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PROVINCIA DE BUENOS A IRES
MINISTERIO PÚBLICO DEFENSORÍA DE CASACIÓN
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ACTUALIZACIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL
TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES EN CUESTIONES DE LIBERTAD.
Período abril-octubre del año 2015.
El presente documento tiene como fin actualizar los
criterios jurisprudenciales del Tribunal de Casación
en cuestiones de libertad y algunas temáticas
íntimamente vinculadas.
Ya en el año 2011 se inició desde la Defensoría de
Casación, a través del Secretario del Área de
actuación ante la SCBA -Dr. Agustín Lavalle-, junto
al equipo de trabajo constituido por la Dra. Pilar
García Blanco, Dra. Romina Bocchio, Dr. Raúl Zurita
una tarea de recopilación sistematizada de los
pronunciamientos que han sido exitosos en planteos de
los defensores públicos de toda la provincia de
Buenos Aires, como herramienta de trabajo para la
Defensa Pública.
Con una posterior actualización en el año 2012/14,
ahora en el 2015, luego de la importante
reestructuración del Tribunal de Casación sumado a la
actual composición de las Salas del mismo, se acerca
una actualización de la sistematización de la
información, con el afán de obtener una elevación del
piso de derechos de nuestros asistidos y el destierro
–a través de la reiteración de los criterios
jurisprudenciales- de arbitrarias interpretaciones de
los órganos departamentales, desnaturalizadoras de
los principios constitucionales que rigen la materia.
Como en los documentos anteriores, con la
coordinación del Dr. Agustín Lavalle, he realizado
junto con la Dra. Lucrecia Iturrioz el presente
trabajo en el que se compilan las decisiones
favorables de las seis Salas del TCP, divididas por
temática.
A su vez, por la productividad y diversidad de la
casuística, en el punto “Evaluación arbitraria.
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Requisitos no previstos por la ley (cambio de
régimen, salidas transitorias, libertad asistida,
libertad condicional, etc.)”, se las ha subdividido
por Sala.
Con el anhelo de promover la mejora continua de la
actividad de la Defensa Publica se ofrece este
documento de trabajo, con la posibilidad de solicitar
a [email protected] el contenido completo de los
pronunciamientos.
La Plata, 26 de noviembre de 2015.-
Noelia Vaccarini
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INDICE
1.- DENEGACIÓN DE JUSTICIA. DEMORA JUDICIAL EN LAS
RESOLUCIONES DE LIBERTAD.
2.- INTERNACIÓN. GRAVAMEN IRREPARABLE.
3.- DETENCION. EFECTO SUSPENSIVO.
4.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CASO PARA
RESOLVER LAS PETICIONES DE LIBERTAD O SU
MANTENIMIENTO.
5.- FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL PARA RECURRIR.
6.- ART. 371 IN FINE DEL CPP. DETENCIÓN SIN
REQUERIMIENTO FISCAL.
7.- EXCARCELACIÓN. NECESIDAD DE EXISTENCIA DE
INDICIOS VEHEMENTES SOBRE FUGA O ENTORPECIMIENTO DE
LA INVESTIGACIÓN.
8.- ATENUACIÓN DE LA COERCIÓN. INTERPRETACIÓN DEL
ART. 163 DEL CPP. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA
REVOCATORIA.
9.- GÉNERO y RESTRICCIÓN DE LIBERTAD.
10.- FUERO RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL.
11.- APLICACIÓN DE INSTITUTOS LIBERATORIOS A
PROCESADOS.
12.- ULTRA-ACTIVIDAD LEY PENAL MÁS BENIGNA.
13.- LIBERTAD ASISTIDA. LEY APLICABLE. ART. 104, LEY
12.256.
14.- DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. APLICACIÓN
ARTS. 54, 56 BIS Y CCDTES., LEY 24.660 MÁS BENIGNA.
15.- INCONSTITUCIONALIDAD ART. 100, CUARTO PÁRRAFO,
LEY 12.256. IMPEDIMENTO DE ACCESO POR DELITO.
16.- INCONSTITUCIONALIDAD ART. 14 CP.
17.- EVALUACIÓN ARBITRARIA. REQUISITOS NO PREVISTOS
POR LA LEY.
18.- SANCIONES DISCIPLINARIAS
19.- COMPENSACIÓN. CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 41 BIS
DE LA LEY 12.256.
20.- ESTIMULO EDUCATIVO. ART. 140 LEY 24.660
21.- REINCIDENCIA.
22.- UNIFICACIÓN.
23.- COMPUTO DE PENA.
24.- MEDIDA DE SEGURIDAD.
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1.- DENEGACIÓN DE JUSTICIA. DEMORA JUDICIAL EN LAS
RESOLUCIONES DE LIBERTAD. Exhortación al Juez de
ejecución. Intervención de todos los actores para la
resolución del conflicto. Puesta en conocimiento a la
SCBA.
“EXHORTAR al Sr. Juez de Ejecución Penal de San
Nicolás a fin de que resuelva las peticiones –
pendientes- cursadas en favor de los aquí
interesados inmediatamente, siendo que en caso de
no contar con los informes pertinentes deberá
intimar al Servicio Penitenciario que elabore los
mismos en el término perentorio de 48 horas;
III.- ENCOMENDAR a los integrantes de la Cámara
de Apelación y Garantías en lo Penal y al Sr.
Juez de Ejecución Penal, que conjuntamente con el
Sr. Fiscal General y la Sra. Defensora General,
todos del Departamento Judicial San Nicolás, como
así también con la intervención del Director de
la Unidad Penitenciaria N° 3 de San Nicolás, a
que arbitren los medios necesarios y conducentes
a fin de que los informes criminológicos de los
internos sean elaborados con premura, con el
objeto de que los derechos que le asisten no se
tornen ilusorios e inalcanzables como
consecuencia de déficits administrativos; Y
IV.- PONER EN CONOCIMIENTO de la Suprema Corte de
Justicia los eventos denunciados a los efectos
que estime corresponder, elevando –a su vez-
copias certificadas de la totalidad del presente
legajo (Ac. 3020 SCJBA de fecha 12/12/2001).
Causa nº 72.375 “Amaya, Esteban; Rodríguez Emanuel;
Gómez, César A.; Torres, José Luis; Duarte, Néstor
F.; Franco Ángel Florencio; Acevedo José R.;
Leguizamón, José E.; Molina Luis A.; Olivera Rodrigo
F.; Centurión Esteban s/ hábeas corpus”, del
24/09/2015. Sala I, Carral-Borinsky.
En el mismo sentido, pueden verse también:
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Sala II, Mancini-Ordoqui: causa nº 71.340 “Martínez,
Walter Darío s/ habeas corpus”, del 18/06/2015. Urge
al TOC para que se expida.
Sala III, Borinsky-Violini: causa nº 72.492 “Ibarra,
Iván Nahuel Alejandro s/ habeas corpus”, del
20/08/2015; causa nº 69.663 “Lencina, Roberto Emanuel
s/ habeas corpus”, del 14/02/2015.
2.- INTERNACIÓN. GRAVAMEN IRREPARABLE. REVISIÓN
JUDICIAL.
El Juez Correccional hace cesar medida coercitiva que
pesa sobre el imputado pero dispone su internación en
un Servicio de Psiquiatría. La Defensa oficial apela.
La Cámara rechaza recurso de apelación por entender
que no hay gravamen irreparable. La Defensa interpone
Queja.
El TCP resuelve darle tratamiento de Recurso de
Casación para no caer en rigorismos que impidan la
doble instancia. Y decide tratarlo pese a ser una
causa correccional. Y casa, devolviendo a la
instancia para que de tratamiento a la cuestión –
porque la noción de gravamen irreparable abarca todos
los supuesto de privación de libertad porque si bien
su privación indebida puede ser indemnizada, nunca
podrá ser restituida o reintegrada.
Causa nº 68.549 “DA SILVA, Aladino Pericio Quijano s/
Recurso de Queja (art.433 CPP)”, del 03/07/2015. Sala
VI –Piombo y Maidana-.
3.- ORDEN DE DETENCIÓN. EFECTO SUSPENSIVO
La Cámara de Mercedes, REVOCA resolución que otorgaba
efecto suspensivo a la detención hasta que decidan
los Tribunales Superiores. La Defensa Oficial
recurre.
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TCP declara admisible por haberse invocado una causal
de arbitrariedad –lo que justifica la excepcional
intervención-.
En el caso, la Cámara en 2014 calificó el hecho
investigado como abigeato agravado y encubrimiento
y, por ello, revocó la excarcelación de que gozaba
Córdoba. Dicha resolución fue recurrida a TCP –que
rechazó-, y aún no está firme.
El TCP hace lugar, entendiendo que “(…)No sería
lógico que el juez garante adopte una solución
provisional respecto del estado procesal de los
imputados y ateniéndose a la calificación legal
propiciada por la Cámara de Apelación y Garantías,
bajo el riesgo de que un Tribunal Superior modifique
tal encuadre jurídico (…)”.
Causa Nº 66.414 “CORDOBA, Santiago Walter s/Recurso
de Casación”, del 30/04/2015. Sala V, Celesia-
Ordoqui.
Causa nº 68.503 “CORDOBA, Santiago Walter s/Recurso
de Casación”, del 18/08/2015 (Mismo imputado, mismo
supuesto y misma resolución del TCP que en causa n°
66.414).
4.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CASO PARA
RESOLVER LAS PETICIONES DE LIBERTAD O SU
MANTENIMIENTO.
“Las resoluciones deben atender a las
circunstancias existentes al momento de su
dictado y si como surge de las actuaciones que
por cuerda se acollaran, en el día de la fecha se
ha resuelto condenar a Víctor Manuel Simón Marfil
a cinco años y diez meses de prisión, accesorias
legales y costas de primera instancia, por
resultar coautor responsable del delito de robo
calificado por escalamiento y por haberse
cometido en poblado y en banda, en concurso
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ideal, su actual situación ha variado en atención
al tiempo transcurrido desde la interposición del
presente.
Por ello, postulo devolver jurisdicción a la
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de
Azul, a fin que dicte nuevo pronunciamiento
conforme a la actual situación del nombrado
(artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución
Nacional; 8.2.h de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 450, 465, 530 y 531 del Código
Procesal Penal)”
Causa nº 64.840 “Simón Marfil, Víctor Manuel s/
recurso de casación”, del 16/06/2015. Sala III,
Violini-Borinsky.
En el mismo sentido: causa nº 68.756 “Alem, José
Félix s/ recurso de casación”, del 14/07/2015; causa
nº 71.129 “ROMERO GOMEZ, Maximiliano s/ Recurso de
Casación”, del 16/07/2015.
-Carencia de acuerdo previo y voto individual. Anula
y reenvía para nueva decisión de la Cámara
departamental sobre mantenimiento de prisión
preventiva. Por circunstancias actuales, reconduce
además como un pedido de excarcelación al Tribunal
Criminal.
Causa nº 68.747 “Pereyra Olariaga, Carlos Sebastián y
Silva, Fabian Ramón s/ recurso de queja (art. 433
CPP)”, del 08/09/2015. Sala V, Ordoqui-Celesia.
-Cumplimiento de pautas impuestas: indicio de
progreso en la reinserción social total.
“…la resolución que revoca el beneficio otorgado
por el hecho de contar con una sanción
disciplinaria del año 2013, que aunque grave, no
logra desvirtuar los progresos del detenido
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tendiente al logro de su total reinserción
social, demostrado en el hecho de cumplir hasta
la fecha con las pautas impuestas por la
instancia de ejecución”. Se casa resolución que
revocó salidas transitorias concedidas.
Causa nº 68.766 “Pereyra Barrozo, Manuel s/ recurso
de queja”, del 16/07/2015. Sala III, Violini-Borinsky
En el mismo sentido: causa nº 68.893 “LLAÑEZ
BUSTAMANTE, Iván Ezequiel s/ Recurso de Casación”,
del 01/09/2015 (En el caso revocaron una libertad
efectivizada, por una sanción de 2012 desatendiendo
al hecho de que en la actualidad el incluso se
encuentra a derecho –posee domicilio estable,
estudia, trabaja-).
-Inexistencia de peligros procesales para revocar
excarcelación concedida en función de conducta
asumida por el sujeto durante la tramitación del
proceso. Entidad de la pena en expectativa.
“Al respecto, cabe señalar que conforme a lo
contemplado en el art. 171 del Código de rito,
entiendo que se verifican circunstancias que
demuestran que la alegación de peligros
procesales derivadas de tal juicio no reviste
entidad suficiente como para derivar en la
restricción al derecho a la libertad.
En tal sentido, es cierto que de recaer sentencia
condenatoria en los presentes obrados la misma
será de efectivo cumplimiento, y esta
circunstancia no pudo ser ajena al propio
imputado quien conoce sus antecedentes penales.
Sin perjuicio de ello, a lo largo del proceso se
evidencia una conducta por parte del imputado de
estar ajustado a derecho, habiendo cumplido las
obligaciones impuestas y no habiéndose, a esta
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altura, revocado el beneficio de excarcelación
otorgado.
En tal sentido, si lo que se alega para alterar
el principio de libertad que debe regir durante
la sustanciación del proceso resulta ser el temor
de sustracción al accionar de la Justicia, el
imputado con su conducta ha debilitado dicha
presunción, toda vez que desde que se encuentra
excarcelado, y bajo el temor de que la resolución
aquí impugnada tome firmeza y se ordene su
detención, ha tenido oportunidad de dar por
cierto lo que se temía, y al contrario, ha
demostrado estar a disposición de la Justicia.
A lo dicho, debo sumarle las reseñas efectuadas
por la Defensa a lo largo de la tramitación del
presente incidente, en cuanto a que no restan
diligencias probatorias de trascendencia que
pudieran merecer una protección especial para
evitar que sean frustradas por el accionar del
encartado, que está debidamente verificado el
arraigo del mismo, y que, en los antecedentes que
registra el encartado, su conducta se ha ajustado
a derecho.
Por otro lado, corresponde considerar que el
delito imputado de robo en grado de conato (art.
164 en función del 42 del C.P.) prevé una pena de
prisión que oscila entre los quince días de
mínimo y los cuatro años de máximo, y en
consecuencia, dejando a un lado el principio de
inocencia, se estima que la pena a imponer no
revestirá la calidad de significativa.
Todo lo expuesto, me lleva a sopesar la situación
procesal del procesado, y analizada a la luz del
principio de inocencia (arts. 11.1 de la DUDH; 16
de la DADDH; 8.2 de la CADH; y 14.2 del PIDCP,
entre otros.), norte que debe guiarnos en el
camino a hallar la solución jurídica, me convence
de la no necesidad de restringir la libertad del
encausado en pos de los fines del proceso”.
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Causa nº 70.401 “Ferloni, Lorenzo Raúl s/ recurso de
casación”, del 13/10/2015. Sala V, Ordoqui-Celesia.
5.- FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL PARA RECURRIR
a. Resolución que deniega detención. Art. 151, in
fine, CPP. Norma observada por el Decreto 2793/04
del Poder Ejecutivo.
Causa nº 69.077 “Angehrn, Roane s/ recurso de
casación”, del 02/07/2015. Sala IV, Kohan-Natiello.
Causa nº 69.324 “Gauna, María Celestina s/ recurso de
casación”, del 11/08/2015. Sala V, Ordoqui-Celesia.
b. Resolución que concede libertad por falta de
mérito (art. 164 y 320 CPP).
Causa nº 70.708 “Elustondo, Pedro Antonio; Lazarte,
Miguel Eduardo y Giuliani, Ildo Gustavo s/ recurso de
casación”, del 06/10/2015. Sala I, Carral-Violini.
6.- ART. 371 IN FINE DEL CPP. DETENCIÓN SIN
REQUERIMIENTO FISCAL. Se dispone inmediata libertad.
Causa nº 71.875 “Giammatolo, Lucas Ariel s/ recurso
de casación (art. 417 CPP), del 03/09/2015. Sala IV,
Kohan- Maidana.
7.- EXCARCELACIÓN. NECESIDAD DE EXISTENCIA DE
INDICIOS VEHEMENTES SOBRE FUGA O ENTORPECIMIENTO DE
LA INVESTIGACIÓN.
“Corresponde señalar, que de la lectura de la
decisión impugnada, no se advierten razones
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válidas para considerar que el imputado intentará
eludir el accionar de la justicia y/o entorpecer
la investigación.
La “acreditación” de peligro cierto para bienes
jurídicos por el presunto pasado criminal del
imputado, amén de ser una apreciación de futuro
de difícil prueba científica, implica no sólo
soslayo del principio de inocencia sino la
denegatoria de la excarcelación por una causal no
contenida en la ley.
Por otro lado, sin entrar a analizar si la
suspensión del juicio a prueba puede o no
funcionar como una advertencia de la
responsabilidad que comporta la violación de la
ley penal, lo cierto es que en la cuestión
concreta de la excarcelación y la constatación de
los riesgos procesales, la sujeción del imputado
a una suspensión del juicio a prueba, debe
considerarse como un indicio a su favor, pues
implica necesariamente para su goce, que se
encuentre a derecho.
Nótese que las consideraciones en torno a una
“teoría de la advertencia”, rondan la cuestión de
la culpabilidad del sujeto, ajena al ámbito
cautelar en el que se inscribe el encarcelamiento
preventivo y lógicamente la excarcelación.
En el mismo sentido, más allá de que el a quo,
proclame cierta “clandestinidad” en el estilo de
vida del imputado, lo cierto es que siempre
denunció su domicilio real y fue hallado sin
problemas cuando se decidió su detención, lo que
echa por tierra los argumentos en su contra y
permiten considerar que su vinculación al proceso
puede ser inicialmente garantizada por medios
menos gravosos.
La denegatoria de la excarcelación en base a lo
prescripto por el art. 171 del CPP, precisa la
constatación de indicios vehementes de que el
imputado se va a fugar o entorpecerá la
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investigación, circunstancias que no han sido
debidamente demostradas por el “a quo”.
Causa nº 68.442 “Charalla Cutipa, Víctor Raúl s/
recurso de casación”, del 18/08/2015. Sala II,
Mancini-Ordoqui.
8.- ATENUACIÓN DE LA COERCIÓN. INTERPRETACIÓN DEL
ART. 163 DEL CPP. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA
REVOCATORIA.
Causa nº 68.123 “Pizzi, Horacio Alfredo s/ recurso de
queja”, del 23/06/2015. Sala V, Celesia-Ordoqui.
9.- GÉNERO
a. Madres con hijos menores de 5 años. Prisión
Preventiva.
“Advierto que asiste razón a la defensa. En
efecto, la resolución impugnada incurre en
afirmaciones dogmáticas, que se relacionan con la
pena en expectativa y el carácter excepcional del
instituto establecido en el art. 163 del CPP, sin
justificar la prescindencia de una medida menos
gravosa a la prisión preventiva y, en
consecuencia, desatendiendo lo normado en los
arts. 10 inc. f del C.P. y 159 del C.P.P. // Esta
omisión, a mi juicio, la hace susceptible de la
tacha de arbitrariedad toda vez que no basta que
un fallo tenga fundamentos, sino que es necesario
que estos estén a su vez fundados, pues de lo
contrario sólo habría apariencia de
fundamentación y que, del mismo modo, no alcanza
con resolver el litigio sino que hay que hacerlo
con arreglo a criterios y a apreciaciones idóneos
para convencer (Carrió, Genaro y Carrió,
Alejandro; El recurso extraordinario por
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sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la
Corte Suprema; t. I, Abeledo-Perrot, Bs. As.,
1987; p. 260). // En la presente causa, la
imputada Cintia Malena Pérez se encuentra
detenida con auto de prisión preventiva desde el
6/11/2014, en una unidad carcelaria junto a sus
dos hijos menores (el mayor de 2 años y el
restante de 8 meses de vida), encuadrando, de tal
manera, su situación en el supuesto contemplado
por el art. 159 del C.P.P., el cual establece el
otorgamiento de medidas alternativas a la prisión
preventiva cuando se tratare de una mujer con
hijos menores de 5 años de edad. Asimismo,
corresponde agregar que la Convención sobre los
Derechos del Niño privilegia el interés superior
de los menores. Por otro lado, cabe destacar que
la encartada cuenta con un informe favorable de
la víctima, quien manifestó que era su voluntad
que Pérez permaneciera en libertad (fs. 68). //
Por último, resta señalar que la Sra. Fiscal ante
esta Sede, doctora D´Gregorio, en el marco de la
audiencia oral celebrada en este Tribunal,
acompañó la petición efectuada por la defensa,
conforme surge del acta de fs. 103. // En
consecuencia, propongo conceder la morigeración
de la prisión preventiva solicitada a favor de
Cintia Malena Pérez, debiendo el Tribunal en lo
Criminal n° 4 de San Martín arbitrar las pautas
necesarias para llevar a cabo el beneficio, sin
costas (arts. 18, 31 y 75 inc. 22 de la C.N.;
arts. 168 de la Const. pcial; 20 inc. 1, 105,
106, 159, 163, 201 a contrario sensu, 210, 405,
450, 451, 454 inc. 4, 456, 460, 530 y 531
C.P.P.).
Causa nº 73.334 “Pérez, Cintia Malena s/ hábeas
Corpus”, del 22/10/2015. Sala VI, Maidana-Kohan.
14
b. Libertad condicional. Atenuación de valoración de
cumplimiento de los requisitos establecidos en la
concesión de la prisión domiciliaria. Interés
superior del niño.
“En tal sentido, el Juez, al momento de decidir,
no debe abstraerse de la realidad conllevando a
que la aplicación de una regla jurídica torne
ilusorio el sentido la norma, y el valor justicia
en el caso concreto.
En tal sentido, se observa que la condenada
presenta serios problemas de salud y resulta ser
madre de seis menores de edad.
Por otro lado, debo traer a colación lo advertido
primigeniamente en cuanto a la proximidad
temporal de la caducidad de la pena, cuyo
vencimiento operará el 22 de octubre próximo, de
lo que se desprende que no es necesario cumplir
el resto de la condena en una unidad
penitenciaria, más cuando tal situación podría
traer consecuencias negativas, no sólo desde el
aspecto de su salud física y psicológica, sino, y
especialmente, en la vida de sus seis hijos, en
atención a la contención que les brinda, y en
desmedro del interés superior del niño.
En tal panorama, los supuestos incumplimientos
referidos por la Cámara no deben ser merituados
con tajante rigurosidad más cuando se han alegado
cuestiones de salud que así lo hicieron
necesarios, a pesar de no encontrar la suficiente
acreditación justificante.
Así una valoración conglomerante de la situación,
teniendo en cuenta el estado de salud de la
condenada, el tiempo que le resta por cumplir de
pena, el interés superior de los niños y la
entidad de los incumplimientos, me lleva a
coincidir con lo decidido en primera instancia,
en cuanto concediera la libertad condicional”.
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Causa nº 68.890 “Pérez Álamo s/ recurso de casación”,
del 11/08/2015. Sala V, Celesia-Ordoqui.
10.- FUERO RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL. Arresto
domiciliario.
“…A este respecto, advierto que los reparos
expresados contra el reintegro del joven a su
ambiente familiar no encuentran sustento en el
abordaje específico del nombrado por parte de los
equipos interdisciplinarios que diseñaron la
estrategia a seguir para su tratamiento.
En concreto, cabe destacar que el informe obrante
en copia a fs. 26/vta. de este legajo fue
elaborado en forma compartida por el Centro de
Referencia Local y por el Centro Cerrado donde
Benetton se encuentra detenido, sin que los
profesionales de esta última institución hayan
expresado oposición o manifestación alguna de la
que se derive la inconveniencia de la
continuación del tratamiento en el domicilio
familiar.
El control establecido para el cumplimiento de la
medida cautelar ordenada mediante arresto
domiciliario (a través del Centro de Referencia y
de la Comisaría con jurisdicción en el lugar),
además del compromiso asumido por la madre del
imputado y la pareja de aquélla, aparecen
necesarios y suficientes para asegurar el fin
perseguido con la prisión preventiva dispuesta, y
respetan la proporcionalidad de la medida en
función del tiempo de detención que lleva
cumplido el imputado.
Por su parte, la responsabilidad asumida por la
progenitora del joven de acompañarlo y permanecer
con él durante todo el día en la vivienda, y el
ofrecimiento de la pareja de la nombrada para
suplantarla en tal cometido frente a
eventualidades que se presenten, permiten
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apreciar una situación distinta a la verificada
con anterioridad a los hechos que dieron inicio a
esta causa, siendo destacable que se trata de la
primera detención que registra.
Por lo demás, las propuestas educativa y laboral
–más allá de que a raíz del tiempo transcurrido
deban valorarse nuevamente sus condiciones de
cumplimiento-, y el tratamiento indicado al joven
a cumplir en el Centro Provincial de Adicciones
con acompañamiento del Centro de Referencia, son
pautas positivas que no pueden ser soslayadas en
la consideración de la viabilidad de la
morigeración de la medida cautelar ordenada.
En esa línea de ideas, la especialidad del
régimen de responsabilidad penal juvenil
determina la aplicación de principios rectores
para la interpretación y aplicación de las normas
del proceso penal (art. 33 de la ley 13.634),
entre los cuales -en mi opinión- adquieren
relevancia para la correcta solución de esta
causa la protección integral de los derechos del
niño, su formación plena, la reintegración en su
familia y en la comunidad, la mínima intervención
y la subsidiariedad.
Cabe destacar que la exploración y elección de
mejores alternativas a la internación del menor
en instituciones, viene ordenada por los
artículos 37 y 40 de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (con jerarquía
constitucional: art. 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional), y concordantemente con
ello, en las particulares circunstancias
verificadas en esta causa no se han relevado la
existencia de peligros procesales de suficiente
entidad como para sostener la inconveniencia del
cumplimiento de la prisión preventiva ordenada
mediante la modalidad de arresto domiciliario, en
las condiciones establecidas por el Juzgado de
Garantías del Joven interviniente”.
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Causa nº 70.678 “Benetton”, del 27/08/2015. Sala I,
Carral-Violini.
11.- APLICACIÓN DE INSTITUTOS LIBERATORIOS A
PROCESADOS.
a. Cambio de régimen
Causa nº 70.654 “Benavídez, Hugo Orlando s/ hábeas
corpus”, del 04/06/2015. Sala III, Borinsky-Violini.
b. Salidas transitorias
Causa nº 70.270 “Ferreyra, Jorge Ramón s/ hábeas
corpus”, del 23/04/2015. Sala VI, Maidana-Piombo
c. Recompensa (art. 41 bis ley 12.256)
Causa nº 70.890 “López, Fernando Gabriel s/ recurso
de queja (art. 433 CPP)”, del 27/10/2015. Sala I,
Carral-Borinsky.
12.- ULTRA-ACTIVIDAD LEY PENAL MÁS BENIGNA
a. Libertad condicional. Artículo 13 anterior a la
reforma de la ley 25.892.
Causa nº 68.387 “De Francesco, José Luis s/ recurso
de casación”, del 18/08/2015. Sala II, Mancini-
Ordoqui.
En el mismo sentido: causa nº 68.523 “PINTOS,
Concepción del Carmen s/ Recurso de Casación”, del
27/08/2015. Sala II, Mancini-Celesia.
b. Artículo 7 Ley 24.390. Hechos cometidos durante su
vigencia.
Causa nº 63.514 “Pérez, Agustín a/ acción de
revisión”, del 31/03/2015. Sala VI, Maidana-Piombo.
13.- LIBERTAD ASISTIDA. LEY APLICABLE. ART. 104 LEY
12.256.
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Remisión al Acuerdo Plenario en causa nº 63.610 que
establece aplicable el régimen previsto en la Ley
Provincial nº 12.256 en cuanto resulte más
beneficioso para el condenado, que la ley marco nº
24.660 del ordenamiento nacional.
Pueden verse también:
Sala II, Mancini-Ordoqui:
Causa nº 67.668 “Mansilla, Ramón José s/ Recurso de
Casación”, del 28/04/2015.
Sala III, Violini-Borinsky / Borinsky-Mancini:
Causa nº 70.420 “Barragán, Claudio Ramón s/ recurso
de casación”, del 16/06/2015; causa nº 68.613
“Acevedo, Jorge Ernesto Oscar s/ recurso de
casación”, del 16/07/2015; causa nº 70.187 “Andreoni,
Abelardo Fulvio s/ recurso de casación”, del
16/07/2015; nº 69.519 “Contreras, Ariel Omar s/
recurso de casación”, del 16/06/2015; causa nº 69.550
“Martínez Beron, Jonathan Ezequiel s/ Recurso de
Casación”, del 04/06/2015; causa nº 69.790 “RAMOS,
Gonzalo Darío s/ Recurso de Casación”, del
14/07/2015.
SALA IV, Natiello- Kohan:
Causa nº 69.858 “Martínez, Micaela Anahí s/ recurso
de casación”, del 27/10/2015; causa nº 70.408
“Fernández, Alexis Ezequiel s/ Recurso de Casación”,
del 23/06/2015.
Sala V, Celesia-Ordoqui:
Causa nº 68.975 “Rodríguez Molina, Claudio s/ recurso
de casación”, del 07/07/2015; causa nº 66.877 “Sosa,
Cristino o Sosa, Critino s/ recurso de casación”, del
07/05/2015; causa nº 68.867 “Teuly, Cristian Adrián
s/ recurso de casación”, del 11/08/2015; causa nº
67.893 “Montone, Carlos David s/ recurso de
casación”, del 04/06/2015; causa nº 68.188 “Acosta,
Ernesto Ezequiel s/ recurso de casación”, del
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19
25/06/2015; causa nº 68.617 “Gómez Ruiz, Hugo s/
recurso de casación”, del 07/07/2015; causa nº 70.186
“Carabajal, Julio César s/ Recurso de Casación”, del
25/08/2015; causa nº 68.188 “Acosta, Ernesto Ezequiel
s/ Recurso de Casación”, del 25/06/2015.
Sala VI, MAIDANA-PIOMBO / MAIDANA-KOHAN:
Causa nº 68.978 “Bravo, Facundo Nahuel s/ recurso de
casación”, del 15/05/2015; causa nº 69.835 “Chamorro,
Juan Eduardo s/ recurso de casación”, del 20/10/2015;
causa nº 68.977 “Rivero, Alberto Oscar s/ Recurso de
Casación”, del 29/04/2015; causa nº 69.989
“Calascibetta, Juan Antonio s/ Recurso de Casación”,
del 03/07/2015.
14.- DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. APLICACIÓN
ARTS. 54, 56 BIS Y CCDTES., LEY 24.660 MÁS BENIGNA
(según fecha del hecho). Régimen de semilibertad
(modalidad prisión nocturna). Aplica Acuerdo Plenario
en causa nº 63.610 en cuanto establece se aplicará
ley que resulte más beneficiosa para el penado.
Carácter no vinculante del informe criminológico.
Análisis fragmentado de restantes requisitos.
Causa nº 69.578 “Luna Barrios, José Oscar s/ recurso
de casación”, del 27/05/2015. Sala I, Carral-Sal
Llargués.
En el mismo sentido respecto del instituto de salidas
transitorias:
Sala VI, Natiello-Borinsky/Natiello-Kohan:
Causa nº 73.054 “Gómez Bustamante, José María s/
Hábeas Corpus”, del 22/09/2015; causa nº 67.637
“Marcovichio, Norberto s/ recurso de queja (art. 433
CPP) interpuesto por Fiscal General”, del 10/09/2015;
causa nº 69.272 “Suárez Martínez, Oscar Omar s/
recurso de casación”, del 10/09/2015; causa nº 73.565
20
“Ruíz, Ángel Alfredo s/ hábeas corpus”, del
13/10/2015.
Disidencia de Maidana, se expide por la
inconstitucionalidad de art. 100 de la Ley 12.256.
“(…) Sostener que la ley de ejecución establece
supuestos donde el egreso definitivo de la persona
privada de su libertad no se produce hasta el
vencimiento de la pena, en consecuencia, no sólo hace
coexistir junto al régimen progresivo, uno lineal y
despojado de posibilidades, sino que resulta
inconsistente con los compromisos internacionales
asumidos por el Estado y con una concepción que
pretenda tomarlos con seriedad y brindarles un
contenido verdaderamente operativo(…)”.
Por su parte el voto mayoritario consideró aplicable
al caso la Ley Nacional 24.660 por ser más
beneficiosa para el imputado al no contener la
excepción contemplada por el a quo en virtud del
delito cometido –entendiendo que la declaración de
inconstitucionalidad es de última ratio.
15.- INCONSTITUCIONALIDAD ART. 100, CUARTO PÁRRAFO,
LEY 12.256. IMPEDIMENTO DE ACCESO POR DELITO.
Causa nº 68.462 “Rodríguez, Matías Ariel Emir s/
recurso de casación”, del 07/05/2015. Sala I, Sal
Llargués- Carral.
Causa nº 67.275 “Leonardi Barchetta, Diego Sebastián
s/ recurso de casación”, del 18/08/2015. Sala III,
Violini-Borinsky.
Sala VI, Maidana-Piombo: Causa nº 70.270 “Ferreyra,
Jorge Ramón s/ hábeas corpus”, del 23/04/2015; causa
nº 67.554 “Choque, José Luis s/Recurso de Casación”,
del 30 de abril de 2015. Hace lugar a la declaración
de inconstitucionalidad del art. 100 de la Ley 12.256
en cuanto consagra el impedimento a los condenados
por el delito previsto en el art.80 inc.7mo del CP a
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21
obtener las salidas transitorias, por lo que somete a
un régimen de ejecución más gravoso a los condenados
en base a dicha figura. “(…) La norma en cuestión
(art.100 ley 12.256), al no atender la situación de
la persona en concreto, pues el ingreso a una
prisión, en tal calidad, no despoja al hombre de la
protección de las leyes (…) consagra una categoría de
personas que, por haber realizado el tipo indicado
(80 inc.7 CP) habrán de ser inocuizados o
neutralizadas, al no permitirles gozar la posibilidad
de salidas transitorias (…).
16.- INCONSTITUCIONALIDAD ART. 14 CP.
El rechazo del pedido de libertad basado
exclusivamente en la prohibición del artículo 14 del
Código Penal en virtud del delito cometido (art.165
en el caso) resulta contrario a la constitución.
Causa nº 71.258 “Chávez Coronel, Cristian Nicolás s/
habeas corpus”, del 14/07/2015. Sala III, Violini-
Borinsky.
-Evaluación previa del comportamiento en privación de
libertad.
La Cámara de La Matanza confirma la decisión que no
hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del
art. 14 del C.P. La defensa Oficial impugna.
El TCP expresa que tal declaración es de última ratio
y que por ello “(…)la ausencia en el pronunciamiento
cuestionado de una evaluación del comportamiento que
ostentara el interesado durante su vida intramuros,
impide analizar con racionalidad si se dan en la
especie los presupuestos habilitantes que permitirían
decretar la invalidez constitucional de la precitada
normativa como extremo restrictivo de la libertad
condicional(…)”, destacando que en el caso ni
siquiera se cuenta con informes criminológicos.
22
El TCP deja sin efecto lo resuelto y dispone se dicte
un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.
Causa nº 70.964 “MERCADO, Daniel Gustavo s/ Recurso
de Casación”, del 25/08/2015. Sala I, Carral-Violini.
17.- EVALUACIÓN ARBITRARIA. REQUISITOS NO PREVISTOS
POR LA LEY (cambio de régimen, salidas transitorias,
libertad asistida, libertad condicional, etc.).
SALA I, CARRAL-BORINSKY / CARRAL-VIOLINI
-Salidas transitorias. Aspectos positivos. Progresión
tratamental no implica necesariamente secuencialidad.
Causa n° 70.796 “Castro Colqui, Gabriel Héctor s/
recurso de casación”, del 29/09/2015.
-Falta de incursión en el área laboral.
“…el cumplimiento de esas actividades no puede
funcionar como "carga" para el penado o como
limitante a la hora de analizar su avance en la
progresividad del régimen.
La circunstancia de que el interesado no
solicitara o no efectuara trabajo alguno o –como
en la presente- que optó por abocarse al área
educativa, no es susceptible de ser valorada
negativamente. El trabajo de los internos no es
obligatorio sino antes bien, voluntario, desde
que los trabajos forzados se hallan expresamente
proscriptos por la legislación en la materia y
por prerrogativas supralegales.
Por lo demás nada impide que su incorporación en
dicha área se pueda dar mientras usufructúa el
régimen pretendido”.
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23
Causa N° 71.143 caratulada “Hormaza, Fernando Martín
u Hormoza, Fernando Martín s/ recurso de queja (art.
433 CPP)”, del 17/09/2015.
-Principio de progresividad y resocialización.
Circunstancias obstativas: ausencia de actividad
laboral y falta de contención familiar (la familia no
la visitaba en virtud del traslado de unidad
Penitenciaria a 400km de la ciudad en que residen –
siendo que en su anterior lugar de alojamiento la
visitaban permanentemente-, y que respecto de tareas
laborales se encuentra actualmente trabajando y
realizando talleres).
El TCP entendió que “(…)las normas que consagran
al ideal resocializador como fin de la ejecución
de las penas deben ser interpretadas de
conformidad con los principios y los límites del
Derecho Penal del Estado de Derecho, conforme al
modelo de intervención penal que surge de una
interpretación sistemática de las normas
constitucionales y de los pactos internacionales
de Derechos Humanos. En este sentido entiendo que
el ideal resocializador erigido como fin de la
ejecución sólo puede significar una “obligación
impuesta al estado” (“derecho”, por lo tanto, de
las personas privadas de libertad) de
proporcionar al condenado, dentro del marco del
encierro carcelario, las condiciones necesarias
para un desarrollo personal adecuado que
favorezca su integración a la vida social al
momento de recobrar la libertad (…)”.
Causa nº 71.706 “CALANDRA”, del 10/09/2015.
-Salidas transitorias. Imposibilidad de avanzar en la
progresividad por falta de cupo. Condiciones de
residencia y familiares. Demás condiciones positivas.
Las salidas transitorias no obstaculizan ni importan
el abandono del tratamiento que asumió, y se traducen
24
en una razonable modalidad que le permitirá avanzar
hacia la siguiente libertad provisoria.
Causa nº 71.683 “Mansilla, Juan Enrique s/ recurso de
casación”, del 29/09/2015.
-Principio de reserva y culpabilidad.
“(…)la manifestación del interno –volcada en un
informe psicológico- reiterando su inocencia
respecto del hecho por el que fue condenado, no
puede erigirse en un obstáculo que por sí solo
impida el acceso al régimen de salidas
transitorias en las condiciones estipuladas por
el Juzgado de Ejecución Penal interviniente (…)”.
“En esta inteligencia, pues, considero que las
reflexiones internas de un condenado en modo
alguno pueden serle opuestas a los fines de
denegarle el derecho al beneficio en trato toda
vez que ello contravendría las máximas
constitucionales citadas”.
Causa nº 69.836 “CALDERON SANCHEZ, Jonathan Diego
Ariel s/ Recurso de Casación”, del 07/07/2015.
SALA II, MANCINI-CELESIA / CELESIA-ORDOQUI / MANCINI-
ORDOQUI
-Libertad condicional. Falta de motivación de la
denegatoria. Régimen cerrado de modalidad moderada no
constituye impedimento, sanciones de antigua data,
aspectos favorables a considerar (estudio, voluntad
de trabajar –pese falta de cupo-, concepto y
conducta, contención familiar, dictamen favorable del
Dpto. Técnico Criminológico)
Causa nº 70.385 “Martínez Sosa, Claudio Fabián s/
hábeas corpus”, del 30/04/2015.
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25
En el mismo sentido, causa nº 70.888 “Rossi, Luis
Daniel s/ hábeas corpus”, del 18/06/2015.
-En el caso la Cámara se basa para dictar la
resolución revocatoria en una SUPUESTA introducción -
por parte del imputado- de marihuana a la Unidad
Carcelaria, que sólo comunica el Director de la misma
y que no dio oportunamente lugar a la aplicación de
ninguna sanción disciplinaria ni a la formación de
ningún legajo al respecto. Todos los demás requisitos
se hallaban cumplidos.
El TCP hace lugar por entender que “(…)los obstáculos
aducidos por la Sala II de la Cámara de Mercedes,
conforme las constancias del legajo, no configuran
impedimentos razonables ni válidos para denegar la
libertad solicitada(…)”
Causa 67.627 “BERNACHEA, Jonathan Darío s/ Recurso de
Casación”, del 25/06/2015.
-Libertad condicional.
Los elementos considerados para revocar la libertad
concedida –problemática de adicciones- fueron
considerados por el juez de ejecución para su
evaluación por el Patronato de Liberados. La negativa
a estudiar no opaca las circunstancias favorables.
Causa nº 71.789 “Balbuena, Marcelo o Barea, Marcelo
s/ hábeas corpus”, del 16/07/2015.
-Suspensión de la incorporación al régimen de
semilibertad. Supuesta afectación principio de
confianza. Arbitrariedad.
Se origina el Habeas Corpus en la confirmación
por la Cámara de Apelación y Garantías del
Departamento Judicial Mar del Plata de la
denegatoria de inclusión al régimen de
semilibertad y acceso al régimen de salidas
transitorias.
26
El TCP declara admisible la acción originaria por
entender que la Cámara basó su rechazo en una
fundamentación aparente. En el caso, al imputado
se le había suspendido el beneficio de
incorporación al régimen de semilibertad y las
instancias departamentales basaban el rechazo del
actual pedido en la supuesta afectación del
principio de confianza “(…)sin que se haya
explicado sustancialmente sus alcances y de qué
forma podría ser superado(…)”. El TCP continúa
expresando: “(…)De esta forma, no logra
advertirse de ninguno de ambos fallos
cuestionados, cual sería el tiempo prudencial
para que el penado pueda acceder nuevamente al
régimen en cuestión y a las salidas transitorias
o qué requisitos habrá de cumplimentar para
reconstruir la confianza que se proclama
dañada.// En otras palabras, se ha dejado al
interno sin una referencia cierta de motivación
para acceder a un beneficio que la ley reconoce,
cuando insisto, aún luego de la existencia de la
falta en cuestión, el Departamento Técnico
Criminológico del SPB, mantiene la conveniencia
de incluir al interno Correa en el régimen de
salidas transitorias (…)”.
Hace lugar al habeas Corpus, CONCEDE la inclusión
EN EL RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD.
Causa n° 71.554 “Correa, Emiliano Pablo s/ Hábeas
Corpus”, del 02/07/2015. Sala II, Mancini-Ordoqui.
SALA III, BORINSKY-VIOLINI
-No desarrollar tareas laborales por carecer la
Unidad Penitenciaria de vacantes. Falta de
condiciones de la vivienda en la que residiría. Nueva
evaluación en la instancia por cambio de régimen.
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27
Causa nº 69.280 “Salina, Sergio Luciano s/ recurso de
queja (art. 433 CPP), del 04/08/2015.
-No desarrollar tareas educativas por carecer la
Unidad Penitenciaria de vacantes. Nueva evaluación en
la instancia por cambio de régimen. Próximo
agotamiento de pena.
Causa n° 70.889 “Sánchez, Alexander Daniel s/ habeas
corpus”, del 04/06/2015.
SALA IV, KOHAN-NATIELLO
-Cumplimiento de requisitos. Apartamiento infundado
del dictamen favorable del Dpto. Técnico
criminológico. Posibilidad de suplir las obstantes
indicadas mediante reglas del art. 13 del C.P.
Próximo agotamiento de pena.
Causa nº 68.989 “Rojas, Brian Ezequiel s/ recurso de
casación”, del 30/06/2015; causa nº 72.651 “Andrade,
Alejandro Diego, s/ hábeas corpus”, del 27/08/2015
(no resulta óbice falta de inserción ámbito educativo
–falta de cupo- y de contención familiar); causa n°
71.913 “García Cantoni, Roberto Gabriel s/ recurso de
queja (art. 433 CPP), del 27/10/2015(no resulta óbice
falta de inserción ámbito laboral –falta de cupo- y
problemática de adicción a las drogas –puede
continuar tratamiento extramuros-)
-Arbitraria valoración: “necesidad de una evaluación
del nombrado en el régimen en el que se ha ordenado
su incorporación”
Causa n° 72.281 “Domínguez, Joel Nicolás s/ recurso
de queja (art. 433 CPP)”, sentencia del 20/10/2015.
SALA V, CELESIA-ORDOQUI
28
-Excarcelación. Arbitraria valoración de aspectos
positivos y negativos.
“Surge de las presentes actuaciones que continúan
vigentes respecto de Del Río, cuatro sanciones
disciplinarias, habiendo ocurrido la última el
día 25 de julio de 2013 por riña con otro
interno. Ahora bien, coincido con lo expuesto por
el voto en disidencia de la Cámara en cuanto a
que dicha sanción se encuadra en lo normado por
el art. 3° de la Resolución 2/2010 de la
Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio
de Justicia, en tanto dispone que: “Para la
evaluación de la conducta, deberá restarse valor
negativo a aquellas incidencias que puedan
estimarse ajenas a la responsabilidad personal
del individuo, tales como peleas o riñas con
otros internos en los que no se haya podido
determinar el carácter de provocador del
evaluado.”
b) En segundo lugar, considero pertinente
destacar que Del Río se encuentra incorporado en
un régimen de procesados de modalidad atenuada,
con conducta ejemplar y concepto bueno;
incorporado en tareas educativas y a la espera de
cupo para trabajar; habiendo dictaminado la Junta
de Selección a favor de la conveniencia de
conceder al nombrado el beneficio solicitado.
Ahora bien, confirmar el juicio del a quo
relativo a la falta de cumplimiento de los
reglamentos carcelarios por parte del encartado,
llevaría a la necesaria conclusión de que
aquellos internos que han incurrido alguna vez en
alguna falta son sujetos incapaces de acatar
pautas. Unido esto último con la característica
humana de la autodeterminación, no hay porqué
objetivar la existencia de las faltas sin tener
presente los demás elementos conductuales a
valorar.
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29
Así las cosas, si bien el cumplimiento de los
reglamentos carcelarios constituye una pauta que
debe ser observada tanto en procesados como en
condenados (art. 169 inc. 10 del C.P.P.) entiendo
que el a quo, relativizó la consideración de los
aspectos positivos de la conducta desarrollada
por Del Río reseñados precedentemente, máxime
teniendo en cuenta que la libertad condicional es
la parte culminante del régimen de progresividad
y una herramienta tendiente a socavar los efectos
negativos del régimen carcelario”.
Causa nº 69.855 “Del Río, Horacio Ezequiel s/ recurso
de casación”, sentencia del 17/09/2015.
-Excarcelación en términos de libertad asistida:
Sanción prescripta (art. 58 ley 12.256),
No se requiere un óptimo cumplimiento de reglamentos
carcelarios, debe evaluarse gravedad de infracciones
y concatenación temporal. Reservas desde aspecto
psicológico violentan principio de inocencia –en el
caso- y reserva.
No presupuesto de concesión, si condición en la
libertad: tratamiento terapéutico, cercanía del
domicilio con el de la víctima.
Causa nº 69.065 “Alfonsín Víctor Ismael s/ recurso de
queja (art. 433 CPP)”, del 27/08/2015.
-Libertad asistida. No se exige incorporación a
régimen de asistencia o tratamiento específico.
Evalúa situación actual (régimen abierto y salidas
transitorias). Cumplimiento regular de reglamentos no
implica inexistencia de sanciones. Evalúa demás
aspectos favorables.
Causa nº 70.860 “Galiano, Cristian Jonathan s/ hábeas
corpus”, del 02/06/2015.
-La consideración de otros argumentos no utilizados
por el “a quo” para fundamentar la denegatoria del
30
instituto violentan el derecho de defensa. Y se
expide igualmente afirmando que las sanciones
consideradas son de antigua data (01/08/2012 y
17/04/2013).
Causa nº 71.788 “Aguilar Solorzano, Víctor Emilio s/
hábeas corpus”, del 14/07/2015.
-No desarrollar tareas laborales/educativas por
carecer la Unidad Penitenciaria de vacantes. Falta de
condiciones de la vivienda en la que residiría.
Causa nº 68.026 “Pérez, Sergio Gustavo s/ recurso de
queja (art. 433 CPP), del 05/05/2015; causa nº 71.663
“Sánchez, Daiana Soledad s/ hábeas corpus”, del
02/07/2015.
-Cuestiones obstativas: reservas en cuanto a las
ideas suicidas del imputado y dudas sobre su
contención familiar –aunque todos los requisitos
están cumplidos, incluso es FAVORABLE el informe
criminológico.
Causa nº 69.768 “CHAVEZ, Marcelo Javier s/Recurso de
Queja (art.433 CPP)”, del 15/09/2015.
-Reciente incorporación al régimen autogestivo y
posibilidad de acceso a salidas transitorias.
Interpretación desnaturalizadora de principio de
progresividad.
“(…)no debe desfigurarse el principio de
progresividad del art. 6 de la ley 24.660,
concibiéndolo como un postulado axiomático que,
llevado al extremo, implique soslayar la
configuración en el caso de los presupuestos que
deben cumplimentarse para la concesión de la
liberación condicional, alegando requisitos de
lege ferenda que, por lógica, no se encuentran
contemplados en la normativa específica, es
decir, de lege lata (…)” más adelante continúa
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31
“(…)Si bien coincido en que previo a concederse
al interno la posibilidad de cumplir la pena en
libertad resulta conveniente que transite por las
distintas etapas que ofrece el Servicio
Penitenciario dentro del régimen de la ejecución
de la pena, conforme al principio de
progresividad, para tener una evaluación más
precisa de su comportamiento a medida que accede
a espacios de mayor autogestión (…) tal proceder
deberá ser adecuado a las circunstancias
concretas del caso bajo estudio (…)”, destacando
que en la presente el imputado agota su pena el
día 16 de abril de 2016 y que la incorporación de
Peralta Zalazar al régimen abierto se dispuso por
resolución del 11 de noviembre de 2014 haciéndose
efectiva en mayo de 2015 no resultando posible
valorar dicha demora en forma perjudicial para el
condenado quien ha cumplido todos los requisitos
exigidos por el art.13 del Código Penal.
Causa n° 72.931 “Peralta Zalazar, Leonardo Ezequiel
s/ habeas corpus”, del 08/09/2015.
En el mismo sentido, causa nº 72.652 “Cardozo, Mauro
Leonel s/ habeas corpus”, del 27/08/2015; causa nº
68.846 “Pucheta, Marcelo Daniel s/ recurso de queja
(art. 433 CPP), del 07/07/2015.
En similar sentido: causa nº 73.367 “Maciel, Emanuel
Alejandro s/ hábeas corpus”, del 01/10/2015; causa nº
67.802 “Garay, Flavio Ezequiel s/ recurso de
casación”, del 11/06/2015; causa nº 67.491 “AMARILLA,
Sergio Oscar s/ Recurso de Casación”, del 02/06/2015
(existencia de dos sanciones disciplinarias de 2011 e
Informes Criminológicos favorables)
-Principio de progresividad para avanzar en la
concesión de la libertad asistida. Aspectos
favorables.
32
Causa nº 68.507 “Carrasco Gette, Miguel Ángel s/
recurso de casación”, del 04/08/2015.
-Arbitraria valoración de cuestiones obstativas:
falta de capitalización del tiempo de encierro,
transito paulativo por diferentes regímenes y
reservas en aspecto psicológico que requiere iniciar
tratamiento intramuros. Resuelve: no constatada
problemática adictiva, principio de progresividad
debe ser analizado de forma conexa con el fin de
resocialización, interés del condenado en acceder a
tareas laborales –falta de cupo-. Favorables
circunstancias familiares y posibilidad de empleo.
Causa nº 73.369 “Coronel, Luis Ernesto s/ hábeas
corpus”, del 01/10/2015.
En el mismo sentido: causa nº 69.602 “Guerra
Quiñones, Ángel Alberto s/ recurso de casación”, del
13/10/2015.
-Principio de reserva.
“(…)La alegada ausencia de autocrítica e
incomprensión del daño causado por parte del
condenado, debe observarse con énfasis, ya que al
ser la libertad condicional, una parte
trascendente del régimen de progresividad y una
herramienta tendiente a socavar los efectos
negativos del régimen carcelario, debe ser
entendida como un beneficio al que pueden tener
acceso todos los condenados que no proporcionen
motivos para presumir fundadamente que
incumplirán sus obligaciones durante esa etapa de
la ejecución de la pena.// El pronunciamiento
puesto en crisis se apoya en consideraciones que
hacen a la propia calidad personal del condenado,
excediendo el principio de reserva establecido en
el art.19 de nuestra Constitución Nacional (…)”
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33
Causa nº 67.679 “SAMANIEGO, Ricardo Ramón s/ Recurso
de Casación”, del 02/06/2015.
En el mismo sentido: causa nº 67.876 “BENITEZ, Raúl
Antonio s/ Recurso de Casación”, del 18/06/2015.
-Libertad asistida. Denegatoria con fundamento en la
postura justificante que el encartado toma en
relación al hecho por el que fuera condenado, y en
que el domicilio aportado para ocupar en caso de ser
liberado es el mismo que ocupaba al momento del hecho
delictivo.
“No puedo aceptar la valoración que han hecho los
jueces de la posición asumida por el condenado
frente al delito. Al respecto tiene dicho esta
alzada que la libertad asistida no es un perdón
ni una concesión ofrecida al condenado en
recompensa por su progreso moral. La
resocialización, reforma o readaptación social,
proclamadas como meta de la ejecución de la pena
en los diversos textos de nuestro derecho vigente
(…), es un proceso que debe orientarse a la
legalidad y no a la moralidad”.
Causa n° 70.461 Hábeas Corpus originario a favor de
Mario Juan Almada Cueva, del 05/05/2015.
Causa nº 69.945 “Furtado Ñaris, Karina Rosa s/
recurso de casación”, del 15/09/2015.
-Libertad asistida. Elementos obstativos valorados:
conveniencia de usufructuar sus salidas por un lapso
mayor y reincorporación en el área laboral.
Requisitos legales cumplidos. Necesidad de brindar
argumentos válidos para apartarse del informe
favorable. Posibilidad de suplir las obstantes
indicadas mediante reglas del art. 13 del C.P..
Consideración del adecuado cumplimiento de las
salidas concedidas.
34
Causa nº 72.325 “Gómez, Nahuel Roberto s/ hábeas
corpus”, del 11/08/2015.
En el mismo sentido: Causa nº 71.178 “Espinoza, José
Luis s/ hábeas corpus”, del 04/06/2015.
-Posibilidad de suplir las obstantes indicadas
mediante reglas del art. 13 del C.P.
Causa nº 67.896 “Montone, Carlos David s/ recurso de
casación”, del 04/06/2015.
Causa nº 71.660 petición de hábeas corpus a favor de
Carlos Nicolás Romero Morales o Juan Bautista Romero
Morales, del 02/07/2015.
SALA VI, MAIDANA-PIOMBO/MAIDANA-NATIELLO
-Salidas transitorias. Se evaluó infundadamente:
necesidad de una mayor participación del penado en
los espacios tratamentales ofrecidos e incorporación
en ámbito formativo –educacional- y reparos de índole
subjetiva.
Causa nº 67.490 “Santillán Esquivel, Roberto
Alejandro s/ recurso de queja”, del 15/05/2015.
En similar sentido:
Causa nº 72.953 “Acuña, Adrián Alejandro s/ hábeas
corpus”, del 17/09/2015; causa nº 71.449, “Hurt,
Guido Leonardo s/ hábeas corpus”, del 24/06/2015;
causa n° 71.787 “Caraballo, Carlos Gabriel o
Carballo, Carlos Gabriel s/ habeas corpus”, del
16/07/2015.
-Libertad condicional. Los elementos considerados
para revocar la libertad concedida –problemática de
adicciones- fueron considerados por el juez de
ejecución para su evaluación por el Patronato de
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35
Liberados. La negativa a estudiar no opaca las
circunstancias favorables.
Causa nº 68.884 “Ullman, Rubén Osvaldo s/ recurso de
casación”, del 02/07/2015.
-Informe criminológico desfavorable.
El TCP analiza en detalle dichas constancias y
expresa: “(…)Advierto que la Cámara se limitó a
transcribir la conclusión del departamento
Técnico Criminológico, omitiendo ponderar, no
sólo la totalidad del informe producido y con
ello la argumentación dada por dicho órgano, sino
también los elementos reseñados supra que
evidenciarían –por lo menos- la voluntad de
Brizuela de cumplimentar con lo que en definitiva
le requieran. Así las cosas, considero que la
resolución de la Cámara carece de fundamentos
suficientes pues no ha sopesado la totalidad de
las constancias de la causa que ameritaban una
evaluación más pormenorizada de la situación del
nombrado, tornando de ese modo arbitraria la
resolución dictada(…)”.
Causa nº 70.843 “Brizuela, Pablo César s/ Hábeas
Corpus”, del 02/06/2015.
En el mismo sentido: causa nº 69.068 “GALARZA,
Diego Nicolás s/ Recurso de Casación”, del
08/06/2015.
“(…)Con relación a la observancia con regularidad
de los reglamentos carcelarios (…) corresponde
destacar que depende exclusivamente de una
valoración jurisdiccional, por lo que los
organismos administrativos informan e ilustran
con sus informes, pero quien valora la gravedad
de las infracciones es el juez.// En tal sentido,
el A quo destaca que el causante ha observado
regularmente las normas que rigen el orden, la
36
disciplina y la convivencia dentro del
establecimiento(…)”
-Cuestión abstracta. Cámara de San Martín REVOCA
libertad condicional después del VENCIMIENTO de la
pena. Arbitrariedad. El TCP establece que la Cámara
debió haber declarado ABSTRACTA la cuestión.
Causa nº 69.687 “CELIZ GODOY, Lucas Sebastián s/
Recurso de Casación”, del 03/07/2015.
-Salidas transitorias.
El TCP expresa: “(…)Se advierte, en consecuencia,
que el A-Quo ha denegado el acceso del penado al
instituto soslayando el objetivo que motivó la
petición de inclusión en el régimen de salidas
transitorias, esto es, afianzar vínculos
familiares (…), contrariando lo dispuesto por los
artículos 16 y cc. de la Ley 24.660 y 146 y cc.
de la Ley 12.256(…)”.
Causa nº 71.064 “Pérez Santillán, Walter Darío s/
Hábeas Corpus”, del 04/06/2015
-Cumplimiento regular.
El TCP valoró los altibajos del imputado y
resolvió que “(…)es dable recordar aquí todo lo
dicho desde esta Sede en relación a la
observancia de los reglamentos carcelarios y su
regularidad, ya que esta no es una fórmula
matemática en función de las faltas
disciplinarias ni se debe tratar de un
cumplimiento “ejemplar”. Basta ahora con el
avance patentizado, con la actitud superadora de
estadios negativos por una que demuestra progreso
y esfuerzo, así como la capitalización de su
tiempo de encierro de manera favorable(…)”.
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37
Causa nº 69.015 “COTTO ALBANO, Walter Carlos s/
Recurso de Casación”, del 30/04/2015.
-Exigencia no prevista para el instituto. Informes
favorables.
TCP hace lugar expresando que el régimen de
salidas transitorias “(…)se inserta por ello
entre los actos judiciales que son procedentes
por la satisfacción de requisitos objetivos,
institucionales y subjetivos (…)” y que “(…)se
advierte en la decisión cuestionada una inusitada
rigidez, incompatible con los lineamientos
expuestos al utilizar, como fundamento de
valoración la existencia de tres correctivos
disciplinarios que no son contemporáneos ni
recientes (…) y la exigencia de requisitos de
otro instituto, esto es, el cumplimiento regular
de los reglamentos carcelarios impuesto por el
art.13 del CP para otorgar la libertad
condicional(…)”.
Causa nº 68.458 “GIMENEZ VILLAFAÑE, Helvio Ramón s/
Recurso de Casación”, del 17/06/2015.
-Libertad condicional. Cumplimiento regular no
significa óptimo. Informe criminológico favorable y
demás circunstancias. Cumplimiento de salidas
transitorias otorgadas.
Causa nº 71.459 “López Leal, Marcelo Fabián s/
recurso de casación”, del 22/10/2015 (Maidana-
Natiello).
SALA VI, MAIDANA-KOHAN.
Denegatoria basada en supuesta adicción a las drogas
que padecía desde su juventud y en la negativa a
realizar un tratamiento concerniente a dicha
adicción, lo que denotaría la inexistencia de una
38
actitud personal positiva en caso de retornar al
medio libre.
Causa n° 71.661 “Benítez, Gastón Emanuel s/ habeas
corpus”, del 16/07/2015.
-Libertad condicional. Cumplimiento regular no
significa óptimo. Apartamiento de aspectos
favorables. Pasado minoril institucionalizado,
ausencia de proceso reflexivo y falta de propuesta
laboral, no obstan a la concesión del instituto.
Causa nº 70.822 “Alvarez Cervatt, Héctor s/ recurso
de casación”, -del 20/10/2015
-Libertad condicional. Se deniega en función de la
necesidad de consolidar los logros alcanzados. Se
aparta del dictamen criminológico, del comportamiento
intramuros y demás circunstancias favorables.
Causa nº 70.224 “Ciffo, Héctor Carlos s/ recurso de
queja (Art. 433 CPP)”, del 22/10/2015.
-Salidas transitorias. En el caso, las instancias
departamentales rechazan las salidas utilizando un
argumento insuficiente apartándose de las
circunstancias favorables que surgen del expediente,
y sobre la base de una argumentación que no guarda
sustento normativo.
Causa nº 71.939 “Mancuso, Ángel Iván s/ Hábeas
Corpus”, del 16/07/2015.
18.- SANCIONES DISCIPLINARIAS
-Sanciones consideradas: “participar de reyerta
generalizada” y “secuestro de dos teléfonos
celulares”.
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39
“En relación con la sanción impuesta al causante
por participar de una `reyerta generalizada´, la
misma se encuadra en lo normado por el art. 3° de
la Resolución 2/2010 de la Subsecretaría de
Política Criminal del Ministerio de Justicia en
tanto dispone que: “Para la evaluación de la
conducta, deberá restarse valor negativo a
aquellas incidencias que puedan estimarse ajenas
a la responsabilidad personal del individuo,
tales como peleas o riñas con otros internos en
los que no se haya podido determinar el carácter
de provocador del evaluado.”
De manera que entra en juego la doctrina de la
arbitrariedad que resguarda la defensa en juicio
y exige que las sentencias sean derivación
razonada del derecho vigente, con aplicación de
las circunstancias comprobadas en la causa (CSJN,
Fallos: 297:100; 298:360 y 299:226).
Por otro lado, en cuanto a la sanción impuesta a
Ramírez por secuestro de dos teléfonos celulares,
debo señalar que tal conducta no se encuentra
tipificada en la normativa de ejecución penal.
Sobre el punto, he sostenido en la causa 54729
que no existe concordancia entre el artículo 85
de la ley nacional de ejecución penal nro. 24660
y el 47 de la ley local nro. 12256, por cuanto el
legislador provincial no ha calificado de falta
grave “poseer elementos electrónicos” (cf. art.
47, especialmente el inciso 3º, ley 12.256)
diferenciándose en este punto de lo hecho por el
Congreso de la Nación (art. 85 inc. “c”, ley
24.660).
Así, cabe concluir que las faltas achacadas a
Ramírez no debieron haberse merituado a los
efectos de determinar la regularidad o no en la
observancia de los reglamentos carcelarios”.
Causa nº 68.008 “Ramírez, Fabián Alejandro s/ recurso
de casación”, del 02/05/2015. Sala V, Celesia-
Ordoqui.
40
-Revisión. Derecho al doble conforme.
Causa nº 69.672 “Chávez, Miguel Alberto s/ queja (rt.
433)”, del 16/06/2015. Sala III, Violini-Borinsky.
-No puede otorgarse contenido limitante al art. 57 de
la ley 12.256 en desmedro de normativa de superior
jerarquía (art. 8.2 CADH y 14.5 PIDCyP). Aplica art.
57 vigente al momento de la comisión del hecho de la
causa, por resultar más benigno.
Causa nº 72.866 “Chávez Acosta, Alfredo Carlos s/
recurso de queja (art. 433 CPP)”, del 27/10/2015.
Sala I, Carral-Borinsky.
19.- COMPENSACIÓN. CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 41 BIS
DE LA LEY 12.256.
Causa nº 69.927 “Silva Ledesma, Gerardo Damián s/
recurso de casación”, del 07/05/2015. Sala I, Sal
Llargués –Carral.
Causa nº 69.754 “Power, Agustín s/ recurso de
casación”, del 04/06/2015. Sala III, Borinsky-
Violini.
Causa nº 69.189 “Cisneros, Lucas Eduardo s/ recurso
de casación”, del 15/09/2015. Sala V, Ordoqui-
Celesia.
20.- ESTIMULO EDUCATIVO. ART. 140 LEY 24.660
“(…) no encuentro óbice constitucional para
receptar el estímulo educativo o las recompensas,
en el cual ante determinados indicadores
objetivos que demuestren el progreso y éxito en
el tratamiento de readaptación del interno
privado de libertad, se aplique una
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41
flexibilización en la modalidad de cumplimiento
de la pena(…)”.
Causa nº 67.554 “CHOQUE, José Luis s/Recurso de
Casación”, del 30 de abril de 2015. Sala VI –Maidana
y Piombo-
21.- REINCIDENCIA.
No sufrió encierro carcelario luego de la sentencia
firme. Se le otorgó la libertad condicional el mismo
día en que se dictó y quedó firme la sentencia
condenatoria.
Causa nº 70.612 “Servillano, Martín Miguel s/ recurso
de casación”, del 13/10/2015. Sala V, Celesia-
Ordoqui.
22.- UNIFICACIÓN
-Unificación de sentencias. Cómputo para evaluar
excarcelación en términos de libertad condicional.
“En tal sentido, se observa de los antecedentes
que obran en los presentes legajos, una
concurrencia material entre los delitos cometidos
por Castro Madrid, aún cuando los mismos hayan
tramitado por diferentes Tribunales Orales, donde
se dictaron las respectivas sentencias. (…) Es
decir, que en ninguno de los tres procesos en
mención, habría recaído sentencia condenatoria
que revista carácter de cosa juzgada, lo que
conlleva a sostener la existencia de una
concurrencia material de delitos. (…)Se trata de
casos de concurso real en que, de no mediar una
imposibilidad procesal o de otra índole, los
diversos hechos delictivos independientes
debieron ser objeto de juzgamiento en el mismo
42
proceso y de una única sentencia condenatoria que
impusiera una pena total.
La imposibilidad material o procesal de
juzgamiento simultáneo de los hechos concurrentes
o el incumplimiento de la obligación legal de
hacerlo no puede volverse en contra del imputado,
atentando contra el principio constitucional de
igualdad ante la ley del que goza, al colocarlo
en peor situación que la de aquel que fue juzgado
por todos los hechos en un mismo proceso.
Las reglas del concurso real debieron ser
aplicadas juzgando todos los hechos en un único
proceso.
Ahora, si bien en principio, no habiendo recaído
sentencia condenatoria firme en ninguno de los
procesos en trámite seguidos al nombrado, no
correspondería por el momento la aplicación del
artículo 58 del C.P., las circunstancias
particulares del caso ameritan la valoración del
tiempo cumplido en detención en los diversos
procesos en forma conjunta a fin de resolver el
pedido de excarcelación que la Defensora en
subsidio funda en el cumplimiento del plazo para
obtener la libertad condicional.
En tal sentido, Castro Madrid ha sido condenado a
una de las penas más graves prevista por nuestro
ordenamiento legal, esto es, prisión perpetua, lo
que lleva a sostener que la pena total a cumplir
que se imponga en el caso dentro de la escala del
concurso material de delitos, en una posterior
unificación de condenas, no podría superar la
pena perpetua ya impuesta, más, teniendo en
consideración que en el proceso seguido ante el
Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Morón se
dispuso la extinción de la acción por
prescripción y en la causa que tramita por ante
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de Lomas de
Zamora, la pena impuesta por sentencia no firme
resulta ser de dos años de prisión.
PROVINCIA DE BUENOS A IRES
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43
Tales circunstancias remarcadas, la
invariabilidad del monto de la pena impuesta por
sentencia no firme en perjuicio del imputado y la
concurrencia de delitos, me llevan a proponer en
el caso que, previa la realización del
correspondiente computo que de cuenta de forma
fehaciente del tiempo efectivo cumplido en
detención por Castro Madrid en los diversos
procesos se evalúe la concurrencia de los
requisitos para acceder a la excarcelación en los
términos de la libertad condicional y se expida
sobre lo peticionado”.
Causa Nº 71.576, caratulada “Castro Madrid, Ricardo
Alberto s/ recurso de casación (art. 417 CPP)” y su
acumulada causa N° 71.579, caratulada “Castro Madrid,
Ricardo Alberto s/ hábeas corpus interpuesto por
derecho propio”, del 08/09/2015. Sala V, Celesia-
Ordoqui-.
-Unificación de condenas. Presupuestos
“A la luz de lo expuesto, es mi opinión que ello
determina que en el caso, procede la unificación
por violación a las reglas del concurso entre
dichos pronunciamientos (artículos 55 y 58 del
Código Penal). Es que la situación nos coloca
ante un caso de concurso real resuelto en
pluralidad de sentencias que deben unificarse en
un único pronunciamiento.
Es que la unificación de condenas resulta un
procedimiento articulado en el Código Penal para
aquellos supuestos en que al momento de adquirir
firmeza una sentencia condenatoria, se hallaba
subsistente una imputación penal por otro hecho
que no fue incluido en el pronunciamiento, y
sobre el cual hubiera correspondido el dictado de
una única sentencia con aplicación de las reglas
del concurso real. Se trata del segundo supuesto
previsto en el artículo 58 del Código Penal, esto
es, “cuando se hubieren dictado dos o más
44
sentencias firmes con violación” de las reglas
del concurso.
Es claro que al tiempo de recaer las condenas en
las causas número 1700 del TOC N° 3 de Morón y 15
del Juzgado N° 5 de Rosario, se encontraba
subsistente la imputación que tomó cuerpo en la
causa N° 272 del TOC N° 1 de La Matanza, la cual
fue fallada con posterioridad a aquellos
pronunciamientos.
Que al tratarse de un supuesto de concurso real,
“la condena única es obligatoria en cualquier
caso, aún cuando la pena impuesta por alguno de
los delitos se haya cumplido antes del
juzgamiento del otro, ya que hay concurso real
desde que se comete el segundo delito y no desde
que se pronuncia la segunda sentencia (…)” (conf.
Código Penal y normas complementarias. Análisis
doctrinal y jurisprudencial. David Baigún –
Eugenio Raúl Zaffaroni, tomo 2 b, Página 58., ed.
Hammurabi).
Es por ello que no puede otorgarse ninguna
relevancia a la circunstancia de que la condena
impuesta el día 15/5/09 por el hecho cometido el
12/9/05 (causa 1700) se encuentre agotada al día
11/12/09, esto es con anterioridad al dictado el
último pronunciamiento condenatorio (25/4/14),
pues en la hipótesis de unificación de condenas
por violación a las reglas del concurso real, “…
no constituye óbice a la unificación el hecho de
que las condenas impuestas se hubieran agotado”
(en forma reciente, SCBA, causa P. 117.966,
"Ghirardi D’Angelo, César Humberto. Recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley, en
causa nº 43.416 del Tribunal de Casación Penal -
Sala III-" y su acumulada P. 118.136, "Ghirardi,
César Humberto. Recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley, en causa nº 51.069 del
Tribunal de Casación Penal -Sala III-", del 4 de
junio de 2014).
PROVINCIA DE BUENOS A IRES
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45
O dicho de otro modo, poco importa entonces
analizar las fechas en que las penas fueron
“agotadas”, pues el dato determinante no es ése,
sino la fecha en que los diversos
pronunciamientos condenatorios adquirieron
‘firmeza’”.
Causa nº 70.426 “Pascual, Oscar Miguel s/recurso de
casación”, del 27/08/2015. Sala II, Mancini-Ordoqui.
En el mismo sentido: Causa nº 68.808 “LUZURIAGA, Juan
Gabriel s/ Recurso de Casación” Sala II, Mancini-
Ordoqui; causa nº 67.643 “Cardillo, Gonzalo Ramón s/
recurso de casación”, del 07/05/2015. Sala V,
Celesia-Ordoqui; Causa nº 65.159 “PONCE, César
Ezequiel s/ Recurso de Casación”, del 06/08/2015.
Sala VI, Maidana-Kohan.
-Unificación de penas.
Causa nº 66.636 “Masciotra, Elio Nelson s/ recurso de
casación”, del 16/06/2015. Sala IV, Natiello-Maidana.
23.- COMPUTO DE PENA.
-Efectos de la Excarcelación con condiciones
previstas en el art. 179 del CPP sobre el mismo.
Causa nº 69.403 “Romero, Lucas Ernesto s/ recurso de
queja”, del 16/07/2015. Sala III Violini - Carral.
En el mismo sentido, causa nº 68.762 “Rodríguez,
Ricardo Ramón s/ recurso de casación”, del
07/07/2015. Sala III, Violini-Carral.
-Excarcelación en términos de libertad
condicional/asistida. Efectos sobre el cómputo.
46
Causa nº 68.209 “Machuca, Verónica Noemí o Buck,
Melina Natalia s/ recurso de casación”, del
26/05/2015. Sala III. Violini-Sal Llargués.
Causa nº 68.472 “CARREÑO, Jorge Omar s/ Recurso de
Casación”, del 11/06/2015. Sala IV, Kohan-Natiello.
Sala VI, Maidana-Kohan. Causa nº 67.739 “Pintos,
Nicolás Ernesto s/ recurso de casación”, del
08/09/2015; causa nº 66.505 “Vaca, Maximiliano Andrés
s/ recurso de casación”, del 03/092015; causa nº
66.873 “Zahor, Sergio Fabián s/ recurso de casación”,
del 10/09/2015.
-Agotamiento de la pena de prisión perpetua (conf.
ley anterior a la reforma ley 25.892).
“El 18 de diciembre de 2014, mediante el
pronunciamiento dictada en el legajo Nº 68585
“Acuña Cristian Ariel s/hábeas corpus”, este
Tribunal hizo lugar parcialmente al habeas corpus
articulado por la defensa y anuló el cómputo de
pena realizado, reenviando las actuaciones a la
instancia para que se efectúe uno nuevo de
acuerdo a los lineamientos indicados, en el que,
además, debía consignarse “la fecha en que
operará el vencimiento de la sanción impuesta a
Cristian Ariel Acuña, esto es: su límite
temporal” (ver fs. 55).
El mismo día fue practicado un nuevo cómputo de
pena (ver fs. 58/59 de este legajo), aplicándose
al lapso de tiempo cuestionado por la defensa el
privilegio previsto por la ley 24.390. De acuerdo
con ello, al día 18 de diciembre de 2014 el
causante llevaba veintiséis (26) años y
diecisiete (17) días privado de su libertad.
El tribunal de la instancia aprobó el cómputo de
pena, y en el punto dispositivo 2) de su
pronunciamiento, no obstante lo expresamente
indicado por este Tribunal, decidió resolver de
la misma manera en que lo había hecho en la
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47
primera oportunidad, al “FIJAR como fecha en la
que el nombrado está en condiciones de cumplir
con el requisito temporal exigido en el art. 13
del código de fondo, desde el día 25 de abril de
2011, quedando la pena impuesta extinguida,
conforme la hipótesis del art. 16 del sustantivo,
una vez transcurrido el plazo de cinco años de
otorgado el beneficio” (ver fs. 39/vta y 60/61).
El fallo aludido fue confirmado por la Alzada el
1 de abril del año en curso (fs. 30/33vta).
Ahora bien, el señor juez preopinante doctor
Gerardo Lucio Frega -a cuyo voto adhirió el señor
juez doctor Marcelo Claudio Dau-, en lo que
importa destacar, vinculado con la fijación de un
límite temporal al vencimiento de la sanción
impuesta al penado, sostuvo que el fallo se
ajustaba a lo ordenado por este Tribunal de
Casación, “en tanto resolvió que la pena impuesta
al causante quedará extinguida, conforme lo
establecido en el art. 16 del Código sustantivo,
una vez transcurrido el plazo de cinco años de
otorgado el beneficio de la libertad
condicional”.
En ese andarivel, afirmó el magistrado que “si
bien el Tribunal Casatorio dispuso se consigne un
límite temporal a la sanción impuesta a Acuña, no
indicó los lineamientos respecto de los cuales
habría de efectuarse tal manda –como sí lo hizo
con el período de detención padecido por el
nombrado en el que debería comprenderse el
cómputo de ley de manera privilegiada-. Entonces,
a raíz de la ausencia de un razonamiento al cual
atenerse, el órgano de grado fijó dicho
vencimiento conforme las pautas que consideró
adecuadas al caso, las cuales, cabe mencionar,
son compartidas por el suscripto”.
En el mismo sentido, cabe recordar que la Alzada,
en oportunidad de confirmar el primer cómputo de
pena, sostuvo que en consonancia con las
disposiciones de los artículos 13 –en su anterior
48
redacción- y 16 del Código Penal, “la libertad
del aquí condenado depende única y exclusivamente
de su propia voluntad y buen comportamiento”
(citando un fallo de esta Sala con una
integración distinta a la actual).
Agregaron los señores jueces que lo anterior “es
absolutamente compatible con los estándares
constitucionales vigentes, desde que la
resocialización como fin de la ejecución de la
pena privativa de libertad se encuentra
expresamente contemplada en el art. 5.6 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y en el
art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos –lineamiento que, a su vez,
sigue la ley 24.660 en su artículo primero y la
12.256 en su art. 4to.- y, que de manera alguna
se ve mitigado por una pena cuyo agotamiento
depende exclusivamente del comportamiento
adecuado demostrado por el causante, aunque en
razón de ello se dilate en el tiempo…”.
Desde mi punto de vista el fundamento por el cual
el a quo considera que no corresponde fijar una
fecha concreta de vencimiento de la condena a
prisión perpetua –criterio reflejado en el primer
pronunciamiento y mantenido tácitamente en el
segundo- no resulta ajustado a derecho, en la
inteligencia de que aún tratándose de una pena de
prisión perpetua, nuestro sistema constitucional
no admite el encierro de por vida, pese al
calificativo de “perpetua” que el legislador ha
dado a algunas penalizaciones.
Corresponde dilucidar entonces en qué momento se
extingue o se extinguió la pena de prisión
perpetua impuesta al acusado Acuña.
En tal sentido, advierto que en el caso de los
condenados no reincidentes era posible (de
acuerdo a la ley vigente al momento del hecho
atribuido en esta causa al condenado, anterior a
las modificaciones introducidas por las leyes
25892 y 25928), la obtención de la libertad
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49
condicional a los veinte años de cumplimiento de
la pena, y las reglas de conducta se extendían
por un período de cinco años más.
Entonces la pena prevista en el artículo 80 del
Código Penal, pese a su calificación de
“perpetua”, tenía en realidad un plazo máximo de
duración de 25 años.
En el caso, de acuerdo al cómputo de pena
practicado que –en este punto- ha llegado firme a
esta instancia, el inculpado ha cumplido con la
condena impuesta, al haber permanecido privado de
su libertad por un plazo –incluso- superior al
indicado.
A mayor abundamiento, cabe mencionar que la
decisión del a quo importaría considerar a la
obtención de la libertad condicional como un
requisito previo ineludible para la extinción de
las penas perpetuas, criterio –en mi opinión-
equivocado.
El artículo 16, en cuanto establece:
“Transcurrido el término de la condena, o el
plazo de cinco años señalado en el artículo 13
sin que la libertad condicional haya sido
revocada, la pena quedará extinguida”, resulta
suficientemente claro en cuanto a que regula dos
alternativas de extinción de la pena, sin que
ninguna de ellas resulte una condición previa de
la otra.
En función de todo lo dicho, considero que
corresponde hacer lugar al recurso de queja y al
recurso de casación interpuestos por la defensa,
casar el fallo de la Sala I de la Cámara de
Apelación y Garantías en lo Penal del
Departamento Judicial La Matanza, y disponer la
inmediata libertad de Cristian Ariel Acuña en la
presente causa por agotamiento de la pena que
oportunamente se le impusiera, encomendando su
urgente instrumentación al Tribunal Oral en lo
Criminal nro. 4 departamental, que deberá
previamente verificar si el nombrado registra
50
otros procesos o impedimentos que obstaculicen su
liberación (arts. 18 y 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional; 14.5 del Pacto
Internacional de derechos Civiles y Políticos y
8.2.h de la Convención Americana de Derechos
Humanos; 15, 168 y 171 de la Constitución
Provincial; 13 –según ley 11.221- y 16 del Código
Penal; 1, 433, 450, 454, 459, 460 y 463 del
Código Procesal Penal)”.
Causa nº 71.940 “Acuña, Cristián Ariel s/ recurso de
queja (art. 433 CPP)”, del 27/10/2015. Sala I,
Carral-Violini.
En el mismo sentido: causa nº 69.443 “Rivas Zurita,
Juan José s/ recurso de casación”, del 04/08/2015.
Sala III, VIolini-Borinsky.
24.- MEDIDA DE SEGURIDAD.
-CESE. El TCP luego de conocer que el imputado se
hallaba en libertad –pese a que el mantenimiento de
la medida podría llegar a restringirla- resolvió que
“(…)el principio jurídico de libertad que campea en
la Constitución Nacional, la excepcionalidad del
Derecho penal que debe ser interpretado a la luz del
criterio de la mínima lesividad, llevan a que deba
ponerse un límite a la intervención de este fuero,
más cuando la pretensión punitiva –en atención al
tiempo transcurrido- incluso ha desaparecido.
Entonces, es menester aquí y ahora dar razón a la
parte(…)”, y agrega dos condicionamientos, que se
agregue con urgencia un informe actualizado de la
peligrosidad del imputado y que –antes del cese de
intervención de la justicia penal- el Ministerio de
Incapaces organice de ser necesario el instituto de
protección civil que deberá acompañar el accionar en
la comunidad del mismo.
PROVINCIA DE BUENOS A IRES
MINISTERIO PÚBLICO DEFENSORÍA DE CASACIÓN
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Causa nº 65.638 “Espindola, Carlos Hernán s/ Recurso
de Casación”, del 03/07/2015. Sala VI, Piombo-
Maidana.
-EXTERNACIÓN TRANSITORIA. Endeble argumentación para
revocar la concesión (rebeldía y captura decretada en
antigua data –más de tres años- e inexistencia de
dictamen que expresamente niegue la peligrosidad del
causante por sobre numerosos elementos favorables –
informe médico psiquiátrico favorable, contención
familiar, evaluación favorable del Curador Oficial de
Alienados).
Causa nº 68.509 “Sánchez, Héctor Hugo s/ recurso de
casación” y acumulada nº 68.919, del 31/08/2015. Sala
VI, Maidana-Kohan.
