SALA CONSTITUCIONAL
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDN HAAZ
Consta en autos que, el 12 de junio de 2003, el abogado Pedro A.
Belisario Flames, como Fiscal Dcimo Sexto del Ministerio Pblico de
la Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas,
present, ante esta Sala, escrito continente de demanda de amparo
constitucional contra las decisiones que, el 14 de abril de 2003 y
el 19 de mayo del mismo ao, pronunciaron las Salas 09 y 10,
respectivamente, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal de la antedicha Circunscripcin Judicial, por las cuales
declararon, en sus casos, inadmisibles los recursos de apelacin y
de nulidad que el referido accionante interpuso contra el auto que,
el 13 de marzo de 2003, dict la Jueza 26 del Tribunal de Juicio del
predicho Circuito Judicial, dentro de la causa penal que se le
sigue al ciudadano Nelson Enrique Argote Daz. El accionante
fundament su pretensin en la violacin de los derechos fundamentales
a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso y a
la finalidad del proceso que reconocen los artculos 26 y 49
cardinales 1 y 3- de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, as como el artculo 13 del Cdigo Orgnico Procesal
Penal.
De la recepcin del expediente se dio cuenta en esta Sala, por
auto del 12 de junio de 2003 y fue designado Ponente el Magistrado
Dr. Pedro Rafael Rondn Haaz.
i
DE LA PRETENSIN DE LA PARTE ACTORA
1. 1. Aleg:
1.1. 1.1. Que, el 13 de marzo de 2003, la Jueza 26 del Tribunal
de Juicio del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de
Caracas, dict auto mediante el cual desestim el criterio fiscal
...sustentado en relacin a (sic) la posibilidad constitucional y
legal de aperturar (sic) el debate oral y pblico, sin la
comparecencia de los medios probatorios u rganos de prueba
ofrecidos por las partes, o, dicho en otras palabras, sin la
comparecencia de los testigos, intrpretes o expertos que deban
intervenir, circunstancia esta de tal trascendencia, por estar
involucrados en la misma no slo normas y principios
constitucionales sino, adems, expresas disposiciones legales que
regulan el proceso penal, criterio explanado por el Ministerio
Pblico a travs de diligencia estampada en fecha 12-03-03 y
ratificado en audiencia celebrada, en la misma fecha, por ante el
mencionado Tribunal de Juicio;
1.2. 1.2. Que, luego de la celebracin de la audiencia a la cual
se refiri la parte final del texto que se acaba de transcribir, el
legitimado pasivo dict auto, el 13 de enero de 2003, respecto del
cual el accionante se dio por notificado, en virtud de la omisin
del respectivo trmite, e interpuso apelacin contra dicha decisin,
mediante escrito que present, el 21 de marzo de 2003, ante la Corte
de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de
Caracas;
1.3. 1.3. Que, el predicho recurso, fue declarado inadmisible
por la Sala Nueve de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del rea Metropolitana de Caracas, por auto de 14 de abril de
2003, con fundamento en los artculos 432, 437.b, 445 y 450 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal;
1.4. 1.4. Que, por razn del procedimiento al cual se refiere el
anterior aparte, solicit la nulidad absoluta del referido auto de
13 de enero de 2003;
ello debido a que la decisin de la Sala N 9 de la Corte de
Apelaciones, aunque censurable, no era recurrible en Casacin;
1.5. 1.5. Que, del referido recurso de nulidad, conoci la Sala
n. 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
rea Metropolitana de Caracas, la cual, mediante auto de 19 de mayo
de 2003, declar inadmisible tal pretensin, con base en el artculo
193 del Cdigo Orgnico Procesal Penal;
1.6. 1.6. Que la Sala 10 de la Corte de Apelaciones fundament su
decisin que declar inadmisible el recurso de nulidad en la
circunstancia de que el interesado debi interponer dicha impugnacin
ante el mismo Juez que pronunci la decisin que es objeto de la
misma y de que debi ser ese mismo jurisdicente quien dictara la
correspondiente decisin; que tal criterio es absurdo, por
cuanto,
...si se trata de un criterio sustentado, difcilmente el rgano
jurisdiccional que lo emite corrija la violacin opuesta;
1.7. 1.7. Que, de manera contradictoria, la legitimada pasiva
fundament la referida inadmisibilidad en el ltimo prrafo del
artculo 193 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, en el cual se
establecen dos supuestos de inadmisibilidad de la solicitud de
nulidad: extemporaneidad o incumplimiento de los requisitos
exigidos, mas no precis en cul de estos supuestos bas su predicha
decisin;
No obstante, debemos preguntarnos ser que en este caso no es
vlida la disposicin constitucional que establece que no se
sacrificar la justicia por la omisin de formalidades no esenciales,
si es que en realidad existen las mismas? O ser que ante un hecho
viciado de nulidad absoluta los rganos jurisdiccionales deben
abstenerse de emitir pronunciamiento alguno, no siendo su obligacin
constitucional entrar a conocer y decidir sobre tal asunto?...
Puede impugnarse a travs de un recurso de revocacin un auto dictado
fuera de audiencia que trastoca derechos, intereses y garantas
constitucionales?... Puede hablarse de extemporaneidad ante un caso
de nulidad absoluta?... Si a quien corresponda pronunciarse sobre
la nulidad era el juzgado que incurri en la violacin opuesta,
porque (sic) dicha sala (n. 10. Nota de la Sala) pasa a
pronunciarse en los trminos que lo hizo?;
1.8. 1.8. Que la Sala 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas manifest que el
recurso de nulidad no era el medio idneo de impugnacin y que el
recurrente debi haber agotado las vas de la revocacin, la apelacin
o la casacin, si fuera el caso.
En este sentido, con relacin al recurso de revocacin, valen los
mismos comentarios expresados al analizar la decisin de la Sala N
9; en cuanto al recurso de apelacin, el cual se intent, ya se
resaltaron las ilogicidades, contradicciones, falsas o errneas
apreciaciones, en las que, a nuestro modo de ver, se incurrieron,
las cuales si bien hacan censurable la decisin de la Sala N 9,la
misma no era recurrible en casacin, razn por la cual se solicit la
declaratoria (sic) de nulidad absoluta;
1.9. 1.9. Que, En este orden de ideas, nos preguntamos, No es
una obligacin constitucional de los tribunales de la Repblica,
declarar de oficio o a solicitud de parte, la nulidad de las
actuaciones o actos ejecutados con violacin de derechos y garantas
constitucionales y, por ende, de normas expresas que regulan el
proceso penal?
1.10. 1.10. Que el derecho a la tutela judicial efectiva
comporta, para los rganos jurisdiccionales, la obligacin de actuar
aun en aquellos casos en los cuales, por defecto en la proposicin
del asunto, ste no hubiera sido considerado de manera especfica,
siempre que se encuentren presentes violaciones al orden pblico,
como ocurre en el presente caso;1.11. 1.11. Que, con base en el
razonamiento que precede y de conformidad con el sentido que, al
trmino competencia que contiene el artculo 4 de la Ley Orgnica de
Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales, le ha atribuido
la doctrina que constituye jurisprudencia del Mximo Tribunal de la
Repblica, se concluye que las legitimadas pasivas actuaron fuera de
su competencia;1.12. 1.12. Que, como consecuencia de la violacin al
derecho a la tutela judicial efectiva, se produjeron, por va
indirecta, otras lesiones constitucionales en perjuicio del
Ministerio Pblico, en su cualidad de representante del Estado, todo
lo cual se concretara, en el caso en anlisis, en un gravamen
irreparable para el mismo; ello, porque la representacin fiscal
interpuso recursos de apelacin y, luego, de nulidad contra el auto
que, el 13 de enero de 2003, dict el Juez 26 del Tribunal de Juicio
del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas, por
el cual desestim el criterio que expres el actual accionante, en
relacin con la posibilidad constitucional y legal de abrir el
Juicio Oral, sin que estuvieran presentes los medios u rganos de
prueba que ofrecieran las partes,
o dicho en otras palabras, sin la comparecencia de los expertos,
intrpretes o testigos que deban intervenir, circunstancia esta, de
tal trascendencia por estar involucrados en la misma no slo normas
y principios constitucionales sino, adems, expresas disposiciones
legales que regulan el proceso; ello en virtud de que dicha decisin
causa, en consecuencia, un gravamen irreparable al Ministerio
Pblico al limitar, en el mejor de los casos, o, en el peor de los
supuestos que se sealaran, cercenar el derecho que tiene el
representante del Estado de probar los hechos contenidos en la
acusacin y, en consecuencia, la posible responsabilidad penal del
acusado en la realizacin de los mismos, haciendo ilusorio, sin una
causa legal, el descubrimiento de la verdad y, por ende, la bsqueda
de la justicia en la aplicacin del derecho, como fin ltimo del
proceso y de la pretensin punitiva del Estado;
1.13. 1.13. Que el Ministerio Pblico es, de acuerdo con el
artculo 285.2 de la Constitucin, el garante de la buena marcha de
la administracin de justicia, el debido proceso y, por tanto, de la
inalterabilidad del orden lgico del proceso, pues, de suceder se
violaran normas que regulan el proceso penal, dando origen a su
nulidad; 1.14. 1.14. Que la apertura del debate oral y pblico, sin
la verificacin de la presencia de los medios de prueba que hubieran
sido ofrecidos por las partes, es, adems, un acto ilgico, porque no
tiene sentidoaperturar (sic) un debate para no debatir una violacin
al artculo 344 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, lo cual afecta el
orden lgico y, por ende, el debido proceso...;1.15. 1.15. Que el
rgano jurisdiccional tiene el deber de hacer comparecer incluso,
mediante el uso de la fuerza pblica, si fuere necesario- a los
rganos de prueba que hubieran sido ofrecidos por las partes; que
esa facultad (sic) puede y debe (sic) ejercerla antes del debate y
luego de que ste se inicie; ello, de acuerdo con los artculos 342,
184 y 357 del Cdigo Orgnico Procesal Penal; que
es preciso indicar, en este sentido, que esta representacin
fiscal solicit del mencionado juzgado de juicio, se diligenciara la
comparecencia obligatoria de los rganos de prueba ofrecidos antes
de iniciar el debate, tal y como lo establece el mencionado aparte
del artculo 184, en fecha 24-10-2002, mediante acta levantada,
cursante a los folios 105 y 106, 2 pieza del expediente 26J-077-01,
ratificndose tal pedimento, mediante diligencia estampada en fecha
12-03-2003, circunstancia esta que genera en el rgano
jurisdiccional la obligacin de gestionar y materializar la
comparecencia efectiva de los rganos de prueba ofrecidos por las
partes, haciendo uso de la fuerza pblica, caso de ser
necesario...;
1.16. 1.16. Que, en el caso de los rganos de prueba que hubieran
sido ofrecidos y no se encuentren presentes al momento de la
apertura del Juicio Oral, deber fijarse una nueva oportunidad,
previa suspensin del debate, para la presentacin de los mismos, y
ser slo cuando, en dicha nueva oportunidad, no comparecieren dichos
rganos probatorios, que deba prescindirse de tales pruebas, de
conformidad con el artculo 357 del Cdigo Orgnico Procesal Penal;
que
cosa distinta sucede si se apertura (sic) el debate sin la
comparecencia de los medios de prueba ofrecidos por las partes,
pues, adems de que no habr un mnimo de debate y, en consecuencia,
no se formar o construir parte de la prueba y, por ende, de la
verdad en busca de la justicia como fin ltimo del proceso, dicha
apertura o debate se limitar a eso mismo, a aperturar (sic) e
inmediatamente concluir, suspendindose un debate que simplemente no
se ha iniciado, por que (sic) no hay contradictorio, con la curiosa
pero relevante particularidad, en este estado de presunta suspensin
del debate, de que si stos, es decir, los rganos de prueba, no
comparecieren en la nueva oportunidad fijada, por mandato del nico
aparte del artculo 357 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, deber
prescindirse de esas pruebas, es decir, ya no se podrn practicar,
circunstancia esta que, adems de alterar el orden lgico del
proceso, implicara una especie de renuncia tcita de las pruebas
ofrecidas, pues, mientras en el primer caso se garantiza un mnimo
de debate y terminar de formar o construir la prueba, en el segundo
caso sucede todo lo contrario, pues, de no comparecer los rganos de
prueba, ni siquiera podemos decir que hubo debate y, no obstante,
tenemos que prescindir de la prueba ofrecida, lo que a nuestro
criterio favorecera la impunidad, atentando, igualmente, contra la
finalidad del proceso prevista en el artculo 13 del Cdigo Orgnico
Procesal Penal;
1.17. 1.17. Que, durante el desarrollo de la audiencia que se
celebr el 12 de marzo de 2003, dentro del referido proceso penal
sucedi un hecho que, igualmente, vici de nulidad absoluta, dicho
acto, pues,
En efecto, una vez presentes en la sala de audiencias, a
instancias de la ciudadana Juez, y conceddole el derecho de palabra
al Ministerio Pblico, se procedi a exponer, una vez ms, las razones
por las cuales la representacin se opone a la apertura de debate
alguno, sin la comparecencia de los rganos de prueba ofrecidos,
acto seguido, la ciudadana Juez de Juicio le concedi el derecho de
palabra a la defensa, concluido el uso de la palabra por parte de
la defensa, la juzgadora procedi a proclamar que no estaba de
acuerdo con el criterio fiscal, sin tomar en consideracin que se
trataba de un criterio explanado de manera escrita, antes de dar
inicio a la aludida audiencia, y obviando, por ende, lo establecido
en el artculo 173 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, declarando, de
seguidas, abierto un presunto debate, sin que el Ministerio
expusiera su acusacin, tomando declaracin al acusado y leyendo
algunas de las actuaciones cursantes en autos, para luego suspender
el debate hasta nueva fecha, materializndose as otro vicio que
afecta el orden lgico y, por ende, el debido proceso, pues se
inobserv lo pautado en el ltimo aparte del artculo 344 del citado
texto legal, y as se pidi que se declarare (sic), de conformidad
con lo previsto en los artculos 191 y 195 ejusdem...
2. 2. Denunci la violacin de los siguientes derechos
fundamentales:
2.1. 2.1. Al debido proceso, el cual desarrollan los artculos 49
y 257 de la Constitucin, as como a la defensa, el cual, como
manifestacin especfica del primero, establece el artculo 49.1
eiusdem;
2.2. 2.2. A la tutela judicial efectiva que reconoce el artculo
26 de la Constitucin, por cuanto las decisiones de las Salas 09 y
10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del rea
Metropolitana de Caracas, declarativas de inadmisibilidad de los
recursos que interpuso la representacin fiscal, estn basadas en
erradas interpretaciones, ilogicidades y contradicciones, razn por
la cual adolecen de inmotivacin y cercenaron el derecho a ser odo y
a la tramitacin, conforme a derecho, de las pretensiones del
accionante.
3. 3. El accionante concret su pretensin, en los siguientes
trminos:
Finalmente, por todas las razones, de hecho y de derecho,
motivos y fundamentos anteriormente explanados, es por lo que este
despacho fiscal, dada la sagrada misin que tiene atribuida de
garantizar en los procesos judiciales la buena marcha de la
justicia y el debido proceso, de representar al Estado y, por ende,
a la sociedad venezolana, procediendo de conformidad con lo
establecido en el artculo 4 de la Ley Orgnica de Amparo sobre
Derechos y Garantas Constitucionales, ocurre ante esa Honorable
Sala Constitucional en contra de las decisiones de fechas
14-04-2003 y 19-05-2003 emitidas por las Salas nmeros 9 y 10,
respectivamente, de la Corte de Apelaciones del rea Metropolitana
de Caracas, las cuales declaran inadmisibles los recursos de
apelacin y nulidad, ejercidos contra el auto dictado por el
Tribunal 26 de Juicio de este Circuito Judicial, en fecha
13-03-2003, mediante el cual desestima el criterio fiscal
sustentado, en relacin a la posibilidad constitucional y legal de
aperturar (sic) el debate oral y pblico, sin la comparecencia de
los medios u rganos de prueba ofrecidos, ello por considerar que
las mismas adems de atentar contra el derecho a la tutela judicial
efectiva, atentan contra el orden lgico del proceso y, por ende,
del principio del debido proceso, el derecho a la defensa y la
finalidad del proceso, consagrados en el artculo 26, numerales 1 y
3 del artculo 49 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y artculo 13 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, situacin
slo subsanable mediante declaratoria (sic) de nulidad, razn por la
cual se solicita de los Honorables Magistrados de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que han de conocer
el presente recurso, que el mismo sea admitido, declarado con lugar
y, en consecuencia: bien ordene a alguna de las Salas de la Corte
de Apelaciones del rea Metropolitana de Caracas, cuyas decisiones
se recurren, que admita y tramite conforme a derecho los recursos
interpuestos por el Ministerio Pblico en contra del auto dictado
por el Tribunal 26 Juicio de este Circuito Judicial, de fecha
13-03-2003, por ser ambas violatorias de los derechos fundamentales
sealados, o bien en su condicin de mxima autoridad de la tutela de
la constitucionalidad, actuando, en consecuencia, como Tribunal
constitucional proceda a analizar las violaciones denunciadas,
emitiendo el pronunciamiento a que haya lugar, ello en atencin a
los criterios sustentados, por esta Honorable Sala, en decisiones
de fechas 24-03-2000 y 10-05-2001, ya citadas en el texto del
presente escrito....
ii
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artculos 266, cardinal 1, 335,
de la Constitucin, y 4, de la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos
y Garantas Constitucionales, la Sala se declar competente para el
conocimiento de las demandas de amparo constitucional que se
ejerzan contra las sentencias que, en ltima instancia, dicten los
Juzgados Superiores de la Repblica, salvo el caso de las que
pronuncien los Juzgados Superiores de lo Contencioso
Administrativo. Y por cuanto, en el caso de autos, la accin fue
ejercida contra los fallos que dictaron, el 14 de abril de 2003 y
el 19 de mayo del mismo ao, las Salas 09 y 10, respectivamente, de
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la
Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas, esta Sala
declara su competencia para la decisin de aqulla. As se decide.
iii
DE LAs DECISIONES que son objeto de impugnacin
4. 1. El auto que, el 14 de abril de 2003, dict la Sala n. 09 de
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del rea
Metropolitana de Caracas y es objeto de la actual impugnacin, est
fundamentado en las siguientes razones: 4.1. 1.1. Que de la lectura
del acta, que se levant con ocasin de la audiencia del Juicio Oral
que correspondi el proceso penal que se ha mencionado supra, se
evidencia
4.1.1. 1.1.1. Que la Jueza 26 del Tribunal de Juicio del
prenombrado Circuito Judicial declar abierto el debate y,
posteriormente, cuando cedi el derecho de palabra al representante
del Ministerio Pblico, con el objeto de que ste expusiera su
acusacin, dicho funcionario manifest que no haban comparecido los
testigos y los expertos que el haba ofrecido, razn por la cual
solicit que la predicha jurisdicente dictara auto por el cual
explicara el criterio del Tribunal, de que deba abrirse un debate
aun cuando no comparezcan los testigos, a fin de recurrir de la
misma;
4.1.2. 1.1.2. Que la Jueza, ya abierto el debate, desestim la
solicitud del Fiscal, quien, entonces, solicit que la primera
fundamentara su decisin, por escrito, con el objeto de recurrir
contra la misma;
4.1.3. 1.1.3. Que el Fiscal ejerci el recurso de apelacin contra
el auto mediante el cual la precitada Jueza de Juicio motiv su
decisin de declarar sin lugar la solicitud fiscal de que no se
abriera el debate, por razn de la incomparecencia de los testigos y
expertos que el representante del Ministerio Pblico ofreci;
4.2. 1.2. Que, de conformidad con el artculo 445 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, una vez que se inicie la audiencia del
Juicio Oral, slo es posible el ejercicio del recurso de revocacin;
que est acreditado que el Fiscal del Ministerio Pblico no ejerci
dicho recurso en dicha audiencia, segn lo dispone el artculo 444
del predicho texto legal, sino que actu como ya ha quedado
descrito; que se concluye que, contra el auto que dict la Jueza de
Juicio.
...durante el desarrollo de la audiencia celebrada en fecha
12-03-02, slo caba interponer el recurso de revocacin, por
aplicacin de lo dispuesto en el precitado artculo 445 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal y el artculo 432 ejusdem...;
4.3. 1.3. Que el referido recurso de apelacin, el cual fue
presentado el 21 de marzo de 2003, era extemporneo, de conformidad
con el artculo 448 del Cdigo Orgnico Procesal Penal;
4.4. 1.4. Que, con base en las antedichas razones, dicha
apelacin deba ser declarada inadmisible, de acuerdo con lo que
establecen los artculos 432, 437.b, 445 y 450 del Cdigo Orgnico
Procesal Penal.
4.5. 1.5. Con base en el razonamiento que se acabar de exponer,
la legitimada pasiva decidi en los trminos siguientes:
Por lo antes expuesto esta Sala N 09 de la Corte de Apelaciones
del Circuito Judicial Penal del rea Metropolitana de Caracas,
administrando justicia en nombre de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la Ley, declara inadmisible el recurso
de apelacin interpuesto por el ciudadano Pedro Antonio Belisario
Flames, en su carcter de Fiscal Dcimo Sexto del Ministerio Pblico,
de conformidad con lo establecido en los artculos 432, 437 literal
b, 445 y 450 en su encabezamiento ejusdem..
5. 2. La segunda decisin judicial contra la cual se ejerci la
presente accin de amparo, se expres bajo el siguiente
fundamento:
5.1. 2.1. Que la nulidad es el acto procesal cuyo fin es el
restablecimiento o reparacin de la situacin viciada y en virtud del
cual se deja sin efecto una resolucin judicial que fue tomada con
violacin de formas, condiciones o derechos que establezcan la
Constitucin y las leyes, as como los tratados, convenios y acuerdos
internacionales que obliguen a la Repblica;
5.2. 2.2. Que el Cdigo Orgnico Procesal Penal, en su captulo
relativo a la nulidad de los actos procesales, en el cual establece
una distincin entre las nulidades no convalidables (absolutas) y
las saneables (relativas), las cuales ope lege o ex oficio permiten
la convalidacin de los actos defectuosos, sin llegar en principio a
retrotraer el proceso a perodos ya agotados;5.3. 2.3. Que la
nulidad no es un recurso autnomo, sino que es dependiente de la
causa principal y por lo tanto, debe ser propuesta por la parte
afectada ante el Juzgado que presuntamente incurri en la violacin
opuesta y ste emitir el pronunciamiento respectivo; ello, conforme
a la doctrina que estableci esta Sala Constitucional, en su fallo
n. 880, de 29 de mayo de 2001;5.4. 2.4. Con base en las antes
expuestas razones, la legitimada pasiva decidi, en los siguientes
trminos:
En consecuencia, considera la Sala que el recurso de nulidad
interpuesto por la vindicta pblica contra la decisin del Tribunal
que acord la apertura del debate no es la va idnea de impugnacin,
pues bien poda haber agotado las vas de revocacin, recursos de
apelacin o casacin si fuere el caso- ante el Juez que dict la
decisin objeto del vicio denunciado, motivo por el cual, debe ser
declarado inadmisible a tenor de lo dispuesto en el ltimo aparte
del artculo 193 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.
iv
ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIN
6. 1. Luego del anlisis de los trminos de la pretensin de amparo
que fue interpuesta, se pasa a verificar el cumplimiento de los
requisitos que exige el artculo 18 de la Ley Orgnica de Amparo
sobre Derechos y Garantas Constitucionales y la Sala encuentra que
aqulla cumple con los mismos. As se declara.
Despus del examen de los presupuestos de admisibilidad de la
citada demanda de amparo, a la luz de las causales de inadmisin que
precepta el artculo 6 de la invocada Ley Orgnica de Amparo sobre
Derechos y Garantas Constitucionales, la Sala declara que, por no
hallarse incursa prima facie en aqullas, la pretensin es admisible.
As se decide..7. 2. Ahora bien, observa esta juzgadora que la Sala
09 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del rea
Metropolitana de Caracas decidi, mediante el auto de 14 de abril de
2003, que se impugn en la presente causa, que el recurso de
apelacin que el accionante ejerci contra el auto que dict la Jueza
26 del Tribunal de Juicio del predicho Circuito Judicial era,
conforme al artculo 437.b del Cdigo Orgnico Procesal Penal,
inadmisible por extemporneo; ello, porque, como se trata de una
apelacin contra auto, el lapso para la formalizacin del mismo era,
de acuerdo con el artculo 448 eiusdem, de cinco das, computables a
partir de la respectiva notificacin.
7.1. 2.1. En relacin con el referido punto dispositivo que
contiene la decisin que se impugn observa esta Sala que si bien el
accionante aleg que se dio por notificado del auto contra el cual
entonces apelaba, por cuanto el Tribunal omiti el cumplimiento de
la formalidad de practicar la notificacin que ordena la Ley, no
seal cundo realiz dicha manifestacin, mas tampoco cuestion, en su
demanda de amparo, la veracidad del cmputo que hizo la referida
legitimada pasiva. En razn de ello, esta Sala presume que tuvo razn
dicha supuesta agraviante, cuando seal que transcurri en demasa el
lapso para su interposicin (de la apelacin. Nota de la Sala); en
consecuencia, concluye que fue conforme a derecho su declaracin de
inadmisibilidad del referido recurso de apelacin, con base en el
artculo 437.b del Cdigo Orgnico Procesal Penal. As se declara. Con
fundamento en el razonamiento que se acaba de exponer, debe
concluirse, entonces, que la decisin impugnada en el presente
proceso fue dictada con fundamento legal y mediante criterios de
interpretacin y de valoracin incorporados, por la sentenciadora, en
ejercicio legtimo de sus atribuciones legales y, en consecuencia,
como no existe, por parte del tribunal denunciado, abuso de poder
ni usurpacin o extralimitacin de funciones se estima que dicho
rgano jurisdiccional actu dentro de los lmites de su competencia,
en el sentido que a esta expresin, para efectos de la
procedibilidad de la accin de amparo, le ha atribuido reiterada y
consistentemente esta Sala Constitucional. Por tal razn, la
presente demanda de amparo carece de los requisitos de
procedibilidad que, de acuerdo con reiterada doctrina de esta Sala,
son exigidos por el artculo 4 de la Ley Orgnica de Amparo sobre
Derechos y Garantas Constitucionales. As se declara. Al respecto,
se han establecido supuestos de procedencia cuyo incumplimiento
acarrea la desestimacin de la pretensin, incluso in limine litis,
pues resultara inoficioso y contrario a los principios de celeridad
y economa procesales la sustanciacin de un procedimiento cuyo nico
resultado previsible es la declaratoria sin lugar. La Sala estima,
con base en lo que antes ha quedado expuesto, que la presente
demanda de amparo constitucional carece de los presupuestos legales
de procedencia y as se declara in limine litis.7.2. 2.2. No
obstante lo que se acaba de afirmar y como quiera que el accionante
aleg que la legitimada pasiva en referencia haba omitido el debido
control ante supuestas infracciones constitucionales que estaran
contenidas en el auto contra el cual apel, esta Sala estima que es
pertinente a la revisin de la cuestin de fondo que fue resuelta en
dicho acto procesal, para la verificacin de si, efectivamente, en
el mismo hubo lesiones o agravios constitucionales que habran
debido ser apreciados por la decisin sub exmine. Pues bien, de
acuerdo con la informacin disponible en las presentes actuaciones,
observa esta Sala que la denuncia fundamental, que el entonces
recurrente hizo, est referida a la desestimacin, por parte la antes
mencionada Jueza de Juicio, del alegato que aqul present, el 13 de
marzo de 2003, contrario, en dicha oportunidad, a la apertura del
debate oral y pblico, por cuanto no se encontraban presentes los
testigos y los expertos que fueron ofrecidos por el acusador
fiscal. Sobre el particular, observa la Sala que la Jueza de Juicio
obr conforme a derecho; ello, por las razones siguientes:
7.2.1. 2.2.1. Si bien el artculo 344 del Cdigo Orgnico Procesal
Penal establece que, antes de que declare abierto el debate, el
Juez de Juicio deber comprobar la presencia de las partes, de los
expertos, de los intrpretes y de los testigos, resulta obvio que la
ausencia de los tres ltimos sujetos mencionados no es obstculo para
que se inicie la audiencia del Juicio Oral. En efecto, debe
recordarse que el debate que corresponde a este acto procesal no
est limitado al examen de los testigos, expertos e intrpretes
quienes, por cierto y contrariamente a lo que, de manera errnea,
aleg el ahora accionante, no son partes en el proceso penal-, sino
que incluye, tambin, el de las dems pruebas que hubieren sido
ofrecidas por las partes, cuya recepcin podra ser ordenada por el
Juez, para luego recibir las de los testigos, expertos e intrpretes
renuentes, cuando los mismos sean hechos comparecer al Tribunal. En
este respecto, no se puede extraer una distinta interpretacin del
artculo 335.2 del Cdigo Orgnico Procesal Penal cuando, en
concordancia con el artculo 357 del mismo, establece que el debate
se podr suspender por un plazo mximo de diez das, computados
continuamente, cuando no comparezcan los testigos, expertos e
intrpretes, cuya intervencin sea indispensable, salvo que pueda
continuarse con la recepcin de otras pruebas hasta que el ausente
sea conducido por la fuerza pblica. De la citada disposicin legal
se desprende que, aun en el caso de que las nicas pruebas a ser
examinadas fueren dichos testigos, expertos e intrpretes y stos no
se encontraren presentes en el momento del inicio de la audiencia,
el Tribunal podr, de todos modos, ordenar la apertura del debate
oral y pblico y, de inmediato, la realizacin de los actos previos a
la presentacin de pruebas, tales como las exposiciones de las
partes (artculo 344 in fine del Cdigo Orgnico Procesal Penal), la
tramitacin de las incidencias (artculo 346 eiusdem) e, incluso, la
declaracin que el imputado tenga a bien hacer (artculo 347 del
referido texto legal); asimismo, la recepcin de las pruebas que, al
momento, se encuentren disponibles para su examen y debate. Slo ser
cuando, llegada la oportunidad en la cual, sin ms demora, deban ser
presentados los testigos, expertos e intrpretes y stos no hubieren
comparecido, cuando el Juez ordene la comparecencia forzosa de los
mismos y ejerza, si lo estima pertinente, la potestad de suspender
la audiencia; ello, conforme a los citados artculos 226, 357 y 335
de la precitada ley adjetiva.
Se concluye, entonces, que la Jueza de Juicio en referencia actu
conforme a derecho y, adicionalmente, no lesion derecho fundamental
alguno, porque su decisin no menoscab la realizacin del debate,
sino, ms bien, evit o previno indeseables e indebidas demoras en el
proceso, con lo cual result amparado el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva que reconoce el artculo 26 de la
Constitucin y cuya lesin haba denunciado la actual parte
actora.
7.3. 2.3. Por otra parte, tampoco tuvo razn el accionante cuando
aleg que, como consecuencia de la apertura del debate oral y
pblico, se le priv de una de las dos oportunidades que establece la
ley para la prctica de las pruebas en referencia; esto es, en la
apertura del debate y en la continuacin del mismo, en el evento de
que hubiera sido suspendido. Pues bien, esta Sala debe recordar a
la parte actora que las referidas pruebas no tienen dos sino slo
una oportunidad de presentacin en el debate oral y pblico; esto es,
cuando, luego de la declaracin de apertura del debate y en el curso
continuo de ste, se llegue, de acuerdo con el artculo 353 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, al momento de la recepcin de las pruebas,
en el orden que indican los artculos 354, 355, 358 y 359 eiusdem; o
bien, slo excepcionalmente, cuando, por razn de que no se
encuentren disponibles los precitados sujetos, stos no puedan ser
odos y examinados en dicha oportunidad y, por tal motivo, el Juez
de Juicio ordene la conduccin forzosa de testigos o de peritos
renuentes y, si fuere necesario, disponga la suspensin de la
audiencia hasta que se haga efectiva la comparecencia de los
mismos, que ser, entonces, cuando habrn de ser evacuadas las
pruebas en cuestin; sin perjuicio, en todo caso, de la eventual
prescindencia de dichas probanzas, de conformidad con el artculo
357 in fine del citado cdigo procesal, as como de la investigacin a
que pueda dar lugar la incomparecencia del testigo, segn el segundo
prrafo del artculo 226 del mismo texto legal.
En el presente caso, por cuanto, en la primera de las citadas
oportunidades, no estaban incorporados a la audiencia los testigos
y peritos que ofreci la representacin fiscal, no resultaba lesin
alguna a derechos fundamentales de dicha parte, derivada de la
apertura del debate in absentia de las referidas pruebas, por
cuanto el acusador aun contaba con la posibilidad de un segundo
momento para la presentacin de dichas pruebas. No estando
acreditado que la precitada Jueza de Juicio hubiera, por accin o
por omisin, privado al actual accionante de su derecho a presentar
los testigos o expertos que ofreci, estima esta Sala que tampoco,
en este particular, existe lesin constitucional que interese al
orden pblico, la cual deba ser subsanada, aun de oficio. As se
declara.
7.4. 2.4. Por ltimo, denunci el accionante un vicio que tachara
de nulidad absoluta la audiencia del Juicio Oral que corresponde al
proceso penal en referencia, por cuanto la Jueza de Juicio habra
inaugurado el debate oral, sin que el Ministerio Pblico expusiera
su acusacin, tomando declaracin al imputado y leyendo algunas de
las actuaciones cursantes en autos, para luego suspender el debate
hasta nueva fecha.... En relacin con tal particular, observa la
Sala que la referida denuncia versa sobre una supuesta alteracin
del orden de sucesin de los actos que corresponden a la audiencia
del Juicio Oral. En este sentido, se aprecia que, contrariamente a
lo que expres la parte actora, tal alteracin, en el caso de que el
acusador hubiera considerado que la misma constitua el vicio que
aleg, poda ser subsanada en la misma audiencia. El Fiscal debi
recordar que, conforme a la Constitucin y la Ley Orgnica que regula
la actuacin del Ministerio Pblico, l debi velar por la observancia
de la Constitucin y de la ley, de suerte que si, en su criterio, el
juez haba incurrido en la predicha infraccin legal, el referido
Fiscal debi hacer, oportunamente, la correspondiente advertencia a
la Jueza de Juicio, a fin de que sta retomara el orden legal de
realizacin de los actos del Juicio Oral. Se trata, por lo dems, de
un error no esencial, que no alter el contenido sino las formas del
referido acto procesal y que, en todo caso, hubiera podido ser
corregido si el Fiscal accionante hubiera actuado con diligencia en
el ejercicio de las atribuciones y deberes que la Constitucin y la
Ley le sealan. Por otra parte, estima esta Sala que si algn agravio
produjo la denunciada alteracin en el orden procesal, el mismo no
habra afectado derechos fundamentales del Ministerio Pblico el
cual, no obstante la irregularidad que denunci, conserv, incluso,
la potestad de ampliar su acusacin, pues sta slo poda ser
presentada en la oportunidad que seala el artculo 351 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal-, sino, en todo caso, del imputado, pues ste
habra tenido que responder a una acusacin que no haba sido, an,
expuesta en la audiencia del Juicio Oral. Pero es que, en dicho
caso, tampoco se aprecia que la infraccin al rgimen procesal que se
denunci tuviera entidad de agravio constitucional, pues si el
acusado hubiera decidido declarar, l deba tener certeza de cules
eran los trminos de la acusacin y pudo instrumentar adecuadamente
su defensa; en otros trminos, se presume que el encausado conoca
suficientemente una acusacin que ya haba sido admitida en la
Audiencia Preliminar y se encontraba insertada en el expediente, al
cual dicha parte tuvo acceso, y de cuyo contenido, por tanto,
tambin se presume que tanto el procesado como su defensor tenan
suficiente conocimiento. Del presente anlisis se concluye,
entonces, que, en lo que respecta a la denuncia sub examine, no se
produjo agravio a derecho fundamental alguno por la cual, en razn
de que estn involucradas razones del orden pblico, deba ser
activada, aun de oficio, la correspondiente tutela constitucional.
As se declara. Adicionalmente, estima esta Sala que, en el supuesto
de que la denuncia que se refiri en el prrafo anterior se
correspondiera con la verdad, la misma tuvo como fundamento un
error formal que no implica lesin constitucional, por cuanto el
mismo accionante reconoci que, al final, la Jueza de Juicio
suspendi la audiencia del debate, con la finalidad de hacer traer a
la misma a los testigos y expertos que ofreci el Fiscal, razn por
la cual se trata de un acto procesal que no ha concluido y dentro
del cual aun habra posibilidad de subsanar el supuesto error sobre
el cual versa la presente denuncia. En consecuencia, concluye la
Sala que la supuesta omisin judicial que se examina no constituye
un agravio a derecho fundamental alguno que afecte el orden pblico
y requiera, por tanto, que, aun de oficio, se active la tutela
constitucional.
8. 3. En relacin con la segunda decisin que denunci en esta
causa, esto es, la que pronunci, el 19 de mayo de 2003, la Sala n.
10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del rea
Metropolitana de Caracas, por la cual declar inadmisible el recurso
de nulidad que el actual accionante ejerci contra el antes referido
auto, de 10 de marzo de 2003, por el cual la Jueza Vigsima Sexta de
Juicio del predicho Circuito Judicial, esta sentenciadora observa
que la legitimada pasiva decidi la inadmisibilidad del recurso de
nulidad sobre la base de que el mismo no es la va idnea de
impugnacin, pues bien poda haber agotado las vas de revocacin,
recursos de apelacin o casacin si fuere el caso-...; ello, con
fundamento en un criterio que, supuestamente, habra expresado la
Sala Constitucional, en su fallo n. 880, de 29 de mayo de 2001. Tal
interpretacin del referido pronunciamiento no se corresponde con el
espritu ni con la letra del mismo. En efecto, lo que en dicho fallo
se afirm es que el juez de la primera instancia constitucional, con
base en el artculo 6.5 de la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y
Garantas Constitucionales, declar, de manera errada, la
inadmisibilidad de la accin de amparo contra el acta que se levant
con ocasin de una audiencia de presentacin de imputado, por cuanto
el demandante del mismo haba ejercido un medio preexistente: el
recurso de nulidad de dicha acta, siendo que, conforme al criterio
que entonces sostena la Sala, tal recurso no estaba concebido,
dentro del Cdigo Orgnico Procesal Penal, como un medio recursivo
ordinario y no poda, por tanto, ser opuesto como un supuesto de
inadmisibilidad, conforme al precitado artculo 6.5; mas, en ningn
caso, estableci la Sala, en el invocado fallo, que, en el proceso
penal, la admisibilidad del recurso de nulidad estuviera
condicionada al ejercicio previo de medios recursivos
preexistentes, como los recursos de revocacin y apelacin, ello, sin
perjuicio de la doctrina posterior que, a tal respecto, estableci y
sostiene esta sentenciadora, en su fallo n. 349, de 26 de febrero
de 2002 (caso M. A. Prez H. Y otros):
Segn expresaron las accionantes de autos, la presente accin de
amparo constitucional fue ejercida, conjuntamente, con la de
nulidad, para la impugnacin de la referida decisin de admitir la
solicitud fiscal de sobreseimiento. A tal respecto, debe recordarse
que esta Sala ha establecido: Ahora bien, el fallo que se denuncia
como lesivo de derechos constitucionales es de aqullos a los cuales
se refiere el artculo 439 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, por lo
que, a tenor del mismo, los accionantes en amparo tenan a su
disposicin el recurso de apelacin en contra de la decisin contra la
cual ejercieron la presente accin de amparo. A la vez, no obra en
autos elemento alguno demostrativo de la falta de idoneidad del
recurso de apelacin para obtener, por su intermedio, la suspensin
de los efectos de la sentencia causante del agravio... (sentencia
de 25 de enero de 2001; caso Vctor Garca Rojas y otros); criterio
este aplicable, mutatis mutandis, al caso bajo anlisis, toda vez
que la nulidad viene a constituir, igualmente, un recurso ordinario
preexistente del cual poda disponer, como, en efecto, dispuso, la
aludida parte actora. Se trata de un medio que, adems de
preexistente, es indiscutiblemente idneo para la actuacin procesal,
en favor de los intereses jurdicos cuya proteccin se pretende en
esta causa; ms eficaz, incluso, en trminos temporales y de menor
complejidad procesal que el mismo amparo, habida cuenta de que la
nulidad es decidida conforme a las sencillas reglas de los artculos
212 y 194 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.. (resaltado, por la
Sala). Tampoco es cierto que, de la referida decisin de esta Sala,
en la cual se sustent la legitimada pasiva, se derive la conclusin
de que, de la nulidad, deba conocer, necesariamente, el mismo juez
que dict el acto que se impugne. Por el contrario, esta Sala ha
expresado, en muchas oportunidades, su seria reserva sobre la
imparcialidad del juez que conozca de las impugnaciones contra sus
propias actuaciones. As, en su fallo de 20 de enero de 2000 (caso
E. Mata M.), la Sala estableci:
Consecuencia de la doctrina expuesta es que el llamado amparo
sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o
un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque
no hay razn alguna para que el juez que dict un fallo, donde ha
debido ser cuidadoso en la aplicacin de la Constitucin, revoque su
decisin, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la
mayor inseguridad jurdica y rompiendo as el principio, garante de
tal seguridad jurdica, que establece que dictada una sentencia
sujeta a apelacin, ella no puede ser reformada o revocada por el
Juez que la dict, excepto para hacer las aclaraciones dentro del
plazo legal y a peticin de parte. Tal principio recogido en el
artculo 252 del Cdigo de Procedimiento Civil est ligado a la
seguridad jurdica que debe imperar en un estado de derecho, donde
es de suponer que las sentencias emanan de jueces idneos en el
manejo de la Constitucin, y que por tanto no puedan estar
modificndolas bajo la peticin de que subsane sus errores. Las
violaciones a la Constitucin que cometan los jueces sern conocidas
por los jueces de la apelacin, a menos que sea necesario
restablecer inmediatamente la situacin jurdica infringida, caso en
que el amparo lo conocer otro juez competente superior a quien
cometi la falta, diferente a quien sentenci u orden el acto que
contiene la violacin o infraccin constitucional, en estos casos,
los que apliquen los artculos 23, 24 y 26 de la Ley Orgnica de
Amparo Sobre Derechos y Garantas Constitucionales. La doctrina que
se acaba de transcribir ha sido ratificada posteriormente, as como
ampliado sus alcances; extensin esta que, sin duda, debe incluir
hasta el supuesto que actualmente se examina. En tal sentido,
recuerda esta sentenciadora que, en su decisin de 25 de marzo de
2003 (caso W. A. Mora), estableci que:
...Por otra parte, debe recordarse que el acto administrativo,
que en la presente causa se impugn, es una decisin de cuya
reconsideracin deba conocer el funcionario que era no slo el mismo
que tom la decisin contra la cual se recurrira, en sede
administrativa, sino que, por aadidura, vena a ser la misma vctima,
real o supuesta, del agravio por causa del cual orden el arresto
disciplinario contra el quejoso de autos, mediante el fallo que
motiv el ejercicio de la actual accin de amparo. Al respecto,
resulta pertinente la ratificacin de lo que esta Sala estableci, en
su sentencia de 20 de enero de 2000 (caso E. Mata Milln), la cual,
en cuanto a la duda grave y razonable que plantea sobre la
objetividad e imparcialidad de un juez que deba conocer de acciones
o recursos que se ejerzan contra sus propias decisiones, es,
mutatis mutandi, pertinente y perfectamente aplicable al caso sub
examine, cuando estableci que: ...Consecuencia de la doctrina
expuesta es que el llamado amparo sobrevenido que se intente ante
el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta
Sala que es inconveniente.... No obstante el anterior razonamiento,
estima esta Sala que, en la impugnada decisin que ahora se examina,
se incurri en un error de juzgamiento que no lesion derecho
fundamental alguno del accionante, por cuanto, aun cuando hubiera
sido admisible el recurso de nulidad que dicha parte intent contra
el precitado auto de la Jueza 26 de Juicio, el mismo, en
definitiva, tendra que haber sido declarado improcedente, con base
en los mismos criterios con los cuales se acaba de afirmar la
validez de la referida decisin del Tribunal de Juicio. Con base en
las razones que se acaban de exponer, estima esta Sala que, al
igual que en el caso del antes examinado auto que produjo la Sala
n. 09 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
rea Metropolitana de Caracas, la presente demanda de amparo
constitucional, en lo que concierne a la presente impugnacin,
carece de los presupuestos legales de procedencia del amparo
constitucional contra decisiones judiciales, conforme al artculo 4
de la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y Garantas
Constitucionales y as se declara in limine litis.
v
DECISIN
1. 1. Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre
de la Repblica y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in
limine litis la demanda de amparo que ejerci el abogado PEDRO A.
BELISARIO FLAMES, Fiscal Dcimo Sexto del Ministerio Pblico de la
Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas, contra
los referidos autos que, el 14 de abril y el 19 de mayo, ambos de
2003, dictaron, respectivamente, las Salas 09 y 10 de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial de la precitada Circunscripcin
Judicial.
Publquese, regstrese y notifquese.
Dada, firmada y sellada en el Saln de Despacho de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los
11 das del mes defebrero de dos mil cuatro. Aos: 193 de la
Independencia y 144 de la Federacin.
El Presidente,
IVN RINCN URDANETA
El Vicepresidente,
JESS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOS MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
ANTONIO JOS GARCA GARCA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDN HAAZ
Magistrado-Ponente
El Secretario,
JOS LEONARDO REQUENA CABELLOPRRH.sn.ar.
Exp. 03-1519
