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MXICOEstados Unidos Mexicanos
Jefe del Estado y del gobierno: Enrique Pea Nieto
Persista la impunidad por violaciones
graves de derechos humanos, como la
tortura y otros malos tratos, las
desapariciones forzadas y las ejecuciones
extrajudiciales. Ms de 27.000 personas
permanecan desaparecidas o en paradero
desconocido. Continuaban las amenazas, el
acoso y los homicidios contra periodistas y
defensores y defensoras de los derechos
humanos. La cifra de detenciones,
expulsiones y denuncias de abusos contra
personas migrantes en situacin irregular a
manos de las autoridades aument
considerablemente. La violencia contra las
mujeres segua siendo generalizada. Se
llevaban a cabo proyectos de desarrollo engran escala y
proyectos de explotacin de
los recursos naturales sin contar con un
marco jurdico sobre el consentimiento
libre, previo e informado de las
comunidades indgenas afectadas. La
Suprema Corte de Justicia confirm el
derecho de las parejas del mismo sexo a
contraer matrimonio y adoptar nios o
nias.
INFORMACIN GENERALEn 2015 el presidente Pea Nieto alcanz la
mitad de su mandato de seis aos. El Partido
Revolucionario Institucional, en el poder,
mantuvo la mayora en las elecciones
celebradas para renovar la cmara baja del
Congreso; varios estados eligieron
gobernadores y otros representantes locales.
En mayo se promulg una nueva Ley
General de Transparencia que reforzaba la
proteccin del derecho de acceso a la
informacin.
El gobierno defendi sus reformas
educativas frente a las protestas masivas de
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sindicatos de docentes y movimientos
sociales. Proces a integrantes de sindicatos
de docentes en casos que parecan obedecer
a motivos polticos, y en octubre transfiri a
cuatro acusados a un centro penitenciario de
mxima seguridad.El plan de seguridad de 10 puntos,
anunciado por el presidente Pea Nieto en
noviembre de 2014 tras la celebracin de
manifestaciones multitudinarias contra la
desaparicin forzada de 43 estudiantes, dio
lugar a que varios gobiernos estatales
asumieran el control de la polica municipal;
adems, el Congreso estaba tramitando un
proyecto de ley para crear zonas econmicas
especiales en el empobrecido sur. Seguan
pendientes de aplicacin otras medidas del
paquete, como una nueva legislacin sobre la
tortura y sobre las desapariciones forzadas.
El porcentaje de personas que vivan por
debajo del umbral de pobreza aument del
45,5 % al 46,2 % entre 2012 y 2014, segn
datos oficiales publicados en julio. La cifra de
personas en situacin de extrema pobreza se
redujo del 9,8 % al 9,5 % durante el mismoperiodo.
En abril, la Suprema Corte de Justicia
resolvi que la detencin preventiva sin
cargos (arraigo) durante 40 das prctica
condenada por varios rganos de vigilancia
de los tratados era constitucional en casos
de delitos graves.
POLICA Y FUERZAS DE SEGURIDADLa violencia relacionada con la
delincuenciaorganizada segua siendo motivo de honda
preocupacin. A pesar de que las cifras
oficiales informaban de un ligero incremento
en el nmero de homicidios, que pas de
35.930 entre enero y diciembre de 2014 a
33.017 entre enero y noviembre de 2015,
dichas cifras combinaban los homicidios no
premeditados y los asesinatos, obviando el
hecho de que la cifra media mensual de
asesinatos haba aumentado. Aunque se
desplegaron menos soldados en operaciones
destinadas a hacer cumplir la ley, se
siguieron atribuyendo numerosas violaciones
de derechos humanos a las fuerzas armadas.
Haba planes para incrementar la presencia
de elementos de la Marina que
desempearan funciones de mantenimiento
del orden pblico.
Las violaciones de derechos humanos a
manos de las fuerzas armadas y la policaseguan siendo
habituales, especialmente en
los estados de Tamaulipas, Michoacn y
Guerrero, donde se llevaban a cabo grandes
operaciones de seguridad.
En abril, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos consider que la reforma
del Cdigo de Justicia Militar de 2014 no
cumpla plenamente varias de sus sentencias
anteriores, ya que no exclua de la
jurisdiccin militar las violaciones de
derechos humanos cometidas contra
miembros de las fuerzas armadas. El
Congreso no introdujo en el Cdigo reformas
adicionales para ajustarlo a las sentencias de
la Corte.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALESLos autores de ejecuciones
extrajudiciales
seguan gozando de una impunidad casiabsoluta. Por segundo ao
consecutivo, las
autoridades no publicaron estadsticas sobre
la cifra de personas muertas o heridas en
enfrentamientos con la polica y las fuerzas
militares en el contexto de la lucha contra la
delincuencia organizada.
Segn informacin publicada por
periodistas, 16 personas desarmadas
murieron a manos de agentes de la policafederal y otras fuerzas
de seguridad en
Apatzingn, Michoacn, en enero. La
Comisin Nacional de los Derechos Humanos
orden una investigacin sobre estas
muertes. Ms de 40 personas murieron en
mayo en una operacin policial en Tanhuato,
Michoacn. Las investigaciones sobre esos
delitos no se hicieron pblicas, y al finalizar el
ao no se haba procesado a nadie.
En junio, la ONG Centro Prodh desvel que
la orden militar de abatir delincuentes
(cuyo significado en ese contexto era
matar) fue fundamental en las operaciones
llevadas a cabo en 2014 en Tlatlaya, estado
de Mxico, en las que el ejrcito mat a 22
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presuntos miembros de una banda. Las
autoridades afirmaron que se haba tratado
de un tiroteo con hombres armados, pero la
Comisin Nacional de los Derechos Humanos
y una comisin especial de investigacin del
Congreso concluyeron por separado que lamayora de los fallecidos
haban sido abatidos
cuando ya no representaban una amenaza.
Siete soldados fueron arrestados, pero slo
tres seguan encarcelados en espera de juicio
al concluir el ao. La Procuradura General de
la Repblica no investig a ningn oficial del
ejrcito ni a otras personas con
responsabilidad de mando que no haban
impedido ni detenido dichos delitos.
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOSLa tortura y otros malos tratos
seguan siendo
generalizados en el desempeo de los
agentes de investigacin y los encargados de
hacer cumplir la ley, y apenas se avanz en
su erradicacin. Las autoridades negaban la
magnitud del problema, mientras persistan
las denuncias de tortura tanto en el mbito
federal como estatal. El gobierno no pudoproporcionar informacin
en relacin con
cargos presentados o condenas impuestas en
el mbito federal. En abril, tres policas fueron
acusados de tortura en el estado de Baja
California; los cargos fueron sobresedos por
un juez, y el Ministerio Pblico apel contra
ese sobreseimiento.
Se anunciaron novedades legislativas y
polticas para hacer frente a la tortura, entreellas la
publicacin de unas directrices de la
Procuradura General de la Repblica para la
investigacin interna de la tortura. El 10 de
diciembre, el presidente Pea Nieto present
al Congreso una iniciativa de Ley General
contra la Tortura, consecuencia de una
reforma constitucional que permita al
Congreso legislar sobre la tortura y las
desapariciones en los mbitos tanto federal
como estatal.
Como en aos anteriores, en la mayora de
los casos no se aplicaron los dictmenes
forenses especializados de la Procuradura
General de la Repblica para supuestos de
posible tortura; haba ms de 1.600
peticiones pendientes de tramitacin.1En
general, los funcionarios no aplicaban el
procedimiento dispuesto en los principios del
Protocolo de Estambul. En muchos casos, sin
un dictamen mdico oficial, las
investigaciones de los casos de tortura y otrosmalos tratos no
avanzaban. Los expertos
mdicos independientes seguan
encontrando obstculos para desempear su
trabajo y para que sus dictmenes fueran
admitidos como prueba en procesos penales.
En septiembre, en su primera resolucin
relativa a Mxico, el Comit de las Naciones
Unidas contra la Tortura concluy que, en
2009, la tortura a manos de soldados de
cuatro hombres, que haban sido acusados
de delitos entre los que figuraba el secuestro,
haba violado la Convencin de la ONU contra
la Tortura. Tras la resolucin, los cuatro
hombres fueron absueltos de todos los
cargos; sin embargo, al concluir el ao los
soldados no haban sido acusados
formalmente.
DESAPARICIONES FORZADASLas desapariciones forzadas con
implicacin
del Estado y las desapariciones perpetradas
por agentes no estatales seguan siendo una
prctica generalizada. Al terminar el ao, el
gobierno inform de que 27.638 personas
(20.203 hombres y 7.435 mujeres) se
hallaban en paradero desconocido, pero no
especific cuntas de ellas haban sido
sometidas a desaparicin forzada. Por logeneral, las pocas
investigaciones criminales
sobre esos casos presentaban deficiencias, y
las autoridades no buscaban a las vctimas.
La impunidad por esos crmenes segua
siendo casi absoluta. En octubre, la
procuradora general de la Repblica cre una
Fiscala Especializada para que se encargara
de los casos de personas desaparecidas o en
paradero desconocido.
Varios grupos de vctimas y familiares,
junto con organizaciones de derechos
humanos, abrieron un debate nacional y
presentaron una serie de propuestas para su
inclusin en la Ley General sobre
Desapariciones Forzadas. El 10 de diciembre,
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el presidente Pea Nieto envi al Congreso
un proyecto de ley que no cumpla las
normas internacionales.
En enero, el entonces procurador general
de la Repblica volvi a afirmar que los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural deAyotzinapa, estado de
Guerrero, que haban
sido sometidos a desaparicin forzada en
septiembre de 2014 y seguan en paradero
desconocido, haban sido asesinados,
incinerados y arrojados a un ro. Se
identificaron los restos mortales de un
estudiante, pero el paradero de los otros 42
segua sin revelarse. En septiembre, el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), nombrado por la Comisin
Interamericana de Derechos Humanos,
determin que la investigacin presentaba
graves deficiencias y que las condiciones del
lugar hacan imposible que se hubieran
podido incinerar los cadveres del modo
descrito por las autoridades. El GIEI confirm
que unos agentes de inteligencia militar
vestidos de civil haban seguido y vigilado a
los estudiantes durante los ataques y lasdetenciones, y que las
autoridades
municipales, estatales y federales haban
estado al corriente de dichos ataques. Al
concluir el ao, un centenar de personas
haban sido arrestadas y estaban siendo
juzgadas, pero no se haba acusado a
ninguna de ellas de desaparicin forzada.
PERIODISTAS Y DEFENSORES YDEFENSORAS DE LOS DERECHOSHUMANOSLos
periodistas y los defensores y defensoras
de los derechos humanos continuaron siendo
vctimas de amenazas, hostigamiento,
agresiones y asesinatos. Las personas que
defendan el medio ambiente y los derechos a
la tierra continuaban corriendo especial
peligro. Varios periodistas que trabajaban en
temas relacionados con el estado de Veracruz
fueron asesinados. El Mecanismo de
Proteccin para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas
(mecanismo federal) careca de recursos y
coordinacin, lo que daba lugar a que los
defensores y defensoras de los derechos
humanos y los periodistas no recibieran
proteccin adecuada. Tres aos despus de
la creacin del Mecanismo se estableci la
Unidad de Prevencin, Seguimiento y
Anlisis. La cifra de peticiones de proteccinen virtud del
Mecanismo se mantuvo
constante, y aproximadamente el 90 % de las
peticiones eran aceptadas. Persista la
impunidad por amenazas y agresiones.
En junio, el periodista maya Pedro Canche
fue puesto en libertad tras pasar nueve
meses detenido en espera de juicio por
cargos infundados de sabotaje, presentados
contra l como represalia por ejercer
pacficamente su derecho a la libertad de
expresin. Otros periodistas continuaron
sufriendo el hostigamiento de las autoridades,
y algunos de ellos huyeron de sus lugares de
residencia o abandonaron su trabajo por
temor a las represalias. En julio, el reportero
grfico Rubn Espinosa Becerril, la activista
Nadia Dominique Vera Prez y tres mujeres
ms aparecieron sin vida en un apartamento
de Ciudad de Mxico. Tanto Rubn Espinosacomo Nadia Vera haban
abandonado el
estado de Veracruz meses antes a causa de
amenazas.
LIBERTAD DE REUNINLa Suprema Corte de Justicia segua
analizando la impugnacin de la Ley de
Movilidad de Ciudad de Mxico de 2014.
Dicha ley amenazaba la libertad de reuninpacfica por medios
tales como un rgimen
de autorizacin previa para la celebracin de
manifestaciones, la falta de disposiciones
sobre manifestaciones espontneas y la
facultad del gobierno de prohibir la
celebracin de protestas en lugares
especficos. Amnista Internacional y otras
organizaciones internacionales presentaron
ante la Corte un informe conjunto de amicus
curiaeen el que alegaban que algunas
disposiciones de la ley violaban las normas
del derecho internacional.
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LASNIASLa violencia contra las
mujeres y las nias
segua siendo endmica, e inclua homicidios,
secuestros y violencia sexual. El Sistema
Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicarla Violencia contra
las Mujeres anunci por
primera vez la activacin de un mecanismo
de Alerta de Gnero en el estado de
Morelos y en reas del estado de Mxico. La
Alerta de Gnero estaba concebida para
movilizar a las autoridades en la lucha contra
la extendida violencia de gnero y obtener de
ellas una respuesta oficial eficaz frente a los
casos de violencia.
En julio, cinco hombres fueron condenados
a cadenas perpetuas mltiples por el
secuestro, la explotacin sexual y el homicidio
en Ciudad Jurez localidad fronteriza con
Estados Unidos de 11 mujeres cuyos restos
mortales fueron hallados en 2012 en el
desierto que rodea la ciudad. La sentencia
del tribunal reconoca el carcter endmico
de la violencia de gnero en la zona, y
ordenaba nuevas investigaciones paradeterminar la implicacin de
otras personas
en esos delitos.
DERECHOS DE LAS PERSONASREFUGIADAS Y MIGRANTESLas personas
migrantes y solicitantes de asilo
que atravesaban Mxico continuaban siendo
vctimas de secuestros colectivos, extorsin,
desapariciones y otros abusos a manos degrupos de delincuencia
organizada, que a
menudo actuaban en connivencia con
agentes estatales. La mayora de los
secuestros de los que se tuvo noticia tuvieron
lugar en el estado de Tamaulipas. Persistan
los ataques masivos de grupos delictivos
contra personas migrantes en todo el pas sin
que se emprendiera ninguna investigacin
adecuada, y sin que las vctimas tuvieran
acceso a la justicia y la reparacin. En junio,
varios hombres armados atacaron a un grupo
de aproximadamente 120 personas migrantes
centroamericanas en el estado de Sonora; al
terminar el ao no se haba llevado a cabo
ninguna investigacin. Una comisin de
expertos forenses creada en 2013 para
identificar los restos mortales de las personas
migrantes masacradas en San Fernando,
Tamaulipas, y municipios cercanos inform
sobre la identificacin de las vctimas a sus
familiares en Centroamrica. Las autoridadessiguieron
obstaculizando el trabajo de la
Comisin reteniendo informacin y
complicando la entrega de los restos mortales
a las familias.
El flujo de personas refugiadas y migrantes
desde Centroamrica continu aumentando;
muchas de ellas abandonaban sus pases
huyendo de la violencia.
La aplicacin del Plan Frontera Sur dio
lugar a un incremento de las expulsiones y
detenciones de personas migrantes que
entraban en el pas. Hasta noviembre,
178.254 personas migrantes en situacin
irregular haban sido capturadas y detenidas
por el Instituto Nacional de Migracin, frente
a las 127.149 de 2014; sin embargo, este
aumento no se vio reflejado en un incremento
proporcional del nmero de solicitudes de
asilo concedidas. Mxico super a EstadosUnidos en expulsiones de
personas migrantes
provenientes de Centroamrica. Se
registraron denuncias de que las autoridades
de migracin, la polica y el ejrcito llevaban a
cabo operaciones conjuntas de mano dura a
lo largo de toda la frontera sur de Mxico.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDGENAS
El pas segua sin contar con un marcojurdico sobre el derecho de
los pueblos
indgenas al consentimiento libre, previo e
informado respecto a los proyectos de
infraestructura que afectaran a sus tierras y a
su modo de vida tradicional. Dos lderes
indgenas yaquis que haban sido
encarcelados por protestar contra la
construccin de un acueducto fueron puestos
en libertad por falta de pruebas. No obstante,
el acueducto sigui funcionando aun despus
de que una autoridad antropolgica nacional
concluyera que amenazaba la supervivencia
de la comunidad indgena.
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ESCRUTINIO INTERNACIONALEl gobierno reaccion con dureza ante
las
crticas internacionales sobre su historial de
derechos humanos. En marzo se cuestion
pblicamente al relator especial de ONU
sobre la tortura despus de que publicara uninforme que describa
la tortura como una
prctica generalizada en el pas. El gobierno
declar que el informe sobre Mxico del
Comit de la ONU contra la Desaparicin
Forzada no aporta[ba] elementos
adicionales para abordar el problema.
En mayo, la Suprema Corte de Justicia
resolvi que el pas no tena obligacin de
cumplir las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
relacionadas con las restricciones de los
derechos humanos contenidas en la
Constitucin. El fallo contravena el derecho
internacional y amenazaba con perpetuar
violaciones de derechos humanos como el
arraigo.
En septiembre, por primera vez desde
1996, la Comisin Interamericana de
Derechos Humanos visit Mxico paraevaluar la situacin de los
derechos
humanos. En sus observaciones preliminares,
la Comisin subray, entre otras cosas, los
problemas relativos a la tortura, las
desapariciones forzadas, la violencia contra
las mujeres y las ejecuciones extrajudiciales,
y expres preocupacin por la impunidad de
esos delitos. El alto comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanosvisit el pas con un
propsito similar y
declar que haba un amplio consenso
nacional, regional e internacional sobre la
gravedad de la situacin actual de los
derechos humanos en Mxico.
Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de tortura
en1.
Mxico contina (AMR 41/2676/2015)
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![01 Informe Nacional Sobre La Educacion Superior en Mexico[1]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5571fc674979599169972f18/01-informe-nacional-sobre-la-educacion-superior-en-mexico1.jpg)
