ABOGADOS SOFISTICADOS

7/22/2019 ABOGADOS SOFISTICADOS

http://slidepdf.com/reader/full/abogados-sofisticados 1/8

ABOGADOS SOFISTICADOS.

Por: Mauricio García Villegas.

En 1974 Marc Galanter escribió un artículo célebre sobre el funcionamiento de la justicia en los Estados Unidos, cuyo título e

español podría ser algo así como ¿Por qué los ricos siempre salen ganando? En este texto, Galanter muestra cómo la suerte de

un litigio depende menos de los jueces y de las leyes que de los abogados: mientras más ricos y prestigiosos son estos, más

fácilmente ganan los pleitos.

Esto conduce a la desalentadora conclusión de que la justicia y los derechos dependen del dinero que se tenga para paga

abogados.

En Colombia pasa lo mismo. Un ejemplo de esto puede verse en la manera como los abogados de Brigard & Urrutia, e

segundo bufete más grande y encumbrado del país, negoció la compra de cuarenta mil hectáreas de tierra en el Vichada a

nombre del Ingenio Riopaila, según denunció la semana pasada el senador Jorge Robledo. La ley de reforma agraria (160 de

1994) prohíbe adquirir predios baldíos que superen el tamaño de una Unidad Agrícola Familiar, y ello con el fin de

democratizar el acceso de los campesinos a la tierra. Para obviar eso, los abogados crearon 27 sociedades que fueron luego

cedidas a una sociedad española, la cual, a su turno, le vendió a una sociedad en Luxemburgo, todo ello con el fin, entre otrascosas, de fragmentar la compra y conseguir lo que la ley agraria prohíbe, es decir, obtener la propiedad de un gran latifundio

por medio de la adjudicación de tierra baldía dividida en 27 predios contiguos.

El cerebro de esta operación fue el abogado Francisco Uribe, de la firma Brigard & Urrutia. Al ser entrevistado po

periodistas de la W Radio, Uribe se defendió diciendo que lo que hizo no fue una leguleyada, ni un delito, sino una operació

legítima que, según sus propia s palabras, “los abogados sofisticados hacemos en estos casos”.

Es verdad que los abogados (sofisticados o no), así como los jueces, el Gobierno, el procurador y hasta los ciudadanos, tienen

derecho a interpretar la ley; incluso, a interpretarla de la manera que más favorezca sus intereses o sus convicciones. Lo que

no pueden es interpretarla de tal manera que se altere su sentido y su razón de ser. Esa es la diferencia entre dos cosas que en

Colombia se suelen confundir con mucha facilidad: interpretar la ley y abusar de ella. Cuando Uribe dice que interpretó la le

agraria para comprar un predio de 40.000 hectáreas, fragmentando la propiedad en 27 empresas que pertenecen al mismo

dueño, deja la impresión de que su abuso se agrava con su cinismo.

Estamos pues ante dos hechos distintos. Uno es cuando los abogados de las grandes firmas arrollan a los abogados de lo

campesinos con interpretaciones legítimas de la ley agraria. Para remediar este hecho (denunciado por Galanter desde hace

casi cuarenta años) el Estado debe, entre otras cosas, mejorar de manera sustancial la asistencia legal de los campesinos. Y

Dos, el otro hecho, que es mucho peor, ocurre cuando los abogados de esas grandes firmas consiguen eso mismo (arrollar a lo

campesinos) y mucho más que eso, pero por medio del abuso del derecho. Esto no solo es una inmoralidad, como se ha querido

presentar, sino una violación de la ley que debería ser sancionada.

Si usted cree que la indefensión de los campesinos del Vichada frente a los abogados “sofisticados” de Bogotá no puede ser

peor y que hay que hacer algo para remediar esta situación, lamento decirle que el órgano encargado de sancionar a lo

abogados que abusan del derecho es, nada más ni nada menos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en

donde dan cátedra sobre abuso del derecho.



UN PAÍS DE ABOGADOS SOFISTICADOS.

Por: César Rodríguez Garavito.

No ha sido el año de los abogados. Primero fue la elección de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional, en

medio de denuncias que siguen sin ser aclaradas.

Luego vino el bochornoso crucero de Ruth Díaz, presidenta de la Corte Suprema. Y ahora el escándalo de la firma Brigard &

Urrutia, que se agrava con las declaraciones de un accionista de Riopaila sobre las irregularidades en la compra de tierras qu

él delató, pero la empresa y la firma decidieron ignorar, según le dijo a este diario.

Algo grave pasa en la profesión jurídica. No sólo por los abusos cometidos, sino por el desenfado con el que los involucrado

defienden lo indefendible: la evasión de impuestos y el supuesto fraude a una cliente pobre (Rojas), o las vacacione

disfrazadas de licencia laboral (Díaz). En esto los abogados de Brigard & Urrutia han ido mucho más lejos, ayudados por

otros que, precisamente por ser prestigiosos, le están haciendo un profundo daño a la profesión.

Las jugadas que facilitó Brigard & Urrutia ya han sido discutidas: la acumulación de más de 40.000 hectáreas en manos de su

cliente Riopaila, a pesar de las limitaciones expresas de la ley para la compra de baldíos; la maniobra a través de 27 empresa

registradas en el exterior para crear una fachada de legalidad; y, ahora nos enteramos, la defensa de las transacciones pese a

las denuncias de ilegalidad hechas en su momento por un socio de la empresa.

Quiero concentrarme en lo que vino después. Porque allí están los síntomas de un mal que no es infrecuente en la práctica

privada de la abogacía: el abuso del derecho para defender a cualquier costo los intereses del cliente. En esto, Brigard &

Urrutia es sólo la punta del iceberg. “La mayoría de las más reconocidas firmas de abogados del pa ís, presentaron vehículos

similares para adquirir las tierras”, confesó la firma en una carta a Verdad Abierta. Y prosiguió: “la función de una firma d e

abogados como la nuestra, consiste en desarrollar soluciones jurídicas para nuestros clientes”.

Es cierto que los abogados privados están para asesorar a sus clientes. Pero muchos olvidan que al hacerlo no pueden burla

la ley, ni en su texto ni en sus fines. Brigard & Urrutia violó ambos y por partida doble, al fragmentar engañosamente la

compras de tierras y valerse, vía España, de una protección diseñada sólo para inversionistas extranjeros.

Que el problema es de la profesión queda claro por la solidaridad de cuerpo expresada por los colegas. Cuando e

exembajador Carlos Urrutia renunció a su puesto en Washington, una carta de respaldo reunió más de 100 firmas d

prestigiosos asesores jurídicos en menos de 48 horas. Ahora otros juristas intentan lavar las culpas del bufete de Urrutia y lo

demás que hicieron lo mismo.

El caso más llamativo es el del exministro Néstor Humberto Martínez. Según La Silla Vacía, a pesar de que es abogado de

grupo Sarmiento Angulo, que tiene inversiones en baldíos en la Altillanura, Martínez estaba escribiendo un proyecto de ley qu

el Gobierno presentaría al Congreso para solucionarles el enredo a Riopaila y las demás empresas y asesores jurídicos. ¿La

estrategia? Decir que, aunque todos sabían lo que estaban haciendo, no habían incurrido en ninguna falta porque la

prohibición de compra de los baldíos no estaba escrita en los títulos de las tierras.

Una pirueta jurídica, impropia de abogados sofisticados. Aunque hay que recordar que “sofisticado” también significa “falto

de naturalidad, afectadamente refinado”. Así se ven. Y ese es el ejemplo que les dejan a futuras generaciones de abogados.



LA LEY ES (CASI) PARA TODOS.

Por Daniel Coronell.

Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía como esa. Pero un informe de auditoría

afirma que es de Riopaila Castilla.

Uno de los mayores grupos azucareros y agroindustriales de Colombia está burlando la ley para quedarse con más de 40.000

hectáreas en el Vichada. La denuncia la ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo y la empresa implicada es Riopaila

Castilla. Como si le faltaran ingredientes, la estrategia fue diseñada por Brigard & Urrutia, la prestigiosa firma de abogados

cuyo principal socio era el actual embajador en Estados Unidos, Carlos Urrutia.

El cerebro de la operación es el abogado Francisco Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. Las actas de la junta directiv

de Riopaila Castilla muestran que el doctor Uribe asistió a reuniones desde 2009. Su presencia obedecía a un único propósito

esquivar las limitaciones legales para armar una plantación de palma y una planta de etanol sobre antiguos terrenos baldío

adjudicados a campesinos en el Vichada.

La ley prohíbe a los particulares comprar a adjudicatarios de baldíos extensiones superiores a una Unidad Agrícola Familia

(UAF), para evitar la concentración de la propiedad en terrenos que fueron del Estado. La violación de esta ley da lugar a la

caducidad de la adjudicación. En otras palabras, las tierras compradas así deben volver a ser un bien público.

Sin embargo, la ambición fue más grande que la norma y se inventaron una larga vuelta para saltársela.

La operación empezó en 2010 con la constitución de 27 compañías de papel. Las empresas fueron registradas como Sociedade

por Acciones Simplificadas (SAS). Cada una tenía 100.000 pesos de capital, un poco más de 50 dólares, que ni siquiera fueron

pagados.

El único accionista de las 27 compañías era el abogado Francisco Uribe Noguera. La dirección registrada es la calle 70A No

4 – 41, la sede de Brigard & Urrutia. El representante legal de algunas de las compañías es Luis Hernández Villegas y el de la

otras es Alfredo Azuero. Los dos son funcionarios de Riopaila Castilla.

El mismo año de su constitución, las 27 empresas de papel compraron 31.000 hectáreas y firmaron promesas de compra-venta para adquirir otras 11.000. Los predios colindaban entre ellos y eran baldíos adjudicados, o en proceso de adjudicación, a

campesinos.

¿Por qué 27 sociedades y no solo una? Porque así podían comprar – fraccionado en 27 – el terreno destinado a convertirse en

una sola hacienda.

En algunos casos, como en el de la finca La Chamuscada, una de las SAS reemplazó a quien figuraba como comprador origina

en un documento. El comprador inicial se llama Álvaro Evelio Parrado y resultó ser el representante legal de Riopaila Agrícol

S.A., Castilla Agrícola S.A. y Bengala Agrícola SAS, tres empresas controladas por Riopaila Castilla.

¿De dónde sacaron 27 sociedades de papel cerca de 40.000 millones de pesos para comprar estos predios? Se los prestó Riopaila Castilla y así está registrado en sus libros.

Mientras los colombianos despedían el año, el 30 de diciembre de 2011, el doctor Francisco Uribe Noguera cedió las accione

de las 27 SAS – sin recibir pago a cambio – a cinco compañías españolas.

Las sociedades españolas tienen un solo dueño que se llama Asturias Holding S.A.R.L., basado en el principado d

Luxemburgo.



Las normas de Luxemburgo impiden conocer la identidad del dueño de una compañía de esas características. Sin embargo, un

informe de la empresa de auditoría Deloitte & Touche, revisora fiscal de Riopaila, afirma con todas las letras que Asturia

Holding pertenece a Riopaila Castilla.

Le pedí al grupo Riopaila Castilla que me diera su concepto sobre la denuncia del senador Robledo. Ellos, habitualment

corteses, guardaron absoluto silencio.

El embajador Carlos Urrutia, por quien tengo respeto y aprecio, informó a través de un comunicado a los medios que vendió

sus acciones en Brigard y Urrutia antes de asumir el cargo. Eso es cierto, pero también lo es que el diseño de este plan y suejecución tuvieron lugar cuando él era socio y cabeza de la firma.

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reconoce que la compra de estas tierras “fue irregular” y se efectuó “por

fuera de la ley”. Sin embargo “como el chicharrón es muy complejo” parece más interesado en adaptar la norma a la

irregularidad que en hacer cumplir la ley vigente.



EDITORIAL: SEGURIDAD JURÍDICA EN EL CAMPO.

La controversia legal en torno a la Ley 160 de 1994 debe servir para debatir sin eufemismos y a fondo cuál es el modelo de

desarrollo agropecuario que requiere el país y que permita ampliar la frontera agrícola, sin entrar en falsos dilemas con

respecto al uso de la tierra.

Bien hizo el Presidente de la República en anunciar, durante el discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso

que presentará un proyecto de ley para afianzar la seguridad jurídica en el campo. Porque el nivel de controversia que sobre

los derechos de propiedad ha generado el debate de las últimas semanas en torno a la libre enajenación de predios que fueronbaldíos ha creado una incertidumbre generalizada y ha frenado de un tajo las inversiones en el sector agropecuario.

No se trata de un asunto de poca monta. Para empezar, porque, según lo ha manifestado la Sociedad de Agricultores de

Colombia, la discusión no se refiere a algunas pocas adquisiciones, como se ha querido hacer creer, sino que tiene que ver con

un poco más de 600.000 predios rurales, lo que hace que la controversia alcance ribetes de un problema de orden público y

social. Además, de mantenerse la zozobra, se comprometerán cerca de 200.000 empleos directos, previstos para los próximos

cinco años en la zona de la altillanura.

El caos es tal que la desinformación en medio del debate político ha llegado al extremo de comprometer la misma estrategia d

restitución de tierras. Porque, con la tesis de que es imposible acumular inmuebles que formaron parte del inventario d

baldíos de la Nación, los registradores no están inscribiendo ni siquiera las sentencias de los jueces de restitución cuando lamismas dan lugar a sumar áreas de inmuebles por encima de la correspondiente a una unidad agrícola familiar (UAF).

En consecuencia, hay que hacer un llamado para que los planteamientos que se hagan tengan como base realidades y no

interpretaciones amañadas. Así, la discusión en el plano político, las declaraciones ministeriales y los comentarios de opinió

deberían partir de un riguroso examen de las leyes y, en especial, de la recta interpretación de la 160 de 1994.

Si bien la norma no es un dechado de claridad, los expertos y el mismo Gobierno han concluido inequívocamente que los

predios adjudicados por la Nación antes de la vigencia de la ley son de libre enajenación y no tienen limitaciones, cualquier

que sea la época en que se hayan efectuado las transacciones. El único fallo que hasta la fecha existe sobre la materia así l

confirma.

Con una lógica aplastante, el Consejo de Estado dijo en el 2007 que, como la Ley 160 ordena que en las resoluciones de

adjudicación se incluyan las limitaciones y prohibiciones que afectan a los predios adjudicados, “las mismas aplican a las

adjudicaciones que se realicen durante la vigencia de la Ley 160, pues solo las que se hagan a partir de ese momento podrán

cumplir con la exig encia de incluir dichas limitaciones y prohibiciones”.

Y en lo que respecta a las compraventas de los inmuebles que fueron adjudicados a partir de 1994, será necesario establecer s

es cierto que cada una de ellas se efectuó al amparo de sospechosas interpretaciones, como lo señalan críticos desinformados

o – por el contrario – al amparo de la certeza que les otorgaba la información que emana del registro inmobiliario.

El punto central es que miles de adquirentes de estas fincas obraron de buena fe, con base en los datos que surgen de los folio

de matrícula inmobiliaria, en donde – por lo general – no se inscribieron las limitaciones al dominio que hoy se quieren hacevaler. No es creíble que en estas transacciones hayan actuado como simples avivatos caracterizados inversionistas extranjeros

importantes grupos empresariales – como el que es propietario de EL TIEMPO Casa Editorial – e inclusive las mismas empresas

del Estado, como Ecopetrol. De manera que lo que está en juego es la seguridad jurídica en el campo.

En cualquier caso, la controversia legal debe servir para debatir sin eufemismos y a fondo cuál es el modelo de desarroll

agropecuario que requiere el país y que permita ampliar la frontera agrícola para asegurar nuestra seguridad alimentaria y

convertirnos en una potencia en esta materia, como lo hizo Brasil en apenas dos lustros.



El Gobierno, que en un comienzo lanzó señales contradictorias que enviaron mensajes equivocados y contribuyeron a la

confusión, ha decidido enmendar la plana y tomar el toro por los cuernos. Tal como le corresponde, desea ahora liderar el

debate planteando un modelo mixto de convergencia, en donde quepan la pequeña economía agrícola y los proyectos

agroindustriales de gran escala, de acuerdo con la doctrina constitucional. Si bien hay sectores que proponen el modelo d

minifundio, que en la actualidad solamente existe en el empobrecido campo cubano, el país no puede caer en un falso dilem

que no tiene razón de ser.

Los primeros datos de lo que ha venido ocurriendo en la al tillanura les dan la razón a quienes la identifican como una zona d

inmenso potencial, que le puede cambiar la cara a la economía colombiana. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto agrícola desta región ha crecido en los últimos diez años en 165 por ciento, lo que ha generado empleo y riqueza colectiva. Con razón e

gobernador del Vichada reclama que los contradictores del Gobierno dejen de hacer política a costa de la prosperidad y de la

posibilidades de desarrollo de su departamento, que vivió postrado por décadas.



TENEDORES Y CUCHILLOS.

Por Daniel Coronell.

Escribe Néstor Humberto que el gobierno o la Procuraduría podrán anular las operaciones que acumul en baldíos “siempre

que estén registrados en los folios de matrícula con su respectiva restricción”. O sea que si no figura en los papeles, es le gal.

Un proyecto de ley para sanear la ilegal apropiación de antiguos baldíos será presentado por el gobierno al congreso. E

redactor principal del proyecto no es un funcionario sino el abogado Néstor Humberto Martínez. Tengo un documento que

prueba las modificaciones que le ha hecho el doctor Martínez a la futura ley y que favorecen las tesis de los llamado“tenedores de buena fe”.

Entre esos “tenedores” hay empresas como Riopaila-Castilla, Cargill y La Fazenda. Riopaila-Castilla se apoderó de 40 mi

hectáreas de antiguos baldíos a través de una cuestionada maniobra que incluía creación de empresas de papel en Colombia

que compraban tierras hasta el límite legal con dineros prestados por Riopaila. Después, esas sociedades de papel – pero con

tierra- fueron vendidas por el precio de su deuda a cinco compañías españolas pertenecientes a un solo fondo de Luxemburgo

cuyo dueño resulto ser el mismo Riopaila-Castilla. Al final, juntando todos los pedazos de tierra, el ingenio armó una enorm

plantación en el Vichada.

El autor de la “estrategia jurídica sofisticada” es el abogado Francisco Uribe Noguera de la firma Brigard y Urrutia, quien en

entrevista con la revista Semana justificó su plan. Esa entrevista está convirtiéndose en uno de los pilares del proyecto de leycon el siempre inteligente concurso de Néstor Humberto Martínez, cuya habilidad con la lengua y con la pluma nadie discute

Los usuarios de semana.com pueden ver el documento completo en pdf. Las enmiendas hechas por Néstor Humberto están en

color verde, las rojas y azules corresponden a funcionarios del ministerio de agricultura y de la presidencia.

Entre los aportes de Néstor Humberto Martínez saltan a la vista algunos que coinciden -portentosamente- con las tesis de s

colega Francisco Uribe Noguera.Escribe Néstor Humberto que el gobierno o la procuraduría podrán emprender acciones para

anular las operaciones que acumulen antiguos baldíos “siempre y cuando se encuentren registrados en los folios de matrícula

inmobiliaria con su respectiva restricción”. Esto quiere decir que si la restricción no figura en los papeles, la operación tendrá

que considerarse legal.

Coincidencialmente en su entrevista con Semana, el doctor Uribe Noguera había defendido el mismo argumento en la

acumulación de tierras baldías por parte de Riopaila: “para que sea ilegal comprarlas se necesita que esa prohibición sea de

conocimiento público, por lo cual tendría que estar registrada en la resolución de adjudicación y en el certificado de tradición

y libertad. Nosotros obviamente no compramos ninguna tierra cuyos títulos expresarán esa limitación”.

El gobierno también acude a socorrer al autor de la estrategia jurídica sofisticada. El abogado Uribe Noguera sostuvo en s

entrevista con Semana que “los baldíos anteriores a 1994 no entran en la categoría de la prohibición”. El gobierno -en color

rojo en el proyecto- busca determinar que “Las prohibiciones y limitaciones contenidas en la Ley 160 de 1994 solo son

aplicables en los términos de esa ley a los predios baldíos que hubieran sido adjudicados a par tir del 5 de agosto de 1994”

Para acabar de lavar en agua lustral la maniobra de Riopaila-Castilla -que el ministro de agricultura calificaba como ilega

hasta hace unas semanas- el proyecto quiere establecer que “dichos predios no tienen limitación o prohibición alguna paratransferir la propiedad y constituir otros derechos reales”. Bajo la misma tesis se legalizarán las operaciones de familiares y

prestanombres de Víctor Carranza que permitieron la conformación de ‘La Fazenda’ y ‘La Hacienda El Porvenir’.

Si el proyecto se convierte en ley, todos ellos serán “tenedores de buena fe”



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ DESMINTIÓ COLUMNA DE DANIEL CORONELL.

El abogado dijo que no ha hecho parte de la elaboración de los artículos del proyecto de ley para sanear la ilegal apropiació

de antiguos baldíos.

El abogado Néstor Humberto Martínez negó su vínculo con la introducción de artículos en un proyecto de ley que es de origen

gubernamental para sanear la ilegal apropiación de antiguos baldíos.

En respuesta a la columna de Daniel Coronell, Martínez dijo que lamentablemente el periodista “ha sido objeto de una

manipulación de su fuente”.

“Es falaz, mentirosa y no cierta esa información porque si Daniel me hubiera llamado, hubiera sabido que no he redactado

esos artículos que me atribuyen”, señaló en Blu Radio.

Según él, Coronell no leyó el documento porque ahí mismo “tiene la prueba evidente de que no soy el autor”.

“En el documento aparece con resaltador el artículo 12 y alguien advierte que le parece que es ilegal e inconveniente y que es

de la superintendencia de Notariado y Registro la que elaboró el mismo”, resaltó.

Por eso, el abogado insistió en que es “inexacta” la información de Coronell porque fue víctima de una “fuente desleal”.

Sin embargo, admitió que sí ha dado conceptos como asesor de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) luego de la

socialización del proyecto que ha hecho el Gobierno Nacional.

Documents

ABOGADOS SOFISTICADOS