Alejandra Frausto Guerrero Felipe Arturo Ávila Espinosa · 2020. 10. 8. · Me gustaría discutir cómo se llega a defi-nir el proyecto de la economía nacional y consecuentemente

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto GuerreroSecretaria de Cultura

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO

Felipe Arturo Ávila EspinosaDirector General

M É X I C O 2 0 2 0

Portada: Manifestación en apoyo al presidente Lázaro Cárdenas, 1938, Archivo Gráfico El Nacional, Fondo Temático, Sobre: 306-G. Archivo inehrm.

Ediciones impresas: Primera edición, inehrm, 2009.

Ediciones en formato electrónico: Primera edición, inehrm, 2020.

D. R. © Alicia Hernández Chávez, D. R. © Marcos Tonatiuh Águila M., D. R. © Lucio Cabrera Acevedo†, D. R. © Lourdes Celis Salgado, D. R. © Begoña Hernández y Lazo†, D. R. © Antonio Escobar Ohmstede Israel Sandre Osorio, D. R. © José Mario Contreras Valdez, D. R. © José Luis Sierra Villarreal, D. R. © Javier Garciadiego Dantán, D. R. © Pablo Serrano Álvarez, D. R. © Alicia Gojman de Backal, D. R. © Javier Mc Gregor Campuzano, D. R. © Silvia González Marín†, D. R. © Carlos González, D. R. © Carmen Ramos Escandón, D. R. © Anna Ribera Carbó, D. R. © María Teresa Aguirre C., D. R. © Martha B. Loyo

D. R. © Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm), Francisco I. Madero núm. 1, Colonia San Ángel, C. P. 01000, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. www.inehrm.gob.mx

ISBN Obra completa: 978-607-549-183-7 Tomo I: 978-607-549-185-1

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura.

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H E C H O E N M É X I C O .

[ 5 ]

Índice

EL SINDICALISMO

Razón de Estado versus sindicalismo petrolero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Alicia Hernández Chávez

La gran depresión: en la raíz del cardenismo Marcos Tonatiuh Águila M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

La actuación de la primera Suprema Corte de Justicia de 1917 a 1919 como antecedente de la expropiación petrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Lucio Cabrera Acevedo†

Lázaro Cárdenas, la formación del sindicato petrolero y la expropiación petrolera (1935-1938) . . . . . . . . . 143 Lourdes Celis Salgado

La administración obrera del gremio ferrocarrilero . . . . . . . . . . 193Begoña Hernández y Lazo†

CUESTIÓN AGRARIA

El agua subsumida en la tierra. La reforma agraria en el cardenismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Antonio Escobar Ohmstede / Israel Sandre Osorio

6 ÍNDICE

Política agraria y movilización campesina en México (1934-1940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259José Rivera Castro

La tierra y la política agraria en Nayarit en la década de 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287José Mario Contreras Valdez

1937, el reparto de los henequenales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301José Luis Sierra Villarreal

OPOSICIONES

La oposición de las clases medias al cardenismo: contexto en el que nace Acción Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Javier Garciadiego Dantán

Salvador Abascal: líder opositor al cardenismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Pablo Serrano Álvarez

Nicolás Rodríguez: líder de los camisas doradas en la época de Lázaro Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411Alicia Gojman de Backal

PROCESOS ELECTORALES

Elecciones federales intermedias en la Ciudad de México durante el cardenismo, 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445Javier Mc Gregor Campuzano

Las complejas relaciones entre la prensa y el gobierno cardenista: las elecciones de 1940 . . . . . . . . . . 481Silvia González Marín†

1940: Camarillas, conflictos y elecciones. El estreno del sistema político mexicano en Chihuahua . . . . . . . . . . . . . . 513Carlos González

Mujer y poder en el cardenismo. El debate por el sufragio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533Carmen Ramos Escandón

EL CARDENISMO: COMPAÑEROS Y ADVERSARIOS

Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica: entre el radicalismo y la legalidad institucional . . . . . . . . . 559Anna Ribera Carbó

Las ideas de la izquierda en torno al problema agrario . . . . 579María Teresa Aguirre C.

Cárdenas y Calles: amigos y adversarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649Martha B. Loyo

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685

El Sindicalismo

[ 11 ]

Razón de Estado versus sindicalismo petrolero

Alicia Hernández Chávez El Colegio de México (Colmex)

L a expropiación de la industria del petróleo, el 18 de marzo de 1938 expuso con especial crudeza la irrecon-ciliable posición entre “interés de la nación” y el “interés de los trabajadores”. Me gustaría discutir cómo se llega a defi-nir el proyecto de la economía nacional y consecuentemente el de nación durante el periodo presidencial de Lázaro Cár-denas, para luego poner en tela de juicio la idea de una clase obrera que se pretende presentar como monolítica. Quisiera asimismo relacionar un supuesto básico de esa época que presume que el proletariado es “vanguardia” y por natura solidario con el interés de la nación.

La economía nacionaL

Inició por la formulación del concepto de economía nacio-nal, del cual deriva la política cardenista en materia de ener-géticos. La expropiación de la industria petrolera respondió a un programa que se diseñó en 1935 y que se fundó en la reestructuración político-económica del país bajo la rectoría del Estado. A su vez esta rectoría se sustentó en dos premi-sas: la intervención directa del Estado en áreas económicas

12 ALICIA HERNÁNDEZ CHÁVEZ

estratégicas, como energéticos y comunicaciones, bajo la im-plícita colaboración o alianza del proletariado con el Estado.1 Los principios de la rectoría de Estado se basaron en dos documentos: el Plan Sexenal del pnr (Partido Nacional Re-volucionario) (1933) y el Plan Nacional de Desarrollo (1935) que formuló el gobierno. Ambos expresan en términos eco-nómicos y políticos el pensamiento nacionalista en boga después de la gran guerra, que en México tuvo expresiones acentuadas debido a que se montó sobre los diez años de guerra interna y una intensa movilización social producto de la revolución mexicana.

La decisión gubernamental fue crear una “organización coordinada en un sistema económico propio” sustentada en un mercado interno. La intervención del Estado se manifes-taría a través de la creación de organismos semi oficiales que regularán y coordinarán las tarifas de los energéticos y de los transportes en modo tal que “la industria se desenvuelva por y no para la energía”.2

La idea central del Plan Nacional de Desarrollo de 1935 era que “la dirección de una economía nacional es un pro-blema político vinculado a las relaciones entre las clases

1 Este ensayo forma parte de una investigación que se convertirá en libro. Acerca del concepto de economía nacional ver “De la economía a la economía nacional 1926-1940” en, Hernández Chávez-Miño Gri-jalva (coords.), 1991, vol. 1, pp. 315-327; “El estado nacionalista, su referente histórico”, en Serie Lecturas, Trimestre Económico, México, Fondo de Cultura Económica, vol. 64, tomo v, 1994, pp. 110-127. Ver también Hernández Chávez, Alicia, 1979

2 Archivo Particular Francisco J. Múgica. En adelante se citará apfjm seguido del número de caja, expediente, documento; apfjm, caja 1, exp. 59, doc. 1. Informe que rinde Francisco J. Múgica al presidente Lázaro Cárdenas, 1 de septiembre de 1935, 143 p. Informe Múgica 1935. Todas las citas entrecomilladas son tomadas del Plan Nacional de Desarrollo y de los informes del gabinete que recibe el presidente Lázaro Cárdenas en relación con las áreas de energéticos, comunica-ción, etcétera, durante el primer semestre de 1935.

13RAZÓN DE ESTADO VERSUS SINDICALISMO PETROLERO

subyacentes”. Más importante: no reconoce la lucha de cla-ses sino más bien la existencia de una sociedad fragmenta-da, descompuesta en partes incapaces, de por sí, de dar vida autónomamente a una sociedad integrada. Esta idea organi-cista de la sociedad que refleja todo el Plan permite atribuir a una entidad externa a la sociedad, al Estado, el encargo de fungir como su organizador.

eL rescate deL petróLeo

La recuperación del patrimonio mineral del subsuelo fue uno de los proyectos más ambiciosos del régimen. Proyecto que de años atrás maduraban Cárdenas y Francisco J. Mú-gica, fue uno de los estudios prioritarios y confidenciales que se desarrollaron en la Secretaría de Economía Nacional. Lázaro Cárdenas, al asumir la presidencia, le encomendó al general Francisco J. Múgica, secretario del ramo, que le preparara un proyecto de política petrolera que permitie-ra rescatar para la nación la riqueza del subsuelo.3 En junio de 1935, a escasos seis meses de gobierno, el secretario de Economía sometió el anteproyecto a la consideración del Presidente. El argumento central era restablecer el espíritu original del artículo 27, reglamentando el párrafo viii con una Ley Federal de Expropiación por causa de utilidad pú-blica “que allanara el camino para el Estado”, facultarlo con las armas jurídicas que le permitiesen normar la propiedad privada en interés de la nación.

La ley orgánica del artículo 27 en el ramo del petróleo, que Múgica propuso al Presidente, “otorgaba al Estado la facultad ilimitada de regular la producción del petróleo en México, evitar monopolios en la explotación y transporte y dar base a la existencia de una industria petrolera nacional, con capital y

3 Idem.


personal mexicanos”.4 Inicialmente, Cárdenas sugirió que “se sometieran las concesiones otorgadas a un estudio riguroso que permitiera cancelar toda concesión ilegítima y naciona-lizar aquellos pozos”5 en que se encontrara incumplimiento de la ley. El Presidente sabía de antemano –por los estudios realizados en el Departamento del Petróleo– que 1 250 de las 1 550 concesiones presentaban irregularidades. Pero esta lí-nea de acción se descartó porque se consideró que se corría el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia rechazara el proce-dimiento declarándolo anticonstitucional.6

El parecer jurídico que el licenciado Ramón Beteta pre-paró para el Presidente fue contundente:

México se ha colocado internacionalmente en el terreno jurí-dico de no admitir la retroactividad en la aplicación de pre-ceptos constitucionales y ya que la Suprema Corte llegó hasta negar al Estado el derecho para limitar a cincuenta años las concesiones confirmatorias, mucho me temo que la nueva si-tuación que el Proyecto pretende establecer ahora a las mis-mas concesiones sea declarada anticonstitucional por nuestro Tribunal Supremo.7

4 apfjm, op.cit., Informe Múgica 1935 y apfjm, vol. 108, doc. 7, Linea-mientos generales de nuestra política petrolera, general Francisco F. Múgica al presidente Lázaro Cárdenas. En adelante se citará Múgica, Política Petrolera, 1935. La versión común que historiadores sostie-nen respecto a la expropiación es que el gobierno no tuvo la inten-ción de nacionalizar la industria petrolera sino que se vio forzado a hacerlo ante la intransigencia de las compañías petroleras. Cfr. Meyer, Lorenzo, 1972, pp.342-343. Meyer en la p. 311 afirmó que la ley de expropiación “aparentemente” no estuvo ligada en forma directa con la industria petrolera.

5 apfjm, op.cit., Múgica: Política Petrolera, año 1935.6 apfjm, vol. 108, doc. 25. año 1935. 7 apfjm, vol. 100, doc. 26, licenciado Ramón Beteta al presidente Láza-

ro Cárdenas, 25 de agosto de 1936.


La táctica que siguió el gobierno fue reglamentar que las compañías mantuvieran un ritmo regular de trabajo; de lo contrario se les revocaría su concesión. La medida en su mo-mento fue relevante porque las empresas petroleras, para 1936, habían reducido la explotación de pozos y guardaban ciertas áreas por explorar como reservas.

contexto mundiaL

El contexto mundial había llevado a que en 1934 se modifica-ran los Acuerdos de Achnacarry (Glasgow), suscritos por las compañías Standard Oil de Nueva Jersey, Royal Dutch Shell y Anglo Iranian, con el objeto de repartirse las zonas de con-trol petrolero mundial y regularla competencia.8 El acuerdo contempló desviar las inversiones de México hacia Medio Oriente, Arabia y Venezuela –ya que según argumentaban las compañías los gobiernos posrevolucionarios obstaculi-zaban al capital extranjero–.9

El presidente Cárdenas expuso que una compañía ex-tranjera no podrá utilizar bienes de la nación como reservas particulares, y en el caso de que no pudieran explotarlas vol-verían al dominio de la nación. La preocupación obedecía también a que de no reactivarse la exploración de nuevos yacimientos acabarían por agotarse los pozos en explotación y México se vería en la necesidad de importar petróleo.10

hacia La centraL de trabajadores mexicanos

De manera simultánea las principales organizaciones obre-ras, el Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por

8 Yergin, Daniel, 1993, pp. 260-265. 9 Gloria, Villegas (comp.), 1988 p. 172.10 apfjm, op.cit., Múgica, Política petrolera, 1935.


Breña Alvirez y Manuel Paulin; el de mineros y metalúrgi-cos, liderado por el comunista Agustín Guzmán Vaca; los ferrocarrileros, encabezados por Valentín Campa, Hernán Laborde y Juan Gutiérrez, así como la Confederación Gene-ral de Obreros y Campesinos Mexicanos (cgocm) en la que Vicente Lombardo Toledano había reagrupado a los sindica-tos de la crom “depurada”, se movían hacia una integración sindical confederada. En el periodo 1934-1936 fueron los sindi-catos de industria, electricistas, mineros metalúrgicos, ferroca-rrileros y los poderosos líderes sindicales, miembros del Partido Comunista Mexicano, otros simpatizantes del socialismo quie-nes bajo la óptica de la política de Frente Único convocaron a una convención de unificación sindical creándose, en junio de 1935, el Comité Nacional de Defensa Proletaria.11

En el caso de los petroleros existían varios sindicatos conforme a las empresas petroleras donde laboraban. Con motivo de la unificación sindical se procedió a crear en 1936 el Sindicato Único de Trabajadores del Petróleo de la Repú-blica Mexicana (stprm) que agrupó unos 30 000 miembros. La unificación petrolera no fue tarea fácil; los titulares del Departamento del Trabajo, Silvano Barba González, y de la Junta federal de Conciliación y Arbitraje, Enrique Calderón, mediaron entre los dos grupos petroleros más poderosos. El primero, el de Tampico, Tamaulipas, decía contar con el mayor contingente y exigió que su sindicato controlara el futuro sindicato único. El segundo, los petroleros que labo-raban en (Veracruz, Minatitlán, Agua Dulce, Las Choapas, etc.), se negaban a una fusión bajo semejantes condiciones.12 Ante el peligro de que surgieran dos sindicatos, intervino como mediador el Sindicato de Trabajadores Mineros, Me-

11 Para un análisis detallado ver Hernández Chávez, Alicia, 1979, cap. iv, “ La ctm y el régimen cardenista”, pp. 121-134 y p. 142 y ss,

12 Cfr. El Universal, 23 de julio de 1935, p. 5


talúrgicos de la República Mexicana. Se forzó la fusión bajo la amenaza de la crisis entre Plutarco Elías calles y el presi-dente Lázaro Cárdenas. El sentir del momento fue que, de triunfar Calles, caería el gobierno y el movimiento obrero en general sufrir a las consecuencias. En esos meses se sus-pendió toda agitación y las diferencias entre la Zona Norte (Tampico) y Sur (Veracruz) no se subsanaron, simplemente quedaron pendientes.

Se creó el stprm con la unión de 19 organizaciones sin-dicales de las 40 registradas.13 El sindicato agrupaba a 18 000 petroleros aproximadamente, operarios de las cuatro com-pañías más importantes en México: Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, La Huasteca Petroleum Co., Pierce Oil Co. y California Standard Oil Co.; que agrupaban a la mayor parte de los trabajadores de la industria. En febrero de 1936, el novel sindicato ingresó formalmente a la nueva central obrera, Confederación de Trabajadores Mexicanos, la ctm.

Los antiguos sindicatos de empresa se convirtieron en secciones del nuevo sindicato único, lo que significa que el stprm nació con dos grandes gremios en lucha por el control del sindicato. Su falta de cohesión se manifestó en la amplia autonomía de las secciones, y en pugnas internas entre líde-res sindicales por alcanzar puestos directivos que incluso se fortalecen al entreverarse con el complejo sistema de alian-zas con políticos nacionales y regionales.

Por otra parte, las secciones contaban con diferentes gra-dos de influencia en las decisiones sindicales conforme al si-tio que ocupaban dentro del proceso productivo. Por ejemplo,

13 naw 812.6363/4153. Huasteca Petroleum Co. and Standard Oil Co. of California: Expropiation. A factual study of the causes, methods and effects of political domination of industry in Mexico Macben Press Inc. New York, 1938. Ver también Meyer, Lorenzo, 1968; Celis, 1988, I-266; Barona Lobato, Juan, 1974. Cfr. vol. 1, pp. 30-33, donde se tran-scribe la demanda y se listan las 19 compañías involucradas.


mayor peso tenían los que laboraban en la refinación o en el control de un oleoducto. Asimismo, el poder de cada sec-ción en el sindicato dependía de los volúmenes y calidad de producción procesada, así como del número de sus afiliados. Las secciones con mayor cohesión interna y fuerza dentro del stprm eran las que habían pertenecido a la compañía El Águi-la, que operaban en las refinerías y campos adyacentes a Az-capotzalco, D.F., Minatitlán, Veracruz y Tampico, Tamaulipas. La sección 1, la de Tampico, era en sí un emporio petrolero cu-yos miembros habían adquirido un alto grado de politización y conciencia de su peso estratégico en la producción. Peso que se dejó sentir por el papel desempeñado en la formación del sindicato, en su lucha por liderear el sindicato único y en los enfrentamientos con las compañías desde 1934.

Los contratos de trabajo

El primer problema al que se enfrentó el nuevo sindicato fue la falta de homogeneidad entre las condiciones laborales y los contratos de trabajo en las diversas regiones petroleras y en las distintas compañías. Únicamente los obreros de El Águila contaban con un contrato colectivo de trabajo avanzado. En agosto de 1936 el stprm se reunió para elaborar un contrato colectivo único para toda la industria. Tras tres meses de deli-beraciones a puerta cerrada, se concretaron las demandas de beneficios económicos y sociales, que en conjunto ascendían a 65 millones de pesos. El nuevo contrato regiría a la totalidad de las compañías petroleras independientemente de sus con-tratos individuales vigentes.14 Las compañías consideraron que las demandas eran excesivas. El jefe del Departamento

14 naw 812.6363/4153, op.cit., ver también Ashby, Joe C.,1967, pp. 198-206; el autor presenta un análisis detallado de las demandas labora-les y de las negociaciones obrero-patronales.


del Trabajo incluso declaró que su dependencia no buscaba el equilibrio entre capital y trabajo, sino que era un organismo creado para la defensa de los obreros conforme a las normas constitucionales y a la Ley Federal del Trabajo.15 El presidente Cárdenas declaró que los salarios no debían fijarse con base en las leyes del mercado sino en función en la capacidad eco-nómica de cada empresa.16

La división sindicaL

El 22 de julio de 1936 se reunió la Primera Gran Convención General Extraordinaria para formular y aprobar el nuevo contrato colectivo. Las compañías petroleras rechazaron las demandas propuestas por considerar excesivas y el stprm emplazó a huelga para noviembre de 1936. El Presidente de la república solicitó al sindicato que postergara el estalla-miento para no agravar la tensión social en un momento en que el gobierno iniciaba el primer acto de expropiación con el reparto agrario de la Comarca Lagunera.

El sindicato accedió a postergar la huelga y a negociar en una convención obrero-patronal presidida por el Departa-mento de Trabajo. Las discusiones se prolongaron, sin resul-tados satisfactorios, hasta mediados del año siguiente y des-embocaron en una situación de inminente huelga general.17

15 Idem.16 Idem.17 apfjm, vol. 136, doc. 55. Indicador de Rumbo, órgano mensual de

la sección 5 del stprm, en el que se explican las condiciones por las que se alargó 120 días el estallamiento de huelga. Datos sobre la perspectiva de una huelga de trabajadores petroleros, 26 de mayo de 1936. Informe de la Policía Secreta Rendón a Zermeño Ángel Rendón, miembro del Partido Comunista Mexicano, fue el inform-ante de Francisco J. Múgica y reportaba directamente al coronel José Armiño Zermeño. En adelante se citará apfjm, Informe Policía Secre-ta Rendón-Zermeño.


La central obrera, la ctm, vivía momentos críticos, es-cindida para 1937 en dos facciones había perdido sindicatos importantes.18 En síntesis los motivos para la escisión fueron la no coincidencia de intereses sindicales: unos rechazaban la huelga solidaria, otros la pérdida de autonomía sindical y la politización del momento promovida por comunistas y lombardistas que violentaba la autonomía de los trabaja-dores en aras de consignas políticas externas como la “uni-dad con el gobierno de Cárdenas”.

Los conflictos intergremiales, a su vez, se exacerbaban debido a que los distintos gremios buscaban apoyos particu-lares con gobernadores o políticos del gobierno, lo que con-dujo a un juego político de alianzas conflictivas. Finalmente, motivo de problema constante fue que las organizaciones no pagaban sus cuotas y el financiamiento de la ctm gravaba sólo a unos sindicatos. Bajo esas condiciones era difícil con-tar con el apoyo general del sector obrero.

En río revuelto los ultra radicales buscaron sacar ven-taja del debate relativo a la huelga solidaria. Las discusio-nes serias en el seno de las distintas organizaciones obre-ras como el Sindicato Mexicano de Electricistas (sme) o las federaciones regionales obrero campesinas, tranviarios y secciones de mineros y ferrocarrileros debatían en favor de una huelga de solidaridad en el caso de que los petroleros estallaran la suya.19 La froc del D.F. en sesión con su secre-tario general votó en favor de que se propusiera a la ctm que se declarara una huelga general si las empresas petroleras no accedían en 72 horas al pliego petitorio presentado por el stprm. Bajo esas condiciones –en extremo peligrosas– la Liga Comunista de la Sección Mexicana de la Internacional,

18 Ver Hernández Chávez, Alicia, 1979, cap. 7 al 9, las pp. 148-165, en especial La escisión, pp. 157-165.

19 Cfr. apfjm, vol. 136, doc. 52


llamada, Trotzquista, lanzó la consigna de “¡Viva la huelga petrolera! ¡Arriba la huelga general de apoyo a los trabajado-res petroleros! La ctm debe votar inmediatamente la huelga general”.20 Los sindicatos en los que las células comunistas de la iv Internacional tenían mayor influencia (Trabajado-res Ferrocarrileros, Alianza de Tranviarios, Frente Único de Trabajadores del Volante, Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, Federación Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza, Federación Nacional de Trabajadores al Servi-cio del Estado, Alianza de Obreros y Empleados del Estado, Fábricas de Sedas y Artisela del D.F., Comité de Solidaridad y Coordinación del D.F.) evaluaron el problema y aprobaron una serie de directrices en las que coincidía la postura de la froc del D.F. En estas decisiones había un cierto oportunis-mo, ya que creyeron que podrían aparecer como “auténticos revolucionarios” en el seno de las organizaciones obreras re-cién escindidas de la ctm.

Otra historia fue la del Partido Comunista Mexicano donde pudo intervenir Lombardo Toledano gracias a sus relaciones con los dirigentes del “Comintern” del Partido Comunista Soviético. La representación del pcm recibió la orden de la Internacional comunista de Moscú de “discipli-narse” por conducto de Earl Browder, secretario general del Partido Comunista Norteamericano. Browder vino a México a discutir y obligar a que los sindicatos bajo control comu-nista se reintegraran a la ctm y que públicamente cambiara el pcm su política hacia el gobierno de Cárdenas. Las dis-cusiones fueron severas y tajantes; pese a la resistencia de

20 apfjm, vol. 136, doc. 54. Huelga General en apoyo de los trabajadores petroleros, Sección Mexicana de la iv Internacional, 29 de mayo de 1937.


Hernán Laborde, Miguel Velasco y Pedro Morales, se forzó al pcm a restablecer “la Unidad a toda Costa”.21

La gente de Múgica fue instrumental en la política de “Unidad a Toda Costa”. Desde la Secretaría de Comunica-ciones y Obras Públicas (Scop) y con altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública dirigida por Vázquez Vela, decidieron que “una huelga general, afectando el ner-vio vital de la vida económica del país, no iría en contra de las industrias, sino muy directamente en contra del gobier-no Progresista del general Cárdenas y en contra del pueblo mismo”.22

El problema que se le presentó a la dirección del pcm fue que habiéndose debilitado con motivo de la reciente escisión de la ctm y con la orden de “disciplinarse” debió enfrentar la disyuntiva de que los petroleros rechazaran su injerencia. En tal caso el movimiento de huelga quedaría en las manos de Lombardo Toledano. El pcm no podía aceptar permane-cer marginado de un movimiento de tal magnitud y además acusado de ser causante de la escisión de la ctm. Procedie-ron a proponer a los dirigentes revolucionarios de organiza-ciones de trabajadores: respaldar al gobierno de Cárdenas integralmente en una gran manifestación nacional y otros actos para que éste presione a las empresas ‘imperialistas’ y popularizar las demandas de los trabajadores petroleros con el fin de que el pueblo mexicano se identifique con el proble-ma y respalde –en caso necesario– la huelga petrolera.23

21 “Apuntes sobre hechos acaecidos en los años 1935-1938”, Miguel A. Velasco, notable miembro del Partido Comunista Mexicano que destacó por su actividad sindical dentro de la ctm, me proporcionó generosamente estos apuntes, así como actas del Buró Político del pcm, y un sinfín de datos, documentos e información. A él mi agra-decimiento.

22 APFJM, vol. 136, doc. 53 y doc. 70. Informes confidenciales de policía secreta: Rendón a Zermeño, 31 de mayo de 1931 y 3 de junio de 1937.

23 Idem.


eL enfrentamiento

El momento era en verdad grave. La oposición al gobierno cardenista cobraba fuerza. El general Saturnino Cedillo, secretario de Agricultura y sospechoso de alianzas con las compañías petroleras, renunció en abril de 1937. Al mismo tiempo las compañías petroleras amenazaron con retirarse del país con el propósito de provocar una crisis e incluso la eventual renuncia del gobierno. Los informes del agregado militar estadunidense aseguraban que el gobierno de Mé-xico no podría operar la industria petrolera; tampoco sería capaz de sostenerse sin los impuestos derivados del petró-leo. En el caso de que el gobierno se viera obligado a operar la industria, en pocos días tendría que afrontar el pago a los obreros, y, como no estaría en posibilidades de hacerlo el re-sultado sería el desempleo y la oposición obrera. El agregado militar estadunidense en México aseguró a su gobierno en Washington que si el gobierno mexicano recurría a medidas extremas las compañías petroleras –sin dificultad– podrían causar su caída. Dijo de manera contundente: “Es un hecho que mucha gente le está rogando a Cedillo encabezar abier-tamente un movimiento en oposición a la presente adminis-tración”.24

Para diciembre de 1937, el agregado militar estaduniden-se recibió informes confidenciales acerca de los preparativos de las principales compañías petroleras para retirar sus téc-nicos de México y la confirmación de que la Standard Oil ha-bía cerrado 23 pozos. Se le dijo que enviados del general Sa-turnino Cedillo entablaban pláticas con dichas compañías.25

24 naw rg-165, mid g-2, Report No. 8077, agosto 24, 1937. “It is a fact that many people are begging Cedillo to head an open movement in opposi-tion to the present administration…”.

25 naw rg-165, mid g-2, Report No. 8216, diciembre 27, 1937.


El año de 1938 inició con el “tortuguismo” en el suminis-tro del petróleo y las compañías ejercieron presiones finan-cieras al retirar depósitos bancarios. Ahora las compañías rehusaban el crédito que habitualmente concedían a sus dis-tribuidores y sus carros tanque, indispensables para trans-portar el petróleo, fueron trasladados a la frontera norte. Se confirmó su retiro de alrededor de siete millones de pesos de bancos mexicanos provocando presiones sobre la mone-da y amenazando la estabilidad financiera del país.26 Todo apuntaba a la pretensión de llevar al gobierno a una crisis económica-social y a un descontento social generalizado, momento en que entrarían en actividad los jefes rebeldes, probablemente encabezados por Cedillo. La tirada era que el Presidente se viera obligado a renunciar o a doblegarse. Así el conflicto dejó de ser meramente laboral para adquirir el carácter de un enfrentamiento entre empresas extranjeras y gobierno de México.

La aLternativa: arbitraje o confLicto económico

Distintas circunstancias condujeron a un desenlace. El mo-vimiento huelguístico –tan riesgoso para la estabilidad mis-ma del régimen– se contuvo, limitándose a un paro de la industria petrolera que inició en mayo de 1937. Ante la ne-gativa de las compañías de acatar el Laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), la administración car-denista actuó con celeridad y las organizaciones obreras con gran cordura. Se discutieron básicamente dos alternativas, el arbitraje presidencial forzoso o la demanda de carácter eco-nómico. Después de mucha reflexión por parte del gobierno

26 naw, rg-165, mid g-2, Report No. 8330, febrero 25, 1938.


y de sus asesores legales así como de líderes sindicales, se acordó encauzar el conflicto por la segunda vía. 27

Las compañías alegaron que de acceder a las peticiones de los sindicatos, que contaban con el respaldo del Departa-mento de Trabajo e incluso de la Suprema Corte de Justicia, no podrían continuar con sus operaciones, pues prácticamente perderían el control sobre sus propios negocios. Se quejaban de que el aumento de 26 millones de pesos al personal, su-mado a lo que habría de pagarse a otros empleados extraor-dinarios, elevaría la cantidad a un total de 41 millones de pesos. Las compañías petroleras sostuvieron que su ganan-cia no excedía los 58 millones de pesos. La comisión nombra-da por el gobierno manifestó, en cambio, que las utilidades de las compañías ascendían a 168 millones de pesos. En reali-dad, la importancia de la discusión era que el gobierno había logrado conducir el litigio hacia la posibilidad de revisar las finanzas de las empresas.

El presidente Cárdenas declaró que la responsabilidad de una compañía para con sus trabajadores sólo se limitaba al máximo de sus utilidades. Los inversionistas petroleros indudablemente ocultaban algunas de sus ganancias. Lo más común para evadir el pago de los impuestos fue vender petróleo al costo o más barato a sus compañías subsidiarias En el extranjero, cuyo importe les era cubierto en Londres o en Nueva York.

La táctica

El gobierno, en coordinación con los sindicatos, encauzó la disputa a colocar las demandas salariales por arriba de las ganancias manifestadas. Así obligaban a las compañías a

27 apfjm, vol. 136, doc. 60. Informes confidenciales Rendón-Zermeño, 6 de junio de 1937.


revelar las entradas –que al parecer ocultaban– o de lo con-trario presentarse en liquidación. La argucia era simple pero atrevida y estaba completamente dentro de lo previsto por las leyes mexicanas. Parece ser que el secretario Francisco Múgica habló con Juan Grey, de la Sección 11 de Nachital y secretario general del sindicato durante el conflicto, y con José Castillo Zamora, líder del sindicato El Águila y después de la Sección 4, para que presentaran sus demandas muy por encima de lo que las compañías estaban habituadas a conceder para provocar su negativa y así poder declararlo un conflicto económico.28

En junio de 1937 el Sindicato Petrolero aceptó levantar la huelga con el compromiso de que se iniciara una investi-gación –por la Junta de Conciliación y Arbitraje– acerca del estado financiero de las compañías.

Lombardo toLedano y su despacho de abogados

El matiz que adquirió el litigio no se discutió ni explicó a los trabajadores, por esto, al levantarse la huelga, se suscitó la inconformidad de algunas secciones. Inclusive algunas sus-pendieron la comunicación con el Comité Ejecutivo y con sus delegados; otras, en señal de protesta, no levantaron de inmediato la huelga sino después de 24 horas. Lombardo consideró que el ardid fracasaría si se daba a conocer, y al parecer no efectuó ni siquiera una consulta o deliberación previa con el cen del sindicato, por lo cual las relaciones en-tre ambos se volvieron aún más tirantes.29

28 apfjm, vol. 182, doc. 259. Artículo publicado en New Masses, abril de 1938 “Standard Oil contra México” por Marc Frac.

29 apfjm, vol. 136, doc. 60. Informe confidencial del comisionado Ren-dón para el general Francisco J. Múgica relacionado con las activida-des de Lombardo Toledano en el Sindicato Petrolero, 24 de mayo de


El Sindicato Petrolero envió una circular confidencial en febrero de 1938 a sus 31 secciones para que se prepararan a designar personal especializado para reemplazar a los téc-nicos extranjeros. El sindicato también informó que John L. Lewis, el dirigente sindical estadunidense, había ofrecido enviar técnicos. A su vez, Lombardo Toledano elaboraba la lista de químicos industriales y profesionistas de diversas especialidades para suplir a los técnicos. El sindicato de las compañías anticipó que se debía aceptar un recorte de 25 por ciento en salarios por el periodo de un año y en caso de haber utilidades se repartiría sólo 50 por ciento.30

Dada la gravedad del momento, el plan de apoyo y defensa de los petroleros se cuidó en todos sus detalles. Se propuso que el aspecto técnico-legal quedara bajo la dirección de Lombardo Toledano y este mantendría informado al Comité Ejecutivo del sindicato. No fue fácil que el sindica-to aceptara la dirección de Lombardo Toledano, sólo se acató después de largas discusiones que acabaron por vencer la resistencia y “amor propio” de los dirigentes. El licenciado Alejandro Carrillo, Robledo y otros abogados como Mario Pavón Flores, especialistas en derecho obrero, reforzaron el equipo legal. Inclusive el licenciado Xavier Icaza, magistra-do de la Suprema Corte, se excusó de fungir como juez en el litigio para intervenir en la formulación de determinados alegatos.31

La ctm había promovido el nombramiento de magistra-dos en diciembre de 1934 cuando el nuevo presidente Cár-

1937; Ibid., doc. 61. Informe sobre la rebeldía de algunas secciones de trabajadores petroleros para levantar la huelga, 11 de junio de 1937

30 National Archives Washington, Record Group 165, Military Inteli-gence G-2. Report, No. 8377, March 25, 1938.

31 apfjm, vol. 49, doc. 13-14; vol. 136, doc. 112 del 12 de marzo de 1938 y vol. 136, doc. III. Informe confidencial acerca del fallo de la Suprema Corte de Justicia del 17 de marzo de 1938.


denas procedió a poner fin a la inamovilidad de los magis-trados de la scjn, por eso contaba con numerosos aliados en ella, tales como Manuel Bartlet, juez 1o de Distrito, amigo de Lombardo, Narciso Bassols e Ignacio García Téllez. Este último dictó el sobreseimiento del amparo interpuesto por las compañías petroleras.32

Asegurada la parte legal, hubo que promover el favor de la opinión pública y sobre todo del Congreso. La campaña en las cámaras la encabezaron los diputados Salvador Ochoa Rentería, León García y Luis R. Torres, y los senadores Er-nesto Soto Reyes y Federico Idar. La movilización popular la realizaron organismos del pcm quienes ocupaban posi-ciones clave en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Federación Nacional de Trabajadores al Ser-vicio del Estado, el Sindicato Ferrocarrilero y Minero Meta-lúrgico.33

Los comunistas, como se dijo, tuvieron una participa-ción marginal debido a su papel en la reciente escisión en la ctm y por el repudio a la forma en que condujeron la huelga de ferrocarriles. Inclusive los delegados ferrocarrileros y los comunistas no fueron recibidos en la Convención del Sindi-cato Petrolero.34 Los dirigentes del pcm tuvieron que recono-cer que su influencia era mínima puesto que el movimiento se “encontraba bajo el control de Lombardo” quien actuaba como si los conflictos acabarían con la expulsión del expresi-dente Plutarco Elías Calles del país.35

32 Idem.33 Idem.34 Hernández Chávez, Alicia, 1979, pp. 154, 157 y ss. 35 apfjm, vol. 136, doc. 53. Informes confidenciales de sesiones del Par-

tido Comunista Mexicano, Ángel Rendón-Zermeño, 31 de mayo de 1937.


La coyuntura: rescate de La industria deL petróLeo

El presidente Cárdenas estaba decidido a rescatar el petró-leo. Fueron las circunstancias que condujeron a que hacia ju-nio de 1937 el presidente viera la posibilidad para que “toda la industria del petróleo debe venir a manos también del Estado para que la Nación aproveche la riqueza del subsuelo que hoy se llevan las compañías extranjeras. Para ello segui-remos otro procedimiento”.36 Al inicio de 1938, Cárdenas de nuevo anotó lo que pareciera ser la agenda pendiente: “Pro-blema del petróleo, reglamentación de la explotación mine-ra, nacionalización de la industria eléctrica, socialización de la banca”.37

El laudo de 1937, cuando la scjn falló en favor de las de-mandas obreras, provocó que las compañías recurrieran al amparo, que les fue negado por esta Institución. En el mo-mento en que las compañías petroleras se negaron a obe-decer el fallo de la Suprema Corte el presidente Cárdenas reconoció:

México tiene hoy la gran oportunidad de liberarse de la presión política y económica que han ejercido en el país las empresas petroleras que explotan, para su provecho, una de nuestras mayores riquezas, como es el petróleo, y cuyas em-presas han estorbado la realización del programa social seña-lado en la Constitución Política.38

36 Cárdenas del Río, L., 1972, I-371-381. 37 37 Idem.38 Ibid., pp. 387-388, 9 de marzo de 1938.


El 9 de marzo, al regreso de un viaje de trabajo por el estado de Morelos, detuvo el automóvil en “el kilómetro 79 y 80” y, como solía hacerlo cuando deseaba tratar asuntos de extre-ma gravedad, caminó con el general Múgica a campo travie-sa. Le informó de su decisión de decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras

tomamos en cuenta –escribe Cárdenas– la amenaza de una nueva guerra mundial con las provocaciones que desarrolla el imperialismo nazi-fascista y que esto los detendría de agredir a México [que] Inglaterra y Estados Unidos hablan frecuente-mente a favor de las democracias y de respeto a la soberanía de los países, es oportuno ver si los gobiernos que así se mani-fiestan cumplen al hacer México uso de sus derechos.39

Ese día solicitó a Múgica que redactara el proyecto de ex-propiación, el cual debería mantenerse en absoluto secreto. Hasta ese momento los centros políticos y financieros con-templaban sólo la posibilidad de que el gobierno ocupara las instalaciones industriales y esto sólo en caso extremo.

El 18 de marzo de 1938 el presidente dio a conocer por ra-dio el decreto expropiatorio. Lázaro Cárdenas sostuvo, con la firmeza que le caracterizaba, que el Estado de ninguna manera cedería el control administrativo de la industria pe-trolera.40 Fue contundente en cuanto a que su gobierno se re-servaba el derecho y la responsabilidad de vigilar y manejar el patrimonio de la nación. Así, quedó descartada la entrega

39 Idem.40 Lázaro Cárdenas, en adelante apfLc seguido de caja, carpeta y do-

cumento, y fecha, apfLc: caja 28, carp. 2, doc. 21. Presidente Lázaro Cárdenas del Río al embajador en Washington, Francisco Castillo Nájera, 5 de agosto de 1939.


de un medio de producción estratégico a los trabajadores y por supuesto cualquier concesión al capital extranjero.

La probLemática construcción de una industria nacionaL

El decreto del 18 de marzo de 1938 obligaba a reorganizar la producción e instalaciones de las diversas compañías en una sola industria nacional. Era urgente evitar la duplicidad de funciones, uniformar prestaciones laborales y escalafones y racionalizar las esferas de la extracción, producción, refina-ción, distribución y precios.

Bajo condiciones de emergencia, 19 de marzo de 1938, el cen del Sindicato giró instrucciones para organizar la pro-ducción, se instruía que debían formarse consejos locales de administración en cada sección sindical. Cada consejo se formaría con un secretario, un secretario de trabajo y un miembro del comité local de vigilancia. Su responsabilidad era la de asegurar que la producción no se interrumpiera, todo sin alterar la estructura de la industria. Además cada consejo designaría al personal que ocuparía cargos de res-ponsabilidad.

El 19 de marzo de 1938, se creó el Consejo Administra-tivo de Petróleo, con el objeto de administrar la industria, formular los proyectos para su reorganización, y coordinar las actividades de los consejos locales de administración que se integraron en todas las secciones sindicales. El Consejo quedó formado por representantes del poder ejecutivo –Se-cretaría de Hacienda y Economía Nacional–, miembros del Sindicato y un representante de la Administración General del Petróleo Nacional. El área de producción regional quedó básicamente en manos de los distintos gremios organizados en consejos locales bajo la coordinación de sus secciones sin-dicales. Fue en ese nivel intermedio donde se concentró el


poder decisorio y donde se defendió a capa y espada la pro-ducción, distribución y organización interna de la industria.

En abril de 1938, la nueva administración sometió a la aprobación del sindicato un plan para la organización de la industria en unidades productivas.41 Las diversas seccio-nes lo rechazaron. En mayo de 1938 se anunció que el De-partamento del Petróleo había nombrado a seis funcionarios para encargarse de las operaciones en los campos petroleros de la región de Tampico. El sindicato local elevó una enér-gica protesta al presidente Cárdenas y le solicitó que los su-pervisores fuesen seleccionados entre los trabajadores, quie-nes estaban familiarizados con la industria.42 Los operarios argumentaron que era imposible desarrollar sus actividades subordinados a empleados que no tenían conocimientos de los trabajos petroleros, que incluso dictaban órdenes con-tradictorias.43 En junio, el secretario general de la Sección 1 (Águila-Tampico) se vio obligado a renunciar a su cargo, ya que los obreros rechazaban a los técnicos recomendados por el Consejo de Petróleo para los “trabajos lucrativos“.44 Los trabajadores de base afirmaban que las designaciones en puestos administrativos obedecían a razones de política y de favoritismo, y no a competencia laboral. Las fricciones aumentaron con los incrementos salariales que recibieron los empleados de confianza, mientras que los obreros vieron reducida su paga y perdieron algunas de las prestaciones de las que gozaban antes de la expropiación.45

41 Silva Herzog, Jesús, 1983, p. 263. 42 naw. 812.6363/3871 1/2. Informe del Cónsul en Tampico, 9 de mayo

de 193843 naw. 812.6363/3890. Informe de Daniels, 23 de abril de 193844 naw. 812.6363/4274. Informe de L.L. Anderson, empleado de la

Standard Oil of New Jersey, 20 de junio de 1938.45 naw. 812.6363/5276. El Águila, 25 de octubre de 1938.


El sindicato primero exigió que se le dieran los cargos que ocupaban los empleados designados por la nueva ad-ministración. Ante la débil respuesta obtenida demandaron entonces, que se entregara a los trabajadores los puestos de confianza que desempeñaban los funcionarios que habían laborado con las compañías.

Las Secciones 5, 6 y 7 del Sindicato (Huasteca, Pierce Oil, Standard Oil de California, todas con sede en la Ciudad de México) fueron las primeras en solicitar que todos los em-pleados que ocupaban puestos de confianza antes del 18 de marzo de 1938 fueran despedidos.46 A los pocos días, el Co-mité de Vigilancia del stprm expidió una circular en la que recomendaba que no se admitieran en la administración de la industria elementos que hubiesen prestado sus servicios a las compañías petroleras como empleados de confianza. Su-gerencia que incluía a aquellos trabajadores que mostraran inconformidad con el decreto de expropiación.47

Los consejos locales mantuvieron el control ejecutivo de la producción hasta julio de 1938, en que fueron disueltos y se conformó Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Distribuidora de Petroleros Mexicanos, organismo descentralizado cuya dirección quedó en un Consejo de Administración represen-tado por Estado y Sindicato.

El 20 julio de 1938, desapareció la Administración Ge-neral de Petróleo Nacional (agpn) al nacer la nueva empresa Pemex. A su interior se abordarían tanto los problemas sin-dicales de los trabajadores como los propios de la industria. Por consiguiente, Cárdenas ordenó la disolución de los con-sejos administrativos locales conformados por los líderes

46 naw. 812.6363/5337. El Águila, 5 de diciembre de 1938. 47 naw. 812.6363/5249. Informe del cónsul en Veracruz, 10 de diciem-

bre de 1938.


de cada sección sindical. De inmediato se generó tremenda agitación y descontento.

La Sección 1 de la región petrolera, radicada en Tampico,48 encabezó la protesta; se le sumaron las secciones afiliadas que en total agrupaban a aproximadamente 10 000 de los 18 000 trabajadores. Al disolver los consejos administrativos locales se rompía con el feudo de ciertos líderes intermedios muy po-derosos y se buscaba integrar las áreas de producción verti-calmente con la administración de la Ciudad de México.49 La experiencia de la administración de la producción a través de los consejos locales había sido heterogénea. En las secciones de la Zona Norte, donde se manifestaba una mayor cohesión y mayor experiencia en luchas sindicales, el proceso produc-tivo continuó sin serias interrupciones. Incluso las seccio-nes 1 (Águila-Tampico) y 30 (Águila-Minatitlán) llegaron a efectuar un proceso de consulta entre el consejo local y sus bases: la asamblea seccional discutía y evaluaba las acciones y decisiones tomadas por la administración local.50 Distinto fue el caso en la región de El Ébano (Sección 3), en Árbol Grande (Sección 21), y en general en la Zona Sur, donde las actividades de los consejos fueron ineficientes, bajaron drás-ticamente los volúmenes de producción, y los líderes fueron acusados de corrupción y robo.51

48 naw. 812.6363/4412. Síntesis de prensa elaborada por L.L. Ander-son, 18 de julio de 1938 y Ibid., 4611. Informe de Joseph Daniels so-bre la reorganización administrativa de la industria petrolera, 12 de agosto de 1938.

49 naw. MP 1370, 812.6363/4611. Informe del embajador Joseph Da-niels sobre la reorganización administrativa de la Industria Petrolera, 12 de agosto de 1938.

50 Adler, Ruth, 1992, p. 10; y Archive of section 30 of the stprm, Poza Rica, Veracruz. File No. R003-3, Minutes of section 30 meetings held between March and June 1938.

51 Ibid., pp. 11-12.


Con el nuevo año de 1939 iniciarían una serie de “pur-gas” con objeto de reducir el número de funcionarios de la administración y sustituirlos por empleados de confianza. Los líderes sindicales asignaban las plazas y así aseguraban los cargos bien pagados y el control de los trabajadores bajo sus órdenes.52 Los obreros de la Sección 1 (Tampico ex Águila) señalaron que el propósito de esos despidos selectivos era dejar vacantes para que “funcionarios del sindicato” pudie-ran ocuparlas.53 Tras protestar por los procedimientos segui-dos por el Comité de Vigilancia, advirtieron que no permiti-rían la expulsión de ninguno de sus miembros y, en caso de ser acusados de actividades ilícitas, únicamente podrían ser juzgados por su sección de pertenencia.

Esa misma sección acusó al Comité de Vigilancia del stprm de estar ligado a los intereses de las compañías petro-leras, de manera que la suspensión de técnicos y empleados tenía el propósito de frenar las actividades de la industria.54 Las suspicacias alcanzaron tal magnitud que el Presidente de la república, y el jefe del Departamento del Trabajo, Antonio Villalobos, intervinieron en el conflicto, recomendando que los empleados cesados fueran reinstalados en sus puestos.55

En febrero de 1939 se anunció la integración de los De-partamentos de ventas, existencias, embarques, contabili-dad, servicios médicos, ingeniería y asuntos jurídicos de las antiguas compañías: El Águila, Huasteca Petroleum Co. y Pierce Oil. Asimismo se anunció la fundación de un Depar-tamento del Trabajo y de una agencia de ventas en San Luis Potosí adonde se trasladaron los empleados desplazados de la Zona Norte.56

52 naw. 812.6363/5516. El Águila, 23 de enero de 1939. 53 naw. 812.6363/5461. El Mundo, 30 de enero de 1939.54 naw. 812.6363/5545. El Águila, 30 de enero de 1939. 55 naw. 812.6363/5501. El Nacional, 12 de febrero de 1939. 56 Excélsior, 22 de enero y 20 de febrero de 1939.


La refinería de Tampico, siendo la más productiva, que-dó como una unidad independiente. De inmediato se opu-so la Sección 1 (Tampico ex Águila) a que se le sustrajera la refinería, así como a sus empleados de oficina, ya que se debilitaba seriamente lo que hasta el momento era la sección sindical más poderosa.57 Al iniciarse la fusión de departa-mentos que controlaban los campos petroleros, surgió un nuevo conflicto entre la Sección 1 y la 2 (Huasteca-Mata Re-donda). Esta última se opuso al proyecto de integración con el argumento de que sería absorbida por las unidades de El Águila.58 La administración cedió frente a los petroleros de Tampico nombrando al líder sindical de La Huasteca, Lanz Margalli, como gerente de Producción de todas las seccio-nes.59 La oposición en otras regiones, particularmente en El Ébano, no se hizo esperar.60 Ante las nuevas fricciones, la administración nombró como jefe de Contaduría de la Zona Norte a un miembro de la Sección 2. Sólo que los continuos cambios de empleados produjeron una gran inestabilidad en las secciones petroleras del Golfo de México.61

Las actividades quedaron virtualmente paralizadas cuando los trabajadores de La Huasteca se negaron a traba-jar en el edificio de El Águila, en Tampico, y se rehusaron a enviar sus facturas para ser aprobadas, como se les había ordenado.62 Los trabajos de centralización en la Zona Norte concluyeron con la ratificación de algunos jefes de departa-mento, unos quedaron sujetos a un periodo de prueba de

57 naw. 812.6363/5514. Informe de El Águila, 9 de enero de 1939. 58 naw. 812.6363/5492. Informe de El Águila, 16 de enero de 1939. 59 naw. 812.6363/3465. Informe del cónsul de Tampico, 11 de abril de

1938.60 naw. 812.6363/3782. Informe del cónsul de Tampico, 30 de abril de

1938.61 naw. 812.6363/5967. El Águila, 15 de mayo de 1939.62 naw. 812.6363/5492. El Águila, 16 de enero de 1939.


tres meses, otros pasaron a la jurisdicción del director ge-neral, Cortes Herrera. El responsable de la reorganización, Enrique Calderón, advirtió a los delegados sindicales que el presidente Cárdenas exigía que los nombramientos se hicie-ran con criterio de méritos profesionales y no de antigüedad y en caso de que el personal sindicalizado de una sección no contara con la calificación necesaria para el desempeño de sus labores, sería sustituido inmediatamente.63

El conflicto en la Zona Norte alcanzó tal magnitud que en marzo, el gerente general de Pemex fue llamado a la ca-pital tamaulipeca para evitar una serie de paros laborales en protesta por la reorganización dela industria.64 Finalmente se resolvió que la Sección 1 no tendría jurisdicción sobre las otras secciones, aunque quedarían bajo sus órdenes el per-sonal en Ébano, Cerro Azul, Poza Rica, Naranjos, etcétera.65

Los trabajos de la industria se vieron constantemente in-terrumpidos por la protesta de los trabajadores en el sentido de que se violaron los escalafones reconocidos, pues al fu-sionarlos con otras secciones se afectaban categorías e inte-reses. En el ámbito de las cúpulas sindicales intermedias se repudió, porque la reestructuración representaba la perdida de sus poderes territoriales.66

A finales de 1938, las secciones sindicales presentaron un proyecto de centralización al presidente Cárdenas. Los

63 naw. 812.6363/5619. El Águila, 27 de febrero de 1939. 64 naw. 812.6363/5619. Informe confidencial de El Águila. Las secciones

1, 3 y 13 (Águila Tampico; Huasteca-Ébano; Huasteca-Cerro Azul, respectivamente) acordaron con la sección 4 (Águila-Ciudad de México) efectuar un paro de labores que suspenderían las actividades en la Ciudad de México y en el oleoducto Poza Rica-Azcapotzalco, que abastecía a la refinería de ese nombre.

65 naw. 812.6363/5708. Informe El Águila, proveniente de la embajada estadunidense en Londres, 6 de marzo de 1939.

66 naw. 812.6363/4916. Reporte semanal de El Águila, 26 de septiembre de 1938.


puntos básicos fueron: se aceptaba una reestructuración pero exclusivamente en el área de la distribución; se pedía un equilibrio entre la participación obrera y la del Estado; se procedería a la revisión del contrato colectivo, y se crearía una comisión mixta para atender asuntos laborales cotidia-nos.67 Cárdenas rechazó los cuatro puntos. El 19 de enero de 1939 entró en funciones una nueva comisión, quedando al frente Enrique Calderón como representante del primer mandatario. Calderón era titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y uno de los organizadores del stprm, a quien se le encomendó la tarea de conciliar los intereses sindicales con el plan de centralización estatal.68

Se comenzó por organizar el área de distribución. El abastecimiento de la demanda interna se realizó mediante un acuerdo firmado en agosto de 1938, entre la Distribui-dora de Petróleos Mexicanos y los administradores de las diferentes secciones de ventas para uniformarlos precios de los productos petroleros en todas las plazas de la república, y para establecer un mismo modelo de servicio en todas las gasolineras.69 A su vez, el Ejecutivo expidió, el 22 de agosto, el Reglamento de los artículos 4 y 5 del decreto que creó Pemex, estableciendo que en el consejo administrativo de la empresa se diera cabida a un representante del sindicato pe-trolero.70 En Tampico se registró la mayor oposición, ya que se temía que la Comisión de Centralización concentrara en la Ciudad de México todas las agencias de ventas y por tanto

67 Excélsior, 22 de enero y 15 de febrero de 1939. El Nacional, 22 enero de 1939 y 17 de febrero de 1939.

68 Pérez Naufal, La industria petrolera en México. Una crónica, México, Petróleos Mexicanos, 1988, tomo II, p. 102.

69 naw. 142 812.6363/4660. Excélsior, 24 de agosto de 1938. Síntesis de prensa elaborado por L.L. Anderson.

70 Villegas, Gloria, (comp.), 1988, p. 219.


controlara las secciones locales.71 Finalmente, en septiembre quedaron consolidados los diferentes departamentos y fu-sionados en el Departamento de Publicidad y en el de Planta y Equipos.72 Un mes después, se creó el Departamento de Costos y Mercados así como el de Créditos Comerciales.73 La primera fase del proyecto de reorganización fue un éxito. Las autoridades se tomaron varios meses antes de proceder a reorganizar los campos petroleros, donde se preveía una importante oposición sindical.

vioLación de derechos adquiridos

En resumen: los puntos en que chocaron el interés de la nación y el interés obrero fueron muchos, tal vez el más relevante fue que el gobierno y la novel empresa estatal Pemex pensaron que los obreros deberían de postergar sus demandas y ceder algu-nos beneficios, prestaciones y los salarios caídos que el laudo de 1937 les había concedido. Los obreros exigían sus derechos laborales adquiridos y los que la scjn les concedió.

A raíz de la expropiación, los líderes sindicales de inme-diato elevaron el número de trabajadores transitorios para enseguida concederles la planta con el fin de acrecentar su poder frente al gobierno y frente a las otras agrupaciones gremiales. El presidente Cárdenas criticó con firmeza este hecho: “Las exigencias sindicales del momento produjeron una especie de nueva burocracia con la creación de plazas nuevas que han significado una gran carga improductiva para la industria”.74

71 naw. 812.6363/4660. El Mundo, 23 de agosto de 1938. 72 naw. 812.6363/4847. Informe de El Águila, 19 de septiembre de 1938. 73 naw. 812.6363/5092. Informe de El Águila, 17 de octubre de 1938. 74 apfLc, caja 29, carp. 4, doc. 3. Carta del presidente Lázaro Cárdenas

al stprm, 28 de febrero de 1940.


El gerente general de Pemex informó que el aumento de personal había sido absolutamente injustificado debido al descenso en la producción. No sólo eso, sino que el exceso de personal lógicamente redujo su eficiencia, además comenza-ron a sucederse actos de indisciplina.

Las disputas por jurisdicción laboral entre secciones entorpecieron el flujo de refacciones y traslado de material entre plantas y refinerías. En consecuencia los costos de Pemex se elevaron. El ingeniero Vicente Cortés Herrera denunció el aumento en los costos de operación y producción. Por ejemplo, en Minatitlán en enero de 1938, el costo de ope-ración por metro cúbico era de 8.53 pesos y en abril de 1939 se había llevado a 20.40. Las demandas salariales y prestacio-nes se elevaron en 100 por ciento en comparación con 1936, y en 25.64 por ciento en comparación con lo que recomendó la comisión de peritos en agosto de 1937. El número de tra-bajadores de planta se incrementó (de septiembre de 1937 a febrero de 1940) en 35.35 por ciento y los transitorios en 84.24 por ciento. Los ingresos y egresos de la industria reflejaban el mismo resultado, gastos excesivos y bajos rendimientos con un déficit de 58 millones de pesos.75

La disputa: ¿saLarios y servicios o eL “interés de La nación”?

Obreros y líderes del sindicato afrontaron presiones internas y discusiones álgidas en torno al papel de la organización obrera bajo una nueva situación nacional, que los identifi-caba como trabajadores al servicio del Estado por laborar en

75 apfjm, caja 9, tomo Lxxv, doc. 5. Ing. Vicente Cortés Herrera, gerente general de Petróleos Mexicanos, Informe Cortés-Herrrera, 25 de julio de 1939. Ver también apfLc., op.cit., Carta del presidente Lázaro Cár-denas al stprm, febrero de 1940.


sectores estratégicos de la economía nacional y por lo mismo de interés de la nación.

El otro problema fue la incierta posición jurídica del stprm que afirmó su cen generaba un sinnúmero de con-flictos en relación con Pemex y su Distribuidora. ¿Debía considerarse la empresa estatal patrón sustituto? El stprm lo explicó así:

no constituyendo estas últimas patrones substitutos de las Empresas Petroleras, por una parte, y habiéndose declarado roto el Contrato Colectivo de Trabajo contenido en el Laudo de 18 de diciembre de 1937, por la otra, los trabajadores que integran esta organización no cuentan con efectos legalmente exigibles para estas otras instituciones. Quiere decir lo ante-rior [agregaban] que no existe un organismo legalmente res-ponsable ante los trabajadores, que les garantice y otorgue las prestaciones que establece la ley o los convenios establecidos al respecto.76

Así, el primer problema que enfrentaba a autoridades y tra-bajadores obedeció a las dificultades para llevar a efecto el laudo de la scjn que condenó a las compañías a elevar sus-tancialmente las prestaciones laborales.77 Sin que el Estado fuese declarado patrón substituto, éste asumió parcialmente la responsabilidad de responder a las demandas obreras. En última instancia, y desde la perspectiva de los trabajadores,

76 naw 812.6363/5887. Guía, órgano oficial del stprm, 17 de abril de 1939.

77 Las prestaciones del Laudo se referían a servicios médicos, indemni-zación en caso de accidentes profesionales, enfermedad o incapaci-dad permanente, seguro de vida, jubilación, jornadas laborales de 40 horas, fondo del ahorro, pago de horas extras, casas para los trabaja-dores y el pago de viáticos a los delegados sindicales a asambleas.


la razón de ser del conflicto petrolero había sido el mejora-miento de sus condiciones de trabajo.

Sólo que la administración estatal de la industria petro-lera no estaba en condiciones de financiar todas las cláusu-las del laudo, por lo que junto con el Comité Ejecutivo del sindicato solicitaron a los obreros su comprensión, mayor eficiencia y sacrificio. Se interrumpió el pago de horas ex-tras y beneficios económico-sociales fueron suprimidos. Los 18 000 trabajadores petroleros y los 75 000 dependientes de esta industria sufrieron inmediatas pérdidas económicas.78

A finales de abril de 1938 el cen del stprm anunció a sus afiliados que gestionaba el pago de salarios caídos por con-cepto de la huelga sostenida contra las compañías La Huaste-ca, El Águila y la Sinclair, de mayo a junio de 1937.79 En mayo se iniciaron los primeros pagos. Se entregó a los trabajadores 50 por ciento en efectivo, 25 por ciento fue cedido como con-tribución al Fondo de Redención de la Deuda Petrolera y 25 por ciento restante lo retuvo el gobierno.80 Este pago permitió que se reactivara la economía de las regiones petroleras cuya depresión había sido causa de quejas y descontento, particu-larmente entre los obreros del sur de Veracruz.81

El siguiente punto a resolver fue el pago por el rompi-miento del contrato con las compañías. Conforme a las esti-maciones de la embajada estadunidense esta suma ascendía a más de 100 millones de pesos. Los trabajadores también exigieron aumentos salariales. El sindicato petrolero formó

78 naw, 812.6363/4153. Expropiation, op.cit.79 naw, 812.6363/3782. Informe del cónsul norteamericano en Tampi-

co, L.A. Armstrong, 30 de abril de 1938. 80 naw. 812.6363/3807. Informe del cónsul norteamericano en Tampi-

co, 4 de mayo de 1938. 81 naw, 812.6363/3777 y 812.6363/3854. Informes del cónsul nortea-

mericano en Veracruz, 30de abril 30 de 1938 y 7 de mayo de 1938, respectivamente.


una comisión para estudiar la manera en que el gobierno pudiera pagar.82

El gerente general de Pemex, Vicente Cortés Herrera, se apresuró a desmentir la noticia de que hubiera un conflicto entre el gobierno y los petroleros y afirmó que las rela-ciones entre sindicato y autoridades eran excelentes.83 Sin embargo, ante las presiones ejercidas por las 32 secciones sindicales se les concedió un aumento salarial, pero se les aplicaron descuentos que iban entre 8 y 15 por ciento “hasta que las condiciones de la industria petrolera permitieran el aumento conforme a lo estipulado en el laudo”.84

Los obreros resistieron a la nueva medida, encabezados por la poderosa Sección 1 (Tampico ex Águila), que envió una comisión a la Ciudad de México para evitar que se llevara a cabo la reducción salarial.85 En cambio, se concedió un incre-mento a los empleados administrativos y de confianza,86 agra-vando así las fricciones entre estos y los trabajadores de base.

Pese a las dificultades por las que atravesaba la industria, algunas cláusulas se aplicaron. En noviembre de 1938, el Co-mité Ejecutivo dio a conocer un acuerdo por el cual entraban en vigor las cláusulas 137, 138 y 139, que se referían al pago de vacaciones y días feriados.87 Un mes después, se anunció

82 naw. 812.6363/3840. Informe del encargado ad Interim de la Em-bajada norteamericana, Pierre L. de Boal, 7 de mayo de 1938. naw. 812.6363/4352. Últimas Noticias, 30 de junio de 1938.

83 naw. 812.6363/4352. Excelsior, 1 de julio de 1938. 84 naw. 812.6363/4537. New York Times, 4 de agosto de 1938.85 naw. 812.6363/4847. 5 de octubre de 1938. Informe confidencial de

la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, en adelante El Águi-la, al Departamento de Estado Norteamericano y al Foreign Office británico. La mayor parte de los datos con que se elaboraban estos informes provenían de fuentes oficiales de Petróleos Mexicanos. 812.6363/4847.

86 naw. 812.6363/5092. El Águila, 17 de octubre de 1938.87 naw. 812.6363/5071. Diario del Istmo, 29 de octubre de 1938.


que se entregarían a los operarios –con grandes sacrificios para la administración cardenista– el fondo de ahorro cuyo monto ascendía a 6 900 000 pesos, acumulados a razón de 3 a 8 por cierto de los salarios durante la antigua administra-ción, ya razón de 10 por cierto durante la gestión nacional.88

El anuncio se hizo en un momento en el que los traba-jadores presionaban para que se realizara una convención gremial en la que se discutiría la posibilidad de establecer una administración obrera en la industria del petróleo y la aplicación de la totalidad de las cláusulas del laudo. Una vez más, la gerencia de Pemex y el Comité Ejecutivo del sindica-to aseguraron que se cumplirían en cuanto las condiciones del país lo permitiesen, pero los trabajadores continuaron en agitación. En febrero de 1939 la Sección 26 encabezó la de-manda por asegurar atención médica gratuita,89 y en agosto se registraron movilizaciones exigiendo la garantía de los derechos del escalafón. Algunas campañas alcanzaron éxi-tos regionales. Al finalizar el gobierno de Lázaro Cárdenas, los trabajadores mantenían su exigencia de que se cumplie-ra con las prestaciones que el fallo judicial de 1937 les había concedido. La empresa expuso que implicaba una erogación por más de 177 millones de pesos.90

eL desencanto

Durante todo el año de 1939 los conflictos entre trabajadores y autoridades por mejoras laborales y prebendas sindicales continuaron. Las principales fricciones fueron por el enfren-tamiento entre y los “feudos” de poder de algunos líderes sindicales; pugnas entre obreros sindicalizados y empleados

88 naw. 812.6363/5270. Diario del Istmo, 6 de diciembre de 1938.89 naw. 812.6363/5506. Diario del Istmo, 8 de febrero de 1939.90 naw. 812.6363/6405. Diario del Istmo, 6 de agosto de 1939.


de confianza; rivalidades entre las secciones sindicales y los trabajadores en general no aceptaban el deterioro de sus in-gresos. El 31 de mayo de 1939, con el paro de calderas de la refinería de Tampico, 90 trabajadores suspendieron labores por 24 horas, siendo éste el primer paro de la industria na-cionalizada. Los obreros exigían la remoción del adminis-trador de área, Antonio M. Amor, y del ingeniero de área, Joaquín Margalli, alegando incompetencia administrativa e inhabilidad para resolver las demandas del sindicato. Una vez más exigieron el despido de todos los empleados no sin-dicalizados antes de la expropiación petrolera.91

Los huelguistas fueron acusados por el Departamento del Trabajo de asumir una actitud antipatriótica, en vista de que habían suspendido 80 por ciento de las operaciones de la planta, y causado daños en el sistema de oleoductos. Las pérdidas se calculaban en miles de pesos.92 La pren-sa señaló que el paro laboral obedecía a la instigación de las compañías en su campaña contra del gobierno y pueblo mexicano, y afirmaba que el paro lo encabezaba Delfino Sánchez, “rebelde cedillista y líder de las guardias blan-cas de la Compañía El Águila”.93 La huelga dio lugar a que autoridades y trabajadores intercambiaran acusaciones en torno a la ineficiencia administrativa que se percibía en la nueva administración.

Los trabajadores expusieron que los políticos eran los únicos beneficiarios de la expropiación, y a pesar de que la Sección 1 se había quejado varias veces “nada se había he-cho para remediar la situación”.94 En la Zona Sur también

91 naw. 812.6363/5967. El Águila, 15 de mayo de 1939. 92 naw. 812.6363/5828. El Mundo, El Universal, Excélsior, 1 de junio de

1939. 93 naw. 812.6363/5838, L.H. Excélsior, 7 de junio de 1938.94 naw. 812.6363/5859. Informe del agregado militar de la embajada

norteamericana, Com. F. Freehof, 6 de junio de 1939.


se manifestaba inconformidad de los obreros hacia sus au-toridades y líderes sindicales. Señalaban que muchas de las injusticias que se criticaron de los administradores de las compañías extranjeras las continuaban ejerciendo los nuevos empleados. Se quejaban de que no se había introdu-cido ninguna mejoría en el sistema, y tampoco se percibía un sentido de igualdad en los campos petroleros, lo que era particularmente penoso puesto que “los actuales administra-dores en su mayoría eran trabajadores que sabían avenirse a situaciones de mayor economía, actualmente se aseguran toda clase de comodidades e incluso lujos”.95

Los trabajadores solicitaban que los altos funcionarios compartieron el costo de la expropiación, se “unieran a los sacrificios por el éxito de la industria petrolera”, y que la ad-ministración no efectuara desembolsos innecesarios tales como la creación de un Departamento Central de Marina –que la gerencia de Pemex tenía proyectado formar cuando la flota petrolera consistía en un solo barco, el Cuauhtémoc i que podía ser manejado por la refinería de Minatitlán o la de Tampico.96

Por su parte, la administración acusaba a los trabajado-res de continuos robos, indisciplina y corrupción, en todas las regiones petroleras. Era frecuente el boot legging o robo de gasolina y otros productos petroleros, así como sustracciones de material y equipo de oficina.97 Sólo en los primero cuatro meses después de la expropiación se estimaba que las pér-didas ascendían a 40 000 pesos en El Águila y a 25 000 en la Pierce Oil.98 Se pretendía responsabilizar de estos hechos a líderes sindicales.

95 naw. 812.6363/5071. El Dictamen, 2 de noviembre de 1938.96 naw. 812.6363/5276. El Águila, 25 de octubre de 1938. 97 naw. 812.6363/5372. El Mundo, 23 de enero de 1939.98 naw. 812.6363/4391. El Mundo, 15 de julio de 1938.


Sin duda, la Sección 10 (Minatitlán ex Águila) era la que ofrecía mayores problemas en este sentido. De tiempo atrás (septiembre de 1938) se informaba de continuos robos a una escala considerable en la refinería veracruzana, por lo que el cen del sindicato se vio obligado a iniciar una investi-gación.99 60 soldados fueron empleados como vigilantes de la planta, y se contrataron detectives100 que aprehendieron a nueve hombres acusados de hurto de cemento, pintura, materiales de recubrimiento y otros.101 Trabajadores de esa sección se manifestaron en contra de los jueces que llevaban el caso,102 demandaban que los petroleros no quedaran bajo jurisdicción de la justicia civil, sino juzgados únicamente por su sección sindical.103 Un mes después, fueron puestos en libertad y defendidos en los juzgados locales por la Sec-ción 10 del sindicato.104 Al poco tiempo, la prensa informó que a los obreros arrestados no se les había encontrado evi-dencia de robo.105

En marzo de 1939 se continuaron registrando pérdidas en esa refinería. Se acusó a su administrador, Luis R. Torres, de vender como material de desecho equipos de oleoduc-tos y maquinaria en buenas condiciones, así como de ha-ber dispuesto, en colaboración con el inspector fiscal, de 88 000 barriles de gasolina vendidos a precios inferiores a los del mercado.106 Con el fin de debilitar las alianzas del líder sindical, los trabajadores de aquella sección, unidos a las secciones 23 y 27 (de la región del Istmo), habían cesado

99 naw. 812.6363/4805. El Dictamen, 15 de septiembre de 1938. 100 naw. 812.6363/4972. El Águila, 3 de octubre de 1938. 101 naw. 812.6363/5023. El Dictamen, 23 de octubre de 1938. 102 naw. 812.6363/5023. El Dictamen, 23 de octubre de 1938. 103 naw. 812.6363/5424. El Dictamen, 18 de septiembre de 1938. 104 naw. 812.6363/4852. Diario del Istmo, 23 de septiembre de 1938105 naw 812.6363/5054. Diario del Istmo, 23 de octubre de 1938. 106 naw 812.6363/5619. El Águila, 25 de marzo de 1939.


a los obreros de la organización de la crom, del Sindicato de Marineros del Golfo de México. A pesar de que el Depar-tamento de Trabajo ordenó que fueran reinstalados, los pe-troleros terminantemente se rehusaron.107 La acusación de robo a Luis R. Torres en 1939 abría una nueva oportunidad para removerlo de su cargo, pero de nuevo no se encontró evidencia.

El 4 de abril de 1939, los trabajadores de la Sección 10, con representantes de otras 15 secciones, realizaron una sesión ejecutiva para solicitar al cen del stprm que convocara a una convención especial para “tomar medidas moralizadoras y detener la mala administración de los directores de la indus-tria y de los líderes sindicales”.

Los conflictos gremiales se sucedieron en otras áreas. Se decretó la desaparición de la Administración General del Petróleo Nacional (agpn) y el 24 de noviembre de 1939 la Cá-mara de Diputados aprobó la iniciativa de ley por la cual todos los bienes y los pasivos de la agpn pasaban a Pemex. Se consideró que este organismo, fundado en enero de 1937 para administrar los bienes de la nación, debía asegurar el combustible en el país y especialmente el suministro al go-bierno y para Ferrocarriles Nacionales, por lo tanto tenía los mismos objetivos que Pemex, de manera que no existía “jus-tificación para mantener dos instituciones independientes entre sí y que tienen la idéntica finalidad de manejar intere-ses petroleros de la Nación”.108

Antes de que la iniciativa de ley fuera aprobada por la Cámara de Senadores, los trabajadores de las secciones 8, 24, 28 y 32 que formaban parte de la planta productiva de la agpn, solicitaron que no se disolviera este organismo. Seña-laban que durante la convención petrolera ya se había discu-

107 naw. 812.6363/4312. Excélsior, 10 de mayo de 1938. 108 naw. 812.6363/6361. Excélsior, 25 de noviembre de 1939.


tido la pertinencia de que se incorporara a Pemex, y durante aquella asamblea se resolvió que ambos organismos y el cen del sindicato elaborarían los estudios necesarios. Acusaban al cen de aceptar la fusión antes de conocer los puntos de vista de los afectados.109

Los trabajadores de la agpn se oponían con el argumen-to de que Pemex “es un organismo que no ha sabido orga-nizar en forma conveniente la explotación aceitífera de ma-nera que la desorganización de esta empresa contaminaría la marcha de la Administración General del Petróleo Nacio-nal”.110 Además, los operarios afirmaban que tenían un con-trato colectivo de trabajo en vigor y escalafones reconocidos y sería “natural que al fusionarlos con las demás secciones petroleras, sufrirían un fuerte quebranto sus categorías e in-tereses”.111

Bajo estas circunstancias, el 25 de abril de 1939, el pre-sidente Cárdenas envió al sindicato un memorándum en el que señalaba que era imposible aceptar la participación mayoritaria de los trabajadores en la empresa y que la cen-tralización de la industria se llevaría a cabo en cuanto se superaran los obstáculos económicos y legales existentes.112 Las ya difíciles relaciones entre sindicato y gobierno se com-plicaron con la revisión del contrato colectivo de trabajo, de tal manera que las fricciones por la centralización de la in-dustria se mezclaron con los problemas contractuales. El 8 de agosto –conforme a lo previsto– la agpn y la Distribuido-ra de Petróleos Mexicanos desaparecieron, y sus funciones fueron asumidas por Pemex.113

109 Idem.110 naw. 812.6363/6361. El Universal, 29 de noviembre de 1939. 111 naw. 812.6363/6361. Desplegado firmado por las secciones 8, 24, 28

y 32 del stprm en Excélsior, 1 de diciembre de 1939. 112 Villegas, Gloria, (coord.), 1988, p. 224. 113 Powell, J. Richard, 1956, p.41.


Las tensiones entre el gobierno y el sindicato fueron en aumento. En ese mes Jesús Silva Herzog, gerente general de la Distribuidora renunció, no sin antes acusar a algunos dirigentes petroleros de recibir sobornos de las compañías expropiadas para fomentar la oposición de los trabajadores a la reorganización de la empresa petrolera nacional. El sin-dicato replicó que los únicos aliados de las compañías eran los altos funcionarios mexicanos que exportaban crudo y re-finados a precios inferiores al mercado mundial.114

El 11 de septiembre, el Tribunal del Trabajo acusó a los líderes del sindicato de retardar y estorbar los trabajos de re-organización y ordenó la ejecución inmediata de los 14 pun-tos contenidos en el Acuerdo Presidencial del 15 de julio, que contenía beneficios sociales y económicos muy inferiores al fallo de 1937. Tres días después, las secciones sindicales 4, 5, 6, 7, 8 y 30 organizaron una manifestación para protestar en contra del fallo del Tribunal de Trabajo. Votaron en favor de la huelga general y por escindirse de la ctm.

El 28 de septiembre, los trabajadores de la Sección 4 rea-lizaron un paro de labores de ocho horas que afectó a la refi-nería de Azcapotzalco y a las oficinas administrativas de la Ciudad de México. La huelga se conjuró. Al día siguiente los funcionarios de Pemex y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje organizaron una comisión de peritos para que informara acerca de las condiciones financieras de la indus-tria y dictaminara sobre los medios adecuados para resol-ver el conflicto. La comisión la encabezaron Enrique Sarro, jefe del Departamento de Asuntos Económicos del Banco de México; el licenciado en economía, Miguel Manterola, y el ingeniero petrolero José López Portillo y Weber.

En noviembre 28, dos días antes de que el general Cárde-nas terminar su mandato presidencial, la Junta de Concilia-

114 Silva Herzog, Jesús, 1969.


ción y Arbitraje emitió su fallo y su resolución se ejecutaría un año después bajo el gobierno siguiente.

“aLgunos dirigentes sindicaLes no se han dado cuenta deL cambio”

En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas envió una carta al Sindicato de Trabajadores Petroleros donde exigió que cesa-ra –por considerarse errónea– la actitud de lucha en que ha tendido a colocarse el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana frente a la Distribuidora de Petró-leos Mexicanos y agpn porque revela que algunos dirigen-tes sindicales no se han dado cuenta del cambio operado al pasar la industria del petróleo de las empresas extranjeras a poder de la nación y bajo la responsabilidad e interés con-junto de los trabajadores y del propio gobierno, los actos de mi gobierno se han inspirado siempre en el deseo cons-tante y sincero de elevar, por medio de una serie de medidas la capacidad de consumo de las grandes masas trabajadoras y con ello el incremento de la demanda y de la producción nacionales.115

a manera de refLexión

El meollo del dilema se originó por el vínculo entre política y economía y su corolario: la nación impera sobre las partes, por lo tanto los intereses particulares y de clase debían su-bordinarse al interés nacional. En consecuencia, la economía nacional –definida como el interés de la nación– no reconoce la lucha de clases. Detecta como sectores estratégicos de la economía: energéticos y comunicaciones; sectores que bajo

115 apfLc, caja 29, carp. 4, doc. 3. Carta del presidente Cárdenas al stprm, 1940.


la rectoría del Estado son susceptibles de regular precios, tarifas y circulación de bienes a lo largo del territorio na-cional y, por lo tanto, conformar y consolidar un mercado nacional.

El proletariado, operario de un sector estratégico, debía actuar mediante el apoyo del Estado como su aliado solida-rio. En efecto, el Estado reconocía y legitimaba las reivin-dicaciones económicas de los sindicatos a condición de que éstos reconocieran la existencia de un interés superior al pu-ramente de clase: el de la nación.

Como se ilustró, la unidad de la clase obrera es pro-blemática. La separan intereses, divisiones en las áreas de trabajo, niveles de responsabilidad, jerarquías ganadas y reconocidas en los escalafones y tabuladores salariales. La desemejanza entre el interés de los líderes sindicales y los intereses de las bases obreras es conflictiva, incluso antagó-nica. El distinto desenvolvimiento de su especialización o profesionalización en el trabajo conduce por historias dis-tintas a las organizaciones sindicales pretender confederar bajo una central única fue un proceso complejo. Las circuns-tancias y la concepción de “economía nacional” condujeron a un tipo de unificación que violentó las autonomías pro-pias de cada sindicato. La división interna del trabajo –en el proceso productivo y el peso diferenciado de los gremios– explica sus distintas posturas y sentido de responsabilidad ante la huelga solidaria. Las agrupaciones de larga tradición gremial reaccionaron en defensa de su autonomía sindical.

La política de nacionalización abrió la expectativa de una administración obrera que el gobierno rechazó a cam-bio de que los petroleros mitigaran esa demanda, Pemex debió conceder a los líderes puestos de privilegio en la ad-ministración. Otro cáncer que se gestó al interior del sindi-calismo mexicano fue que, por ser una industria estatal, el sindicato y sus líderes ganaron fuerza de cabildeo en la po-

lítica nacional y regional entreverándose política y políticos con obreros y sindicato.

El vínculo entre obreros y Estado y la tensión que éste genera fue un rasgo característico en la evolución de las re-laciones laborales a lo largo del sexenio 1934-1940. Tensión que se expresó en la necesidad de regular las conquistas eco-nómicas obtenidas, los escalafones y tabuladores. El obrero concibe al sindicato como instancia de defensa de gestión de sus demandas y por su parte el Estado rehusó ser considera-do como patrón. El resultado final fue una sustancial trans-formación del status del obrero que de “proletario” termina por convertirse en trabajador al servicio del Estado y bajo esa categoría pierde autonomía y ve lesionado su derecho de huelga. Categóricamente afirmó el gobierno que la misión del Estado era la de velar por el bienestar de la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, acceder a las demandas sindica-les terminar por perjudicar la nación o inclusive traicionarla. El límite de la colaboración entre Estado y clase obrera fue justamente la idea organicista de la sociedad que desconoce la lucha de clases al colocar a la nación por encima de las partes.

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La gran depresión: en la raíz del cardenismo

Marcos Tonatiuh Águila M. Universidad Autónoma Metropolitana (uam)-Xochimilco

E ntre los rasgos particulares del impacto de la gran de-presión en México estuvieron su aparición temprana, su impacto profundo y su relativa brevedad. Algo semejante se puede decir sobre el fenómeno cardenista: emerge tem-prano en la provincia michoacana bajo el callismo, conquis-ta la presidencia y la independencia de Calles para darse a la tarea de una actividad febril de reformas económicas e ins-titucionales profundas en el breve lapso de unos tres años y comienza a declinar desde el clímax de la expropiación petrolera hasta la controvertida elección de 1940, cuando la moderación política y la retórica sobre la unidad nacional define el tono de los nuevos tiempos. Y sin embargo, el car-denismo, como la depresión, dejaron surcos profundos en la identidad nacional mucho más allá de la década de 1930. En este ensayo sostendremos que ambos fenómenos están interrelacionados. Pero ¿cómo establecer el vínculo entre las condiciones de la crisis económica que emerge en México alrededor de 1926 y cuyos efectos directos han desaparecido hacia 1933 con la emergencia de la experiencia

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Alejandra Frausto Guerrero Felipe Arturo Ávila Espinosa · 2020. 10. 8. · Me gustaría discutir cómo se llega a defi-nir el proyecto de la economía nacional y consecuentemente