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180-2011

Amparo

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho

horas con cincuenta y siete minutos del da veintisiete de julio de dos mil once.

Analizada la demanda firmada por el seor Ernesto Castillo Chicas, junto con la

documentacin anexa, es necesario efectuar las consideraciones siguientes:

I. En sntesis, expone el seor Ernesto Castillo Chicas que ingres a laborar al

Centro Nacional de Registros a partir del da 1-I-1995 y que desde esa fecha desempe el

cargo de Asesor Tcnico en la referida institucin.

Sin embargo, afirma que el da 21-XII-2009 se le notific por medio de Carta

de No Renovacin de Contrato Constitutiva de Hecho [que estaba] despedido de [sus]

labores, ignorando el desempeo del ejercicio tcnico y la larga trayectoria de trabajo al

servicio del Estado de El Salvador.

En ese sentido, manifiesta que el referido despido se realiz pese a la existencia de

un contrato que lo vinculaba con la referida entidad, el cual de acuerdo a la

documentacin anexa a la demanda tena una vigencia comprendida del uno de mayo al

treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, sin que previo a la toma de esa decisin se le

hubiese seguido un procedimiento de conformidad con la Ley Reguladora de la Garanta de

Audiencia de los Empleados Pblicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa.

En ese sentido, demanda al Director del Centro Nacional de Registros, por haber

vulnerado sus derechos de audiencia y defensa como manifestaciones del debido proceso

as como a la estabilidad laboral.

II. Delimitados los elementos que constituyen el relato de los hechos planteados por

la parte actora, conviene ahora exteriorizar brevemente los fundamentos jurdicos en que se

sustentar la presente decisin.

1. Entre los requisitos de procedencia de la demanda de amparo, el artculo 14 de la

Ley de Procedimientos Constitucionales establece que el actor se autoatribuya la titularidad

de un derecho reconocido en la Constitucin, el cual considere lesionado u obstaculizado en

virtud del acto de autoridad contra el que reclama.

As, en principio, no se exige como requisito de procedencia de la demanda de

amparo la comprobacin objetiva de la titularidad del derecho que se atribuye la parte

actora, sino slo, como se mencion, la autoatribucin subjetiva de esta como elemento

integrante de la esfera jurdica particular.

Sin embargo, existen casos en que a partir del examen liminar de la queja planteada,

considerando los elementos de conviccin aportados y los criterios jurisprudenciales

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establecidos en supuestos precedentes que guardan identidad en sus elementos con el

sometido a valoracin jurisdiccional, es posible establecer desde el inicio del proceso la

falta de titularidad del derecho cuya transgresin invoca el pretensor, no obstante su

autoatribucin personal, lo que se erige como un impedimento para entrar al conocimiento

del fondo del reclamo planteado.

En efecto, este Tribunal no puede entrar a conocer si existe o no lesin a un derecho

constitucional cuando el supuesto agraviado no es titular de este, ya que sin serlo no puede

haber ningn acto de autoridad que lo vulnere.

En consecuencia, la falta de titularidad efectiva del derecho constitucional que se

alega vulnerado impide entrar a conocer el fondo del asunto, esto es, a examinar si la

declaracin subjetiva hecha por el demandante es cierta o no en cuanto a la infraccin

constitucional alegada, obligando as a este Tribunal a rechazar ab initio la demanda

formulada mediante la figura de la improcedencia.

2. Aclaradas las anteriores nociones, resulta preciso examinar el criterio sentado por

este Tribunal relativo a la obligatoriedad de la tramitacin de un procedimiento previo a la

destitucin o remocin de las personas que prestan servicios al Estado en virtud de un

contrato, y con mayor exactitud, con relacin a la titularidad o no del derecho a la

estabilidad laboral para los empleados pblicos comprendidos en tal categora.

En torno a lo antes apuntado, se advierte que reiterada jurisprudencia de esta Sala

verbigracia, la resolucin de improcedencia de fecha 2-XII-2009, pronunciada en el

proceso de amparo nmero 190-2009 ha establecido que si bien todo empleado pblico

posee, indiscutiblemente, un mbito de seguridad jurdica, es necesario aclarar que este se

refleja de un modo particular dependiendo de la fuente de ingreso a la administracin

pblica.

En efecto, no obstante el reconocimiento de la calidad de empleado pblico a aquel

sujeto vinculado con la administracin por medio de contrato, el mbito jurdico en el cual

se enmarcan sus derechos y obligaciones es distinto al del empleado pblico vinculado

mediante la Ley de Salarios.

As, el marco jurdico de la relacin de supra-subordinacin entre el empleado

pblico y la administracin es, precisamente, el contrato firmado de comn acuerdo entre

ambos sujetos; de tal suerte que el empleado pblico sabe desde el momento de su ingreso

las condiciones de este, puesto que mientras no se incorpore al rgimen de Ley de Salarios,

sus derechos y obligaciones emanarn directamente de las clusulas de aquel, siempre y

cuando estas sean constitucionales, y de las que contemplen las leyes secundarias.

Desde la perspectiva anterior, habr que separar la estabilidad laboral de los

empleados pblicos que estn vinculados por contrato, de la estabilidad laboral de los

empleados de la misma naturaleza que se encuentran dentro del rgimen de la Ley de

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Salarios. As, la estabilidad laboral del empleado que entra a prestar servicio por medio de

contrato, estar condicionada por la fecha de vencimiento establecida en aquel, es decir,

que su estabilidad laboral como empleado pblico est matizada por la vigencia del

contrato.

En ese orden de ideas, el empleado pblico vinculado al Estado por medio de

contrato es titular del derecho a la estabilidad laboral, el cual implica, fundamentalmente, el

derecho que poseen dichos servidores pblicos a impedir su remocin arbitraria y

discrecional por parte de sus superiores dentro del plazo de vigencia del contrato, por lo que

una vez finalizado este es decir, extinguido su marco jurdico referencial, aquel deja de

ser titular de dicho derecho constitucional, pues no incorpora dentro de su esfera jurdica un

derecho subjetivo a ser contratado otra vez o a ingresar forzosamente a la administracin

mediante una plaza cuando ha finalizado el contrato.

III. Concretando las consideraciones recin expuestas al caso que nos ocupa, se

procede a realizar las acotaciones siguientes:

1. De lo relatado en la demanda se advierte que la parte actora dirige su reclamo

contra el Director del Centro Nacional de Registros, funcionario a quien atribuye haber

tomado la decisin de no renovar su contrato de trabajo, lo cual de conformidad con la

exposicin vertida en la demanda se entiende como un despido injustificado.

Para sustentar la inconstitucionalidad de la actuacin apuntada, el demandante

aduce que la decisin de separarlo de su cargo fue tomada sin antes haberle promovido

procedimiento alguno.

2. Al respecto, se advierte que no obstante la lnea argumentativa trazada por el

seor Castillo Chicas est orientada a demostrar que no poda haber sido removido de su

cargo sin antes segursele un procedimiento previo, del anlisis de los alegatos esbozados

en la demanda y de la documentacin anexa se infiere con toda claridad que, en el presente

caso, el marco jurdico de la relacin laboral entre el peticionario y el Centro Nacional de

Registros al momento del supuesto despido injustificado, se encontraba determinado por un

contrato cuya vigencia finaliz el da 31-XII-2009.

En ese sentido, del reiterado criterio jurisprudencial sealado en el considerando

precedente se advierte, de manera palpable y manifiesta, que el derecho a la estabilidad

laboral supuestamente vulnerado con inobservancia de los derechos de audiencia y defensa

no se encuentra, para el caso especfico, actualmente incorporado en la esfera jurdica del

demandante, puesto que la titularidad de tal derecho para las personas que prestan servicios

al Estado por medio de un contrato se encuentra limitado a su vigencia y, una vez vencido

aquel, la persona deja de ser titular de tal derecho, como ha ocurrido manifiestamente en el

caso que nos ocupa.

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As, se colige que en el momento en que habra ocurrido el acto cuyo control

constitucional se pretende por medio del presente amparo, el derecho a la estabilidad

laboral ya no se encontraba incorporado en la esfera jurdica del seor Ernesto Castillo

Chicas, pues como ya se expuso la titularidad de este se encontraba condicionada a la

vigencia del aludido contrato.

3. En razn de lo anterior, determinada dicha falta de titularidad, es dable sostener

que no existe exigencia constitucional para la tramitacin de un procedimiento previo por

parte de la autoridad demandada a efecto de proceder a la separacin de su cargo, de modo

que no es atendible la vulneracin a los derechos constitucionales que invoca y, por

consiguiente, existiendo un defecto en la pretensin constitucional de amparo, es

procedente el rechazo inicial de la demanda mediante la figura de la improcedencia.

Por tanto, con base en las razones expuestas en los acpites precedentes y de

conformidad con lo establecido en el artculo 14 de la Ley de Procedimientos

Constitucionales, esta Sala RESUELVE:

1. Declrese improcedente la demanda firmada por el seor Ernesto Castillo Chicas,

contra actuaciones del Director del Centro Nacional de Registros en virtud de las razones

expuestas en el considerando III de este provedo.

2. Tome nota la Secretara de esta Sala del lugar y medio tcnico sealados por la

parte actora para recibir los actos procesales de comunicacin.

3. Notifquese.

---J. B. JAIME---F. MELNDEZ---J. N. CASTANEDA S.---E. S. BLANCO R.---R. E.

GONZLEZ B.---PRONUNCIADO POR LOS SEORES MAGISTRADOS QUE LO

SUSCRIBEN---E. SOCORRO C.---RUBRICADAS.