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ACUERDO
POR LA SEGURIDAD,
LA JUSTICIA
Y LA LEGALIDAD
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.
Publicado en el POGEG 21 de noviembre de 2008.
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PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, NÚMERO 187, SEGUNDA PARTE, DE FECHA 21 DE
NOVIEMBRE DE 2008.
ACUERDO POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA
Y LA LEGALIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Acuerdo Interinstitucional en materia de seguridad, justicia y legalidad que
celebran los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Guanajuato; los
Municipios del Estado; la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato; instituciones educativas de la entidad; la Cámara Nacional de Radio y
Televisión, delegación Guanajuato, locutores y prensa; Barras y Colegios de
Abogados; el Colegio de Notarios; organizaciones de la sociedad civil, empresariales,
agropecuarias y obreras; y, asociaciones religiosas de la entidad, al tenor de las
siguientes consideraciones, fundamento jurídico y subsecuentes puntos de acuerdo:
CONSIDERACIONES PRELIMINARES
En fecha 21 de agosto del año en curso se suscribió en el marco de la vigésima
tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el Acuerdo
Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, mismo que fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 25 del propio mes y año.
En dicho acuerdo las partes suscriptoras, Poderes Ejecutivo, Judicial y
Legislativo de la Federación; Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
Gobernadores de los Estados; Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Presidentes de
Asociaciones de Alcaldes; y, representantes de medios de comunicación, de
organizaciones sociales, empresariales, sindicales, campesinas y religiosas, se
comprometieron a desarrollar en el ámbito de sus atribuciones y competencias,
acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos
comunes a corto, mediano y largo plazos.
Derivado de lo anterior y conforme a lo reseñado en el propio instrumento, las
instancias públicas, estatales y municipales, así como la sociedad civil, asumieron el
compromiso de cumplir con los diversos acuerdos que a cada una de ellas
corresponde, a fin de velar por la seguridad, la justicia y la legalidad.
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En el marco de la firma de dicho Acuerdo y conforme a las circunstancias
particulares que imperan en nuestro estado, sociedad y gobierno, conscientes de la
responsabilidad que compete a cada uno de los guanajuatenses y, especialmente, a las
instituciones públicas, para fortalecer el Estado de derecho y la paz social, hemos
decidido conjuntar esfuerzos y acciones a fin de lograr tal cometido y consolidar las
estrategias y mecanismos de coordinación trazados respecto a los rubros anotados.
Lo anterior, tomando en cuenta que las políticas actuales de lucha contra la
delincuencia deben primordialmente promover la actuación responsable y efectiva del
gobierno y la participación social en la lucha contra la delincuencia.
Ante esta tesitura, y bajo la visión ineludible de actuar diligentemente en pro
del bien común y del interés público y social, se tiene el firme propósito de atender de
manera inaplazable los requerimientos exigidos en nuestro Estado en materia de
seguridad, justicia y legalidad, a través de áreas y personal capacitado y comprometido
en tales rubros. Para ello, y a fin de obtener mayores y mejores resultados, debe existir
una estrecha y coordinada colaboración entre los diversos órdenes de gobierno, así
como de actores sociales, gubernamentales, políticos, educativos, religiosos, entre
otros.
Considerando la trascendencia de lo expuesto y la importancia de la
coordinación interinstitucional respetuosa y responsable que entre los suscriptores del
presente Acuerdo debe existir desde sus respectivas competencias, se formaliza la
celebración del presente instrumento jurídico en los términos que a continuación se
precisan.
FUNDAMENTO JURÍDICO
De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de la Ley, acorde a las competencias
previstas en la propia Constitución.
Por su parte, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en su
artículo 104, dispone que se integrarán los cuerpos de seguridad pública necesarios
para la protección de la paz y tranquilidad de los habitantes, que determinen las Leyes
secundarias, así como que el Estado, en coordinación con la Federación y los
Municipios, participará en el establecimiento de un Sistema Nacional de Seguridad
Pública en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En vista de lo expuesto y con base además en lo previsto en los artículos 14,
16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 36, 37,
38, 39, 63, 77, 80, 81, 83, 84, 106, 107 y 117 de la Constitución Política para el
Estado; 2, 8 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado; 24 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado; 3 y 45 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado; 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Guanajuato; 6, 7 y 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; 2, 19 y 70
de la Ley Orgánica Municipal; 6 y 16 de la Ley para la Protección de los Derechos
Humanos en el Estado y demás disposiciones aplicables, se suscribe el presente
ACUERDO POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, a fin de trabajar intensamente y de manera conjunta
gobierno y sociedad, bajo el firme compromiso de garantizar un estado y una sociedad
seguros.
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. El Acuerdo Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es
un mecanismo de coordinación interinstitucional entre los sectores público, social,
académico y privado del Estado de Guanajuato que firman el presente instrumento, a
efecto de que cada uno de ellos lleve a cabo, en el ámbito de su competencia, acciones
específicas en pro de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos concretos y
comunes conforme a lo previsto en el presente Acuerdo.
SEGUNDO. Para alcanzar el fin que se persigue a la luz del presente Acuerdo,
el Poder Ejecutivo del Estado se compromete a cumplir con los siguientes objetivos:
I. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de
justicia:
a) Crear y/o fortalecer, en un plazo no mayor a un año, un centro
de evaluación y control de confianza certificado en el Estado.
b) Evaluar permanentemente y sujetar a controles de confianza al
personal de las instituciones policiales, de procuración de
justicia y centros de readaptación social, a través de un
organismo certificado para tal efecto.
c) Perfeccionar, en un plazo no mayor a seis meses, a través de la
Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad
Pública, los mecanismos de selección y capacitación de sus
elementos policiales y de procuración de justicia, incluyendo a
los mandos directivos, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
d) Someter a exámenes de control de confianza al titular y a los
integrantes de las unidades antisecuestro, en un plazo que no
exceda de seis meses.
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e) Adecuar, en un término no mayor a un año, el sistema estatal,
conforme al sistema nacional de desarrollo policial, así como
condicionar la permanencia en instituciones a la aprobación de
evaluaciones y control de confianza.
f) Adecuar, en un término no mayor a un año, el mecanismo
estatal, conforme al esquema federal de certificación de
confianza de agentes y delegados del Ministerio Público, así
como condicionar la permanencia en instituciones de
procuración de justicia, a su aprobación.
II. Fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y
procuración de justicia, mediante la reasignación de recursos y la
gestión de mayores asignaciones y partidas presupuestales. La
aplicación de dichos recursos se llevará a cabo mediante reglas de
operación o procedimientos eficaces y transparentes.
III. Fortalecer, en un plazo no mayor a seis meses, la Coordinación
Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, a fin de impulsar la lucha contra estos delitos.
IV. Crear en la Secretaría de Seguridad Pública, en un plazo no mayor a
seis meses, unidades integradas por servidores públicos seleccionados a
través de la aplicación de mecanismos de evaluación y control de
confianza certificados, para desarticular bandas dedicadas a la comisión
de conductas antisociales graves que generen inseguridad pública, así
como adscribir un enlace permanente con la Unidad de Coordinación
e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno Federal.
V. Adecuar la organización y funcionamiento de la Secretaría de
Seguridad Pública al marco jurídico nacional, para lo cual presentará
ante el Congreso del Estado, dentro de los seis meses posteriores a la
aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Pública del
Estado, en congruencia con lo previsto en la referida legislación federal.
VI. Incorporar e implementar el Sistema Único de Información Criminal
de Plataforma México.
Actualizar, en un plazo no mayor de un año, las siguientes bases de
datos: vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos,
custodios, peritos, ministerios públicos, y registro de armamento.
Asimismo, aplicará de manera generalizada el Informe Policial
Homologado y generará mapas geodelictivos, dentro del mismo plazo
del compromiso previo.
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VII. Establecer, en un término no mayor a un año, un esquema de
seguimiento a los elementos policíacos dados de baja de las
instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública y, en
caso de encontrárseles realizando conductas ilícitas, proceder en su
contra ante las instancias legalmente establecidas.
VIII. Actualizar, dentro de seis meses, las licencias colectivas de portación de
armas de fuego.
IX. Promover, en un plazo no mayor a tres meses, la creación de un
Observatorio Ciudadano en el Estado, integrado por representantes de
la sociedad civil, de organizaciones empresariales y del sector
académico especializado en materia de seguridad y justicia.
X. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento.
Crear, en un plazo no mayor a tres meses, indicadores de medición del
desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia,
en concordancia con la metodología de indicadores nacionales, con
participación de instancias ciudadanas.
XI. Establecer un sistema de información pública sobre programas,
acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de
seguridad pública y procuración de justicia.
Crear, en un plazo que no exceda de un año, una instancia
concentradora de información, incluyendo mecanismos de observación
ciudadana.
XII. Implementar y eficientar, dentro del término de un año, mecanismos
de coordinación y colaboración interinstitucional entre las autoridades
de los tres órdenes de gobierno, en tareas de inteligencia, de
prevención, de operación, de reacción y de tratamiento de condiciones,
situaciones emergentes y personas o grupos de personas que
representen riesgo o peligro para la seguridad de la sociedad.
XIII. Desarrollar un programa estatal que incorpore el componente social de
la estrategia de seguridad.
Instrumentar, dentro de un plazo que no exceda de un año, programas
estatales en las vertientes sociales de la seguridad, educación, salud,
prevención, atención a víctimas del delito y tratamiento de adicciones a
fin de coadyuvar en la implementación de los programas Limpiemos
México, Rescate de Espacios Públicos, Escuelas Seguras, así como
Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
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XIV. Participar activamente en los trabajos de la Federación para lograr una
estrategia nacional y estatal en materia de narcomenudeo, que sume las
capacidades y la necesaria colaboración de las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, involucradas en la materia.
XV. Perfeccionar, en un plazo que no exceda de un año, los esquemas de
seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión de las distintas
autoridades de procuración de justicia y seguridad pública estatal que se
contemplan en el Plan de Gobierno 2006-2012, así como en los
Programas Sectoriales de Procuración de Justicia y de Seguridad
Pública.
XVI. Implementar permanentemente campañas que promuevan la cultura
de la legalidad, de la denuncia, de la prevención de conductas
antisociales o delictivas y de la prevención de adicciones.
XVII. Establecer conjuntamente con los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado, dentro de un plazo no mayor a tres meses, un mecanismo de
coordinación interinstitucional, a efecto de que, en el ámbito de su
competencia, lleven a cabo acciones conjuntas y específicas para
establecer el diseño, las instancias y las bases de implementación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio y los juicios orales en el Estado de
Guanajuato.
XVIII. Dar seguimiento, y de ser el caso, cumplir, en el ámbito de su
competencia, con los compromisos derivados de los objetivos previstos
en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que
correspondan a las instancias federales en los que se involucre a las
entidades federativas.
TERCERO. El Poder Legislativo del Estado a efecto de lograr lo pretendido
en este Acuerdo, se compromete a cumplir con los siguientes objetivos:
I. Dar trámite, dictaminar y votar, las iniciativas que en materia de justicia
y seguridad pública le sean presentadas, a más tardar dentro del
periodo ordinario siguiente a la presentación de las mismas, sin que
ello implique, necesariamente, una votación favorable.
II. Revisar, en un plazo no mayor a tres meses, la Ley de Ejecución de
Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Guanajuato, en
relación con las reglas para la preliberación y otros beneficios en delitos
como el secuestro y otros cometidos con violencia.
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III. Verificar que las prioridades presupuestales fortalezcan los programas y
acciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
IV. Revisar y auditar dentro del año siguiente a la firma de este Acuerdo, a
través del Órgano de Fiscalización Superior, la aplicación de los
recursos federales y estatales por instancias públicas locales y
municipales en materia de seguridad pública y procuración de justicia,
así como la aplicación en cualquier obra o acción de los fondos de
seguridad existentes.
V. Establecer conjuntamente con los Poderes Ejecutivo y Judicial del
Estado, dentro de un plazo no mayor a tres meses, un mecanismo de
coordinación interinstitucional, a efecto de que, en el ámbito de su
competencia, lleven a cabo acciones conjuntas y específicas para
establecer el diseño, las instancias y las bases de implementación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio y los juicios orales en el Estado de
Guanajuato.
CUARTO. El Poder Judicial del Estado para alcanzar los fines de este
Acuerdo se compromete a cumplir los siguientes objetivos:
I. Aumentar la transparencia en el desempeño de los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y de sus
titulares.
Establecer, en un plazo no mayor de cuatro meses, un sistema de
productividad, para dar seguimiento a las acciones de los órganos
jurisdiccionales y su evaluación, a través de indicadores objetivos de
desempeño, respecto de los juicios de su competencia, la materia de los
mismos, los delitos, la duración de los procesos y los perfiles de los
juzgadores.
II. Fortalecer la estructura jurisdiccional.
Crear en aquellos partidos judiciales con mayores cargas de trabajo
nuevos órganos jurisdiccionales en materia penal, para lograr una
impartición de justicia con calidad y oportunidad. Lo anterior en un
plazo no mayor de tres meses a partir de la autorización, en su caso, del
presupuesto correspondiente.
III. Favorecer la seguridad social y celeridad de los procesos.
Presentar ante el Congreso del Estado, en un término que no exceda
de cuatro meses, la iniciativa de reforma relativa a la competencia
territorial de los juzgados del Estado, a fin de otorgar competencia
extraordinaria, es decir, en todo el ámbito territorial de nuestra entidad
a los tribunales ubicados en los lugares que cuenten con reclusorios de
alta seguridad.
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En igual término, computado a partir de la aprobación, que en su caso
se haga de la reforma, se implementará la misma.
IV. Fortalecer permanentemente la autonomía, independencia e
imparcialidad de Jueces y Magistrados.
Garantizar una recta impartición de justicia a través de jueces y
magistrados que ajusten su actuación a los principios rectores de la
función jurisdiccional y al imperio de la ley.
V. Capacitar, actualizar y especializar permanentemente a los servidores
públicos.
Implementar, dentro del término de cuatro meses, un programa
permanente de profesionalización a través de la capacitación,
actualización y certificación, así como establecer indicadores objetivos
para evaluaciones y certificaciones, mediante acuerdos generales.
VI. Incrementar la transparencia en la carrera judicial.
Emitir el reglamento que norme de manera puntual los concursos de
oposición, internos y externos, en las diferentes categorías que integran
la carrera judicial, así como definir los perfiles de los servidores
públicos y perfeccionar el desarrollo de los concursos a través de
acuerdos generales que emita el Consejo del Poder Judicial que
coadyuven a optimizar el desarrollo de la carrera judicial. Los
compromisos anteriores se realizarán dentro del término de cuatro
meses.
VII. Mejorar los procedimientos de control para la calidad del servicio en el
sistema de administración de justicia.
Fortalecer la Visitaduría Judicial, crear mecanismos de control y
supervisión externa y dar continuidad a la Comisión del Pleno del
Supremo tribunal de Justicia sobre el mejoramiento de la calidad en la
impartición de justicia. Lo anterior dentro del término de seis meses.
VIII. Optimizar permanentemente el sistema de rendición de cuentas.
Difundir permanentemente a la sociedad, a través del portal electrónico
de la institución, las diferentes actividades del Poder Judicial en
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y
Municipios de Guanajuato.
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IX. Optimizar el sistema de información para una mejor coordinación
entre autoridades.
Conformar un sistema de estadística judicial que permita la creación de
mecanismos que coadyuven en el mejoramiento del sistema de justicia,
así como compartir información, permitida por la ley, con las
autoridades y la sociedad, en relación con los procesos judiciales
estatales y federales.
Celebrar los convenios necesarios con las autoridades estatales y
federales, así como con la sociedad civil organizada.
Implementar mecanismos de coordinación con el Consejo de la
Judicatura Federal, con la Asociación Mexicana de Impartidores de
Justicia (AMIJ) y con las autoridades estatales y federales, para la
suscripción de convenios sobre la conformación de un Sistema
Nacional de Estadística Judicial que permita recopilar, ordenar y
compartir información con las autoridades y la sociedad, en relación
con los procesos judiciales estatales y federales, que contenga datos
sobre las etapas de los juicios y su duración; los delitos y sentencias,
entre otros asuntos.
Los compromisos anteriores se realizarán dentro del término de un
año.
X. Establecer conjuntamente con los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado, dentro de un plazo no mayor a tres meses, un mecanismo de
coordinación interinstitucional, a efecto de que, en el ámbito de su
competencia, lleven a cabo acciones conjuntas y específicas para
establecer el diseño, las instancias y las bases de implementación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio y los juicios orales en el Estado de
Guanajuato.
QUINTO. Para alcanzar el fin que se persigue a la luz del presente Acuerdo,
los Municipios del Estado se comprometen a cumplir con los siguientes objetivos en el
ámbito de sus respectivas competencias:
I. Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad.
a) Desarrollar, con el apoyo de la Procuraduría General de
Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de
los Centros Estatal y Nacional de Evaluación y Control de
Confianza, mecanismos de selección y capacitación de los
elementos de la policía municipal y de sus propios mandos, en
un término no mayor de un año.
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b) Sujetar, dentro del plazo de dos años, a evaluación permanente
y a controles de confianza al personal de la policía municipal,
de las cárceles municipales y de los centros de detención, con el
apoyo del Centro de Evaluación y Control de Confianza del
Estado. El plazo referido no aplicará a los municipios del
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN),
los que deberán someter a exámenes a mandos y personal en el
plazo máximo de un año.
c) Establecer, en un plazo que no exceda de un año, un
mecanismo para condicionar la permanencia del personal de la
policía municipal, de las cárceles municipales y de los centros
de detención, a la aprobación de evaluaciones de control de
confianza, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado y del Centro de Evaluación y Control de Confianza
Estatal.
d) Instaurar, dentro del plazo de un año, un sistema de
profesionalización y servicio civil de carrera para regular la
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación,
reconocimiento, certificación y retiro de los policías, con el
apoyo del gobierno estatal y de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal.
e) Establecer un esquema de seguimiento, dentro de un término
no mayor a un año, a los elementos dados de baja y, en caso de
encontrárseles realizando conductas ilícitas, proceder en su
contra ante las instancias legalmente establecidas.
f) Establecer un sistema municipal de reclutamiento, selección,
capacitación, promoción y retiro de los jueces administrativos
municipales dentro del plazo de un año.
II. Interconectarse a los sistemas y protocolos de Plataforma México para
el registro, acceso y análisis de información sustantiva.
Conformar y actualizar bases de datos de: estado de fuerza,
equipamiento e infraestructura, así como incorporar la información
municipal con sistemas y metodología homologados; y aplicar el
Informe Policial Homologado, en un plazo que no exceda de dos años,
con excepción de Municipios del Subsidio para la Seguridad Pública
Municipal (SUBSEMUN), los que lo realizarán en un plazo máximo de
seis meses.
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Proporcionar permanentemente información sustantiva a las
autoridades estatales en materia de procuración de justicia y de
seguridad pública respecto del diagnóstico criminógeno municipal que
contenga datos puntuales respecto a personas que se ocupen de
explotar giros negros, de actividades de narcomenudeo o clandestinas
por su naturaleza antisocial, de movimientos o actos jurídicos sobre
bienes muebles e inmuebles o de índole patrimonial que denoten, por
su monto, continuidad o periodicidad, eventuales actividades
irregulares tales como renta o compraventa para casas de seguridad,
venta de drogas o de objetos producto de delitos o análogas, así como
de la comercialización de objetos muebles de posible procedencia
ilícita sobre los cuales no pueda acreditarse su legal posesión.
III. Desarrollar un programa permanente de desarrollo de procedimientos
policiales.
Desarrollar e instrumentar, en un plazo que no exceda de un año,
protocolos de operación homologados, con el apoyo de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal y el Poder Ejecutivo Estatal.
IV. Establecer un programa para regularizar a todos los elementos que
porten arma de fuego dentro de la licencia colectiva correspondiente,
en un plazo de tres meses.
Regularizar ante la Secretaría de Seguridad Pública, dentro de seis
meses, la licencia colectiva de portación de armas de fuego.
V. Integrar y/o fortalecer el Consejo de Honor y Justicia, en un plazo no
mayor a un año, así como incluir como causal de cese del personal de
la policía municipal, de las cárceles municipales y de los centros de
detención, el no cumplir con los requisitos de permanencia.
VI. Actualizar y adecuar las disposiciones municipales para mejorar las
condiciones de seguridad pública.
Actualizar, dentro de seis meses, las disposiciones de policía y buen
gobierno en materia de establecimientos mercantiles, giros negros,
espectáculos públicos y justicia de barandilla, así como en todas
aquellas materias que incidan en la seguridad pública del Municipio.
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VII. Desarrollar un programa municipal que incorpore el componente
social de la estrategia de seguridad.
Instrumentar, dentro de un plazo que no exceda de seis meses,
programas municipales en las vertientes sociales de la seguridad,
educación, salud, prevención, atención a víctimas del delito y
tratamiento de adicciones, a fin de coadyuvar en la implementación de
los programas Limpiemos México, Rescate de Espacios Públicos,
Escuelas Seguras, así como Prevención y Tratamiento de las
Adicciones.
VIII. Implementar, dentro del término seis meses, mecanismos para
asegurar y garantizar el esquema de atención de emergencias,
eficientando el tiempo de respuesta, respecto de las denuncias
ciudadanas realizadas a través de las líneas telefónicas de emergencia
gratuitas implementadas para tal efecto o por cualquier medio que se le
haga de su conocimiento.
IX. Implementar o fortalecer, dentro del término seis meses, con
participación ciudadana, el sistema de denuncia contra la corrupción y
la mala actuación de los servidores públicos en materia de seguridad
pública o de procuración de justicia, con independencia del orden de
gobierno a que pertenezcan los mismos.
X. Aplicar de manera irrestricta las disposiciones en materia de
fiscalización que incidan en materia de seguridad pública.
XI. Implementar permanentemente campañas que promuevan la cultura
de la legalidad, de la denuncia, de la prevención de conductas
antisociales o delictivas y de la prevención de adicciones.
XII. Llevar a cabo los trámites conducentes para la reasignación de recursos
y partidas dentro de sus respectivos presupuestos, a fin de fortalecer y
hacer más eficientes los sistemas de seguridad. En el ejercicio de estos
recursos se aplicarán reglas de operación o procedimientos eficaces y
transparentes.
XIII. Establecer indicadores de evaluación y seguimiento.
Crear, dentro de un plazo de seis meses, indicadores de medición del
desempeño de las instituciones policiales, coincidentes con la
metodología de indicadores nacionales y estatales, con participación de
instancias ciudadanas.
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SEXTO. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, con la responsabilidad legal y ética propias de su función, se compromete
en el ámbito de su competencia y como defensora de la sociedad, a partir de este
momento, a velar que los actos de ejecución, evaluación y mejora de los contenidos
del presente Acuerdo se sujeten al principio de legalidad y al respeto de los derechos
humanos.
SÉPTIMO. Las instituciones educativas públicas y privadas, la Delegación
Guanajuato de la Cámara Nacional de Radio y Televisión; locutores; prensa; las
Barras y Colegios de Abogados, el Colegio de Notarios y las organizaciones de la
sociedad civil, empresariales, agropecuarias y obreras, y asociaciones religiosas de la
Entidad, se comprometen a llevar a cabo, en e l ámbito de sus respectivas
competencias y especialmente al interior de cada una de ellas, los siguientes objetivos:
I. Implementar programas de promoción y difusión sobre la cultura de la
legalidad, la denuncia y la participación ciudadana, en un plazo no
mayor a cuatro meses.
II. Promover permanentemente la denuncia de cualquier acto ilícito, la
práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos
humanos y la transparencia.
III. Difundir permanentemente entre sus usuarios, agremiados o feligreses
los números telefónicos de denuncia y los mecanismos de acceso a las
instancias de seguridad pública y procuración de justicia de los tres
órdenes de gobierno.
IV. Desarrollar y apoyar, dentro del plazo de seis meses, programas que
incorporen el componente social de la Estrategia de Seguridad.
OCTAVO. La Cámara de Radio y Televisión, Delegación Guanajuato, a través
de cada uno de los medios de comunicación, y los locutores y prensa, además de los
objetivos previstos en el punto de acuerdo séptimo, se compromete a alcanzar lo
siguiente:
I. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la legalidad.
Implementar contenidos y campañas que destaquen las consecuencias positivas
del cumplimiento de la ley, la rendición de cuentas y la denuncia del delito.
II. Incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de
adicciones.
a) Implementar contenidos y campañas que resalten la importancia
de prevenir el consumo de drogas y del papel fundamental que
juegan los padres de familia en la salud de sus hijos.
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b) Dar a conocer la totalidad de los centros de prevención y atención a
adicciones, con el fin de que se conozca su utilidad social.
c) Implementar contenidos y campañas sobre la incidencia de la
prevención de adicciones en la lucha contra el narcomenudeo.
d) Instrumentar programas que destaquen las acciones exitosas
asumidas por organizaciones de padres de familia, centros escolares
y/o profesionales y por instituciones policíacas, de Seguridad
Pública y de procuración y administración de justicia.
III. Incrementar contenidos que fomenten la cultura de la seguridad y la
denuncia.
Implementar programas y campañas en las que se difundan los siguientes
contenidos:
a) La relevancia de la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en
el combate a la criminalidad, a fin de que la ciudadanía asuma
conciencia sobre el valor de la denuncia para abatir la impunidad.
b) La importancia de que las asociaciones de vecinos asuman una
participación activa, a través de medidas que coadyuven a generar
entornos seguros y una cultura de la denuncia.
c) La trascendencia de denunciar un delito ante la autoridad
correspondiente.
d) Los casos exitosos de denuncia ciudadana que hayan derivado en
aprehensiones y sentencias condenatorias.
e) Los canales institucionales y números telefónicos de atención de
autoridades federales, estatales y municipales ante los cuales la
población denuncia la comisión de diversos delitos del orden
federal y del orden común, así como conductas antisociales.
IV. Definir y publicitar, con carácter permanente, por parte de cada medio de
comunicación, estándares de actuación profesional en su cobertura informativa
que:
a) Evite hacer apología del delito.
b) Respete integralmente la dignidad de las víctimas.
c) Evite la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad
de los familiares y personas cercanas a las víctimas.
d) Establezca criterios que definan los casos en que se eviten
publicaciones o contenidos que pongan en riesgo la seguridad
pública y/o la procuración o administración de justicia, así como
los supuestos en que la publicación de información se realice sin
atribuirla a reporteros en lo particular, a fin de proteger su
integridad.
V. Dar seguimiento a los acuerdos asumidos en la firma del presente Acuerdo.
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NOVENO. Las Barras y Colegios de Abogados y el Colegio de Notarios,
además de los objetivos establecidos en el punto de acuerdo séptimo, se
comprometen a lo siguiente:
I. Implementar permanentemente campañas que promuevan la cultura
de la legalidad, de la denuncia y de la prevención de conductas
antisociales o delictivas y de adicciones.
II. Implementar o fortalecer, dentro del término de seis meses, un sistema
de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de sus miembros
o de quienes ejerzan la profesión de abogado, particularmente en
aquellos casos que no cuenten con las autorizaciones legales
correspondientes para tal efecto.
III. Denunciar ante la autoridad competente, los actos ilícitos o antisociales
de que tengan conocimiento.
IV. Expedir o adecuar disposiciones normativas en materia de ética
profesional e implementar mecanismos de seguimiento y difusión de su
cumplimiento. Lo anterior dentro del término de seis meses.
V. Coadyuvar con las autoridades correspondientes, dentro de su marco
de actuación, en pro de la seguridad pública y la procuración de
justicia.
DÉCIMO. Las organizaciones de la sociedad civil, además de los objetivos
previstos en el punto de acuerdo séptimo, se comprometen a lo siguiente:
I. Instrumentar, dentro de seis meses, programas ciudadanos en las
vertientes de educación, salud y desarrollo social, congruentes con la
estrategia de seguridad, a fin de coadyuvar en la implementación de los
Programas Limpiemos México, Rescate de Espacios Públicos, Escuelas
Seguras, así como Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
II. Participar en la creación y fortalecimiento de mecanismos de
monitoreo y evaluación de las autoridades para erradicar la corrupción
y aumentar la eficiencia y el reconocimiento social.
III. Implementar, dentro del plazo de un año, programas de promoción de
participación de los ciudadanos en instancias de evaluación y
monitoreo de las acciones gubernamentales.
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DÉCIMO PRIMERO. Los integrantes de las organizaciones empresariales,
además de los objetivos establecidos en el punto de acuerdo séptimo, se
comprometen a:
I. Adaptar los registros electrónicos de trabajadores, proveedores y
clientes a las normas del Padrón Único del Registro Nacional de
Población para prevenir el fraude y el robo de identidad.
Homologar, en un plazo máximo de dos años, el cien por ciento de los
registros con la base de datos de la CURP, con el apoyo de los
trabajadores.
II. Propiciar condiciones de prevención y de seguridad.
Mejorar, en un plazo que no exceda de un año, el entorno de los
centros de trabajo y los espacios de uso común con el apoyo de los
trabajadores y las autoridades.
III. Promover permanentemente entre sus trabajadores la cultura de la
denuncia, de la legalidad, de la prevención del delito y del combate a
las adicciones.
DÉCIMO SEGUNDO. Para efectos del cómputo de los plazos previstos en el
presente Acuerdo, se tomará como fecha de inicio la correspondiente a su suscripción,
a excepción de los siguientes supuestos:
a) Cuando expresamente se establezca diversa disposición en los
puntos de acuerdos, objetivos y/o compromisos de este
instrumento, caso en el cual se tomará en cuenta la fecha
especificada.
b) En el caso de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en los que se prevea un
plazo determinado, se tomará como fecha de inicio la de la firma
de dicho Acuerdo, siempre y cuando no se actualice la hipótesis
contenida en el siguiente inciso.
c) Cuando se requiera algún acto, instrumento, normativa o aspecto
previo para la ejecución de los acuerdos, objetivos y/o compromisos
previstos en el presente Acuerdo, en cuyo caso los plazos iniciarán
a computarse a partir de que se cuenten con las condiciones
necesarias acorde al caso concreto.
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DÉCIMO TERCERO. Los suscriptores del presente Acuerdo deberán
presentar la planeación y programación para el cumplimiento de los objetivos que a
cada uno de ellos corresponda, dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles
contados a partir de la firma del mismo, ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado y la Secretaría de la Gestión Pública, con los requerimientos básicos que éstas
precisen.
Para efectos de control y sistematización de los avances y resultados derivados
de este Acuerdo, las instancias referidas en el párrafo anterior serán las responsables
de dar seguimiento a los puntos de acuerdo asumidos en el presente instrumento.
Cuando así se requiera, se firmarán anexos de ejecución con cada uno de los
involucrados, precisando los responsables, mecanismos de supervisión,
calendarización, metas, entre otros aspectos.
DÉCIMO CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su
suscripción y se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Firmado en la ciudad de León, Gto., a los veintinueve días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
Testigos de Honor
FIRMANTES
Por el Poder Ejecutivo del Estado
_______________________
C. Juan Manuel Oliva Ramírez
Gobernador Constitucional del Estado
C. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Secretario de Gobernación
Gobierno Federal
C. Genaro García Luna
Secretario de Seguridad Pública
Gobierno Federal
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SALVADOR MÁRQUEZ LOZORNIO. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO.- RÚBRICA.- JOSÉ GERARDO DE LOS COBOS SILVA.
DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- RÚBRICA.- JOSÉ
LUIS ARZATE PATIÑO. DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO.- RÚBRICA.-DULCEMARÍA BADILLO MORENO. DIPUTADA
LOCAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- RÚBRICA.-MARÍA BÁRBARA
BOTELLO SANTIBAÑEZ. DIPUTADA LOCAL DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO.- RÚBRICA.- ANTONIO CHÁVEZ MENA. DIPUTADO LOCAL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- RÚBRICA.- FRANCISCO JAVIER
CHICO GOERNE COBIÁN. DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO.- RÚBRICA.- MAYRA ANGÉLICA ENRÍQUEZ VANDERKAM.
DIPUTADA LOCAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- RÚBRICA.- JOSÉ
JULIO GONZÁLEZ GARZA. DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO.- RÚBRICA.- ANTONIO RAMÍREZ VALLEJO. DIPUTADO LOCAL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- RÚBRICA.- LEOPOLDO TORRES
GUEVARA. DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.-
RÚBRICA.- JUAN ROBERTO TOVAR TORRES. DIPUTADO LOCAL DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO.- RÚBRICA.- JOSÉ GUADALUPE VERA
HERNÁNDEZ. DIPUTADO LOCAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.-
RÚBRICA.- MARÍA RAQUEL BARAJAS MONJARÁS. PRESIDENTA DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL.- RÚBRICA.- ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ. MAGISTRADO DE
LA PRIMERA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.-
RÚBRICA.- JUAN JORGE ZAMORA FONSECA. MAGISTRADO DE LA
TERCERA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.-
RÚBRICA.- SEBASTIÁN BARRERA ACOSTA MAGISTRADO DE LA
SÉPTIMA SALA PENAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.-
RÚBRICA.- BELIA MARTÍNEZ LÓPEZ. MAGISTRADA SUPERNUMERARIA
DE EN FUNCIONES EN LA SÉPTIMA SALA CIVIL DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA.- RÚBRICA.- MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ
CRUZ. CONSEJERA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.- RÚBRICA.-
VÍCTOR FEDERICO PÉREZ HERNÁNDEZ. CONSEJERO DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO.- RÚBRICA.- CÉSAR LARRONDO DÍAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACÁMBARO.- RÚBRICA.- MARTÍN LÓPEZ
CAMACHO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO.- RÚBRICA.-
J. GUADALUPE FLORES LOYOLA. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ATARJEA.- RÚBRICA.- GERARDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CELAYA.- RÚBRICA.- BRICIO BALDERAS
ÁLVAREZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMONFORT.- RÚBRICA.-
CARLOS LÓPEZ RUÍZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORONEO.-
RÚBRICA.- J. JESÚS OVIEDO HERRERA. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CORTAZAR.- RÚBRICA.- RUBÉN OLMEDO ROSAS. PRESIDENTE
MUNICIPAL DE CUERÁMARO.- RÚBRICA.-
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LUIS GERARDO RUBIO VALDÉS. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.-
RÚBRICA.- RUBÉN DARÍO PEÑA MARTÍNEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE DOCTOR MORA.- RÚBRICA.- EDUARDO ROMERO HICKS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- JOSÉ
FRANCISCO CHÁVEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
HUANÍMARO.- RÚBRICA.- MARIO LEOPOLDO TURRENT ANTÓN.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IRAPUATO.- RÚBRICA.- VERÓNICA
OROZCO GUTIÉRREZ. PRESIDENTA MUNICIPAL DE JARAL DEL
PROGRESO.- RÚBRICA.- J. CARMEN MONDRAGÓN RECÉNDIZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JERÉCUARO.-RÚBRICA.- VICENTE
GUERRERO REYNOSO.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEÓN.- RÚBRICA.-
LEOPOLDO VILLANUEVA CHÁVEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MANUEL DOBLADO.- RÚBRICA.- JOSÉ RAFAEL MIGUEL ZAMUDIO
PANTOJA. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOROLEÓN.- RÚBRICA.-
FRANCISCO JAVIER PEDROZA MORENO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
OCAMPO.- RÚBRICA.- JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ.- PRESIDENTE
MUNICIPAL DE PÉNJAMO.- RÚBRICA.- JOSÉ DURÁN GONZÁLEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO.- RÚBRICA.- JOSÉ
JUVENTINO LÓPEZ AYALA.PRESIDENTE MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL
RINCÓN.- RÚBRICA.- FELIPE DURÁN MUÑOZ. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ROMITA.- RÚBRICA.- JORGE IGNACIO LUNA BECERRA. PRESIDENTE
MUNICIPAL DE SALAMANCA.- RÚBRICA.- RAÚL ULISES CARDIEL
GUTIÉRREZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALVATIERRA.- RÚBRICA.-
LUIS GAUDENCIO GONZÁLEZ ROMERO. PRESIDENTE MUNICIPAL
DESAN DIEGO DE LA UNIÓN.- RÚBRICA.- ALFONSO MORENO MORÁN.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FELIPE.- RÚBRICA.- ANTONIO
SALVADOR GARCÍA LÓPEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN
FRANCISCO DEL RINCÓN.- RÚBRICA.- ENRIQUE ALEJANDRO ARVIZU
VALENCIA. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE.-
RÚBRICA.- ELIA GUADALUPE VILLEGAS VARGAS. PRESIDENTA
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.- RÚBRICA.- OLEGARIO MARTÍNEZ
CHÁVEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CATARINA.- RÚBRICA.-
JUAN ANTONIO ACOSTA CANO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.- RÚBRICA.- GABRIEL MARTÍNEZ
MURILLO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATÍO.-
RÚBRICA.- JORGE GALVÁN GUTIÉRREZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SILAO.- RÚBRICA.- FERNANDO CAMPOS ALEGRÍA. PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TARANDACUAO.- RÚBRICA.- FIDEL GALLEGOS
ARÁMBURO. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TARIMORO.- RÚBRICA.-
ERNESTO REYES PÉREZ. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIERRA
BLANCA.- RÚBRICA.- CARLOS GUZMÁN CAMARENA. PRESIDENTE
MUNICIPAL DE URIANGATO.- RÚBRICA.- JOSÉ LUIS NIETO MONTOYA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.- RÚBRICA.-
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PEDRO MENDIETA CHAIRE. PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA.-
RÚBRICA.- ARMANDO TORRECILLAS MEJÍA. PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLAGRÁN.- RÚBRICA.- LUIS GERARDO GAVIÑA GONZÁLEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE YURIRIA.- RÚBRICA.- MARGARITA
GUADALUPE CAMACHO TRUJILLO. ENCARGADA DEL DESPACHO DE
LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.-RÚBRICA.- ARTURO LARA LÓPEZ. RECTOR GENERAL
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- RICARDO GÓMEZ
GOVEA. DIRECTOR DEL COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- BULMARO VALDÉS
PÉREZ GASCA. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LA
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- ANDRÉS GOVELA
GUTIÉRREZ. RECTOR DE LA UNIVERSIDADDE LA SALLE BAJÍO A.C.-
RÚBRICA.- GERARDO VALENZUELA RODRÍGUEZ. RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE LEÓN.- RÚBRICA.- GABRIELA
NARANJO G. COORDINADORA DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN.- RÚBRICA.- FERNANDO
ARTURO CALDERÓN GAMA. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN.-
RÚBRICA.- EDUARDO ESTEVA ARMIDA. DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY CAMPUS LEÓN.- RÚBRICA.- MARCO ANTONIO TOPILZIN
SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. DIRECTOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY CAMPUS IRAPUATO.- RÚBRICA.- AGUSTÍN GASCA
CHÁVEZ. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD QUETZÁLCOATL EN
IRAPUATO, S.C. RÚBRICA.- EMETERIO GUEVARA RAMOS. RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD LICEO CERVANTINO.- RÚBRICA.- RAFAEL MUÑOZ
LEDESMA. DIRECTOR GENERAL PLANTEL LEÓN UNIVERSIDAD DEL
VALLE DE ATEMAJAC.- RÚBRICA.- HERIBERTO PFEIFFER GARCÍA.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA.- RÚBRICA.-
JESÚS MARÍA CONTRERAS ESPARZA.- RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE LEÓN.- RÚBRICA.- HUGO GARCÍA VARGAS.
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO.- RÚBRICA.- FERNANDO
ZÚÑIGA TORO. SEGUNDO VOCAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTUDIOS TECNOLÓGICOS E INDUSTRIALES EN EL ESTADO.-
RÚBRICA.- VANESSA ENORE REYES ESCOTO. DIRECTORA DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PLANTEL LEÓN.- RÚBRICA.-
FERNANDO GUTIÉRREZ GODÍNEZ. DIRECTOR DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL SUR DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- TEODORO
VILLALOBOS SALINAS. DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
LEÓN.- RÚBRICA.- SOFÍA AYALA RODRÍGUEZ. RECTORA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO.-
RÚBRICA.- JOSÉ ROSALÍO MUÑOZ CASTRO. RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.-
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ALEJANDRO CARRETERO CARRETERO. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- MIRIAM RUTH ARZATE
MOSQUEDA. DIRECTORA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE IRAPUATO.- RÚBRICA.- ALMA VERÓNICA LÓPEZ LÓPEZ. TESORERA
DEL SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN
SUPERIOR.- RÚBRICA.- ANA LUZ GONZÁLEZ FUENTES.- TERCER VOCAL
DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN.- RÚBRICA.-
GUSTAVO GONZALO REYES MEDINA. CONSEJERO CIUDADANO DEL
CONSEJO ESTATAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DIRECTOR DE LA PREPARATORIA OFICIAL DE PÉNJAMO.- RÚBRICA.-
ENRIQUE PEREDA GÓMEZ. PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE
LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y
TELEVISIÓN. RÚBRICA.- GUIDO FERNANDO ORTÍZ MURILLO.
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y
TELEVISIÓN DELEGACIÓN GUANAJUATO.- RÚBRICA.- GUILLERMO
FREGOSO ZUÑIGA. DIRECTOR GENERAL DE TELEVISA BAJÍO.-
RÚBRICA.- MARCOS ESPARZA TIJERINA. DIRECTOR GENERAL DE TV
AZTECA.- RÚBRICA.- PABLO CÉSAR CARRILLO. GRUPO MILENIO Y
MULTIMEDIOS.- RÚBRICA.- ANA MARÍA RAMOS DE OLIVARES.
DIRECTORA GENERAL DE TELERADIO CELAYA.- RÚBRICA.- MARÍA DE
LOURDES MACÍAS SÁNCHEZ. DIRECTORA GENERAL DE
EXAIRAPUATO.- RÚBRICA.- JOSÉ GUADALUPE BERNAL VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CORPORACIÓN CELAYA.- RÚBRICA.- JOSÉ
ROGELIO EZQUERRA LLORET. DIRECTOR GENERAL DE XHRPL Y
XERPL, LA PODEROSA.- RÚBRICA.- ALEJANDRO MARTÍNEZ DURÁN.
XEBO IRAPUATO.- RÚBRICA.- FRANCISCO JAVIER ZAVALA ORTÍZ.
GERENTE GENERAL DE RADIO SAN MIGUEL Y CANAL 4 DE SAN
MIGUEL DE ALLENDE.- RÚBRICA.- GERMÁN ZUBIRÁN MORENO.
DIRECTOR GENERAL DE MSV RADIO.- RÚBRICA.- GUILLERMO VALERO
HERNÁNDEZ. GERENTE GENERAL DE XEFL GUANAJUATO.- RÚBRICA.-
MARCELO GONZÁLEZ SÁNCHEZ. GERENTE GENERAL DE XEGX FIESTA
MEXICANA SAN LUIS DE LA PAZ.- RÚBRICA.- EDGARDO RASO
ARCAUTE. DIRECTOR GENERAL DE XEZH SALAMANCA.- RÚBRICA.-
RICARDO NARVÁEZ GUILLÉN DIRECTOR GENERAL DE RADIORAMA
IRAPUATO.- RÚBRICA.- JOSÉ ARIZAGA CARRILLO. DIRECTOR GENERAL
DE XEFAC IMAGEN RADIOFÓNICA.- RÚBRICA.- POLO RUBÉN PAREDES
CAMPOS. GRUPO ACIR LEÓN.- RÚBRICA.- JORGE TORRES.
PROMOMEDIOS LEÓN.- RÚBRICA.- MARCO ANTONIO CONTRERAS
CHÁVEZ. DIRECTOR GENERAL DE RADIO GRUPO ANTONIO
CONTRERAS.- RÚBRICA.- EDGAR PEREDA GÓMEZ. DIRECTOR
GENERAL DE RADIORAMA IRAPUATO.- RÚBRICA.- CARLOS SÁNCHEZ
SILVA. DIRECTOR GENERAL DE XELJKE BUENA.- RÚBRICA.- RUBÉN
EDUARDO MORALES HERREJÓN. ORGANIZACIÓN RADIOFÓNICA DE
ACÁMBARO.- RÚBRICA.- J. ARNOLDO CUELLAR ORNELAS. DIRECTOR
GENERAL DEL PERIÓDICO CORREO.- RÚBRICA.-
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ASUNCIÓN GUTIÉRREZ PADILLA. DIRECTOR CORPORATIVO DE EL
HERALDO DE LEÓN.- RÚBRICA.- J. EDUARDO FLORES CASTRO.
DIRECTOR DEL SOL DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- ALEJANDRO
HERRERA SÁNCHEZ. DIRECTOR DEL SOL DE IRAPUATO.- RÚBRICA.-
ARGIMIRO GONZÁLEZ PÉREZ. DIRECTOR DEL SOL DEL BAJÍO.-
RÚBRICA.- ULISES LÓPEZ MERINO. DIRECTOR GENERAL DEL
PERIÓDICO NORESTE.- RÚBRICA.- JOSÉ CARO RUELAS.- SECRETARIO
GENERAL DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN LEÓN.- RÚBRICA.- LUZ
MARÍA CANO SOLÍS. SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO DE LA
RADIO Y LA TELEVISIÓN DE IRAPUATO.- RÚBRICA.- ISIDRO IGNACIO
DE LA PEÑA HERNÁNDEZ. PRESIDENTE DEL COLEGIO ESTATAL DE
NOTARIOS.- RÚBRICA.- JOSÉ LUIS COLINA IBARRA. PRESIDENTE DE LA
BARRA DE ABOGADOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A.C.- RÚBRICA.-
RAMÓN WILFRIDO GARCÍA AGUILERA. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
PROFESIONISTAS.- RÚBRICA.- LUIS GERARDO GUTIÉRREZ CHICO.
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LEÓN.- RÚBRICA.-
VÍCTOR JAVIER GARCÍA BARAJAS.- PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE CELAYA.- RÚBRICA.- GABINO CARBAJO GUZMÁN.
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS GUANAJUATO.- RÚBRICA.-
JUAN MANUEL RUELAS RIVERA. PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE IRAPUATO.- RÚBRICA.- MA. TERESA MÉNDEZ GLORIA.
TESORERA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN MIGUEL DE
ALLENDE, GUANAJUATO.- RÚBRICA.- FERNANDO MUÑOZ OLIVARES.
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SALAMANCA,
GUANAJUATO.- RÚBRICA.- GERARDO MAURICIO HINOJOSA MEDINA.
PRESIDENTE DE LA BARRA DE ABOGADOS DE GUANAJUATO
CAPITAL, A.C.- RÚBRICA.- ALEJANDRO ARENA TORRES LANDA.
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL
ESTADO DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- ROBERTO PLASENCIA
SALDAÑA. CONSEJERO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- MARTÍN RICO JIMÉNEZ. CONSEJERO
DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO.-
RÚBRICA.-HUGO VILLALOBOS GONZÁLEZ. CONSEJERO DEL
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO.-
RÚBRICA.- J. REFUGIO LOZANO LOZA. CONSEJERO DEL INSTITUTO DE
PLANEACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- JAIME
GONZÁLEZ NÁJERA. GOBERNADOR DEL CLUB DE LEONES DEL
DISTRITO B-5.- RÚBRICA.- MOISÉS MENDOZA SAEB. GOBERNADOR
DEL CLUB DE LEONES DEL DISTRITO.- RÚBRICA.- FRANCISCO JAVIER
RAMÍREZ RAMÍREZ. CONSEJERO CIUDADANO DEL CONSEJO ESTATAL
DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- RÚBRICA.-LEONARDO
FLORES MIRANDA. CONSEJERO CIUDADANO DEL CONSEJO ESTATAL
DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- RÚBRICA.- GABRIEL
ALFONSO VILLEGAS GÓMEZ. CONSEJERO CIUDADANO DEL CONSEJO
ESTATAL DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- RÚBRICA.-
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DAVID RAFAEL TRIGUEROS CAZARES. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.-
RÚBRICA.- JOSÉ ANTONIO LLERGO VICTORIA. DIRECTOR GENERAL
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA EDUCACIÓN MEDIA.- RÚBRICA.- HILARIO DÍAZ SERNA.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA.-
RÚBRICA.- JOSÉ SANTOS PÉREZ CASTILLO. PRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES DE LEÓN.- RÚBRICA.-
FRANCISCO VILLADOMAT MURO. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
TRANSPORTISTAS COORDINADOS DE LEÓN, S.A. DE C.V.- RÚBRICA.-
FERNANDO DE JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA. DIRECTOR GENERAL DEL
CONSEJO DE TRANSPORTISTAS COORDINADOS DE LEÓN, S.A. DE C.V.-
RÚBRICA.- J. DE JESÚS MEJÍA. TESORERO DEL CONSEJO DE
TRANSPORTISTAS COORDINADOS DE LEÓN S.A. DE C.V.- RÚBRICA.-
FERNANDO GARCÍA MUNGUÍA. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
INTEGRADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO GENERAL FRANCISCO
VILLA.- RÚBRICA.- ANTONIO BUENO RAMÍREZ. GERENTE DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONSEJO DE TRANSPORTISTAS
COORDINADOS DE LEÓN. S.A. DE C.V.- RÚBRICA.- IGNACIO DE JESÚS
LÓPEZ MUÑOZ. SECRETARIO DEL CONSEJO DE TRANSPORTISTAS
COORDINADOS DE LEÓN, S.A. DE C.V.- RÚBRICA.- EDUARDO DE JESÚS
TEJEDA RAMÍREZ. COORDINADOR DEL CENTRO INTEGRAL DE
ATENCIÓN A JÓVENES DIF GUANAJUATO.- RÚBRICA.- MA. GORETTI
AMADOR ROCHA. REPRESENTANTE DE CENTROS DE INTEGRACIÓN
JUVENIL A.C., DE LEÓN, CELAYA Y SALAMANCA.- RÚBRICA.- JUAN
FRANCISCO REYES LUNA. RESPONSABLE DEL CENTRO DE LA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTOS DE LAS ADICCIONES.-
RÚBRICA.- RAFAEL CORPUS NAVARRO. CENTRO “NUEVA VIDA SILAO”.-
RÚBRICA.- ISMAEL ZÚÑIGA RAMÍREZ. RESPONSABLE DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN DE LAS ADICCIONES “AMOR A LA VIDA”.- RÚBRICA.-
ROLANDO BACA PRIETO. RESPONSABLE DE LA CLÍNICA
ESPECIALIZADA EN ADICCIONES “LA ESPERANZA”.- RÚBRICA.-
VERÓNICA ELENA GARIBAY LAURENT. REPRESENTANTE DE CONSEJO
ESTATAL DE SALUD MENTAL.- RÚBRICA.- EDUARDO HÉCTOR MOLINA
LÓPEZ. RESPONSABLE DEL CENTRO DEL INSTITUTO MEXICANO PARA
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ASOCIACIONES A.C.- RÚBRICA.-
C. MARIBEL LLAMAS. PRESIDENTA DE LA CASA DE APOYO A LA
MUJER.- RÚBRICA.- ADOLFO ISIDRO REZZA SANMARTÍN. CONSEJERO
CIUDADANO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUS-
TRIALES. REZZA EDITORES.- RÚBRICA.- PATRICIA IVONNE CÓRDOVA
ESCOBEDO. REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
MUJERES EMPRESARIAS CAPÍTULO LEÓN.- RÚBRICA.- MARTHA
FUENTES LANDA. REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE MUJERES EMPRESARIAS CAPÍTULO IRAPUATO.- RÚBRICA.-
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GUILLERMINA HERNÁNDEZ. REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS CAPÍTULO CELAYA.- RÚBRICA.-
SOLEDAD ALMANZA. PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
MUJERES EMPRESARIAS DE SALAMANCA.- RÚBRICA.- JOSÉ LUIS DÍAZ
DEL CASTILLO LIE. PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL DE LEÓN.- RÚBRICA.- JOSÉ JAVIER ITURRIA ECHALAR.
PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE
CELAYA.- RÚBRICA.- FRANCISCO JAVIER MENDOZA. CONSEJERO DEL
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE CELAYA.- RÚBRICA.-
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ GONZÁLEZ. PRESIDENTE DEL CONSEJO
COORDINADOR EMPRESARIAL DE SALAMANCA.- RÚBRICA.- RAÚL
BARRERA. REPRESENTANTE DEL CONSEJO EMPRESARIAL DE
GUANAJUATO.- RÚBRICA.- JUAN OLIVARES ROCHA. PRESIDENTE DEL
CONSEJO COORDINADOR REGIONAL DE PURÍSIMA Y SAN FRANCISCO
DEL RINCÓN.- RÚBRICA.- ARIEL GARCÍA MAYA. PRESIDENTE DEL
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE IRAPUATO A.C.-
RÚBRICA.- FRANCISCO JAVIER MENDOZA CONTRERAS. CONSEJERO
CIUDADANO DEL CONSEJO ESTATAL DE CONSULTA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FEDERACIÓN DE CÁMARAS
NACIONALES DE COMERCIO DEL ESTADO.- RÚBRICA.- GUILLERMO
SCHIAVON ZENI. PRESIDENTE CANACINTRA IRAPUATO.- RÚBRICA.-
SERGIO MENCHACA GARCÍALONSO. PRESIDENTE DE LA CÁMARA
NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN-CELAYA.-
RÚBRICA.- ALEJANDRO SIERRA VILLAFAÑA. PRESIDENTE DE LA
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
DELEGACIÓN GUANAJUATO.- RÚBRICA.- YSMAEL LÓPEZ GARCÍA.
VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- SERGIO CASTRO
ENRÍQUEZ. PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA
CURTIDURÍA.- RÚBRICA.- SAMUEL PÉREZ ORTEGA. CANACO-SERVITUR
LEÓN.- RÚBRICA.- ALFREDO MOISÉS GALLARDO SAAVEDRA,
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS DE
COMERCIO.- RÚBRICA.- EDMUNDO ALMANZA MORENO. PRESIDENTE
DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y MOTELES DE
GUANAJUATO.- RÚBRICA.- JOSÉ JAVIER AGUIRRE GALLARDO.
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y
PROTECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A.C.-
RÚBRICA.- MARTÍ OCTAVIO ESTRADA DURÁN. PRESIDENTE DE LA
UNIÓN DE UNIONES DE MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.-
RÚBRICA.- BERNARDO TORRES. SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN
DE COMERCIANTES LOCATARIOS DEL MERCADO ALDAMA DE LEÓN,
GTO. A.C.- RÚBRICA.- JESÚS TÉLLEZ CABRERA. PRESIDENTE DE LA
UNIÓN DE COMERCIANTES DE OBJETOS VARIOS DE LA LÍNEA DE
FUEGO.- JOSÉ GUADALUPE ZÚÑIGA ROCHA. PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CENTRAL DE ABASTO.- RÚBRICA.-
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JOSÉ JAVIER AGUIRRE GALLARDO. PRESIDENTE DE LA UNIÓN
GANADERA REGIONAL DE PORCICULTORES DEL ESTADO.- RÚBRICA.-
LUIS MANUEL ROA RAMÍREZ. REPRESENTANTE LEGAL REGIONAL DE
COMERCIAL MEXICANA.- RÚBRICA.- FRANCISCO JAVIER LEÓN
SOLANO. CADENA COMERCIAL OXXO.- RÚBRICA.- ATLÁNTIDA
ABOITES R. DIRECTOR DE XTREM CINEMAS.- RÚBRICA.- ENRIQUE
CÁZARES TORRES. GERENTE GENERAL DE MALTA TEXO DE MÉXICO
S.A. DE C.V.- RÚBRICA.- MARIO RABIELA SOTELO. DIRECTOR GENERAL
DE SMC CORPORATION.- RÚBRICA.- MOISÉS GUTIÉRREZ VIEYRA.
PRESIDENTE DE GRUPO TEXTIL GUANAJUATO.- RÚBRICA.- MA.
PATRICIA GÓMEZ HERNÁNDEZ. GERENTE GENERAL DE CLUB DEPOR-
TIVO ATENAS.- RÚBRICA.- EUGENIO PÉREZ VELÁZQUEZ. SECRETARIO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CLUB PUNTO VERDE.-
RÚBRICA.- DIMAS RANGEL FERNÁNDEZ. REPRESENTANTE DE LA
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MÉXICO.- RÚBRICA.- JUAN
JOSÉ HERNÁNDEZ DURÁN. SECRETARIO GENERAL DE LA
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES CENTRALISTAS DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y REPRESENTANTE DEL COMITÉ NACIONAL (CTC).-
RÚBRICA.- JACOBO CABRERA LARA. SECRETARIO GENERAL DE LA
FEDERACIÓN REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (FROC-CROC).- RÚBRICA.- JORGE ESPINOSA
LÓPEZ. SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN AUTÉNTICA
DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUANAJUATO (CAT).- RÚBRICA.-
RICARDO PLASENCIA GONZÁLEZ. COORDINADOR REGIONAL DE LA
ZONA ORIENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE AGRUPACIONES
SINDICALES MEXICANAS.- RÚBRICA.- JESÚS FERNANDO DÁVILA
RAMÍREZ. REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN DE
TRABAJADORES DE SINDICATOS INDEPENDIENTES.- RÚBRICA.-
SAMUEL AGUILERA VÉLEZ. PRESIDENTE DE LA S.R.L. DE I.P. DE C.V.
DEL DISTRITO 011 ALTO RÍO LERMA.- RÚBRICA.- ARZOBISPADO DE LA
ARQUEDIOCÉSIS DE LEÓN.- RÚBRICA.- PRESBÍTERO MARTÍN
QUINTANA N. VICE-CANCILLER DEL OBISPADO DE MORELIA.-
RÚBRICA.- MONSEÑOR JOSÉ JUAN PÉREZ LARA, APODERADO LEGAL
DE LA DIÓCESIS DE CELAYA.- RÚBRICA.- OBISPADO DE LA DIÓCESIS
DE IRAPUATO.- RÚBRICA.- MARIO DE GASPERIN GASTERÍN. DIÓCESIS
DE QUERÉTARO.- RÚBRICA.- MA. DE LOURDES GAMA SANTILLANA.
HERMANAS DEL BUEN PASTOR.- RÚBRICA.- MOISÉS VELÁZQUEZ
REYES. PRESIDENTE IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA.- RÚBRICA.-
FAUSTINO CARRANZA. VICARIO IGLESIA ANGLICANA DE MÉXICO.-
RÚBRICA.- PASTOR ESTEBAN RUÍZ REYES. REPRESENTANTE DE LOS
PASTORES Y LÍDERES DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.-
ELIGIO RAMOS CARRILLO. MINISTRO DE LA IGLESIA BAUTISTA.-
RÚBRICA.- DOMINGO FRÍAS DE SANTIAGO. DIRECTOR DEL CENTRO
CLAMOR EN EL BARRIO DE MÉXICO A.C. CELAYA.- RÚBRICA.-
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CLAUDIO MORALES LÓPEZ. PRESIDENTE DE ESTACA LEÓN MÉXICO
LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS.-
RÚBRICA.- GUILEBALDO CASTILLO AGUIRRE. CASA DE SIMÓN DE LA
ASAMBLEA DE DIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.- RÚBRICA.-ELIA
HERNÁNDEZ NÚÑEZ. DIPUTADA FEDERAL H. CÁMARA DE
DIPUTADOS.- RÚBRICA.- MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ.
DIPUTADA FEDERAL H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- RÚBRICA.-
ADRIANA RODRÍGUEZ VIZCARRA VELÁZQUEZ. DIPUTADA FEDERAL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN.- RÚBRICA.- MARTHA MARTÍNEZ CASTRO.
PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.-
MARÍA CRISTINA JARAMILLO DE OVIEDO. PRESIDENTA DIF
CORTAZAR.- RÚBRICA.- ANA MARÍA ARVIZU MENDOZA. PRESIDENTA
DIF DR. MORA.- RÚBRICA.- LORENIA GUADALUPE OLIVARES DE
TURRENT. PRESIDENTA DIF IRAPUATO.- RÚBRICA.- ELIZABETH
DORADO DE GUERRERO. PRESIDENTA DIF LEÓN.- RÚBRICA.- MARÍA
DEL REFUGIO GARCÍA RAMOS. PRESIDENTA DIF PUEBLO NUEVO.-
RÚBRICA.- GLORIA CAMARGO DE CARDIEL. PRESIDENTA DIF
SALVATIERRA.- RÚBRICA.- GRACIELA NEGRETE DE GONZÁLEZ.
PRESIDENTA DIF SAN DIEGO DE LA UNIÓN.- RÚBRICA.- ISABEL MARÍA
CAMPO DE LUNA. PRESIDENTA DIF SALAMANCA.- RÚBRICA.- MARTHA
SILVIA ROBLES CASTRO. PRESIDENTA DIF VALLE DE SANTIAGO.-
RÚBRICA.- DANIEL FEDERICO CHOWELL ARENAS. PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.- RÚBRICA.- BALTAZAR VILCHES
HINOJOSA. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.- RÚBRICA.- JOSÉ
GERARDO MOSQUEDA MARTÍNEZ. SECRETARIO DE GOBIERNO.-
RÚBRICA.- GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ ESTRADA. SECRETARIO DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.- RÚBRICA.- JORGE ARMANDO
AGUIRRE TORRES. SECRETARIO DE SALUD.- RÚBRICA.- GENARO
CARREÑO MURO. SECRETARIO DE OBRA PÚBLICA.- RÚBRICA.-
ALBERTO DIOSDADO. SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- RÚBRICA.- JUAN
CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO.- RÚBRICA.- HÉCTOR LÓPEZ SANTILLANA. SECRETARIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE.- RÚBRICA.- JOSÉ MARÍA
ANAYA OCHOA. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.-
RÚBRICA.- MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ. SECRETARIO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA.- RÚBRICA.- ADRIÁN PEÑA MIRANDA. DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.- RÚBRICA.- FERNANDO HURTADO CÁRDENAS.
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO.-
RÚBRICA.- ALEJANDRO VELASCO ALVARADO. DIRECTOR GENERAL DE
LA COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR.-
RÚBRICA.- AIDA ANGÉLICA SILVA CASTILLO. DIRECTORA GENERAL
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.-
RÚBRICA.-
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ANGÉLICA CASILLAS MARTÍNEZ. SECRETARIA EJECUTIVA DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.- RÚBRICA.- LUZ MARÍA RAMÍREZ
VILLALPANDO. DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER
GUANAJUATENSE.- RÚBRICA.- ROMÁN CIFUENTES NEGRETE.
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR. - RÚBRICA.- PLINIO
MANUEL E. MARTÍNEZ TAFOLLA.- COORDINADOR GENERAL
JURÍDICO.- RÚBRICA.- RAÚL MONJARÁS HERNÁNDEZ. COORDINADOR
GENERAL DE ASESORES DEL C. GOBERNADOR.- RÚBRICA.- LUIS
MANUEL QUIROZ ECHEGARAY. COORDINADOR GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.- RÚBRICA.-
HORACIO GUERRERO GARCÍA. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO.- RÚBRICA.- JORGE
ARTURO ACEVEDO ALARID. SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE GUANAJUATO PUERTO INTERIOR.- RÚBRICA.-
MAURICIO ROMO FLORES. AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR.- RÚBRICA.- JOSÉ MANUEL MENDOZA
MÁRQUEZ. DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- RÚBRICA.-
JOSÉ LUIS FRAUSTO SÁNCHEZ. DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL
INSTITUTO DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA
ADULTOS.- RÚBRICA.- LUIS JAIME PALACIOS PALOMO. COORDINADOR
DE ENLACE OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA AGROPECUARIA.- RÚBRICA.- MAURICIO SÁNCHEZ
BRAVO. COMANDANTE GENERAL DE BRIGADA D.E.M. XVI ZONA
MILITAR.- RÚBRICA.- OSCAR ERNESTO ÁLVAREZ BENÍTEZ. DELEGADO
ESTATAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
NACIONAL.- RÚBRICA.- VIDAL DÍAZLEAL OCHOA. COORDINADOR
ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA EN GUANAJUATO.-
RÚBRICA.
