.1INFRACIÓN DEL ARTICULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN. Consideramos que se ha
infringido el artículo 2 de la Constitución donde se prevé el derecho a un debido proceso -
derecho a la protección jurisdiccional- el cual se ha visto incumplido en este caso con la
actuación de los Magistrados que juzgaron a mi mandante en un claro desajuste con la normativa
constitucional, no resolviendo sobre las cuestiones sometidas al debate -de imperiosa necesidad
que precisamente condujeron al fallo absolutorio de marras. La categoría prevista en este artículo
podemos definirla en términos simples como, el derecho a la protección de los derechos. Esto
supone que cualquier persona que considera haber recibido un
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15 Y es que, como señala García de Enterría, la supremacía de la Constitución sobre todas las
normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto,
obligan a interpretar este en cualquier momento de su aplicación por operadores públicos o por
operadores privados, por tribunales o por órganos legislativos o administrativos- en el sentido que
resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos
referentes a la materia de que se trate. García DE Enterría, E., La Constitución como Norma y el
Tribunal Constitucional, 95. En el mismo sentido véase MORENO CATENA, V. y otros,
Introducción al Derecho Procesal. Aseveran que en los años que lleva vigente la Constitución
Española y sobre todo desde que el Tribunal Constitucional lleva ejerciendo jurisdicción, la labor
interpretativa que los jueces y tribunales han hecho de las normas procesales, acomodándolas a
los preceptos y principios constitucionales, ha hecho posible un fenómeno único dentro de
nuestro ordenamiento jurídico procesal; sin necesidad de cambiar la ley la jurisprudencia ha dado
vida, por vía interpretativa, a un proceso en algunos casos
FIN DE PIE DE PAGINA –
perjuicio en su esfera, ya sea por un particular o por alguna autoridad o funcionario público,
pueda eficazmente abocarse al tribunal o ente competente y solicitar legítimamente la protección
o reivindicación en su caso de la categoría subjetiva lesionada. Ello, por supuesto, sin más límites
que los previstos por la misma ley o aun por la misma Constitución. la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que tal derecho, "(...) se ha instaurado con la simple
pero esencial finalidad de darle vida a todas las categorías jurídicas subjetivas integrantes de la
esfera jurídica del individuo, al poder válidamente reclamar frente a actos particulares y estatales
que atenten contra la conservación, mantenimiento, defensa y titularidad de tales categorías.(...)"
En este sentido, sigue, (...) puede perfectamente decirse que tal derecho viene a reconocer de
manera expresa la posibilidad que tiene todo ciudadano de acudir al órgano estatal competente
para plantearle, vía pretensión procesal, cualquier vulneración inconstitucional en la
conservación, defensa, mantenimiento y titularidad de sus derechos ( ... )'''16 En tal sentido, las
actuaciones de los Magistrados han afectado por extensión este articulo y en específico el
derecho a la protección jurisdiccional y el debido proceso coma le denomina en su voto razonado
el Magistrado disidente, el cual parafraseando la jurisprudencia local podemos denominar coma
derecho a un proceso constitucionalmente configurado, pues mi mandante buscó esa tutela, la
encontró en primera instancia y luego sin apego a la Constitución se le arrebata en segunda
instancia bajo una clara incongruencia y ausencia de fundamentación. 5.2.2 INFRACIÓN DEL
ARTÍCULO 15 Y 86 DE LA CONSTITUCIÓN. En relación al principio de legalidad, es
menester aclarar que la referencia al necesario seguimiento de un proceso conforme a ley, tal cual
lo prescriben los artículos 11 y 15 de la Constitución, no supone una remisión plena, ilimitada y
absoluta a la legislación secundaria pues, a pesar de que el principio de legalidad rige la actividad
estatal, tal principio no hace referencia sólo a la legalidad secundaria, sino que se extiende al
sistema normativo como unidad, es decir, la legalidad supone respeto al orden jurídico en su
totalidad, lo que comprende desde luego a la Constitución". En tal sentido, al ser incongruente la
sentencia de los Magistrados que absuelve a los demandados en cuanto a la no realización del
reconocimiento judicial; y. además, al haber ausencia de fundamentación -por defecto-, no sólo
se viola el derecho a la protección jurisdiccional sino además el principio de legalidad de donde
se extrae que los jueces y Magistrados deben apegar sus decisiones a la ley y la Constitución y al
no hacerlo infringen por tanto estas disposiciones. 5.2.3 INFRACClÓN DEL ARTICULO 18 DE
LA CONSTITUÓN. Finalmente, también se ha entendido que forma parte del contenido esencial
del derecho de petición, regulado en el artículo 1- de la Constitución, el principio de congruencia.
Este derecho de petición, puede ser ejercido por cualquier habitante de la República, sea nacional
o extranjero, persono natural o jurídica; ante cualquiera de las autoridades
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completamente distinto al que existía con anterioridad a la C. E., son las mismas normas pero
interpretadas de modo distintos.
16 Sentencia definitiva de amparo, ref. 407-2004 de las 08:50 del día 16/10/2006, y es que, en
efecto, tal disposición constitucional obliga al Estado salvadoreño a dar protección
jurisdiccional! integral a todos sus miembros, frente a actos arbitrarios e ilegales que afecten la
esfera jurídica de los mismos, y a través del instrumento heterocompositivo -también creado
constitucionalmente- diseñado con tal finalidad: el proceso jurisdiccional! en todas sus instancias
y en todos sus grados de conocimiento.
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legalmente instituidas, las que tienen la obligación de resolver lo solicitado dentro de un plazo
razonable, de manera congruente, conforme a las atribuciones conferidas, y explicitando los
motivos o razones de hecho o de derecho que dan el sentido de la resolución o decisión. Por ello,
indiscutiblemente es un derecho de contenido procedimental. Integrante de lo que podría
denominarse "proceso constitucionalmente configurado", y relacionado directamente con otras
categorías de la misma naturaleza, como el derecho de defensa, derecho a recurrir, principio de
legalidad 19". Por las razones
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17 Véase la sentencia definitiva de amparo, Ref. 391-2004 de las 13:47 del día 16/2/2006. Al
mismo tiempo la jurisprudencia destaca que el principio de legalidad se constituye en una
herramienta de certeza para el justiciable, en el sentido que la norma de la que se echara mano
para juzgar no sólo este vigente y sea predeterminada, sino además que se aplique bajo los
parámetros que la propia Constitución otorga, desde el punto de vista de la interpretación
conforme. Cuando entonces el artículo 86 de la Constitución establece que los funcionarios no
tienen más facultades que las otorgadas por la ley y la Constitución, esta proscribiendo cualquier
abocamiento de facultades no previstas normativamente, así como cualquier actuación
presuntamente legitima pero evidentemente contraria a la ley, interpretada ésta en su genuino
sentido.
18 El Código Procesal Civil y Mercantil señala en su artículo 3 que todo proceso deberá tramitarse
ante juez competente y conforme a las disposiciones de dicho código, las que no podrán ser
alteradas por ningún sujeto procesal.
19 Véase la sentencia de amparo, Ref. 920-2003 de las 14:13 del día 2/2/2005.
FIN DE PIE DE PÁGINA.
señaladas, y considerando la prolija reiteración que se ha hecho en este libelo sobre los motivos
de casación que se aducen y las infracciones que se atribuyen, igualmente resulta afectado este
artículo en los términos relacionados. 6. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD. La ley de casación establece que se deben cumplir ciertos requisitos de
admisibilidad del recurso. En primer lugar la resolución que se impugna debe ser de aquellas que
tienen el carácter terminal; además que sean pronunciadas por las Cámaras en apelación; que
concurra un vicio in iudicando o in procedendo objeto de la inconformidad y que el mismo
contenga un motivo específico que se encuentre expresamente indicado en el Código Procesal
Civil y Mercantil. En el presente libelo he demostrado el cumplimiento necesario de los
requisitos de admisibilidad del recurso. Además, los elementos necesarios que deben evaluarse in
persequendi litis, delimitadores y determinadores el fallo definitivo que otrora deberéis
pronunciar. Impugno una resolución pronunciada por la Cámara de la Segunda Sección del
Centro. Invoco como causa genérica el vicio de forma o quebrantamiento de las formas
esenciales del proceso y como motivos específicos la infracción de los requisitos internos y
externos de la sentencia (Art. 523 Ord. 14° CPCM).”
IV- La Sala, por auto de las diez horas quince minutos del diecinueve de septiembre de dos mil
doce, resolvió: « Por las razones expuestas, la Sala RESUELVE: 1) Admítese el recurso de
Casación a que se ha hecho referencia, por el motivo de forma: Infracción de los requisitos
internos y externos de la sentencia, establecido en el Art. 523 N° 14 Pr. C. y M.; por infracción a
los Arts. 15, 218 y 514 Pr. C. y M. que determinan los requisitos internos de la sentencia, y por
infracción a los Arts. 216 y 217 Pr.C. y M. que determinan los requisitos externos de la sentencia;
2) Declárase sin lugar el recurso interpuesto por infracción a los Arts.2, 15, 18 Y 86 Cn.; y 3)
Óigase a la parte contraria para que en el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente al de
la notificación respectiva, alegue lo que de su parte creyere conveniente. NOTIFIQUESE.»
V- COMPENDIO DEL CASO:
El actor, señor […], es propietario de un inmueble situado en el Barrio […] en virtud de escritura
de compraventa con pacto de retroventa otorgada a su favor por don José Sabas B. R. conocido
por José Sabas B., según escritura otorgada a las once horas del día veintiuno de julio de dos mil
cinco, inmueble inscrito a su favor bajo la matrícula de folio real computarizado número cuatro
cinco cero cero tres cero nueve tres- cero cero cero cero cero asiento nueve del Registro de la
Propiedad Raíz e Hipotecas de la Segunda Sección del Centro. Según el documento de
compraventa el señor B. R., se reservó el derecho de recuperar el inmueble vendido en un plazo
de veinticuatro meses por el precio de dieciocho mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos
de América. Es el caso que trascurrió el plazo de veinticuatro meses señalado en la compraventa
con pacto de retroventa sin que el señor B. R., recuperara el inmueble por lo que el señor […]
pasó a ser dueño absoluto del inmueble vendido.
A pesar de lo anterior el propietario […] afirma que la posesión del inmueble objeto de la venta
con pacto de retroventa la ejercen los señores […], quien falleció el cuatro de mayo de dos mil
nueve, y el señor […], hijo del señor B.R. La parte actora afirma que ha requerido a la […] para
que le haga entrega material del inmueble sin que ella haya accedido.
En razón de lo dicho y según lo establecido en los Arts. 891 C y 239 CPCM, el proceso que ha
iniciado la parte demandante tiene por objeto se declare ha lugar la reivindicación del inmueble y
se condene a los señores […] a restituir el inmueble objeto del proceso al señor […].
La demanda fue contestada en sentido negativo y en audiencia preparatoria, en la fase de
conciliación los demandados reconocen estar en posesión del inmueble e intentan conciliar
ofreciendo comprar el inmueble. Ambas partes no aceptan las propuestas que mutuamente se
realizan por lo que se agota esta fase sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio. Procediendo,
entonces, con la audiencia a fijar como pretensión la expresada por la actora y que consiste en
que se declare ha lugar la reivindicación y se condene a los demandados a restituir el inmueble a
la parte actora.
En Primera Instancia el Juez declaró ha lugar la reivindicación del inmueble a favor de su
propietario. No conforme con dicha resolución, la abogada representante de la parte demandada
interpuso recurso de apelación en contra de la misma.
La Cámara en los razonamientos que ha expuesto determinó que no se probó que la parte
demandada tuviera la posesión del inmueble en disputa, siendo éste uno de los presupuestos de
procedencia de la acción reivindicatoria, por lo que el Tribunal de Segunda Instancia revocó la
sentencia definitiva apelada y absolvió a los demandados de la acción reivindicatoria intentada en
su contra. Debido al desacuerdo con ese fallo, la parte agraviada interpuso Recurso de Casación
por los motivos antes expresados.
VI- ESTUDIO DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO.
MOTIVO DEL RECURSO:
INFRACCIÓN DE LOS REQUISITOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SENTENCIA.
Las normas del Código Procesal Civil y Mercantil que se estiman quebrantadas por infracción a
los requisitos internos de la sentencia son:
«Art, 15.-EI juez no podrá, bajo ningún pretexto, dejar de resolver, ni aplazar, dilatar o negar la
decisión de las cuestiones debatidas en el proceso.
El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Código será sancionado de
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Judicial.»
«Art, 218.-Las sentencias deben ser claras y precisas, y deberán resolver sobre todas las
pretensiones y puntos litigiosos planteados y debatidos.
El juez deberá ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con estricta correlación entre lo
que se pide y lo que se resuelve. No podrá otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo
resistido por el demandado, ni cosa distinta a la solicitada por las partes.
Sin alterar la pretensión, y con respeto a los hechos alegados por las partes como base de sus
causas de pedir, el juzgador podrá emplear los fundamentos de derecho o las normas jurídicas
que considere más adecuadas al caso, aunque no hubieran sido invocados por las partes»
«Art. 514.-En la audiencia, el tribunal oirá a la parte apelada para que se oponga o para que se
adhiera a la apelación. En seguida oirá al apelante, con relación a la oposición, el cual no podrá
ampliar los motivos de su recurso.
Tanto el recurrente como el recurrido podrán proponer la práctica de prueba. Sólo serán
proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos de juicio
necesarios para la decisión de la causa, pero sólo en los casos en que sean posteriores a la
audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado; los documentos anteriores a dicho
momento se admitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con
posterioridad a aquél. También podrá proponerse prueba documental en el caso de que la parte no
aportara los documentos en primera instancia por alguna causa justa.
Además de la documental dicha, sólo podrá proponerse prueba:
1°. Cuando la prueba hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia.
2°. Cuando, por cualquier causa no imputable al que solicite la prueba, no se hubiera podido
practicar, en todo o en parte, aquella prueba que hubiera sido propuesta en primera instancia.
3°. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el
derecho o interés discutido, pero acaecidos después de iniciado el plazo para dictar sentencia en
primera instancia.
Propuesta la prueba, el tribunal resolverá, admitiendo únicamente los medios que resulten
procedentes. La resolución por la que se rechacen los medios probatorios ofrecidos es
inimpugnable. Realizada la prueba como último punto de la audiencia, las partes podrán formular
sus alegaciones finales, con lo cual el recurso quedará en estado de dictar sentencia, sin perjuicio
de que el tribunal pueda solicitar alguna aclaración a las portes,»
El primer análisis recae sobre el Art. 15 CPCM, y al efecto dice el abogado recurrente que dicha
norma fue infringida porque los Magistrados de Cámara dejaron de resolver sobre la práctica del
reconocimiento judicial solicitado de forma reiterada en las audiencias que se celebraron en
Segunda Instancia. El recurrente afirma que la petición de la práctica del reconocimiento judicial
la formuló por el hecho de que el Código Procesal Civil y Mercantil lo permite en todos aquellos
casos en los cuales la prueba no se produce en Primera Instancia por causas ajenas a la voluntad
de las partes. Considera el recurrente que la Cámara no practicó el reconocimiento solicitado ni
se refirió en absoluto a ello en la sentencia.
A este respecto, la Cámara en sus considerandos estableció que con el reconocimiento judicial
practicado en Primera Instancia se producen dos consecuencias: 1) Consecuencia positiva: Según
el Tribunal que conoció de la alzada el reconocimiento judicial ha sido útil, idóneo y pertinente
para singularizar el inmueble que se pretende reivindicar; 2) Consecuencia negativa: el
reconocimiento judicial practicado no es prueba para acreditar que los demandados señores […] y
demás miembros de su grupo familiar estén ocupando el inmueble propiedad de don […].
La Sala observa que a las audiencias celebradas en Segunda Instancia concurrió el abogado
Cardona Alvarado y que es quien ahora ha interpuesto la casación, siempre en su calidad de
apoderado del actor señor […] y en dichas audiencias manifestó que en su opinión sí hubo
inspección judicial en Primera Instancia, que ésta fue ajustada a derecho, y que si se estima que
hubo alguna irregularidad en la práctica de la misma, de conformidad al Art. 514 inciso 2° CPCM
pide pueda ordenarse la realización de nuevo reconocimiento judicial.
La Sala también repara en el hecho de que la Cámara no ha encontrado ninguna irregularidad en
el reconcomiendo judicial llevado a cabo por el Juez de Primera Instancia, pero ha determinado
con criterio acertado que el mismo es útil, idóneo y pertinente para identificar plenamente el
inmueble en disputa, pero no es prueba de la posesión en manos de los demandados la cual debe
establecerse por testigos.
Puede observarse que el abogado Cardona Alvarado formuló su petición de nuevo
reconocimiento judicial bajo la condición de que la Cámara encontrara irregularidades en el
reconocimiento practicado en Primera Instancia lo cual no ocurrió, sino que la Cámara por el
contrario consideró que el mismo ha sido prueba suficiente para identificar el inmueble a
reivindicar. Ahora bien que el reconocimiento judicial no haya sido útil para probar la posesión
del demandado no significa que contenga defectos que le resten eficacia, inclusive la práctica de
un nuevo reconocimiento judicial no aportaría elementos de prueba novedosos sino que serviría
únicamente para identificar el inmueble en litigio.
Es de hacer notar, también, que los argumentos esgrimidos por el recurrente encajarían más en
otro motivo de casación que contempla el CPCM y que no fue invocado oportunamente que en el
motivo que ha sido alegado por el abogado Cardona Alvarado.
De lo dicho resulta como consecuencia lógica, el declarar por esta Sala que no ha lugar a casar la
sentencia por el motivo aducido con infracción del Art. 15 CPCM y así se declarará.
La segunda norma que se señala como quebrantado es el Art. 218 CPCM, ya que según el
recurrente la Cámara dejó de resolver sobre su petición relativa a que se practicara
reconocimiento judicial en Segunda Instancia.
Como puede observarse de los considerandos plasmados por la Cámara, y como también ya se
mencionó con anterioridad, la petición de un nuevo reconocimiento judicial la hizo el recurrente
en primer lugar bajo la afirmación de que consideraba que el reconocimiento ya practicado por el
A qua era conforme a derecho y que en caso que la Cámara estimase que existiera alguna
irregularidad en el mismo, ésta ordenase un nuevo reconocimiento. La Cámara de manera
congruente con la petición del apelado, al no considerar ésta defectuoso el reconocimiento
judicial, procedió a tenerlo por prueba de la identidad del inmueble que se pretende reivindicar.
Ahora bien el hecho de que la Cámara no considere que con el reconocimiento judicial se tenga
por probada la posesión del inmueble por parte de los demandados, ello en manera alguna acarrea
un problema de falta de congruencia, pues la prueba debe ser pertinente y útil para establecer
determinados hechos, en este caso la posesión de los demandados debió establecerse por testigos
que es la prueba idónea para ello.
De lo dicho se concluye que la infracción a los requisitos internos de la sentencia con
quebrantamiento del Art. 218 CPCM no ha tenido lugar y así se declarará.
Por último, se señala el Art. 514 CPCM como vulnerado por el motivo de infracción de los
requisitos internos de la sentencia, pues argumenta el recurrente que según dicha disposición, el
legislador contempla la posibilidad de que las partes puedan echar mano de la producción
probatoria en Segunda Instancia, siempre que el medio haya sido solicitado debidamente en la
instancia inferior y no se hubiera practicado por causas no imputables al que la solicita. El
recurrente considera que tales condiciones se cumplieron, pues solicitó en tiempo la práctica del
reconocimiento judicial ante el Juez de Primera Instancia de Sensuntepeque y éste a pesar de su
práctica, a juicio de los Magistrados de la Cámara el mismo nunca se realizó, y por esa razón lo
solicitó en las audiencias celebradas en Segunda Instancia.
Como puede advertirse, el abogado Cardona Alvarado estima se han cumplido los supuestos que
el Art. 514 ordinal 2° CPCM contiene y que habilitan la solicitud de prueba en Segunda
Instancia,; sin embargo, éstos realmente no han tenido lugar y ello porque tal y como se
desprende de los considerandos de la sentencia dictada por la Cámara, en Primera Instancia se
realizó un primer intento de reconocimiento judicial el día tres de octubre de dos mil once,
diligencia que fue aplazada y con fecha posterior se practicó dicho reconocimiento encontrándose
la puerta principal del inmueble en que se hicieron presentes cerrada pero que tal circunstancia no
impidió, al juez junto con el perito identificar el inmueble objeto del reconocimiento. Es evidente
que el reconocimiento judicial se practicó y la Cámara lo valoró a favor de la parte actora pues
con el tuvo por probado uno de los elementos de la acción reivindicatoria.
De lo dicho se concluye que la infracción alegada no ha tenido lugar y así se declarará.
En cuanto a los requisitos externos de la sentencia, la primera disposición que se señala como
infringida es el Art. 216 CPCM, pues según el recurrente la Cámara ha proferido en la sentencia
recurrida en casación una relación jurídica deficiente e inconsecuente con el fallo mismo, pues -
según él-se le niega valor probatorio al reconocimiento judicial por inexistente y luego se aduce
que pese a haber sido fallido si produce consecuencias positivas probatorias.
La Sala repara en el hecho de que la Cámara lo que ha afirmado es que la sentencia del Juez de
Primera Instancia adolece de error de derecho en la apreciación de la prueba pues el Juez dijo que
se había demostrado con el reconocimiento - sin aclarar si con la diligencia aplazada o la
practicada- que los demandados están ocupando el inmueble del señor […], la Cámara deduce
que de manera indirecta el Juez de Primera Instancia se está refiriendo al reconocimiento judicial
que fue aplazado del cual según la Cámara no es posible tomar elementos de prueba por ser runa
diligencia que no se llevó a cabo. La Cámara lo que sí ha valorado es la segunda diligencia de
reconocimiento judicial considerándola prueba suficiente para singularizar el inmueble, no así
para probar la posesión del mismo por parte de los demandados, criterio que la Sala comparte.
Resulta evidente de lo anterior que la contradicción en la motivación de la sentencia de la Cámara
señalada por el recurrente no ha tenido lugar, y así se declarará.
Finalmente se señala como violado el Art. 217 CPCM referido a los requisitos externos de la
sentencia.
El recurrente al analizar esta disposición legal, parte siempre del supuesto de que la Cámara de
Segunda Instancia ha afirmado que el reconocimiento judicial no ha sido practicado en debida
forma y aún así le concede valor probatorio, quebrantándose de esa manera la norma aludida.
Sobre el particular, ya se ha expresado en párrafos anteriores que la Cámara únicamente le
reconoce valor probatorio a la segunda diligencia de reconocimiento judicial y como tal lo tiene
por prueba únicamente de la identidad del inmueble a reivindicar no así de la posesión del mismo
por parte de los demandados. En este punto resulta evidente estriba la confusión del recurrente
pues cuando la Cámara manifiesta que concede valor probatorio al reconocimiento para
determinados hechos y no para otros, ello genera confusión en el recurrente en el sentido de
considerar que existe contradicción en ese razonamiento, lo que en realidad no ocurre pues el
Tribunal de Alzada lo que ha hecho es desglosar los supuestos que se tienen probados y los que
no con el reconocimiento. Por otra parte de manera indubitada la Cámara ha dicho que la primera
diligencia de reconocimiento judicial y que fue aplazada no le merece fe, sino únicamente la
segunda diligencia llevada a cabo por el juez junto con el perito nombrado.
De lo dicho se infiere que los fundamentos de derecho y demás requisitos de la sentencia han sido
correctamente razonados y expresados por el Ad quem, lo que trae como consecuencia que no
procede casar la sentencia por el motivo y artículo invocado y así se declarará.
POR TANTO: Con base en las razones expuestas, disposiciones legales citadas y artículos 21 6,
21 7 Y 539 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República de El Salvador, esta
Sala FALLA: a) No ha lugar a casar la sentencia por el motivo de infracción de los requisitos
internos de la sentencia con quebrantamiento de los artículos 15, 218, 514 CPCM, y de los
requisitos externos de la sentencia, con infracción de los Arts. 216 y 217 CPCM; b) Vuelvan los
autos al Tribunal de origen con certificación de esta sentencia para los efectos de ley; y el
Condénase en las costas a la parte recurrente, conforme a arancel.
HÁGASE SABER.-
O.BON. F. ---------M. F. VALDIV. -----M. REGALADO. --------.PRONUNCIADO POR LOS
SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.--------ILEGIBLE.------RUBRICADAS
