América Latina en la Historia Económica 45

América Latina en la Historia Económica

Latin America in Economic History

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Estimados lectores:

A partir del presente número, en la revista América Latina en la His-toria Económica se citará conforme al sistema apa (American Psycho-logical Association, http://www.apastyle.org/) con el propósito de favorecer la difusión de los contenidos de la revista en las platafor-mas digitales a escala mundial. En este sistema se cita en el texto con un formato autor-fecha, recomendado porque no desvía la atención de los lectores y permite ubicar las fuentes citadas en la lista de referencias.

Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos envíen sus colaboraciones y para agradecer el apoyo que siempre nos brindan los miembros del Consejo Asesor, el Comité Editorial, el Consejo Interno y, en especial, los dictaminadores, así como los esfuerzos de los autores por adecuarse al sistema de citación apa.

Saludos cordiales.

Dra. Guillermina del ValleDirectora editorial

Directora editorial: Guillermina del Valle Pavón

Consejo asesor Argentina: Jorge Gelman, Universidad de Buenos Aires. Brasil: Angelo Alves Carrara, Universidade Federal de Juiz de Fora. Colombia: Salomón Kalmanovitz, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Estados Unidos: Herbert Klein, Columbia University; Eric Van Young, University of

California, San Diego. México: Carlos Sempat Assadourian, El Colegio de México; Marcello

Carmagnani, El Colegio de México; Mario Italo Cerutti Pignat, Universidad Autónoma de Nuevo León; Virginia A. García Acosta, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; José A. Ibarra Romero, Universidad Nacional Autónoma de México; Leonor María Ludlow, Universidad Nacional Autónoma de México; Carlos Marichal Salinas, El Colegio de México.

Uruguay: Luis Eduardo Bértola Flores, Universidad de la República; Raúl Jacob Dannheisser, Universidad de la República.

Comité editorial Argentina: Guillermo Banzato, Universidad Nacional de La Plata; Marcelo

Norberto Rougier Violláz, Universidad de Buenos Aires; Fernando Jumar, Universidad Nacional de La Plata.

Brasil: Carlos Gabriel Guimarães, Universidade Federal Fluminense. Chile: Claudio Robles Ortiz, Pontificia Universidad Católica de Chile;

Eduardo Cavieres Figueroa, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Colombia: Edwin López Rivera, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Cuba: Oscar Zanetti Lecuona, Academia de la Historia de Cuba. España: Arrigo Amadori, Universidad Complutense de Madrid; Manuel

Bustos Rodríguez, Universidad de Cádiz; José Miguel Martínez Carrión, Universidad de Murcia.

Estados Unidos: Thomas Passananti, San Diego State University. Francia: Michel Bertrand, Université de Toulouse. México: Gustavo del Ángel Mobarak, Centro de Investigación y Docencia

Económicas; Antonio A. García de León Griego, Universidad Nacional Autónoma de México; Sandra Kuntz Ficker, El Colegio de México; Paolo Riguzzi De Mori, El Colegio Mexiquense; Ma. Eugenia Romero Sotelo, Universidad Nacional Autónoma de México; Cecilia Zuleta Miranda, El Colegio de México.

Perú: Carlos Contreras Carranza, Pontificia Universidad Católica de Perú. Uruguay: María Camou, Universidad de la República.

Consejo interno Johanna Von Grafenstein Gareis; Luis Antonio Jáuregui Frías; Alfredo Pureco Ornelas; Enriqueta Quiroz; Ernest Sánchez Santiró.

Secretaria técnica: Adriana Barajas Gómez. Asistente editorial: Alberto Ramírez León.

Año 21, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014



América Latina en la Historia Económica, año 21, núm. 3, septiembre-di-ciembre, 2014, es una publicación cuatrimestral editada por el © Institu-to de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, a través de la Coordina-ción 2-Historia II: Estudios Políticos, Económicos, Sociales y Culturales de la Dirección de Investigación. Calle Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac, Delegación Benito Juárez, 03730, México, D. F., tel. 5598-3777, www.mora.edu.mx. Editora responsable: Dra. María Isabel Guillermina del Valle Pavón. Registrada en el Instituto Nacional del De-recho de Autor con el número de reserva de derechos al uso exclusivo núm. 04-2004-053119091200-102. ISSN 1405-2253. Licitudes de título y contenido otorgadas por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación mediante certi-ficados núms. 8684 y 6128, respectivamente. Tipografía y formación: ldg Fabián Díaz Guzmán. Cuidado de la edición: Subdirección de Pu-blicaciones del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Madrid 82, Del Carmen, Delegación Coyoacán, 04100, México, D. F., tel. 5554-8946, ext. 3103, [email protected]. Impresa en los talleres de IEPSA, San Lorenzo Tezonco 244, Paraje San Juan, Delegación Iztapa-lapa, 09830, México, D. F, este número se terminó de imprimir el día X de agosto de 2014 con un tiraje de 300 ejemplares.

América Latina en la Historia Económica difunde ensayos resulta-do de investigaciones originales sobre la historia material de América Latina con el propósito de estimular el debate historiográfico, los estu-dios interdisciplinarios y el análisis comparativo, y está incluida en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Conacyt, en el Scielo Citation Index (Thomson Reuters) y en la base de datos bibliográfica Scopus (Elsevier) e indizada en la colección Scielo-México, en el Sistema de Información Científica Redalyc, en Historical Abstracts; incluida también en el Hispanic American Perio-dicals Index (hapi), Base de datos bibliográfica de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (claSe) y Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (latindex). Publicación editada y distribuida por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. El costo de la suscripción anual es de 200.00 pesos, nacional, y 100.00 dólares, internacional, más gastos de envío, mediante depósito en Banorte, sucursal Universidad 0002, cuenta núm. 0541602134, a nombre del Instituto de Investigacio-nes Dr. José María Luis Mora, desde el extranjero I. D. de Speua, clabe 072180005416021348.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los conte-nidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Impreso en México / Printed in Mexico

Año 21, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014



TABLA DE CONTENIDOS

Artículos

JameS Vladimir torreS moreno

“Tasas de interés y desempeño económico: el crédito co-mercial en Santafé de Bogotá, 1760-1810”

“Interest Rates and Economic Performance: Trade Credit in Santafe de Bogota, 1760-1810”

mario truJillo bolio

“Matamoros: conformación portuaria, comercio de mar y tierra, y presencia de casas-mercantiles, 1800-1860”

“Matamoros: a Mexican Traiding Port, Domestic and Mari-time Commerce and its Trading House, 1800-1860”

Jorge gelman y daniel Santilli

“Los salarios y la desigualdad en Buenos Aires, 1810-1870” “Wages and Inequality in Buenos Aires, 1810-1870”

renato leite marcondeS

“Caixas econômicas públicas e depósitos populares no Bra-sil (1861-1940)”

“Public Savings Banks and Popular Deposits in Brazil (1861-1940)”

9-45

46-82

83-115

116-143

mario JuSto lópez

“El Ferrocarril Gran Oeste Argentino y el Banco Inglés de Inversión J. S. Morgan & Co., 1887-1897”

“The Argentine Great Western Railway and the Bank J. S. Morgan & Co., 1887-1897”

andrea carolina miranda peStana y raúl román romero

“Conflictos y negociaciones entre los empresarios harine-ros de la región andina y los de la costa caribe colombiana, 1904-1912”

“Conflicts and Negotiations between the Flour Entrepre-neurs of the Andean Region and the Colombian Caribbean Coast, 1904-1912”

hugueS r. Sánchez meJía y adriana SantoS delgado

“Estado, innovación y expansión de la agroindustria azuca-rera en el valle del río Cauca (Colombia), 1910-1945”

“State, Innovation and Expansion of the Sugar Agroindus-try in the Cauca River Valley (Colombia), 1910-1945”

Reseñas

Guy Pierre, Natalie Lamaute-Brisson y Gusti-Klara Gaillard-Pourchet (eds.) Histoire économique de la Caraïbe (1880-1950): Economies su-

crières, systèmes bancaires et dette extérieure, modèles de développe-ment et rivalités impérialistes, por Carlos Marichal

Cristina Ana Mazzeo de Vivó Gremios mercantiles en las guerras de independencia. Perú y Mé-

xico en la transición de la colonia a la república, 1740-1840, por Ramiro Alberto Flores Guzmán

William J. Suarez-Potts The Making of Law. The Supreme Court and Labor Legislation in

Mexico, 1875-1931, por Arturo Valencia Islas

144-175

176-200

201-230

231-234

234-236

236-243

TASAS DE INTERÉS Y DESEMPEÑO ECONÓMICO: EL CRÉDITO COMERCIAL EN SANTAFÉ DE BOGOTÁ,

1760-1810

INTEREST RATES AND ECONOMIC PERFORMANCE: TRADE CREDIT IN SANTAFE DE BOGOTA, 1760-1810

James Vladimir Torres MorenoUniversidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia <[email protected]>

Resumen. Este artículo analiza el crédito otorgado por los comerciantes de Santafé de Bogotá entre 1760 y 1809. Para ello, se han construido series de tasas de interés y préstamos en moneda y efectos de Castilla que permiten analizar su comportamiento a largo plazo. Se encontró que los mercaderes capitalinos pusieron a disposición de la economía colonial cantidades crecientes de fondos prestables. Por su parte, la evolución de las tasas de interés indica una reducción de los tipos máximos a fines de siglo y una cierta elasticidad de la oferta de crédito frente a dicha reducción. Además, se sostiene que el mercado monetario disminuyó significativamente sus costos de transacción y aumentó su tasa de rotación de capital. Así, aumentaron los incentivos para que los comerciantes aumentaran sus créditos en moneda, lo que pudo haber impulsado el crecimiento económico.

Palabras clave: historia económica; crédito; tasa de interés; comerciantes; Santafé de Bogotá.

Abstract. This article analyzes the credit given by merchants in Santafe de Bogota between 1760 and 1809. This required the preparation of interest rates and loans in both currency and Castilian effects, which permitted a long-term behavior analysis. It was found that the capital’s merchants made increasing amounts of loanable funds available for the colonial economy. Meanwhile, towards the end of the century, the evolution of interest rates points towards a reduction in the maximum rates, as well as a consequential relaxation of the credit supply. Furthermore it became apparent that the money market significantly reduced its transaction costs while swelling its capital turnover, thus creating an increased incentive for merchants to augment their currency loans, which in turn may have stimulated economic growth.

Key words: economic history; credit; interest rates; merchants; Santafe de Bogota.

Fecha de recepción: agosto de 2013. Fecha de aceptación: noviembre de 2013.

Am. Lat. Hist. Econ., año 21, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp. 9-45

* El autor agradece los comentarios del Grupo de Investigación en Historia Económica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Todos los errores y omisiones son enteramente del autor. Este artículo es parte de la investigación Circulación y Producción de Oro en Colombia

10 James Vladimir Torres Moreno

introducción

Las recientes investigaciones en historia económica de Kalmanovitz (2006 y 2008) y de Meisel (2011) han hecho énfasis en el comporta-miento a largo plazo de la economía neogranadina. Desde un punto

de vista agregado, la economía del virreinato habría entrado en un fuerte crecimiento nominal a fines del siglo xViii, que diverge del desempeño económico en el siglo siguiente. Sin embargo, decir que hubo crecimiento no es suficiente. En efecto, es necesario analizar las series en términos rea-les y complementar las investigaciones del comportamiento del sector real con un análisis de los precios relativos, la oferta monetaria y el sistema de crédito. Sólo así se puede tener una imagen más completa del significado y las causas del crecimiento de la economía colonial.

En ese sentido, en el presente artículo estudiamos el crédito otorgado por los comerciantes de Santafé de Bogotá examinando el comportamien-to del mercado monetario y el mercado de efectos de Castilla durante la segunda mitad del siglo xViii.1 Para ello, hemos construido series de tasas de interés y de préstamos en moneda y efectos de Castilla otorgados por comerciantes residentes y sedentarios en las notarías de Santafé entre 1760 y 1810. Los comerciantes sedentarios son aquellos que tienen su centro de operaciones en la ciudad de Santafé y los residentes son aquellos que están temporalmente en la ciudad. Por otra parte, es importante recordar que en Santafé no había una distinción marcada entre mercaderes y comerciantes, de hecho, el Plan de una compañía patriótica de comercio (1801) señala que “se echa de menos el contraste entre los que aquí se pueden llamar comerciantes, y los que comúnmente son conocidos con el nombre de mercaderes” (p. 107).

Esta construcción de series se trata de un ejercicio interesante por va-rias razones. En primer lugar, permite examinar cómo reaccionaron los comerciantes, quizá el grupo con mayor liquidez de la sociedad colonial, al crecimiento económico y a la formación de un incipiente mercado de capitales. En segundo lugar, las tasas de interés constituyen una de las variables macroeconómicas fundamentales por su estrecha relación con la oferta monetaria, la velocidad de circulación y su importancia en la disyuntiva entre consumo y ahorro en el corto y largo plazos (véase Torres, 2012). En tercer lugar, el crédito comercial constituyó una importante al-ternativa a un crédito eclesiástico caracterizado por una oferta inelástica de

y Brasil, coordinada por Heraclio Bonilla y Ángelo Alves Carrara y financiada por la Dirección de Investigaciones sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y por la Universidade Juiz da Fora, Brasil. 1 Aquí nos referiremos a este tipo de crédito como crédito comercial o mercantil. Es impor-tante que el lector no confunda el primer término con el crédito comercial actual.

Am. Lat. Hist. Econ., año 21, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp. 9-45 11

fondos prestables. Finalmente, y no menos importante, ambos mercados (monetario y de bienes importados) constituyen un importante elemento en los costos explícitos de la actividad comercial. En otras palabras, desde el punto de vista del comerciante, el mercado monetario constituye un costo de oportunidad de sus actividades comerciales habituales.

Según Martínez y Valle (1998), y Pietschmann (1996), la historiografía colonial latinoamericana se ha concentrado en lo que genéricamente se ha denominado crédito eclesiástico. Un tema recurrente en dichos estudios ha sido el debate como lo exponen Bauer (1983) y Romano (1997, 2004) en torno al impacto positivo o negativo de los distintos instrumentos de crédito que la Iglesia puso a disposición de la economía colonial. No es nuestra intención abordar con detalle un debate que, por lo demás, requie-re mayores investigaciones. Lo que sí nos interesa resaltar es la notable ausencia de estudios específicos sobre el crédito comercial y su relación con el crédito eclesiástico. Aunque Pérez (1988) ha examinado el funciona-miento de algunos instrumentos mercantiles como los vales y las libranzas, no se ha emprendido la construcción de series que permitan examinar el comportamiento del crédito comercial y su relación con la economía colonial. De hecho, como señalan Martínez y Valle (1998), se han exami-nado los préstamos de los comerciantes en función de carreras mercantiles particulares pero no se ha abordado el fenómeno como se ha hecho con el crédito eclesiástico.

En el caso de Nueva Granada, Germán Colmenares (1997a) dejó una apreciación demasiado estática de la economía colonial donde las institu-ciones religiosas –con su baja rotación del capital, sus privilegios institu-cionales y sus rígidas tasas de interés– dominaron la oferta de crédito. En otras palabras, a una economía de ritmo lento se ajustaba bien un sistema de crédito de este tipo. Sin embargo, no resulta convincente que el crédito eclesiástico, por sí sólo, hubiese podido proporcionar los capitales necesa-rios para sostener un importante crecimiento nominal del pib. De hecho, el mismo Colmenares (1997a) se apresuró a señalar que, a mediados del siglo xViii “el volumen de las obligaciones comerciales sustituye el viejo mecanismo de los censos, que privilegiaban la agricultura” y, de manera más clara, que “mientras el volumen de los censos disminuía a ojos vista durante el resto del siglo, las obligaciones simples de los comerciantes iban en aumento” (p. 99).

Los estudios de Castro y Montoya (2009), Ferreira (1999) y Toquica (2008) han abordado el crédito eclesiástico a escala regional y su desarro-llo en conventos particulares. Quizá el texto de Renée Soulodre-La France (2004) es el más importante de estos estudios porque analiza con deta-lle los préstamos a través de los escribanos y, principalmente, porque ha llamado la atención sobre el crédito particular y su impacto en la oferta


local de crédito. Los estudios de Daza (2009), McFarlane (1983) y Twinam (1985) sobre comerciantes también han abordado el problema pero, como sucede en la historiografía latinoamericana, se hace en función de la acti-vidad comercial por sí misma y no en su relación con la economía que la rodea. Así, no es arriesgado decir que el crédito comercial ha permanecido ausente de la agenda de los investigadores de la época colonial; la excep-ción para el siglo xix se encuentra en Meisel y López (1990).

Este vacío no se trata, por cierto, de una traducción de la ausencia de investigaciones empíricas concretas. Por el contrario, se debe a la hipótesis –aún por demostrarse– de que en realidad el crédito por los comerciantes fue marginal, que su capacidad de dinamizar la economía colonial fue re-ducida y, como corolario, que no se puede hablar de un incipiente merca-do de capitales (Romano, 1997, 2004), esto último agravado por la política religiosa de control de las tasas de interés y por la restricción de la entrada y salida de los agentes a este tipo de transacciones. Esta hipótesis, sin em-bargo, ha sido puesta en duda. En un estudio de las finanzas del virreinato de Nueva España y su influjo en la estructura del imperio español, Carlos Marichal (1997, 1998) afirmó que “hacia fines de la colonia efectivamente existía un sistema crediticio y un mercado de capitales complejo y relati-vamente exigente”. Además, es importante puntualizar que el hecho de que los precios de ese mercado tuvieran un tipo máximo fijado por las autoridades no significa que no exista ese mercado. La coordinación de ese mercado de capitales se puede seguir en la época moderna a través de los comerciantes, quienes son los que tenían mayor capacidad de ahorro (Bordo y Cortés, 2001). Así, buscamos aportar a la discusión analizando con relativo detalle el mercado de la capital neogranadina, ciudad que en-tró en una importante expansión por el crecimiento de su población y por sus particulares funciones en la distribución de mercancías e importancia política.

En este artículo abordamos la evolución de las tasas de interés de di-versos tipos de crédito y las características de estas tasas en el marco de la economía colonial. También analizamos los montos agregados de créditos y su elasticidad a la tasa de interés y estudiamos otras variables que inter-vienen en la oferta de crédito como plazos, riesgos y tasas de retorno.

laS taSaS de interéS

En el periodo colonial existieron varios tipos de interés según el tipo de institución que otorgara o recibiera el crédito (Reyes, 2000). Estas tasas, además, no fluctuaron al unísono como lo suelen hacer en la economía moderna. Así, los instrumentos financieros eran los siguientes: las escritu-


ras de deuda del virreinato, los préstamos eclesiásticos, el préstamo par-ticular, el préstamo comercial y los préstamos de las cajas de comunidad. Sobre el primer tipo de interés tenemos información confiable para la Caja de Santafé. Según el “Estado caudales cargados contras estas reales cajas [de Santafé] [sic]”,2 que relaciona la deuda que tenían las cajas matrices para 1769, la evolución de la tasa de interés era la siguiente: los juros (bo-nos de deuda) del siglo xVii tenían una tasa de interés de 5%. Durante el reinado de Felipe V (1700-1746) y Fernando VI (1746-1759),3 la tasa de in-terés subió a 6%. Para la fecha del “Estado” la tasa de interés era de nuevo de 5% y sufrió una reducción definitiva en 1781 a 4 por ciento.4

El préstamo eclesiástico se mantuvo a lo largo del siglo xViii en 5% aunque se alteró en algunos años. En 1756, por ejemplo, la Audiencia de Quito disminuyó la tasa de 5 a 3%. Según Colmenares (1997b) esta reduc-ción afectó diversos territorios que pertenecían al Nuevo Reino, como Po-payán. Esto contrasta con la experiencia de Nueva España, donde a fines del siglo se redujo a 4.5% (Wobeser, 1998); Perú, donde se bajó en algunos años a 3% (Quiroz, 1994) y en la península, donde la tasa se mantuvo en 3% antes de la emisión de los vales reales (Romano, 2004). Sobre los créditos de las cajas de comunidad es poco lo que sabemos puesto que los trabajos existentes no han desarrollado un estudio sistemático del compor-tamiento económico de los pueblos de indios más allá de las descripciones tradicionales. Si nos entregamos a la información disponible, la tasa de interés de las cajas de comunidad también se mantuvo en 5 por ciento.5

Los préstamos de particulares y de los comerciantes, en cambio, su-frieron modificaciones importantes. La Real Audiencia era la encargada de asignar la tasa techo para ambos tipos de crédito.6 Sin embargo, es claro que la tasa máxima era una variable exógena, y factores como el tiempo de retorno y el riesgo no afectaban de manera directa el precio del capi-tal sino la oferta de fondos prestables. Aun cuando Redd y Bekar (2003) ofrecen una interesante explicación de la evolución de las tasas de interés desde la teoría neoclásica, infortunadamente ignoramos las discusiones y

2 (1769). Real Hacienda (Estado caudales cargados contras estas reales cajas, anexo 1, t. 8, fs. 526-524). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. 3 La contabilidad de la deuda de la Real Hacienda se llevaba por reinados. 4 (1781). Real Hacienda (anexo 1, t. 8, fs. 710-711). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. 5 (1794). Notaría Segunda (Préstamo de 10 000 pesos, t. 187, f. 209). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia; (1804). Notaría Segunda (Préstamos por 35 879 pesos, t. 207, fs. 180-205v). Archivo General de la Nación, Bogotá, Colombia. Ambas cifras muestran la magnitud del fenómeno. 6 El crédito de particulares requiere otro trabajo. Es de suponer que, puesto que en Santafé residía un tipo de burocracia con alta liquidez, los préstamos también debieron ser de cierta mag-nitud. Véase, por ejemplo, (1756). Fondo Camilo Torres (carpeta 50, fs. 1-60). Archivo Histórico Javeriano. Bogotá, Colombia.


razones que llevaron a esta institución a reducir las tasas de interés. De hecho, en el texto clásico de Ots (1950) no hay información sobre este tipo de funciones de la Real Audiencia. Se requieren trabajos que analicen la perspectiva que tenían las autoridades neogranadinas sobre la usura.

Para el crédito comercial hemos construido la evolución de los tipos de interés siguiendo la expresión “réditos a estilo y uso del comercio”, que era la expresión usada para este tipo de interés. Dicha serie se construyó con base en todos los préstamos en dinero y efectos de Castilla hechos por comerciantes de la capital en las notarías segunda y tercera entre 1760 y 1810.7 En un trabajo anterior, Torres (2011) logró localizar y estudiar esa comunidad de comercio y estableció sus integrantes, con lo cual identifi-camos a los individuos que, siendo comerciantes, prestaban dinero pero no se presentaban como individuo del comercio o como mercader de esta ciu-dad. Se trata de una base de datos que abarca 1 404 transacciones (797 de efectos de Castilla y 607 en moneda). Naturalmente, debemos tener cierto cuidado en su lectura. Las obligaciones ante los escribanos no representan el total de los préstamos del sector comercial, pues se usaban también los libros de caja, las libranzas y los vales (Pérez, 1988; Bohórquez y Palacio, 2008). Aquí asumiremos que los datos de las notarías son un buen reflejo de la tendencia. Finalmente, es importante anotar que los comerciantes recibían dinero de particulares –especialmente de viudas y funcionarios– para ponerlos a premio,8 lo que indica, por otra parte, la función de in-termediarios financieros que habían desarrollado los comerciantes. En el Plan de una compañía patriótica de comercio (1801) se hace énfasis en que “ahora se ve que muchos sujetos eligen a un mercader para el adelanta-miento de sus intereses” (p. 108). Esta forma de canalizar dineros median-te los comerciantes es una experiencia que se puede encontrar en otras economías coloniales. Sobre Nueva España, véase Brading (1995), y sobre Buenos Aires, Socolow (1991).

7 Se han revisado todos los escribanos de la capital existentes en el Archivo General de la Nación agrupados en las notarías segunda y tercera entre las fechas descritas, exceptuando las escribanías de Diezmos y de Real Hacienda. La notaría primera no se incluyó en la muestra, pues presenta un notable vacío entre 1790 y 1805, aproximadamente. De la notaría segunda se revisa-ron los escribanos entre los tomos 122 al 215 y de la notaría tercera aquellos comprendidos entre los tomos 208 y 349. 8 Ejemplos de entrega de dineros a comerciantes de la capital y que informan sobre los mecanismos de estos tratos se pueden consultar en: (1763 y 1800). Notaría Segunda (t. 127, fs. 403-404v y t. 198, fs. 338-338v). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.


Además, hemos realizado dos series adicionales, una para Medellín9 y otra para Popayán,10 que nos permiten tener una imagen comparada del fenómeno. En el caso antioqueño para el periodo 1750-1810 los resulta-dos arrojan una línea horizontal de 5% con algunos años, muy puntuales, acercándose a 6%. Igualmente, en muy pocas ocasiones se hace referencia explícita a una tasa de interés “a estilo de comercio”, lo que indica que los préstamos se hicieron con base en la tasa de los créditos eclesiásticos. Para Popayán, la serie presenta tasas de interés de 10% entre 1750 y 1764 para bajar en ese año a 8% y fluctuar hasta 1773, cuando la tasa de interés máxima se reduce a 6%. En el caso de Santafé, tenemos una disminución consistente de los tipos de interés. Tanto el crédito comercial como el cré-dito de particulares estuvo en 10% hasta 1763, cuando la Real Audiencia obligó a ajustarlos a 5% para obedecer una Real Pragmática y mantenerse allí hasta 1772, cuando los comerciantes lograron subir un punto porcen-tual la tasa techo. Los particulares no pudieron prestar más allá de 5%. Esta caída es ciertamente notable. En estas condiciones, es claro que la tasa de interés sufrió una baja y con ella cayó el costo de oportunidad de tener saldos monetarios en caja. Es evidente la mayor reducción de las tasas en la capital virreinal frente a otras ciudades del reino.

Desde un punto de vista comparado, una disminución de las tasas de interés por la misma época también se presentó en otras economías como Chile (Cavieres, 1996) y el interior argentino (Socolow, 1991; Mata, 1996). No así en Nueva España, donde las tasas se mantuvieron sobre 12%, aun-que venían disminuyendo años atrás (Romano, 2004). Según Valle (2012), aún a fines de siglo algunos comerciantes novohispanos prestaban a tasas anuales por encima de 25% en las notarías, de hecho interpreta esta re-ducción en la tasa como una consecuencia de la apertura del comercio libre que afectó a los antiguos flotistas y los obligó, aunque parcialmente, a colocar sus capitales a rédito. Sin embargo, por lo menos para el caso de Nueva Granada, la reducción venía de años atrás y estuvo condicionada por variables exógenas. Naturalmente, los comerciantes tenían diversas formas de evadir legalmente la restricción. Sin duda, estaban a disposición estrategias que podríamos denominar clásicas: inflar el valor del principal y alterar los tiempos de cancelación (Bell, Brooks y Moore, 2008).

Del mismo modo, es importante anotar que la tasa de interés recaía sobre la venta a crédito de efectos cuando se vencían los plazos estipula-

9 (1750-1810). Escribanos de Medellín. Archivo Histórico de Antioquia. Medellín, Colom-bia. Se revisaron todos los escribanos comprendidos en las anteriores fechas (el archivo no ha cla-sificado por tomos o legajos los protocolos). También examinamos todas las deudas particulares, pues no tenemos información de los comerciantes y sus actividades financieras. 10 (1750-1810). Escribanos. Archivo Central del Cauca. Popayán, Colombia. Aquí seguimos las escrituras para las cuales se hace explícito el rédito a estilo de comercio. Muestra de años pares.


dos, en ese momento, para usar una de las expresiones de la época: “se convierten los efectos en dinero potable”.11 Desde el mercado de efectos, también es importante anotar que sólo 8.5% de las transacciones se pactó con pago en otros efectos en una especie de trueque.12

Finalmente, y muy importante, nos hemos referido a la tasa de interés máxima en términos nominales, aunque no hemos dicho nada sobre la fluctuación de la tasa de mercado y sus montos ajustados a la inflación. Así, hemos construido una serie de tasas de interés promedio para obser-var su fluctuación a pesar de la existencia de una tasa máxima. Al someter la desviación estándar (dS) de esos promedios a la prueba t de Student, se tiene que, en términos nominales, en realidad la variación no fue impor-tante y se mantuvo siempre entre 5 y 6%, excepto cuando la dS es cero debido a que todos hicieron sus préstamos a 5% (para 1793 y 1796).13 Sin embargo, el panorama es distinto cuando pasamos a analizar la tasa en términos reales. Como se sabe, la historia de los precios es quizá el área de la historia económica menos explorada por los historiadores colombia-nos. Un trabajo reciente (Torres, 2012) ha construido un nuevo índice de precios que abarca el periodo 1791-1808.14 Según los resultados de dicho índice, la inflación promedio anual se ubicó en 1.7%, aunque hubo años en que el crecimiento de los precios fue mayor, en especial en los últimos años de la dominación colonial.

La gráfica 1 señala una reducción de la tasa de interés a fines del pe-riodo al deflactarla por el índice de precios de la capital virreinal. La tasa máxima real se benefició de algunos años de deflación, aunque llegó a estar por debajo de 5%; la tasa de mercado, por su parte, llegó a aproxi-marse a 4%, aunque a fines del periodo colonial el incremento parcial en la tasa nominal amortiguó en parte la inflación. Estos guarismos nos hablan de una coyuntura favorable para la demanda de crédito. En efecto, esta reducción incentivó el grado de sustitución del crédito comercial frente al crédito eclesiástico, lo que en un panorama de crecimiento de la pro-ducción pudo haber incentivado la inversión y el consumo. Del lado de la oferta, sin embargo, es necesario calibrar la reacción de los comerciantes:

11 (1780). Notaría Segunda (t. 161, fs. 141-141v.). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. 12 La transacción más elevada con este tipo de pago fue hecha en 1802, donde se pactaba la venta de 20 160 pesos en efectos de Castilla a pagar en lienzo y mantas del Socorro, especificando los precios de estos últimos. (1802). Notaría Segunda (tt. 204, 435). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. 13 La prueba t de Student es una prueba de hipótesis que nos permite inferir si una media es diferente frente a otra a partir de sus valores y su desviación estándar. A lo largo del texto hemos aplicado la prueba, pues hemos utilizado in extensu promedios que en apariencia son diferentes. 14 En dicho trabajo se hace una defensa apropiada a metodologías estadísticas y económicas que son injustamente tratadas de anacrónicas.

GR

ÁFI

CA

1. T

ASA

S D

E I

NT

ER

ÉS

MÁ

XIM

A Y

DE

ME

RC

AD

O R

EA

LE

S E

N S

AN

TAFÉ

, 179

1-18

08

Fuen

te:

elab

orac

ión

prop

ia c

on b

ase

en (

1791

-180

8).

Not

aría

s se

gund

a y

terc

era,

San

tafé

de

Bog

otá.

Arc

hivo

Gen

eral

de

la N

ació

n. B

ogot

á,

Col

ombi

a.


¿la oferta de crédito es elástica a la tasa de interés? Analizaremos esta pre-gunta en la siguiente sección.

la elaSticidad precio oferta del capital

Los comerciantes fueron quizá el sector que gozó de mayor liquidez en la economía colonial, la razón fue su importante movimiento entre la eco-nomía natural y la economía monetaria y, a su vez, por su constante in-terés en minimizar sus gastos en América y maximizar sus excedentes a Europa. De esta manera, los comerciantes habrían sido los “agentes de la desmonetización” de la economía colonial (Gelman, 1987). Nos parece, sin embargo, que este encuadre es demasiado simple. En efecto, para llegar a la conclusión de que los comerciantes actuaban de manera mecánica como exportadores insaciables de moneda, es necesario evaluar los incen-tivos y restricciones que ofrecía la economía doméstica a las actividades comerciales.

Iniciemos con el comportamiento en el mercado de efectos de Castilla (véase gráfica 2). Entre 1760 y 1809 pasaron por las notarías de Santafé un total de 3 036 271 pesos plata en efectos de Castilla vendidos a crédito. Se trata de una fracción ciertamente menor si la comparamos con la evolu-ción de las alcabalas, que es el indicador más sólido de ventas totales de este bien en el mercado; el recaudo constituía 2% del valor de avalúo de las mercancías (Muñoz, 2010). Aunque en términos absolutos la diferencia es abismal, pues las alcabalas informan de transacciones totales hasta de 1 000 000 de pesos anuales, la tendencia es similar. Además, insistamos en que las notarías nos proporcionan una serie de variables ausentes en las fuentes alcabalatorias como la tasa de interés y los plazos del crédito.

Volviendo a los números, es clara la volatilidad de este mercado de-bido a los grandes rezagos que causaron las guerras internacionales en las que España participó. Si siguiéramos la tendencia lineal tendríamos un crecimiento importante en ese mercado. Sin embargo, este no es acelerado si seguimos la media móvil de dos años, situación que se corrobora con el comportamiento de las alcabalas. Asimismo, es necesario tener en cuenta que quizá esa estabilidad en el valor global de las importaciones se deba a una reducción de los precios de estos.

Sobre el influjo de la tasa de interés en estas ventas a crédito, se pue-de afirmar que los efectos de Castilla no son un bien elástico a la tasa de interés. La reducción de esta en 1763 no causó un auge perceptible en los montos transados medidos por las transacciones notariales y por la alca-bala. De hecho, a los grandes picos de fines de la década de los ochenta y fines de los noventa siguen valles comparables a los de principios de

GR

ÁFI

CA

2. E

FEC

TO

S D

E C

AST

ILL

A T

RA

NSA

DO

S E

N L

AS

ESC

RIB

AN

ÍAS

DE

SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te:

elab

orac

ión

prop

ia c

on b

ase

en (

1760

-180

9). N

otar

ías

segu

nda

y te

rcer

a, S

anta

fé d

e B

ogot

á. A

rchi

vo G

ener

al d

e la

Nac

ión.

Bog

otá,

C

olom

bia.


1760. Igualmente, es probable que los picos en esos años hayan saturado la demanda de aquellas provincias que se abastecían de estos efectos en la capital.

Procedamos a analizar los montos agregados de los préstamos en mo-neda concedidos por los comerciantes capitalinos (véase gráfica 3). Para el periodo 1760-1809, los mercaderes pusieron a disposición de la econo-mía, vía notaría, 1 912 436 pesos, de los cuales 1 025 192 pesos fueron en plata y 887 244 en oro. La primera constatación del movimiento de esos préstamos es el aumento acelerado del crédito desde 1780 hasta 1805.15 La segunda constatación también es evidente: una importante presencia de doblones en el mercado doméstico. Para observar este fenómeno de manera mucho más precisa, véase la gráfica 4, donde presentamos los préstamos desagregados por metales. El oro, sin duda, presentó un no-table crecimiento a fines del periodo mencionado, interrumpido por un importante valle entre 1792 y 1797, tiempo en que tal vez los comerciantes esperaron el movimiento del comercio internacional (véase McFarlane, 1997). Frente a la plata, debemos señalar que allí hemos agrupado la ma-cuquina o corriente y la plata fuerte. Los préstamos en la segunda fueron muy reducidos (21 585 pesos), lo que indica la mayor importancia en la circulación de la primera. Su comportamiento también es creciente y me-nos volátil que el oro.

La reducción de la tasa de interés en 1763 indujo a una desaparición casi total en los préstamos de doblones, aunque la tasa de mercado venía bajando con una importante volatilidad (medida por la dS). Tal vez la tasa de interés de equilibrio rondaba en 8%. En todo caso, únicamente se pres-taban monedas de plata en esos años. Sólo hasta 1775, luego del aumento en un punto porcentual de la tasa de interés, se reactiva el préstamo de numerario de metal amarillo. A partir de esa fecha, los préstamos entraron en un constante crecimiento, lo que indica que parte de los comerciantes estaban dispuestos a prestar por debajo de esa tasa, hecho que se confirma por la tasa de mercado promedio.16 La situación se refuerza en la década de los noventa. En ese momento, como hemos señalado, la dS es cero para dos años (1793 y 1796), lo que señala que todos prestaron a 5%, un punto porcentual menos que la tasa de interés máxima.17

15 Este crecimiento acelerado se constata, por lo demás, con las pendientes de regresión lineal por décadas. 16 Sin embargo, insistamos en que el comerciante podía, ilegalmente, prestar a tasas superio-res. En un libro de cuentas de una compañía comercial de Santafé hacia 1796 se registran présta-mos a 5, 6, y uno de 8%. (1796) Real Hacienda Cuentas (anexo 3, 2896-c.). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. 17 De hecho, cuando se prestaba a la tasa de 5% se solía usar la expresión “que son los pre-mios más moderados del comercio”. (1783). Notaría Segunda (t. 166, f. 138v). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.

GR

ÁFI

CA

3. C

RÉ

DIT

OS

EN

MO

NE

DA

CO

NC

ED

IDO

S P

OR

CO

ME

RC

IAN

TE

S D

E S

AN

TAFÉ

, 17

60-1

809

(PE

SOS

PL

ATA

)

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

4. C

RÉ

DIT

OS

CO

NC

ED

IDO

S P

OR

CO

ME

RC

IAN

TE

S D

E S

AN

TAFÉ

PO

R E

SPE

CIE

S, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.


Ahora bien, es necesario poner a dialogar ambos mercados para es-tudiar una posible relación de asociación. En primer lugar, es notoria la similitud entre la tendencia polinómica de los efectos de Castilla tanto con el agregado monetario como con la plata y el oro. Desde la media móvil se observa un rezago débil a fines de siglo entre ambas curvas. Sin embargo, los coeficientes de correlación Pearson durante todo el periodo son bas-tante tenues (0.39 oro, 0.50 plata y 0.49 agregado). De hecho, al aplicar el mismo coeficiente por décadas, las correlaciones tienden a disminuir (en la década de los noventa fueron 0.23 para oro y 0.08 para plata). Asimis-mo, podemos inferir tres consideraciones: a) los préstamos concedidos por comerciantes no fueron absorbidos totalmente por sus colegas del sector importador, b) al no estar vinculados de manera directa, ambos sectores actuaron como alternativas recíprocas para los comerciantes, y c) la reduc-ción en las tasas de interés pudo haber hecho más atractivo el mercado de Santafé frente a otros, aunque probar esto último requiere de análisis regionales detallados.

Para finalizar esta sección, nos parece importante realizar una prime-ra aproximación al impacto de los créditos monetarios para la economía colonial. En la segunda mitad del siglo xViii es claro que los comerciantes comenzaron a generar una serie de excedentes que pronto convirtieron en fondos prestables. El monto máximo alcanzado, vía notarías, fue de unos 120 000 pesos anuales hacia 1800. Si lo contrastamos en términos agregados, esos fondos significaron menos de 1% del pib (Kalmanovitz, 2006; Meisel, 2011). Naturalmente, y debemos insistir en ello, esos dineros fueron mucho más elevados pues ignoramos los caudales que escapan a las notarías. Ahora bien, explicar ese crecimiento de los fondos prestables a partir de la tasa de interés es sólo una parte del ejercicio. En efecto, las restricciones religiosas a la tasa de interés son sólo un aspecto de las limi-taciones a la consolidación de un mercado de capitales en las economías preindustriales. Existieron, en efecto, otros obstáculos como el nivel de riesgo, los altos costos de transacción e información y la baja tasa de rota-ción de esos capitales. A estas variables dedicaremos la siguiente sección.

otraS VariableS

Iniciemos una vez más por el mercado de efectos de Castilla. Hemos divi-dido el mercado en tres tipos de transacciones: pequeñas, que comprenden el intervalo de transacciones de 0 a 999 pesos; medianas, que abarcan aque-llas entre 1 000 y 9 999 pesos; grandes, que corresponden a todas aquellas mayores a 10 000 pesos. Aunque se trata de una división artificial, nos per-mitirá observar el comportamiento segmentado del mercado y su grado


de concentración. Además, nos hemos guiado por los montos establecidos por el consulado de Cartagena para la clasificación de sus miembros (Mú-nera, 1998).

Al analizar el número de transacciones (véase gráfica 5) observamos que este indicador se mantuvo estable a largo plazo. Los tres tipos tampoco presentan una tendencia notable. Esto indica que no hubo una expansión de ese mercado medido por el número de agentes que participan en él. Si analizamos los valores de las tres clases de transacciones y su participación en el total (véase gráfica 6) también notamos un estancamiento del nivel de montos de las pequeñas y medianas, aunque la participación porcentual de las transacciones por encima de 10 000 pesos aumentó significativamente.

Sobre las grandes transacciones es importante señalar que el intervalo de valores se ubicó entre un mínimo de 10 000 y un máximo de 43 000 pesos en 1788.18 Sin embargo, es claro que por las notarías de la capital no pasaban las grandes transacciones de importación. Al analizar las cifras de los conciertos de alcabalas, que era una forma de fraccionar el pago del im-puesto, observamos que existieron transacciones muy por encima del ran-go de las notarías.19 En efecto, tenemos un máximo de 144 958 pesos que indica, por lo demás, un nivel de concentración mayor de este mercado, aunque es necesario utilizar de manera más contundente fuentes alcaba-latorias –de Santafé y de los centros de distribución interna como Honda y Mompox– para examinar si el decreto de libre comercio contribuyó a expandir el número de comerciantes involucrados en este mercado.

Al examinar los valores promedio de las transacciones (gráficas 7 y 8), estos indican que existió una disminución perceptible en la media de las transacciones pequeñas mientras que las medianas y grandes se mantuvie-ron estables. Si sometemos una vez los números a la prueba t de Student, es claro que la media no varió significativamente incluso para las transac-ciones pequeñas. De hecho, la dS es bastante volátil en algunos años, lle-gando a representar casi 50% de la media. Así, los préstamos promedio se ubicaron en 3 500 pesos para las transacciones medias y 500 pesos para las pequeñas. Estos resultados indican que la disposición de los comerciantes a conceder créditos para bienes importados, a pesar de la reducción de la tasa de interés, no se explica por una disminución en los montos prome-dios de esas transacciones.

Pasemos ahora al mercado monetario donde también hemos dividido el mercado en tres tipos de transacciones con los mismos intervalos del

18 (1788). Notaría Segunda (t. 168, fs. 168-169v.). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia. 19 (1789) Real Hacienda Cuentas (fraccionamiento realizado por el comerciante Tomás Ra-mírez, anexo 3, 1823-c, 1988-c, 390-c, 2129-c, 1269-c). Archivo General de la Nación, Bogotá, Colombia.

GR

ÁFI

CA

5. N

ÚM

ER

O D

E T

RA

NSA

CC

ION

ES

DE

EFE

CT

OS

DE

CA

STIL

LA

EN

SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

6. C

OM

PO

SIC

IÓN

DE

LO

S M

ON

TO

S T

RA

NSA

DO

S E

N E

FEC

TO

S D

E C

AST

ILL

A

PO

R T

IPO

DE

TR

AN

SAC

CIÓ

N. S

AN

TAFÉ

, 176

0-18

09

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

Pesos plata

GR

ÁFI

CA

7. P

RO

ME

DIO

AN

UA

L D

E T

RA

NSA

CC

ION

ES

PE

QU

EÑ

AS

DE

EFE

CT

OS

DE

CA

STIL

LA

. SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

8. P

RO

ME

DIO

AN

UA

L D

E T

RA

NSA

CC

ION

ES

ME

DIA

NA

S D

E E

FEC

TO

S D

E C

AST

ILL

A. S

AN

TAFÉ

, 176

0-18

09

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.


mercado de efectos de Castilla. Al observar el número de transacciones anuales, es notable su crecimiento a nivel agregado (véase gráfica 9). Así, se llega a triplicar el número de transacciones a fines de siglo respecto a la década de 1760. Al observar el comportamiento individual de la plata, es mayor el número de transacciones con este metal, aunque el oro presentó un leve incremento a fines de siglo. Si analizamos el mismo comporta-miento por el valor de las transacciones, también es notorio que la plata se utilizaba para créditos pequeños y medianos y sólo a fines de siglo se presentan préstamos mayores a 10 000 pesos; en cambio, si observamos el metal amarillo, encontramos un mayor peso de las grandes transacciones –superando 50% del total–, aunque también fueron importantes las me-dianas (40%). Esto no es nada nuevo: la plata y el oro exhiben divisiones funcionales precisas en las transacciones comerciales, correspondiendo a la primera servir en las transacciones pequeñas y medianas y al segundo en grandes operaciones. Sorprende, con todo, la importante cantidad de oro en transacciones medianas.

El comportamiento de los promedios nos indica, en el caso de la plata, que la media de las transacciones pequeñas se incrementa y la dS así lo confirma (gráfica 10). Las medianas presentan un comportamiento dife-rente, pues los promedios tienden a estancarse y también lo confirma su respectiva dS (gráfica 11). Con el metal amarillo, la media de las transac-ciones medianas aumentó y la prueba t de Student nos señala que existió un cambio en los promedios (gráfica 12). Así, pasamos de una media de 2 766 pesos anuales antes de 1780 a 3 989 pesos en el periodo 1785-1805. Para los montos de las grandes transacciones la muestra no permite ha-cer ninguna consideración consistente. Sin embargo, es notorio el aumen-to del promedio en al menos dos tipos de transacciones. Esto nos indica que los comerciantes estuvieron dispuestos a prestar mayores cantidades a cada deudor lo que, por otra parte, indica que el tamaño promedio de los capitales prestados no explica la mayor disposición a prestar de los comerciantes a pesar de una reducción de la tasa de interés nominal y real.

Examinemos ahora las variables relacionadas con el tiempo. ¿Qué po-demos decir sobre la evolución de los plazos? La primera constatación es que, si tomamos un promedio simple anual de todos los préstamos –dividi-dos, una vez más, en tres tipos de transacciones–, los promedios y sus me-didas de dispersión son más homogéneas que en el análisis de los montos y el número de casos. Esto indica que existían unos plazos más o menos tradicionales en torno a unas cantidades determinadas. Ignoramos la ra-zón de este comportamiento; quizá se deba a la costumbre en las prácticas crediticias. No obstante, también se observa la misma situación en otros espacios coloniales (Mata, 1996; Kickza, 1998; Cavieres, 1996).

GR

ÁFI

CA

9. N

ÚM

ER

O D

E C

RÉ

DIT

OS

EN

MO

NE

DA

. SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

10.

PR

OM

ED

IO D

E T

RA

NSA

CC

ION

ES

PE

QU

EÑ

AS

EN

PL

ATA

. SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

11.

PR

OM

ED

IO D

E T

RA

NSA

CC

ION

ES

ME

DIA

NA

S E

N P

LA

TA. S

AN

TAFÉ

, 176

0-18

09

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

12.

PR

OM

ED

IO D

E T

RA

NSA

CC

ION

ES

ME

DIA

NA

S E

N O

RO

. SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.


Observemos las gráficas 13 y 14 donde clasificamos los plazos para ambos mercados y realicemos comparaciones entre los promedios de los periodos 1760-1780 y 1781-1809. Podemos extraer al menos tres conside-raciones con base en estos datos: a) los plazos en el mercado monetario son en promedio menores que aquellos dados en el mercado de efectos de Castilla, b) los plazos en ambos mercados sufrieron reducciones importan-tes, y c) el oro presenta plazos mayores que la plata, aunque la disminución en el primero fue más acelerada.

De esta manera, de plazos mayores a 20 meses en el primer periodo en el mercado de grandes transacciones de efectos, en el mercado del oro tenemos plazos de 16 meses. Ambos plazos disminuyen sensiblemente en el siguiente periodo, aunque la diferencia entre ambas series sigue sien-do de tres meses. En cuanto a las transacciones medianas pasamos de un promedio de 9.8 a 8.2 meses en el mercado de la plata y de 11.2 a 8.5 en el del oro. En el mercado de efectos de Castilla, pasamos de 12.3 a 10.1 meses en el periodo siguiente. En las transacciones pequeñas, finalmente, la reducción fue de 7.6 a 6.2 meses en el mercado monetario de plata y de 8.4 a 7.9 en el mercado de efectos de Castilla.

Resulta razonable que la moneda, un bien escaso y con un importante grado de liquidez, presentara menores plazos que los créditos para ventas de efectos de Castilla. Sin embargo, es importante llamar la atención sobre la reducción global en los plazos y su posible impacto en ambos mercados. Del lado de la oferta, la reducción significa un aumento en la expectativa de rotación del capital. La incidencia de la disminución en la demanda de-pende, sin embargo, de la capacidad de sustitución de esos créditos y del estado mismo de la economía. Así, es claro que los créditos eclesiásticos tienen mayores plazos. De hecho, en Pamplona Carmen Adriana Ferreira (1999) señala que “de los 588 censos otorgados en la provincia, 38.6% lo redimió en menos de 6 años” (p. 71). Así, un alto número de deudores es-peraba redimir sus pasivos en plazos mayores a seis años, términos mucho mayores de los que se acostumbraban para el crédito con los comercian-tes. Examinemos, entonces, la tasa de impago de los créditos comerciales.

Los documentos notariales presentan un dato importante para un aná-lisis de la tasa de impago de esos créditos. En efecto, perpendicularmente a cada escritura, se escribía la fecha de redención de cada obligación. Así, cuando no aparece dicha fecha, es claro que no hubo pago, se renegoció la deuda o, sencillamente, que el pago se exigió por vía judicial con todos sus costos adicionales. La gráfica 15 resume los datos sobre la tasa de impago. Los datos sobre tales tasas para efectos de Castilla es bastante estática. En efecto, la cantidad de escrituras canceladas sólo llegó a 56%, para el periodo 1760-1780 y pasó a 52% en el periodo 1781-1805, aun teniendo

GR

ÁFI

CA

13.

PL

AZ

OS

PR

OM

ED

IO P

AR

A C

RÉ

DIT

OS

EN

EFE

CT

OS

DE

CA

STIL

LA

. SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

14.

PL

AZ

O P

RO

ME

DIO

DE

LO

S C

RÉ

DIT

OS

EN

MO

NE

DA

. SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.

GR

ÁFI

CA

15.

CR

ÉD

ITO

S PA

GA

DO

S SE

GÚ

N L

AS

ESC

RIB

AN

ÍAS.

SA

NTA

FÉ, 1

760-

1809

Fuen

te: v

éase

grá

fica

2.


en cuenta los importantes datos residuales que empujaban hacia arriba el promedio.

Esta situación contrasta con lo sucedido en el mercado monetario, donde la tasa de impago disminuye sensiblemente. En efecto, para el pe-riodo 1760-1780 sólo 41% de los créditos en plata fue cancelado, y para el periodo 1781-1805, la tasa se incrementó en un promedio de 70.1%. Los créditos en metal amarillo, por su parte, se pagaron en 45 y 75.4%, respectivamente.

Los datos anteriores muestran la diferencia entre los dos tipos de mer-cados. Mientras el de bienes de Castilla se mantuvo estático, el monetario redujo sus riesgos de impago. Esto explica parcialmente el aumento en la oferta de fondos prestables y el aumento en la tasa de rotación del capital dada la reducción en los plazos. La demanda, a pesar de la reducción de estos, respondió positivamente y aumentó la tasa de créditos cancelados, síntoma de mejoría en el sector real. Con todo, es importante enfatizar que una tercera parte de esos créditos seguía sin pagarse, lo que muestra efecti-vamente el alto riesgo de estas inversiones en una economía preindustrial. Además, cuando se compraban efectos de Castilla, existía una alta proba-bilidad de que el pago se hiciera luego del plazo estipulado y, por tanto, de que se pagasen intereses. De hecho, no resulta sorprendente que todos los libros de comerciantes, desde Nueva España hasta Chile, presenten cuentas pormenorizadas de “cuentas incobrables” (Brading, 1995).

Para finalizar esta sección, permítasenos abordar un último aspecto: la tasa interna de retorno (tir) de esos créditos. Como se sabe, se suele calcular la rentabilidad de una inversión con base en el ingreso final. No obstante, la tir es más precisa, pues mide el flujo de caja de la inversión. Afortunadamente las escrituras también nos permiten analizar este indica-dor a partir de la forma de pago estipulada en la escritura.

De esta manera, algunos créditos se pactaban para ser pagados en abo-nos semanales, mensuales e incluso anuales, cuando el horizonte temporal era elevado. Hemos podido examinar qué importancia tuvo este tipo de avances en el total de créditos ofrecidos. Es necesario anotar que existen ciertas escrituras que escapan a nuestro análisis de los plazos y la tir como aquellos pagos que no establecían un plazo exacto para cubrir la obliga-ción; por ejemplo, aquellos que acordaban la liquidación “cuando le vaya llegando la plata” o cuando se terminara un “pleito en la Real Audiencia”.20 Estos datos, sin embargo, sólo representan 8.7% de toda nuestra muestra. Después de todo, no acordar tiempos exactos de liquidación elevaba el riesgo de impago.

20 (1776). Notaría Segunda (t. 154, fs. 250-250v). Archivo General de la Nación. Bogotá, Colombia.


Iniciando por el mercado de bienes de Castilla, observamos que la modalidad de crédito con avances se presentó con particular importan-cia en las pequeñas y medianas transacciones. Para el periodo 1760-1780, 73.4% de las pequeñas transacciones se pactó en estas condiciones, 53.4% de las medianas y 38.5% de las grandes operaciones. Para el periodo 1781-1805, las tendencias son similares, con una participación de 79.6, 61 y 48.3%, respectivamente. Así, es claro que en las grandes transacciones el crecimiento fue notable. En el caso del mercado monetario, las transaccio-nes presentan un encuadre diferente. Para el primer periodo sólo 33.4% de las pequeñas transacciones se pactó con este tipo de pagos, 52% de las medianas y 47% de las grandes operaciones. Sin embargo, el crecimiento fue mayor, pues para 1781-1805 tenemos participaciones de 51, 63 y 68%, respectivamente.

Estos datos nos llaman la atención sobre varios puntos. En primer lugar, es notable la alta participación de avances en las pequeñas transac-ciones de efectos de Castilla. Esto, por cierto, sólo confirma para Nueva Granada una estructura de crédito que se daba en la mayoría de pulperías y pequeños negocios de la economía colonial (Romano, 2004). En segun-do lugar, el aumento de este tipo de créditos en el mercado monetario y su relación con las tasas de impago que hemos examinado anteriormente nos señalan que hubo un aumento de la tir del mercado de monetario y no en el de efectos de Castilla; ello refuerza nuestro argumento de que el primer mercado fue cada vez más atractivo para aquellos comerciantes con la suficiente liquidez.

conSideracioneS finaleS

En estas consideraciones tendremos la oportunidad de poner en perspec-tiva todos los datos hasta aquí presentados. Hemos agobiado al lector con una serie de descripciones técnicas, quizá mecánicas. No obstante, era un ejercicio necesario; de otra manera, nuestras hipótesis carecerían de sentido.

Empecemos por el lado de la oferta. La primera constatación impor-tante es la reducción de las diferentes tasas de interés y, en particular, de la reducción de la tasa para los créditos comerciales. Hemos visto que la ofer-ta de crédito presentó cierto grado de elasticidad frente a la tasa de interés. Esto indica que la reducción forzosa de la tasa redujo la oferta al inicio de nuestro periodo, aunque el aumento acelerado del crédito a fines de siglo indica que buena parte de los comerciantes estaba dispuesta a prestar por debajo de la tasa techo impuesta por la Real Audiencia.


¿Qué explica este comportamiento de la oferta? En primer lugar, un conjunto de variables indica que el mercado monetario aumentó sus in-centivos para los comerciantes que se dedicaban al mercado de importa-ción. Una reducción importante en los plazos, un incremento de la tasa de retorno y una disminución del riesgo de impago indican un aumento en la tasa de rotación de capital y un descenso del riesgo y los costos de tran-sacción. Entre tanto, el mercado de bienes importados mostró un notable estancamiento en estas variables. Así, el costo de oportunidad del mercado monetario disminuyó notablemente.

Lo anterior nos conduce, igualmente, a una consideración importante: nuestros datos no nos permiten inferir que las guerras de la segunda mitad de siglo hayan aumentado los incentivos para prestar más moneda (tesis sugerida, entre otros, por Gelman, 1990). En efecto, no observamos que a una depresión en el mercado de importación causada por el cierre de los puertos, la haya seguido un aumento de los créditos en metálico. Por ejemplo, la mayor fase de expansión de los créditos en moneda inicia en 1784, justo después de reabierto el comercio. La explicación, insistimos, está en la estructura misma de la actividad comercial que mejoró algunas variables del mercado monetario y las mantuvo estancadas en el mercado de importación.

Ahora bien, ¿qué posibilitó que estas variables en el mercado metálico hayan mejorado a fines del periodo colonial? La respuesta no es fácil y sólo podemos ofrecer unas hipótesis preliminares. La primera nos condu-ce sin duda a las instituciones. En los últimos años existe una importante tradición historiográfica que ha hecho énfasis en las “reglas de juego” para explicar el crecimiento económico (Coatsworth y Tortella, 2007; North, 1983). En Colombia este enfoque ha sido remarcado por Salomón Kalma-novitz (2010). En el caso del sector comercial, el desarrollo de instituciones como el consulado y sus antecedentes habría disminuido el riesgo y los costos de transacción (Hausberger e Ibarra, 2003). En el caso neogranadi-no, es importante analizar el impacto del Tribunal de Comercio, primero, y del Consulado después (Lucena, 1986). No nos referimos al influjo de inversiones que desarrolló el consulado en donde existe un debate muy parcial sobre su fracaso o éxito (McFarlane, 1983; Múnera, 1998). En cam-bio, sí aludimos a la necesidad de establecer su impacto en la protección de los derechos de propiedad y la agilidad en el arbitraje de los pleitos.

Una segunda hipótesis es la consolidación por parte de los comercian-tes de redes de distinto tipo para reducir los costos de transacción (Ibarra y Valle, 2007). En un trabajo reciente, se logró construir la red de los comer-ciantes de Santafé para algunos años puntuales a partir de los apoderados. Por supuesto, la red no habla por sí sola. Lo que nos interesa señalar es la densidad y su diferencia frente a los primeros años del periodo aquí es-


tudiado (Torres, 2012, cap. 1). Así, consideramos que la consolidación de diversas redes de los comerciantes capitalinos explica en parte la mejoría de las variables aquí estudiadas y, por lo tanto, revela la disposición de los comerciantes a prestar más dinero.

Del lado de la demanda es fundamental señalar que, aunque no po-demos establecer el grado de elasticidad frente a la reducción de la tasa de interés, es claro que el crédito comercial empezó a ser una alternativa importante al crédito eclesiástico. Para comenzar, las tasas llegaron a ser similares y, a pesar de la reducción de los plazos y el aumento en la tasa de retorno, los deudores comenzaron a pagar sus deudas de manera expe-dita. Además, deben tenerse en cuenta dos ventajas que ofrecía este tipo de crédito: a) el gravamen recaía sobre la persona y no sobre el colateral, b) se daba mayor importancia al fiador que a los bienes que respaldaban la deuda. Esto explica por qué los documentos notariales, en general, no puntualizan los bienes del deudor pero sí prestaban especial importancia a los fiadores. De hecho, Mata (1996) señala que “el crédito mercantil se caracterizaba por la inexistencia casi generalizada de hipotecas de bienes raíces” (p. 154). Esto abría el mercado para un mayor número de personas sin la tenencia de bienes raíces.

Por otra parte, ¿por qué las variables del mercado de importación se estancaron? Aquí, una vez más, nos mantenemos en un terreno hipotético. Es claro, con todo, que el comercio libre no explica el fenómeno pues, precisamente, no alteró esa condición de estancamiento. La respuesta pue-de estar en la función de consumo de las mercancías de importación con sus restricciones clásicas, como el ingreso y la elasticidad de sustitución, y otras menos clásicas como las preferencias y ese complejo conjunto de estrategias que Albert Hirschman (1977) identificó como la salida (dejar de consumir), la voz (protestar como consumidor) o la lealtad (mantenerse en consumo). Xabier Lamikiz (2007) ha señalado que el consumidor colonial empezó a tener cada vez más capacidad de agencia frente al vendedor, pidiendo más variedad y mejor calidad. En cambio, del lado de la oferta, la competencia desde el decreto de los navíos de registro se hacía cada vez más feroz. Quizá, en Nueva Granada, esa competencia es más palpable con el secular enfrentamiento entre Santafé y Cartagena por el mercado interior. Por eso observamos que en el mercado de importación las tasas de impago, la tir y otras variables se mantienen estables. Pero esto, insis-timos, requiere mayor investigación. Lo que está fuera de duda es que la reducción en la tasa de interés pudo reducir la rentabilidad del comercio de importación a menos que se presentara un aumento en las cantidades vendidas y sus precios.

Para volver al crédito comercial, ¿qué podemos decir sobre el destino de esos fondos? Infortunadamente, es imposible establecer qué cantidades


fueron destinadas al consumo y cuáles a la inversión y así establecer si el impacto positivo de esos préstamos se presentó en el corto o en el largo plazo. En todo caso, no perdamos de vista el importante incremento de su participación en el pib. Igualmente, es necesaria una suerte de sociología del crédito que nos ayude a entender el destino final de esos fondos en términos sectoriales.

Finalmente, es importante reiterar la necesidad de tener en cuenta es-tos datos a la hora de analizar de manera agregada la economía. Hemos insistido en que el crédito se aceleró a fines de siglo y, seguramente, fue una de las causas del crecimiento económico. Sin embargo, su evolución también nos indica una reducción en los últimos años del periodo colo-nial: ¿Se trata, acaso, de un signo de desaceleración de la economía? Es, por supuesto, una interrogante para investigaciones posteriores.

liSta de referenciaS

bauer, A. (1983). The Church in the economy of Spanish America: Censos and depósitos in the eighteen and nineteenth centuries. Hispanic American Historical Review, 63(4), 707-733.

bell, A., brookS, Ch., y moore, T. (diciembre, 2008). Interest in medieval accounts: Examples from England, 1272-1340. Social Science Research Network. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1318333.

bohórquez, J. y palacio, G. (2008). La circulación y el consumo en las cuencas del río Sogamoso y Lebrija: comerciantes y consumidores en el siglo xViii. Historia Crítica, 35, 176-200.

bordo, M. y cortéS, R. (2001). Introduction. En M. bordo y R. cortéS (eds.), Transferring wealth and power from the Old to the New World (pp. 1-16). Cambridge: Cambridge University Press.

brading, D. (1995). Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810). México: Fondo de Cultura Económica.

caStro, H. y montoya, J. J. (2009). Poder y religión en la ejecución de censos. El convento de la Concepción de Santafé (1739-1810). Ponencia presentada en el II Congreso Latinoamericano de Historia Económica, México.

caViereS, E. (1996). Del crédito tradicional colonial al crédito moderno. Perspectivas y fuentes. Chile: el crédito en la periferia. América Latina en la Historia Económica, 3(6), 9-19.

coatSworth, J. y tortella, G. (2007). Instituciones y desempeño económico a lar-go plazo en México y España (1800-2000). En R. dorado et al. (eds.), Méxi-co y España, ¿historias económicas paralelas? (pp. 47-76). México: Fondo de Cultura Económica.


colmenareS, G. (1997a). Cali: terratenientes, mineros y comerciantes-siglo xviii. Bogotá: Tercer Mundo.

colmenareS, G. (1997b). Historia económica y social de Colombia. Popayán: una sociedad esclavista, 1680-1800. Cali: Universidad del Valle.

daza, V. (2009). Los marqueses de Santa Coa: una historia económica del Caribe colombiano. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

ferreira, C. A. (1999). El crédito colonial en la provincia de Pamplona, Nueva Gra-nada: uso del censo consignativo. Signos Históricos, 1(1), 59-84.

gelman, J. (1987). El gran comerciante y el sentido de la circulación monetaria en el Río de la Plata colonial tardío. Revista de Historia Económica, 5(3), 485-507.

gelman, J. (1990). Venta al contado, venta a crédito y crédito monetario en América colonial: acerca de un gran comerciante del virreinato del Río de la Plata. Jahrbu-chfür Geschichte Lateinamerikas, 27, 101-126.

hauSberger, B. e ibarra, A. (2003). Los consulados hispanoamericanos como tema. En B. hauSberger y A. ibarra (eds.), Comercio y poder en América colonial. Los con-sulados de comerciantes, siglos xvii-xix (pp. 7-14). Madrid: Iberoamericana.

hirSchman, A. (1977). Salida voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizacio-nes y estados. México: Fondo de Cultura Económica.

ibarra, A. y Valle, G. del (comps.). (2007). Redes sociales e instituciones comerciales en el Imperio español, siglos xvii a xix. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

kalmanoVitz, S. (2006). El pib de la Nueva Granada en 1800: auge colonial estanca-miento republicano. Revista de Economía Institucional, 8(15), 161-183.

kalmanoVitz, S. (2008). Las consecuencias económicas de la Independencia en Co-lombia. Revista de Economía Institucional, 10(19), 207-233.

kalmanoVitz, S. (2010). Nueva historia económica de Colombia. Bogotá: Santillana.kickza, J. (1998). El crédito mercantil en Nueva España. En M. P. martínez y G. del

Valle (comps.), El crédito en Nueva España (pp. 33-60). México: Instituto de Inves-tigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán.

lamikiz, X. (2007). Patrones de comercio y flujo de información comercial entre Es-paña y América durante el siglo xViii. Revista de Historia Económica, 25(2), 231-358.

lucena, M. (1986). Los precedentes del consulado de Cartagena: el consulado de San-tafé (1695-1713) y el Tribunal de Comercio cartagenero. Estudios de Historia Social y Económica de América, 2, 179-198.

ludlow, L. y SilVa, J. (eds.). (1993). Los negocios y las ganancias: de la colonia al México moderno. México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

marichal, C. (1997). Obstacles to the development of capital markets in 19th century Mexico. En S. haber (ed.), How Latin America fell behind (pp. 118-145). Stanford: Stanford University Press.

marichal, C. (1998). La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810. México: Fondo de Cultura Económica.


martínez, M. P. y Valle, G. del (1998). Los estudios sobre el crédito colonial: pro-blemas, avances y perspectivas. En M. P. martínez y G. del Valle (comps.), El crédito en Nueva España (pp. 13-32). México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán.

mata, S. (1996). El crédito mercantil. Salta a fines del xViii. Anuario de Estudios Ameri-canos, 52(2), 147-171.

mcfarlane, A. (1983). Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada: el consu-lado de Cartagena de Indias. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 11, 143-70.

mcfarlane, A. (1997). Colombia antes de la independencia. Bogotá: Banco de la República.meiSel, A. (2011). Crecimiento, mestizaje y presión fiscal en el virreinato de la Nueva Granada,

1761-1800. Cartagena: Centro de Estudios Regionales.meiSel, A. y lópez, A. (1990). Papel moneda, tasas de interés y revaluación durante

la regeneración. En A. meiSel et al. (eds.), El Banco de la República. Antecedentes, evolución y estructura (pp. 67-102). Bogotá: Banco de la República.

múnera, A. (1998). El fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821). Bogotá: Banco de la República/El Áncora.

muñoz, E. A. (2010). Alcabalas y actividad económica en Santafé 1780-1821. Estudio presentado a la Comisión Bicentenario de la Independencia de Colombia. Recu-perado de http://www.bicentenario.unal.edu.co.

north, D. (1983). Structure and change in economic history. Nueva York: Norton.otS, J. M. (1950). Instituciones de gobierno del Nuevo Reino de Granada durante el siglo xviii.

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.pedraJa, R. (1976). Aspectos del comercio en Cartagena de Indias en el siglo xViii.

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 8, 107-125.pérez, P. (1988). Plata y libranzas. La articulación comercial del México borbónico. México:

El Colegio de México.pietSchmann, H. (1996). Dinero y crédito en la economía mexicana a finales del pe-

riodo colonial (1750-1810), reflexiones sobre el estado actual de las investigaciones. Históricas, 47, 27-51.

Plan de una compañía patriótica de comercio. (1801). En L. A. reStrepo (1993). Correo curioso, erudito, económico y mercantil (pp. 107-108). Bogotá: Biblioteca Nacional.

quiroz, A. (1994). Reassessing the role of credit in late colonial Peru: Censos, escrituras and imposiciones. Hispanic American Historical Review, 74(2), 193-230.

redd, C. y bekar, C. (2003). Religious prohibitions against usury. Explorations in Eco-nomic History, 40(4), 347-368.

reStrepo, L. A. (1993). Correo curioso, erudito, económico y mercantil. Bogotá: Biblioteca Nacional.

reyeS, C. (2000). Crédito para comerciantes y crédito para consumidor: la diferente conceptualización de la usura en la España del siglo xViii. En R. torreS (ed.), Ca-pitalismo mercantil en la España del siglo xviii (pp. 141-172). Pamplona: Universidad de Navarra.


romano, R. (1997). Moneda, pseudomonedas y circulación monetaria en las economías de México. México: Fondo de Cultura Económica.

romano, R. (2004). Mecanismo y elementos del sistema colonial americano, siglos xvi-xviii. México: Fondo de Cultura Económica.

Socolow, S. (1991). Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio. Buenos Aires: La Flor.

Soulodre-la france, r. (2004). Región e imperio, el Tolima Grande y las reformas bor-bónicas en el siglo xviii. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

toquica, C. (2008). A falta de oro: linaje, crédito y salvación. Una historia del real convento de Santa Clara de Santafé de Bogotá, siglos xvii y xviii. Bogotá: Ministerio de Cultura.

torreS, J. (2011). Redes comerciales en el Nuevo Reino de Granada. El caso de los comerciantes mayoristas de Santafé de Bogotá, 1750-1810 (Tesis de pregrado). Universidad Nacio-nal de Colombia, Bogotá.

torreS, J. (2012). Precios, oferta monetaria y crecimiento económico en Nueva Grana-da durante la segunda mitad del siglo xViii. Ponencia presentada en el Encuentro Colombiano de Historia Económica, Bogotá.

twinam, A. (1985). Mineros, comerciantes y labradores: las raíces del espíritu empresarial en Antioquia. 1763-1810. Medellín: Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales.

Valle, G. del (2012). Finanzas piadosas y redes de negocios. Los mercaderes de la Ciudad de México ante la crisis de Nueva España, 1804-1808. México: Instituto de Investigacio-nes Dr. José María Luis Mora.

wobeSer, G. (1998). El crédito de las instituciones eclesiásticas de la ciudad de México en el siglo xViii. En M. P. martínez y G. del Valle (comps.). El crédito en Nueva España (pp. 176-202). México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán.

MATAMOROS: CONFORMACIÓN PORTUARIA, COMERCIO DE MAR Y TIERRA, Y PRESENCIA DE

CASAS-MERCANTILES, 1800-1860

MATAMOROS: A MEXICAN TRAIDING PORT, DOMESTIC AND MARITIME COMMERCE AND ITS

TRADING HOUSE, 1800-1860

Mario Trujillo BolioCentro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ciudad de México,

México <[email protected]>

Resumen. Recuento histórico sobre el surgimiento del puerto de Matamoros y la presencia de casas mercantiles en el comercio interior y en el movimiento marítimo comercial. El análisis reconstruye la presencia del puerto tanto en los circuitos comerciales de tierra adentro sobre la franja fronteriza México-Estados Unidos y, de forma particular, con el mercado interno que se fortaleció a partir de la presencia de Monterrey y otras poblaciones en el mercado interno como Monclova, Saltillo, Zacatecas y San Luis Potosí. Se estudian los vínculos que alcanzaron las casas mercantiles establecidas en Matamoros con los puertos europeos, La Habana, y de la costa este de Estados Unidos, particularmente con Nueva Orleáns, Boston y Nueva York.

Palabras clave: casas mercantiles; circuitos comerciales; importaciones; exportaciones; mercado interno.

Abstract. This article studies the history of the Matamoros trading port, the presence of domestic and maritime foreign trading companies. Reconstruct the home market in frontier towns and northeast of Mexico especially Monterrey and others villages as Monclova, Saltillo, Zacatecas and San Luis Potosi. Trading companies in the port of Matamoros established commercial links with Europeans ports, La Havana, and the East coast of United States, particularly with New Orleans, Boston and New York.

Key words: trading company; market systems; domestic trade; foreign maritime.

Fecha de recepción: septiembre de 2013. Fecha de aceptación: febrero de 2014.


47Am. Lat. Hist. Econ., año 21, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp. 46-82

introducción

En este artículo se analiza la complejidad de la vida portuaria en Ma-tamoros, luego de que este se convirtiera en un desembarcadero en el que tuvo cabida la realización de mercaderías provenientes de

plazas comerciales como Monterrey, Monclova, Saltillo, Zacatecas y San Luis Potosí; también se examina cómo se convirtió en un puerto estra-tégico para generar desde el Golfo de México un movimiento marítimo mercantil que tuvo presencia en el Atlántico americano.

El artículo comienza con el estudio de la conformación portuaria que llevó a Matamoros a erigirse como una plaza mercantil importante y ex-plica, a la vez, la manera en que se dio la interconexión con el mercado interno por medio de circuitos comerciales que se formaron en el curso del río Bravo y por medio de la relación con Monterrey como centro eco-nómico estratégico en el noreste mexicano. Al mismo tiempo, se estudian las causas que llevaron a que Matamoros se vinculase con los circuitos marítimo-mercantiles de los puertos de la costa este de Estados Unidos y los puertos europeos.

Asimismo, a partir de la comparación de datos relativos a las entradas fiscales de la aduana marítima y terrestre, del movimiento de entrada y salida de barcos, así como del valor de las mercancías que entraron y salie-ron, se distingue la trascendencia que en un principio tuvo en Matamoros el comercio de importación y exportación. Aquí, el propósito es diferen-ciar el proceso mediante el cual cobró relevancia el ascenso marítimo-mercantil en este puerto.

Más adelante se verifica cómo se comportó este movimiento maríti-mo-mercantil en el periodo de 1830 a 1843, con el objetivo de conocer las características que guardó un entorno portuario cuya evolución se muestra discordante, pues el estudio comparativo de los ingresos fiscales advierte que esos años fueron beneficiosos para las importaciones frente a las ba-jas entradas por exportaciones. Esto último, por cierto, se reflejó en una marcada caída en las ganancias hacendarias a principios de la década de 1840. Por otro lado, además de investigar las variables cuantitativas del comportamiento del comercio exterior llevado a cabo desde Matamoros, se hace un análisis histórico que incorpora aquellos hechos determinantes provocados por la inestabilidad política en México, el bloqueo de la mari-na francesa a los puertos mexicanos y la separación de Texas de México, acontecimientos todos que, en conjunto, alteraron de manera significativa la constancia de la vida portuaria de Matamoros en esos años.

Los sujetos históricos que tuvieron una participación relevante en la compleja funcionalidad de la compraventa de mercancías, tanto en la im-portación como en la exportación, han sido incluidos en el presente artícu-

48 Mario Trujillo Bolio

lo. De ahí que el seguimiento y la caracterización de las casas mercantiles que se establecieron en la plaza comercial de Matamoros sean necesarios para ver cuál fue su imbricación en los circuitos marítimo-mercantiles de tierra adentro y mar afuera.

En lo que respecta al transcurso de la década de 1830, se examina la incidencia de algunos mercaderes mexicanos en el comercio de cabotaje de Matamoros a los distintos puertos del Golfo de México; asimismo, se describe cómo algunos tratantes de mercaderías recibieron y/o enviaron cargamentos en barcos que hacían los recorridos de ida y vuelta a Mata-moros. Posteriormente, a partir de los datos empíricos que ofrece la docu-mentación de los manifiestos de los barcos de las décadas de 1840 y 1860, se estudia el actuar de las casas mercantiles francesas, españolas, alemanas e inglesas que, en el puerto de Matamoros, participaron como consigna-tarios en la descarga de mercaderías y manufacturas. Mediante el cotejo de la información que se desprende de estas llamadas guías libradas de la aduana marítima de Matamoros, se aborda la manera en que las casas mercantiles extranjeras introdujeron a las plazas comerciales del noreste de México una variedad de mercaderías –como textiles de lana, algodón y seda; bebidas, papelería, tlapalería, quincallería, mercería y ferretería–, y todo en momentos en que se hizo presente la intervención estaduni-dense en México, e incluso después, ya con las reformas económicas de los liberales mexicanos. En aquellos años, sin duda, los comerciantes de Matamoros se beneficiaron a causa del fortalecimiento del movimiento marítimo-mercantil en ese puerto.

matamoroS: mercado interno y circuitoS marítimo-mercantileS

A lo largo del curso del río Bravo, en el transcurso de la primera mi-tad del siglo xix, se fue conformando un circuito comercial en el noreste mexicano. En el Golfo de México, la puerta de entrada y salida se esta-bleció entre Puerto Isabel y Bagdad. La cadena comercial que eslabonó dicho circuito unía distintas poblaciones que se fueron asentando en las márgenes de este río, donde cobró vigor la actividad comercial precisa-mente desde el puerto de Matamoros. Los pequeños asentamientos que surgieron en la margen derecha del río Bravo posibilitaron el intercambio de mercaderías provenientes del mercado interno del noreste mexicano. Ya desde finales del siglo xViii varias poblaciones habían alcanzado una modesta actividad comercial, como sucedió con Reynosa, Rancho de Ca-margo y Rancho de Revilla. Al término de la década de 1840, y en lo que después se constituiría en una franja fronteriza mexicano-estadunidense, sobresalieron otras poblaciones por su actividad comercial; estas pasaron


a ser parte del territorio de Texas, tal y como sucedió con las ciudades que después fueron fronterizas: Eagle Pass (1840), Laredo, King Ranch, Roma, Río Grande City, y particularmente, la ciudad de Brownsville, que se fundó formalmente el 13 de enero de 1849 y que tuvo un notable pro-greso económico (Graf, 1993). También, en la misma margen derecha del río Bravo, ya desde las primeras décadas del siglo xix prosperaron otros tantos asentamientos poblacionales agrupados geográficamente de forma horizontal, en un recorrido en el que se verifican las antiguas poblaciones de El Refugio –después bautizada Matamoros–, Ensenada, Rancho Nue-vo, Reynosa, Reynosa Viejo, La Laja, Camargo, Roma, Mier, Revilla y Laredo. El agrupamiento de poblaciones formó otra cadena comercial que se fortaleció a lo largo de la extensa navegación del río Bravo, con el ir y venir de canoas y chalanes. Se dio la posibilidad de recorrer algunos de sus tramos por la vía terrestre, en carretas que seguían el curso indistinta-mente por ambas márgenes del río. Sobre la transportación fluvial por río adentro del Bravo, Francisco López Cámara (1978), al estudiar la actividad portuaria desde Matamoros, advierte que, en la década de 1840, el cons-tante trasiego de mercancías propició cambios importantes en la manera de hacer los viajes, pues la presencia de embarcaciones de vapor facilitaba que se llevaran a cabo recorridos por gran parte del camino hidráulico del Bravo y acercarse a las poblaciones asentadas en sus márgenes (véase mapa 1). Al respecto, López Cámara (1978) menciona:

no pudiendo llegar hasta Matamoros, los barcos se detenían cerca de la desembo-cadura del río Bravo y descargaban las mercancías sobre un vapor de fondo plano que atravesaba la barra, y aprovechando las facilidades de la bahía de Brazos de Santiago, se dirigía a Puerto Isabel, un poblado minúsculo situado en la Laguna Madre, sobre la ribera americana. Allí, la aduana estadounidense no exigía sino alrededor de 35 centavos por barril, como pago por el depósito y la inspección de mercancías. Los cargamentos se enviaban entonces por tierra hasta Brownsville, frente a Matamoros. Las mercancías cruzaban el río para ser introducidas en terri-torio mexicano, ya fuese por Matamoros o por Camargo, otro puerto de entrada cercano al primero (p. 141).

A partir de 1848, una vez que el río Bravo se convirtió en un límite fronterizo entre México y Estados Unidos, la referida cadena comercial fluvial sufrió una modificación sustancial. En la margen izquierda del río, se establecieron poblaciones estadunidenses con una significativa vida comercial: Laredo, Eagle Pass, Roma, Deibis –que después se llamó Río Grande–, Edimburgo y Brownsville (Graf, 1993). Bordeando la margen derecha del río, recorriendo caminos tierra adentro, arrieros y conductores de recuas viajaron por las poblaciones mexicanas de Ensenada, La Mesa


MAPA 1. LOS CIRCUITOS MERCANTILES DESDE MATAMOROS

Fuente: elaboración propia con base en mapa presentado por Cerutti y González (1993, p. 27).

Río BravoRío Nueces

Eagle Pass

Piedras Negras

SanAntonio

Laredo

King Rach

Mier RomaRío Grande City

Monterrey

Saltillo

Zacatecas

San Luis Potosí Tampico

MatamorosBagdad

Port Isabel

Brownsville

Golfo de México

Corpus Christi

Matagorda

Galveston

Nuevo Laredo

Circuitos comerciales

Puertos

Camargo

Poblaciones con actividad comercial


y Reynosa, continuaron por Camargo, más adelante pasaron por Mier, Revilla y, en algunas ocasiones, por la distante población de Laredo. Al incursionar en el estado de Nuevo León, transitaron otra cadena comercial hacia el sur, precisamente para alcanzar el entronque situado en la pobla-ción de Mier y después dirigirse a la población de Gallegas. Para enton-ces, viajar desde las poblaciones asentadas en las márgenes del río Bravo hasta Monterrey era indispensable, pues esta ciudad ya sobresalía como un experimentado centro de acopio y abasto de mercaderías desde último cuarto del siglo xViii (Cavazos y Ortega, 2010). Este camino tierra adentro resultó ser muy eficaz para la realización de mercaderías de importación y exportación, especialmente por el trayecto hacia el centro minero de Cerralvo –real de minas San Gregorio y primero con el nombre de Ciudad León–, el cual, pasando más adelante por un poblado llamado Roncos, continuaba por la villa de Linares y terminaba en Monterrey. En tanto que la segunda ruta a seguir, en línea recta, requería solamente alcanzar la población llamada Marín (véase mapa 2).

También desde comienzos del siglo xix se gestó otro circuito comer-cial entre el norte de los estados de Nuevo León y Tamaulipas y la ruta marítimo-mercantil que tenía como derroteros los puertos de la costa este de Estados Unidos y Europa. Aquí es posible distinguir con claridad la función que cumplió Matamoros como entrêpot, precisamente porque allí se ejercían actividades mercantiles que se desplegaron tierra adentro y mar afuera.1 Esto es, Matamoros fue un puerto en el Golfo de México que se volvió importante porque contaba con un radio de acción marítimo-mer-cantil. A partir de la década de 1820 se fueron fortaleciendo sus vínculos comerciales con una extensa ruta que, en el mar, partía de Bagdad, tran-sitaba más adelante por los vecinos embarcaderos de Brazos de Santiago y Port Isabel, para después hacer la travesía marítima por otros puertos cercanos, como Galveston, Matagorda, Nueva Orleáns, Mobile, Baltimo-re, Filadelfia y, finalmente, alcanzar Nueva York. Al mismo tiempo, desde Matamoros partían otras tantas rutas con travesías al Caribe, para dirigirse a La Habana y hacer los viajes trasatlánticos hacia los puertos de Burdeos, El Havre, Londres y Liverpool.

1 Históricamente, es posible considerar a Matamoros como un entrêpot pues, durante el pe-riodo de estudio, cumplió las funciones de centro o plaza comercial que, por su ubicación estra-tégica para el mercado interno y externo, así como por su actividad marítimo-mercantil, hizo posible la pronta entrada y salida de productos y manufacturas, tanto de los producidos en el mercado interno cuanto de los provenientes del exterior.


MAPA 2. MATAMOROS Y LAS CADENAS COMERCIALES EN EL NORESTE MEXICANO

Fuente: elaboración propia con base en el Plano del estado de Tamaulipas, elaborado por Bernardo Othón, en Vayssade, M. et al. (1990).


deSde matamoroS: comportamiento de la importación y exportación

Para 1822, Matamoros ya era una plaza comercial de mercadeo y com-pra legal de ganado mayor y mulas, así como de venta de distintas pieles obtenidas de la cacería, ya fuesen de venado, oso, bisonte o castor. Ade-más, este puerto fluvial había pasado a ser un sitio de abasto de productos como carne salada, sebo y manteca. El gobierno de México, como nación independiente de reciente constitución, en 1823 le concedió a Matamo-ros la facultad de ejercer el comercio exterior; esto hizo posible que el puerto contase más tarde con una administración aduanal para fiscalizar los traslados de mercancías por tierra y por tránsito fluvial por el río Bra-vo, emergiendo así como uno de los embarcaderos más activos del Golfo de México. El movimiento de mercaderías que se comercializaban desde Matamoros era muy activo; allí se registraba el desembarco de produc-tos mexicanos dirigidos al mercado exterior y se recibían mercaderías y manufacturas provenientes de puertos estadunidenses y europeos. Esto se verifica claramente en la segunda mitad de la década de 1820, cuando Matamoros comenzó sus actividades portuarias como un centro de acopio de mercaderías para su exportación provenientes del noreste mexicano y, fundamentalmente, como un embarcadero concentrador de productos y manufacturas provenientes del exterior.2

El comercio interno y externo que se generó en Matamoros permi-tió, desde 1828, que a este puerto se le considerara de altura y que, ya de manera institucional, se estableciera una aduana marítima para el cobro del arancel de mercancías de importación y exportación. El movimiento de embarque y los ingresos fiscales comenzaron a ser significativos. En el transcurso de la segunda mitad de la década de 1820 se descargaron y embarcaron cada vez más mercancías y productos. El cálculo realizado para el comercio de importación registró un manifiesto incremento en los primeros años de vida portuaria. No obstante, el comercio de exportación creció lentamente, pues el registro del tonelaje de salida, así como el pro-pio valor de las mercancías enviadas al exterior, fueron inestables. Res-pecto al concepto de cobro del arancel de importación y a las divisas que entraron al erario por Matamoros, su comportamiento aparece registrado de forma irregular.

La captación fiscal en Matamoros comenzó a hacerse realidad en 1826. El modesto movimiento de embarque importado cubrió un total de 345 toneladas y el valor de las mercancías alcanzó 338 776 pesos, en

2 (1826). Documentos pertenecientes al Ayuntamiento. Archivo Municipal de Matamoros. Matamoros, México.


tanto que los ingresos fiscales por este concepto llegaron a 51 000 pesos. Este mismo año los embarques de exportación sumaron un total de 852 toneladas y las mercaderías llegaron a tener un valor de 494 861 pesos. El movimiento marítimo-mercantil se incrementó en 1827. Se advierte en este año la entrada de 39 embarcaciones que descargaron en la aduana 1 449 toneladas en mercaderías y manufacturas. El cálculo realizado para el comercio de importación fue de 413 897 pesos. Este mismo año salieron de Matamoros 38 embarcaciones; el comercio de exportación tuvo un registro que sumó 1 442 toneladas, y el valor de las mercancías alcanzó 429 171 pesos. En 1828 solamente se tiene el registro de entrada y salida de los barcos y del tonelaje, pero no así el correspondiente al cobro del arancel y el valor de las mercancías. Sin embargo, podemos inferir que el movimiento marítimo-mercantil fue muy activo, pues entraron 16 barcos que dejaron en el puerto 620 toneladas y, al parecer, la exportación de mercaderías también fue positiva, puesto que salió un total de 32 barcos que sumaron 1 322 toneladas. De acuerdo con Guillermo Tardiff (1968), en 1826 llegaron al puerto de Matamoros 16 buques con 620 toneladas, procedentes de Nueva Orleáns, Baltimore, Filadelfia y Nueva York. Este mismo año salieron de Matamoros goletas americanas para Baltimore, Nueva Orleáns y Nueva York. En 1826 y 1827 arribaron a Matamoros varias embarcaciones –goletas y balandras– de Londres, Nueva York y Nueva Orleáns, e incluso varias de ellas realizaron dos o tres viajes en un mismo año. También partieron de Matamoros, en 1827, distintos barcos que tuvieron dos o tres salidas en ese año, con destino a Nueva York y Mo-bile, y 19 embarcaciones partieron con rumbo a Nueva Orleáns. En 1828, procedentes de Nueva Orleáns, llegaron a Matamoros ocho goletas; de Filadelfia llegó un bergantín; de Nueva York, ocho goletas estadunidenses que hicieron sus viajes en dos ocasiones ese mismo año. De Matamoros salieron, para Nueva York, una goleta y un bergantín; para Charleston, una goleta; para Nueva Orleáns, cuatro goletas americanas.

Zorrilla, Miró y Herrera (1990a) elaboraron un balance de las importa-ciones y exportaciones de esos años, con base en el recuento que realizara Inés Herrera (1977). En sus cálculos del comportamiento del comercio exterior de Matamoros, Zorrilla et al. (1990a) indican que, entre 1825 y 1828, este puerto todavía no presentaba una marcada diferencia entre im-portaciones y exportaciones. En esos tres años, las mercaderías de impor-tación sumaron 3 714 toneladas, mientras que los productos y mercancías exportados alcanzaron la suma de 3 677 toneladas.

Una conclusión sobre el comportamiento del movimiento marítimo-mercantil de esos años es que los registros de arribo y partida de em-barcaciones extranjeras muestran un mayor ingreso de mercaderías y manufacturas del exterior y una marcada tendencia a la baja respecto a


los productos y mercancías que salían de los mercados del noreste desde Matamoros. Se constata también que este comercio fue desigual, aunque se viera fortalecido por la dinámica que presentaba el circuito marítimo-mercantil entre Matamoros y los puertos de la costa este de Estados Uni-dos, y su comportamiento fuera combinado. Fue desigual precisamente por el bajo costo de las exportaciones mexicanas frente al costo y la gran cantidad de mercaderías y manufacturas que ingresaron a México por este puerto desde Estados Unidos.

una relatiVa proSperidad portuaria, de 1830 a 1846

En la obra de Tardiff (1968) se encuentran interesantes referencias del mo-vimiento marítimo-mercantil de Matamoros, con base en la información que para los años de 1830 a 1843 registró el ministerio de Hacienda de México, precisamente sobre el cobro de aranceles en la aduana marítima y terrestre. Y pese a que los datos no tienen una secuencia constante que permita verificar con claridad la importancia que cobró la actividad co-mercial de este puerto, se pueden realizar algunas consideraciones a partir de los datos presentados en el cuadro 1.

En primera instancia, se aprecia un incremento en la contabilización del tonelaje de los embarques que se dejaron en el muelle bajo el rubro de importación, y en el cálculo de los productos que partieron como ex-portación, se observa que estos nunca llegaron a ser superiores frente a lo recabado por concepto de importaciones.

Se advierte también que aquellos montos que quedaron para el era-rio, por concepto de aranceles cobrados en la aduana marítima de este puerto, tuvieron un relativo crecimiento. No obstante, en Matamoros, en el transcurso de la década de 1830, se conoció un primer auge marítimo-mercantil. Para el periodo de 1830-1832, los ingresos fiscales provenientes de las aduanas continuaron en aumento, y en cuanto al movimiento ma-rítimo mercantil se refiere, las importaciones empezaron a incrementarse notablemente (véase cuadro 1). Hay que decir, además, que en el compor-tamiento de las exportaciones realizadas por este puerto se observa una baja considerable, así como una disparidad en el intercambio comercial con Estados Unidos (Tardiff, 1968).

Cabe mencionar que las alteraciones en el comercio exterior llevado a cabo desde Matamoros se debieron en gran medida a la inestabilidad política prevaleciente en el país, sobre todo durante el gobierno del pre-sidente Anastasio Bustamante. La crisis política devino luego de que se presentaran las llamadas autonomías regionales, con el pronunciamiento y la rebelión en Veracruz a principios de 1832. Cuando el gobernador de


Tamaulipas, Francisco Vital Fernández, apoyó la causa de los veracruza-nos sobre las autonomías regionales, esta situación repercutió en los puertos asentados en la desembocadura del río Pánuco, como sucedió con Tampico y el embarcadero de Pueblo Viejo. Si bien es cierto que en 1832 y 1833 hubo una gran cantidad de ingresos en la aduana marítima de Matamoros, estos no ingresaron a la Hacienda pública, puesto que terminaron en el fi-nanciamiento de dichas revueltas políticas (Zorrilla, Miró y Herrera 1990a).

De acuerdo con la información que se desprende de 1833 a 1836, el movimiento marítimo-mercantil de Matamoros tuvo ciertas complicacio-nes. Los datos concentrados en el cuadro 1 indican que se presentaron problemas en el comercio exterior, con bajas considerables en las importa-ciones y, mayormente, en las exportaciones durante 1833 y 1834, e incluso se aprecia una incertidumbre manifiesta entre 1835 y 1836 (Tardiff, 1968).

Si bien es cierto que el movimiento marítimo-mercantil observa un relativo crecimiento al menos hasta 1836, es necesario tener en cuenta los trascendentes acontecimientos que, al parecer, trastocaron el progreso portuario de Matamoros hacia finales de la década de 1830. Todo esto co-menzó cuando se presentó el movimiento separatista de Texas de la nación mexicana y continuó al hacerse realidad su independencia en 1836. Sin duda, la anexión de Texas al territorio de Estados Unidos fue lo que real-mente llevó a quebrantar ese espacio socioeconómico que se había con-formado en la frontera norte del México independiente. Los mencionados acontecimientos propiciaron que en Matamoros proliferara y tuviese pre-sencia significativa el comercio fraudulento de géneros prohibidos. Auna-do a lo anterior, hay que considerar el hurto de ganado –denominado abi-

CUADRO 1. INGRESOS FISCALES EN MATAMOROS POR CONCEPTO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

(EN PESOS)

Años Exportaciones Importaciones

1830-1831 56 783 848 4301833-1834 44 591 333 7751835-1836 30 273 493 1041836-1837 25 588 208 5081841 12 348 312 4301842 13 624 167 1661843 19 511 216 088

Fuente: elaboración propia con base en Tardiff (1968).


geato– desde el territorio mexicano hacia Texas, el cual fue considerable y practicado activamente por forasteros en territorio tamaulipeco, desde donde enviaban el ganado hasta las poblaciones estadunidenses que lo de-mandaban y a las que anteriormente ya nos hemos referido. En efecto, lo acontecido en Texas así como el notable desorden en el pago de derechos aduanales en Matamoros fueron hechos que llevaron a una baja en el mo-vimiento marítimo-mercantil: los rubros de importación y de exportación se fueron ambos a la baja; en especial, el segundo.

Asimismo, en este contexto histórico, hay que considerar lo que pro-vocó la fuerza intervencionista francesa en 1838, mediante el boicoteo que impuso a los puertos mexicanos del Golfo de México, en particular a los puertos de Veracruz y Tampico, los cuales, para ese entonces, destacaban como los principales del país (Trujillo, 2013, p. 102). Esta situación propició que Matamoros, al fungir como un puerto alternativo durante 1839 y 1840, tuviera un movimiento marítimo-mercantil aparentemente más beligerante, en cuanto a la entrada y salida de mercancías. Sin embargo, el incremento del ingreso de mercaderías a este puerto se debió al desvío de barcos que tenían como destino Tampico y Veracruz, pero que, finalmente, desembar-caron en Matamoros con una gran cantidad de manufacturas textiles. Un ejemplo de lo anterior es el ingreso de 2 700 000 libras de hilados ingleses a Matamoros, con la autorización del general Mariano Arista (Herrera, 1977, p. 55). Esto fue motivo de que Matamoros se convirtiese, en ese entonces, en un gran almacén de mercaderías importadas que después se distribuyeron y realizaron en el noreste de México.

En consecuencia, el análisis nos lleva a concluir que Matamoros intensi-ficó sus vínculos mercantiles con el circuito comercial que había establecido con los puertos de la costa este de Estados Unidos –con ingresos y salidas de embarcaciones procedentes de Nueva Orleáns, Filadelfia, Nueva York, Mo-bile y Baltimore– y comenzó a estrechar cada vez más los lazos comerciales con los puertos europeos de Alemania, Francia, Inglaterra y España (Trujillo, 2005). Pese a que Matamoros tuvo ingresos razonables por concepto de im-portaciones y exportaciones, lo que se observa es que, en la década de 1830, hay un déficit del comercio exterior llevado a cabo desde Matamoros, y todo por la constante adquisición de manufacturas y mercaderías del exterior.

El movimiento marítimo-mercantil en Matamoros, en la década de 1840, se mantiene con los puertos de la costa este de Estados Unidos y, progresivamente, se incrementa con los puertos europeos. Empero, hay una gran diferencia en el comercio exterior del puerto de Matamoros. Las cifras registradas por concepto de aranceles de exportación al comienzo de esta década son más bajas respecto a la década de 1830, en tanto que lo recabado por concepto de importaciones tampoco fue del todo positivo y ello pese a que la política arancelaria proteccionista se reforzó. Se encuen-


tra un incremento por importaciones en 1841, nuevamente una caída en 1842 y una recuperación en 1843 (véase cuadro 1). Este comportamiento contradictorio se debió a los problemas presentados por la implementación de una política arancelaria más racional, encauzada a proteger la economía del noreste mexicano del constante contrabando. La captación desorde-nada de divisas también se debió a la tardanza de la racionalización del cobro del arancel a partir de un desglose más específico; pues este mismo se diversificó para la importación común, para efectos prohibidos, y para víveres, maderas y tejidos.

primeroS comercianteS lugareñoS e inmigranteS en matamoroS

La situación estratégica del puerto fluvial de Matamoros permitió que los comerciantes nacionales y extranjeros –angloamericanos, franceses, ingle-ses e irlandeses– tuvieran una significativa influencia en el flujo de mercan-cías que provenían del movimiento marítimo-mercantil. No fue casual que desde finales de la década de 1820 se estableciera un grupo considerable de mercaderes de origen hispano –montañeses y bilbaínos– en la plaza comercial de Matamoros. El despliegue de la actividad mercantil se hizo tanto en el puerto fluvial como en las poblaciones fronterizas, a partir de tiendas mestizas dedicadas a la venta de productos del mercado interno: azúcar, cacao, queso, aguardiente, pan, hortalizas, legumbres, frutas, velas y jabón. Otros comerciantes, en cambio, destacaron por ser consignata-rios de embarques que contenían manufacturas, bebidas y alimentos, pro-ductos que desembarcaban en el puerto fluvial las embarcaciones prove-nientes de los puertos de Nueva Orleáns y Nueva York. Los comerciantes mexicanos y de origen español que pueden ubicarse en el puerto fluvial de Matamoros para esta década son Pedro García, José María Girón, Ma-cedonio Capistrán, Urbano Méndez, Francisco García Treviño, Joaquín Duque de Estrada, Juan de la Garza Perea, José María Tovar, Domingo de la Garza y Pedro de la Garza.3 Igualmente, en este puerto tuvo presencia otro agrupamiento significativo de comerciantes inmigrantes, los cuales, incluso, constituyeron casas mercantiles con un origen angloamericano, británico, germánico y galo.4 Sobresalieron otros tratantes de mercaderías

3 (1825). Véanse los documentos pertenecientes al Alcalde 2. Linares (Matamoros) (Con-venio celebrado por D. José María Tovar, D. Rafael Garza y D. José María Villarreal a favor de Alejandro Legrand, 2 fs). Archivo Municipal de Matamoros. Matamoros, México. 4 (1826). Nos referimos a la información que se encuentra en los expedientes pertenecientes al Alcalde (núm. 4. Instancia de varios franceses y decreto al calce del Gobierno del Estado, sobre intentaren internarse a esta capital o a la de la federación, se les libre por la 1a. Autoridad política de Matamoros el pase necesario, 2 fs). Archivo Municipal de Matamoros. Matamoros, México.


avecindados en Matamoros a principios de la década de 1820, como Juan Longoria y Ramón Lafon, quienes, por sus prácticas comerciales ilegales, fueron acusados por el propio administrador de la aduana marítima de Matamoros, por dedicarse a la práctica del contrabando de tabaco.5

Puede verificarse que en Matamoros se establecieron dos grupos de co-merciantes galos. Algunos provenían de los puertos franceses de Burdeos y El Havre, y aprovecharon las condiciones comerciales que, a consecuen-cia de las relaciones comerciales entre México y Francia, ofrecía Matamo-ros para establecer negocios. Otro agrupamiento de mercaderes franceses estaba constituido por los que se trasladaron del puerto de Nueva Orleáns para residir en Matamoros, y en esta plaza, empezaron a destacar en el comercio de importación y exportación. Varias firmas francesas (Benjamín Dansac y Hnos., Daniel Smith, Thomas Devine, Emilio Manauton, Luis Arnan, Reinaldo Lafauvire, Pedro Pargin, Enrique Macguen y Margarita Macguen) aparecen constantemente en los sobordos como consignatarias de las facturas de mercaderías de los barcos llegados a Matamoros; y a partir de la década de 1830, su presencia se vuelve significativa.

Respecto a los comerciantes ingleses en Matamoros, algunos se inicia-ron en los negocios como agentes de grandes casas mercantiles inglesas establecidas en Liverpool y Londres, y con sucursales en puertos estadu-nidenses y latinoamericanos. Esto se evidencia en las mismas transaccio-nes mercantiles que emprendieron los tratantes ingleses de mercaderías en Matamoros: Guillermo Elliot, James Granta, Miguel McMahon, Peter Hale, Nicolás Pendergast, William Caroll, así como las firmas Thomas & Hugh Devine y William Carol & Co.

Cuando México comenzaba como nación independiente, la participa-ción del comerciante Carlos Adolfo Uhde es beligerante, y pese a que su nacionalidad era alemana, este mercader logró, por un tiempo, participar como cónsul de Inglaterra en Matamoros. Si bien este tratante de merca-derías tuvo al principio su centro de operaciones en el vecino puerto flu-vial de Brownsville, la información relativa a sus actividades comerciales en el puerto fluvial mexicano indica que estas no fueron del todo legales, e incluso, que recurrió a las prácticas de monopolizar el comercio de mer-caderías y de traficar ganado de contrabando (Ibarra, 1998, pp. 342-343).

5 (1825). Documentos pertenecientes al Ayuntamiento de Linares (Matamoros). (Expedien-tes relativos al contrabando: A-18, Promovido por el señor administrador de la Aduana Marítima contra el señor D. Juan Longoria. Ramón Lafon sobre contrabando de cinco quintales de tabaco, nueve fojas; A-19, Promovido por el señor administrador de la Aduana Marítima contra el señor D. Juan Longoria sobre 16 tercios o quintales de tabaco, nueve fojas; A-3 de 1825, Promovido por el administrador de la Aduana Marítima sobre desórdenes advertidos en la descarga de las goletas Maklime y Palucton y fraudes preparados en las goletas Vinur y Aelus, 14 fs). Archivo Municipal de Matamoros. Matamoros, México.


En consecuencia, tenemos que Matamoros, ya para mediados de la década de 1830, contaba con un amplio agrupamiento de comerciantes instalados en su plaza mercantil. Puede ubicarse, primero, a los activos despachadores de embarcaciones dedicados al comercio de cabotaje con los puertos de Tampico, Veracruz, Alvarado, Tabasco, Campeche y Sisal. No obstante, al finalizar esta década, se les distingue como comerciantes vinculados directamente con el movimiento marítimo-mercantil en la ruta portuaria de la costa este de Estados Unidos. Si bien buena parte de es-tos comerciantes tenían nacionalidad mexicana, no hay que menospreciar que, para estos años, se hizo presente la actividad que habían desplegado en este puerto los mercaderes españoles y franceses que destacaban como consignatarios de casas comerciales extranjeras. Aquí, nos referimos pre-cisamente a los que aparecen en los registros como comerciantes con resi-dencia en Matamoros, como fueron los casos de Pedro García, José María Girón, Macedonio Capistrán, Andrés Saldaña, Francisco García Treviño, Constancio Tarnaba, José María Villarreal, Francisco Valdez, Enrique Co-hen, Margarita Macguen, Francisco García Longoria, José María Tovar, Tomas Gel, Luis Díaz Quijano, Domingo Martínez, la firma Benjamín Dansac y Hnos., Thomas Devine, Francisco Guzmán. Luis Arnan, Juana de la Garza Perea, Francisco Lojero Duque de Estrada, Calisto Portilla, José María Rodríguez, Santiago Gaurlay, Emilio Manauton, y Guillermo Howtel. Además de que estos comerciantes aparecen en los manifiestos de los barcos, nos remitimos a buena parte de los comerciantes asentados en Matamoros que, ya en la segunda mitad de la década de 1830, le dieron al gobierno un donativo en pesos que se utilizó para la defensa de las villas del norte de las incursiones de los bárbaros que hostilizaban Tamaulipas. El 11 de junio de 1836 se publicó en la Atalaya, bajo el título de “Lista de individuos que pagaron el préstamo forzoso en Matamoros”, los nombres y cantidades en pesos de comerciantes con residencia en Matamoros, que aportaron durante el año de 1836: Pedro García, 500; José María Girón, 250; Macedonio Capistrán, 250; Andrés Saldaña, 250; Francisco García Treviño, 250; Manuel García, 100; Constancio Tarnaba, 250; José María Villarreal, 100; Francisco Valdez, Enrique Cohen y Doña Margarita Ma-cguen, 300; Francisco García Longoria, 200; José María Tovar, 250; Do-mingo de la Garza, 100; Juan Beltrán, 100; Enrique Villarreal, 100; Calistro Portilla, 100; Tomas Gel, 250; Nicolás W. Pendergast (mexicano), 100; Luis Díaz Quijano, 250; Domingo Martínez, 250; Garate y Barrios, 100; Pedro José de la Garza, 100; Manuel Prieto, 100; Matías Ramírez, 100; José María Montes, 100; José María Rodríguez, 100; Benjamín Dansac y Hnos., 250; Daniel Smith, 100; Guillermo Elliot, 100; Santiago Gaurlay, 100; Thomas Devine, 250; Francisco Guzmán, 250; Crisante y Castañolla, 100; Emilio Manauton, 100; Luis Arnan, 250; Juana de la Garza Perea, 250, Reynaldo


Lafarriere, 100; Pedro Parigan, 100; Miguel Maksnaon, 100; Guillermo Howtel, 100, y Francisco Lojero Duque de Estrada, 250.

la proSperidad portuaria Se reSquebraJa a mediadoS de la década de 1840

En los primeros años de la década de 1840 destaca la organicidad corpo-rativa de los comerciantes avecindados en Matamoros, por medio de una junta de fomento y, también, del tribunal mercantil, el cual tuvo impor-tante presencia en este puerto; esta instancia organizativa tenía como diri-gente al mercader Leonardo Manzo (Zorrilla, 1977, p. 180). En la aduana, considerada como de primera clase en este puerto fluvial, sobresalió la racionalidad en el cobro de aranceles para cubrir lo relativo a las aduanas terrestres, luego de la aplicación de distintos impuestos para darle mayor dinamismo a las operaciones mercantiles.6 Estos decretos tenían la finali-dad de contrarrestar los estragos que dejó el contrabando; proteger de al-guna forma el libre mercado interno del noreste mexicano, dada la nueva delimitación fronteriza y, mayormente, resarcir los daños económicos que provocó la intervención estadunidense. Esto es, que se cumpliera lo que Luis Jáuregui (2004) establece como la etapa proteccionista en la política hacendaria mexicana, en un periodo que va desde 1837 hasta 1853, y a partir de una marcada legislación arancelaria.

Sin duda, Matamoros en estos años se afianza como un puerto de altu-ra, y no tan sólo por recibir barcos con banderas de Estados Unidos, sino también embarcaciones provenientes de varias naciones de Europa. Al observar el proceso de intercambio marítimo-mercantil de barcos extran-jeros, es posible constatar la manera en que actuaron los consignatarios y casas mercantiles registradas en la plaza de Matamoros en los primeros años de la década de 1840. El comercio bilateral entre México y Estados Unidos creció moderadamente, y aquel circuito marítimo-mercantil que Matamoros mantenía con los puertos de la costa este estadunidense se hizo más diligente; incluso es posible diferenciar cuáles fueron los puertos con los que se dieron los vínculos más estrechos. Esto se evidencia con nitidez entre 1841 y 1843 por la mayor cantidad de importaciones de mercaderías

6 Los impuestos sobre las ventas de mercaderías tierra adentro, mejor conocidos como al-cabalas, fueron pagados por los comerciantes. Su cálculo osciló entre 3 y 12.5% sobre las mer-cancías. Esto se hacía en cada ocasión en que las mismas mercancías cruzaban los límites entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato. Una vez que tenía cabida la realización de la mercancía, se tenía que pagar 5% por su venta. También nos referimos a los decretos del 30 de abril de 1842, del 26 de septiembre de 1843, del 4 de octubre de 1845, del 24 de diciembre de 1849 y del 1 de junio de 1855.


estadunidenses (Tardiff, 1968). También puede verificarse en los barcos que arribaron al puerto de Matamoros y que pagaron su arancel corres-pondiente en 1843, y que hemos agrupado en el cuadro 2. De su lectura puede establecerse que 22 goletas americanas dejaron diversas mercancías y que cada una, en la mayoría de los casos, rebasó el pago de arancel por 2 500 pesos. La información nos indica también que el movimiento ma-rítimo en la ruta Nueva Orleáns-Matamoros se volvió muy intenso, pues arribaron 18 goletas y una balandra al puerto mexicano. La descarga de mercancías de Nueva Orleáns en Matamoros supera a todas las descargas provenientes de otros puertos estadunidenses de la costa este de Estados Unidos. Y pese a que en la documentación no está el registro correspon-diente a seis de las embarcaciones procedentes de Nueva Orleáns, sí fue-ron consignados, en cambio, los datos de los embarques que dejaron otros doce barcos y que sumaron 44 328 pesos, pagados por los consignatarios al fisco mexicano. Se distingue, también, la ruta que podría ser la segunda más recorrida, esto es, Matamoros-Nueva York, luego de registrarse seis arribos al puerto mexicano. Pese a que para este último caso no aparece el registro de lo que se les cobró a las embarcaciones Cornelius Zabrisky y Equality, la cuota del arancel que pagaron los barcos procedentes de Nueva York fue significativa, pues los consignatarios pagaron en total la cantidad de 7 680 pesos.

mayor preSencia de laS caSaS mercantileS en matamoroS

Desde los primeros años de la década de 1840, las casas mercantiles esta-blecidas en Matamoros destacaron por introducir al mercado mexicano textiles de lana y algodón, y una variedad de manufacturas. La informa-ción que brinda el Archivo General de la Nación, en su acervo de Aduanas Marítimas y Fronterizas, ramo Matamoros y, particularmente, en los ma-nifiestos de los barcos, aparecen datos valiosos sobre las firmas de las casas mercantiles inglesas Nich W. Pendergast, W. Elliot, James Grant, Thomas Devine & Hugh Devine, John O’Reilly y John Yung & Co. También en este acervo documental es posible ubicar otro grupo más de casas mercan-tiles –algunas alemanas–, las cuales, ya desde la década de 1830, estaban presentes en Matamoros. Aquí nos referimos a los casos de Walter Henry, Thomas Hale, Peter Hale, Michael McMahon, Charles Uhde & Co., Lamb & Co., Richard D. Blossman, y particularmente, James Milmo, comercian-te sobresaliente en Matamoros y en Monterrey.7

7 Cabe señalar que todos los nombres de los consignatarios y casas mercantiles, además de encontrarse en los manifiestos de los barcos (Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros, Ar-

CU

AD

RO

2. B

AR

CO

S E

STA

DU

NID

EN

SES,

SU

S PA

GO

S D

E A

RA

NC

EL

Y

FE

CH

AS

DE

AR

RIB

O A

MA

TAM

OR

OS

(184

3)

Cál

culo

de

cuot

aE

mba

rcac

ione

s Pr

oced

enci

a de

ara

ncel

(pe

sos)

Fe

cha

de a

rrib

o

Gol

eta

amer

ican

a Ze

rvia

k N

ueva

Yor

k 2

500

4 de

ene

ro d

e 18

43G

olet

a am

eric

ana

Car

olin

a

Nue

va Y

ork

2 50

0 5

de e

nero

de

1843

Bal

andr

a A

. Sin

us

Nue

va O

rleá

ns

31 0

00

14 d

e en

ero

de 1

843

Gol

eta

amer

ican

a W

atch

man

N

ueva

Orl

eáns

45

000

24

de

ener

o de

184

3G

olet

a am

eric

ana

Cor

nelia

N

ueva

Orl

eáns

50

0 26

de

febr

ero

de 1

843

Bal

andr

a A

. Fis

h N

ueva

Orl

eáns

1

800

28 d

e ab

ril d

e 18

43G

olet

a am

eric

ana

Wat

chm

an

Nue

va O

rleá

ns

35 0

00

20 d

e m

ayo

de 1

843

Gol

eta

espa

ñola

Ros

ario

L

a H

aban

a 3

500

27 d

e m

ayo

de 1

843

Bal

andr

a am

eric

ana

Lim

e R

ock

Nue

va O

rleá

ns

s. d

. 2

de ju

nio

de 1

843

Gol

eta

amer

ican

a O

rego

n N

ueva

Orl

eáns

54

0 4

de ju

nio

de 1

843

Gol

eta

amer

ican

a C

orne

lius

Zab

risk

y N

ueva

Yor

k s.

d.

15 d

e ju

nio

de 1

843

Gol

eta

amer

ican

a C

arol

ina

Nue

va Y

ork

y Pa

nsac

ola

680

28 d

e ju

nio

de 1

843

Gol

eta

amer

ican

a E

mbl

em

Nue

va O

rleá

ns

s. d

. 29

de

juni

o de

184

3G

olet

a am

eric

ana

Onl

y D

augh

ter

Nue

va O

rleá

ns

s. d

. 5

de a

gost

o de

184

3G

olet

a am

eric

ana

Em

blem

N

ueva

Orl

eáns

s.

d.

29 d

e ju

lio d

e 18

43G

olet

a am

eric

ana

Wat

chm

an

Nue

va O

rleá

ns

s. d

. 5

de a

gost

o de

184

3G

olet

a am

eric

ana

Pers

ever

anci

a N

ueva

Orl

eáns

19

8 20

de

agos

to d

e 18

43G

olet

a am

eric

ana

Em

blem

N

ueva

Orl

eáns

3

000

22 d

e ag

osto

de

1843

Gol

eta

amer

ican

a M

arin

ella

N

ueva

Orl

eáns

60

9 24

de

agos

to d

e 18

43G

olet

a am

eric

ana

Kas

cink

u N

ueva

Orl

eáns

60

0 16

de

sept

iem

bre

de 1

843

Gol

eta

amer

ican

a Ju

anita

N

ueva

Orl

eáns

2

000

5 de

nov

iem

bre

de 1

843

Cál

culo

de

cuot

aE

mba

rcac

ione

s Pr

oced

enci

a de

ara

ncel

(pe

sos)

Fe

cha

de a

rrib

o

Gol

eta

amer

ican

a Sa

rah

Jane

N

ueva

Yor

k 2

000

6 d

e no

viem

bre

de 1

843

Gol

eta

amer

ican

a E

qual

ity

Nue

va Y

ork

s. d

. 16

de

novi

embr

e de

184

3G

olet

a am

eric

ana

Har

ry C

lay

Nue

va O

rleá

ns

s. d

. 22

de

novi

embr

e de

184

3G

olet

a am

eric

ana

Mar

inel

la

Nue

va O

rleá

ns

s. d

. 27

de

novi

embr

e de

184

3

Fuen

te:

(184

3). (

Fom

ento

, Com

erci

o E

xter

ior

y M

ovim

ient

o M

aríti

mo)

. Adu

anas

Mar

ítim

as y

Fro

nter

izas

, Mat

amor

os, 1

843

(exp

. 1).

Arc

hivo

Gen

eral

de

la N

ació

n, M

éxic

o.


Las diversas actividades de las casas mercantiles asentadas en la plaza de Matamoros se diferencian también en los registros de 1842 a 1844, en los cuales los empleados de la aduana marítima de Matamoros dieron cuenta de ellas. Concretamente, destacan documentos firmados por el ofi-cial aduanal José María Gómez, entre estos, el expediente titulado “Razón de las guías libradas por esta oficina”, fechado en diciembre de 1842, el cual registró 302 guías; otro, de 1843, 306 guías. Lo anterior muestra que el tráfico mercantil legal progresó; y de esto dejó testimonio la propia adua-na marítima de Matamoros, luego de registrarse un total de 608 guías en dos años, desde que se implementara el arancel antes mencionado.8 En consecuencia, las referencias resultan en sí mismas interesantes, puesto que nos indican claramente la documentación mercantil de los barcos que tuvieron que pagar el arancel correspondiente. Herrera (1977, cuadro 4: Disposiciones arancelarias sobre importaciones textiles, 1821-1872) nos muestra los contenidos de los gravámenes a la importación, y respecto del arancel que se fijó el 11 de marzo de 1837, señala: “se fija una cuota para cada artículo inscrito en el arancel. Para aquellos no especificados se afora-rán y se gravarán en el porcentaje correspondiente de acuerdo con la clase del producto; a los géneros de lino y cáñamo, 25%; a los de lana, cerda y pluma, 50%; a los de seda y con mezcla de metal, 10%; a los de algodón, 25%, y a los no comprendidos en ninguna clase, 40%.” También menciona el contenido de la Ley del 23 de mayo de 1837, en la que se estableció: “los tejidos de algodón extranjero, además de los derechos que establece el arancel del 11 de marzo de 1837, pagarán a su internación 4 centavos por vara cuadrada, sin perjuicio de los derechos de consumo que les corres-pondan en las aduanas interiores”. Asimismo, se refiere al arancel del 30 de abril de 1842 en el cual: “se fijan cuotas de importación por artículos, las telas pagarán por vara cuadrada. A los artículos que no figuren en el arancel se les aplicará, sobre el precio de factura, un porcentaje según la clase de mercancía. A las de lino 25%, de lana 40%, de algodón 50% y 75% de más de una vara de ancho” (pp. 176-183).

chivo General de la Nación, México), también se encuentran en los Documentos del Ministerio de Asuntos Extranjeros (Foreign Office) de Gran Bretaña, 50/110 y 50/232. Archivos Públicos (pro, Public Record Office), Gran Bretaña. 8 No remitimos a los expedientes Razón de las guías libradas por esta oficina, remitentes, conductores y consignatarios; Número de bultos y clase de mercancías; Valor en pesos, lugares de escala y destino, y Buques en que fueron importados los cargamentos, fecha de sus arribos, consignatarios a nombre de quienes vinieron las mercancías. Las guías de 290 a 302, con fecha 23 de diciembre de 1842; de 218 a 228, con fecha 24 de noviembre de 1843, 1 foja; de 234 a 248, con fecha 29 de diciembre de 1843; de 249 a 251, con fecha 31 de diciembre de 1843; de 301 a 306, con fecha 2 de enero de 1843, y de 307 a 310, con fecha 13 de enero de 1843. (1843). Aduanas Marítimas y Fronterizas. Matamoros (Razón de las guías libradas), Archivo General de la Nación, México.


Para mostrar la activa operatividad de las casas mercantiles y el tipo de mercancías importadas (véase cuadro 3), en primer término podemos remitirnos a un ilustrativo ejemplo que ofrece el bergantín-goleta Bereni-ce, procedente del puerto francés El Havre, el cual fondeó en Matamoros el 3 de junio de 1842. Alejandro A. Guinel aparece como consignatario. A este hombre de negocios se le remitió un gran cargamento por un sig-nificativo monto de 6 841.80 pesos. Si diferenciamos con detenimiento los variados productos que se desembarcaron de El Berenice en Matamoros, es posible conocer las características del comercio de exportación francés con México.

Lo interesante del cuadro 3 es que se encuentran productos france-ses importados que no necesariamente destacan por ser artículos de lujo, puesto que se observa una notable variedad de mercancías y manufacturas que invadieron el mercado mexicano desde Matamoros, cumpliendo con todos los requisitos aduanales, esto es, cargamentos que contenían el valor de la factura y el cobro del arancel.

Las guías libradas de 1842 y 1843 son una prueba de la presencia de di-versas casas mercantiles y consignatarios que incidieron en la introducción de mercaderías extranjeras para los mercados del noreste mexicano. Apa-recen casas mercantiles muy activas, como la del francés Benjamín Dansac y Hnos. –mencionado anteriormente como traficante de mercaderías desde la década de 1830–; y otras casas más, como Bauge y Cía., Peter Hale, Juan J. López, Juan O’Reilly, Hugo Dazine, P. Scharzell y Emilio Manauton. Al mismo tiempo, bajo la denominación “Lugares de escala y el destino”, se consigna en estos expedientes cuáles fueron las redes mercantiles que se imbricaron, desde Matamoros, con los circuitos comerciales del norte, occidente y centro de México. En consecuencia, lo que aquí se advierte es, precisamente, la confirmación de la operatividad de los circuitos comercia-les de mercaderías importadas. Estas se vendían sobre todo en los centros mineros, entre los que destaca Monclova como uno de los más deman-dantes de mercaderías y maquinaria. También se verifica otro corredor de distribución de mercancías extranjeras desde Matamoros hacia Monterrey, Saltillo y Zacatecas; y en algunos casos, aparecen registros en los que el traslado de mercancías terminaba en Puebla. Por medio del contenido de otras tantas guías libradas, se observa cómo los arrieros recorrieron desde Matamoros distintos caminos que los llevaron hasta las poblaciones de Al-dama y Durango. De igual modo, cómo se trasladaron hasta Linares, conti-nuaron hacia Saltillo y, de ahí, se dirigieron a Guadalajara para, finalmente, terminar en la feria mercantil de San Juan de los Lagos.

Para demostrar lo anterior, realizaremos el seguimiento de varios ca-sos que resultan muy ilustrativos para constatar los recorridos de las mer-caderías por los circuitos comerciales. En primer término, tenemos la casa


CUADRO 3. PRODUCTOS FRANCESES QUE SE IMPORTARON A MATAMOROS (1842-1843)

Armas y aditamentos Espadas, sables, hojas de sable, municioneros de piel, fusi-les, pistolas.

Productos para el hogar Ramilletes de flores artificiales, loza fina, navajas de barba, tijeras, cuchillos, cucharas, tenedores, coladores, estuches para agujas, tinteros, esponjas.

Alimentos, bebidas Aceite de ballena, aceite de oliva, aguardiente de uva, vi- y conservas nos, aguardiente de uva compuesto, botellas de licor, dul-

ce, encurtidos, frutas en aguardiente, mantequillas, frasqui-tos de mostaza.

Manufacturas diversas Anteojos, candeleros de metal, fuelles para chimenea, hie-rros de planchar, fósforos, lámparas, lamparillas.

Papelería Mapas, navaja para cortapluma, botellas de tinta, plumas de ganso para escribir, estuches con puntillas, lápices.

Tlapalería Bolitas de blanco de España, bolitas de mármol, cajas de madera para azúcar, hilo de alambre, mechas para lámpa-ras, vidrios para ventanas.

Mercería Abanicos, agujas de coser; botones forrados de seda, de hueso, metal y nácar; cajas con colores, cajas de música, hilos de cáñamo o acarreto, hilo blanco de lino, estuches de hueso, listones, guarda brisas, abanicos, paraguas, alfi-leres, dedales, pantuflas.

Cristalería Vasos, vidrios para ventanas.Objetos de madera Cajas de madera.Perfumería Frasquitos de agua de olor, botellas agua de flor de naran-

ja, agua de colonia.Artículos de lujo Cigarreras de piel, estuches para tocador.Textiles Calcetines de lino, canebá de algodón, telas de lino y lana,

medias de seda, pañaletas, zarcillas, bretones (tela manu-facturada en Bretaña, Francia), churlas y listones.

Fuente: (junio, 1842). Guía de la factura de las mercancías recibidas por el consignatario Alejandro A. Guinel. Aduanas marítimas y fronterizas, Matamoros, 1842-1843, Archivo General de la Nación, México.


mercantil de Peter Hale. Esta es una muestra elocuente, y no tan sólo por-que el comerciante destaca por haber obtenido anualmente ganancias sig-nificativas, sino, a su vez, porque se dedicaba activamente al mercadeo, si-guiendo trayectos diversos por poblaciones, villas y ciudades: los circuitos comerciales Matamoros-Villa, Aldama-Monclova, Matamoros-Monterrey-San Juan de los Lagos y Matamoros-Monterrey-Puebla. El consignatario Peter Hale aparece en el documento “Razón de las guías libradas por esta oficina a partir de los números 166, 170, 172 y 177”, conteniendo distintas figuras a la vez, fuese como remitente o como conductor. Para realizar sus tratos y negocios, Peter Hale se asoció con J. Samora y Santiago Ha-vetson, comerciantes también registrados en las guías libradas. Al mismo tiempo, a Peter Hale se le encuentra en los registros como consignatario de los bultos con maquinaria que llegaron a Matamoros en julio de 1843, en el buque angloamericano Cornelia Eblem. La maquinaria había sido requerida en Saltillo, con el objeto de que se instalara en esa población una fábrica textil.

Otros ejemplos reveladores son el de la casa mercantil Bauge y Cía., que acostumbraba distribuir mercancías nacionales y extranjeras en el cir-cuito comercial Matamoros-Monterrey-Saltillo-Durango, y el de la firma francesa de Emilio Manauton, que solía hacer su trajinar mercantil en re-corridos más largos, pues uno de ellos partía de Matamoros a Linares, más adelante se dirigía a Matehuala y, por último, terminaba en San Luis Potosí. Asimismo, se tiene el referente de que esta última casa comercial envió otro cargamento de mercaderías importadas que hizo el recorrido desde Matamoros, pasó por Monterrey y terminó en Saltillo.

Se pueden enumerar varios casos más, como sería el del comerciante Juan J. López, quien se mantuvo activo en la cadena comercial Matamoros-Monterrey-Saltillo, y en algunas ocasiones, parte de su cargamento termi-nó consignado en Zacatecas; el de la casa mercantil francesa de Benjamín Dansac y Hnos., quien entregó mercaderías importadas por la ruta de las poblaciones mineras de Matamoros-Camargo-Villa, Aldama-Monclova-Mapimí; el de la razón social de Juan O’Reilly, quien tenía travesías por la cadena comercial Matamoros-Camargo-Monclova y, finalmente, el de la firma P. Scharzell, la cual distribuyó sus mercancías desde Matamoros hasta Villa Aldama, y luego dejó una considerable cantidad de mercancías en los centros mineros, primero en Monclova, terminando en Mapimí.

Otra muestra relevante de los contenidos de los bultos y la diversidad de mercancías que se internaban en el noreste mexicano desde Matamo-ros se encuentra en las distintas facturas de la goleta americana Watchman, proveniente de Nueva Orleáns, que arribara al puerto fluvial el 21 de mar-zo de 1843. Su contenido es interesante en sí mismo, pues nos advierte de la entrada de manufacturas por cauces legales, contrarrestando el gran


contrabando vivido en los puertos del país en el transcurso de la década de 1840. Esta embarcación dejó un significativo número de cargamentos y pagó un arancel total de 35 000 pesos. La goleta Watchman se caracterizó por transportar una gran diversidad de manufacturas textiles extranjeras. Entre las facturas de esta embarcación aparece una dirigida a la casa mer-cantil de Peter Hale, la que, como hemos anotado, llegó a ser una consig-nataria destacada. Esta firma tuvo que pagar por el embarque, del cual gran parte eran hilados y tejidos, la cantidad de 1 128.35 pesos.9

Al comerciante Luis Berlandier, en el resguardado de la goleta ameri-cana Watchman, se le consignaron diversos bultos que contenían materia-les para las boticas de los pueblos y villas del noreste mexicano, como los siguientes: gruesas de botellas de cristal, galones de miel blanca, galones de aceite, harina de linaza, tamarindo, tubos de vidrio, ácido nítrico, bo-tellitas, termómetros, pinceles, extracto de zarzaparrilla, azogue y agujas para inyección.

A otro consignatario, el francés Hugo Drazine, en la factura número 4 de la goleta Watchman, fechada el 30 de mayo de 1843, se le expidió un cargamento de textiles por un valor de 2 224.18 pesos. También se le en-viaron diversas manufacturas textiles. Entre ellas, sobresalen telas, hilados, tejidos y ropas.10 En la factura marcada con el número 5 de la goleta Watch-man, aparece otro cargamento para el activo comerciante Peter Hale, y en esta ocasión, este pagó un arancel por la cantidad de 1 282.96 pesos.

En la misma goleta americana Watchman, en su segundo recorrido anual a Matamoros, cuyo registro de arribo se fechó el 5 de agosto de 1843, el citado mercader Peter Hale recibió un cargamento con un valor de 6 488.02 pesos.11 En la nomenclatura, destacan: textiles de lana, ropa de

9 A saber: una caja de driles de lino, cuatro cajas de bretañas de lino, una caja de platillas, una caja de coleta de lino. Un tercio de dril de algodón, tres cajas de estopillas, una caja de platillas de lino, una caja de creas de lino, una caja de driles de lino, una caja con 20 piezas de driles de lino y punto de algodón, punto de blonda, tápalos y una caja de sombreros. Se advierten en el embar-que otros productos más, como cepillos de mostrador, un medio barril de azúcar con 126 libras, un cajón de canela y un surtido de especias, entre las que sobresalen clavo, pimienta y jengibre. (21 de marzo de 1843). Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros (véase factura número 3 del manifiesto de la goleta Watchman). Archivo General de la Nación, México. 10 Sobresalen mercaderías como pañuelos de algodón, carraclanes de algodón, bretañas fran-cesas de lino, platillas de lino, muselina de algodón, encaje de blonda, toallas de lino, dril de lino, paños de verano de algodón y lana, y parasoles de seda. En tanto que, en la factura número 6, con-signada al negociante P. Scharzell por un total de 3 313.89 pesos, se detalla lo siguiente: bretañas francesas de lino, dril de lino, dril de algodón, platillas de algodón cotonadas, bretañas, tela cono-cida como imperial, dril blanco y azul. (30 de mayo de 1843). Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros (Factura número 4, correspondiente al manifiesto de la goleta Watchman). Archivo General de la Nación, México. 11 (1843). Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros (Factura número 5, Resumen del cargamento que condujo al puerto de Matamoros la goleta americana Watchman que fondeó el 19 de agosto de 1843, a la consignación de Peter Hale). Archivo General de la Nación, México.


seda, calcetines, dril de lino, encaje, pañuelos de algodón, y otros produc-tos, como aceite para lámpara, sombrillas y agua de olor, todos dirigidos a Monterrey.

En el primer viaje a Matamoros que en 1843 hiciera la goleta ame-ricana Watchman, en sus bodegas almacenó varios bultos que contenían hilados y tejidos. En las facturas se distingue que los consignatarios reci-bieron distintos embarques denominados simplemente como géneros. Tal es el caso del importador Benjamín Dansac. El cargamento a su nombre se facturó el 27 de mayo de 1843, por la cantidad de 1 968.99 pesos, y el comerciante tuvo que pagar dos aranceles, uno por 23.09 pesos y otro por 201.15 pesos. Sus enseres fueron los siguientes: muselinas blancas y de colores, bretañas de lino, driles, mahón –tela fuerte de algodón–, manteles de lino y muselinas blancas.

El comerciante inglés Juan O’Reilly recibió un cargamento en este mismo viaje de la goleta. En la factura número 1, las mercancías suman la cantidad de 5 169.93 pesos. Al parecer, a la firma O’Reilly le convenía co-mercializar solamente textiles extranjeros, pues se especializó en la intro-ducción de hilados y tejidos de lino, algodón y seda; de estos, algunos po-siblemente fueron manufacturados en Nueva Orleáns, mientras que otros fueron de reexportación, provenientes de Francia, Inglaterra y España.12 Por otro lado, la casa mercantil de Juan José López recibió un embarque, transportado por la misma goleta, con un valor de 4 705.25 pesos. En la nomenclatura de la factura dominan las manufacturas textiles extranjeras, tales como carraclanes, driles de lino, casimires, pañuelos de algodón, tá-palos de algodón, merinos, hilos de algodón, lana y seda. Juan José López recibió en Matamoros otro embarque con abarrotes y bebidas españoles, pero lo transportó la goleta americana Columbia, el 9 de octubre de 1843, por un valor de 1 371.99 pesos. Contenía comestibles, bebidas y harina.13

12 En el resumen del cargamento sobresalen distintos efectos a la consignación de la casa mercantil de O’Reilly: brin de lino (tela ordinaria y gruesa que se usa para forros de la vestimen-ta), dril (tela fuerte de hilo de algodón cruzado), telas de lino de menos de 25 hilos y telas de lino de menos de 36 hilos. Destacan, igualmente, muselinas de algodón (tela fina y poco tupida), zarza (tejido de varas, cañas, mimbres o juncos), mercería (alfileres, botones, cintas, etcétera), resortes de algodón, y tejidos de algodón blancos y de colores. No obstante, en un desglose más específico de los géneros, sobresalían: royales de lino, estopillas de lino, bretañas francesas de lino, platillas de lino, driles de lino, dril de algodón trigueño, indianas, muselina blanca, brines, imperiales, pla-tillas de lino, driles de algodón y guantes de algodón. (22 de junio de 1844). Véase el manifiesto del cargamento que condujo a Matamoros la goleta Watchman que fondeó el 19 de mayo de 1843, y a la consignación de Juan O’Relly, en la factura número 21). Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros, 1843. Archivo General de la Nación, México. 13 Doscientos cincuenta barriles de harina, té, cuatro barriles de vinagre, cajas de vino mosca-tel, ocho barriles vino de Málaga, botijas de aceite de oliva, cajas de azafrán, barril de mantequilla, dos cascos de jamón, 20 cajas de bacalao, cascos de arroz, cajas de fideos y sardinas en latas. (22 de junio de 1844). Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros. Véase el manifiesto del cargamento que condujo el 19 de agosto de 1843 a Matamoros la goleta Columbia, en la factura


Esta goleta americana Watchman, proveniente de Nueva Orleáns, tra-jo a Juan O’Reilly y a Juan José López un embarque de hilados y tejidos por un valor de 4 705.25 pesos, el cual aparece señalado en una factura del 25 de agosto de 1843. Entre las mercaderías, destacan: pañuelos de algodón de color; indianas de 50 por 24 y de 50 por 28; coquillos blancos, tápalos de algodón, carraclanes, satín blanco, seda de coser, medias chicas de algodón para niña, alpín, merinos, terciopelo de seda, estopillas de lino, bretañas francesas de lino, platillas, dril de lino, indianas, cotín y satinete.

El 9 de octubre de 1843, el puerto fluvial de Matamoros recibió a la goleta americana Columbia, proveniente de Nueva Orleáns. Esta transpor-taba varios cargamentos para consignatarios establecidos en Matamoros. Las mercaderías para el negociante Juan José López facturaron un total de 1 371.99 pesos; se trataba de barriles de harina, manteca, té, barriles de vino de Málaga, barriles de mantequilla, cascos de jamón, cajas de baca-lao, cascos de arroz, cajas de fideo y cajas de sardinas.14 Otro comercian-te, de nombre José López, recibió a su consignación un cargamento por 1 769.17 pesos, el cual contenía dril, paño de primera y tercios de bayeta. Al consignatario Benjamín Dansac se le asignó un cargamento por 479.67 pesos, cuyo contenido era muselina, medias de seda y lanas. Se distingue otro gran cargamento del mismo barco, el cual fue consignado a la firma J. Fola Peña, que facturó 6 982.80 pesos. Este cargamento constó de una diversidad de manufacturas y productos: necesarios para tocador, oblea en cajas, orégano, paño de primera, pañuelos de seda, papas, papel florete, papel para cartas, paraguas, pasas y ciruelas, peinetas de hierro, perfume-ría, pitos, pistolas, pistoleras, plumas de ave, plumas de metal, plumeros, relojes de bolsillo de oro, sardinas, seda floja, sombreros, tacos de billar, tachuelas, tarjetas de visita, tejidos de linos, tejidos de seda, tejidos de al-godón blanco labrado, tela de alambre, tijeras, tinta de China, tinteros, toquillas de chaquería, útiles para armas, útiles para chimenea, vidrieras, vidrio plano, vinagre, vino blanco en barril, vino blanco en botellas y pa-ñuelos de algodón.

La andante y caminante goleta angloamericana Watchman, que tra-dicionalmente partía de Nueva Orleáns, fondeó nuevamente en la embo-cadura del río Bravo y se introdujeron cargamentos en Matamoros para diversos consignatarios, con facturas fechadas el 22 de junio de 1844. Un

número 2. También consúltese el resumen del cargamento que condujo a Matamoros la goleta Watchman que fondeó el 19 de agosto de 1843, a la consignación de Juan J. López. Archivo Ge-neral de la Nación, Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros, 1843. Archivo General de la Nación, México. 14 Consúltese la factura número 1 en el manifiesto de la goleta Columbia, que arribó el 10 de octubre de 1843 a Matamoros. Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros, 1842-1843. Archivo General de la Nación, México.


cargamento fue para la casa de Juan J. López, por un valor de 4 705.25 pesos. Contenía agujas, carraclanes, dril de lino, casimires, pañuelos de algodón, tápalos de algodón e hilos de algodón, lana y seda. A su vez, la misma embarcación transportó otro cargamento para Peter Hale, cuyo valor era de 6 458 pesos. Contenía agua de olor, aceite para lámparas y textiles: blonda de seda, calcetines de algodón, dril de lino, linos de 24 y 34 hilos, medias de seda, tápalos de seda, algodón y zarzas.

El comerciante J. F. de la Peña recibió mercaderías procedentes de Nueva Orleáns, transportadas por la goleta Crollet, que fondeó el 4 de ju-nio de 1844 en el puerto de Matamoros. Tuvo que pagar un alto arancel de 13 207 pesos. El contenido de este cargamento era variado: harina, tabaco y rapé, vino blanco y tinto, abanicos de papel, aceite de ballena, aceite de oliva, aguardiente compuesto, alemanisco, alepín, arrasados de algodón blanco, arroz, azúcar, botones de metal, bretañas de lino, calcetines de al-godón, camas de bronce, cebollas, serruchos, coquillos, cortes de termino de algodón, cuchillos, chales de algodón bordados, clavos de hierro, crista-lería hueca, dril de algodón de color, encaje de algodón, fideos, guitarras, guantes de lana, guantes de seda, harina, hilo blanco de lino, hilo blanco de colores, lámparas, listones, limones, manteca, maíz, mascada de seda, medicinas y drogas, mechas de algodón, mercería, molinos de café, muse-lina de algodón, muselina imperial, papel corriente, pañuelos de algodón y paraguas.15

Por otra parte, se cuenta con la información recabada por la oficina aduanal, que se desprende de las guías libradas por la aduana marítima de Matamoros en diciembre de 1842, y los meses de enero, noviembre y diciembre de 1843. Los registros nos ofrecen, además de su número, fechas, remitentes, conductores y consignatarios de los bultos, toda clase de productos especificados. Los consignatarios y las rutas que aparecen en estos registros son Benjamín Dansac y Hnos., rutas Monclova-Río Gran-de y Reynosa-Durango y Juan López, ruta Linares-Monclova. Además de otros consignatarios, como Peter Hale, J. Cavazos, J. González, J. Martínez y J. Herrera. Esto es, los mismos a los que hemos ubicado por su activa injerencia en el circuito comercial de Matamoros-Monterrey-Saltillo. Estos comerciantes dominaban también otros circuitos, como los de Matamo-ros-Saltillo-Puebla y Matamoros-Camargo-Aldama-Monclova. En tanto que las mercancías consignadas a Juan O’Reilly se transportaban por las rutas Matamoros-Durango-Monclova y Matamoros-Saltillo-Puebla. En los

15 Véase la factura número 1 del manifiesto de la goleta Crollet que procedente de Nueva Or-leáns fondeó en Matamoros el 4 de julio de 1844. Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros, 1844. Archivo General de la Nación, México.


registros se advierte que la firma de Juan J. López también recibía textiles de Nuevo Orleáns en algunos viajes de la goleta Watchman.16

Si hacemos una recapitulación de quiénes controlaban el comercio de importación en Matamoros, en la década de 1840, y tenían además gran incidencia en la distribución de mercancías en los circuitos comerciales del noreste, occidente y una parte del centro de México, vemos que este co-mercio estaba a cargo de prácticamente diez casas mercantiles, todas con fuertes vínculos con la plaza comercial de Nueva Orleáns: las mexicanas de Juan J. López y el mencionado J. F. de la Peña; las francesas de Juan O’Reilly, Emilio Manauton, Hugo Drazine, Luis Berlandier, Benjamin Dansac y Alejandro A. Guinel; y las alemanas de Peter Hale y P. Scharzell.

Al restablecerse las relaciones entre México y España, entraron por Matamoros comestibles españoles que volvieron a comercializarse en el mercado interno mexicano.17 Al menos, así se distingue en el embarque de Hermine, que dejó almendras, vino tinto, aguardiente, y 30 libras de azafrán (Lista de exportación del 1 al 15 de diciembre de 1844).

Por otro lado, y a pesar de que además era posible que se aplicaran me-didas proteccionistas que elevarían el sistema arancelario, particularmente en cuanto a los textiles, con el propósito de fomentar la manufactura de hilados y tejidos en México, hay que decir que de todos modos, a partir de la segunda mitad de la década de 1840, los comerciantes asentados en Matamoros vieron mermadas sus ganancias por la introducción de hilados y tejidos extranjeros a causa del control ejercido por Estados Unidos sobre el comercio exterior mexicano llevado a cabo desde Matamoros.

Además de introducir máquinas, herramientas, abarrotes y diversas manufacturas, estos comerciantes encontraron otro negocio rentable, con-sistente en la introducción de pacas de algodón del sur de Estados Unidos. Los establecimientos manufactureros mexicanos pasaron a demandar esta mercancía ante la carencia de fibra cultivada en el país, pues a lo largo de la década de 1840, como resultado de un primer brote industrial en Méxi-co, estaban surgiendo fábricas de hilados y tejidos en el territorio nacional. En este sentido, es complicado establecer cuál fue la cantidad de pacas de algodón que entró legalmente por Matamoros en esa década y cuánto se utilizó como materia prima en las fábricas textiles de Monterrey, Hermo-

16 Nos remitimos a la factura número 2 del manifiesto de la goleta Watchman, procedente de Nueva Orleáns y que el 19 de agosto fondeó en Matamoros a la consignación de Juan J. López. Conteniendo: agujas, carraclanes, casimires, dril de lino, pañuelos de algodón, tápalos de algo-dón, hilos de algodón, lana y seda, hilo trigueño de algodón, zarzas, dril de lino. Pagó por dere-chos de información la cantidad de 4 705.25 pesos. Aduanas Marítimas y Fronterizas, Matamoros, 1843-1844. Archivo General de la Nación, México. 17 El tratado comercial de México y España data del 28 de diciembre de 1836, con lo que se reactiva notablemente el intercambio marítimo-mercantil entre ambas naciones.


sillo, Saltillo, Guadalajara o Tepic. Al mismo tiempo, es difícil asegurar si esta materia prima no se introdujo en ocasiones de manera furtiva –en forma de algodón en rama–, como si fuesen bultos de lino, el cual tenía un arancel más bajo que el primero. Esta práctica comercial no era novedosa, ya que desde la década de 1830, mediante permisos y licencias especiales, varios comerciantes ingleses establecidos en México introdujeron algodón estadunidense desde las plazas comerciales de Nueva Orleáns y Texas, sea por el puerto de Matamoros o por el de Veracruz. Se tiene conocimiento de que en varios puntos del país había proveedores legales de algodón, quienes, además de distinguirse como connotados agiotistas en la década de 1840, sobresalían al mismo tiempo como dueños de centros fabriles. Nos referimos a los llamados prestamistas Cayetano Rubio, Isidoro de la Torre, Domingo y Pedro Ansoástegui, Anselmo Zurutuza, Drusina y la poderosa casa mercantil mexicana de Manuel Escandón. Estas grandes casas mercantiles, con distintos tentáculos mercantiles por distintas par-tes del México de la primera mitad del siglo xix, tenían vínculos con los comerciantes establecidos en Matamoros, a quienes les compraban para después vender a consignación la fibra blanca, distribuyéndola en el oc-cidente y el centro de México. Todavía en la primera mitad de la década de 1850, Santa Anna, quien fuese varias veces presidente de México, les pagó a estos traficantes de algodón en varias ocasiones con permisos de importación del mismo producto. Esta desmedida acción gubernamental permitió que 2 500 quintales de algodón fueran para el agiotista Gregorio Mier y Terán, y 100 000 quintales para la Compañía Restauradora del Mineral Tlapajahua, entre cuyos socios figuraban Manning y Mackintosh, así como para los agiotistas Martínez del Río, Nicanor Béistegui, Agüero, González y Cía., y Francisco Iturbe (Trujillo, 2000).

En el negocio de la introducción de algodón por el puerto de Matamo-ros, no se puede dejar a un lado la casa mercantil que fundaran Valentín Rivero e hijos, en Monterrey, en 1843. Esta firma no sólo tenía una gran tienda de ropa, sino que, además, fue una de las pocas casas comerciales que adquirió de manera directa algodón de Nueva Orleáns y Texas en 1854, y al mismo tiempo, de las pocas en establecer una fábrica de hilados y tejidos en Nuevo León: La Fama (Hernández, 1978).

mercadereS en un circuito comercial fronterizo reSquebraJado

El circuito comercial de la franja fronteriza del río Bravo vio resquebraja-das sus cadenas mercantiles por la serie de acontecimientos que alteraron la vida económica de Matamoros a partir de la segunda mitad de la década de 1840. El primer acontecimiento, que ya se anotó, fue la decisión del


Congreso de Estados Unidos de América de decretar la anexión de Texas a su territorio el 28 de diciembre de 1845. Otro más, no menos importante, fue la sublevación y las acciones de resistencia de los apaches y comanches en territorio tamaulipeco. Empero, el acontecimiento trascendente fue la intervención estadunidense a México, hecho que provocó un quebranto en la actividad marítimo-mercantil de Matamoros durante algunos meses de 1846 y la caída de las divisas que iban a la Hacienda pública por con-cepto de ingresos aduanales. Esto último empezó en marzo de ese año, con incursiones del general Taylor en las cercanías de Matamoros; luego se recrudeció la situación el 7 de mayo, con la llamada batalla de Palo Alto, precisamente a partir de las incursiones militares estadunidenses al puerto fluvial, y más tarde, cuando se quebrantó el tráfico marítimo-mercantil por el cierre del puerto, por el decreto del 2 de junio del mismo año (Vázquez, 1986).

Pese a todo, se advierte un incremento mercantil entre junio y julio de 1846, el cual beneficiaba a los invasores estadunidenses. Este incremento se dio porque el puerto de Matamoros se abrió indiscriminadamente al libre comercio. El control que ejerció la fuerza intervencionista en la circu-lación de mercaderías llegó hasta las plazas mercantiles de Monterrey, en septiembre, y Saltillo, en noviembre de ese año. Esto último propició que hasta noviembre de 1848 se diera entrada masiva a mercancías de contra-bando –manufacturas textiles y bebidas embriagantes– por los circuitos comerciales que anteriormente hemos señalado en el noreste mexicano. Sólo a finales de ese año, con la nueva delimitación fronteriza, Matamoros recobraría presencia portuaria. En este sentido, Alvarado (2006) explica claramente lo que sucedía en el ámbito socioeconómico en la línea fron-teriza México-Estados Unidos en esa época; señala que para ese entonces se vivía una marcada división en las familias, quebrantos en los negocios y, mayormente, pérdidas de propiedades que antes de la usurpación del territorio estaban del lado mexicano.

A partir de estos acontecimientos, también se vivirá una readecua-ción mercantil en el puerto fluvial de Matamoros, luego de asignársele una aduana entre Estados Unidos y México y tener ya bajo su jurisdicción a las poblaciones vecinas de Reynosa, la receptoría de Villa de Camargo y el poblado de Mier. Sobre esto, Francisco López Cámara (1978) nos ofrece datos interesantes de los textiles estadunidenses y europeos que entraron a dichos puestos fronterizos bajo la jurisdicción de Matamoros (véanse cuadros 4 y 5).

El cuadro 4 nos indica que en Matamoros aumentó la entrada de tex-tiles manufacturados, incrementándose la entrada de telas y ropas entre 1848 y 1850. Se observa una supremacía de los textiles de algodón; un se-gundo sitio para el lino; el tercero para las lanas y en último lugar, la seda.


En el cuadro 5 se observa que Estados Unidos, frente a los países euro-peos, ocupó el primer lugar de procedencia de hilados y tejidos. Al mismo tiempo, fue evidente la presencia en segundo término del comercio inglés. Sin embargo, es notable el incremento en la entrada de manufacturas es-tadunidenses y ello, precisamente, por la guerra de intervención. Después, en otro sitio, sobresale Francia en la exportación de textiles. Matamoros era un puerto de importancia para los franceses, quienes incidieron en el mercado mexicano con textiles y manufacturas. La información permite deducir que las casas comerciales de Alemania exportaron productos di-versos, como lino, metal, cerraduras, clavos y herramientas, que entraron a México por el puerto de Matamoros (López, 1978). También se consta-ta que España encuentra en el puerto fluvial de Matamoros una entrada segura para sus productos de exportación tradicionales, como abarrotes, vinos, aguardiente, papel, hierro y azogue (Trujillo, 2009).

CUADRO 4. COMERCIO EN MATAMOROS (INCLUYENDO REYNOSA, CAMARGO Y MIER)

(EN PESOS)

DiversosAños Sedas Lanas Linos Algodones víveres Total

1848 50 000 77 500 85 000 810 000 25 500 1 075 0001849 47 000 50 000 77 500 1 240 000 130 000 1 525 0001850 77 500 67 500 104 000 1 410 000 431 000 2 070 000

Fuente: elaborado con base en López (1978, p. 136).

CUADRO 5. COMERCIO EN MATAMOROS (INCLUYENDO REYNOSA, CAMARGO Y MIER). IMPORTACIONES POR NACIÓN

(EN PESOS)

Año Inglaterra Estados Unidos Francia Alemania España

1848 575 000 325 000 50 000 100 000 25 0001849 460 000 920 000 55 000 60 000 25 0001850 944 000 937 000 79 000 87 000 22 500

Fuente: elaborado con base en López (1978, p. 137).


Con todo, cabe mencionar que la nueva línea divisoria entre México y Estados Unidos provocó inestabilidad económica en esa frontera. Para remediar la situación, el gobierno mexicano tuvo la iniciativa de empren-der una política proteccionista en la región, conocida como contrarresguar-do aduanal, el cual consistía en proteger las economías de los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Esto se concretaría con la promulgación de la Ley del 24 de noviembre de 1849, que tuvo como objetivo terminar con la introducción clandestina de mercancías al país, precisamente por Ma-tamoros. De igual modo, en la administración del presidente José Joaquín Herrera se decretaron varias franquicias en beneficio de la vida económica de los pueblos de la frontera. Tal fue el caso del decreto del 4 de abril de 1849, que permitió la rebaja de los derechos de alimentos de primera ne-cesidad (Zorrilla, Miró y Herrera 1990a).

En Matamoros, como punto fronterizo, durante la segunda mitad de la década de 1840 proliferó otra estirpe hegemónica de comerciantes espa-ñoles, irlandeses, ingleses, franceses, estadunidenses, y en menor medida alemanes. Su margen de acción mercantil se extendió a distintos nego-cios que cubrieron almacenes de ropa, abarrotes, ferretería y mercería. En efecto, un reducido grupo más de comerciantes empezó a tener gran presencia años antes de la guerra de 1847-1848. Si hacemos una revisión historiográfica sobre estos comerciantes, puede adelantarse que se les ha estudiado con gran detenimiento en los distintos trabajos de Mario Cerut-ti (1983, 1987, 1992, 2000 y en coautoría con Miguel Hernández, 1993, 1999), Roberto Hernández (1987), Alberto Aviña (2010) y María Euge-nia Vázquez Semadeni (2010). Estos variados aportes de la historiografía mexicana coinciden en que existió un selecto grupo de traficantes de mer-caderías, también financieros, restringido a las firmas de José Román y Pa-lacio, Oliver Hermanos, Patricio Milmo, Mifflin Kennedy, Richard King, Charles Stillman y la casa de Valentín Rivero e Hijos, Sucs., con el control de mercaderías tanto en el mercado interno como en el de importación (Cerutti, 1992). Igualmente, Hernández (1978) y Cerutti (2000) concluyen que estos comerciantes incidieron significativamente en la región fronte-riza del noreste mexicano. Estos hombres de negocios tuvieron en un pri-mer momento sus vínculos con el lado sur del río Bravo, particularmente para la adquisición de moneda argentífera y plata en pasta.

El caso del irlandés Patricio Milmo O’ Dowd resulta ser muy singular. Si bien es cierto que en un principio tuvo como centro de operaciones las ciudades de Brownsville, Matamoros y Piedras Negras, y que trabajó en los negocios con el contador James Milmo –mencionado anteriormente–, a este personaje, ya para fines de la década de 1850, se le observa como uno de los principales protagonistas de las cadenas comerciales existentes en el noreste mexicano, tanto como a sus rivales comerciales y financieros


Stillman, King y Kennedy (Cerutti, 1987). Otro dato importante es que Pa-tricio Milmo, en 1857, se había convertido en yerno del poderoso e influ-yente gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri. Todo esto se puede constatar en lo que ha investigado Alberto Aviña (2011), quien menciona que Patricio Milmo incursionó en el noreste mexicano en varios ámbitos. Según este autor, Milmo estuvo en “el negocio de la ganadería mayor y menor, en grandes agostaderos que adquirió en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Trajo yeguas y garañones de pura sangre de Inglaterra; ejem-plares finos de ganado cabrío de Irlanda, Malta y Granada, burros mana-deros de España y toros y vacas de Estados Unidos” (p. 283).

Si bien Milmo estableció su casa matriz en Monterrey, su acción co-mercial trascendió a las sucursales de Piedras Negras y Matamoros. Al mismo tiempo, el historiador Zorrilla (1977) menciona otros negociantes con presencia en Matamoros y señala que algunos de ellos, como Charles Stillman y Mifflin Kennedy, aprovechando el invento del barco de vapor, establecieron compañías navieras para transportar mercaderías y personas de manera constante por las aguas del río Bravo.

Finalmente, podemos concluir mencionando al grupo de españoles que todavía a finales de la década de 1860 sobresalía en Matamoros y al que es posible ubicar en una fuente muy interesante, la llamada Noticia de las Tornaguías Expedidas por la Aduana Marítima y Fronteriza de Mata-moros.18 En estos expedientes destacan las casas comerciales interesadas en el negocio de la venta de plata mexicana: Mariano Hernández, Pedro Calderón y José Morell. También se distinguen las firmas de Gregorio Zambrano, la casa de la viuda de Tárnava y Cía., Brach y Shonfeld (alema-nes), Juan Clausen (alemán), Luis G. Coindreau, Salvador Tarrie y Cía., y Degetau y Dose (Zorrilla, 1977). Otros ejemplos más serían los exportadores de plata acuñada y en pasta, como Valentín Rivero, Oliver y hermanos, y el gran comerciante bilbaíno José Román y Palacio. A este último, al llegar como inmigrante a Nueva Orleáns, se le permitió una doble estancia co-mercial en Matamoros y Brownsville. A José San Román, en Matamoros, se le registró con un almacén de ropa y asociado con la firma inglesa

18 La salida por Matamoros de plata mexicana en pasta o en monedas, donde aparecen como los principales exportadores Valentín Rivero, Oliver Hermanos y José San Román, puede consta-tarse a partir del seguimiento documental de Noticia de las Tornaguías Expedidas por la Aduana Marítima y Fronteriza de Matamoros, en variados expedientes de la segunda mitad de la década de 1860. No obstante, nos remitimos particularmente a los comerciantes que se encuentran a par-tir de estas fechas: 29 de febrero de 1868, 31 de marzo de 1868, 31 de mayo de 1868, 30 de junio de 1868, 19 de agosto de 1868, 31 de diciembre de 1869, 30 de enero de 1869, 28 de febrero de 1869, 31 de marzo de 1869, 30 de abril de 1869, 30 de junio de 1869, 31 de julio de 1869, 31 de julio de 1869, 31 de agosto de 1869 y 30 septiembre de 1869; véase (1868-1869). Aduanas Marí-timas y Fronterizas, Matamoros (Noticia de las Tornaguías Expedidas por la Aduana Marítima y Fronteriza de Matamoros). Archivo General de la Nación, México.


Thorn M. Grath Company. También se le distingue como importador y exportador a ambos lados del río Bravo. Destacó como hábil mercader que distribuía lana, pieles y plata, productos todos producidos en Tamau-lipas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Chi-huahua. La casa comercial de San Román, además, contaba con algunos asociados en poblaciones del sur de Texas, como John Young, quien ope-raba numerosos barcos a lo largo del Río Grande y el Río Guadalupe. En la población del Álamo, San Román tuvo negocios con Mifflin Kennedy, James B. Amstrong y James Grogan. Además, con Valentín Rivero y los hermanos Hernández, desarrolló la distribución de mercancías y plata, cubriendo buena parte del noreste mexicano (Vázquez, 1986).

concluSioneS

El análisis determinó las características que tuvo el comportamiento en la exportación e importación en los primeros años de la vida portuaria de Matamoros. El balance entre 1826 y 1828 muestra que se presentó un favorable incremento en las mercaderías y manufacturas que fueron internadas al mercado del noreste mexicano y, a cambio, advertimos que hubo una marcada desproporción respecto al bajo nivel que alcanzaron los productos mexicanos que fueron enviados al exterior. Respecto al mo-vimiento marítimo-mercantil que alcanzó Matamoros en las décadas de 1830 y 1850, si bien se observa un cierto crecimiento en el valor de las exportaciones en los años treinta; después encontramos que los ingresos fiscales a partir del concepto de salida de mercancías no lograron crecer ni en los años cuarenta y menos aún en los años cincuenta. Esta situación permite concluir, entonces, que el comercio exterior que se conoció desde Matamoros –sobre todo en tiempos de una marcada inestabilidad política en México, la anexión de Texas a Estados Unidos, conocer la intervención estadunidense, y después iniciar una renovada delimitación fronteriza–, siempre se caracterizó por ser claramente desigual entre el reducido valor de las exportaciones mexicanas, frente al alto incremento que constante-mente mantuvieron el valor de las importaciones provenientes de Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

En la detenida caracterización que se hiciera de las casas-mercantiles establecidas en Matamoros, se reconstruyó históricamente cuales fueron sus orígenes y el despliegue comercial que empezaron a tener estos hom-bres de negocios en la década de 1830 –mexicanos, angloamericanos, franceses, alemanes, ingleses e irlandeses– y, particularmente, a través del intercambio de mercaderías con los puertos de la costa este estaduniden-ses como: Nueva Orleáns y Nueva York, y progresivamente extender sus


lazos mercantiles con los puertos europeos: Burdeos, El Havre, Liverpool y Londres. Al mismo tiempo, se constató que desde Matamoros, las casas-mercantiles, entre las décadas de 1840 y 1860 tuvieron una activa presen-cia en la importación de productos y manufacturas y su distribución al mercado del noreste mexicano, aspecto central que llevó a conocer cuál fue su incidencia en los circuitos comerciales que se imbricaron con el puerto de Matamoros. Y todo ello, a través de la forma en que partici-paron las distintas casas-mercantiles en la cadena comercial conformada a través de la navegación del río Bravo y, en gran parte, en su recorrido terrestre por las poblaciones fronterizas mexicanas y estadunidenses, así como en el movimiento de internación y salida de mercancías a través del corredor mercantil que, de ida y vuelta, recorrió las plazas comerciales de Matamoros, Monterrey, Saltillo y Zacatecas.


alVarado, A. (2006). Tamaulipas. Sociedad, economía, política, cultura. México: Universi-dad Nacional Autónoma de México.

aViña, J. A. (2010). Familia Milmo. En L. ludlow (ed.), 200 emprendedores mexicanos. La construcción de una nación (siglo xix) (pp. 283-287, vol. i). México: Lid Editorial Mexicana.

caVazoS, I., y ortega, I. (2010). Historia breve de Nuevo León. México: Fondo de Cul-tura Económica.

cerutti, M. (1983). Burguesía y capitalismo en Monterrey 1850-1910. México: Claves Latinoamericanas.

cerutti, M. (1987). Patricio Milmo, empresario regiomontano del siglo xix. En C. cardoSo (ed.), Formación y desarrollo de la burguesía en México (siglo xix) (pp. 231-266). México: Siglo XXI.

cerutti, M. (1992). Burguesía, capitales e industria en el norte de México. Monterrey y su ámbito regional (1850-1910). México: Alianza/Universidad Autónoma de Nuevo León.

cerutti, M. y gonzález, M. (1993). Frontera e historia económica. Texas y el norte de México (1850-1865). México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/Universidad Autónoma Metropolitana.

cerutti, M., y gonzález, M. (1999). El norte de México y Texas (1848-1880). México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

cerutti, M. (2000). Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México. México: Siglo XXI.

graf, L. R. (1993). Historia económica del bajo Río Grande (1820-1875). En M. ce-rutti y M. gonzález (eds.), Frontera e historia económica (pp. 28-41). México: Uni-


versidad Autónoma Metropolitana/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

hernández, R. (1978). Comercio e industria textil en Nuevo León (1852-1890). En C. cardoSo (ed.), La formación y desarrollo de la burguesía en México (siglo xix) (pp. 267-286). México: Siglo XXI.

herrera, I. (1977). El comercio exterior de México (1821-1875). México: El Colegio de México.

herrera, I. (1980). Estadísticas del comercio exterior de México (1821-1875). México: Se-cretaría de Educación Pública/Instituto Nacional de Antropología e Historia.

ibarra, A. (1998). El comercio y el poder en México (1821-1864). México: Fondo de Cul-tura Económica.

Jáuregui, L. (2004). Las puertas que reciben al mundo: aduanas, contrabando y co-mercio en el siglo xix. En E. floreScano (coord.), Historia general de las aduanas de México (pp. 111-154). México: Confederación de Asociaciones de Agentes Adua-nales de la República Mexicana.

lópez, F. (1978). La estructura económica y social de México en la época de la Reforma. México: Siglo XXI.

márquez, A. (1855). Noticias estadísticas del departamento de Tamaulipas. México: Go-bierno del Estado de Tamaulipas.

meyer, R. M. (enero-marzo, 1987). Los ingleses en México, la casa Manning y Mackin-tosh (1824-1852). Historias, 16.

prieto, A. (1873). Historia, geografía y estadística del Estado de Tamaulipas. México: Tipo-grafía Escalerillas.

tardiff, G. (1968). Historia general del comercio exterior mexicano: antecedentes, documentos, glosas y comentarios (1503-1869), 2 vols. México: Gráfica Panamericana.

truJillo, M. (2000). Empresariado y manufactura textil en la ciudad de México y su periferia. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

truJillo, M. (2005). El Golfo de México en la centuria decimonónica. Entornos geográficos, formación portuaria y configuración marítima. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Miguel Ángel Porrúa.

truJillo, M. (2009). El péndulo marítimo-mercantil en el atlántico novohispano (1798-1825). Comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e importación. México-Cádiz: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Univer-sidad de Cádiz.

truJillo, M. (2013). La vida portuaria en Tampico. Su comercio exterior, movimiento marítimo y concurrencia de casas-mercantiles, 1800-1870. México: Ediciones del Lirio.

VaySSade, M., ruiz, V. M., gonzález, C., herrera, D., gonzález, F., y Sánchez, M. del P. (1990). Cartografía histórica de Tamaulipas. México: Gobierno del Estado de Tamaulipas/Instituto Tamaulipeco de Cultura.

Vázquez, J. Z. (mayo-agosto, 1986). México y Estados Unidos desde el Foreign Office (1833-1846). Secuencia, 5, 148-154.


Vázquez, M. E. (2010). José San Román y Palacio. En L. ludlow (ed.), 200 emprendedores mexicanos. La construcción de una nación (siglo xix) (pp. 265-270, vol. i). México: Lid Editorial Mexicana.

zorrilla, J. F. (1977). Historia de Tamaulipas, síntesis. Ciudad Victoria: Universidad Autónoma de Tamaulipas.

zorrilla, J. F., miró M. y herrera, O. (1990a). Tamaulipas. Textos de su historia. Mé-xico: Gobierno del Estado de Tamaulipas/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

bibliografía

bernecker, W. (1988). Los alemanes en el México decimonónico: cuantificación, es-tructura socioprofesional, posturas político-ideológicas. Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinnamerikas, 25, 385-414.

corbett, B. (1995). Las fibras del poder: la guerra contra Texas (1835-1836) y la cons-trucción de un Estado físico-militar en San Luis Potosí. En J. SilVa, J. C. groSSo y C. yuSte (comps.), Circuitos mercantiles y mercados en Latinoamérica. Siglos xviii-xix (pp. 362-394). México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora.

gálVez, A. (1993). Regionalismo y gobierno general. El caso de Nuevo León y Coahuila (1855-1864). Monterrey: Gobierno del Estado de Nuevo León.

garcía, B. (2008). Las regiones de México. Breviario geográfico e histórico. México: El Co-legio de México.

gerhard, P. (1996). La frontera norte de la Nueva España. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

garcía, N. D. (2011). Empresarios alemanes en Monterrey. Su impacto en la industria y el comercio (siglo xix). En O. floreS (ed.), Pereza, revolución y desarrollo empresa-rial en México (siglos xix y xx) (pp. 51-65). Monterrey: Universidad de Monterrey.

torrea, J. M. (1940). Estado de Tamaulipas. Diccionario geográfico, histórico, biográfico y estadístico de la República Mexicana. México: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

yuSte, C. y SilVa, J. (eds.). (2005). Circuitos mercantiles y mercados en Latinoamérica (siglos xviii y xix). México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de In-vestigaciones Dr. José María Luis Mora.

zorrilla, J. F., miró, M. y herrera, O. (1990b). Tamaulipas una historia compartida (1810-1821). Ciudad Victoria: Universidad Autónoma de Tamaulipas.


LOS SALARIOS Y LA DESIGUALDAD EN BUENOS AIRES, 1810-1870

WAGES AND INEQUALITY IN BUENOS AIRES, 1810-1870

Jorge Gelman y Daniel SantilliUniversidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina<[email protected]>; <[email protected]>

Resumen. En este trabajo se aportan los resultados de una investigación sobre los salarios y la desigualdad en la provincia de Buenos Aires entre 1810 y 1870. Se reconstruyeron series de salarios de empleados del Estado y privados, agrupados en las principales categorías de trabajadores calificados y no calificados, para poder estudiar la evolución de la desigualdad en sus ingresos. Con esta información se ofrecen algunas explicaciones de los cambios vinculados a los de la estructura del mercado de trabajo, los ciclos económicos y la construcción del Estado.

Palabras clave: salarios; desigualdad; Buenos Aires; siglo xix.

Abstract. In this work we offer the results of our research on wages and inequality in the Buenos Aires province between 1810 and 1870. We built wage series of public and private workers, broken into the main categories of skilled and unskilled, as to be able to study the evolution of income inequality. This information allows us to link such changes to those on the labor market structure, economic cycles and state building.

Key words: wages; inequality; Buenos Aires; 19th century.

Fecha de recepción: octubre de 2013. Fecha de aceptación: febrero de 2014.

introducción

En este artículo presentamos los resultados de una investigación que tiene por objetivo final estudiar los niveles y la evolución de la des-igualdad en la provincia de Buenos Aires, en la actual República

Argentina, desde fines del periodo colonial hasta finales del siglo xix. En trabajos anteriores estudiamos con cierto detalle la distribución de la ri-queza entre los propietarios (Gelman y Santilli, 2006 y 2011), ello aportó importantes evidencias sobre los niveles y la evolución de dicha distribu-ción, pero dejaba de lado a aquellos no poseedores de bienes de algún significado, que era la mayoría de la población. En este caso partimos de

84 Jorge Gelman y Daniel Santilli

la reconstrucción de los salarios de las principales categorías de los traba-jadores estatales y privados, calificados y no calificados. Nuestro objetivo inicial en este terreno consistirá en estudiar la evolución de la desigualdad entre los propios asalariados, y en una segunda etapa, no incluida en este trabajo, ensayar diversas mediciones de la distribución funcional del ingre-so, comparando la evolución de los salarios con otros precios del mercado, especialmente los precios de la tierra y los bienes inmuebles, de manera tal que podamos observar cómo evolucionan comparativamente los ingresos de trabajadores y propietarios.

El estudio de los salarios y su evolución ha cobrado renovada impor-tancia en los últimos tiempos, ya sea en su más tradicional y valiosa aporta-ción como indicador de los niveles de vida de la población, como más re-cientemente a modo de indicador indirecto de los niveles de desarrollo de las distintas regiones en largos periodos históricos. Así, Allen (2011), Allen, Murphy y Schneider (2011), Broadberry (2006), Dobado y García (2010), Pomeranz (2000) y Van Zanden (1999) están llevando a cabo grandes pro-yectos comparativos en el ámbito internacional vinculados a los debates sobre la divergencia o la convergencia, utilizando métodos que permiten contrastar las diversas series, como su conversión a gramos de plata, y tratando de construir índices de precios y canastas de consumo equipara-bles para comparar salarios con paridad de poder adquisitivo (ppa o ppp, purchasing power parity; sobre este concepto véase Taylor y Taylor, 2004). Igualmente, los salarios pueden ser un insumo importante en los estudios sobre desigualdad al comparar la evolución en las distancias relativas entre los trabajadores calificados y los no calificados, así como entre todos ellos y los precios de los otros factores productivos. En la visión clásica de Simon Kuznets (1966), en los inicios del crecimiento económico moderno en los países en vías de industrialización, se genera un diferencial de productivi-dad en sectores específicos de la economía que se asocia a mejores salarios e ingresos en los mismos que mantienen relación con el resto de la eco-nomía, produciendo así un periodo más o menos prolongado de creciente desigualdad, que sólo se modera y en parte revierte cuando el peso del traspaso de factores a los sectores más avanzados es de tal magnitud que tiende a reequilibrar el conjunto, a la vez que los avances tecnológicos se difunden a una parte muy amplia de la economía. Esta visión ha sido muy influyente, al mismo tiempo que discutida en diversos aspectos. En una obra clásica sobre la desigualdad en la historia estadunidense, Lindert y Williamson (1980) analizaron largas series de salarios, comparando la evo-lución en la relación entre los trabajadores especializados y otros que no lo eran, concluyendo así la existencia de una curva de Kuznets expresada en un incremento de la desigualdad salarial, al menos entre 1820 y la década de 1920, que conoce luego una caída importante seguida de una cierta


estabilización entre 1950 y 1970. Las explicaciones aportadas eran diver-sas, incluyendo la oferta y demanda cambiante de factores de producción, como el trabajo calificado y no calificado vinculados a su vez al desarrollo tecnológico, la oferta de educación y su incidencia en la del trabajo cali-ficado, etc. Estudios posteriores matizaron algunos resultados, así como complicaron las explicaciones de los fenómenos observados, aunque no la imagen global de una larga curva de Kuznets en la desigualdad salarial es-tadunidense, si bien con ritmos y etapas algo distintas (Margo, 1999, 2000). Hay también una discusión sobre la relación entre crecimiento económico moderno y skill premium en la que Van Zanden (2009), Llopis y García (2011) y Van Leeuwen (2004) sostienen que la lógica es inversa a la que está implícita en el planteamiento de Kuznets. Así, en algunos trabajos se postula que la oferta de abundantes recursos humanos calificados espolea el crecimiento moderno y por ende la baja relativa en la desigualdad sala-rial entre trabajadores calificados y no calificados es condición e indicador de ese despegue económico. De hecho, Van Zanden (2009) sostiene que en el origen de la llamada gran divergencia del siglo xix a favor del norte de Europa se encontraba en las buenas condiciones de formación y oferta de capital humano en la etapa previa, lo que se demuestra comparando el skill premium de esa región con otras del mundo en las que era bastante más elevado. Por su parte, Llopis y García (2011) y Van Leeuwen (2004) han dado visiones más matizadas respecto al tema.

En la práctica se han encontrado casos históricos diversos y formula-ciones distintas sobre estos fenómenos, pero el planteamiento inicial de Kuznets no deja de ser una poderosa hipótesis para pensar la evolución en la desigualdad y dentro de ella de los diferenciales en los ingresos salariales.

Los estudios sobre precios y salarios, sobre todo para etapas prees-tadísticas, presentan muchas dificultades empíricas y metodológicas que hacen que no abunden los trabajos sistemáticos, lo cual es evidente en la historiografía latinoamericana y argentina. Hay una tradición algo más consistente en los estudios de precios, principalmente a partir de los pri-meros ensayos sistemáticos emprendidos por Ruggiero Romano (1966) desde la década de los sesenta, luego abordados por un conjunto de histo-riadores para distintas regiones iberoamericanas, pero son mucho menos frecuentes los estudios sobre salarios.

El trabajo sobre los salarios, además, plantea serios problemas de in-terpretación en la medida que no es sencillo determinar qué porción de la población percibía sueldos, y a su vez, entre estos últimos, qué porción de los ingresos familiares significaban esas remuneraciones, lo que sin duda era muy distinto en diversas épocas y regiones, como se reflexiona en el texto de Ramón Garrabou (2002).


Sin embargo, la reconstrucción de las series de precios y salarios tiene una trascendencia difícil de soslayar y el avance, en este sentido, cons-tituye un aporte de primer orden al conocimiento y explicación de un conjunto amplio de fenómenos históricos que exceden largamente el de la historia económica propiamente dicha.

En el caso rioplatense, y bonaerense específicamente, contamos con una serie de trabajos que estudiaron los precios durante el periodo colo-nial, especialmente el siglo xViii con particular detenimiento en la etapa virreinal, a la vez que uno de estos autores, Lyman Johnson (1990), realizó un estudio muy importante sobre los salarios en este periodo, consideran-do una amplia gama de trabajadores urbanos y una única categoría de trabajador rural no especializado: el peón. Johnson pudo deflactar estos salarios tomando en cuenta una buena serie de precios y la confección de una canasta de consumo a partir de datos históricos.

Para la primera mitad del siglo xix, sin embargo, el panorama es mu-cho más pobre. Existen series de precios de bienes (a veces mayoristas, a veces minoristas) pero carecemos de estudios que permitan elaborar una canasta razonable de precios y las series que lo habiliten. Todavía peor es el panorama sobre salarios, para los que tenemos apenas algunas series de empleados de gobierno relevados por F. Barba (1999) y datos, en general muy fragmentarios, de salarios de trabajadores rurales. También contamos con series de precios reconstruidos por Garavaglia (2004) de algunos bie-nes rurales básicos tomados al pie de estancia a partir de inventarios post mortem, a los que recurriremos para comparar con precios minoristas, así como con el estudio pionero de Amaral (1989) sobre el impacto de la inflación fiduciaria sobre algunos salarios y precios a partir de 1826, pero para pocos años y dos categorías de empleados escasamente representa-tivos en esta etapa, el bancario y el maestro. Los datos de salarios rurales que utilizaremos junto a otros en este trabajo se encuentran de manera fragmentaria en Barba (1999) y más sistemática, aunque sólo para algunos años del periodo, en Gelman (1999).

fuenteS y métodoS

En este trabajo entonces vamos a analizar algunas series de salarios de Bue-nos Aires, tanto de empleados del Estado como de trabajadores privados.

Los primeros que hemos relevado son los salarios militares, para los que contamos con fuentes sistemáticas y continuadas a lo largo de un pe-riodo prolongado, con suficientes datos para cada año y las distintas cate-gorías. Para su análisis hemos elegido tres categorías que representan a la mayoría de los integrantes de las fuerzas militares, a la vez que permiten


observar la evolución comparada de los salarios de los oficiales (en la fi-gura del capitán), suboficiales de baja graduación (en la del cabo) y los soldados rasos, mayoría abrumadora de los miembros de las fuerzas; he-mos dejado de lado la inclusión de oficiales de mayor graduación ya que su representatividad es minoritaria en la fuerza y en el asalariado, aunado a lo anterior, se debe contemplar el rango y el salario de cada uno, hecho que sería imposible reflejar sin contar que estos datos no influyen en el resultado final.

Tenemos datos para 1841 y 1861 sobre el peso relativo de los tres sub-grupos de militares, los cuales indican que los soldados representan en ambos años cerca de 65% de los empleados por las fuerzas armadas y el resto se reparte entre oficiales (10.5% en la fecha más temprana y 14% en 1861) y suboficiales (25 y 21% respectivamente) (Garavaglia, 2003).1

Es evidente que los salarios militares no son los únicos que paga el Estado, pero los castrenses durante el periodo bajo consideración eran de lejos el sector más numeroso mantenido con los dineros públicos. Según Juan Carlos Garavaglia (2003, 2011), los gastos militares oscilaron entre un mínimo de 53% del gasto total del Estado hasta 81% entre 1824 y 1861 y, si bien los salarios no eran el único componente de ese gasto, los asalariados representaban siempre una amplia mayoría de los gastos incurridos por ese concepto. La cantidad de militares sostenidos por el Estado porteño en 1823, 1841 y 1861 era de 3 058 personas en la primera fecha (88% del total pagado por el Estado), 7 922 en 1841 (83%) y 6 584 (75%) en la última fecha. Muy lejos del personal militar aparecían otras categorías vinculadas al control represivo de la población, como los policías y los serenos. Es decir, el lugar para el resto del personal del Estado era mínimo aunque creciente, sobre todo en la última de las fechas mencionadas (Garavaglia, 2003, 2011). Por lo tanto se puede afirmar, con pocas dudas, que los sala-rios militares expresan un porcentaje altísimo de los salarios estatales de Buenos Aires y estos, a su vez, un porcentaje elevado del total de asalaria-dos de la sociedad.

Volviendo al ejemplo de 1841, la población total de la provincia era de 153 000 habitantes, de los cuales los varones en edad laboral eran aproxi-madamente 52 000 (Fuente, 1872),2 por lo que los militares podían consti-tuir cerca de 15% de ese total (hasta 20% si se suman los miembros de las milicias movilizados ese año). Se debería agregar al sector femenino en la población económicamente activa, sin embargo, por lo que sabemos, era un sector muy restringido del mundo de los asalariados, en especial entre

1 Los números de 1841 para oficiales, suboficiales y soldados son de 836, 1 979 y 5 107, y en 1861 son de 914, 1 350 y 4 160, respectivamente. 2 Obtenido aplicando la proporción de varones entre 16 y 70 años del censo de 1869.


los rurales, aunque es obvio que realizaban una parte central del trabajo en las explotaciones familiares y en las tareas domésticas.

Así, estos salarios son representativos de los que percibían los emplea-dos del Estado, que a la vez eran un porcentaje muy alto de la población masculina adulta total y, por ende, un porcentaje todavía mayor del sector de los asalariados; de esa población masculina sólo una porción vivía de su salario, mientras un sector importante poseía medios de producción o administraba pequeños emprendimientos autónomos en el sector comer-cial y de servicios. En trabajos anteriores, Garavaglia (1999) y Gelman y Santilli (2006) han mostrado que una parte significativa, aunque difícil de mensurar, de los campesinos compartía parte de su tiempo laboral entre su propia explotación y el contrato con otros empresarios rurales.

Más difícil de resolver es el peso de estos salarios en los ingresos del militar y de su familia. Por un lado, sabemos que estos recibían sus ves-timentas militares y raciones de alimentos para su subsistencia, de modo que el salario era sólo una parte de sus ingresos. Según datos globales, para 1841 y 1861 los gastos militares destinados a rancho y vestimenta sumaban una cifra aproximadamente igual a la destinada a salarios en la primera fecha y en la segunda, la relación se acerca a 60% para los salarios y 40% para vestimenta y rancho. Las cifras para 1841 indican que se pagaban en salarios unos 5 000 000 de pesos corrientes y se gastaba en vestuario y rancho entre 3 000 000 y 2 000 000, respectivamente. En la segunda fecha aumenta el peso relativo de los salarios, que alcanzan a más de 21 000 000 de pesos corrientes, frente a unos 12 000 000 en rancho y unos 2 800 000 en vestuario (Garavaglia, 2003).

Es muy posible que en los momentos en que el salario real dismi-nuyera, a veces fuertemente por procesos inflacionarios, las raciones de alimentos y/o vestimenta que estos recibían cayeran mucho menos o no lo hicieran, compensando de esta manera parcialmente la reducción de sus niveles de vida. En este momento, resulta imposible determinar de qué manera se distribuía el rancho y la vestimenta en las distintas categorías de militares, por lo que no podemos incluir esa información en este estudio centrado en la desigualdad.3 Por otro lado sabemos que esos salarios mo-netarios eran una parte imprescindible del sostenimiento de la familia del

3 El rancho era de 13 pesos en 1835, cuando el sueldo del soldado era de 20 pesos y el del ca-pitán de 150. Archivo General de la Nación, Argentina, sala iii 1.1.1. Esa suma era consignada en las listas como si fuera igual para las distintas jerarquías militares, lo que habría reducido un poco las distancias salariales. Sin embargo, no sabemos si esta anotación en las planillas correspondía a plata contante o a productos con ese valor y, más importante aún, si se trataba de entregas personales o era un prorrateo del gasto total en alimentación, seguramente diferenciado según la categoría. Lo mismo debía suceder con la vestimenta. Es por eso que no podemos incluir este dato en la suma salarial para estudiar la desigualdad.


militar movilizado, que en este caso no tenía la compensación del alimento o la ropa provista por el Estado, de manera que ese dato resulta más signi-ficativo aún para este sector.4 Además, Fradkin (2010) y Rabinovich (2011) han revelado que el Estado no cumplía regularmente con los pagos de salarios de los militares, lo cual ocasionaba problemas en la subsistencia de sus familias y quizá no tanto en la propia del militar por el mantenimiento que realizaba directamente el Estado a través de la entrega del rancho (aunque a veces también este se demoraba) dando lugar a situaciones de apropiación directa de recursos sobre el terreno.

En cuanto a los salarios privados hemos podido reconstruir series bas-tante completas para el periodo de 1810-1850, con datos menos sistemáti-cos para la década de 1850 y 1860. En este caso trabajamos con diversas remuneraciones rurales que consideramos representativas de la mayoría de los trabajadores asalariados: el peón común con paga mensual, el capa-taz con salario también mensual y el peón-jornalero con pago diario. En este último caso a los efectos de algunas comparaciones con las dos prime-ras categorías, consideramos que este jornalero podía trabajar un prome-dio de quince días al mes, lo que resulta una cifra arbitraria pero que supo-ne que estos trabajadores, que ganaban sueldos diarios muy superiores al del peón mensual y aun al del capataz, no trabajaban todo el año.5 Incluso es posible que quince días al mes en promedio sea una cifra excesiva, pero no podemos decir mucho más sobre ello. En general se puede sostener que el jornalero, comparado con el peón mensualizado, representaba un sector de trabajo más especializado, con algún conocimiento o destreza que le permitía obtener un salario superior al del trabajador estable. Por ejemplo, en la etapa de predominio de la ganadería extensiva se requería este tipo de trabajador para tareas como la marcación y castración de animales o para la doma de caballos.6 Igualmente, eran trabajadores de este tipo los

4 Hemos encontrado juicios en los que la esposa de un militar movilizado alega dramática-mente para no ser desalojada de la casa que habita de alquiler, cuya renta no puede pagar por encontrarse su marido movilizado y no recibir el dinero de su salario. Anzoategui, Petrona vs. Carlota Tejada Serrano. (1845). (Desalojo. A53, Tribunales). Archivo General de la Nación, Bue-nos Aires, Argentina. 5 Podríamos hacer la operación inversa, de dividir el salario del peón y capataz mensual a un jornal diario, tomando por ejemplo como cantidad de días trabajados 25 al mes. Así lo ha-cen muchos estudios sobre salarios en el ámbito internacional. Sin embargo, para los efectos de comparar dicho salario mensual con el del jornalero sigue siendo tanto o más arbitrario como la decisión que hemos tomado, ya que al no saber cuántos días al mes y al año trabajaba el jornalero, resultan datos incomparables en cuanto a los ingresos y las condiciones de vida de estos tipos de trabajadores. También el trabajador mensualizado frecuentemente no trabajaba todo el mes por decisiones personales, procediendo el empleador a descontarle los días no trabajados. 6 Así, entre muchos ejemplos, en una contabilidad se designa a estos trabajadores como capa toros, es decir, los que poseen la habilidad con el cuchillo de esterilizar a los toros. [Capa toros] Archivo General de la Nación, Tribunal Civil B-11, exp. 18, 1828, y Archivo General de la Nación, Bartolomé Sueldo y Gómez, Sucesión leg. 8184, 1862.


que realizaban la cosecha y trillado del trigo o ciertas tareas especializadas con el ganado ovino, los que tendrán un peso creciente desde los años cuarenta y cincuenta del siglo xix. Además, muchas veces este tipo de tra-bajador disponía de cierto capital productivo que le permitía desempeñar esa tarea (ya sea una tropilla de caballos propia para la yerra del vacuno, ciertas herramientas, etc.) y explicaba en parte el mayor salario relativo que ganaba. Pero a la vez encontramos que en situación de escasez rela-tiva de trabajo, muchos peones, que normalmente se contrataban como mensualizados, buscaban –y lograban– contratarse como jornaleros para hacer las mismas tareas que antes realizaban con un salario menor; por esta misma razón, el empleador trataba de limitar al máximo este tipo de contrato, pero ello dependía de la fuerza de negociación de las partes en distintas coyunturas. Esta situación fue analizada por Gelman (1999) para las estancias de Juan Manuel de Rosas, quien en ciertos momentos de fuer-te escasez de peones mensuales sólo conseguía jornaleros para las tareas más ordinarias de sus estancias.

Así pues, podemos afirmar que regularmente la demanda de jorna-leros expresa la de una mano de obra más especializada que la del peón mensual. Lo mismo se puede decir en el caso del capataz, cuya principal habilidad es la de comandar a un grupo de peones. El peso de los trabaja-dores asalariados en el sector rural de Buenos Aires no es fácil de medir. Según los padrones disponibles para 1813 y 1815, entre los varones adul-tos que declaran una ocupación en el sector rural, los titulares de alguna explotación agraria (estancieros, labradores, criadores, hacendados) y en mucha menor medida de algún comercio (comerciantes y pulperos) su-man una cifra muy similar a la que integran las categorías de trabajadores dependientes (peones, capataces, jornaleros, conchabados, más los escla-vos que por estas fechas son casi la mitad de este grupo).7 Desde la libertad de vientres de 1813 y las dificultades crecientes del tráfico esclavo, este sector perdió peso rápidamente y se puede decir que ya en los años treinta resultaba una fracción muy minoritaria y en extinción de la población rural. Y aunque algunos propietarios ensayaron otros sistemas de trabajo coercitivo para remplazar al de la esclavitud, estos tuvieron poca vida y escasa importancia en Buenos Aires (Gelman, 1999). Para 1854 el peso de los trabajadores –ahora todos ellos libres– había crecido en relación con la fecha anterior siendo más numerosos que los titulares de explotaciones, pero los porcentajes no eran tan distantes. En la campaña, los titulares de explotaciones agrarias sumaban algo más de 30% del total. A ello se deben

7 Los titulares de explotaciones rurales y comerciales sumaban 6 016 personas, los trabaja-dores libres 3 254, los esclavos 2 714 y, finalmente, los criados 920 (Grupo de Investigación en Historia Rural Rioplatense, 2004).


agregar los titulares de pequeños comercios, otros servicios y actividades secundarias. El resto estaba constituido por diversas categorías de traba-jadores. En la ciudad, en 1855 los trabajadores y dependientes en general parecen haber sido un porcentaje mayor (Sábato y Romero, 1992).

No todos los titulares de explotaciones eran dueños de los medios de producción que utilizaban, una parte significativa producía en tanto arrendatarios, aparceros u otras categorías que recurrían al uso de medios de producción ajenos. Un problema muy difícil de discernir es el de los límites entre las distintas categorías ocupacionales que aparecen en los censos y padrones. Sabemos por algunos estudios de caso (Gelman 1999; Garavaglia, 1999) que muchas veces un peón que se desempeñaba como tal comenzaba una actividad simultánea como productor semiautónomo en tierras propias o del estanciero para el que trabajaba en relación de dependencia –es frecuente, por ejemplo, que los capataces estuvieran au-torizados a criar algunos animales o a plantar algo en las tierras de su patrón–; parece claro que muchos pequeños propietarios que hemos po-dido seguir a través de padrones de riqueza, como los de la contribución directa, tenían un nivel tan escaso de medios propios que sin duda debían complementar los ingresos que ello les permitía con el trabajo asalariado, al menos temporal –y en esta situación podemos encontrar a muchos de los definidos como jornaleros. Podemos decir que las categorías de traba-jadores asalariados que vamos a considerar representaban un porcentaje importante de todo el trabajo rural, aunque seguramente no alcanzaba en esta etapa a 50% del total de la población económicamente activa.

Sabemos muy bien que el sector rural de propietarios de medios de producción, si bien crece a buen ritmo en toda la etapa considerada, lo hace siempre en menor medida que la población, de manera que el sector de no propietarios –potenciales oferentes de trabajo asalariado en el mer-cado– crece en términos relativos (Gelman y Santilli, 2011). Sin embargo, ello no nos indica cómo evolucionó el sector de pobladores que sin ser propietarios podían iniciar una explotación propia en tierras ajenas. Todo parece indicar que el sector asalariado tendió a crecer, no demasiado rápi-damente, a lo largo del periodo bajo análisis, pero resulta imposible medir esto con alguna exactitud. Igualmente se plantea la cuestión del compo-nente no salarial de los ingresos de estos trabajadores.

Tanto en el caso de los mensualizados como en el de los jornaleros, el propietario normalmente proveía el alimento durante el tiempo de la contrata; en el caso de los trabajadores por día, era frecuente que a los jornaleros se les proveyera también de algunos vicios como yerba, tabaco y aguardiente. De esta manera es posible suponer que la distancia entre el salario del jornalero y de los peones mensuales fuera algo mayor a la que indican sus salarios nominales, por la más abundante provisión de alimen-


tos y vicios durante el tiempo de su contrata. Sin embargo, no estamos en condiciones de evaluar el peso de estos bienes en los ingresos del traba-jador, aunque al igual que hemos señalado para el caso de los militares, ellos deberían desempeñar un papel muy importante especialmente en los momentos de caída brusca del poder de compra de los salarios monetarios por procesos inflacionarios. En todo caso, se puede suponer que, a dife-rencia del caso de los militares, a los trabajadores rurales no se les proveía de vestido, por lo tanto, el componente no salarial de su ingreso debía ser menor.8

No hemos podido construir series consistentes de salarios urbanos, por lo que los dejamos de lado. No obstante, a manera de hipótesis plausible, es difícil suponer que hubiera grandes distancias entre los salarios de los trabajadores urbanos y rurales, al menos en sus escalones más bajos y me-nos especializados, dada la gran articulación del mercado de trabajo entre ambos sectores.

Para una explicación de cómo construimos las series salariales, véase el anexo metodológico.

loS SalarioS militareS

Dada la importancia de las guerras y de la actividad militar en toda la pri-mera mitad del siglo xix debemos suponer, sin mucho margen de error, que los valores de los sueldos debieron ser altos. Como señalaron Halpe-rin Donghi (1978a) y Lyman Johnson (1990), la etapa de extrema militari-zación (1806-1810), elevó la paga de los soldados a niveles altos respecto a la media de la sociedad. Pero ese nivel alcanzado en los últimos años del virreinato parece haberse estabilizado durante la primera década indepen-diente (véase gráfica 1).

En la gráfica 1 se observa una importante distancia entre el salario del oficial, el de soldados y suboficiales durante la segunda década de 1800, distancia que se amplía luego por la subida de los salarios de los oficiales a mediados de la década de 1820 por encima del incremento percibido por los soldados y cabos. Luego se observa la profunda caída de todos los sala-rios en pesos fuertes que acompaña a la desvalorización del papel moneda desde 1826.9 Inicialmente, esa caída es similar en las distintas categorías,

8 Si fueran proporciones similares a las que gasta el Estado en los militares, se podría de-cir que los alimentos que recibía el trabajador rural podían constituir entre 20 y 30% de sus ingresos totales (excluyendo el peso de las vestimentas en los gastos militares según lo indicado anteriormente). 9 En 1821 se creó en Buenos Aires una moneda sustituta del peso fuerte en plata, de libre convertibilidad, cuya paridad era uno a uno, y que estaba respaldada por los ingresos por gravá-

GR

ÁFI

CA

1. E

VO

LU

CIÓ

N D

EL

SU

EL

DO

DE

MIL

ITA

RE

S (E

N P

ESO

S FU

ER

TE

S)

Fuen

tes:

ela

bora

do c

on b

ase

en (1

810-

1868

). Sa

la I

II 2

-11-

7; S

ala

III

2.2.

1; S

ala

III

1.1.

1; S

ala

VII

7-7

-2; S

ala

VII

3-3

-3; S

ala

X 2

2-4-

1; S

ala

X

31-9

-5. T

ribu

nal C

ivil,

B, e

xps.

11-

18. S

uces

ione

s, le

g. 7

782

A. R

omer

o; le

g. 3

548,

Ara

na; l

eg. 7

777,

J. B

. Seg

ism

undo

; leg

. 569

0, A

. Fon

tan;

leg.

738

7,

P. P

idal

; le

g. 6

498,

M. L

ópez

; le

g. 6

803,

M. M

elga

r; le

g. 4

902,

F. C

alvo

; le

g. 3

506,

F. A

tuch

a; le

g. 3

506,

M. d

e Á

lzag

a; le

g. 8

150,

J. S

erra

y V

illa;

le

g. 5

975,

P. G

onzá

lez

c/Su

c. M

. Gar

cía

s/co

bro

de p

esos

; leg

. 818

4, P

. She

rida

n; le

g. 8

184,

B. S

ueld

o y

Góm

ez; l

eg. 5

976,

R. G

utié

rrez

; leg

. 658

2,

J. M

árqu

ez; l

eg. 5

416,

E. M

onks

de

Dow

ling;

leg.

876

0, J

. Whe

eler

). A

rchi

vo G

ener

al d

e la

Nac

ión,

Bue

nos

Air

es, A

rgen

tina

(186

1-18

62).

Reg

istr

o E

stad

ístic

o de

la P

rovi

ncia

de

Bue

nos

Air

es, A

rgen

tina

(186

3-18

68).

Mem

oria

s de

l Min

iste

rio

de H

acie

nda,

Bue

nos

Air

es, M

inis

teri

o de

Hac

iend

a;

Bar

ba (1

999,

Tab

la d

e sa

lari

os o

ficia

les

y de

trab

ajad

ores

libr

es, p

p. 8

0-96

); B

row

n (2

002,

p. 2

89);

May

o (1

995,

pp.

99-

116

y 20

00, p

. 147

) y G

elm

an

(199

9, p

p. 1

02-1

03).


manteniéndose la gran distancia salarial de fines de los años veinte, pero a medida que avanzó la década de 1830 esa distancia disminuyó hasta al-canzar sus mínimos en los años cuarenta. Es muy notable también la falta de recuperación de esas remuneraciones en moneda fuerte, que si bien muestran un crecimiento en la primera mitad de los treinta –un momento de cierta estabilidad monetaria–, sufrirá otro retroceso fuerte entre 1838 y 1840, debido al proceso inflacionario que acompañó el bloqueo francés del puerto y la cuantiosa emisión monetaria.10 En consecuencia, durante el rosismo maduro,11 los valores salariales de soldados y oficiales están más cer-ca que nunca, a la vez que ambos están en sus mínimos de todo el periodo en términos de moneda fuerte.

Luego de 1852 la relación vuelve a cambiar; mientras los sueldos de los soldados se modificaban muy poco, los de los oficiales subían acelera-damente. Aquí se refleja palmariamente el salto del sueldo de los oficiales apenas producido el cambio de régimen político. La jerarquización de la segunda década, reforzada en los veinte, durante el rivadavianismo12 se lleva a cabo en esta oportunidad con firmeza; este fenómeno de diferenciación salarial postcaseros ya había sido señalado por Garavaglia (2003) compa-rando algunos salarios militares y estatales de 1841 y 1861. Nuestra serie confirma esto y lo fecha con precisión en 1852, exactamente al caer Rosas del poder. En la gráfica 2 se observa el cociente entre el sueldo del capitán y el del soldado a lo largo de toda la etapa en estudio. Es difícil suponer, en dicha gráfica, una relación de causalidad entre procesos inflacionarios agudos por emisión monetaria y desigualdad salarial entre militares. Los periodos 1826-1829 o 1838-1841 de fuertes emisiones e inflación mues-tran tendencias distintas en cuanto a la distancia entre estos salarios (en la primera creciente, en la segunda declinante). Tampoco parece posible establecer una relación directa entre intensidad de los conflictos bélicos,

menes a las importaciones en la Aduana de Buenos Aires. Al comenzar la guerra con Brasil en 1825 se produjo el bloqueo al puerto de Buenos Aires, derrumbando así los ingresos fiscales que respaldaban al peso papel. El gobierno debió entonces decretar la inconvertibilidad de la moneda y comenzar a emitir papeles sin respaldo, provocando el primer gran proceso inflacionario de la historia rioplatense. 10 Un incidente diplomático generó una controversia con el reino francés que motivó el blo-queo del puerto de Buenos Aires por parte de tal potencia, así como su intervención en las dispu-tas entre sectores de las elites, conocidos como unitarios y federales, estos últimos en el gobierno. 11 Denominamos rosismo maduro al lapso del gobierno de Juan Manuel de Rosas una vez vencida la resistencia interna y concluido el enfrentamiento con Francia, entre 1841 y su derroca-miento en 1852. 12 Bernardino Rivadavia fue el ministro más activo del gobierno de Martín Rodríguez ini-ciado en 1820 en Buenos Aires, luego del fracaso de los intentos de la vieja capital virreinal por mantener unido y bajo su control el territorio de ese espacio colonial. En la segunda mitad de esa década el grupo conocido como los centralistas dominó un nuevo Congreso Constituyente e impu-so a Rivadavia como presidente del país, pero debió renunciar en 1827 disolviéndose nuevamente el Estado unificado.

GR

ÁFI

CA

2. R

EL

AC

IÓN

DE

L S

AL

AR

IO E

NT

RE

CA

PIT

ÁN

Y S

OL

DA

DO

Fuen

te: v

éase

grá

fica

1.


reclutamientos y desigualdad salarial. De hecho los mismos dos periodos inflacionarios recién mencionados coinciden con altísimos reclutamientos, en el primer caso por la guerra contra Brasil y en el segundo contra Francia y contra diversos enemigos internos, generándose procesos de desigualdad salarial distintos. Por lo tanto, dicha desigualdad tan fluctuante parece res-ponder centralmente a las concepciones políticas de los gobernantes antes, durante y después de Rosas y a las características de los apoyos sociales con los que contaban o creían contar. Así, este aspecto de la desigualdad, nada desdeñable en una sociedad en la que la guerra intermitente implica la movilización militar de una parte muy considerable de la población, parece depender centralmente de la política.

loS SalarioS ruraleS

Para el sector rural, como dijimos, vamos a analizar los salarios de los peones y de los capataces mensuales, así como el de los peones diarios o jornaleros. Como señalamos antes, esta última categoría se explica por necesidades puntuales de los ciclos ganaderos o agrícolas, por una mayor especialización en ciertas tareas que no eran permanentes y a veces tam-bién por la disponibilidad por parte del trabajador especializado de ciertos medios de producción para llevarlas a cabo. Pero a veces también era el resultado de las estrategias seguidas por los trabajadores –más raramente por los contratantes– para tener más flexibilidad laboral en situaciones de inestabilidad y cambio, así como para conseguir salarios que eran bastante más elevados que los del peón mensualizado o incluso que el del capataz. En estas series salariales nuestra información es bastante abundante, aun-que presenta algunos claros que no podemos completar por ahora, sobre todo para los años cincuenta. Sin embargo se puede hablar de tendencias claras en el gran lapso en estudio. Veamos cómo se observan estos fenóme-nos con los valores ajustados en moneda fuerte (gráfica 3).

Los salarios de los trabajadores rurales se mueven más que los de los militares en la primera mitad del siglo. A un periodo de cierta estabilidad con algunas alzas y bajas hasta 182513 le sucede en la segunda mitad de la década de 1820 un fuerte reajuste hacia abajo que tiene que ver con el movimiento inflacionario ya mentado, provocado por la declaración de inconvertibilidad del papel moneda y la cuantiosa emisión, aunque dicha

13 Es difícil en el actual estado de conocimiento explicar cada uno de estos movimientos. Sin embargo, a manera de hipótesis a explorar se podría señalar la rápida y muy fuerte expansión del saladero a partir de 1816, con la consiguiente demanda de trabajo especializado que afecta segura-mente también a muchas estancias que deben cambiar sus métodos de producción para satisfacer esa nueva demanda de carne.

GR

ÁFI

CA

3. E

VO

LU

CIÓ

N D

EL

SU

EL

DO

RU

RA

L (E

N P

ESO

S FU

ER

TE

S)

Fuen

te: v

éase

grá

fica

1.


caída es relativamente menor a la de los militares, sobre todo los oficiales, y ello seguramente se debe a la escasez de trabajadores que provoca la guerra contra Brasil entre 1825 y 1828 y las numerosas levas militares. Nuevamente observamos mejoras significativas en los estables años de mediados de los años treinta (Halperin, 1978a; Irigoin, 2004), pero la caída se impone nuevamente en el crítico periodo de 1838 a 1840. Desde allí, a diferencia de lo observado en los salarios militares, la tendencia de los tra-bajadores rurales es al alza, aunque lo harán de manera diferenciada. Aquí se nota más claramente la respuesta de los actores del mercado ante esta nueva realidad, aumentando más el salario del peón diario que el del men-sual. Es posible inferir que el propietario buscaba reducir a los empleados mensuales como forma de limitar sus riesgos ante la incertidumbre que genera la coyuntura de conflictos e inflación y contratar jornaleros por periodos cortos, como ya mencionamos; sin embargo, algunos estudios mostraron muy claramente que los salarios de los jornaleros resultaban muy altos para el estanciero, a la vez que la escasez relativa de peones permitía que estos buscaran, y en buena parte consiguieran, contratarse con jornales por día como forma de mejorar sus ingresos (Gelman, 1999). Pero a la vez se puede pensar que este incremento en el diferencial salarial, sobre todo del jornalero en relación con el peón –y en parte al capataz– es el producto de una creciente demanda de trabajo especializado y temporal en una economía que sabemos se estaba diversificando y complejizando con el desarrollo de actividades como la cría del ovino refinado, un sector agrícola todavía débil, pero más intensivo, y diversas actividades producti-vas urbanas y periurbanas, en los ya muchos pueblos de campaña. Parece un escenario parecido al pensado por Kuznets en relación con el desarro-llo industrial temprano o al estudiado para la economía estadunidense de la misma época en la que la creciente demanda de trabajo especializado no es todavía acompañada por una oferta equivalente.

Lo cierto es que el salario diario no vuelve a acercarse al mensual, a pesar de que este último, sobre todo el del capataz, también tiende a subir. Además se nota una separación mayor entre la remuneración del capataz y la de los peones mensuales a partir de 1840, más notoria en las décadas de 1850 y 1860, como un intento de jerarquizar la función, que se podría poner en paralelo con el movimiento similar de los salarios de los militares que describimos antes. La relación entre ambos salarios, peón y capataz, que rondaba históricamente en 1.5 veces llegó a tres veces en 1846, luego volvió casi a su nivel previo, pero llegó a más de dos veces en 1863. Parecería entonces que las condiciones del mercado de trabajo rural no han cambiado demasiado para estas dos categorías mensuales en este largo periodo, aunque sí lo hacen en relación con el trabajo por día del jornalero. La relación entre esta última remuneración y la del peón


mensual, si bien conoce algunas oscilaciones a lo largo del periodo, tiende a crecer claramente desde los años cuarenta, pasando de algo más de 1.5 veces a picos de 4.5 y cinco.

Es decir, que podríamos hablar de la instalación desde mediados de la década de 1840 de un importante skill premium, donde seguramente se amplía el sector de trabajadores especializados que se contratan para di-versas tareas por jornal, en lo que el ya fuerte desarrollo del ovino refinado tiene que haber sido determinante, junto a algunas actividades agrícolas y de servicios, a la vez que hay un cambio en las actividades ganaderas del vacuno con un salto importante en las exportaciones. De esta manera el mercado parece anticipar un movimiento de mayor desigualdad en los ingresos salariales, que desde la década de 1850, y por razones de índole política, adopta el Estado con sus empleados.

En cualquier caso, y aquí a diferencia de lo observado con los salarios militares, parece verificarse la incidencia de los periodos de fuerte deva-luación monetaria e inflación en una mayor desigualdad entre los asala-riados rurales. Tanto en los años que siguen a las emisiones de 1826, de manera menos clara luego de 1838 a 1839 y de nuevo durante los años que siguen al inicio del bloqueo anglo-francés de 1845 a 1848, la desigualdad salarial crece. Pareciera que los trabajadores especializados, en especial los jornaleros, logran en estos momentos de caída generalizada de los salarios reales negociar mejor sus condiciones de trabajo que los no especializados. Por otro lado, también pueden incidir los fuertes reclutamientos militares de estos años, con la consiguiente escasez de trabajadores, que favorece que los pocos disponibles en el mercado negocien mejor sus condiciones de trabajo y consigan en muchos casos emplearse como jornaleros con salarios más elevados. Sin embargo, más allá de estas coyunturas más o menos puntuales, nos parece percibir un movimiento de más amplio al-cance, como dijimos, desde los primeros años cuarenta, que coincide con cambios importantes en la economía agraria bonaerense, que comienza a demandar mayor mano de obra especializada que en la etapa previa de dominio excluyente de la ganadería vacuna extensiva (véase gráfica 4).

la eVolución de loS SalarioS de la mano de obra no calificada

Algunas observaciones específicas pueden hacerse al separar la mano de obra calificada (capataces, jornaleros y oficiales) de la no calificada, tanto rural como militar (peones, cabos y soldados). En la gráfica 5 puede per-cibirse su evolución.

Hasta 1825 aproximadamente, los salarios de los soldados eran mayores que los de los peones rurales, hecho que muestra cuáles eran las prioridades

GR

ÁFI

CA

4. R

EL

AC

IÓN

EN

TR

E L

OS

SAL

AR

IOS

RU

RA

LE

S

Fuen

te: v

éase

grá

fica

1.

GR

ÁFI

CA

5. E

VO

LU

CIÓ

N D

E L

OS

SUE

LD

OS

DE

MA

NO

DE

OB

RA

N

O C

AL

IFIC

AD

A (E

N P

ESO

S FU

ER

TE

S)

Fuen

te: v

éase

grá

fica

1.


de la sociedad de la época; recién salidos de las guerras de independencia e ingresando en el conflicto con Brasil, los requerimientos de carne de cañón para los conflictos bélicos se ubicaban por encima de los relacionados con las actividades rurales, que hasta ese momento no parecen ser las dinami-zadoras de la economía. También puede notarse una leve superioridad del suboficial respecto al soldado raso, como espejo de cierta jerarquía en las funciones. El aluvión inflacionario borrará esas diferencias equilibrando ha-cia abajo todos los valores. Pero inmediatamente superado ese episodio, la primera remuneración en levantarse fue la correspondiente a los asalariados rurales, que van a sacarle, hacia mediados de la década de 1830, una ventaja importante a sus pares del ejército. Esa diferencia se va a mantener a pesar de los vaivenes inflacionarios de finales del decenio y principios del siguien-te. En la segunda mitad de los años cuarenta las distancias eran mayores, pero con importantes efectos de dientes de sierra en la curva. A partir de 1852 se nota, como con los oficiales, un aumento de los salarios militares que casi equilibran la relación con los peones, notándose nuevamente cierto grado de jerarquización entre suboficiales y tropa.

De modo que podemos interpretar diferentes situaciones en el movi-miento de los salarios de la mano de obra no calificada. En principio, una superioridad de los valores de los soldados, de conformidad con lo seña-lado por Johnson (1990) y Halperin (1978), entre otros, para el periodo de máxima militarización de la sociedad. Luego del fin de las guerras y del proceso inflacionario, se observa un aumento de los salarios rurales coin-cidiendo con la expansión ganadera de tipo extensiva, cuya necesidad de mano de obra no calificada predominaba. Pero hacia el final del periodo puede notarse una jerarquización de las funciones militares, sobre todo de los suboficiales, así como un estancamiento del valor de los sueldos de los peones, coincidente con lo observado anteriormente sobre el escaso dinamismo en esta etapa de la demanda de mano de obra poco califica-da en relación con la oferta. Sea como sea, los salarios más bajos de esta sociedad, los que recibía la mayoría de la población asalariada, se siguen muy de cerca entre sí y, como se observa en la gráfica 5, están fuertemente afectados en su relación con la moneda fuerte por los shocks inflacionarios, especialmente entre 1826 y 1829 y entre 1838 y 1842.

concluSioneS

La desigualdad entre 1810 y 1870 a través de los salarios

En este trabajo hemos analizado varias series de salarios que nos han per-mitido ver con claridad la evolución en los niveles de ingreso relativos de


algunas categorías de trabajadores especializados y no especializados de la provincia, tanto de sus empleados estatales, como de los trabajadores rurales. Con ello, pudimos apreciar la evolución en las distancias entre las distintas categorías de trabajadores para evaluar algunos aspectos sobre la evolución de la desigualdad en la región, los efectos en la misma de los shocks inflacionarios, de las guerras, de los cambios económicos y políticos, así como proponer algunas hipótesis que deberán ser estudiadas con ma-yor detalle y más información para la segunda mitad del siglo xix, sobre lo que la literatura denomina el skill premium, la relación entre el trabajo calificado y el que no lo es.

Veamos en la gráfica 6 de manera sintética las principales relaciones entre los salarios de los trabajadores calificados y los no calificados que hemos revisado a lo largo del trabajo.

Tanto entre los militares, como entre los trabajadores rurales, aparecen ciclos bastante claros en este sentido. En los primeros años que siguen a la revolución independentista, y en especial en los años veinte, encontramos niveles relativamente altos de desigualdad salarial y en crecimiento. Esta tendencia es más notable entre los militares, pero se percibe también entre los asalariados rurales. Cuando todos los salarios se derrumban en pesos fuertes hacia finales de esta década la distancia en general se mantiene, inclusive con algo de crecimiento. Pareciera que en esta etapa inicial de fuertísima inflación los salarios mayores o más especializados se defienden algo mejor que los no especializados y bajos. Luego comienza un achata-miento general de la desigualdad en los treinta que se agudiza en los cua-renta, pero sólo para los militares. El segundo golpe inflacionario fuerte de finales de los años treinta parece mostrar algo parecido al anterior, aunque más moderadamente: los salarios altos se defienden un poco mejor, au-mentando mínimamente el skill premium. Esto es notable en los salarios de los jornaleros en relación con los peones mensuales y parece expresar esencialmente una mayor capacidad de negociación de sus salarios en un momento de aguda escasez de trabajadores y fuertes alteraciones en el mercado.

En la segunda mitad de esta década encontramos dos procesos bastan-te diferenciados entre los militares y los trabajadores rurales: mientras es-tos últimos inician una rápida recuperación de los salarios en pesos fuertes, y junto a ello un proceso de creciente desigualdad especialmente a favor de los jornaleros diarios, los salarios militares siguen deprimidos y en sus niveles más bajos de desigualdad de todo el periodo bajo estudio. Pero la desigualdad entre los militares se acrecienta muy radicalmente a la caída del gobierno de Rosas en 1852 para seguir acentuándose, con alguna fluc-tuación, en los años siguientes.

GR

ÁFI

CA

6. R

EL

AC

ION

ES

EN

TR

E L

OS

SAL

AR

IOS

CA

LIF

ICA

DO

S Y

LO

S N

O C

AL

IFIC

AD

OS

EN

BU

EN

OS

AIR

ES

Fuen

te: v

éase

grá

fica

1.


Entonces podemos hablar de algunos fenómenos que parecen estar afectando los niveles de desigualdad salarial en todas las categorías, junto a otros fenómenos bastante diferenciados entre los trabajadores dependien-tes del Estado y los privados, representados en este trabajo por los rurales, aunque suponemos que debió pasar algo similar con los trabajadores par-ticulares de la ciudad, quienes muchas veces circulaban entre uno y otro sector del mercado de trabajo.

Los momentos de fuerte inflación parecen actuar de manera similar en todos los salarios. Bajan mucho todos ellos medidos en moneda fuerte, pero los salarios más altos, los especializados, se defienden en general algo mejor, aumentando de esta manera la desigualdad. Es decir que, al menos en el caso que estamos estudiando, el alza fuerte y repentina de los precios afecta de manera destacada a los asalariados más humildes, los que reali-zan tareas no especializadas.

Sin embargo hay algunos cambios importantes en la desigualdad que son diferentes entre los estatales y los rurales. Entre los primeros notamos dos periodos de alta desigualdad o desigualdad creciente: la década del veinte es la primera, especialmente en su segunda mitad, coincidiendo con el despliegue del programa de corte liberal rivadaviano, la guerra contra Brasil y la gran devaluación monetaria seguida de alta inflación. Los tres fenómenos parecen coincidir en este periodo para provocar un incremen-to fuerte y sostenido de la desigualdad salarial que incluye a los primeros años del gobierno rosista. Luego tenemos un largo periodo de disminución progresiva de la desigualdad en los salarios militares que se superpone con gran parte del gobierno de Rosas y llega a su mínimo en la segunda mitad de los años cuarenta –es de destacar aquí que un nuevo brote inflacionario a mediados de esta década con la guerra franco-inglesa no tiene efectos en la desigualdad salarial de los militares. Y al final, un periodo prolongado de creciente desigualdad salarial que arranca de manera brutal a la caída del gobernador Rosas y que se debe explicar casi totalmente por razones de índole política. De igual manera, en la diferencia salarial entre militares parece incidir el desarrollo de guerras prolongadas que requirieron niveles de reclutamiento y movilización muy elevados. Eso se nota en la guerra contra Brasil (1825-1828) y con la de la Triple Alianza que arranca en 1865.14 Sin embargo, este argumento no es válido para las grandes guerras que enfrentó el rosismo, en los que la desigualdad salarial entre militares siguió en declive.

En el caso de los trabajadores rurales hay algunas diferencias impor-tantes. Entre estas, las distancias entre las categorías analizadas nunca son

14 Se denomina así al conflicto bélico que protagonizaron Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, entre 1865 y 1870, y que concluyó con la derrota de esta última nación.


tan grandes como la que hay entre el capitán y el soldado. Es verdad que quizá elegimos en este último caso categorías demasiado alejadas; pero más allá de eso, lo más importante es la evolución. En este sentido pode-mos decir que los ciclos son menos claros y continuos que en el caso de los salarios estatales, seguramente porque el mercado –muy fluctuante– actúa más rápida y fuertemente en estos trabajadores que en los que dependen del Estado. No parece nada extraño que así sea. Los procesos inflaciona-rios, como dijimos antes, parecen actuar en todos los casos en detrimento de los trabajadores menos calificados –aunque obviamente todos los traba-jadores pierden en estas circunstancias–, probablemente lo más notable es la tendencia que parece esbozarse a partir de mediados de los años cuaren-ta en el sentido de instalarse una desigualdad salarial en niveles bastante más altos que en todo el periodo previo.

Aunque esto debe seguir siendo estudiado con más datos, y para un periodo más prolongado, parece indicar, el inicio de un proceso interesan-te de crecimiento económico de nuevo tipo, con una demanda de trabajo especializada más abultada, que todavía no es correspondida con una ofer-ta equivalente, generando así este fenómeno más clásico de skill premium en etapas iniciales de intensificación económica.

De esta manera nuestro análisis de la economía de Buenos Aires pare-ce apuntalar este modelo clásico –¿a la Kuznets?–, aunque para una eco-nomía que no es industrial sino agraria, pero con un cambio en el patrón productivo bastante claro, al pasar de una economía de tipo extensivo a otra de tipo intensivo. Aunque esto requiere todavía de más investigación y análisis, es posible sostener a manera de hipótesis plausible que el tipo nuevo de crecimiento económico desde los años cuarenta y cincuenta está generando una mayor demanda de trabajo especializado que el merca-do de trabajo todavía no está en condiciones de satisfacer plenamente, ocasionando ese incremento en el diferencial salarial a su favor, y con ello aumentando los niveles de desigualdad económica. Esta creciente desigualdad, por otro lado, ha sido comprobada en otro nivel, en el de la distribución de la riqueza inmueble a la que acceden porciones cada vez menores de una población que crece raudamente en todo el periodo (Gelman y Santilli, 2011). Con certeza, la combinación de un crecimiento demográfico acelerado, que excede en términos relativos el acceso a la propiedad de la tierra, favorece una creciente oferta de trabajo asalariado no calificado, cuando pareciera estar creciendo la demanda de trabajo es-pecializado con mayor rapidez.

Cuando figura un solo registro de sueldos de militares significa que lo hemos tomado de registros bibliográficos o de planillas en las que el mismo valor se repetía para todos los involucrados. En cambio, cuando los registros son más numerosos es porque no hemos encontrado un valor


único para esa categoría porque ha variado durante el periodo en obser-vación o porque, dependiendo del lugar de asentamiento, el valor difería. Entre los rurales, al tratarse de contratos privados, los valores varían más que en el caso de los militares, por lo que decidimos tomarlos en todos los casos respetando, además, la periodicidad y el tiempo total del contrato o lapso contratado. En los casos en los que aparece consignado un solo registro, en realidad se trata de promedios de muchos datos anuales esta-blecidos por los autores de los que tomamos esa información. En general esta información de los salarios rurales procede de contabilidades privadas que llevaban administradores de algunas grandes estancias consignando en cuadernos de peones los nombres, tipo de trabajo, la cantidad de tiempo y los salarios pagados. Es el caso de los salarios diarios que parecen dismi-nuidos en cantidad de registros en comparación con los fijos (Barba, 1999; Gelman, 1999).

En los casos en que tenemos diversos valores para un mismo año, hemos promediado los mismos para obtener un precio que pueda conside-rarse generalizable. Además, como hemos respetado la cantidad de veces que se repiten dentro de cada año, es decir, si la misma persona aparece diez veces en el año hemos asignado un registro por cada vez, el prome-dio se convierte en ponderado por la cantidad de veces que aparece cada registro. Como dijimos antes, el promedio anual del peón diario lo hemos multiplicado por quince, considerando que esos son los días que el sujeto trabajaba en un mes.

En los cuadros 2 y 3 se muestra el salario promedio anual de los datos obtenidos, así como la relación entre las categorías extremas.


anexo metodológico. conStrucción de laS SerieS SalarialeS

CUADRO 1. CANTIDAD DE REGISTROS POR TIPO

Peón PeónAño Soldado Cabo Capitán Capataz rural diario Total

1810 – – – 8 169 – 1771811 – – – – 46 – 461812 1 – – 10 238 1 2501813 1 – – – – – 11814 1 – – – – – 11815 – – 1 – – – 11816 – – 1 – 18 – 191817 – – 1 – 28 1 301818 – – 1 – 6 – 71819 1 1 1 – 8 – 111820 1 1 1 – 12 – 151821 2 3 1 1 12 – 191822 1 1 1 – 12 – 151823 1 1 1 – 12 – 151824 1 1 1 – 6 – 91825 1 1 1 – – – 31826 1 1 1 – 7 3 131827 1 1 1 – 7 3 131828 15 11 1 – 17 3 471829 1 1 1 2 14 3 221830 1 1 1 22 314 6 3451831 1 1 1 20 117 6 1461832 27 26 17 24 72 – 1661833 25 13 27 10 69 – 1441834 19 10 14 2 25 – 701835 11 8 11 15 73 – 1181836 14 12 12 21 57 – 1161837 22 13 13 30 89 – 1671838 2 1 2 65 275 1 3461839 1 1 1 100 307 1 4111840 3 3 3 5 7 1 221841 4 4 4 – 1 – 131842 13 12 12 26 77 – 1401843 18 12 20 104 228 – 3821844 16 17 14 95 148 1 291


Peón PeónAño Soldado Cabo Capitán Capataz rural diario Total

1845 26 24 13 74 153 1 2911846 50 47 20 5 3 1 1261847 47 45 19 2 – 1 1141848 62 52 13 – – 1271849 46 34 9 12 37 8 1461850 83 37 12 – 4 44 1801851 29 10 4 – – – 431852 1 1 1 – – – 31853 1 1 1 – – – 31854 1 1 1 – 1 41 451855 1 1 1 – – – 31856 1 1 1 – – – 31857 1 1 1 – – – 31858 1 1 1 17 24 – 441859 1 1 1 12 25 111 1511860 1 1 1 – – 56 591861 1 1 1 8 8 161 1801862 1 1 1 5 5 60 731863 1 1 1 14 10 7 341864 1 1 1 – – – 31865 1 1 1 – – – 31866 1 1 1 – – – 31867 1 1 1 – – – 31868 1 1 1 – – – 3Total 563 423 270 691 2236 519 4702

Fuente: véase gráfica 1.

CUADRO 2. SUELDOS DE MILITARES (EN PESOS CORRIENTES)

RelaciónAño Soldado Cabo Capitán capitán/soldado

1810 – – – –1811 – – – –1812 7 – – –1813 7 – – –1814 7 – – –



1815 – – 50 –1816 – – 50 –1817 – – 50 –1818 – – 50 –1819 11 12 50 4.551820 11 12 50 4.551821 10.50 12 50 4.761822 11 12 50 4.551823 11 12 65 5.911824 11 12 65 5.911825 11 12 100 9.091826 11 12 100 9.091827 11 12 100 9.091828 10 12.11 100 101829 10 12 100 101830 10 12 100 101831 10 12 100 101832 12.70 14.62 100 7.871833 11.16 13.08 103.70 9.291834 18.53 23.20 140 7.561835 18.45 24 156.36 8.471836 19.64 24 158.33 8.061837 20.55 24 160 7.791838 20 24 160 81839 20 24 160 81840 20 24 133.33 6.671841 20 24 130 6.501842 23.08 24.17 125.83 5.451843 28.89 28 164.50 5.691844 27.50 32.59 138.57 5.041845 37.54 32.67 123.08 3.281846 44.16 33.53 122 2.761847 43.64 35.87 122.11 2.801848 41.95 33.19 123.08 2.931849 42.67 31.59 127.78 2.991850 51.87 24.76 123.33 2.381851 51.52 24.20 130 2.521852 50 104 480 9.601853 50 104 480 9.60



1854 80 104 600 7.501855 80 104 600 7.501856 80 104 600 7.501857 100 120 600 61858 100 120 600 61859 110 130 880 81860 110 130 880 81861 100 120 880 8.801862 100 120 1 012 10.121863 150 180 1 565 10.431864 162.49 162.49 1 354.07 8.331865 103.06 128.83 1 288.27 12.501866 91.56 114.45 1 144.45 12.501867 93.77 117.22 1 172.18 12.501868 94 117.50 1 175 12.50

Fuente: véase gráfica 1.

CUADRO 3. SUELDOS RURALES (EN PESOS CORRIENTES)

Peón rural Peón rural mensual diarioa Capataz Capataz/ Jornalero/Año Col. 1 Col. 2 Col. 3 peón peón

1810 6.20 – 9 1.45 –1811 7.17 – – – –1812 6.70 11.25 9.55 1.43 1.681813 – – – – –1814 – – – – –1815 – – – – –1816 9.17 – – – –1817 8.29 24 2.901818 8 – – – –1819 9 – – – –1820 8 – – – –1821 9 – 6 – –1822 8 – – – –1823 8 – – – –



1824 12 – – – –1825 – – – – –1826 11.66 18.44 – – 1.581827 13 28.75 – – –1828 12.94 29 – – 2.241829 14.59 45.44 40.50 2.78 3.111830 18.14 30 30.68 1.69 1.651831 19.08 30 24.75 1.30 1.571832 21.67 – 20 0.92 –1833 29.42 – 30 1.02 –1834 32.40 – 30 0.93 –1835 37.95 – 52 1.37 –1836 37.37 – 54.29 1.45 –1837 37.98 – 50 1.32 –1838 39.35 75 50 1.27 1.911839 39.41 75 50 1.27 1.901840 45 90 45 1 21841 60 – – – –1842 40.26 – 50 1.24 –1843 40 – 50 1.25 –1844 100 225 150 1.50 2.251845 100 225 150 1.50 2.251846 50 225 150 3 4.501847 – 225 150 – –1848 – – – – –1849 120 346.88 175 1.46 2.891850 135 119.32 – – –1851 – – – – –1852 – – – – –1853 – – – – –1854 60 315.37 – – 5.261855 – – – – –1856 – – – – –1857 – – – – –1858 150 – 235.29 1.57 –1859 150 358.78 250 1.67 –1860 – 409.82 – – –1861 150 355.90 200 1.33 –



1862 150 405 200 1.33 –1863 196 450 435.71 2.22 –1864 – – – – –1865 – – – – –1866 – – – – –1867 – – – – –1868 – – – – –

a Considerando quince días de trabajo al mes.Fuente: véase gráfica 1.

liSta de refrenciaS

allen, R. C. (2001). The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the first World War. Explorations in Economic History, 38, 411-447.

allen, R. C., murphy, T. E., y Schneider, E. (julio, 2011). The colonial origins of the divergence in the Americas: A labour market approach. Working Paper, 402.

álVarez, J. (1929). Temas de historia económica. Buenos Aires: El Ateneo.amaral, S. (1989). Alta inflación y precios relativos: el pago de las obligaciones en

Buenos Aires (1826-1834). El Trimestre Económico, 56(221), 163-191.barba, F. (1999). Aproximación al estudio de los precios y salarios en Buenos Aires desde fines

del siglo xviii hasta 1860. La Plata: Ediciones Universidad Nacional de la Plata.broadberry, S. G. (2006). The early modern great divergence: Wages, prices and

economic development in Europe and Asia, 1500-1800. Economic History Review, 59(1), 2-31.

brown, J. (2002), Historia socioeconómica de la Argentina. 1776-1860. Buenos Aires: Siglo XXI.

cueSta, M. (2009). Precios, población, impuestos y producción. La economía de Buenos Aires en el siglo xviii. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial.

dobado, R. y garcía, H. (2010). Colonial origins of inequality in Hispanic America? Some reflections based on new empirical evidence. Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History, 28(2), 253-277.

fradkin, R. (2010). Las formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense. En S. ban-dieri (comp.), La historia económica y los procesos de independencia en la América hispa-na (pp. 167-214). Buenos Aires: Prometeo Libros.

fuente, D. G. (1872). Primer censo de la República Argentina verificado en los días 15, 16 y 17 de septiembre de 1869. Buenos Aires: Imprenta del Porvenir.


garaVaglia, J. C. (1999). Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense 1700-1830. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

garaVaglia, J. C. (2003). Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares (1810-1860). Anuario IEHS, 18, 153-187.

garaVaglia, J. C. (2004). La economía rural en la campaña de Buenos Aires vista a través de sus precios: (1756-1852). En R. fradkin y J. C. garaVaglia (comps.), En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia 1750-1865 (pp. 107-158). Buenos Aires: Prometeo.

garaVaglia, J. C. (2011). La burocracia en el Río de la Plata. Buenos Aires, 1800-1861. Anuario IEHS, 25, 119-144.

garrabou, R. y tello, E. (2002). Salario como coste, salario como ingreso: el precio de los jornales agrícolas en la Cataluña contemporánea, 1727-1930. En J. M. mar-tínez (ed.), El nivel de vida en la España rural. Siglos xviii-xx (pp. 113-183). Alicante: Universidad de Alicante.

gelman, J. (1999). Las condiciones del crecimiento estanciero en el Buenos Aires de la primera mitad del siglo xix. Trabajo, salarios y conflicto en las estancias de Rosas. En J. gelman, J. C. garaVaglia y B. zeberio (comps.), Expansión capitalista y transformaciones regionales. Relaciones sociales y empresas agrarias en la Argentina del siglo xix (pp. 75-120). Buenos Aires: La Colmena/Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

gelman, J. y Santilli, D. (2006). De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento econó-mico. Buenos Aires: Siglo XXI.

gelman, J. y Santilli, D. (2011). ¿Cómo explicar la creciente desigualdad? La propie-dad de la tierra en Buenos Aires entre 1839 y 1867. En J. gelman (comp.), El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo xix (pp. 171-218). Buenos Aires: Prohistoria.

grupo de inVeStigación en hiStoria rural rioplatenSe (2004). La sociedad ru-ral bonaerense a principios del siglo xix. Un análisis a partir de las categorías ocupacionales. En R. fradkin y J. C. garaVaglia (comps.), En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia 1750-1865 (pp. 21-64). Buenos Aires: Prometeo Libros.

halperin, t. (1978a). Bloqueos, emisiones monetarias y precios en el Buenos Aires rosista (1838-1850). En F. miró y P. franklin (eds.), Historia, problema y promesa. Homenaje a J. Basadre (pp. 307-341). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

halperin, t. (1978b). Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815. En T. halperin donghi et al. (comp.), El ocaso del orden colonial en Hispanoamérica (pp. 122-158). Buenos Aires: Sudamericana.

irigoin, m. a. (2004). La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires, 1820-1860: ¿una consecuencia de la financiación inflacionaria del déficit fiscal? En R. fradkin y J. C. garaVaglia (comps.), En busca de un tiempo perdido. La economía de Buenos Aires en el país de la abundancia 1750-1865 (pp. 287-330). Buenos Aires: Prometeo.


JohnSon, l. (1990). Salarios precios y costo de vida en el Buenos Aires colonial tardío. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 2, 133-157.

JohnSon, l. (1992). Perspectivas encontradas: Romano, Johnson y la historia de pre-cios del Buenos Aires colonial. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 6, 163-171.

JohnSon, l. L. (2011). Workshop of revolution. Plebeian Buenos Aires and the Atlantic world, 1776-1810. Durham y Londres: Duke University Press.

kuznetS, S. (1966). Modern economic growth. New Haven: Yale University Press.lindert, p. h. y williamSon, J. G. (1980). American inequality. A macroeconomic history.

Nueva York: Academic Press.llopiS, e. y garcía, H. (2011). Precios y salarios en Madrid, 1680-1800. Investigaciones

en Historia Económica, 7(2), 295-309.margo, r. a. (1999). The history of wage inequality in America, 1820 to 1970. Working

Paper, 286. Nueva York: The Levy Economics Institute of Bard College.margo, r. a. (2000). Wages and labor markets in the United States, 1820 to 1860. Chicago:

Chicago University.mayo, c. (1995). Estancia y sociedad en la pampa 1740-1820. Buenos Aires: Biblos.mayo, c. (2000). Vivir en la frontera: la casa, la dieta, la pulpería, la escuela, 1770-1870.

Buenos Aires: Biblos.pomeranz, k. (2000). The great divergence: China, Europe, and the making of the modern

world economy. Princeton: Princeton University Press.rabinoVich, a. m. (2011). El fenómeno de la deserción en las guerras de la revolución

e independencia del Río de la Plata: 1810-1829. Estudios Interdisciplinarios de Amé-rica Latina y el Caribe, 22, 33-56.

romano, r. (1966). Cuestiones de historia económica latinoamericana. Caracas: Universi-dad Central de Venezuela.

romano, r. (1992). De nuevo acerca del movimiento de precios en Buenos Aires en el siglo xViii. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 6, 149-162.

Sábato, h. y romero, l. a. (1992). Los trabajadores de Buenos Aires. La experiencia del mercado: 1850-1880. Buenos Aires: Sudamericana.

taylor, a. m. y taylor, m. p. (2004). The purchasing power parity debate. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Van leeuwen, b. (2004). Wage differentials and economic growth in India, Indonesia and Japan, 1800-2000. World Economic History Congress, Utrecht.

Van zanden, J. l. (1999). Wages and the standard of living in Europe, 1500-1800. European Review of Economic History, 3(2), 175-197.

Van zanden, J. l. (2009). The skill premium and the “great divergence”. European Review of Economic History, 13, 121-153.

CAIXAS ECONÔMICAS PÚBLICAS E DEPÓSITOS POPULARES NO BRASIL

(1861-1940)

PUBLIC SAVINGS BANKS AND POPULAR DEPOSITS IN BRAZIL

(1861-1940)

Renato Leite Marcondes*

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil, <[email protected]>

Resumo. As caixas econômicas públicas foram importantes na captação de depósitos desde a sua criação a partir de 1861 pelo governo imperial e posteriormente pelos estados. Embora a maior parte dos habitantes morasse no campo, as principais capitais provinciais e depois estaduais realizaram elevada proporção de cadernetas de poupança e depósitos em relação à sua população. De forma semelhante, os depósitos das Caixas representaram parcela relevante dos depósitos bancários, comparativamente aos do Banco do Brasil que se expandiram expressivamente nas primeiras décadas do século xx. Após um período de estagnação, a crise dos anos 1930 e a reorganização das Caixas possibilitaram a retomada do crescimento dos seus depósitos.

Palavras-chave: caixas econômicas federais; depósitos; poupança; Caixa Econômica Estadual de São Paulo.

Abstract. The public savings banks were important in attracting deposits since its establishment in 1861 by the imperial government and later by the states. Although most of the inhabitants lived in the countryside, the main provinces and, later, state capitals maintained great proportion of savings account and deposits in relation to its population. Similarly, deposits of public savings banks represented significant portion of bank deposits, compared to the Bank of Brazil that was expanded dramatically in the early decades of the twentieth century. After a period of stagnation, the 1930s crisis and the reorganization of public savings banks allowed the renewed growth in deposits.

Key words: federal savings banks; deposits; savings; Savings State of São Paulo.

Artigo recebido: novembro de 2013. Artigo aceito: janeiro de 2014.

* Agradeço a Fundação de Amparo a Pesquisa do estado de São Paulo pelo auxílio regular número 2012/09121-2, que foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa.



introdução

No último século e meio de história, a economia brasileira trans-formou-se de modo expressivo. No meado do século xix, o Brasil era uma economia agrária e empregava ainda largos contingentes

de mão-de-obra escrava. Nesse momento, o governo imperial criou uma nova instituição bancária pública de caráter popular no Rio de Janeiro, denominada de Caixa Econômica da Corte em 1861. Apesar das gran-des mudanças da economia e as diversas crises brasileiras, esta instituição manteve-se operante de forma contínua e o seu foco no atendimento de um conjunto mais amplo da população.

Na época da criação da primeira caixa, havia poucos bancos e caixas particulares, que se direcionaram a uma parcela muito reduzida da popu-lação, em geral mais rica e próxima aos grandes centros urbanos. Os depó-sitos bancários difundiram-se principalmente a partir da década de 1830, quando se expandiu a fundação de bancos e caixas econômicas particula-res. Todavia, apenas depois de 1850 tais instituições ganharam maior pe-netração nos grandes centros, mesmo assim o sistema bancário no Império manteve-se bastante limitado. Zélia Cardoso de Mello (1985) verificou na sua amostra de inventários da capital paulista a presença de depósitos e letras bancárias entre os seus inventariados: “Depois de registrado um caso de conta em banco (1855), começam a aparecer casos de dinheiro depo-sitado a juros e letras bancárias, dois em 1863, seis na década de 70, onze nos anos 80 e seis entre 1890-1895” (p. 90). A maior participação desse ativo na riqueza ocorreu no final do período (1888-1895), representando 4.4% do total dos patrimônios. Nesse último período, os inventariados das faixas de riqueza intermediária e mais rica mantinham participações pou-co maiores do que os da faixa dos menos abastados (Cardoso, 1985). Con-siderando a capital do Império que era mais urbanizada, Zephyr Frank (2004) notou, para uma amostra de inventários, um crescimento signifi-cativo dos depósitos bancários na riqueza, chegando a 12.9% entre 1890 e 1895 comparativamente a 16.1% em ações e títulos e 6.1% em dinheiro, bastante acima das informações paulistas. Por fim, Luiz Fernando Saraiva (2002) ao analisar os 28 inventários dos principais cafeicultores de Juiz de Fora (Mina de Gerais) entre 1888 e 1900 verificou que apenas quatro detinham dinheiro em conta de bancos, seis títulos da dívida pública e três dinheiro com comissários. No período anterior (1870-1887), nenhum dos 41 cafeicultores detinha dinheiro em conta de banco nos inventários consultados. Deste modo, evidencia-se a pouca penetração das contas em bancos mesmo entre a população mais abastada até o final do império.

Os poucos bancos em operação na época encontravam-se bastante distantes das camadas mais populares da sociedade, o que mais se aproxi-

118 Renato Leite Marcondes

mava eram casas bancárias, porém havia grande instabilidade dessas insti-tuições. Embora fossem companhias, as casas bancárias faziam principal-mente de descontos, detendo uma regulamentação mais fácil e menores exigências de capitais para sua constituição do que um banco. Durante a crise financeira de 1864, muitas casas bancárias fecharam as portas deixan-do correntistas com seus recursos bloqueados, como foi o caso da Souto que era a maior (Müller, s. f.; Sáez, 2010). Tais crises dificultavam o esta-belecimento da confiança nessas instituições para recolher depósitos de um amplo conjunto da população. A fundação de um banco de depósitos direcionado para essa finalidade só poderia ser viável naquele momento como instituição pública. Na década de 1870, outras caixas do governo imperial foram criadas nas capitais províncias.

Apesar do foco diferenciado e longevidade dessas instituições finan-ceiras, as caixas foram pouco destacadas pela historiografia econômica e financeira, embora mais recentemente alguns novos estudos discutam a sua história (Adams, 2005; Bueno, 2002; Costa, 2012; Grinberg, 2011). Numa primeira seção, apresentamos a criação da instituição e a difusão dos depósitos populares, salientando também o perfil mais geral dos de-positantes. Na segunda seção, destacamos a importância relativa das cai-xas públicas federais no sistema financeiro nacional, comparando com o Banco do Brasil e movimento bancário mais geral.1 Por fim, ressaltamos a instituição de caixas estaduais, principalmente a paulista que foi importan-te para a difusão da captação de depósitos pelo interior do estado. Assim, nesse artigo tentamos contribuir para entender o alcance dos depósitos das caixas na população e economia brasileira desde a segunda metade do século xix, tentando avaliar o alargamento das relações bancárias antes da grande expansão após a segunda grande guerra.

difuSão doS depóSitoS

Após um período bastante expansivo do meio circulante e de crises, a lei dos entraves de 1860 procurou restringir as emissões monetárias dos ban-cos.2 Apesar de limitar emissões e a formação de bancos, esta lei procurou criar uma alternativa de forma mais confiável de poupança e empréstimo para a população menos abastada. As caixas econômicas deveriam ser ins-

1 A constituição de um sistema financeiro nacional ocorreu ao longo do século xx com o avanço das instituições públicas e privadas após a primeira grande guerra e principalmente depois a segunda grande guerra. Tal processo culminou na reformulação do sistema após 1964, com nova regulamentação e a criação do Banco Central. 2 Lei 1.083 de 22 de agosto de 1860, recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM1083.htm.


tituições beneficentes, que receberiam depósitos até certo limite e encami-nhariam os saldos à Fazenda nacional.3 Por fim, o Monte Socorro proposto conjuntamente realizaria empréstimos por meio do penhor de objetos de valor, como ouro, prata, joias e pedras preciosas.

Logo no início do ano seguinte, uma nova legislação específica autori-zou a criação de uma caixa econômica e do Monte Socorro na corte, que começou a funcionar em novembro. O decreto 2.723 de 12 de janeiro de 18614 declara “A Caixa Econômica estabelecida na cidade do Rio de Janei-ro tem por fim receber a juro de 6%, as pequenas economias das classes menos abastadas, e de assegurar, sob garantia do Governo Imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte [...] As quantias deposita-das na Caixa Econômica, e remetidas diariamente ao Tesouro são por este garantidas ao depositante.”

Como destaca Keila Grinberg (2011), nos seus primeiros anos de atua-ção a caixa realizou mais penhores do que depósitos, apenas após a crise de 1864 que os segundos superaram os primeiros. A partir dessa época, os penhores representaram cada vez mais uma fração menor dos depósi-tos, crescendo os saldos remanescentes aplicados em títulos públicos que se tornaram um importante mecanismo de financiamento do Estado no império e início da república (Adams, 2005).5 Como as aquisições diretas dos títulos públicos eram muito caras para a maior parte da população, o governo tornou possível, por meio das caixas, ampliar os financiadores do Estado, possibilitando um rendimento próximo ao das apólices públicas à poupança popular. Assim, mesmo que de forma indireta, um conjunto mais amplo da população financiava o Estado brasileiro.

Algumas medidas tomadas pelo governo auxiliaram na expansão da captação dos depósitos. A promulgação da lei do ventre livre em 1871 reconhecendo o direito dos escravos a formar pecúlio também deve ter auxiliado na expansão dos depósitos, que poderiam ser utilizados para al-forria.6 O decreto de criação da caixa não admitia como depositantes: me-nores, escravos e indivíduos que não tiverem a livre administração de sua

3 A vocação mais popular da caixa foi estabelecida desde o seu início, pois os valores sema-nais depositados não deveriam superar 50$000 reis e se o total depositado ultrapassasse quatro contos deixaria de render juros. O rendimento da aplicação deveria se assemelhar a dos títulos pú-blicos de 6% ao ano, mas foi posteriormente reduzido em vários períodos. Como as caixas eram tratadas como assistência social, elas não eram computadas no movimento bancário e, talvez por isso, muitos estudiosos dos bancos não as incluíram em suas análises. 4 Recuperado de http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2723--12-janeiro-1861-556013-publicacaooriginal-75580-pe.html 5 De acordo com o balanço da Caixa do Rio e de São Paulo em 1924, os valores dos depo-sitantes (passivo) equivaliam-se, grosso modo, ao em conta corrente no Tesouro Nacional ou na Delegacia Fiscal de São Paulo (ativo), respectivamente. 6 Lei 2.040 de 28 de setembro de 1871, recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM2040.htm.


pessoa e bens. Isto não impediu que menores e mulheres estivessem entre os primeiros depositantes das Caixas, como veremos adiante. Ademais, existiam depósitos de escravos antes do ventre livre, mas com o consenti-mento dos senhores. Além da caixa outras instituições recebiam depósitos de escravos, como uma firma que quebrou na crise de 1864 (Grinberg, 2011). O próprio avanço do trabalho assalariado urbano, e posteriormente no campo favoreceu também a expansão dos depósitos ao longo de todo o período em questão.

Para alargar as operações, o governo autorizou a criação de caixas provinciais em 1874, sediadas nas suas capitais.7 Apesar do crescimento das operações provinciais, os recursos depositados nessas caixas manti-veram-se muito inferiores ao da corte até a década de 1880. Dos pouco mais de 15 000 contos de réis depositados nas dezessete caixas existentes em 1881, a da corte mantinha dois terços do total (66.6%).8 Seis anos mais tarde a participação da corte reduziu-se um pouco, mas ainda detinha mais da metade do total dos depósitos em todas as caixas (58.5%).9 Durante o Encilhamento, ocorreu uma transformação expressiva da distribuição re-gional dos depósitos das caixas, reduzindo a participação dos depósitos da corte a 28.0% em 1893.10 A partir do final do século xix a participação da Caixa do Distrito Federal no total dos depósitos manteve-se ao redor de três décimos do total. Após a primeira grande guerra a parcela dessa ins-tituição elevou-se a e quatro décimos (40.4%) em 1925, chegando a 46.4% em 1930.11 Em todo o período considerado essa Caixa do Rio de Janeiro foi a maior de todas.

Uma tentativa de avaliar a difusão dos depósitos das caixas consiste em comparar o crescimento do número de cadernetas em circulação e dos valores reais em relação ao da população das cidades onde atuam. Utiliza-

7 Decreto 5.594 de 18 de abril de 1874, recuperado de http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-5594-18-abril-1874-550201-publicacaooriginal-65862-pe.html. Em 1878, já existiam doze caixas nas principais províncias. 8 De acordo com os Relatórios do Ministério da Fazenda (Brasil, 1884, Tabela 24). A segun-da caixa em termos de valores depositados foi a do Pará (6.6%), seguida pela Bahia (4.7%) e Rio Grande do Sul (4.0%). Os valores apresentados nos relatórios do Ministério não são iguais aos da série histórica publicada nos relatórios das caixas posteriormente, mas em geral próximos em ordem de grandeza. 9 Relatórios do Ministério da Fazenda (Brasil, 1890, Tabela 19). A segunda caixa em termos de valores depositados foi a da Bahia (11.2%), seguida pelo Rio Grande do Sul (5.1%), Pernambu-co (3.7%) e São Paulo (3.4%). 10 Relatórios do Ministério da Fazenda (Brasil, 1895, Tabela 20). As demais caixas em ordem de valores depositados foram as seguintes: São Paulo (15.3%), Pernambuco (10.2%), Rio Grande do Sul (9.4%) e Bahia e Pará (5.7%). 11 Em 1912, São Paulo detinha 19.7% dos depósitos das caixas, Rio Grande do Sul 10.7% e Pernambuco 7.3%. Em 1930, São Paulo perfez 29.4% dos depósitos das caixas, Pernambuco 5.5% e o Rio Grande do Sul 4.2% (ver Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1941, pp. 1390-1391).


mos para o deflacionamento o índice de preços de Goldsmith (1986, pp. 30-31) de 1861-1869, de Catão (1992) de 1870 a 1913 e da cidade do Rio de Janeiro de 1914-1940. Embora existissem agências fora do distrito federal na província do Rio de Janeiro, como Petrópolis e Niterói, verificamos que a maior parte dos depósitos vinculava-se à população do município carioca, assim não incluímos os moradores da província fluminense. Em 1940, todas as dezenove agências de depósitos encontravam-se no Distrito Federal, extinguindo as da província.

Conseguimos levantar dados para as caixas do Rio de Janeiro e de São Paulo desde o seu início de operação, que eram as cidades mais populosas do Brasil.12 No gráfico 1, apresentamos o número de cadernetas e os va-lores reais dos depósitos por 1 000 habitantes da Caixa do Rio. Notamos um rápido crescimento na segunda metade da década de 1860 e início da seguinte. Posteriormente, a tendência continuou crescente, mas em ritmo menor e até certa retração ao final do Império. O Encilhamento produziu uma divergência nas duas séries, pois o número de cadernetas continuou a aumentar e, ao contrário, os valores reais estagnaram em face de uma maior elevação dos preços durante o período. O efeito oposto teve a crise do início do século xix, quando a deflação aumentou os valores reais de-positados, mas acompanhados de até uma redução do número de caderne-tas per capita. De modo semelhante, a inflação durante a primeira guerra também produziu uma retração dos montantes depositados em termos reais, todavia as cadernetas se mantiveram. Após a guerra, a recuperação das cadernetas mostrou-se bastante vigorosa nos anos 1920, mas ainda não acompanhadas pelos depósitos que se depreciaram pela inflação significa-tiva na época. A grande depressão levou a uma deflação mais expressiva no início dos anos 1930, o que elevou sobremaneira os valores depositados nas caixas. Os depósitos também cresceram em razão das incertezas do período e a busca por instituições mais confiáveis, como as públicas. Por fim, a reformulação das caixas no início dos anos 1930 permitiu maior facilidade nos empréstimos, atraindo mais depositantes e depósitos.

As caixas já realizavam empréstimos por meio de caução de títulos desde Decreto 11.820 de 15 de dezembro de 1915,13 mas passaram a fazer consignados a funcionários públicos após o decreto 20.225 de 18 de julho

12 As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo detinham, em 1940, 1 750 000 e 1 320 000 ha-bitantes, respectivamente. O crescimento demográfico paulista foi superior a carioca no período considerado. Salvador e Recife apresentam 289 000 e 343 000 moradores em 1940, sendo muito menores do que as duas principais cidades do país. A população rural carioca e paulistana repre-sentavam apenas 13.9% e 5.1% do total nesse ano. Tais dados demonstram a importância do Rio de Janeiro e São Paulo e de sua urbanização. 13 Recuperado de http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11820--15-dezembro-1915-511987-publicacaooriginal-1-pe.html.


de 193114 e hipotecas a partir do Decreto 24.427 de 19 de junho de 1934.15 Embora a lei sobre empréstimos hipotecários ocorresse apenas em 1934, já havia uma autorização anterior de 1931 que permitia tais operações. A ampliação das operações de empréstimos em termos de valores e tipos diferentes deve ter facilitado a captação de depósitos. Este último decreto criou o Conselho Superior das Caixas, permitindo maior autonomia às caixas e facilitou a sua expansão.

Nessa década, a tendência das duas variáveis mostrou-se crescentes, bem como na maior parte do período em questão. Assim, a correlação entre o número de cadernetas e os totais depositados em termos reais na Caixa do Rio revelou-se muito elevada (0.917), descrevendo movimentos conjuntos das séries.

Já no final da década de 1870, existia cerca de uma caderneta para dez habitantes na capital federal. Devemos lembrar que algumas pessoas poderiam ter mais de uma caderneta em função dos limites de depósitos, porém nesse caso o recebimento de juros seria limitado. Segundo o Al-manaque de São Paulo de 1888, só havia o recebimento dos juros para a primeira caderneta de cada um, não recebendo as demais (Seckler, 1888, p. 136). Não temos uma clara referência à quantidade de pessoas nessa situação, pois alguns faziam depósitos para filhos, netos etc. O limite para pagamento de juros foi ampliado posteriormente. Infelizmente, não dispo-mos de microdados dos depósitos e seus depositantes, nem mesmo sabe-mos se existem. Antes da primeira grande guerra, a proporção aumentou para uma para cada cinco moradores. Por fim, na década de 1930 chegou ao redor de um a cada três detinha uma caderneta da caixa. Em São Paulo, as proporções mantiveram-se sempre mais reduzidas do que as cariocas, atingindo apenas ao final da década de 1930 a proporção de uma caderne-ta para quatro habitantes, como visto no gráfico 2 abaixo.16 De toda sorte, a difusão de cadernetas entre a população mostrou-se bastante expressiva e crescente na população urbana dos grandes centros.

O perfil dos novos depositantes da Caixa do Rio de Janeiro salienta a difusão pela sua população. A presença de menores foi bastante regular, já entre os primeiros 49 depositantes na Caixa da Corte em novembro de 1861 havia doze menores e treze mulheres, das quais quatro os depósitos

14 Recuperado de http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-20225--18-julho-1931-503695-publicacaooriginal-1-pe.html. 15 Recuperado de http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24427--19-junho-1934-498355-norma-pe.html. 16 Dispomos de uma série para a Bahia (1878-1933), que revela uma difusão de cadernetas e de depósitos reais ainda menores do que em São Paulo e principalmente a do Distrito Federal. A proporção soteropolitana atingiu uma caderneta para cinco habitantes ao final da década de 1920. Assim, como esperado, os grandes centros concentram o movimento financeiro.

GR

ÁFI

CO

1. C

AD

ER

NE

TAS

E D

EPÓ

SIT

OS

RE

AIS

PO

R 1

000

HA

BIT

AN

TE

S

NA

CA

IXA

EC

ON

ÔM

ICA

FE

DE

RA

L D

E R

IO D

E J

AN

EIR

O (1

861-

1940

, EM

CO

NT

OS

DE

191

3)

Font

es: C

ader

neta

s e

depó

sito

s do

Rel

atór

io d

o M

inis

téri

o da

Faz

enda

. (19

16, v

. ii,

s. p.

). R

io d

e Ja

neir

o, B

rasi

l, e

Inst

ituto

Bra

sile

iro

de G

eogr

afia

e

Est

atís

tica

(194

1, p

p. 1

389-

1391

). Po

pula

ção

dos

Cen

sos

de 1

872,

192

0 e

1940

, int

erpo

lado

s (I

nstit

uto

Bra

sile

iro

de G

eogr

afia

e E

stat

ístic

a, 2

011,

p. 7

1).


foram efetuados pelos seus pais (Bueno, 2002, p. 31). Keila Grinberg (2011, p. 154) salienta a transformação do perfil dos depositantes, tornando-se mais populares na década de 1880. A partir de 1882 as informações dos novos depositantes tornaram-se mais regulares nos relatórios do Ministé-rio da Fazenda, apresentando os estrangeiros um número maior aplicado-res do que os nacionais nesse ano e no seguinte, ressaltando a presença na cidade de imigrantes enriquecidos, como portugueses. Posteriormente, os nacionais aumentaram continuamente sua participação, chegando a pouco mais de um terço no início do século xx e já superaram os estrangeiros em 1924 (72.9%). Em termos de profissões declaradas, mais de três quartos eram trabalhadores urbanos entre 1882 e 1892 (79.4%), pois a população rural da cidade mostrava-se reduzida.17 Esta proporção de trabalhadores não agrícolas reduziu-se para cerca de dois terços de 1895 a 1908 (66.8%), mas ainda muito elevada sua representatividade. Já em 1924, a classifica-ção das profissões alterou-se em relação à nomenclatura anterior, porém a maior parte continuava a atuar como operários (24%), domésticos e tra-balhadores (29.0%) e na indústria, comércio e transporte (27%). Por fim, os liberais e os da lavoura detinham pequena participação em 1924 (9% e 3.1%, respectivamente).

A participação dos menores na Caixa do Rio manteve-se ao redor de um sexto do total entre 1882 e 1892 (15.9%). De outro lado, as mulheres realizaram grande parcela dos depósitos, atingindo pouco mais de um ter-ço entre 1891 e 1908 (35.1%) e aumentaram a sua parcela para 40.5% em 1924.

Na caixa baiana, a proporção de mulheres no total chegou a 45.4% entre 1906 e 1914 (ver Brasil, 1906, 1909 e 1914). Também na Bahia, os trabalhadores urbanos destacavam-se no total de depositantes nesses anos, respondendo por mais de dois terços dos com profissão declarada (70.4%). A participação feminina na população economicamente ativa brasileira foi de 15.7% em 1920 e de 19.0% em 1940 (ver Marques e Melo, 2008, p. 488). Apesar da diferença do espaço considerado que favorece a maior presença feminina nas capitais, a proporção de depósitos muito mais elevada do que na renda decorre também de uma estratégia de proteção delas, muitas ve-zes com o amparo de maridos e pais. O Almanaque de São Paulo de 1888 informa as condições dos depósitos sob alguma tutela:

mulheres casadas, sob qualquer regime, podem livremente instituir e retirar depó-sitos em seus nomes, salvo intervindo oposição por parte dos maridos. É igualmen-te permitido aos menores fazer depósitos, sem intervenção dos seus representantes

17 Consideramos como trabalhadores urbanos: operários e artistas, trabalhadores, criados e empregados do comércio e indústria, excluindo os casos sem profissões.


legais, bem como retirá-los, se tiverem mais de 16 anos de idade, salvo aparição dos ditos representantes, cujo concurso se deverá exigir no ato do pagamento. O depósito em favor de escravo deverá indicar o nome do senhor, e só poderá ser retirado com autorização do Juiz de Órfãos (Seckler, 1888, pp. 136-137).

Nesse último ano, houve a informação dos valores por sexo, naciona-lidade e analfabetismo dos novos depositantes. Embora os que não sabiam escrever fossem quatro décimos do total de depositantes em 1924 (40.1%), a parcela dos valores detida pelos analfabetos foi apenas um pouco me-nor (38.5%), não havendo grande discrepância na proporção entre dois grupos.18 Ainda em termos de valores, os estrangeiros detinham uma par-ticipação muito maior do que em número nesse ano (37.4%), salientando maiores valores depositados por eles. De forma semelhante, as mulheres também apresentavam uma proporção um pouco maior dos valores do que do número de cadernetas em 1924 (43.9%).19 Desta forma, os estran-geiros e as mulheres revelaram um perfil de maiores valores do que os de-mais. Devemos lembrar que mesmo voltada à população menos abastada, as caixas ainda exigiam a existência de poupança monetária, excluindo os mais pobres do acesso à instituição.

A Caixa Econômica de São Paulo foi criada em 1875. A tendência inicial de crescimento das cadernetas e depósitos mostrou-se expressiva. A crise no final do Império foi mais notória no caso paulistano, bem como a crise do final do século xix em face a preços menores do café naquele momento. Posteriormente, a recuperação da tendência de crescimento foi bastante expressiva no início do século xx até a primeira grande guerra, reproduzindo o vigor da economia paulistana nessa época. A guerra re-duziu fortemente os valores reais dos depósitos e se manteve em patama-res reduzidos durante a década de 1920, recuperando somente durante a grande depressão, como ocorreu na Caixa do Rio.20 As cadernetas não apresentaram tal retração e continuaram a aumentar em termos da popu-lação até o final do período, havendo apenas uma pequena diminuição du-

18 Os valores médios dos depósitos novos dos alfabetizados e não foram os seguintes em 1924: 780 000 e 729 000 réis, respectivamente. A proporção de pessoas que não sabiam ler e escrever entre os depositantes mostrou-se semelhante à entre os habitantes do Distrito Federal no censo de 1920 (38.7 per cento). 19 Tal resultado decorreu, em grande parte, dos valores depositados para os menores do sexo feminino serem muito superiores aos do masculino, que foram os seguintes em média: 588 e 399 mil réis. Talvez reflitam uma estratégia diferente dos pais com relação às filhas em relação aos filhos. Por outro lado, nos valores médios depositados pelos maiores a diferença entre os sexos também foi favorável às mulheres: 1 000 e 913 000 réis. Por fim, os valores depositados pelos menores eram em média bem inferiores aos dos maiores, em cerca da metade. 20 A correlação entre os depósitos reais das caixas do Rio e de São Paulo mostrou-se eleva-díssima (0.989).


rante a crise do início dos anos 1930. Apesar das diferenças entre a série de número de cadernetas e valores reais depositados, elas correlacionaram-se fortemente em todo o período em consideração (0.948).

O perfil dos novos depositantes da Caixa de São Paulo não se mos-trou muito diferente da do Rio, embora algumas características distintivas devam ser destacadas pela própria demografia paulistana diferir da ca-rioca. Infelizmente não dispomos de relatórios do século xix, utilizamos dois relatórios de 1909 e 1914 da caixa como referência do perfil antes da primeira grande guerra e dois outros de 1925 e 1930 do entre guerras. Como o movimento imigratório estrangeiro foi maior para São Paulo, a presença dos estrangeiros revelou-se um pouco maior na caixa paulistana, perfazendo quase a metade do total antes da guerra (47.3%), mas redu-zindo posteriormente a 36.0%. Tal retração refletiu o menor movimento migratório posteriormente a primeira grande guerra. Em termos etários, os menores mantiveram a sua participação entre os novos depositantes da caixa paulista, se compararmos antes e depois da guerra –15.8% em 1909 e 1914 para 16.3% em 1925. Entretanto, as mulheres elevaram a sua parcela nesses anos de 39.4% para 42.4%. Estas pequenas indicações das duas caixas salientam o crescente envolvimento delas na esfera financeira.

Os depositantes declaravam profissões ligadas ao trabalho urbano em menor proporção do que a Caixa do Rio, perfazendo pouco mais da me-tade do total de aplicadores antes da guerra (60.1%) e quase três quartos posteriormente a guerra (72.6%). A parcela de depositantes que sabiam ler e escrever mostrou tendência crescente, passando de 68.1% em 1914 para 70% em 1925 e 75% em 1930, muito superior à da Caixa do Rio e mesmo à da totalidade população paulistana.21 Assim, os depositantes paulistanos compreendiam um conjunto expressivo da população, porém menor do que os cariocas, bem como eram mais instruídos e detinham depósitos maiores em média.22 De outro lado, a Caixa do Rio conseguiu compreender depositantes mais populares, talvez em razão de uma estru-tura de agências mais ampla do que a paulistana.

Dispomos das informações para a totalidade dos depósitos das caixas apenas a partir de 1912. Se compararmos essa série com o conjunto da população das capitais brasileiras, verificamos proporções de depósitos reais per capita semelhantes às da Caixa do Rio até a primeira grande guerra, conforme o gráfico 3. Posteriormente, os depósitos reais per capita

21 Em 1920, a parcela de pessoas que sabiam ler e escrever na capital do estado foi de 58.3 per cento. 22 No início das caixas, os depósitos na Caixa do Rio eram maiores do que a paulistana. En-tretanto, a partir de 1885 a relação inverteu-se até o fim do período em estudo. Uma ilustração do tamanho da diferença pode ser observada para 1920, quando o depósito médio da Caixa do Rio foi de 472 000 réis enquanto na paulistana era de 743 em 1920.

GR

ÁFI

CO

2. C

AD

ER

NE

TAS

E D

EPÓ

SIT

OS

RE

AIS

PO

R 1

000

HA

BIT

AN

TE

S N

A C

AIX

A E

CO

NÔ

MIC

A

FED

ER

AL

DE

SÃ

O P

AU

LO (1

875-

1940

, EM

CO

NT

OS

DE

191

3)

Font

es: C

aixa

eco

nôm

ica.

(191

6). R

elat

ório

da

Cai

xa E

conô

mic

a Fe

dera

l de

São

Paul

o de

191

5. (C

ader

neta

s e

depó

sito

s do

Rel

atór

io d

a C

aixa

Eco

-nô

mic

a de

São

Pau

lo, p

. N.6

). Sã

o Pa

ulo,

Bra

sil;

Inst

ituto

Bra

sile

iro

de G

eogr

afia

e E

stat

ístic

a (1

941,

pp.

138

9-13

91).

Popu

laçã

o do

s C

enso

s de

187

2,

1920

(aju

stad

a pe

la á

rea

do m

unic

ípio

) e 1

940,

inte

rpol

ados

(Ins

titut

o B

rasi

leir

o de

Geo

graf

ia e

Est

atís

tica,

201

1, p

. 71)

.


das caixas das capitais representaram proporções cada vez menores com relação aos da Caixa do Rio de Janeiro a partir do final da grande guerra, de 97.2% em 1917 a 66.4% em 1935. Por fim, a difusão das cadernetas per capita das caixas econômicas mostrava-se próxima da do Rio, pois alcan-çou um quinto da população das capitais ao final dos anos 1920 (21.1% em 1930) e pouco mais de quatro décimos em 1940 (41.9%).23 Assim, como a maior parte da população brasileira não residia nas capitais dos estados, mas principalmente no ambiente rural, essa massa continuava a margem dos depósitos das caixas nos anos 1920 e mesmo durante a expansão dos anos 1930.24

O comportamento dos depósitos reais de todas as caixas também de-monstra a dificuldade de expansão delas nos anos 1920, ainda mais se compararmos com as demais instituições financeiras, como o Banco do Brasil e mesmo a Caixa Estadual Paulista, que será analisada a seguir. No-vamente a reestruturação das caixas nos anos 1930 produziu um aumento extraordinário do número de cadernetas e principalmente dos depósitos reais, não apenas nos anos de deflação, mesmo quando comparamos com outras instituições financeiras.

caixaS e o SiStema financeiro

A expansão do sistema bancário na segunda metade do século xix facili-tou a poupança na economia brasileira, apesar das várias crises chamarem a atenção para os riscos dessas instituições. As caixas econômicas assu-miram papel destacado nessa captação dos depósitos, pois eram institui-ções públicas direcionadas para população menos abastada. Como vimos na seção anterior, o crescimento do número de cadernetas e dos valores reais depositados foi maior que o demográfico nas duas principais cidades do país. Outro modo de avaliarmos a importância das caixas consiste em compará-las com outros bancos.

Um primeiro cotejo pode ser realizado com relação a principal ins-tituição bancária brasileira daquela época: o Banco do Brasil.25 Para os primeiros anos de funcionamento da Caixa do Rio realizamos uma com-

23 Devemos lembrar que algumas pessoas mantinham mais de uma caderneta, assim superes-timamos a difusão. 24 Se supuser que cada depositante detêm apenas uma caderneta, apenas 4.1% da população possuía caderneta da caixa em 1940. 25 O Banco do Brasil dessa época foi fruto da fusão do banco do Mauá com o Banco Comer-cial do Rio de Janeiro em 1853. Houve fusões com o Banco Comercial e Agrícola e o Banco Rural e Hipotecário no início da década de 1860. Por fim, ele fundiu-se com o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil, formando o Banco da República do Brasil em 1892.

GR

ÁFI

CO

3. C

AD

ER

NE

TAS

E D

EPÓ

SIT

OS

RE

AIS

DA

S C

AP

ITA

IS D

OS

EST

AD

OS

N

AS

CA

IXA

S E

CO

NÔ

MIC

AS

FED

ER

AIS

(191

2-19

40, E

M C

ON

TO

S D

E 1

913)

Not

a: C

ader

neta

s e d

epós

itos r

eais

por

1 0

00 h

abita

ntes

das

cap

itais

dos

est

ados

nas

Cai

xas E

conô

mic

as F

eder

ais (

1912

-194

0, e

m c

onto

s de

1913

).Fo

ntes

: Ins

titut

o B

rasi

leir

o de

Geo

graf

ia e

Est

atís

tica

(194

1, p

p. 1

389-

1391

). Po

pula

ção

dos

Cen

sos

de 1

872,

192

0 e

1940

, int

erpo

lado

s (I

nstit

uto

Bra

sile

iro

de G

eogr

afia

e E

stat

ístic

a, 2

011,

p. 7

1).


paração dos seus depósitos com os do Banco do Brasil, tanto a vista quanto a prazo (Pelaéz e Suzigan, 1981, pp. 397-408). A proporção dos depósi-tos da primeira em relação aos do segundo apresentamos no gráfico 4. Este cotejo salientou o desempenho relativo das instituições em diferentes conjunturas. No início, a participação dos depósitos da caixa proporcio-nalmente aos do Banco do Brasil mostrou-se bastante reduzida, porém rapidamente cresceu, superando os da instituição mais tradicional já em 1869. Enquanto os depósitos na caixa sempre superaram as retiradas até 1874, a crise do Souto de 1864 e a guerra do Paraguai (1864-1870) afetaram muito mais os depósitos do Banco do Brasil, que se reduziram fortemente em 1863 e 1866-1867. Na década de 1870, a relação retornou ao patamar de um quinto dos depósitos do Banco do Brasil, elevando-a em peque-na monta ao final do Império. Nessa década começaram a funcionar no-vas caixas nas províncias, o que elevou gradualmente os depósitos, como aponta a linha vermelha do gráfico incorporando as Caixas de São Paulo e Bahia à do Rio. O início da República conduz a uma expansão monetária considerável que nos primeiros anos beneficia os depósitos do Banco do Brasil, porém nos anos seguintes há uma estagnação deles aumentando a importância relativa dos das caixas.26

A política monetária contracionista do final do século e a crise do Banco da República do Brasil produziram retração nos seus depósitos. Nos anos mais agudos da crise bancária de 1900 a 1906, os depósitos da Caixa do Rio superaram os do banco. A Caixa também sofreu com retiradas maiores do que os depósitos, porém apenas em 1900 e 1905, mantendo suas atividades sem interrupção.27 Dessa forma, não realizamos uma com-paração nesses anos de crise e nos primeiros do novo Banco do Brasil formado a partir de 1905, como sociedade anônima aberta de economia mista sobcontrole público ao contrário do anterior. De outro lado, como há dados consolidados das caixas federais autônomas e anexas de 1912 a 1940, passamos a realizar as comparações a partir de 1912 não mais com apenas a do Rio, mas todas caixas, pois o novo Banco do Brasil expandirá

26 Se utilizarmos as informações dos Relatórios do Ministério da Fazenda para estimarmos os saldos depositados em todas as caixas provinciais, verificaremos que o valor depositado nas caixas era equivalente ao do Banco do Brasil em 1899. 27 Franklin de Alencar Lima apresentou, como vice-presidente, o relatório da caixa de 1901, que já demonstrava um quadro de melhora da conjuntura: “Sucedeu ao período crítico do último ano, criado pela situação econômica da praça desta capital, uma fase de operações normais nesta caixa econômica, dando lugar a movimento regular de depósitos [...] Era de prever essa manifes-tação calma de negócios, resultado do estado do crédito público e da confiança dos depositantes; e por isso, só se verificaram no ano findo [1901] depressões pouco sensíveis nas entradas realizadas no 1º semestre, mas que foram compensadas pelo excesso havido no 2º semestre (...)” (Caixa econômica, 1902, p. 8). Além da crise econômica e bancária, ele relatou alguns desfalques de fun-cionários que também pode ter abalado a confiança dos depositantes, reclamando da impunidade e morosidade da justiça na punição dos três culpados (Caixa Econômica, 1902, pp. 12-13).

GR

ÁFI

CO

4. P

RO

PO

RÇ

ÃO

DO

S D

EPÓ

SIT

OS

DA

S C

AIX

AS

EC

ON

ÔM

ICA

S

EM

RE

LA

ÇÃ

O A

OS

DO

BA

NC

O D

O B

RA

SIL

(186

1-18

99)

Font

es: D

epós

itos

da C

aixa

do

Rio

de

Jane

iro

no R

elat

ório

do

Min

isté

rio

da F

azen

da. (

1916

, v. i

i, s.

p.).

Rio

de

Jane

iro,

Bra

sil,

e In

stitu

to B

rasi

-le

iro

de G

eogr

afia

e E

stat

ístic

a (1

941,

pp.

138

9-13

91) e

de

São

Paul

o na

Cai

xa e

conô

mic

a. (1

916)

. Rel

atór

io d

a C

aixa

Eco

nôm

ica

Fede

ral d

e Sã

o Pa

ulo

de

1915

. (C

ader

neta

s e

depó

sito

s do

Rel

atór

io d

a C

aixa

Eco

nôm

ica

de S

ão P

aulo

, p. N

.6).

São

Paul

o, B

rasi

l; In

stitu

to B

rasi

leir

o de

Geo

graf

ia e

Est

atís

tica

(194

1, p

p. 1

389-

1391

). D

a B

ahia

em

Cai

xa E

conô

mic

a (1

934)

. Rel

atór

io d

o ex

ercí

cio

de 1

933

apre

sent

ado

ao E

xmo.

Snr

. Min

istro

da

Faze

nda

pelo

Con

selh

o Ad

min

istra

tivo

da C

aixa

Eco

nôm

ica

Fede

ral d

a B

ahia

(ane

xo 2

1). B

ahia

, Bra

sil,

e do

Ban

co d

o B

rasi

l (Pe

láez

e S

uzig

an, 1

981,

pp.

397

-408

).


de forma expressiva suas agências inclusive pelo interior. Os resultados podem ser observados no gráfico 5 abaixo, utilizando novamente tanto depósitos a vista como a prazo dessa nova instituição. No início da década de 1910, o Banco do Brasil ainda não conseguiu captar volumes muito expressivos de depósitos e as caixas mantinham tradição nessa função. A partir de 1915, o Banco do Brasil iniciou uma expansão vigorosa de agências em todo território nacional, levando a um aumento da captação de depósitos e a um declínio rápido da proporção do gráfico 5. Em face da crise da guerra, a lei 2.986 de 28 de agosto de 191528 transferiu recursos da União ao Banco do Brasil por meio de emissão de moeda ou de títulos para emprestar a lavoura, indústria e comércio, obrigando-o a abrir agên-cias em todos os estados e o território do Acre. Além de elevar os depósitos máximos das caixas econômicas (sobre a expansão das agências do banco, ver Banco do Brasil, História, 2010, p. 120).

Apesar da grande expansão do Banco do Brasil, as caixas mantive-ram depósitos na proporção de cerca da metade do novo banco durante a década de 1920. Por fim, a reorganização das caixas nos anos 1930 per-mitirá um crescimento expressivo dos seus depósitos, mesmo em relação ao Banco do Brasil que também foi muito atuante nessa época. Assim, verificamos a grande relevância das caixas desde o século xix em termos dos depósitos relativamente a outra instituição de porte da época.

Ainda podemos compará-las com os dados do sistema bancário e mais gerais da economia para esse período. No gráfico 6, fornecemos dois ou-tros indicadores dos depósitos das caixas em relação aos depósitos dos bancos consolidados e mesmo ao pib, de acordo com o Anuário Estatístico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1941) e a estimativa de Haddad (1978), respectivamente. Verificamos que a participação das cai-xas continua muito relevante em comparação a um conjunto maior de bancos. Nos anos próximos do início da guerra, a participação manteve--se acima de um quinto. Posteriormente, reduziu-se até o final da década de 1920, atingindo cerca de oito pontos porcentuais. Na década seguinte, houve uma recuperação dos depósitos das caixas relativamente aos nos bancos, terminando em quinze pontos. De outro lado, a participação em relação ao pib, mostrou movimento semelhante, de 3.7% do pib em 1912 para menos de dois pontos porcentuais no final dos anos 1920, crescen-do na década de 1930 até 4.9% em 1940. Estes resultados corroboram a grande importância das caixas até a primeira grande guerra, que se retraiu nos anos 1920, mas uma forte recuperação na década seguinte. Assim, verificamos um crescimento relativo das caixas após anos de crise, como

28 Recuperado de http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2986--28-agosto-1915-574919-publicacaooriginal-97996-pl.html

GR

ÁFI

CO

5. P

RO

PO

RÇ

ÃO

DO

S D

EPÓ

SIT

OS

NA

S C

AIX

AS

EC

ON

ÔM

ICA

S FE

DE

RA

IS

EM

RE

LA

ÇÃ

O A

OS

DO

BA

NC

O D

O B

RA

SIL

(191

2-19

40)

Font

es: C

aixa

s em

Ins

titut

o B

rasi

leir

o de

Geo

graf

ia e

Est

atís

tica

(194

1, p

p. 1

389-

91) e

Ban

co d

o B

rasi

l em

Pel

áez

e Su

ziga

n (1

981,

pp.

397

-408

).


alternativa mais segura para os depósitos e poupadores atraídos também pelas novas operações.

A conjuntura econômica e financeira marcou os novos depósitos e as retiradas das caixas, como o encilhamento e a crise bancária na passagem para o século xx. No período de 1912 a 1940, os movimentos líquidos de saques ocorreram antes e início da primeira grande guerra (1913 e 1914), meado da década de 1920 e no início da crise de 1929, como pode ser observado no gráfico 7 abaixo. No primeiro subperíodo, a perspectiva e depois a eclosão da primeira grande guerra produziu retiradas em grande proporção. No outro momento, os saques não se mostraram tão expres-sivos em relação aos depósitos totais, mas ocorreram em vários anos se-guidos. O fortalecimento da concorrência bancária e as dificuldades das caixas expandirem-se nessa época ajudam a explicar a retração. Por fim, a grande crise de 1929 deve explicar um movimento de saques maiores do que depósitos, mas não tão graves quanto ao do início da primeira grande guerra.

Os movimentos mais intensos de depósitos líquidos ocorreram ao final da primeira grande guerra e a partir de 1931. O encerramento da guerra gerou efeitos positivos para economia brasileira por meio da retomada do comércio exterior, mas não foram sustentados nos anos seguintes em termos de depósitos das caixas. De outro lado, após os primeiros anos mais difíceis da grande depressão e combinado a uma reformulação das caixas houve um grande afluxo continuado de depósitos.29

Outra característica dos depósitos ao longo do período de 1912 a 1940 foi a elevação da sua rotatividade. Se até a primeira grande guerra, a razão novos depósitos em relação ao saldo do final de ano deles foi inferior a me-tade, esta proporção atingiu cerca de 0.6 no meado da década de 1920. A grande crise reduziu os novos depósitos em relação aos totais acumulados, chegando a 0.45 em 1930. Entretanto, passada a crise inicial, as entradas de novos recursos nas caixas cresceram rapidamente, alcançando valores superiores aos totais depositados a partir de 1936. Destarte, a rotatividade dos depósitos acelerou no final dos anos trinta, diminuindo o tempo médio de permanência dos recursos nas caixas.30

29 O diretor da Caixa Baiana Manoel Pinto de Aguiar expressou-se da seguinte forma no relatório de 1933: “Aumentava assim em plena crise econômica e financeira o volume dos depó-sitos, realizando o espetáculo inédito de poupança em período de crise” (Caixa econômica, 1934, p. 15). 30 O movimento das retiradas mostrou-se bastante próximo das entradas de novos depósitos, apresentando uma correlação muito próxima de um (0.998).

GR

ÁFI

CO

6. D

EPÓ

SIT

OS

NA

S C

AIX

AS

EC

ON

ÔM

ICA

S FE

DE

RA

IS

(EM

PE

RC

EN

TAG

EM

DE

PIB

E T

OTA

L D

E D

EPÓ

SIT

OS)

Font

e: I

nstit

uto

Bra

sile

iro

de G

eogr

afia

e E

stat

ístic

a (1

941,

pp.

138

9-13

91 e

135

5).

GR

ÁFI

CO

7. S

AL

DO

LÍQ

UID

O D

OS

DE

PÓSI

TO

S E

RE

TIR

AD

AS

AN

UA

IS

EM

RE

LA

ÇÃ

O A

O E

STO

QU

E (E

M P

ER

CE

NTA

GE

M, 1

912-

1940

)

Font

es:

Dir

etor

ia d

e E

stat

ístic

a E

conô

mic

a e

Fina

ncei

ra d

o Te

sour

o N

acio

nal

(193

8).

Qua

dros

esta

tístic

os:

resu

mo

anua

l de

esta

tístic

as e

conô

mic

as

1930

-193

7, n

úm. 2

(p. 6

3). R

io d

e Ja

neir

o: T

ypog

raph

ia d

a D

irec

tori

a de

Est

atís

tica

Eco

nôm

ica

e Fi

nanc

eira

. Rec

uper

ado

de w

ww

.mem

oria

.nem

esis

.or

g.br

e S

ervi

ço d

e E

stat

ístic

a E

conô

mic

a e

Fina

ncei

ra d

o Te

sour

o N

acio

nal (

1940

, p. 7

2).


caixaS eStaduaiS

Como notamos anteriormente, havia uma grande concentração dos depó-sitos em termos regionais no Distrito Federal e em segunda monta no es-tado de São Paulo no início do século xx. Estas duas áreas representavam pouco menos de três quartos dos depósitos das caixas em todo o período, perfazendo 73.4% em 1928 e 72.3% em 1940.31 Além das caixas federais, existiam nessa época as caixas estaduais em Minas Gerais (desde 1896) e São Paulo (desde 1916), que também recolhiam depósitos populares.32

A caixa mineira foi instituída pela Lei estadual 210 de 19 de setem-bro de 1896, regulamentada pelo decreto 1.030 de 28 de abril de 1897. O governo do estado garantia os depósitos e recebia dinheiro a prêmio. Posteriormente, em face às dificuldades de manter a instituição, o governo estadual suspendeu os novos depósitos, encaminhando para a caixa fede-ral, como relata o presidente da província em 1924: “Sustou em todas as agências a emissão de novas cadernetas [...] Suspendeu os depósitos sub-sequentes em todos os lugares onde existem bancos ou agências bancárias e pretende liquidar gradualmente as agências destas localidades, onde os portadores de cadernetas poderão facilmente transferir seus depósitos para a Caixa Econômica Federal ou para os bancos” (Moura, 1924, p. 45). A responsabilidade do estado nesse momento era estimada em mais de de-zesseis mil contos de réis. A Caixa Econômica Estadual de Minas Gerais mostrou um volume de depósitos bastante menor do que a federal do seu estado, bem como em relação à paulista que era cerca de cinquenta vezes maior em 1940.

A caixa paulista foi criada pela lei estadual 1.544 de 30 de dezembro de 1916, regulamentada pelo decreto 2.765 de 19 de janeiro de 1917.33 De acordo com a lei, a caixa foi “destinada a receber pequenos depósitos e a estimular a formação de pecúlios populares”. O estado de São Paulo responsabilizou-se pelos depósitos, que rendiam juros não excedentes a 5% ao ano, capitalizados semestralmente. Por fim, elas foram autorizadas desde o início a realizarem empréstimos de preferência na sua respectiva localidade.

A caixa paulista apresentou um crescimento bastante acelerado nos seus primeiros anos de atuação, já rivalizando com a federal no estado no meado da década de 1920, como mostramos o gráfico 8 abaixo. Se no início da década de 1920 a estadual mantinha valores reais ainda inferiores

31 Serviço de Estatística Econômica e Financeira do Tesouro Nacional (1940, p. 68 e 1945, p. 72). 32 Além das caixas federais e estaduais, existiam diversas caixas privadas, das quais algumas populares e na forma de cooperativas. 33 Recuperado de http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1916/lei-1544-30.12.1916.html e http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1917/decreto-2765-19.01.1917.html.


aos da federal, na segunda metade da década ela acumulou depósitos em montantes semelhantes, chegando a superar a do governo federal ao final da década. A maior interiorização das agências da caixa estadual facilitou a captação de depósitos relativamente a federal. A partir de sua regula-mentação, ela criou suas primeiras agências em 1917, mas já ao final do ano seguinte detinha 56 agências (Contel, 2006). O Anuário do estado referente ao ano de 1939 apresentava depósitos em 198 municípios.34 Esta rápida expansão facilitou a captação de novos depósitos.

Na década de 1930, as duas caixas apresentaram tendência de cresci-mento dos depósitos, principalmente a estadual ao final da década. Apesar de pequenas diferenças dos movimentos de depósitos das duas caixas pau-listas, elas apresentaram forte correlação dos seus valores depositados no período de comparação (0.984).35 Destarte, a soma dos depósitos das duas caixas paulistas representou quase a metade do total das caixas federais e a estadual de São Paulo em 1929, mas superavam a metade em 1940 (50.7 per cento).

Em 1938, a caixa paulista detinha quase 100 000 cadernetas de depó-sitos, mantendo um valor médio bem superior ao da Federal, 7.4 contos de réis contra 1.7 respectivamente. Como ocorreu com as caixas federais que passaram a realizar empréstimos, a Caixa Estadual Paulista emprestou recursos ao Banco Hipotecário (depois ao Banespa) a partir de 1918 para o crédito agrícola (Costa, 2004). Segundo o balanço da caixa estadual da capital de São Paulo de 1939, quase a metade do ativo encontrava-se depo-sitado em conta corrente no Banespa (49.5%), superando o no Tesouro do estado (31.8%) e em empréstimos e penhores (16.0%, ver Folha da Manhã, ano xV, n. 4.891, 17 de fevereiro de 1940, p. 7). Dessa forma, verificamos a importância da Caixa Econômica Estadual de São Paulo para a captação de depósitos depois da primeira grande guerra.36

No gráfico 9, fornecemos a soma dos depósitos das duas caixas econô-micas paulistas em relação à população do estado. Notamos, para o início

34 Departamento Estadual de Estatística, 1940, pp. 835-840. 35 O relato do impacto da crise de 1929 sobre a Caixa Econômica Estadual de Campinas revelou-se similar a de outras localidades: “Nos últimos meses desse mesmo ano, ao rebentar a crise, houve uma corrida, provocada por notícias alarmantes sobre o estado precário do Tesouro do estado. No mês de novembro, as retiradas ascenderam a 1 523 [contos] tendo alcançado só no dia quatro a soma de 431 [contos]. A caixa, porém, atendeu a todos os depositantes e, readquirin-do-lhes novamente confiança, pode em pouco tempo retomar a sua vida normal” (Estado de São Paulo, lVii, n. 18935, 13 de setembro de 1931, p. 6). 36 Não obstante a confiança da população na instituição, verificamos a ocorrência de algumas fraudes. A mudança do sistema de controle da caixa para mecânico foi visto como permitindo maior controle dos depósitos, apontando desfalques, como informa o artigo O desfalque na Caixa Econômica Estadual (cf. Estado de São Paulo, lix, n. 19444, 18 de março de 1933, p. 9). Mais tarde, houve estelionato para sacar depósitos de menores (ver Estado de São Paulo, lxV, n. 21426, 5 de agosto de 1939, p. 7).

GR

ÁFI

CO

8. D

EPÓ

SIT

OS

RE

AIS

NA

S C

AIX

AS

EC

ON

ÔM

ICA

S PA

UL

ISTA

S (1

921-

1940

, CO

NT

OS

DE

RÉ

IS D

E 1

929)

Font

es: C

aixa

eco

nôm

ica.

(191

6). R

elat

ório

da

Cai

xa E

conô

mic

a Fe

dera

l de

São

Paul

o de

191

5. (C

ader

neta

s e

depó

sito

s do

Rel

atór

io d

a C

aixa

Eco

-nô

mic

a de

São

Pau

lo, p

. N.6

). Sã

o Pa

ulo,

Bra

sil;

Inst

ituto

Bra

sile

iro

de G

eogr

afia

e E

stat

ístic

a (1

941,

pp.

138

9-13

91).

Popu

laçã

o do

s C

enso

s de

187

2,

1920

(aju

stad

a pe

la á

rea

do m

unic

ípio

) e 1

940,

inte

rpol

ados

(Ins

titut

o B

rasi

leir

o de

Geo

graf

ia e

Est

atís

tica,

201

1, p

. 71)

, e D

epar

tam

ento

Est

adua

l de

Est

atís

tica

(mai

o, 1

939)

. Bol

etim

do

Dep

arta

men

to E

stadu

al d

e E

statís

tica

n. 5

, p. 2

68; D

epar

tam

ento

Est

adua

l de

Est

atís

tica.

(194

0). A

nuár

io E

statís

tico

do

Esta

do d

e Sã

o Pa

ulo

ano

1939

(p. 8

40).

São

Paul

o: T

ipog

rafia

Bra

sil,

e D

epar

tam

ento

Est

adua

l de

Est

atís

tica.

(194

1). A

nuár

io E

statís

tico

do E

stado

de

São

Paul

o an

o 19

40 (p

. 468

). Sã

o Pa

ulo:

Grá

fica

Siqu

eira

.


da década de 1920, uma pequena retração dos depósitos por 1 000 habi-tantes, mantendo-se inferior a 50 contos. Entretanto, já a partir de 1926 houve um avanço contínuo da razão, mesmo durante a crise de 1929. Ao final do período, os depósitos chegaram a mais de 200 contos por 1 000 habitantes do estado.

Estas evidências para as caixas paulistas salientam o alargamento das transações e a grande difusão delas para a capitação de depósitos. Nos anos 1930, essas instituições em conjunto com as demais caixas públicas dos outros estados, assumiram papel fundamental para o provimento de recursos para diversas finalidades, financiando imóveis urbanos, compa-nhias anônimas e até o próprio governo.

conSideraçõeS finaiS

Ao acompanharmos os depósitos populares captados pelas caixas econô-micas públicas verificamos sua grande difusão em relação aos habitantes das duas capitais do país, embora a população rural e das menores cidades estivessem distantes das agências destas instituições. Desde o início das operações das caixas, o número de cadernetas e os depósitos reais cresce-ram a taxas superiores à da população, salientando a presença até de es-cravos, além de menores e principalmente mulheres. Quando analisamos relativamente às demais instituições bancárias, verificamos a elevada im-portância das caixas. Apesar da grande expansão do Banco do Brasil após a primeira grande guerra, as caixas mantiveram depósitos de pelo menos a metade do total do banco, crescendo nos anos 1930. Se compararmos com o movimento bancário e mesmo o pib, verificamos uma menor participa-ção nos anos 1920, refletindo a dificuldade relativa de captação das caixas nesse período. Contudo, elas apresentaram um forte crescimento relativo aos bancos e pib nos anos 1930, salientando a demanda por depósitos em instituições públicas durante a grande crise dessa época. Por fim, a Caixa Estadual Paulista cresceu rapidamente após a primeira grande guerra, cap-tando depósitos de forma ampla pelo estado, mesmo nos anos 1920. Nos anos 1930, as caixas diversificaram a sua atuação, realizando emprésti-mos de diferentes tipos, especialmente imobiliários urbanos. Mesmo após a reorganização elas continuaram como um importante instrumento de captação de depósitos populares, como na origem da instituição em 1861.

GR

ÁFI

CO

9. D

EPÓ

SIT

OS

RE

AIS

PO

R 1

000

HA

BIT

AN

TE

S D

AS

CA

IXA

S E

CO

NÔ

MIC

AS

PAU

LIS

TAS

(1

921-

1940

, EM

CO

NT

OS

DE

RE

IS D

E 1

929)

Font

es: C

aixa

eco

nôm

ica.

(191

6). R

elat

ório

da

Cai

xa E

conô

mic

a Fe

dera

l de

São

Paul

o de

191

5. (C

ader

neta

s e

depó

sito

s do

Rel

atór

io d

a C

aixa

Eco

-nô

mic

a de

São

Pau

lo, p

. N.6

). Sã

o Pa

ulo,

Bra

sil;

Inst

ituto

Bra

sile

iro

de G

eogr

afia

e E

stat

ístic

a (1

941,

pp.

138

9-13

91).

Popu

laçã

o do

s C

enso

s de

187

2,

1920

(aju

stad

a pe

la á

rea

do m

unic

ípio

) e 1

940,

inte

rpol

ados

(Ins

titut

o B

rasi

leir

o de

Geo

graf

ia e

Est

atís

tica,

201

1, p

. 71)

, e D

epar

tam

ento

Est

adua

l de

Est

atís

tica

(mai

o, 1

939)

. Bol

etim

do

Dep

arta

men

to E

stadu

al d

e E

statís

tica

n. 5

, p. 2

68; D

epar

tam

ento

Est

adua

l de

Est

atís

tica.

(194

0). A

nuár

io E

statís

tico

do

Esta

do d

e Sã

o Pa

ulo

ano

1939

(p. 8

40).

São

Paul

o: T

ipog

rafia

Bra

sil,

e D

epar

tam

ento

Est

adua

l de

Est

atís

tica.

(194

1). A

nuár

io E

statís

tico

do E

stado

de

São

Paul

o an

o 19

40 (p

. 468

). Sã

o Pa

ulo:

Grá

fica

Siqu

eira

.


referenciaS

adamS, a. a. (2005). The Caixa econômica: A social and economic history of popular banking in Rio de Janeiro, 1821-1929 (Tese doctoral). Harvard University, Massachusetts.

banco do braSil (2010). História do Banco do Brasil. Belo Horizonte: Del Rey-Fazenda Comunicação & Marketing.

braSil. miniStério da fazenda (anos 1884, 1890, 1895, 1906, 1909, 1914, 1916). Re-latórios do Ministério da Fazenda. Rio de Janeiro: Typographia/Imprensa Nacional. Recuperado de http://www.crl.edu/brazil/ministerial/fazenda

bueno, e. (2002). Caixa: uma historia brasileira. Porto Alegre: Buenas Ideias Metalivros.caixa econômica (1902). Relatório da Caixa Econômica e Monte Socorro da capital Federal

do ano de 1901. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.catão, a. V. (outubro-dezembro, 1992). A new wholesale price index for Brazil during

the period 1870-1913. Revista Brasileira de Economia, 46(4), 519-533.contel, f. b. (2006). Território e finanças: técnicas, normas e topologias bancárias no Brasil

(Tese doctoral). Universidade de São Paulo, São Paulo.coSta, f. n. (2012). Brasil dos bancos. São Paulo: Universidade do São Paulo.coSta, Y. C. (2004). Bancos oficiais no Brasil: origens e aspectos do seu desenvolvimento. Bra-

sília: Banco Central do Brasil.diretoria de eStatíStica econômica e financeira do teSouro nacional (1938).

Quadros estatísticos: resumo anual de estatísticas econômicas 1930-1937, núm. 2. Rio de Janeiro: Typographia da Directoria de Estatística Econômica e Financeira. Recu-perado de www.memoria.nemesis.org.br

eStado de São paulo (13 de setembro, 1931). Campinas. Economia campineira: a si-tuação das populações pobres do município vista através do movimento da Caixa Econômica Estadual. Estado de São Paulo. 50 (18935), 6.

frank, Z. L. (2004). Dutra’s world: Wealth and family in nineteenth-century Rio de Janeiro. Albuquerque: University of New Mexico Press.

goldSmith, R. W. (1986). Brasil 1850-1984: desenvolvimento financeiro sob um século de inflação. São Paulo: Haper & Row.

grinberg, k. (2011). A poupança: alternativas para a compra da alforria no Brasil (2a. metade do século xix). Revista de Indias, 71(251), 137-158.

haddad, C. L. S. (1978). Crescimento do produto real no Brasil, 1900-1947. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.

inStituto braSileiro de geografia e eStatíStica [ibge] (1941). Anuário Estatístico do Brasil 1939-1940. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

inStituto braSileiro de geografia e eStatíStica [ibge] (2011). Sinopse do Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

MarqueS, T. C. N. e Melo, H. P. (maio-agosto, 2008). Os direitos civis das mulheres casadas no Brasil entre 1916 e 1962. Ou como são feitas as leis. Estudos Feministas, 16(2), 463-488.


Mello, Z. M. C. (1985). Metamorfoses da riqueza: São Paulo, 1845-1895. São Paulo: Hu-citec/Prefeitura do Município de São Paulo.

Moura, R. S. (1924). Mensagem ao Congresso Mineiro de 14 de julho de 1924. Belo Horizon-te: Estado de Minas Gerais.

Müller, E. (s. f.). Moedas e bancos no Rio de Janeiro no século xix: versão preliminar. Rio de Janeiro: Universidad Federal de Rio de Janeiro. Recuperado de http://www.ie.ufrj.br/eventos/seminarios/pesquisa/moedas_e_bancos_no_rio_de_janeiro_no_seculo_xix.pdf

Peláez, C. M. e Suzigan, W. (1981). História monetária do Brasil: análise da política, com-portamento e instituições monetárias. Brasília: Universidade de Brasília.

Sáez, H. E. L. (2010). O 11 de setembro de 1864 da praça carioca: a crise do Souto e a transformação da política econômica brasileira. Anais do XXX Encontro da APHES. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa. Recuperado de http://www.iseg.utl.pt/aphes30/docs/progdocs/HERNAN%20SAEZ.pdf

SaraiVa, L. F. (2002). Estrutura de terras e transição do trabalho em um grande centro cafeeiro, Juiz de Fora 1870-1900. X Seminário sobre a Economia Mineira. Belo Hori-zonte: Universidade Federal de Minas Gerais.

Seckler, J. (1888). Almanach da província de São Paulo: administrativo, commercial e indus-trial para 1888. São Paulo: Jorge Seckler & Co.

SerViço de eStatíStica econômica e financeira do teSouro nacional (1940). Quadros Estatísticos: resumo anual de estatísticas econômicas 1930-1937 N. 3. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. Recuperado de www.memoria.nemesis.org.br

SerViço de eStatíStica econômica e financeira do teSouro nacional (1945). Quadros Estatísticos: Brasil 1933-1942. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. Recupe-rado de www.memoria.nemesis.org.br


EL FERROCARRIL GRAN OESTE ARGENTINO Y EL BANCO INGLÉS DE INVERSIÓN

J. S. MORGAN & CO., 1887-1897

THE ARGENTINE GREAT WESTERN RAILWAY AND THE BANK J. S. MORGAN & CO., 1887-1897

Mario Justo LópezUniversidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina <[email protected]>

Resumen. El banco de inversión J. S. Morgan & Co. tomó el control del Ferrocarril Gran Oeste Argentino para proteger el valor de los títulos de dicha compañía que conservaba en su poder. La crisis de 1890 había puesto en peligro la supervivencia de la empresa de transportes. La consulta de los documentos que se conservan en el archivo del banco, que se encuentra en la Guildhall Library de Londres, permite reconstruir la forma en que ejerció ese control, los pasos seguidos para lograr que la empresa superara los efectos de la crisis y las ventajas que obtuvo respecto de otros inversores por su posición dominante.

Palabras clave: ferrocarriles; infraestructura del transporte; bancos de inversión.

Abstract. The merchant bank J. S. Morgan & Co. took control of the Argentine Great Western Railway Company to safeguard the shares and debentures value that the bank had purchased before the Baring Crisis of 1890. The research on the files of the Morgan Bank Archive which is kept in the Guildhall Library, London, leads to the reconstruction of the way followed by the bank to take control and get the railway recovered. Also, the documents show how the merchant bank J. S. Morgan & Co. was put in a more favourable position in relation to other investors in the railway company.

Key words: railways; transport infrastructure; investment Banks.

Fecha de recepción: septiembre de 2013. Fecha de aceptación: noviembre de 2013.

introducción

En este trabajo nos proponemos describir la formación y la actividad en los primeros años de una empresa de capitales británicos desti-nada a explotar un ferrocarril en Argentina. Se trata del caso del

ferrocarril Gran Oeste Argentino (goa), desde su creación en 1887 hasta una época cercana a fines del siglo xix. Durante este tiempo la empresa


fue controlada, en mayor o menor medida, por el banco de inversión lon-dinense J. S. Morgan & Co. La reconstrucción de esa vinculación entre una empresa de servicios y una entidad financiera se hará con el mayor detalle posible, a fin de incorporar una gran cantidad de datos y evitar, de esa manera, que las conclusiones a las que llegamos se conviertan en meras afirmaciones insostenibles.

En el relato de los hechos será nuestra pretensión mostrar la forma y las circunstancias en que el banco tomó el control del ferrocarril, cómo lo ejerció durante unos diez años para después desinteresarse de él. En ese relato nos veremos obligados a hacer referencia a la actuación de algunas otras empresas ferroviarias y constructoras de ferrocarriles, a decisiones tomadas por el gobierno argentino, a mencionar los efectos de la grave crisis económica que afectó a Argentina en 1890 y años posteriores y a en-trar a considerar, brevemente, la cuestión de la aplicación del mecanismo de las garantías de beneficio mínimo que funcionó hasta esa crisis como incentivo para la inversión de capitales en la actividad ferroviaria. En la parte final del trabajo se incluirán algunas conclusiones extraídas del caso descrito y su comparación con otros casos de formación y actuación de empresas ferroviarias de capital británico.

En nuestra opinión, el caso del Gran Oeste Argentino y su relación con el banco J. S. Morgan & Co. parece, en principio, una excepción. Es difícil, si no imposible, encontrar otra compañía ferroviaria de capital bri-tánico en Argentina en la que el agente financiero que participó de su for-mación haya ejercido posterior control en su manejo. La excepcionalidad, no obstante, si se profundiza en ella y se presta atención a las razones por las cuales el agente financiero mantuvo sometida la voluntad de la empre-sa de servicios, muestra que los parámetros seguidos al volcar capitales a la actividad ferroviaria no fueron, en definitiva, muy diferentes a los de los otros casos. Sobre todo ello se reflexionará en las conclusiones. Estas tam-bién incluirán un intento de sintetizar el procedimiento de actuación de los bancos de inversión en la creación de empresas ferroviarias y determinar cuáles eran sus objetivos.

En la investigación que precedió a la redacción de este trabajo la aten-ción fue puesta, en especial, en el archivo de la casa bancaria J. S. Morgan & Co. que se encuentra en la Biblioteca Guildhall de Londres. Además se consultaron otras fuentes primarias en archivos de Londres y de Bue-nos Aires y se buscó información en temas no centrales en la bibliografía especializada.

146 Mario Justo López

la Venta del ferrocarril andino y la creación del gran oeSte argentino

La empresa Gran Oeste Argentino fue creada para adquirir una línea fe-rroviaria ya existente. Corresponde, entonces, ocuparse de ella para en-tender el surgimiento de la nueva empresa. Entre 1881 y 1885 el gobierno federal argentino había construido por administración las secciones entre Villa Mercedes (provincia de San Luis), Mendoza (capital de la provincia del mismo nombre) y San Juan (también capital de la provincia homó-nima), como prolongaciones del denominado Ferrocarril Andino, que se desprendía como un ramal del Ferrocarril Central Argentino en la esta-ción Villa María (provincia de Córdoba) y de allí se extendía a Río Cuarto y Villa Mercedes. En 1885 habían sido habilitados los servicios hasta Men-doza y San Juan (véase mapa 1). Cuando Miguel Juárez Celman asumió la presidencia de Argentina en octubre de 1886, inmediatamente puso de manifiesto su intención de vender los ferrocarriles de propiedad del Esta-do federal y la primera venta que llevó a cabo fue la de las secciones entre Villa Mercedes y San Juan. Ello fue debido a que era la venta que requería menos trámites previos. Invocando una ley anterior y un contrato de con-cesión de 1878, el presidente consideró que no necesitaba autorización del Congreso de diputados y senadores para ceder esa línea a sus concesiona-rios originales, anteriores a la construcción estatal, los hermanos chilenos Juan Eduardo y Mateo Clark, debiendo estos entregar al Estado a cambio todo lo que este había gastado para erigir lo que se cedía.

El contrato de venta con los hermanos Clark se firmó el 21 de enero de 1887. El precio se fijó en 12 312 000 pesos, debiendo abonarse 2 000 000 de pesos al ser aprobado el contrato por el gobierno y, luego, cada 30 días 1 000 000 de pesos hasta completar el total.1 Los Clark eran típicos inter-mediarios de la época: en 1874 habían firmado un contrato de concesión con el gobierno argentino para construir un ferrocarril de Buenos Aires a Chile, pero en 1878, mediante nuevo contrato, se obligaron a construir primero la sección entre Buenos Aires y Villa Mercedes, San Luis, permi-tiendo que el Estado iniciara la construcción del resto (López, 1991). Con conexiones locales, negociaban y discutían con los sucesivos gobiernos, de los que obtenían concesiones, y luego llevaban el negocio a Londres, donde la experiencia indicaba que había capitalistas dispuestos a invertir en Argentina. Los Clark también eran empresarios constructores. No se limitaban a ceder la concesión por un precio a la compañía que se consti-

1 Las monedas se citan de acuerdo con los documentos de los que proviene la información. Téngase en cuenta que, aproximadamente, cinco pesos oro sellado (pesos) eran equivalentes a una libra esterlina y que una libra de fines del siglo xix representa, al menos, 100 libras de 2013.

MA

PA 1

. FE

RR

OC

AR

RIL

ES

PAC

ÍFIC

O, G

RA

N O

EST

E A

RG

EN

TIN

O Y

TR

ASA

ND

INO

EN

189

0

Not

a: lo

s lím

ites

de p

rovi

ncia

s so

n lo

s ac

tual

es.

Fuen

te: e

labo

rado

por

Mig

uel Á

ngel

Pig

nata

ro, i

nédi

to.


tuía al efecto en Londres sino que, además, contrataban con ella las obras necesarias para poner en marcha el proyecto. Los hermanos se habían dividido el trabajo al respecto. Mateo residía en Londres y negociaba con los capitalistas. Juan Eduardo se quedaba en Buenos Aires y se ocupaba de organizar los trabajos, subcontratando, y de tratar con las autoridades. En 1883 habían puesto en marcha una empresa, el Ferrocarril Buenos Ai-res al Pacífico (fbap), que cubría el trayecto entre Mercedes (provincia de Buenos Aires) y Villa Mercedes (San Luis), inaugurado en forma íntegra a fines de 1886. Para entonces los Clark, por su forma poco clara de actuar, habían entrado en conflicto con la compañía del fbap y habían compro-metido todas las relaciones forjadas en Londres hasta el momento. Es por esa razón que, por la decisión del presidente Juárez Celman, al presen-társeles la oportunidad de la compra de una parte del Ferrocarril Andino no pudieron recurrir a las vinculaciones hechas con anterioridad ni a los agentes financieros que ayudaron a crear el fbap, fundamentalmente la casa bancaria de Londres C. de Murrieta.

Sin embargo, en la búsqueda de nuevos contactos, los Clark encontra-ron pronto ayuda en la casa comercial de Buenos Aires Samuel B. Hale y Cía. y, en particular, en uno de sus miembros, Charles Henry Sanford, partícipe imprescindible por su relación con el gobierno argentino y su implicancia en los hechos que llevaron a la crisis de 1890 (López, 2000), quien era su representante en la capital británica. Fue por medio de este último que la casa bancaria J. S. Morgan & Co. pudo ser interesada en el asunto. Desde comienzos de 1884 Sanford había iniciado sus contactos con este banco.2 Con la intervención de J. S. Morgan & Co., el negocio de los Clark se encarriló y estos pudieron cumplir con el contrato que ya habían firmado con el gobierno y pagar, en menos de un año, la impor-tante suma de dinero a la que se habían obligado. Para lograrlo debieron cumplir tres pasos en los que fue fundamental la presencia de J. S. Morgan & Co.: a) la constitución en Londres de una nueva empresa, que se deno-minó Argentine Great Western Railway Co. Ltd. (Ferrocarril Gran Oeste Argentino); b) la cesión del contrato de compra del Ferrocarril Andino por parte de los concesionarios a la nueva empresa, y c) la conformación del sindicato de bancos para obtener el capital necesario negociando los títulos de la nueva compañía y de esa manera pagar el precio al gobierno y poner en marcha a la empresa.

2 (9 de febrero de 1884). Morgan Grenfell Papers (Correspondencia de J. S. Morgan & Co. con Sanford y Hale, leg. 21760.H.C.4.1.4). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. Del mismo archivo, consultar la correspondencia del 14 de junio de 1884, 16 de marzo de 1885 y 20 de mayo de 1886.


El primer paso se concretó, formalmente el 29 de abril de 1887, al registrarse en la capital del Reino Unido la Argentine Great Western Rail-way Co. Ltd. con un capital autorizado de 1 000 000 de libras esterlinas en 50 000 acciones de 20 libras cada una y con autorización para emi-tir debentures3 hasta por 2 370 000 libras. Su objeto era adquirir de Juan Eduardo Clark o Mateo Clark el ferrocarril de Villa Mercedes a San Juan construido por el gobierno argentino. El directorio quedó integrado por George Russell, Mateo Clark, George Cooper, C. N. Lawrence, Frederick William Lawrence, miembro de J. S. Morgan & Co., O. C. Waterfield y E. Zimmermann. Los abogados de la nueva compañía fueron, desde el inicio, Norton, Rose y Norton.4

El segundo paso se llevó a cabo mediante el contrato del 26 de mayo de 1887, entre la compañía recién constituida y los hermanos Clark. Estos transfirieron la línea recientemente adquirida al gobierno y se obligaron a dejar un capital de trabajo de 25 000 libras. También contrataron con la nueva empresa las reparaciones y mejoras cuya necesidad surgía de informes anteriores y la construcción de una nueva estación en Villa Mer-cedes, obras cuyo valor se fijaba en 100 000 libras, y en pago de todo ello la compañía adquirente entregaba 3 370 000 libras de la siguiente forma: 500 000 libras en acciones preferidas con derecho a un dividendo de 5% acumulativo; 500 000 libras en acciones ordinarias, y 2 370 000 libras en bonos con interés de 5% anual. Las acciones preferidas y los bonos serían entregados a medida que fueran venciendo los plazos de pago acordados por el gobierno argentino y las acciones ordinarias una vez que el gobier-no argentino aprobara la transferencia. Los títulos podían ser vendidos a solicitud de los Clark, pedido que necesariamente iba a ocurrir. Los bonos podían negociarse por un precio no inferior a 90% y las preferidas no menor a 80%. La compañía designaba al ingeniero William Roberts para certificar las obras valuadas en 100 000 libras.5 Hasta aquí, y si todo salía como estaba planeado, la operación constituía un buen negocio para los intermediarios. El precio comprometido con el gobierno, de 12 312 000 pesos, equivalía a 2 460 000 libras, aproximadamente. Lo obtenido por la venta al Gran Oeste Argentino podía llegar a 2 408 000 libras en efectivo (vendiendo las acciones preferidas a 80%, los debentures a 90%, gastando 100 000 libras en las obras y reservando 25 000 libras para capital de tra-bajo) y 500 000 libras en acciones ordinarias. El valor de estas era incierto, pero, conservándolas en su poder y comenzando a funcionar la empresa,

3 Debentures era el nombre que se daba entonces a los bonos. 4 (1887). Public Record Office (Dissolved Companies, compañía núm. 24345, Gran Oeste Argentino, caja 36158). Board of Trade 31. Londres, Inglaterra. 5 (1887). Public Record Office (Dissolved Companies, compañía núm. 24345, Gran Oeste Argentino, caja 36158). Board of Trade 31. Londres, Inglaterra.


podía obtenerse por ellas entre 300 000 y 350 000 libras. Sin embargo, las cosas no salieron como los Clark habían previsto.

J. S. Morgan & Co. había intervenido en el primer paso, tanto es así que en el directorio ocupaba un lugar el socio menor de la firma Frederick William Lawrence, socio menor (junior working partner) y su presidente era George Russell, también vinculado a la casa, según Burk (1989). Pero donde el banco desarrolló ampliamente sus aptitudes fue en la colocación de los títulos emitidos por la nueva compañía ferroviaria en el mercado de Londres, a fin de obtener el efectivo con el cual pagar al gobierno ar-gentino. Para ello, como era usual, J. S. Morgan & Co. formó un sindicato y suscribió diversos convenios. En el sindicato ingresaron los bancos de inversión más importantes, obligándose cada uno a suscribir determinada cantidad de títulos. El mayor compromiso fue el del propio J. S. Morgan & Co. y el de Baring Brothers & Co., ambos con 500 000 libras; luego los seguía C. J. Hambro & Co. con 400 000 libras; las casas vinculadas a J. S. Morgan & Co. (Drexel Morgan de Nueva York y Drexel Harjes de Pa-rís) asumieron la colocación de otras 400 000 libras; el influyente Charles Henry Sanford se anotó con 30 000 libras, Anthony Gibbs & Sons. se obli-gó por 100 000 libras, el banco Société Genérale de París hizo lo mismo por 50 000 libras, Greenwood & Co. (la firma de Alexander Henderson) también decidió comprometerse por 50 000 libras.6 El sindicato convino con los Clark en adquirir los debentures a 90% de su valor nominal y las ac-ciones preferidas a 85% del mismo, pero logró colocarlos en el mercado a 96.5 y 100%, respectivamente. Por esa sola operación obtuvo una ganancia de aproximadamente 180 000 libras que se repartió entre sus miembros en proporción al compromiso asumido. J. S. Morgan & Co. y sus asociados se llevaron 64 150 libras por su parte en el sindicato, además de la comisión de 1% sobre el valor nominal de los valores, es decir 28 700 libras.7 Es cierto que durante un tiempo, aunque breve, los miembros del sindicato tuvieron que hacer un adelanto de dinero a los Clark mientras iban perci-biendo las cuotas de los suscriptores finales de los títulos que terminaron de ser pagadas el 1 de septiembre de 1887.8

6 Morgan Grenfell Papers (leg. 21775, vol. 4, f. 239). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. 7 Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 4, fs. 100 y 105). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. Véase también (26 de mayo de 1887). Prospectus Argentine Western Railway original en la Guildhall Library. Hay una fotocopia en la Fundación Museo Ferroviario, Buenos Aires. Los prospecti eran folletos que se hacían circular para información de los posibles inversores cuando se colocaban títulos en el mercado de Londres. 8 Es interesante observar cómo en la instalación de una nueva empresa necesariamente se producía sobrecapitalización. En este caso ni el valor representado por las acciones ordinarias, que eran la comisión del intermediario, ni 100% de los demás títulos, que eran negociados muy bajo a la par por los bancos de inversión, se traducían en inversiones reales. A pesar de ello, por lo menos hasta 1906, el gobierno argentino siguió insistiendo en su política de atraer nuevos in-


J. S. Morgan & Co. estaba haciendo un buen negocio. Había conver-tido en realidad la operación iniciada por los Clark y estaban obteniendo importantes ganancias. Además, el 30 de junio de 1887 había suscrito con la nueva compañía del Gran Oeste Argentino un contrato por el cual el banco se convertía en su agente financiero. Por el pago de dividendos e intereses a los tenedores de títulos actuales o futuros se fijaba una comisión de 1%; para el rescate de títulos, si este se llevaba a cabo, la comisión sería de 0.5 por ciento.9

Sin embargo, como era usual en la época y como también resultaba de la propia esencia del banco de inversión, J. S. Morgan & Co. y sus allega-dos no se conformaron con la ganancia proveniente del sindicato y de las comisiones, sino que buscaron beneficios adicionales en la especulación con la suba de los títulos de la nueva empresa. En líneas generales, dicha especulación se llevó a cabo de la siguiente forma: se compraron debentures con la finalidad de venderlos a corto plazo, a lo sumo al año siguiente; se compraron acciones preferidas para retenerlas en cartera un tiempo ma-yor; se compraron, por último, 5 000 acciones ordinarias a los Clark por un precio muy bajo, probablemente porque los chilenos necesitaban efec-tivo. Los debentures tenían pactada una tasa de interés de 5% anual. Dada la tasa vigente en el mercado de Londres, que era inferior, si la empresa se afirmaba, a corto plazo los debentures debían subir algunos puntos, por encima de la par. En consecuencia, lo recomendable era esperar un corto tiempo y desprenderse de estos títulos. Las acciones preferidas, en cambio, para que su dividendo privilegiado se abonara, necesitaban que la línea férrea produjera utilidades, lo que requería de más tiempo para saberlo. Pero si ello ocurría los dividendos garantizados también eran superiores al interés de plaza y así llevarían el precio de cotización más arriba que la par. Por otra parte, las acciones daban derecho a participar en el manejo de la empresa y eso podía ser útil para, llegado el caso, proteger la propia inversión. La inversión en acciones ordinarias era altamente especulativa, pues para que las mismas percibieran dividendos saldados, los de las pre-feridas, era necesario una empresa en pleno funcionamiento y altamente rentable. Lograr eso podía llevar algunos años, como lo demostraba la ex-periencia. En concreto, J. S. Morgan & Co. adquirió unas 150 000 libras en debentures en junio de 1887 y se desprendió de una gran parte entre junio y noviembre de 1888; pero no obtuvo una gran ganancia pues los precios de venta fueron de 95 a 98 libras. Drexel & Co. adquirió 25 000 libras con

versores para hacer competencia a las empresas establecidas cuando estas, que no necesitaban ni de agentes financieros ni de intermediarios, podían invertir en forma más eficiente. 9 (30 de junio de 1887). Morgan Grenfell Papers (Contrato, leg. 21760.H.C.4.1.7). Guildhall Library, Londres, Inglaterra.


el mismo tipo de título en julio de 1887 y vendió la mayor parte en agosto de 1888. Lo mismo hizo el socio Robert Gordon, y un hermano del otro socio w. h. Burns.10 Respecto de las acciones preferidas, desde un primer momento todo el grupo –J. S. Morgan & Co., las casas allegadas y algunos socios– acumuló 8 000 acciones, por un valor nominal de 160 000 libras y, a pesar de algunas compraventas, mantuvieron esa cantidad en cartera. Lo mismo ocurrió con las ordinarias.11

J. S. morgan & co. participa de la dirección del gran oeSte argentino

Desde su fundación, J. S. Morgan & Co. tuvo una importante presencia en la conducción del Gran Oeste Argentino. Prueba de ello es una copiosa correspondencia entre el banco londinense, sus representantes en Buenos Aires y miembros del gobierno argentino, de la que resulta que, en mu-chos casos, el banco desplazaba al mismo directorio en la toma de decisio-nes. Así, en carta del 2 de diciembre de 1887 dirigida a Nicholas Bouwer, director local del Gran Oeste Argentino, J. S. Morgan & Co. se refiere a este como “nuestra compañía”.12 Los temas en los que la voluntad del agente financiero se convertía en decisión de la empresa fueron amplios, desde el conflicto inevitable con los hermanos Clark, tanto como empre-sarios de las obras de mejora como constructores del vecino Trasandino, la competencia con el vecino fbap, hasta el conflicto con el gobierno por el pago de la garantía y la necesidad de mejorar el servicio.

Los hermanos Clark mantuvieron por un tiempo una estrecha relación con el Gran Oeste Argentino. Habían conservado una gran cantidad de acciones, por lo menos 2 500 preferidas y 20 000 ordinarias.13 Mateo Clark

10 Para datos sobre la compraventa de debentures, véase Morgan Grenfell Papers (leg. 21769, vols. 24 y 25; leg. 21777, vol. 4, f. 101; leg. 21778, vol. 5, f. 65). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. 11 La primera lista de accionistas del 8 de junio de 1887 presenta las siguientes tenencias: J. S. Morgan & Co., 2 930 acciones preferidas; Drexel Harjes, 300; Robert Gordon, 1 500; W. H. Burns, 1 000; F. W. Lawrence, 500; J. Harjes, 490; John Pierpont Morgan, 890; Anthony Drexel, 880. En ese sentido este grupo era el mayor tenedor de acciones preferidas. Lo seguía Mateo Clark con 2 500. Véase (1887). Public Record Office (Dissolved Companies, compañía núm. 24345, Gran Oeste Argentino, caja 36158). Board of Trade 31. Londres, Inglaterra. Las acciones de F. W. Lawrence fueron adquiridas por J. S. Morgan & Co. y entregadas a él como salario adi-cional. Véase Morgan Grenfell Papers (leg. 21768, vol. 7). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 12 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, f. 287). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. 13 (1887). Public Record Office (Dissolved Companies, compañía núm. 24345, Gran Oeste Argentino, caja 36158). Board of Trade 31. Londres, Inglaterra. El valor de estos títulos, como dijimos en el texto, todavía era incierto, hasta tanto el ferrocarril comenzara a dar utilidades. Real-mente no está claro por qué J. S. Morgan & Co. recibió 5 000 de ellos, si fue por pedido de Clark a fin de obtener efectivo o si fue una comisión más por su actuación. En junio los Clark entregaron


fue designado miembro del directorio desde el comienzo y perduró en él hasta 1891. Juan Eduardo Clark dirigía en Argentina las obras contratadas por un valor de 100 000 libras. Sin embargo, la relación, poco a poco, co-menzó a deteriorase, lo que no era de extrañar dados los antecedentes de los empresarios chilenos.14 El primer problema que surgió, ya en diciem-bre de 1887, fue con motivo del uso de las instalaciones de Mendoza por parte de los constructores del Ferrocarril Trasandino, que no eran otros que los mismos Clark; el segundo fue una discusión en torno al valor de las mejoras ejecutadas y su forma de pago, lo que llevó a la necesidad de re-dactar un convenio adicional, que tampoco sirvió para mucho; el tercero, el más grave, fue el hecho de que Juan Eduardo Clark, esta vez asociado con Sanford, resultara adjudicatario de la venta del remanente del Andi-no, que podía considerarse parte de la misma línea. En este caso Sanford tuvo éxito en convencer a J. S. Morgan & Co. de que su intervención tenía como propósito beneficiar al goa y no montar un negocio aparte, de tal modo que mantuvo la confianza en él por un tiempo mayor que los chi-lenos.15 En todas estas cuestiones J. S. Morgan & Co., fundamentalmente a través de W. H. Burns o de Robert Gordon, actuaba representando al ferrocarril, sin mencionar siquiera que consultaba con el directorio.

La rivalidad con el fbap había nacido con el Gran Oeste Argentino mismo. Su línea, prolongación natural de la del fbap y parte de una misma concesión originaria, había ido a parar a una compañía diferente porque los Clark estaban en conflicto con este último. Es razonable que el fbap considerara al goa como un intruso. Con motivo del intento de venta por el Estado nacional del remanente del Andino la rivalidad se puso de manifiesto. El fbap, que no quería dejar fortalecer la posición del recién llegado, al parecer ofreció comprar ese remanente por 6 700 000 pesos. J. S. Morgan & Co., en esa circunstancia, como gestor del goa, consultó con directores del vecino Central Argentino la posibilidad de asociarse para impedir esa compra y tomar ellos el control de la línea de Villa Ma-ría a Villa Mercedes. Es en ese momento cuando Sanford se interpuso y, junto con Clark, adquirió la línea por 7 395 000 pesos, alegando que lo hacía para contrarrestar la oferta del fbap, ambos firmaron el contrato de compra por el remanente del Andino en febrero de 1888. Más adelante

3 500 acciones más a otras personas vinculadas a la operación (entre ellos F. W. Lawrence, c. h. Sanford, Robert Gordon, W. H. Burns y W. C. Burns) pero más adelante las recuperaron. Véase la misma fuente anterior. 14 Los chilenos, por estos años, habían seguido adquiriendo concesiones y contratando obras para ferrocarriles en la Argentina. Sin embargo, fueron extremadamente desprolijos en su actua-ción, lo que contribuyó a generar conflictos y a caer en la insolvencia en 1891. 15 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, fs. 287, 304 y 467). Guildhall Library. Londres, Inglaterra.


ambos intentaron transferir la línea al Central Argentino pero, finalmente, como no cumplieron las cláusulas de la compra, el gobierno rescindió toda la operación y conservó al ferrocarril en su poder (López, 2000).16 La disputa por el remanente del Ferrocarril Andino era razonable en la situación de competencia en que algunas empresas ferroviarias se habían colocado en la segunda mitad de la década de 1880. El fbap, si compraba la línea estatal, podía “bloquear” al goa el acceso a los puertos e imponerle tarifas ventajosas para él; el Central Argentino, en el mismo caso, podía perder el tráfico de Cuyo a manos del fbap; el goa necesitaba que la vía del Andino fuera de él o de un tercero, como el Central Argentino, pero no del fbap, si quería poder elegir como destino de los productos de Cuyo (región formada por San Luis, Mendoza y San Juan) los puertos de Bue-nos Aires o de Rosario. En definitiva, frustrada la venta del Andino poco después, por incumplimiento de Clark y Sanford, el goa pudo mantener tarifas razonables hasta puerto para los productores de Mendoza y San Juan usando, alternativamente, al Central Argentino o al fbap. En todas estas discusiones J. S. Morgan & Co. defendió directamente los intereses del Gran Oeste Argentino.

el conflicto por la Sanción de la ley 2379

Pero el tema más delicado en el cual los agentes financieros gestionaron la defensa de los intereses de la compañía ferroviaria fue el conflicto sus-citado con el gobierno argentino. Este, ya a fines de 1887, imputó al Gran Oeste Argentino no prestar un servicio adecuado por falta de material ro-dante. El ferrocarril, por su parte, se quejaba de la falta de pago puntual de la garantía acordada; entre otras cosas, dichas garantías fueron otorgadas hasta 1890 como incentivo para la inversión en ferrocarriles (López, 2000). Parece indiscutible que el material rodante de la línea era insuficiente y ello era producto, en parte, de que al adquirirse el gobierno retuvo loco-motoras y vagones para destinarlos al remanente que no se vendía y que habían sido adquiridos para la prolongación a Cuyo. Ello había sido pac-tado expresamente en el contrato de compra firmado por Juan Eduardo Clark, cuyo artículo séptimo estipulaba que este dejaría

sin cargo para el gobierno, 16 locomotoras, o sea más del doble de las que dicha lí-nea tenía al empezarse la construcción de la prolongación, y un número de coches, vagones y furgones igual al que existía en ella en la misma época, reservándose el

16 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, fs. 317-319; leg. 21802, vol. 6, f. 1). Guildhall Library. Londres, Inglaterra.


gobierno el derecho de tomar hasta una tercera parte del tren rodante, abonando por el exceso el precio que pagase Clark (República Argentina, Ministerio de Obras Públicas, 1902, p. 101).

Esta cláusula nunca fue aceptada por J. S. Morgan & Co., probable-mente porque los Clark le ocultaron su verdadero alcance. Por otra parte, el material rodante entregado no estaba en buenas condiciones. De las 41 locomotoras que transfirió el Andino debieron ser reparadas inmediata-mente 31 (López, 2000). La cuestión del material rodante generó sucesivas fricciones entre el goa y el gobierno, con acusaciones recíprocas de in-cumplimiento de las obligaciones contraídas.

El Gran Oeste Argentino, como antes dijimos, había designado a Wi-lliam Roberts como su ingeniero con la función de controlar las obras contratadas con los hermanos Clark. Pronto, cuando los Clark hicieron entrega de la línea en octubre de 1887, Roberts se convirtió en gerente general. Con base en un relevamiento sugirió tomar una serie de medidas para mejorar el servicio, fundamentalmente la compra de locomotoras y vagones.17 Mientras ello ocurría, J. S. Morgan & Co., preocupado por el éxito de la inversión, insistía a través de Nicholas Bouwer que el gobier-no fijara con precisión las fechas de pago de la garantía la que, dados los primeros resultados de la explotación, era esencial para poder cumplir con las obligaciones financieras. J. S. Morgan & Co. pedía que esas fechas fueran el 1 de marzo y el 1 de noviembre de cada año.18 Sin embargo, el gobierno de Juárez Celman, dentro de su política oscilante, comenzaba ya a mostrar desilusión frente al comportamiento de las empresas privadas y pensaba tomar alguna medida coercitiva para obligarlas a mejorar el ser-vicio. En mayo de 1888 Juárez Celman, en su mensaje al Congreso, decía que no había ninguna empresa que “tome en cuenta sus verdaderas obliga-ciones para con el público” (Mabragaña, ca. 1910, pp. 219-220); en julio de dicho año se sancionó la Ley 2274 que creó la Dirección de Ferrocarriles Nacionales con el propósito, entre otros, de controlar el desempeño de los concesionarios de ferrocarriles y, sobre todo, en octubre, también de 1888, se sancionó la Ley 2379 que disponía la suspensión del pago de la garantía “a toda empresa que no conservara en buen estado y en cantidad suficiente al tren rodante de acuerdo con lo que determinara la autoridad competente” (pp. 219-220). Por la misma norma también se autorizaba al

17 (30 de junio de 1888). Annual Reports. Gran Oeste Argentino, Londres, Inglaterra. El di-rectorio resolvió comprar cuatro locomotoras y, poco después, dos más, además de vagones para hacienda, sin perjuicio de continuar con las reparaciones de lo recibido. Véase Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, fs. 304 y 402). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 18 (3 de febrero de 1888). Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, f. 327). Guildhall Li-brary, Londres, Inglaterra.


poder ejecutivo a “invertir el valor de la garantía devengada y retenida [...] en la adquisición del tren rodante necesario para colocar a la línea respec-tiva en las condiciones de ley” (pp. 219-220). La ley era consecuencia de un proyecto iniciado en la Cámara de Diputados a raíz de quejas por el servicio del Gran Oeste Argentino (López, 2000).19

La sanción de la Ley 2379 provocó la airada reacción de J. S. Morgan & Co., en términos tales que muestran el alto interés que la casa tenía en relación con el Gran Oeste Argentino y, también, la arrogancia y falta de tacto de sus socios. Por telegrama del 18 de octubre de 1888, dirigido di-rectamente al vicepresidente de la república, Carlos Pellegrini, la casa ban-caria protestaba por la posible aplicación de la ley al ferrocarril y amenaza-ba con tomar medidas que serían “desastrosas para el crédito argentino en Europa”.20 La respuesta no se hizo esperar. Cuatro días después Pellegrini sostuvo que el pago de la garantía se justificaba sólo en la medida en que el ferrocarril cumpliera bien el servicio. Entre otras cosas decía que “el gobierno tiene el derecho de defender el interés público contra compañías irrespetuosas”.21 Finalmente Pellegrini proponía una fórmula de acuerdo sugiriendo a J. S. Morgan & Co. que usara su influencia para obligar al goa a adquirir material rodante y él usaría la suya para que el gobierno no actuara inmediatamente. J. S. Morgan & Co. aceptó la sugerencia y en telegrama del 29 de octubre de 1888 se comprometió a que el ferrocarril adquiriera todo el material rodante necesario para poner la línea en per-fecto funcionamiento. Pidió el plazo de un año para completar la incorpo-ración, por necesidades de los fabricantes, y se comprometió a adelantar el dinero necesario mientras los nuevos títulos a emitir para reunir capital eran colocados en el mercado.22

La discusión con el gobierno argentino había colocado al banco lon-dinense prácticamente como administrador del ferrocarril. Él había dis-cutido, alcanzado un acuerdo y asumido el compromiso de financiar las adquisiciones de locomotoras y coches. Llegado el momento de concretar las medidas para obtener capital fue el banco el que impuso al directorio el curso de acción a seguir. Se estimaba que sería necesario reunir hasta 220 000 libras. Para ello se resolvió emitir nuevos debentures por 250 000

19 Las oscilaciones de la política ferroviaria de Juárez Celman que se mencionan en el texto se comprueban por el hecho de que, mientras dictaba medidas restrictivas, la Ley 2265 de junio de 1888 establecía un mecanismo de pago de las garantías más favorable a las empresas. 20 Morgan Grenfell Papers (leg. 21802, vol. 6, f. 33). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. Entre los fundamentos de su protesta J. S. Morgan & Co. decía que no podían cambiarse las con-diciones de la concesión dada a Clark y que el gobierno se había llevado material rodante por un valor de 40 000 libras sin haberlo pagado. 21 Morgan Grenfell Papers (leg. 21802, vol. 6, f. 34). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. 22 Morgan Grenfell Papers (leg. 21802, vol. 6, fs. 35 y 36). Guildhall Library. Londres, Inglaterra.


libras a 4.5% de interés que J. S. Morgan & Co. tomaría a 75% de su valor nominal entregando las sumas a partir de enero de 1889 a razón de 30 000 libras de inmediato, 60 000 libras en febrero, 70 000 libras en marzo, 40 000 libras en abril, 30 000 libras en mayo y 20 000 libras en junio. Al mismo tiempo el banco advertía al directorio que debía cubrir los gastos con los ingresos.23 J. S. Morgan & Co. cumplió con sus entregas de dinero en fecha y, para la colocación de los títulos, formó, como de costumbre, un sindicato y colocó buena parte de ellos entre sus clientes y allegados, aunque conservó para sí 34 800 libras nominales.24 Sin embargo, las cosas comenzaban a complicarse y el goa continuaría con sus requerimientos de dinero más allá de lo obtenido por la emisión en debentures a 4.5 por ciento.

Para comprender cabalmente la situación financiera de la compañía volvamos un poco atrás. La primera asamblea de accionistas se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1888, inmediatamente después de sellado el acuerdo entre J. S. Morgan & Co. y Pellegrini para poner fin al conflicto suscitado por la sanción de la Ley 2379. En esa asamblea se leyó el in-forme de William Roberts del que resultaba que si bien la vía principal estaba en buen estado, aunque era necesario reemplazar alcantarillas y puentes provisorios, en cambio, el material rodante había sido recibido en muy mal estado, en especial las locomotoras, y su reparación había sido lenta porque los talleres estaban en construcción. Aunque ya habían sido puestas en condiciones de marcha 17 máquinas y algunos vagones, a fin de remediar la falta de material rodante y para cumplir la exigencia del gobierno debían adquirirse cuatro coches dormitorios, un coche oficial, uno de primera, cinco mixtos, cinco de segunda, 16 furgones, 100 vagones plataforma, 100 para hacienda, 200 cubiertos y diez locomotoras, todo lo cual demandaría por lo menos 130 000 libras. Por eso se pedía autoriza-ción a la asamblea para emitir los debentures aconsejados por J. S. Morgan

23 (8 de enero de 1889). Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, f. 464). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. Carta al secretario del Gran Oeste Argentino, Walter Helad. 24 J. S. Morgan & Co., en definitiva, acreditó en la cuenta del Gran Oeste Argentino 187 500 libras de la siguiente manera: 22 500 libras el 26 de febrero de 1889, 12 500 libras el 15 de marzo, 15 000 libras el 12 de abril, 30 000 libras el 15 de abril, 27 500 libras el 16 de mayo, 15 000 libras el 7 de junio, 15 000 libras el 15 de junio, 10 000 libras el 2 de julio, 10 000 libras el 10 de julio y 30 000 libras el 13 de julio. Morgan Grenfell Papers (leg. 21769, vol. 25, f. 569). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. El ferrocarril usó el dinero para hacer pagos a sus proveedores a través del London Joint Stock Bank. Morgan Grenfell Papers (leg. 21775, vol. 5, f. 222). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. La casa Samuel B. Hale y Cía. adquirió 15 000 libras nominales de los deben-tures (f. 173). Los títulos conservados por J. S. Morgan & Co. constan en Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 4, f. 102). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. El sindicato estuvo formado por Abraham Mocatta & Co. (50 000 libras), J. Capel & Co. (50 000 libras), Greenwood & Co. (35 000 libras), J. S. Morgan & Co. (35 000 libras), Baring Brothers & Co. (25 000 libras), Samuel B. Hale y Cía. (20 000 libras) y C. J. Hambro & Co. (15 000 libras). Morgan Grenfell Papers (leg. 21793, vol. 1, f. 47). Guildhall Library, Londres, Inglaterra.


& Co. a los que se denominaría Equipment and improvement. La autorización que se dio fue por la suma de 500 000 libras. Mientras tanto, la explotación era deficitaria. Para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1888 la pérdida había superado las 8 000 libras.25 El año siguiente no fue mejor. El nuevo material rodante, en su mayoría, se incorporó recién a fines de 1889. La línea sumó nuevos problemas: a la ya conocida mala calidad del agua que dañaba las calderas se agregó la escasez de carbón, producto de la inte-rrupción de los servicios del fbap por inundaciones. Se hicieron ensayos para extraer petróleo en Mendoza, pero el experimento no podía reem-plazar fácilmente al combustible usual. La pérdida del valor de la moneda papel comenzaba a causar estragos. Los salarios aumentaron de 15 a 30%, el precio de la leña (sustituto de más rápida obtención que el petróleo para el carbón) de 30 a 50%. Mientras tanto el precio de los fletes permanecía igual. La pérdida al 30 de junio de 1889 se elevó a 12 000 libras.

Era evidente que el futuro de la empresa dependía del pago puntual de la garantía por parte del gobierno argentino. Sólo así podría cumplir con los servicios de los debentures originales. También dependía de la obtención de más crédito para continuar con su plan de mejoras y hacer frente a las pérdidas de la explotación. Esta tarea había sido asumida por J. S. Morgan & Co. pero pronto quedó en evidencia que las necesidades financieras del ferrocarril eran mayores que las originariamente previstas. Consumido el dinero proveniente de la venta de los debentures a 4.5% por 250 000 libras nominales, J. S. Morgan & Co. aceptó adelantar más dinero, esta vez reci-biendo como garantía los mismos tipos de título, pero ahora tasados a 50% de su valor nominal. Así se sucedieron cuatro préstamos: el 1 de agosto de 1889 por 32 500 libras con vencimiento a un año e interés de 5%; el 15 de agosto de 1889 por 50 000 libras, en las mismas condiciones; el 21 de abril de 1890 por 12 500 libras con interés de 6% a cuatro meses y el 24 de abril de 1890 por 5 000 libras en las mismas condiciones que el anterior.26

Como resultado del convenio celebrado entre J. S. Morgan & Co. y el vicepresidente Pellegrini, el Gran Oeste Argentino incorporó en 1889 diez locomotoras fabricadas por Beyer Peacock de Manchester que se sumaron a las 41 recibidas del Andino (en realidad sólo ingresaron en condiciones de uso o reparables 39) y a las seis incorporadas en 1887 y 1888 adquiridas con base en las primeras gestiones de Roberts.27

25 (30 de junio de 1888). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra. 26 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, fs. 474 y 531; leg. 21769, vol. 25, fs. 458, 570, 574-576 y 580). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. Para la operación más grande, la de 50 000 libras, J. S. Morgan & Co. obtuvo la participación de J. Capel & co. (20 000 libras) y de Green-wood & co. (otras 20 000 libras). 27 Información recopilada por Miguel Ángel Pignataro. Las seis locomotoras incorporadas en 1887 y 1888, fabricadas por Dübs y Sharp Stewart, parecen haber sido adquiridas de urgencia


la criSiS de 1890 y completo control del gran oeSte argentino por J. S. morgan & co.

Para fines de 1889 la situación del Gran Oeste Argentino era precaria. No había podido equilibrar las cuentas. Se había visto obligado a endeudarse a fin de ampliar la dotación de locomotoras, coches y vagones. Había en-trado en conflicto con las autoridades por razones del mal servicio. A todo ello se sumaba ahora la crisis económica que se desataría con furia en 1890 y que llevaría al gobierno argentino a dejar de cumplir sus obligaciones externas (entre ellas el pago de las garantías ferroviarias), ello produciría la caída de la casa Baring y depreciaría todos los títulos argentinos (López, 2000).

El ejercicio cerrado en junio de 1890 había dado peores resultados que los anteriores. La pérdida ascendía ahora a la enorme suma de 63 469 li-bras. El directorio atribuía ello a no haber logrado autorización del gobier-no para el adecuado incremento de tarifas por la continua depreciación del papel moneda, problema que se expone específicamente en López (2000, pp. 95-98) y Olarra (1968, p. 182). En enero se había autorizado un incremento del precio del transporte pero la suba del oro inmediata lo neutralizó. En julio, ya cerrado el ejercicio y días antes de la revolución del Parque, se autorizó otro aumento, pero el nuevo gobierno de Pellegrini lo dejó sin efecto poco después.28 Mientras tanto, la garantía había sido pa-gada hasta el 31 de diciembre de 1890, aunque en medio de rumores que indicaban lo contrario. Pero para finales de este año quedaba claro que, de ahí en adelante, en el mejor de los casos y por un tiempo prolongado, el pago de la garantía no se haría en efectivo sino mediante la entrega de títu-los cuyo valor era incierto y su probabilidad de venta ínfima (véase López, 2000, pp. 471-477). Al comenzar 1891 era difícil imaginar una situación peor. J. S. Morgan & Co. era acreedor del Gran Oeste Argentino y, ade-más, mantenía en cartera una cantidad importante de títulos, otra cantidad no menos importante estaba en poder de los socios, casas y personas alle-gadas; y el ferrocarril no mostraba signos de recuperación. La opción era dejar de asistirlo financieramente y arriesgarse a su caída y a una pérdida enorme y definitiva o seguir apoyándolo y aumentar el riesgo con la espe-ranza de salvarlo. El no pago de la garantía, o su pago en títulos, significa-ba no poder cumplir con los servicios de los debentures y ello podía tener como resultado la liquidación. La responsabilidad de tomar una decisión

con base en existencias de esas fábricas y no construidas de acuerdo con las especificaciones del Gran Oeste Argentino. Respecto de los coches la cantidad incorporada en 1889 parece ser de 16. Información recopilada por Jorge Eduardo Waddell. 28 (30 de junio de 1890). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra.


pareció exceder a los socios residentes en Londres, w. h. Burns y Robert Gordon. El 15 de enero de 1891 enviaron un telegrama al socio principal, John Pierpont Morgan, residente en Nueva York e hijo de Junius Spencer Morgan (fundador de la casa de Londres, que había fallecido en abril del año anterior) señalándole que el goa debía al banco 60 000 libras,29 que por garantía de la deuda había entregado 115 000 libras debentures a 4.5% que eran invendibles y que la explotación seguía siendo deficitaria. Mor-gan contestó que no tenía elementos de juicio para evaluar la situación del ferrocarril y dejaba en manos de la casa de Londres la decisión sobre el asunto.30 Burns y Gordon recibieron esta respuesta como un desafío y resolvieron imitar al propio John Pierpont Morgan, que en Estados Uni-dos se había especializado en hacerse cargo de compañías ferroviarias en problemas y reorganizarlas.

La mala situación financiera en la que se encontraban los hermanos Clark ayudó a Burns y Gordon a encontrar el camino para tomar un con-trol más firme sobre el goa e intentar alguna estrategia de recuperación. En abril de 1891, J. S. Morgan & Co. adquirió 100 000 libras en acciones preferidas que pertenecían a los hermanos Clark y que estos habían pren-dado a favor del banco. Con ellas J. S. Morgan & Co. pasó a controlar efectivamente la compañía. En su nueva posición los socios de Londres decidieron reemplazar, cuando venciera su contrato a fin de año, al geren-te general William Roberts, que no había logrado equilibrar las cuentas, y recomendaron a los directores residentes en Buenos Aires la búsqueda de un sucesor.31 Poco después Mateo Clark fue obligado, como un modo de poner fin a las cuentas pendientes entre los chilenos y el Gran Oeste Argentino, provenientes de la mala ejecución del contrato de mejoras, a entregar todas las acciones ordinarias que mantenía (20 000 por valor no-minal de 400 000 libras pero sin valor real en ese momento) al propio directorio.32 Dentro del Gran Oeste Argentino no había ya rival para J. S. Morgan & Co. La nueva situación no implicó más cambios formales que el retiro del directorio de Mateo Clark. Frederick William Lawrence siguió siendo el hombre del banco dentro del directorio pero sus otros compo-nentes no eran personas que estuvieran dispuestas a enfrentarse a la enti-dad financiera. En Argentina, a principios de 1892, fue designado nuevo gerente general J. A. Villalonga y se agregó un vocal al directorio local:

29 Las 60 000 libras provenían de 32 500 libras del primer préstamo, 10 000 libras asumidas por J. S. Morgan & Co. del segundo, 12 500 libras del tercero y 5 000 libras del cuarto. Véase nota 26. 30 Morgan Grenfell Papers (leg. 21802, vol. 6, f. 103). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 31 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, f. 723). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 32 Lista de accionistas del 28 de diciembre de 1892. (28 de diciembre de 1892). Public Record Office (Dissolved Companies, compañía núm. 24345, Gran Oeste Argentino, caja 36158). Board of Trade 31. Londres, Inglaterra.


T. R. Preston.33 El primero iba a ser responsable de volver a la empresa rentable, tarea en la que tuvo notable éxito; el segundo sería el encargado de gestionar ante el gobierno el aumento de tarifas y un arreglo por el tema de las garantías.

Era mucho lo que estaba en juego y, probablemente, el Banco ten-dría que seguir asistiendo financieramente al ferrocarril. Pero J. S. Mor-gan & Co. se sentía firme. La caída de Baring había significado que fuera aquel el encargado de introducir a la plaza el empréstito moratoria que había resultado de lo aconsejado por el Comité Rothschild para salvar la situación argentina (López, 2000). Por otra parte, teniendo el control completo del goa, llegados mejores momentos, podría imponer decisio-nes con las cuales obtener mayores beneficios respecto de sus tenencias. Tengamos en cuenta que por esta época, y dejando de lado la actividad especulativa consistente en comprar y vender buscando diferencias de cotización, J. S. Morgan & Co. mantenía en cartera unas 10 000 acciones preferidas por valor nominal de 200 000 libras que le significaron una pérdida de 2 755 libras en 1891 y de 13 802 en 1892; también conservaba 18 000 libras en debentures originales a 5% que le causaron una pérdida de 1 644 libras en 1891; por último, conservaba otras 18 000 libras en debentures nuevos a 4.5% que dieron una pérdida de 4 379 libras en 1891 y de 1 773 libras en 1892.34

Las acciones preferidas habían dejado de percibir dividendos en 1889. A los debentures originales (5%) y para mejoras (4.5%) se les comenzó a pa-gar los servicios en títulos de la moratoria argentina a mediados de 1891, tomados a la par. Un año después todo pago se suspendió (London Stock Exchange, 1894, p. 107). Esto llevó a un descenso continuo en las cotiza-ciones y a provocar las pérdidas mencionadas anteriormente. La única manera rápida de revertir esta caída era obtener un cambio de actitud del gobierno argentino respecto del pago de la garantía. Se hicieron múltiples gestiones, tanto en Londres como en Buenos Aires, pero sin resultado. En agosto de 1891 J. S. Morgan & Co. hizo una presentación quejándose por la permanencia de los interventores, figuras creadas por Juárez Celman. En carta a Nicholas Bouwer calificaba a esa idea de “grotesca” por interferir con la dirección de la compañía.35 Poco después, en octubre del mismo año, se llevaron adelante gestiones ante el ministro de Hacienda, Vicente Fidel López, y ante el enviado especial del gobierno argentino en Lon-

33 Sobre la designación de Villalonga véase Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, fs. 770, 814, 847, 892; leg. 21802, vol. 6, f. 122). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. Sobre la designación de Preston véase (30 de junio de 1892). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra. 34 Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 4, f. 103 y vol. 5, fs. 91 y 93). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 35 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, f. 779). Guildhall Library, Londres, Inglaterra.


dres, Victorino de la Plaza.36 La preocupación por el tema de la garantía se mantuvo presente en toda la correspondencia posterior, durante los años 1892 y 1893.37 En diciembre de 1892, a dos meses de haber asumido el nuevo gobierno el presidente Luis Sáenz Peña, el embajador argentino en Londres, Luis López Domínguez, anunció al banco que el ministro de Hacienda había resuelto fijar una suma anual tope para pagos al exterior, en reemplazo de la emisión de nueva deuda. Se pedía, en consecuencia, que se designara un representante para viajar a Buenos Aires a tratar el tema. La respuesta del banco, de acuerdo con su estilo, fue terminante: no aceptaría ninguna propuesta que significara apartarse de los compromisos asumidos. Además, agregaba que “J. S. Morgan & Co. debe mantener su libertad de acción como agente financiero del goa, que ha sido tratado en forma desconsiderada e injusta por las autoridades y que podría derivar en una acción judicial”.38 Lo cierto es que en la cuestión de las garantías la política de Luis Sáenz Peña fue, en un principio, más desfavorable para las empresas que la de Pellegrini (López, 2000). Por este lado el goa no tenía mucho que esperar por el momento.

Donde sí dieron resultados positivos las medidas de J. S. Morgan & Co. fue en la explotación del ferrocarril. El nuevo gerente general redujo de manera extraordinaria los gastos de explotación. Ello, unido al cabo de breve tiempo a una recuperación de la actividad económica, permitió al goa generar ganancias por primera vez. En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1891 hubo pérdidas pero de un monto muy inferior a las del año anterior: apenas 9 000 libras. Entre los tráficos posibles, originados en Cuyo y con destino a Buenos Aires, comenzaba a destacarse el vino. Después de muchas gestiones, el gobierno había autorizado un aumento de tarifas.39 Para el ejercicio siguiente, el cerrado el 30 de junio de 1892, la mejoría se acentuó, sobre todo con base en el aumento del transporte de vino. Los gastos se redujeron a 125 500 libras (incluidos los intereses de los bonos de conservación). En los años anteriores habían sido de 192 000 libras, 209 000 libras y 150 500, lo que muestra la eficacia inmediata de Villalonga. Los ingresos llegaron a 153 000 libras, ligeramente superiores a los de los años anteriores, por lo que el superávit fue de 28 500 libras. En el balance cerrado el 30 de junio de 1893, la situación se mantuvo llegan-

36 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, fs. 814, 847-848). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 37 Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 4, fs. 883-949). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 38 (28 de diciembre de 1892). Morgan Grenfell Papers (leg. 21760.HC.4.1.7). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. Correspondencia con la embajada argentina en Londres del 28 de diciembre de 1892. 39 (30 de junio de 1891). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra. En los gastos se incluían los intereses de los debentures por mejoras y conservación, que ascendían a 20 000 libras. Sin ellos el resultado ya habría sido positivo.


do la ganancia a 27 800 libras. El panorama, respecto del resultado de la explotación, era ahora prometedor.40

el acuerdo por reSciSión de la garantía

Si bien el ferrocarril no necesitaba incurrir en nuevas deudas, la falta de un acuerdo con el gobierno, por la cuestión de la garantía, significaba la imposibilidad de cumplir con los servicios de los debentures. Por un tiem-po los tenedores de títulos no presionaron. Sin embargo, a principios de 1894, muchos de ellos estaban impacientes y comenzaron las tratativas con el directorio para alcanzar algún tipo de acuerdo.41 Las negociaciones no fueron fáciles y en mayo, con el fin de evitar acciones legales, el goa fue puesto bajo control de un administrador judicial (receiver).

Los tenedores de debentures, que habían formado un comité, mantuvie-ron por un tiempo su posición de no aceptar la propuesta del directorio, la que claramente no era muy generosa con ellos. Una asamblea extraordina-ria del 19 de septiembre de 1894 dispuso la liquidación de la compañía. En esa situación fue recién cuando los debenturistas, ante el riesgo de pérdidas mayores, aceptaron la propuesta que fue aprobada judicialmente el 31 de octubre del mismo año.42 Por esta, el goa declaraba que adeudaba 177 750 libras por intereses de los 2 370 000 libras debentures originales a 5% y 20 212 libras por intereses de los 385 000 libras debentures para mejoras a 4.5 por ciento.

Para hacer frente a todos ellos proponía la creación de 1 700 000 libras debentures de primer grado con un interés de 3% hasta junio de 1895 y de 4% de ahí en adelante y 1 358 250 libras debentures de segundo grado con un interés de 6%, pero condicionando su pago a la existencia de ganancias y sólo exigibles después de cubiertos los servicios de los títulos anteriores. Los debentures preexistentes serían reemplazados por los nuevos títulos, a la par los originales a 5% recibiendo sus tenedores la mitad en títulos de primer grado y la otra mitad en títulos de segundo grado; los debentures de mejoras a 4.5% serían canjeados a una tasa de 90% recibiendo 45% en

40 (30 de junio de 1892 y 30 de junio de 1893). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Lon-dres, Inglaterra. 41 (16 de febrero de 1894). Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 5, f. 105). Guildhall Li-brary. Londres, Inglaterra. 42 (27 de agosto de 1894). Morgan Grenfell Papers (leg. 21795, vol. 5, f. 158) y (30 de junio de 1894). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra.


títulos de primer grado y 45% en títulos de segundo grado. Los intereses atrasados serían pagados con debentures de primer grado.43

El goa, mediante el acuerdo, no aumentaba el capital de su deuda en títulos, reducía la tasa de interés por ella y obtenía una condonación anticipada de intereses si no generaba utilidades. Además, salía de la situa-ción de cesación de pagos en que se encontraba aun sin haber llegado a un acuerdo con el gobierno argentino por las garantías pendientes. Todo ello fue posible ejerciendo fuerte presión sobre los debenturistas para obli-garlos a aceptar el acuerdo. Pero los resultados de la explotación seguían mejorando y ello también contribuía a vislumbrar un mejor futuro. Para el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1894 el superávit llegó a 39 000 libras y para el año siguiente a 96 125 libras. Esta situación era producto de una esmerada administración y un espectacular aumento en el transporte de vino que obligó a incorporar 200 vagones cubiertos. Como resultado de la negociación con los debenturistas se sumó al directorio un nuevo miembro, Charles Marston Rose.44

Inmediatamente después de alcanzado el acuerdo por la deuda a de-bentures, la posibilidad de solucionar el conflicto con el gobierno argentino por la garantía incumplida se hizo más cierta. Durante un tiempo se habló de que el gobierno ofrecería negociar su rescisión y el pago de los atrasos a cambio de la entrega de nuevos títulos públicos. Las compañías ferrovia-rias garantidas formaron un comité que pretendió negociar en conjunto. Su vicepresidencia fue ejercida por el presidente del goa, George Russell. Al asumir la primera magistratura José Evaristo Uriburu, tras la renuncia de Luis Sáenz Peña en enero de 1895, el gobierno decidió impulsar las negociaciones, aunque con cada compañía por separado (López, 2000, pp. 485-493). En dichas negociaciones el goa adoptó una de las posicio-nes más duras y obtuvo, en definitiva, mejores condiciones que las demás empresas. Tal como Carosso (1987) lo explica, esa posición fue posible ya que, a diferencia de la mayor parte de los ferrocarriles garantidos, el goa podía ahora continuar su existencia sin la asistencia estatal; pero también se debió, en gran medida, a la forma en que J. S. Morgan & Co. solía ne-gociar con sus deudores (p. 407).

El Gran Oeste Argentino llegó, sin mayores dificultades, a acordar con el gobierno la suma de títulos a entregar para poner fin a la garantía. Sin embargo, un tema que generó la discordancia y demoró la concreción del

43 Public Record Office (Dissolved Companies, compañía núm. 24345, Gran Oeste Argenti-no, caja 36158). Board of Trade 31. Londres, Inglaterra. 44 (30 de junio de 1894 y 30 de junio de 1895). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Lon-dres, Inglaterra. Sobre Rose véase George (1995, p. 26). Era hijo menor de Philip Rose, abogado de Baring y de Morgan y también del Gran Oeste Argentino. Por eso puede afirmarse que el nuevo director no era ajeno al círculo de J. S. Morgan & Co.


acuerdo fue la facultad de intervenir en las tarifas que el gobierno quería reservarse una vez concluida la garantía. Finalmente el goa se salió con la suya y las autoridades renunciaron a esa facultad, salvo ganancias extraor-dinarias. Respecto de otras cinco empresas, con las que el gobierno tam-bién había acordado, la facultad de intervenir había subsistido. El contrato de rescisión se firmó en agosto de 1896 y fue aprobado por la Ley 3452 de diciembre de dicho año. En pago de lo adeudado, y como compensación de las garantías futuras, el goa recibió cerca de 500 000 libras (2 500 000 pesos) en bonos del gobierno a 4% de interés. Se desistió de todo reclamo recíproco. El acuerdo llevó a su culminación el proceso de recuperación del goa. Con base en la marcha de la empresa y a ese ingreso de fondos podían esperarse buenos tiempos para los accionistas y J. S. Morgan & Co., el accionista más grande, se preocupó de que fueran mejores aun.

J. S. morgan & co. y SuS gananciaS como accioniSta del gran oeSte argentino

El directorio del Gran Oeste Argentino resolvió conservar los bonos del gobierno argentino, al menos en lo inmediato. Su valor de mercado era bajo y esta decisión debe considerarse acertada. Con ellos constituyó dos reservas: la primera, con las siete octavas partes de los títulos, estaba desti-nada a garantizar el pago de los intereses de los debentures de primer grado; la segunda, con el octavo restante, era una reserva general. Hecho esto podía disponerse de sumas para atender las necesidades de los accionistas pues los debenturistas tenían una buena garantía de sus intereses futuros. La compañía conservaba 20 000 acciones ordinarias que habían sido de-vueltas por los hermanos Clark cuando resolvieron sus cuentas pendientes con el ferrocarril. Hasta entonces esas acciones habían carecido de valor, pero dados los resultados de los últimos ejercicios y la seguridad que reci-bían los debenturistas podía considerarse en colocarlas en el mercado a un precio razonable. El producto de la venta de estas acciones se destinaría, en primer lugar, al pago de los dividendos atrasados a las acciones prefe-ridas, que por entonces importaban unas 100 000 libras; el resto a reserva general. Con esta operación, J. S. Morgan & Co. lograba, como accionista preferido, ingresar una suma importante por dividendos atrasados y, sobre todo, valorizar las acciones preferidas. También le daba valor a las ordi-narias de las cuales poseía 5 000 desde la constitución de la compañía y que había adquirido a los Clark. Además se anunciaba, y esto coronaba el procedimiento para valorizar las acciones, que se pagarían dividendos de 5% para ambas categorías de títulos, preferidas y ordinarias, con base en las utilidades que la línea venía dando. ¿Era prudente el camino seguido,


o mostraba, en cambio, un derroche de fondos para un negocio a corto plazo? La respuesta no es concluyente. En esas circunstancias, si se tenía en cuenta el capital accionario y en bonos en circulación, el pago de di-videndos e intereses en el futuro sería casi igual a las utilidades que venía generando la explotación más los servicios que pagaban los títulos del gobierno argentino (en total, alrededor de 170 000 libras anuales).45 Esta situación se reforzaba con el hecho de que la compañía había comenzado a constituir reservas que podían compensar los malos resultados de un año en particular.

La reserva general alcanzó las 136 700 libras en 1898 con el saldo del producto de la venta de las 20 000 acciones ordinarias.46 Pero había algu-nos puntos en contra. En primer lugar, los debentures de segundo grado, si la situación era próspera, debían pagar 6% de interés y eso era mucho. En segundo lugar, en caso de requerirse capital para mejoras o nuevas obras, que el creciente tráfico seguramente exigiría, deberían emitirse nuevos tí-tulos. Tanto es así que ya en 1897 se había dispuesto rescatar los debentures de segundo grado por nuevos bonos a 4% pero pagando un premio de 12.5%. También se había requerido autorización para emitir 150 000 libras debentures más de primer grado para hacer frente a mejoras de la línea. Al-gunos accionistas expresaron su alarma por esta situación en la asamblea del 10 de noviembre de 1897. Se disponía de sumas líquidas para pagar dividendos y se emitían nuevos títulos de deuda.47

Lo cierto es que, a corto plazo, las ganancias obtenidas por J. S. Mor-gan & Co. fueron impresionantes. La cotización de las acciones subió enormemente. Las preferidas, hasta fines de 1894, cuando no percibían dividendos, habían carecido de valor. A partir de entonces habían subido a 17 libras (sobre un valor nominal de 20 libras) para fines de 1895 y a 28 libras para fines de 1896. Este fue el precio máximo, producto del pago retroactivo de los dividendos atrasados de 5% anual. El aumento del pre-cio durante 1896 hizo anotar a J. S. Morgan & Co. una ganancia de más de 120 000 libras (tenía acciones por un valor nominal de 200 000 libras). Sin embargo, no toda esa ganancia fue realizada, pues a fines de ese año todavía conservaba 7 900 títulos (valor nominal en 158 000 libras). Duran-te 1897, y a pesar del dividendo ahora puntualmente pagado de 5%, las

45 Las utilidades fueron de 96 000 libras en 1895, 130 000 libras en 1896 y 165 000 libras en 1897. Véase (30 de junio de 1895, 30 de junio de 1896, y 30 de junio de 1897). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra. 46 (30 de junio de 1898). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra. 47 (30 de junio de 1897). Annual Reports. Gran Oeste Argentino. Londres, Inglaterra.


acciones cayeron a 21 libras para fin de año. El banco tuvo que anotar una pérdida de 14 800 libras.48

Respecto de las acciones ordinarias, al ser puestas a la venta en enero de 1897, su precio fue de doce libras (es decir 60% de su valor nominal). J. S. Morgan & Co. suscribió 5 750 y las vendió el mismo día a 13.5 libras realizando una ganancia de 8 500 libras.49

Los debentures también se valorizaron. Cuando fueron lanzados los nuevos títulos, después del acuerdo de octubre de 1894, los de primer gra-do cotizaban a 68 y los de segundo a 36. Un año después habían subido a 99 y 96 y a fines de 1896 a 102 y 97, respectivamente. Inmediatamente después de la conversión, J. S. Morgan & Co. comenzó a vender los títulos y realizó ganancias de 11 000 libras a fines de 1894, 24 700 libras a fines de 1895 y de 3 500 libras durante 1896.50

De alguna manera, J. S. Morgan & Co. había podido completar la ope-ración que se había propuesto cuando se convirtió en agente financiero de la compra de la prolongación del Ferrocarril Andino y adquirió los títulos que se crearon para el pago de su precio con el fin de mantener una parte de ellos, venderlos al cabo de un tiempo y embolsar una ganancia extra. Pero la demora había sido mucho mayor que la prevista. Una operación que tuvo que concluirse en uno o dos años duró diez y la casa bancaria debió invertir enorme cantidad de tiempo para alzarse con la ganancia.

J. S. morgan & co. pierde interéS en el gran oeSte argentino

Para fines de 1897 la actitud del banco respecto del ferrocarril comenzó a cambiar. El funcionamiento de la línea había dejado de ser una preocupa-ción y el Gran Oeste Argentino empezó a convertirse para J. S. Morgan & Co. en una empresa más respecto de la cual se podían comprar y vender títulos y ganar comisiones. Teniendo la convicción de que la línea era ren-table, de que no había mayores conflictos con el gobierno y que, aun en malos años, los servicios de los debentures y razonables dividendos de las acciones podían ser pagados, ya no había justificación para inmiscuirse en sus asuntos. El hecho que puede ser entendido como la coronación del cambio de actitud de J. S. Morgan & Co. se produjo el 31 de diciembre de 1897 cuando la tenencia de acciones preferidas que mantenía la casa ban-

48 Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 4, fs. 103-106). Guildhall Library. Londres, Ingla-terra. El banco también especulaba a plazo más corto. En abril de 1895 había comprado acciones preferidas a 4.5% y las fue vendiendo a precios muy superiores en los meses siguientes (vol. 6, f. 27). 49 Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 6, f. 26). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. 50 Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 6, fs. 94, 147 y 148). Guildhall Library. Londres, Inglaterra.


caria se repartió entre los socios. Quedaban por entonces 24 700 acciones, a las que se asignó un valor de 132 000 libras. J. P. Morgan recibió 75 200 libras, los herederos del recientemente fallecido W. H. Burns 38 200 libras y Robert Gordon 18 600 libras. De ahí, sería cada socio, personalmente y no el banco, los que resolverían qué hacer con ellas.51

El de 1897 fue también un año de cambios, tanto para el banco como para el ferrocarril. En su transcurso fallecieron tres directores del goa, entre ellos su presidente George Russell. También murió el presidente de la comisión local, Nicholas Bouwer. El nuevo presidente del directorio de Londres fue Frederick William Lawrence, socio asalariado de J. S. Morgan & Co. En el banco, la muerte de W. H. Burns también afectó su organi-zación. Robert Gordon se retiró, Frederick William Lawrence ascendió a socio general e ingresaron como nuevos socios los hijos de J. P. Morgan y de W. H. Burns, quienes se habían ocupado de los asuntos del goa dentro de la casa bancaria; es decir, Burns y Gordon ya no estaban más. Lawren-ce nunca fue una persona que pesara en las decisiones; en realidad, el socio principal, J. P. Morgan, no quedó conforme con la nueva organiza-ción y comenzó la búsqueda de nuevos socios. En 1900 Frederick William Lawrence se retiró y con él desapareció el último vínculo personal con el Gran Oeste Argentino (Burk, 1989, pp. 57-58).

La operatoria normal de una casa bancaria como J. S. Morgan & Co. giraba en torno a la cobranza de comisiones, de intereses por préstamos y a la especulación mediante la compraventa de valores. No era normal para ella controlar empresas e interesarse por su resultado. El caso del Gran Oeste Argentino, aunque no el único, había sido excepcional y producto de las circunstancias. En todos los demás casos en que el banco se interesó en empresas ferroviarias argentinas lo hizo con motivo de operaciones puntuales de compraventa de títulos, salvo, quizá, el Ferrocarril Trasan-dino con el cual mantuvo tenencias por bastante tiempo. Claro que este ferrocarril siempre tuvo una estrecha relación con el goa, relación que no podemos describir en el espacio de este artículo.

A continuación mencionaremos, como prueba de lo dicho, una serie de típicas operaciones que J. S. Morgan & Co. llevó a cabo por esta época con títulos valores de empresas ferroviarias argentinas: a) compraventa de 5 000 debentures del Ferrocarril Córdoba y Rosario y 30 000 libras en acciones del ca, entre el 14 y el 28 de octubre de 1892, donde ganó casi 3 000 libras; b) compraventa de 1 000 libras en acciones preferidas de los Ferrocarriles de Entre Ríos, entre el 29 de mayo y el 30 de noviembre de 1892, donde ganó algo más de 900 libras; c) la operación ya citada de com-praventa de acciones ordinarias del goa el 25 de enero de 1897, donde

51 Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 4, f. 106). Guildhall Library. Londres, Inglaterra.


ganó exactamente 8 539 libras; d) compraventa de acciones del fbap por un valor de 100 000 libras, entre el 1 de febrero de 1900 y el 31 de julio del mismo año, donde ganó 33 000 libras.52 Todas estas fueron operaciones rápidas y rentables que es lo que el banco buscaba.

La modificación de la actitud de J. S. Morgan & Co. respecto del Gran Oeste Argentino no significó el fin de la relación. El banco siguió mante-niendo en cartera algunos de sus títulos y especuló con su compraventa. Además el ferrocarril siguió siendo cliente de J. S. Morgan & Co. Como antes recordamos, el goa había comenzado a acumular reservas: la que se formó con el saldo de la venta de las acciones ordinarias y los fondos para reparaciones y seguros. Esas reservas fueron invertidas en títulos y de estas inversiones se ocupó J. S. Morgan & Co. Durante 1897, 1898 y 1899 invirtió sumas importantes, unas 70 000 libras en títulos de ferrocarriles estadunidenses como Manhattan Railway, Milwaukee Electric, St. Louis Bridge, Georgia and Elgin East, Chesapeake and Ohio, Illinois Central, al mismo tiempo que vendía títulos del gobierno argentino que el goa había recibido.53

También J. S. Morgan & Co. siguió como el agente financiero del Gran Oeste Argentino para colocar sus nuevos títulos en el mercado de capitales, pero era un agente caro. En 1897 el costo para el goa por el lanzamiento de debentures para mejoras fue de 4%.54 No es de extrañar entonces que el directorio del ferrocarril comenzara a cuestionar el monto de las comisiones. En julio de 1900 este consideraba ya innecesario pagar grandes comisiones para la colocación de sus títulos y en 1905 el banco debió aceptar una rebaja de 50% de su comisión en el pago de intereses y dividendos.55 El goa se comportaba ya como una empresa autónoma. La absorción del Gran Oeste Argentino por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, poco después, significó el fin de la relación clientelar.

concluSioneS

Algunas reflexiones finales merecen los hechos hasta aquí relatados. Entre 1887 y 1897 el goa fue efectivamente controlado por J. S. Morgan & Co. Aunque es cierto que la relación en esos diez años no fue homogénea y

52 Morgan Grenfell Papers (leg. 21777, vol. 5, fs. 106, 100, 145; vol. 6, fs. 30 y 155; leg. 21793, vol. 2, f. 43). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. 53 Morgan Grenfell Papers (leg. 21775, vol. 8, f. 73). Guildhall Library, Londres, Inglaterra. 54 (20 de mayo de 1897). Morgan Grenfell Papers (leg. 21760.H.C.1.7). Guildhall Library. Londres, Inglaterra. 55 (12 de julio de 1900 y 16 de febrero de 1905). Morgan Grenfell Papers (leg. 21760.H.C.1.7). Guildhall Library. Londres, Inglaterra.


que ese control fue más intenso a partir de 1891, el banco impuso su vo-luntad a la empresa ferroviaria durante todo este periodo y mantuvo una cantidad importante de acciones que reforzaba esa dominación.

Como anticipamos en la introducción, el caso descrito de control de una compañía ferroviaria por un banco, parece haber sido una excep-ción. No he encontrado en mis investigaciones anteriores, concerniente a compañías ferroviarias argentinas de capital británico (que actuaron en Argentina), otro caso semejante en el que una entidad financiera, u otra empresa de otro rubro, como la industria de material rodante o la produc-ción de carbón mineral, haya designado representantes en el directorio o haya conservado por tan largo tiempo un porcentaje tan alto de acciones. Muy por el contrario, todas las empresas ferroviarias de capital británico mostraron una clara autonomía, preocupándose por obtener el mayor be-neficio que podían lograr en la propia actividad y con un capital atomi-zado con múltiples accionistas, cada uno de los cuales era titular de una pequeña o mediana cantidad de acciones, con escasa presencia de grupos de inversión y sin que existieran mayorías que controlaban las asambleas. La atomización del capital ferroviario duró hasta el final de la presencia británica en los ferrocarriles de la Argentina en 1948 cuando fueron na-cionalizados (López, 2004). Los directores de estas empresas eran, por su parte, profesionales de la actividad ferroviaria y muchos de ellos habían hecho carrera en las mismas compañías que luego condujeron. Es por ello que siempre hemos defendido la idea de que las empresas de ferrocarriles de capital británico fueron empresas autónomas, entendiendo por ello, en primer término, precisamente, que entre sus accionistas no había otras em-presas de actividad distinta, o un grupo de ellas, que detentaran una mayo-ría controlante y, en segundo término, que su directorio permanecía en la medida que mantenía la confianza del amplio conjunto de los accionistas.

De la reconstrucción de hechos que ocupa la mayor parte de este artícu lo surge que el goa, como dijimos, no siguió, al menos en los diez años analizados, esa línea general. Sin embargo, si repasamos las razones que llevaron a J. S. Morgan & Co. a ese comportamiento anormal, creo que podemos afirmar que la excepción, en el fondo, no fue tal. En primer lugar, el hecho de que el goa surgiera mediante la compra de una línea férrea prácticamente concluida obligó a reunir un enorme capital en poco tiempo. En esa tarea el compromiso de los miembros del sindicato pudo haber sido mayor que si se hubiera tratado de un ferrocarril que se insta-laba y que requería del capital inicial a lo largo de un tiempo, dos años o más, durante el cual se iban produciendo los gastos de una construcción progresiva. Ello habría permitido volcar al mercado los títulos gradual-mente: primero un porcentaje de los debentures, después la mitad de las acciones, más adelante el resto, todo ello en un plazo de dos o tres años.


El goa no fue así. Recordemos que en el sindicato, J. S. Morgan & Co. y las casas vinculadas se comprometieron a colocar inmediatamente títulos por 900 000 libras. La prudencia aconsejaba, en esos casos, quedarse con la mayor cantidad posible de valores para no saturar la plaza.

En segundo lugar, lo anterior se veía reforzado por el afán especulativo y al que ya nos hemos referido. Puesta la empresa en marcha, J. S. Morgan & Co. mantuvo una gran cantidad de títulos, no sólo por la prudencia an-tes referida sino también porque esperaba hacer un buen negocio al cabo de un corto tiempo. En tercer lugar, el goa tuvo grandes inconvenientes iniciales que desde Londres eran difíciles de prever. Esto frustró la especu-lación inicial. En este aspecto cabe señalar la intermediación inútil de los Clark. Ellos eran quienes debieron haber examinado la línea al adquirirla, los que debieron haber advertido los problemas del material rodante y, sin embargo, no sólo no tomaron medidas como emitir mayor capital e inmediatamente adquirir nuevas locomotoras, sino que cuando les tocó ejecutar las obras contratadas lo hicieron mal. Todo esto fue obligando a J. S. Morgan & Co. a inmiscuirse cada vez más como lo muestra la discusión con Pellegrini. En cuarto y último lugar está la crisis de 1890. Fue por ella que el banco tomó control absoluto del goa. Probablemente este último paso se dio porque J. P. Morgan en Estados Unidos venía haciendo cosas parecidas y porque los socios de Londres, Burns y Gordon, que también habían invertido personalmente en el ferrocarril, no quisieron ser menos. Si el goa se hubiera constituido a comienzos de la década de 1880 es muy probable que su línea habría sido rentable en muy poco tiempo y que no habría necesitado contraer deudas como lo hizo. Además, la crisis llevó al Estado a no cumplir con la garantía y ello fue un duro golpe para el proyecto tal cual había sido concebido. En definitiva, consideramos que en este caso el hecho del control descrito, durante diez años, fue producto de las circunstancias y no una acción planeada de antemano. El negocio empezó a andar mal y, para protegerlo y enderezarlo, el banco pasó a desempeñar un papel que no había elegido ni al que estaba habituado. De otra manera tendría que haber aceptado una pérdida en sus números.

El control por J. S. Morgan & Co. dejó huellas en el Gran Oeste Argentino. A él se debe una rápida mejora en la administración lograda mediante el reemplazo de Roberts por Villalonga. También la dureza con que discutió con el gobierno argentino, primero por las tarifas y el pago de la garantía, después por su rescisión. Dureza semejante se dio también en el trato del directorio con los poseedores de debentures. Presentó a ellos, perjudicados por la falta de pago de los servicios, una propuesta poco generosa y mantuvo la posición, aun con riesgo de causar la liquidación de la compañía. La dureza también puede verse en el hecho de que el ferrocarril logró elevar las tarifas, para equilibrar las cuentas, sin tener en


cuenta cómo afectaba ello a la producción. Esto tuvo malas consecuencias en el futuro y la línea a Mendoza quedó como ejemplo de un ferrocarril que se despreocupaba de sus clientes. Además, el control por J. S. Mor-gan & Co. dio a la empresa una característica peculiar: las decisiones fundamentales fueron tomadas por banqueros y no por profesionales de la actividad ferroviaria.

Sin embargo, el caso descrito es un buen ejemplo de cómo en la in-versión ferroviaria en Argentina fueron más visibles los conflictos de inte-reses que el supuesto entramado de ellos del que han hablado las teorías dependentistas. No parece infundado afirmar que J. S. Morgan & Co. usó su poder en el goa para obtener beneficios a costa de otros inversionistas. Entre un agente financiero y un ferrocarril, normalmente, hubo siempre intereses contrapuestos, como en cualquier relación comercial, que resul-taban de la posición que cada uno tomaba. El banco pretendía cobrar las mejores comisiones y, si podía, sacar alguna diferencia en el precio de los títulos, adquiriéndolos por un precio inferior al que los pensaba colocar. Si adelantaba dinero pretendía percibir el interés más alto posible. Pero todo ello estaba estipulado. Era esperable. En este sentido, el hecho de que J. S. Morgan & Co. controlara al goa por diez años permitió que siguiera llevándose altas comisiones e intereses por un tiempo mayor que el que normalmente habría correspondido. Pero esto no es verdaderamente im-portante. Lo que merece atención es discutir si J. S. Morgan & Co., como poseedor de acciones preferidas, fundamentalmente, usó su poder para beneficiar a estas en perjuicio de los poseedores de debentures. Muchos de estos así lo creyeron y lo dijeron públicamente.

No puede negarse que, al final, las acciones preferidas fueron mejor tratadas que los debentures. Los poseedores de estos últimos fueron forzados por el directorio a aceptar un acuerdo en octubre de 1894 que significó en lo inmediato una quita, pues los intereses adeudados se pagaron en nuevos títulos de valor incierto y muy por debajo de la par y fueron obligados a canjear sus títulos originales por nuevos que en una mitad devengaban me-nores intereses y en la otra mitad veían condicionado su pago. En cambio, contra lo que podía esperarse ya que los debentures estaban en posición jurí-dica mejor en caso de dificultades, los poseedores de acciones preferidas a fines de 1896 percibieron íntegramente los dividendos adeudados y en di-nero efectivo. ¿Fue ello premeditado por aquellos que como J. S. Morgan & Co. tenían más acciones que debentures? Cuando en 1894, desde abril o mayo hasta octubre, se discutió el acuerdo con los debenturistas, todavía el gobierno argentino no había hecho ninguna oferta concreta para el arreglo de la garantía, pero se sabía que, tarde o temprano, ello ocurriría y signi-ficaría un ingreso de fondos para el goa. Por lo menos eso era sabido por personas como George Russell o por los componentes de J. S. Morgan &


Co. Sin embargo, el directorio del goa no mostró esta posibilidad a los tenedores de bonos y se negó a mejorar las condiciones que ofrecía y hasta especuló con la liquidación. Por la misma época, hubo cláusulas más ge-nerosas en los acuerdos con debenturistas en otras compañías ferroviarias.

Llegado el momento de pensar en las acciones, cuando ya el Estado había arreglado la cuestión de las garantías y los debenturistas aceptado el canje, no se les pidió a sus dueños que cedieran nada y se usó dinero pro-veniente de la venta de acciones ordinarias para pagar dividendos ¿Fue justa esta decisión?, ¿no se estaba pagando dividendos con capital? La operación realizada fue hábil. Al destinar parte del producto de la venta de las acciones ordinarias a pagar dividendos atrasados de las preferidas se valorizaba a las propias acciones ordinarias porque ¿qué dividendos po-dían esperar estas últimas si se adeudaba algo a las preferidas, que tenían el privilegio de ser acumulativas? Por último, es cierto que J. S. Morgan & Co. ganó mucho con el pago de dividendos atrasados a las acciones pre-feridas, pero no parece que dicho pago obedeciera puramente a intereses egoístas e inmediatos de los accionistas. Se creía que también se estaba fortaleciendo a la compañía en sí. Prueba de ello es que J. S. Morgan & Co. sólo vendió una pequeña parte de esas acciones y conservó el resto.

Es importante destacar, como ya lo recordamos antes, que cuando las acciones preferidas, y también las ordinarias, cobraron valor, J. S. Morgan & Co. dejó de interesarse en las decisiones del goa. Aunque las circunstan-cias personales contribuyeron a ello, en especial la desaparición y retiro de Burns y Gordon, nos parece que esta coincidencia muestra el significado de esta historia particular de los primeros años del goa. Que el ferroca-rril fuera controlado por un banco durante diez años no obedeció, como decíamos, a una estrategia diferente a la usual para canalizar inversiones ferroviarias a Argentina ni a una actitud diferente de J. S. Morgan & Co. respecto de otros bancos de inversión o stockbrokers. El control fue produc-to, como ya lo anticipamos, de algunos hechos inesperados que obligaron a J. S. Morgan & Co. a actuar de manera diferente para proteger su inver-sión y no a una planeada excepción a la operatoria corriente. Una vez que el plan inicial se hubo concretado y el banco obtuvo su ganancia con las comisiones y las diferencias de cotización, J. S. Morgan & Co. dejó que la empresa ferroviaria se manejara libremente.

Por último, creemos oportuno señalar que el relato anterior sirve para comprender mejor cómo se llevó a cabo la inversión de capitales de perso-nas residentes en Gran Bretaña en la actividad ferroviaria de un país lejano como lo era Argentina, sobre todo en lo referente a nuevas empresas que iniciaban su actividad. Quien tenía en sus manos un negocio ferroviario viable, un promotor que había logrado obtener una concesión del gobier-no argentino, tenía la necesidad de vincularse con un agente financiero


con una cartera de clientes en Londres, es decir un banco de inversión, o un agente de bolsa. Muchas veces, ese concesionario no tenía por sí esas vinculaciones y recurría a otro intermediario. Los hermanos Clark, como vimos, habían perdido las que habían logrado en un negocio anterior y recurrieron para el caso del goa a una persona extravagante como Charles Henry Sanford. Cuantos más intermediarios existían, la inversión corría el riesgo de hacerse en forma menos eficiente. Una vez aceptada la partici-pación por el agente financiero este pasaba a desempeñar, al menos por un tiempo, un papel preponderante: organizaba la compañía a registrar y la composición de su capital y, finalmente, llevaba los pasos necesarios para su suscripción. Esto implicaba realizar un paso intermedio que era la constitución del sindicato de agentes financieros. Un número de ellos se comprometía a colocar cada uno una cantidad de títulos. Difícilmente un banco de inversión por sí solo estaba en condiciones de llevar adelante la suscripción.

Como último paso, cada agente financiero debía convencer a sus clientes de que volcaran su capital en la nueva empresa. Una vez logrado ello, la función del sindicato cesaba y el capital quedaba repartido entre una multitud de pequeños y medianos ahorristas. Por supuesto que esto último podía demorarse si los agentes financieros resolvían quedarse ellos mismos con una cantidad de títulos para especular con la suba de su coti-zación. Después de todo, comprar y vender títulos era una actividad coti-diana de estas instituciones. La retención de títulos en cartera, como toda especulación, podía ser peligrosa, como resultó ser en el caso del goa y como la quiebra de Baring en 1890 lo mostró con toda su crudeza.

Lo que nos parece claro, como el caso descrito y de muchos otros si-milares, es que los bancos de inversión londinenses no veían esta actividad como algo que iba más allá de un procedimiento para cobrar comisiones, percibir sumas importantes por diferencias en los precios de compraventa y un mecanismo para mantener activa su cartera de clientes. Podía ocu-rrir que, en algún caso como el presente, llegaran a realizar una actividad adicional, como la de colocarse al frente de una empresa de transporte, pero ello era circunstancial. Ello estaba fuera de sus expectativas, de su actividad específica y de los intereses por los que actuaban.


burk, K. (1989). Morgan Grenfell, 1845-1888. The biography of a merchant bank. Oxford: Oxford University Press.

caroSSo, V. P. (1987). The Morgan: Private international bankers. 1854-1913. Massachus-sets: Harvard University Press.


george, A. (1995). A history of Norton Rose. Chesterton: Granta.london Stock exchange (1894). Yearbook 1893. Londres, Inglaterra. lópez, M. J. (1991). Historia de los ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires. 1857-1886.

Buenos Aires: Lumiére.lópez, M. J. (2000). Ferrocarriles, deuda y crisis. Historia de los ferrocarriles en la Argentina

de 1887 a 1896. Buenos Aires: Belgrano.lópez, M. J. (2004). Ganancias y pérdidas de los inversores en la venta de las empresas

ferroviarias británicas en 1947. XIX Jornadas de Historia Económica. San Martín de los Andes: Sociedad Argentina de Historia Económica.

mabragaña, h. (ca. 1910). Los mensajes: historia del desenvolvimiento de la nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes. 1810-1910 (t. 4). Buenos Aires: Talleres Gráficos de la Compañía Nacional de Fósforos.

olarra, J. R. (1968). Evolución monetaria argentina. Buenos Aires: Eudeba.república argentina, miniSterio de obraS públicaS (1902). Leyes, contratos y reso-

luciones referentes a ferrocarriles y tranvías a tracción mecánica de la República Argentina (t. 4). Buenos Aires: Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional.

Bibliografía

lópez, m. J. (1994). Historia de los ferrocarriles nacionales. 1866-1886. Buenos Aires: Edi-torial Lumière.

lópez, M. J. (marzo, 1996). La quiebra de los hermanos Clark. En Todo es Historia, 344.

CONFLICTOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LOS EMPRESARIOS HARINEROS DE LA REGIÓN ANDINA Y LOS DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA, 1904-1912*

CONFLICTS AND NEGOTIATIONS BETWEEN THE FLOUR ENTREPRENEURS OF THE ANDEAN REGION AND THE COLOMBIAN CARIBBEAN COAST, 1904-1912

Andrea Carolina Miranda PestanaInstituto Internacional de Estudios del Caribe, Cartagena, Colombia <[email protected]>

Raúl Román RomeroUniversidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia <[email protected]>

Resumen. Este artículo analiza las relaciones políticas que se tejieron entre la elite empresarial de Cartagena y Barranquilla, y los gobiernos de Rafael Reyes y Carlos E. Restrepo de 1904 a 1914, así como las tensiones que se presentaron entre los empresarios de la costa caribe colombiana y los de Bogotá por la defensa de sus intereses, que cada uno de estos sectores empresariales colocó frente a la política económica durante estos años. El centro de estas tensiones económicas tiene como núcleo la producción y el comercio de harina; en este sentido, el debate que se presenta en torno a este tema reproduce rivalidades que se dieron desde finales del periodo colonial, y revive las confrontaciones por los mercados, la política y el modelo económico que se impone en el país entre 1904 y 1914.

Palabras clave: elite empresarial; conflictos regionales; relaciones políticas; harina.

Abstract. This article discusses the political relations which were woven between the flour entrepreneurs of Cartagena and Barranquilla, and the political views of Rafael Reyes and Carlos E. Restrepo between 1904 and 1912. It also examines the tensions that arose between the Caribbean Coast entrepreneurs and those of Bogota, whom, everyone on each side, defended their own business interests, when facing the economic politics of those years. The center of these economical tensions has as an epicenter the production and distribution of flour, in this sense, the debate on this matter, recreates the rivalries that took place since the end of the colonial era and


* Este artículo forma parte de los proyectos de investigación La Consolidación de la Unidad Nacional versus la Fragmentación Regional. El Caso de San Andrés, Providencia y Santa Cata-lina. 1909-1914, Coordinación de Investigación, sede Caribe, de la Universidad Nacional de Co-lombia, código 10505, e Inventando Separatismos. Aproximación a las Relaciones Políticas entre el Gobierno Central y la Elite Empresarial de Cartagena y Barranquilla. 1904-1914, Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Historia.


revives the confrontations for markets, politics and the implemented economic model in the country during 1904 and 1914.

Key words: business elite; regional conflicts; political relations; flour.

Fecha de recepción: septiembre de 2013. Fecha de aceptación: febrero de 2014.

introducción

Si bien el tema de los conflictos locales y regionales ha sido motivo de preocupación para la historiografía de diferentes países de Amé-rica Latina, no fue sino hasta los años setenta y ochenta cuando las

historias regionales y sus conflictos con los centros de poder ocuparon un lugar central en la historiografía de varios países de la región; México, Argentina, Perú y Venezuela, entre otros, tuvieron desarrollos importan-tes en estas temáticas. En el caso mexicano, Don Coerver (1977) sostiene que los estudios de los conflictos región-nación perpetuaron la imagen de un gobierno central ejerciendo un control absoluto sobre las autoridades locales y federales en las provincias. Coerver propuso que las relaciones provincia-Estado central fueran estudiadas en función de factores econó-micos, y no exclusivamente a partir del análisis de las estrategias políticas y militares empleadas por el gobierno central para imponerse en el espacio provincial (p. 567). Carlos Martínez Assad (1978), también para el caso mexicano, resaltó las estrategias de tipo político creadas por el poder local ante el control ejercido por el gobierno central. Su estudio replantea la relación entre el gobierno central y la región por encima de las segregacio-nes que pretendían las localidades; además, propone que ante la centrali-zación las localidades establecen alianzas políticas coyunturales con el fin de beneficiarse de las disposiciones que en materia económica y política se emiten desde el centro del país (p. 14). Por su parte, Tania Hernández Vicencio analizó la participación de los empresarios de Tijuana, México, demostrando que la falta de acuerdo para fundar un grupo financiero local y su incapacidad para consolidarse como un grupo fuerte y cohesionado de cara al mercado nacional evitaron el fortalecimiento de una elite regio-nal en el estado de Tijuana.

Irma Corrales (1982, p. 120) demuestra que el predominio del poder central en México no es sinónimo de ausencia del poder local. Hay un margen de autonomía en la decisión y ejecución de acciones, así como en la promoción de intereses en el ámbito local; de esta forma lo dejan ver los conflictos y negociaciones alrededor de las disposiciones emitidas desde

178 Andrea Carolina Miranda Pestana y Raúl Román Romero

el gobierno central y la puesta en marcha por parte de funcionarios, elites locales y autoridades federales.

Investigaciones de Jeffrey Rubbin (2003) sobre México demuestran que el dominio estatal puede ser definido como continuo y cambiante, no como producto exclusivo de un centro que lo controla todo, ni de estructu-ras fijas de negociación y dominios políticos, sino de varios sitios y formas cambiantes de dominación y resistencia.1

Para Centroamérica, Arturo Taracena Arriola (1997, 2000) se aleja de planteamientos que asocian la región únicamente con entidades adminis-trativas y con espacios geográficos; propone que la región es una cons-trucción social en donde entran en contradicción los intereses de las elites locales con el proceso económico de los polos de desarrollo.

Para el caso argentino José Carlos Chiaramonte, Guillermo E. Cussia-novich y Sonia Tedeschi (1993), Noemí M. Girbal-Blancha (1994) y Juan Carlos Garavaglia (2007), entre otros, han centrado la mayoría de sus es-tudios en la provincia-región, entendida como la extensión espacial de la ciudad y el área rural circundante. Para ellos, si bien es posible conce-bir esta unidad sociopolítica como una categoría de análisis utilizada para comprender el proceso de gestación de los Estados nacionales durante la primera mitad del siglo xix, también es de utilidad al momento de estudiar las di-námicas económicas y políticas durante las primeras décadas del siglo xx (Girbal-Blacha, 1994); para el caso de Ecuador véase Hidalgo (2008). Los conflictos económicos y políticos entre lo provincial-local y lo central tie-nen lugar, según esta tendencia, cuando en esas relaciones los actores, sus intereses o lealtades están espacial y estructuralmente diferenciados, esto como consecuencia del origen colonial de los límites territoriales adminis-trativos. Las naciones independientes que surgieron en Hispanoamérica lo hicieron siguiendo algunos de esos límites coloniales, y generalmente conservaron en su interior otras divisiones geopolíticas administrativas preexistentes (Balan, 1978, p. 49).

En el caso de Perú los conflictos regionales siguieron las lógicas de las rivalidades que habían tenido los territorios durante el periodo colonial, asociadas a las actividades productivas, la configuración de un mercado interno y del circuito comercial. No obstante, con la independencia estas rivalidades se exacerbaron y generaron luchas civiles y confrontaciones por el manejo del poder estatal. Recientemente, Elizabeth Hernández Gar-cía (2008) demostró, a partir del análisis de la elite de Piura, la existencia

1 La perspectiva de los análisis regionales, según este autor, sugiere que deben ampliarse los conceptos de región y política para descentrar el régimen y dar a la cultura y a las prácticas cotidianas un lugar fundamental al hablar del poder.


de diversos conflictos de intereses entre grupos de poder regionales que pugnaban por la autonomía política.

Condori (2010a, 2010b), Contreras (1987), Chambers (1997, 2003) y Hunt (1984) han analizado a las elites arequipeñas y los casos importantes de las pugnas regionales en Perú a partir de los desempeños productivos y las rivalidades económicas de algunas regiones como la sierra central, el sur y la costa, en las que se presentaron coyunturas históricas diferentes que propiciaron desarrollos económicos de importancia que amenazaban o desplazaban la estabilidad económica y la capacidad de influencia polí-tica de sus regiones rivales.

Para el caso venezolano, Germán Cardozo (2005) sostiene que el fra-caso del modelo centralista que, por más de un siglo, ha dominado el aparato político administrativo del Estado nacional en los distintos países de América Latina, ha obligado a las entidades menores, a las munici-palidades y provincias a volver sus miradas a su pasado y proceder a la reconstrucción de sus identidades regionales. En Venezuela las rivalidades entre Zulia y Caracas tomaron dimensiones importantes, la primera con el interés de fortalecer su autonomía y modelo económico y la segunda para imponer un poder centralizado (Urdaneta, 2006).

Cardozo (1998) reconoce que, una vez iniciado el proceso indepen-dentista, los proyectos políticos y económicos de las clases dirigentes asentadas en las antiguas capitales virreinales, gobernaciones o capitanías generales, ejercieron una centralización cada vez más radical del poder. Las regiones históricas venezolanas conservaron sus antiguas estructuras sociopolíticas durante el movimiento emancipador, además de reclamar su presencia a la hora de definir la nueva forma política que adoptaría la capitanía general y en la conformación de una estructura de poder que sustituya al marco jurídico-político monárquico.

En Colombia el tema también ha ocupado la atención de algunos his-toriadores, aunque la historiografía sigue teniendo el sesgo de las historias nacionales construidas desde los centros de poder; el caso específico de las confrontaciones entre la costa caribe colombiana y la región centroandina, liderada desde la ciudad de Bogotá, lo que ha incidido de manera determi-nante en la construcción de una historia del centro del país que se impuso como historia nacional y en las limitaciones de desarrollo de una historiogra-fía regional, que ha encontrado serios obstáculos para su progreso en la es-casez de fuentes y en la ausencia, hasta hace algunos años, de investigadores sobre la región (Botero, 2003; Colmenares, 1998; Jaramillo, 1997, pp. 129-133; Palacio, 1986; Palacio y Safford, 2002; Uribe y Álvarez, 1987).

Entre los trabajos que se han dedicado a los conflictos entre el centro del país y la costa caribe podemos mencionar los de Gustavo Bell (1994), quien los ha explicado a partir de las confrontaciones políticas que se dieron desde


los inicios del proceso de independencia. Para él, la independencia de Car-tagena en 1811 evidenció la posibilidad de construir un proyecto regional desde esta ciudad, sometiendo a las localidades circundantes de Santa Marta y Riohacha, que se mantenían fieles al rey de España; sin embargo, las elites de la ciudad fracasaron, pues encontraron en las diferencias de los intereses locales el principal obstáculo para este proyecto regional.

Bell (1991) sostiene que los intereses diversos y las rivalidades en el interior de la región Caribe, en especial entre Cartagena, Santa Marta y Mompós, fueron aprovechados por el gobierno central en diferentes co-yunturas separatistas del siglo xix para debilitar cualquier intento de inte-gración regional. En igual sentido, Jorge Conde (1994, 2009) señaló que estos conflictos en el interior de la región fueron una consecuencia de los intereses particulares que prevalecieron entre estas tres localidades duran-te los años de la construcción de la primera república de Cartagena.

Alfonso Múnera (1993, 1996) en un análisis sobre el proceso de inde-pendencia, mostró la existencia de autonomía política en Cartagena, in-cluso después de haberse creado el virreinato de Nueva Granada en 1739. Esta autonomía llevaría a los comerciantes de Cartagena, años después, a un enfrentamiento con los de Santa Fe de Bogotá y los virreyes, cuando estos intentaron prohibir el ingreso de harinas extranjeras al puerto de Cartagena debido a que se producía en las sabanas de Bogotá. Fue preci-samente este enfrentamiento entre diversos modelos económicos lo que llevó a que finalmente Cartagena se insubordinara frente a la autoridad del virrey en 1810, hecho que acarrearía la independencia definitiva de la ciudad un año después.

Raúl Román (2010), al analizar el tema de la crisis de Cartagena en el siglo xix, sostiene que buena parte del declive económico que se prolongó en el puerto de Cartagena hasta principios del siglo xx fue el resultado del fracaso de los principales proyectos empresariales de la ciudad, ya que encontraron una fuerte oposición tanto en la política económica del go-bierno central, que favorecía los intereses económicos de los productores bogotanos, como también en los intereses de un grupo de comerciantes de aquella capital. A partir de 1832, con la política económica proteccionista del gobierno de Francisco de Paula Santander, se le impusieron fuertes aranceles a la importación de harina, con lo cual los comerciantes carta-generos abandonaron, por varios años, la negociación de este producto en mercados del centro del país (p. 355).

En el siglo xx, Eduardo Posada Carbó (1999) estudió la creación de la llamada liga costeña, como un movimiento político que agrupa a algunos empresarios de Barranquilla, Cartagena y varios sectores sociales y políticos de la región para defender la autonomía regional frente al gobierno central y, de esta forma, adelantar las acciones conducentes al progreso de la región


(pp. 331-351). Para Posada esta alianza es una muestra de un regionalismo político y de la defensa de los intereses políticos y económicos de la región.

Aunque estos aportes resultan importantes, aún no tenemos una visión de conjunto que nos permita entender mejor el tipo de confrontaciones y relaciones políticas que se tejieron entre algunas elites de la costa caribe y el gobierno central en las diferentes coyunturas que se dan a lo largo del siglo xix y principios del xx. Lo que sabemos por estos estudios es que las tendencias radicales y separatistas que se dieron frente al gobierno central establecido en Bogotá en el siglo xix, con confrontaciones bélicas inclui-das, fueron convirtiéndose, para el siglo xx y a medida que se imponía la hegemonía del centro andino, en negociaciones y pactos entre las elites re-gionales y el gobierno central. Este artículo se propone realizar un aporte a esta temática, analizando una coyuntura clave en el siglo xx, en la que se ponen de manifiesto tensiones y negociaciones entre las elites comerciales de la costa caribe con el gobierno central, representado por los gobiernos de Rafael Reyes y Carlos E. Restrepo entre 1904 y 1914.

Para la realización de este artículo se han consultado varias fuentes, en especial la prensa de Bogotá, Cartagena y Barranquilla para el periodo que se extiende entre 1904 y 1914,2 y que reposa en los acervos documentales de las bibliotecas Luis Ángel Arango, Nacional de Bogotá y Bartolomé Calvo, así como en el Archivo Histórico de Cartagena; documentos ofi-ciales compuestos por las memorias de los ministerios de Hacienda de los gobiernos en estudio, memorias que reposan en el Archivo Histórico de Cartagena de Indias, enviadas por los diferentes sectores económicos al gobierno para solicitar políticas económicas de acuerdo con sus intereses.

el gobierno de reyeS y SuS relacioneS con la elite empreSarial coSteña

En 1904, Rafael Reyes asumió la presidencia de Colombia en medio de una profunda crisis económica, política y social, pues la reciente guerra entre liberales y conservadores de 1899 a 1902, sumada a los efectos de la separación de Panamá en 1903, dejó muy frágil no sólo la soberanía

2 De Barranquilla, El Comercio, 31 de julio de 1911; El Progreso, 11 de agosto de 1912; La República, 31 de julio de 1911 y 12 de agosto de 1912. De Bogotá, La Civilización, 10, 15 y 17 de marzo de 1910; La Mañana, 8 de enero de 1910 y La Capital, 12 de enero de 1911; La Crónica, 31 de julio, 22 de agosto y 6 de noviembre de 1912. Acervo documental de la Biblioteca Luis Ángel Arango. De Bogotá, El Tiempo, 30 de octubre de 1912 y El Centro, 25 de febrero de 1913. Biblioteca Nacional de Colombia. De Bogotá, Diario Oficial, 26 de abril de 1912, 30 y 31 de enero de 1913 y de Cartagena, El Mundo Nuevo, 20 de septiembre y 28 de junio de 1912. Archivo Histórico de Cartagena, Colombia. De Cartagena, El Porvenir, 4 de diciembre de 1904; 14, 17 y 21 de febrero y 9 de marzo de 1906. Biblioteca Bartolomé Calvo, Colombia.


colombiana, sino también la legitimidad del bipartidismo (Román, 2011, pp. 79-98). Rafael Reyes nació en Santa Rosa de Viterbo, una población de Boyacá el 5 de diciembre 1849, desde muy joven se vinculó al negocio familiar que llevó por nombre Elías Reyes & Hermanos (Mayor, 1999). Esta compañía tuvo como radio de acción la región del Amazonas, donde participó activamente de la explotación de la quina en el momento más importante de sus exportaciones. En 1884 esta empresa entró en crisis y Reyes incursionó en la vida militar, lo que le permitió una participación importante en política, especialmente con el respaldo de Rafael Núñez como presidente, quien lo nombró ministro de fomento.

Después de la muerte de Rafael Núñez en 1894, participó como can-didato presidencial, y tras su fracaso aceptó la designación como embaja-dor en Francia, donde se encontraba al momento de la guerra de los Mil Días; de allí se trasladó a México, donde conoció de cerca el proyecto del presidente Porfirio Díaz, quien fue una gran influencia para el modelo de gobierno que impuso en Colombia durante su presidencia. Luego de pasar por México se convirtió en candidato presidencial para después lograr el triunfo. De esta forma, Reyes asume el gobierno con la participación de todos los partidos, impulsando un conjunto importante de reformas polí-ticas, económicas y jurídico-administrativas que no gozarían de la aproba-ción de algunos sectores políticos y económicos del país.

En términos de su política económica, Rafael Reyes intentó incre-mentar los ingresos fiscales del gobierno al promover decretos de carácter proteccionista para aumentar el recaudo fiscal; esto le ganó la confianza y la simpatía de hacendados y productores bogotanos, por lo que en 1906 decretó la prohibición de la libre introducción de harina estadunidense en los puertos del Atlántico.3

Las reacciones de los empresarios costeños, quienes comerciaban la harina hacia el interior del país, no se hicieron esperar. De inmediato ma-nifestaron su descontento con la medida. El presidente Reyes, que buscaba ante todo la estabilidad de su gobierno, trató de satisfacer las demandas tanto del empresariado costeño como las del bogotano. Esto explica el porqué de los cambios en otras medidas para reglamentar la introducción de harina extranjera.

Reyes expidió el decreto 116 de 1906, en el que estableció que la hari-na que ingresara a los puertos del Caribe libre de impuestos, una vez que transitara a los mercados locales desde el puerto fluvial de Calamar, debía

3 Una de las medidas tomadas por el gobierno de Reyes fue convertir los derechos de des-tilación y degüello en nacionales, lo que obligó a muchos gobernadores de los departamentos de la costa a tomar medidas para no perder ese ingreso de sus rentas departamentales. En el depar-tamento de Bolívar, el gobernador incrementó el pago del derecho de destilación en 25 centavos y el degüello de cada res macho en un peso (El Porvenir, 4 de diciembre de 1904).


pagar el impuesto suplementario por un valor de ocho centavos por kilo-gramo. Este derecho suplementario debía cancelarse en la administración de aduana del puerto, en el que se procedía a registrar su llegada; la harina que no estuviera debidamente registrada era considerada de contrabando. Este decreto fue transmitido por telégrafo a las aduanas del Atlántico y publicado en la prensa local desde el momento de su expedición el 5 de febrero de 1906; en la prensa podía leerse: “Artículo 1.º: La harina extran-jera que salga de los puertos del Atlántico para todos los de río Magdalena, desde Calamar incluso para arriba, ya sea para el consumo local o para el de otras poblaciones, pagará un derecho suplementario de 8 centavos por cada kilogramo” (El Porvenir, 14 de febrero de 1906).

Sólo unos días después de que se quejaran algunos comerciantes cos-teños, se expidió otro decreto reformando el número 166 (El Porvenir, 17 de febrero de 1906). Este decreto se dirigió explícitamente a satisfacer las demandas de los hermanos Pombo, Diego Martínez y Co., Bartolo-mé Martínez Bossio y Compañía, Geiseken & Co., Francisco González y Flohr Price, quienes habían dado un respaldo político a Reyes durante su candidatura a la presidencia (Ripoll, 2003, p. 181):

Harina de trigo para el río Magdalena.Circular oficial-Urgentísimo-Bogotá, febrero 17 de 1906,

Pombo Hermanos Diego Martínez y C.ª, Bartolomé Martínez Bossio & C.ª,Geiseken & C.ª, Echevarría Salas & C.ª, Francisco Gonzáles & C.ª, Flohr Price Díctese hoy decreto declarando que desde la fecha y hasta el primero de marzo de 1907 puede venir harina americana sin pagar nuevos derechos a todos los puertos del río Magdalena hasta Puerto Berrío, inclusive. Por telégrafo trans-críbase hoy.Decreta Administradores de Aduana Cartagena y BarranquillareyeS (El Porvenir, 17 de febrero de 1906).

Este nuevo decreto permitió la introducción de harina al interior del país, pues hasta Puerto Berrío quedaba exento del impuesto suplementa-rio. En consecuencia, sólo se gravó la harina que se destinaba a los lugares que estaban posteriores a este puerto. Esta medida conciliatoria con los empresarios de la costa no contravenía los intereses de los productores de trigo de la meseta bogotana, ya que de Puerto Berrío en adelante, con el pago del impuesto, se incrementarían sustancialmente los costos de co-mercialización de la harina extranjera, y con el carácter transitorio que le daba vigencia a la medida, de sólo un año y dos meses, los comerciantes de ambas regiones se prepararían para asumir los nuevos costos arancela-rios, lo que facilitaría el consumo de la harina del interior.


El presente decreto regirá desde su expedición y sus efectos durarán únicamente hasta el día 1 de marzo de 1907; de esta fecha en adelante regirán en todas sus partes las disposiciones del decreto número 166 de 5 del presente mes, el cual queda reformado en los términos que expresa el presente. Dado en Bogotá, a 17 de febrero de 1906, ministro de Hacienda y Tesoro, Félix Salazar Reyes (El Porvenir, 21 de febrero de 1906).

Ante la derogación de este decreto, Henrique Luis Román, goberna-dor de Bolívar y distinguido empresario de la costa, publicó un telegrama en El Porvenir, en el que destacaba lo conveniente que resultaba esta dis-posición en la medida en que se conciliaban ambos intereses: el de los distribuidores de harina importada en la costa y el de los productores del interior. Además de esta determinación, resaltó en El Porvenir (9 de marzo de 1906) lo provechoso que sería la supresión de los derechos sobre el ganado y la tagua, que también estaban vigentes.4

A partir de la derogación de este decreto, Rafael Reyes afianza sus vínculos polí-ticos con los empresarios costeños estableciendo una serie de negociaciones entre los sectores importadores-exportadores para mantener su estabilidad en el gobier-no. Este decreto, aunque sancionado de manera transitoria, siguió vigente muchos años después. Al parecer, Reyes, con una oposición creciente por parte de los empresarios antioqueños encabezados por Carlos E. Restrepo, no quiso perder el apoyo de los empresarios costeños y, en consecuencia, nunca vigiló que se cumpliera el carácter transitorio del decreto. Luego de las negociaciones con los Estados Unidos por el canal de Panamá, vino su inestabilidad política y posterior renuncia, lo que dio lugar al gobierno provisional de Ramón González Valencia, quien estaba vinculado a las familias de los hacendados bogotanos (El Porvenir, 9 de marzo de 1906, p. 2).

González Valencia convocó a una asamblea nacional que se reuniría en mayo de 1910 y cuya tarea central era modificar la Constitución de 1886. Esta tarea de conciliación entre liberales y conservadores fue con-ducida en términos generales por el nuevo grupo político, en cuyas filas se unieron los elementos que se denominaban civilistas de ambos parti-dos y algunos representantes de los grupos empresariales más prósperos del país, entre los que figuraban, en primer plano, los miembros de las elites económicas de Antioquia y de las otras zonas que experimentaban

4 Cartagena, 19 de febrero de 1906. “Gral. Reyes. Felicítolo por decreto reformatorio del 166, sobre derecho suplementario a la harina, que ha sido recibido con júbilo por comercio. Así comercio podrá salir de grandes existencias y en la altiplanicie prepararse para mayor producción dentro de un año aunando así ambos intereses. Esto completarse si bien supresión derechos sobre ganado y tagua que esta ofrecida y aguardarse impaciente.”


un crecimiento económico como consecuencia del incremento de las ex-portaciones de café (Melo, 1996; Román, 2011; véase también Bergquist, 1992, y Calvo y Meisel, 1999). En este punto, Meisel (1999) compara la precariedad en la formación del mercado regional costeño con el caso de la industria antioqueña, que contó con el creciente mercado del territorio de la colonización con nivel adquisitivo derivado de la economía cafetera.

Durante el corto gobierno de González Valencia se iniciaron cambios políticos de importancia, lo que dio lugar a que los productores de harina de la meseta cundiboyacense, organizados en la Junta de Agricultores de Colombia, vieran en él la posibilidad de cumplir las demandas que con la presidencia de Reyes no habían logrado; por eso aprovecharon la ocasión para enviarle un conjunto de solicitudes tendentes a eliminar algunos pri-vilegios que tenían los comerciantes de la costa frente a la producción y comercialización de harina extranjera.

laS denunciaS y demandaS de loS agricultoreS del centro del paíS

El 17 de marzo de 1910, varios agricultores con residencia en Bogotá y sus alrededores enviaron un memorial al ministro de Hacienda pidiéndole que restableciera el derecho al pago suplementario que recaía sobre la ha-rina y el trigo extranjeros creado desde 1906 (La Civilización, 17 de marzo de 1910). Los firmantes de la solicitud desconocían las causas por las cuales se les otorgaban prebendas a los comerciantes de la costa y se revocaban los aranceles a la harina y el trigo extranjeros, lo que iba en detrimento de los “derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes, por perso-nas naturales o jurídicas [que] no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores” (p. 3).

Los agricultores del centro del país eran enfáticos en señalar que de-bían revocarse los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 22 de 1908, en los que se au-torizaba al gobierno la rebaja o supresión de los derechos de exportación, elevando o disminuyendo el arancel aduanero en defensa de los productos nacionales (La Civilización, 17 de marzo de 1910, p. 3). Para los firmantes, esta ley fue malinterpretada en la medida en que se rebajaba o suprimía el derecho de importación y no el de exportación, “porque disminuye el arancel aduanero en contra y no en defensa de los productos colombianos y porque lo disminuye o quita a favor del trigo o harina yanqui cuando en Estados Unidos se han gravado muchos de los artículos de Colombia” (La Civilización, 17 de marzo de 1910, p. 3).

Las demandas de los miembros de la Sociedad de Agricultores del interior del país, liderada por la empresa de Patiño y Montoya Compañía, contemplaban que estaba próximo a ejecutarse el decreto que suprimiría


el gravamen de diez pesos oro impuesto a la harina estadunidense intro-ducida en el territorio nacional, específicamente los costales que llegaban a Puerto Berrío y que se comercializaban en el interior del país. Dicho gravamen fue implantado a la harina en 1906, y eliminarlo implicaría la depreciación de la harina producida con el trigo cultivado en Cundina-marca y Boyacá, por lo que consideraban que la petición la debían elevar todas las municipalidades de la sabana en donde la industria del trigo era el principal medio de subsistencia de sus habitantes.

Los firmantes, en su mayoría agricultores de la sabana de Bogotá, ar-gumentaban que, debido a las políticas proteccionistas implementadas cin-co años atrás a favor de los intereses de este gremio, se habían realizado inversiones de consideración materializadas en maquinarias y técnicas im-plementadas en el cultivo, que rebasaban los 4 000 000 de pesos, inversión que engrosaría, según el gremio de agricultores, los bolsillos del país del tío Sam, si tal decreto era suprimido. “Innumerable es la cantidad de brazos que derivan su existencia del cultivo de este grano, cuya producción hoy no puede estimarse, debido a su visible diario incremento, en menos de cuatro milloneS peSoS oro, que, en gran parte, al sostenerse ese decre-to irían a engrosar los bolsillos de los yanquis [sic]” (La Civilización, 10 de marzo de 1910).

Las demandas de estos productores de la sabana de Bogotá tendrían una participación clave en la política aduanera y fiscal del entrante gobier-no de Carlos E. Restrepo, que se posesionaría a partir del 7 de agosto de 1910. Restrepo tomaría medidas de importancia trascendental que irían en contravía de las tomadas por el gobierno de Reyes, lo que cambiaría en mucho la relación entre el gobierno y un sector de empresarios de la costa que veía en estos cambios un atentado inmediato a sus intereses económicos.

el gobierno de carloS e. reStrepo y loS conflictoS con loS comercianteS y productoreS de harina

En 1910, Carlos E. Restrepo, el principal opositor de Rafael Reyes, asumió la presidencia de Colombia tras la elección de la Constituyente reunida el 15 de mayo y, como era de esperarse, ni el gobierno de Reyes ni el provisional de González Valencia lograron superar la situación deficitaria del Estado, lo que motivó que Restrepo hiciera grandes cambios a la po-lítica económica y fiscal del país, contando entre los más importantes la eliminación de la vicepresidencia y su reemplazó por la figura de primero y segundo designado. Además, pasó al presidente el poder de elegir ma-gistrados de la Corte Suprema de Justicia; impidió la inmediata reelección


del presidente y recortó su periodo a cuatro años; devolvió al Congreso de la República la facultad de aprobar las decisiones presidenciales en rela-ción con los convenios internacionales; introdujo la votación directa para elección de presidente, aunque sólo para quienes supieran leer y escribir o tuvieran renta de 300 pesos al año o propiedad de 1 000 pesos, y resta-bleció las asambleas departamentales con cierta autonomía administrativa. Aunado a lo anterior, suprimió la pena de muerte y eliminó la emisión de papel moneda de curso forzoso. Estas reformas, finalmente, expresaban la concepción política de la Unión Republicana que, sin duda, fue una manera de acomodar el Estado colombiano a las nuevas necesidades eco-nómicas del país y a la fortaleza que tomaban las exportaciones de café, apoyadas en la productividad que experimentaba el grano en la región antioqueña (Bergquist, 1992; Melo, 1996; véanse también Kalmanovitz, 1994 y Ocampo, 1984). Como era de esperarse, Restrepo iniciaría una revisión de la política proteccionista de Reyes. Asimismo, estimó que era necesario realizar cambios en el sistema de tarifas y aranceles, ya que tal como estaba concebido causaría la ruina del fisco nacional.

Aunque en su mayoría estas políticas fueron pensadas desde el Mi-nisterio de Hacienda por Tomas Eastman, encargado de esta cartera, las nuevas disposiciones fueron desarrolladas y aplicadas por Francisco Res-trepo Plata, quien asumió el ministerio después de la pronta renuncia de Eastman. El nombramiento de Restrepo Plata causó malestar en diferentes sectores políticos del país y un rechazo inmediato.

[…] debía recaer sobre una persona de reconocidas capacidades financieras ca-paz de resolver satisfactoriamente la crisis fiscal que cada día más agobiaba a la Nación. Desde La Capital, diario liberal, propiedad de J. M. Pérez Sarmiento, se publicaba en la columna “Lo que se dice” que una de las personas más idóneas para detentar dicho cargo era Ernesto Michelsen, por su destacada labor en el Banco de Colombia. Además, Restrepo Plata gozaba de un amplio rechazo entre los costeños por haber asegurado que “entre aquellos no había un hombre honra-do digno de administrar las rentas nacionales” (La Capital, 12 de enero de 1911).

El ministro de Hacienda en el plan fiscal creado para 1910 propuso la puesta en marcha de la Ley 85, que comprendía un amplio número de disposiciones fiscales para aplicarse en todos los ministerios. Esta ley, crea-da por el anterior ministro Eastman, fue emprendida por Restrepo Plata; contempló la reducción de los sueldos de los empleados nacionales, que empezaría desde el propio gobierno, y se ajustaría a la siguiente escala:

Los sueldos de trescientos pesos ($300) o mayores, en su treinta por ciento (30 por 100).


Los sueldos de doscientos cincuenta pesos ($250), a trescientos pesos ($300) en un veinticinco por ciento (25 por 100).

Los sueldos de doscientos cincuenta pesos o menores ($250), en un veinte por ciento (20 por 100) (La Mañana, 8 de enero de 1910).

Según el periódico La Mañana, el gobierno recibió un voto de con-fianza en el asunto de sueldos. A este voto debía corresponder el gobierno para que la ley fuese una norma de cumplimiento obligatorio y se aplicase de manera justa y rigurosa dependiendo de las categorías salariales y no de “las simpatías que gocen y de la amistad que los una a sus jefes” (8 de enero de 1910). Además de estos ajustes salariales, en el nuevo proyecto que el ministro presentó al Congreso de la República se insinuaba como medida conveniente gravar con impuestos algunos artículos de exportación para atender a las demandas necesarias del movimiento económico, fiscal y político de la nación. Esta medida no gozó del mismo respaldo que tuvo la del ajuste salarial, sobre todo porque se oponía a los intereses de un grupo de comerciantes de la costa. “Hemos de decir que somos partidarios de los tales impuestos, aunque sea en determinados artículos; pero creemos que hoy por hoy el señor Restrepo Plata va un poco distanciado, porque, aun-que se llenaría el objeto que hoy persigue, por otra parte, tal vez, produci-ría un mal interior en el país” (El Mundo Nuevo, 20 de septiembre de 1912).

La propuesta presentada por el ministro Francisco Restrepo Plata al Congreso era un fuerte cuestionamiento a las industrias exóticas y a las me-didas proteccionistas emitidas por Rafael Reyes, disposiciones que cobija-ban las industrias harineras, en especial las de la costa, entre estas la firma Urueta, Salcedo & Co., de la cual Tomás Suri Salcedo era uno de los so-cios. Suri Salcedo pertenecía al liberalismo de corte radical, férreo oposi-tor de la Unión Republicana, partido liderado por Carlos E. Restrepo y en el que confluían algunos miembros del liberalismo y el conservadurismo pensando que era posible establecer intereses comunes a través de la con-certación y la alterabilidad en el gabinete ministerial (Melo, 1996, p. 226).

El presidente Restrepo apoyó resueltamente las iniciativas de su minis-tro; argumentó que eran muy poco razonables las leyes protectoras porque estas desarrollaron en el país industrias exóticas basadas en la elaboración de materias ya manufacturadas en el exterior, que, según el presidente, habían causado un quebranto a las rentas de aduanas de 1 000 000 de pe-sos en 1911 (La Crónica, 31 de julio de 1912). Entonces resultaba necesario que el Congreso resolviera si se limitaba el ensanche de esas industrias, que podían perjudicar al fisco en 3 000 000 de pesos antes de pocos años.

Desde el gabinete ministerial no sólo se criticaba la política proteccio-nista, sino que se argumentaba que esas medidas sólo beneficiaban a deter-minadas industrias, como era el caso de los molineros de la costa, afectando


a las industrias harineras del interior del país. Según el ministro, el primer paso para acabar definitivamente con las disparidades de intereses y la lucha por los mercados de la harina en el interior del país era efectuar una reforma radical a la tarifa de aduanas vigente, por lo que desde abril de 1912 fue crea-da la Comisión de Tarifa de Aduanas sin la participación de los empresarios costeños ni de la mayoría de los productores del centro del país.

Esta comisión quedó conformada por Samuel Montaña, Simón Hurta-do, Ernesto A. Gaitán, José D. Araujo, Luis Cuervo Márquez, Wenceslao Paredes, Sergio A. Burbao, Carlos Liévano y Ricardo Lleras Codazzi. El penúltimo de los miembros, en representación de la Sociedad de Agri-cultores de Colombia, estaría encargado de revocar la tarifa de aduanas vigente. Dicho proyecto sería discutido en las reuniones sucesivas entre el Congreso, las Cámaras de Comercio y el gremio de comerciantes. Desde la prensa oficial se señalaba: “Hasta ahora no se ha hecho nada definitivo en esta materia y que corresponda a las necesidades del país; que por tanto la tarea de la Comisión, además de lo delicada que es en sí misma, exige una pronta y acertada solución” (Diario Oficial, 26 de abril de 1912).

Básicamente, la Comisión de Tarifa de Aduanas retomaría las peticio-nes de la Sociedad de Agricultores de Colombia por los inconvenientes que tenía la tarifa vigente en la producción y comercialización de la harina en el interior del país.

El asunto del trigo y las harinas se había convertido en estos años en una de las principales preocupaciones para el Ministerio de Hacienda, pero los memoriales que enviaban los molineros al gobierno se reducían a defender sobre todo la utilidad que debía corresponderles y en ningún momento se contemplaba la idea de proteger los intereses de los consumidores, es decir, el direccionamiento de las políticas arancelarias no estaba encaminado a la disminución de los precios del pan, lo que iba en contravía a lo adelantado en otros países. Para este mismo año, el gobierno francés suprimió el im-puesto de 75 francos por tonelada de trigo importado, “ese artículo había subido allá a mediados de mayo a 60 pesos la tonelada, al tiempo que en Londres sólo valía $44, en Chicago $43-57 y en Buenos Aires $38” (La Cró-nica, 22 de agosto de 1912). En Colombia se mantenía a 70 pesos la tonelada de harina y, lo que era más grave, quería aumentarse a 100 pesos, hecho que de cumplirse agravaría la situación de los consumidores.

la Junta de agricultoreS del interior del paíS y SuS demandaS

La atención que desde el Ministerio de Hacienda se le dio al tema de la harina generó un ambiente propicio para que la Junta de Agricultores y los agricultores independientes de Bogotá presionaran al gobierno en di-


ferentes direcciones; acusaban también al jefe de la sección de agricultura del ministerio de hacer caso omiso de sus solicitudes y, sobre todo, de tener una conducta hostil hacia los miembros de la junta. Esto llevó a que el organismo realizara una protesta pública en varios informativos capita-linos y ante la Comisión de la Cámara de Representantes. Los directivos argumentaban que era obviado el deber que tenía la Junta de Agricultores de trabajar por los intereses agrícolas del país y de no ponerse al servicio de un grupo en particular, en perjuicio de los consumidores; para ellos era importante que todos los organismos encargados de esta sección tuvieran como fin último buscar el abaratamiento de la producción y no el fomento de la especulación y el monopolio.

Por su parte, los agricultores de Bogotá no hacían más que quejarse de las pérdidas que les producía la venta del trigo a diez pesos la carga de once arrobas, mientras que, “en Europa y Estados Unidos, se vendían a $4 y $5” (La Crónica, 6 de noviembre de 1912); con este valor y las técnicas agrícolas poco modernas, era imposible el progreso de esta industria. Los agricultores indicaban que mientras no se tomaran medidas preventivas contra las heladas, el ramo no podría tener mayor progreso en la agricul-tura nacional.

Los agricultores y productores de trigo de Cundinamarca y Boyacá presionaron al gobierno a tomar partido frente a sus intereses, para lo que recurrieron a las elecciones con el objeto de promover candidatos de su confianza que los representaran ante el gobierno. La Sociedad de Fomento Agrícola, en nombre de su secretario, Juan Antonio Montoya, y sus demás miembros, Evaristo Herrera, Enrique Umaña S., Benjamín Gaitán, Julio Z. Torres, Jesús Rozo Ospina y Eustasio Santamaría, apela-ron a los medios de información y llamaron la atención de los ciudadanos en los municipios del departamento de Cundinamarca para que eligieran diputados a la Asamblea Nacional Constituyente relacionados de manera directa con esta industria, es decir, individuos que pudieran contribuir de manera determinante en la creación de leyes que definieran los derechos de aduana y protegieran la industria harinera, gravemente amenazada por la competencia extranjera. En el acta que resultó, la Sociedad de Fomento Agrícola decidía:

1. Llamar la atención de los consejeros y demás ciudadanos de los municipios a fin de que hagan recaer la elección para diputados a la Asamblea Nacional Constitu-yente en personas que hallen identificadas con el principio de defensa de la indus-tria nacional, consagrando en las leyes medidas que permitan el desarrollo de las capacidades de los colombianos en conformidad con su suelo y con sus climas, sus vías de comunicación y la pobreza que actualmente los agobia.


2. Hacer presente a los honorables consejeros municipales que esta sociedad está dispuesta a oír cuantas consultas puedan hacérsele en el particular (La Civili-zación, 15 de marzo de 1910).

Estas presiones políticas no eran únicamente de parte de los produc-tores de harina de la meseta cundiboyacense, también los empresarios de este producto en la costa realizaron peticiones, denuncias y presiones para evitar una política arancelaria contraria a sus intereses. Para los empresa-rios costeños, el nuevo arancel aduanal, que según el ministro Restrepo Plata no alteraría ni perturbaría en nada las operaciones comerciales, era dañino para el progreso de la industria harinera nacional.

Mientras en el Club Cartagena los empresarios del sector discutían el tema de las alzas arancelarias para la harina y lo denunciaban por la prensa, los empresarios molineros de Barranquilla, liderados por Tomás Suri Salcedo, uno de los propietarios del Molino de la Nevada, publicaron un memorial dirigido al ministro de Hacienda, Francisco Restrepo Plata, demostrando, entre otras cosas, las inconveniencias que traería la imple-mentación de una nueva tarifa de aduanas.

laS demandaS de loS empreSarioS de la harina en la coSta

La política fiscal y arancelaria de Carlos E. Restrepo enfrentó duros cues-tionamientos por parte de los empresarios cundiboyacenses y costeños, además, como primer mandatario, tuvo que lidiar con los enfrentamientos de estos sectores por el control de los mercados de la harina en el país (véanse Dávila, 2003; Dávila, Viloria y Elías-Caro, 2013; Solano y Conde, 1993; Viloria, 2001). Así como los productores de trigo y comerciantes de harina de Bogotá y sus alrededores demandaron la atención del gobierno para que emitiera una política que defendiera los intereses de este gremio, los empresarios y comerciantes de la harina en la costa también hicieron sus reclamos y peticiones al gobierno de Restrepo, en el marco de unas re-laciones políticas que, aunque tensas, se mantuvieron estables (Elías-Caro y Renán, 2013, p. 320).

Uno de los primeros pronunciamientos de los comerciantes y empre-sarios costeños, durante el gobierno de Restrepo lo realizaron frente a las peticiones que hicieron los productores de trigo bogotano en el congreso de agricultores que se reunió en la capital de la república. Este congreso aprobó una proposición encaminada a pedir al Congreso la modificación de la tarifa de aduana, específicamente que autorizara el aumento del gra-vamen de cuatro centavos el impuesto a la harina extranjera importada a territorio nacional, que para ese entonces pagaba un centavo, más 2%.


Desde el periódico La República se expresó la inconformidad de un sector de los empresarios de esta ciudad, preguntando: “¿Han meditado bien los señores del Congreso Agrícola las consecuencias que puede traer su pretensión? Han olvidado que un impuesto injusto colmó la medida de los pueblos explotados precipitándolos hasta llegar a desastrosas soluciones” (31 de julio de 1911).

Los debates alrededor de las tarifas de aduanas no eran nada nuevo, los redactores de El Progreso traían a colación el memorial presentado al ministro de Obras Públicas en el que se pedía la imposición de graváme-nes a las velas esteáricas que se trabajaban en la costa. El decreto estaba próximo a expedirse pero “los señores Lequerica Hermanos, honorables industriales de esta plaza, productores del artículo, se pusieron en marcha y pudieron parar el golpe a tiempo”. Los hermanos Lequerica enviaron sus productos por el ferrocarril Cartagena-Calamar aprovechando que a los que iban de bajada se los exceptuaba del pago del derecho fluvial; pese a eso, se les obligó al pago de gravámenes, alegando que el decreto que eximía del pago del derecho fluvial de los artículos de bajada sólo cobijaba “a los productos del interior, no a los de la costa”. Al comercio de esta pla-za se le exigía el pago del derecho fluvial de las embarcaciones que condu-cían mercaderías para el puerto marítimo de Tolú para ser internadas a las sabanas de Corozal sin pasar por ningún río. La harina, aunque generaba el debate central en la reforma a los aranceles, no era el único, otros ramos de la industria costeña se vieron igualmente afectados.

La principal preocupación de los empresarios de harina en la costa fue que, una vez estatuido el nuevo impuesto al trigo, cesaran las impor-taciones y que el gobierno estadunidense, en represalia, impusiera fuertes gravámenes a los productos colombianos que se consumían en ese país. Para los empresarios harineros de la costa era claro que la pretensión de la Junta de Agricultores era poco realizable si se quería volver obligatorio el consumo de la harina de trigo proveniente del interior del país, pues los molinos de Cundinamarca y Boyacá debían proporcionar 25 000 tonela-das de trigo que se consumían en Cartagena y Barranquilla, cosa que no era posible. “Estos molinos tienen una producción de harina diaria de dos mil quinientas arrobas ¿Puede del interior venir trigo para satisfacer esta producción? Claro que no. Y a cómo saldría costando el bushel de trigo puesto en Barranquilla y Cartagena” (El Comercio, 31 de julio de 1911).

Por otro lado, los empresarios costeños advertían los efectos colatera-les que traería esta medida, argumentando primero que, si este derecho era aumentado a cuatro centavos como lo solicitaba la Junta de Agriculto-res, eso significaría la disminución de las introducciones a los molinos de La Nevada y El Caribe, lo que implicaría proporcionalmente la disminu-ción en las contribuciones fiscales. “Se triplicaría el valor de las harinas por


la escasez de la producción y el exceso de la demanda, lo cual constituiría más de una triple ganancia para estos centros industriales” (La República, 12 de agosto de 1912). La imposición de tal gravamen sólo traería como consecuencia el advenimiento de uno de los periodos más críticos para la industria harinera de la costa, lo que tendría un gran impacto para la eco-nomía regional, ya que los molinos que existían en la ciudad de Barran-quilla producían pan para el consumo interno, y, además, el residuo de la molienda, el salvado, se desaprovecharía como un eficaz recurso para la alimentación de los animales en agosto, cuando era escaso el maíz y, sobre todo, se perderían las ganancias por su exportación a las “islas inglesas de Trinidad y Barbados” (La República, 12 de agosto de 1911).

Segundo, denunciaban que no sólo los empresarios molineros de la costa se verían afectados por este tipo de medidas que eran objeto de álgidos debates en el Congreso de Agricultores, ya que igualmente los consumidores se verían ampliamente perjudicados a la hora de consumir la harina del interior a precios mucho más altos, hecho que se agravaba porque el trigo que se producía en el interior era insuficiente para atender las necesidades del consumo en la costa caribe; además, dicha producción, en vez de aumentar, disminuía drásticamente, “pues, si antiguamente las cosechas daban el 40 por uno, hoy solamente producen el 14 por uno, debiéndose esto a que las tierras son aún cultivadas según los procedi-mientos primitivos y nadie se ha preocupado por emplear maquinarias y herramientas modernas” (El Progreso, 11 de agosto de 1912).

Por último, se cuestionaba la representatividad que tenía la Junta de Agricultores y el congreso que se realizaron en la ciudad capital, Bogotá. Para los redactores de los periódicos El Comercio, El Comercial y La Repúbli-ca, era desconocida la labor que desempeñaba la Junta, así como era fácil suponer que durante el desarrollo de sus labores no habían participado “personas de la costa que fueran auténticos representantes de la región” (El Comercial, 4 de agosto de 1911).

Además de las opiniones, reclamos y discusiones que se realizaron desde la prensa de Cartagena y Barranquilla, los empresarios dueños de la firma Urueta, Salcedo & Co., propietarios de los molinos de La Nevada establecidos en Barranquilla, expusieron de manera directa su opinión, sus críticas y solicitudes al ministro de Hacienda, Francisco Restrepo Plata. Estos empresarios, en un detallado análisis sobre costos de importación, producción y traslado del trigo y la harina, intentaron persuadir al gobier-no de lo inexacto que era afirmar que sus molinos causaban perjuicios a los productores de harinas y a los agricultores del interior de la república.

Para que los molinos de La Nevada y El Caribe pudieran producir 250 libras de harina (una carga) eran necesarios 190 kilos de trigo aproxima-damente, lo que implicaba un gravamen de introducción de trigo de 1.90


pesos y, una vez incrementado el impuesto en tres centavos, ascendería el de los 190 kilos a 5.70 pesos, lo que incidiría de manera directa en el pre-cio de la carga de harina, que ahora sería de 20.25 pesos, carga de harina que se vendía en ese momento a 18.50 pesos. Para ellos era “evidente que, salvo un caso de locura en el que el pueblo consumidor prefiriese a este precio, el nuestro más alto, la ruina de nuestra industria sería a poco un hecho cumplido, pero en cambio la Nación habría atendido a la defensa del trigo de la Sabana de Bogotá” (Diego A. de Castro & Co. y Urueta, Salzedo & Co., 1912, p. 6).

El memorial enviado por Urueta, Salcedo & Co. al ministro de Ha-cienda, Francisco Restrepo Plata, buscaba una manera de conciliar los in-tereses, es decir, exponía que el gravamen impuesto al trigo fuera propor-cional al valor de la harina producida en Barranquilla y al de una tonelada de la misma calidad producida en Bogotá, “en este conflicto de intereses creo yo que lo más justo sea posible, y esa conciliación la encuentro en un impuesto al trigo extranjero, que iguale el valor de una tonelada de harina producida en Bogotá” (Diego A. de Castro & Co. y Urueta, Salzedo & Co., 1912, p. 6).

Otro de los puntos a los que se refirió el memorial fue a la propuesta de aumentar el gravamen al trigo impulsada por la Junta de Agriculto-res, ya que esta era inconsecuente porque el trigo sólo se importaba en la costa caribe, que funcionaba como centro productor y consumidor; en ningún momento se pensó en competir con la harina producida en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá o Santander, y agregaban: “No comemos en la costa pan hecho con harina de Cundinamarca ni de Bo-yacá; siempre lo hemos hecho con harina, antes llamada de Castilla, hoy extranjera” (Diego A. de Castro & Co. y Urueta, Salzedo & Co., 1912, p. 6).

En los cálculos que se presentaban en el memorial se había tomado en consideración el derecho de internación de ocho centavos oro por cada kilogramo de harina, que sólo pagaba la industria harinera de la costa al subir los costales a Puerto Berrío; es decir, 9.20 pesos en cada carga, que-dando claro que este derecho subía el valor de la harina que llegaba en el interior; se demostraba una vez más que el derecho de internación de la harina hacía competitiva la harina del interior, que no pagaba estos dere-chos. Además, era la harina de la costa la que le producía ingresos consi-derables al fisco de la nación. Agregaba el memorial que, con el aumento del consumo de harina en los últimos años, habían alcanzado un aumento de importancia los ingresos fiscales al país. “Desde el primero de enero de este año al día de hoy, 31 de mayo, la suma de $28 189.25 oro en cinco meses, en tanto que en todo el año de 1906 las introducciones de harinas extranjeras por esta Aduana, solo le produjeron al fisco $61 984.73” (Diego A. de Castro & Co. y Urueta, Salzedo & Co., 1912, p. 10).


reSultadoS de laS confrontacioneS por la reforma de la tarifa de la harina importada

Luego de este intenso debate que se publicó en la mayoría de los diarios bogotanos, barranquilleros y cartageneros, el proyecto reformatorio de la tarifa de aduanas que había presentado el ministro de Hacienda, acogiendo las peticiones de los gremios agrícolas del país, fue sometido a un estudio pormenorizado: cerca de 90 días de intensa labor de sus miembros fueron necesarios para conciliar los intereses de los agricultores del interior del país y los empresarios molineros de Barranquilla, propietarios de los moli-nos de La Nevada y El Caribe. “Hasta donde fue posible se logró conciliar los diversos y poderosos intereses que entran en juego en tan complicado y trascendental problema” (El Tiempo, miércoles 30 de octubre de 1912).

La oposición de los empresarios harineros de la costa y de otros secto-res sociales logró detener ese año las iniciativas arancelarias del gobierno. De 25 proyectos de ley que fueron presentados por el ejecutivo para desa-rrollar su plan de Hacienda, sólo se aprobaron siete, y se implementaron como leyes, la autorización al gobierno para el reconocimiento de varios créditos a cargo del Tesoro nacional, el contrato con la Anglo Colombian Investing Co., el reconocimiento de varios créditos a cargo del Tesoro na-cional. La reforma propuesta por Restrepo Plata, basada en la reforma de la tarifa de aduanas, objeto de álgidos debates, presentada a consideración el 22 de julio de 1912, ni siquiera fue considerada para segundo debate. El primero de enero de 1913, en un mensaje dirigido a los colombianos, el presidente Carlos E. Restrepo dijo:

Si la tarifa no se votó, no dependió del gobierno, que cumplió con el deber, que no se había llenado en un cuarto de siglo, de presentar a las cámaras un proyecto de arancel que consultara todas las exigencias actuales, tanto desde el punto de vista fiscal, como desde el de los intereses de las industrias. La falta de tarifa y la incertidumbre en la que queda el país respecto de tan importante ramo perjudi-cará el desarrollo económico de la República y privará al Tesoro de cuantiosas entradas; dada la inseguridad en que quedamos en materia de aduanas, no podrá tener esta renta la grande expansión que era de esperarse (Diario Oficial, 30 y 31 de enero de 1913).

Desde el informativo El Centro se criticó la labor de Francisco Res-trepo Plata por haber aplicado “su criterio trastornado de comerciante a los negocios públicos” (25 de febrero de 1913), específicamente por haber direccionado los proyectos ministeriales al aumento de las exportaciones en detrimento de los productos importados, sobre los cuales pesaban fuer-tes gravámenes. Para el ministro este resultado indicaba progreso, “sobre


todo para los molineros de Bogotá, quienes hacían una ganancia excesiva” (25 de febrero de 1913), “criterios anacrónicos y poco viables”, ya que la prosperidad fiscal y económica de un país recaía principalmente sobre el movimiento comercial, el plan fiscal del ministro Restrepo Plata se ha-bía destacado por el aumento de las contribuciones de los colombianos, 70 000 000 de pesos habían salido del bolsillo de los ciudadanos hacia las arcas nacionales, “treinta meses a dos millones mensuales” que no se mate-rializaban en obras de utilidad pública, de orden y seguridad; al contrario, dicha cantidad sólo estaba representada: “en desórdenes, agitaciones, en persecuciones, en atropellos provocados por el gobierno, en vergüenzas internacionales, en desastre y miseria, muerte de industrias y paralización de negocios, en un malestar económico incurable, proporcionado por la mala administración de las finanzas. ¡Bendito gobierno!” (El Centro, 25 de febrero de 1913).

También desde la prensa de la costa fue cuestionada la labor de los representantes ante el poder central, ya que, si bien la harina y los comer-ciantes de este producto salieron de momento victoriosos, otros sectores de la economía de la costa se vieron afectados con la política fiscal de este gobierno. Se afirmaba que las causas de las injustas medidas que venían fraguándose desde la capital del país podrían encontrar su explicación en la falta de cohesión fraternal, lo que quedaba demostrado en la participa-ción de los diputados en las Asambleas Nacionales, los ministros, senado-res y representantes que hasta ese momento se habían destacado por un rotundo mutismo en cuanto al tema de las tarifas aduaneras, y agregaban: “No han dicho ni hecho cosa alguna que haga referencia siquiera a esta-blecer un sistema arancelario de Aduanas que responda a las necesidades de la costa, que es, hoy por hoy, la más importante cuestión fiscal para el país, y especialmente para esta región” (“Por la costa”, El Progreso, 11 de agosto de 1912).

Aunque a finales de 1912 el debate sobre los impuestos al trigo extran-jero cesó y el gobierno dirigió su atención al café, que aumentó su deman-da en el mercado internacional, elevando rápidamente los ingresos fiscales y, por consiguiente, la regularización de la moneda, 1913 sería un año para una nueva confrontación sobre el tema arancelario para la harina y el trigo importados. Para 1913 el ministro Restrepo Plata intentaría nuevamente realizar una reforma tributaria que buscaba proteger la producción del centro del país y, aunque no lo logró, el gobierno de Marco Fidel Suárez, en 1918, insistiría en la necesidad de realizar un ajuste a la tarifa de impor-tación de este producto para evitar la ruina de los industriales del interior del país; en esa ocasión encontraría una oposición organizada alrededor de las demandas de la Liga Costeña, compuesta por varios sectores de la región (Posada, 1985).


concluSioneS

Durante el periodo presidencial de Rafael Reyes, que se extiende de 1904 a 1909, miembros importantes del liberalismo barranquillero y del conser-vadurismo nacionalista cartagenero y barranquillero extendieron víncu-los políticos económicos con el poder central, que dirigió sus políticas a la protección y el fomento de la iniciativa empresarial regional, vínculos que, aunque existentes, se irían debilitando en la medida en que el nuevo presidente Carlos E. Restrepo (1910-1914) intentó cambiar la política fis-cal y derogar los decretos proteccionistas que amparaban las iniciativas empresariales de la costa. Desde el Ministerio de Hacienda, dirigido por Francisco Restrepo Plata, se crearon proyectos de ley orientados a aumen-tar los gravámenes sobre la harina importada, lo que iba en detrimento de la industria harinera en la costa caribe, representada por los empresarios molineros del Atlántico Urueta, Salcedo & Co.

Para el periodo presidencial de Carlos E. Restrepo, además, se esti-mularía la centralización política y el desplazamiento del poder político de las elites regionales por miembros de la burocracia del centro del país. Lo trascendental de este esfuerzo encaminado a fortalecer la centraliza-ción política fue la reacción de las elites locales para hacer oposición a las medidas que se pretendían implantar desde el centro. Ante la amenaza de una pérdida de estatus de las elites del caribe colombiano en la vida política y económica nacional durante el periodo presidencial de Carlos E. Restrepo, la elite empresarial y política de la costa caribe diseñó dos estrategias de tipo coyuntural, la primera dirigida a fortalecer el liderazgo político de sus miembros y los proyectos tendentes a la descentralización y autonomía política ante el exceso de controles y tutelas sobre los poderes locales. La segunda consistió en realizar reivindicaciones dirigidas a defen-der los intereses económicos de los empresarios de la región mediante la oposición directa a las medidas fiscales del gobierno central y los intereses monopolísticos de los empresarios del interior del país. De esta manera, y utilizando alianzas y presiones de tipo político, lograron un equilibrio de poderes que se mantuvo en permanente tensión, hecho que caracterizó durante estos gobiernos las relaciones políticas de los empresarios de la costa con el gobierno central y los empresarios del centro del país.

referenciaS

Balan, J. (abril-junio, 1978). Una cuestión regional en la Argentina: burguesías provin-ciales y el mercado nacional en el desarrollo agro exportador. Desarrollo Económico 18(69), 49-87.


Bell, G. (1991). Cartagena de Indias: De la colonia a la república. Santa Fe de Bogotá: Fundación Simón y Lola Guberek.

Bell, G. (octubre, 1994). Conflictos regionales y centralismo. Una hipótesis acerca de las relaciones políticas de la costa en los primeros años de la república (1821-1840). Revista de la Contraloría, 8, 49-68.

BergquiSt, C. (1992). Café y conflicto en Colombia. Bogotá: El Áncora.Botero, F. (2003). Estado, nación y provincia de Antioquia. Guerras civiles e invención de la

región, 1829-1863. Medellín: Hombre Nuevo.CalVo S. H. y MeiSel A. (eds.) (1999). El rezago de la costa caribe colombiana. Bogotá:

Banco de la República/Fundesarrollo.Cardozo, G. (1998). Historia zuliana, economía, política y vida intelectual en el siglo xix.

Maracaibo: Universidad de Zulia.Cardozo, G. (2005). Venezuela: de las regiones históricas a la nación. Caracas: Academia

Nacional de la Historia.ChamberS, S. (1997). Los matices de la Ciudad Blanca: La cultura y sociedad urbana

de Arequipa, Perú, 1780-1854. Revista de Ciencias Sociales, 3, 241-281.ChamberS, S. (2003). De súbditos a ciudadanos: honor, política y género en Arequipa, 1780-

1854. Lima: La Red.chiaramonte, J. C., cuSSianoVich, E., y tedeSchi, S. (segundo semestre, 1993).

Finanzas públicas y política interprovincial: Santa Fe y su dependencia de Buenos Aires en tiempos de Estanislao López. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 3a. serie, 8, 77-116.

coerVer, d. m. (abril, 1977). Federal state relations during the Porfiriato: The case of Sonora, 1879-1884. The Americas, 33, 567-584.

ColmenareS, G. (1998). Varia. Selección de textos. Bogotá: Tercer Mundo.Conde, J. (1994). Autonomía y rivalidades entre poblaciones en la provincia de Carta-

gena, 1810-1815. Historia y Cultura, 3, 69-78. Conde, J. (2009). Buscando la nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colom-

biano 1821-1855. Medellín: Universidad del Atlántico. Condori, V. (2010a). Los efectos económicos de la Independencia en Arequipa: 1820-

1824. En c. contreraS, c. mazzeo y f. quiroz (eds.), Guerra, finanzas y regiones en la historia económica del Perú (pp. 173-218). Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Condori, V. (2010b). Sociedad, identidad y regionalismo en Arequipa, 1780-1830. His-toria, 9, 47-71.

ContreraS, C. (1987). Mineros y campesinos en los Andes, mercado laboral y economía campe-sina en la Sierra Central, siglo xix. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

CorraleS, I. T. (enero-marzo, 1982). Heterogeneidad del estado y conflictos regionales. Desaparición de poderes en Hidalgo. Revista Mexicana de Sociología, 44(1), 119-149.

DáVila, C. (comp.) (2003), Empresas y empresarios en la historia de Colombia, siglo xix-xx. Bogotá: Norma.

DáVila, C., Viloria, J., y elíaS-caro, J. (2013). Los estudios empresariales en Colombia a prin-cipios del siglo xxi (con una referencia a México). Santa Marta: Universidad del Magdalena.


DeuStua, J. (1986). La minería peruana y la iniciación de la República. 1820-1840. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

diego A. de caStro & co. y urueta, Salcedo & co. (junio, 1912). La industria harinera de la Costa. Memoriales y escritos varios relacionados con dicha industria (pp. 6 y 10). Barranquilla: Imprenta del Comercio. Libros raros y manuscritos. Biblioteca Luis Ángel Arango Barranquilla, Colombia.

ElíaS-Caro, J. y Renán W. (2013). La educación superior en la provincia de Santa Marta y el Magdalena. Siglo xix. Santa Marta: Universidad del Magdalena.

FloreS, A. (1984). La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830. Lima: Mosca Azul.

GaraVaglia, J. C. (2007). Construir el Estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglo xviii-xix. Tucumán: Prometeo Libros.

girbal-blacha, N. M. (1994). Azúcar, poder político y propuestas de concertación para el noroeste argentino en los años 20. Las conferencias de gobernadores de 1926-1927. Desarrollo Económico, 34(133), 107-122.

Hernández, E. (2008). La elite piurana y la independencia del Perú: la lucha por la conti-nuidad en la naciente República (1750-1824). Lima: Instituto Riva Agüero/Pontificia Universidad Católica del Perú/Universidad de Piura.

hidalgo (2008). Política, participación y ciudadanía en el proceso de independencias en la América andina. Quito: Fundación Konrad Adenauer.

Hunt, S. (1984). Guano y crecimiento en el Perú del siglo xix. HISLA, Revista Latinoa-mericana de Historia Económica y Social, 4, 35-92.

Jaramillo, J. (1997). Travesías por la historia. Colombia: Presidencia de la República.KalmanoVitz, S. (1994). Economía y nación. Una breve historia de Colombia. Bogotá: tm

Editores.Mallon, F. (1983). The defense of community in Peru’s central highlands. Peasant struggle and

capitalist transition, 1860-1940. Princeton: Princeton University Press.Manrique, N. (1987). Mercado interno y región. La Sierra Central. 1820-1930. Lima:

Desco.Martínez, C. (octubre-diciembre, 1978). Alternativas de poder regional. Revista Mexi-

cana de Sociología, Estado y Clases en América Latina 40(4), 1411-1428.Mayor, A. (enero, 1999). Rafael Reyes. Revista Credencial Historia. Recuperado de http://

www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero1999/109rafaelreyez.htm

MeiSel, A. (1999). ¿Por qué perdió la costa caribe en el siglo xx? En CalVo S. H. y MeiSel, A. (eds.), El rezago de la costa caribe colombiana. Bogotá: Banco de la República/Fundesarrollo.

Melo, J. O. (1996). La república conservadora. En Colombia hoy. Bogotá: Siglo xxi.Múnera, A. (1993). Comerciantes de Cartagena y el conflicto regional con Santa Fe de

Bogotá a principios del siglo xix. Historia y Cultura, 1, pp. 17-29.Múnera, A. (julio-diciembre, 1996). El Caribe colombiano en la república andina:

identidad y autonomía en el siglo xix. Caribbean Studies, 29(2), 213-237.


ocampo, J. A. (1984). Colombia y la economía mundial, 1830-1910. Bogotá: Siglo XXI/Fedesarrollo.

Palacio, M. (1986). Estado y clases sociales en Colombia. Bogotá: Procultura.Palacio, M. y Safford, F. (2002). Colombia. País fragmentado, sociedad dividida. Su his-

toria. Bogotá: Norma.Peralta, V. (1991). En pos del tributo. Burocracia estatal, elite regional y comunidades indí-

genas en el Cusco rural, 1826-1854. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

PoSada, E. (1985). La Liga Costeña, una expresión de poder regional. Boletín Cultural y Bibliográfico, 21(3). Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti3/bol3/liga.htm

PoSada, E. (1999). El regionalismo político en la costa caribe de Colombia. En H. CalVo y A. MeiSel (eds.), El rezago de la costa caribe colombiana. Cartagena: Banco de la República/Fundesarrollo.

Ripoll, M. T. (2003). Las redes familiares y el comercio en Cartagena. El caso de Rafael del Castillo y Compañía. 1861-1960. En C. DáVila (comp.), Empresas y empresarios en la historia de Colombia, siglo xix-xx (pp. 570-591). Bogotá: Norma.

Román, R. (2010). La crisis del puerto de Cartagena de Indias: conflictos y fracasos de sus proyectos de desarrollo. 1830-1848. En J. ElíaS-Caro y A. Vidal (eds.), Ciudades portuarias en la gran Cuenca del Caribe (pp. 335-395). Barranquilla: Univer-sidad del Norte/Universidad del Magdalena.

Román, R. (2011). Celebraciones centenarias. La construcción de una memoria nacional en Colombia. Cartagena: Universidad de Cartagena/Alcaldía Mayor de Cartagena.

Rubbin, J. (2003). Descentrando el régimen: cultura y política regional en México. Boston: Universidad de Boston.

Solano, S. y Conde, J. (1993). Elite empresarial y desarrollo industrial en Barranquilla, 1875-1930. Barranquilla: Universidad del Atlántico.

Taracena, J. A. (1997). Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. Los Altos de Gua-temala: de región a Estado, 1750-1850. Costa Rica: Porvenir/Centro de Investigacio-nes Regionales de Mesoamérica/DRSCT.

Taracena, J. A. (septiembre, 2000). Región e historia. Cuadernos digitales: publicación electrónica en historia, archivística y estudios sociales, 1(2). Recuperado de http://histo-ria.fcs.ucr.ac.cr/cuadernos/c2-his.htm

Urdaneta, A. (2006). Intereses y rivalidades regionales en la Venezuela Caribeña. Memorias, 4(2), 1-53.

Urdaneta, A. (diciembre, 2008). El Zulia del siglo xix en la construcción de la nación en Venezuela. Revista de Ciencias Sociales, 14(3), 590-603.

Uribe, M. T. y ÁlVarez, J. (1987). Poderes y regiones en la constitución de la nación colom-biana 1810-1850. Medellín: Universidad de Antioquia.

Viloria, J. (2001). Ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920. Cuaderno de Historia Económica y Empresarial, 8. Cartagena: Banco de la República.

ESTADO, INNOVACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA EN EL VALLE

DEL RÍO CAUCA (COLOMBIA), 1910-1945*

STATE, INNOVATION AND EXPANSION OF THE SUGAR AGROINDUSTRY IN THE CAUCA

RIVER VALLEY (COLOMBIA), 1910-1945

Hugues R. Sánchez MejíaUniversidad del Valle, Cali, Colombia <[email protected]>

Adriana Santos DelgadoUniversidad del Valle, Cali, Colombia <[email protected]>

Resumen. Este artículo examina el proceso de expansión del cultivo de caña y de la producción de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, Colombia, durante la primera mitad del siglo xx. A la par se exploran cuáles fueron los principales componentes que operaron en favor de la transformación del paisaje rural de esta región. Así, observamos que factores como la inversión estatal en infraestructura, la creación de instituciones de apoyo agrícola, la aplicación de innovaciones tecnológicas, y la inversión de capitales por empresarios agrícolas, unidos a la creciente demanda de azúcar para el mercado interno colombiano, llevaron al surgimiento de los ingenios como unidades productivas modernas, en reemplazo de los trapiches, y al incremento de la producción de la azúcar centrifugada.

Palabras clave: Estado; azúcar; expansión azucarera; ingenios; valle del río Cauca.

Abstract. This article examines the process of expansion of cane cultivation and sugar production in the Cauca river valley, Colombia, during the first half of the twentieth century. At the same time we explore what were the main components that operated in favor of the transformation of the rural landscape of this region. Thus, we observed that factors such as State investment in infrastructure, creation of agricultural support institutions, implementation of technological innovations, and capital investment by agricultural entrepreneurs, coupled with the growing demand of sugar for the Colombian domestic market led to the emergence of the sugar as modern production units, replacing the mills, and increased production of centrifugal sugar.

Key words: State; sugar; sugar expansion; ingenios; the Cauca river valley.

Fecha de recepción: julio de 2013. Fecha de aceptación: diciembre de 2013

* El artículo forma parte del proyecto Buscando el Crecimiento Económico: Factores de Mercado, Industrialización y Desarrollo Económico en Cali. 1900-1950, financiado por la vice-rrectoría de investigaciones de la Universidad del Valle.


202 Hugues R. Sánchez Mejía y Adriana Santos Delgado

introducción

Un grupo de interpretaciones historiográficas (Arango, 1977; Beja-rano, 1987; Palacios, 2002; Machado, 1988) sobre el desarrollo de la agricultura colombiana durante la primera mitad del siglo xx

prioriza la vinculación de este sector con la economía mundial a través de la exportación de café, señalando su impacto en los sistemas productivos regionales y locales. Pocos trabajos (Posada, 1998; Meisel, 2009; Viloria, 2001, 2002; Flórez-Malagón, 2008) se detienen en el estudio de la activi-dad agropecuaria vinculada con mercados internos; aun cuando se perci-be –para el periodo señalado– un incremento de la demanda de alimentos estimulada por el crecimiento demográfico, la primera industrialización y el mejoramiento del nivel de ingresos en los pueblos cafeteros.

En este contexto, uno de los productos agroindustriales con fuertes demandas en el ámbito de los mercados locales, para el periodo estudiado, fue el azúcar centrifugada (Kalmanovitz y López, 2006). Por ello es impor-tante preguntarse ¿cómo fue posible la expansión de la producción del azúcar centrifugada en una subregión de Colombia, específicamente en el valle geográfico del río Cauca, durante la primera mitad del siglo xx? Para responder a esta cuestión es necesario señalar que algunos estudiosos mos-traron el ascenso del ingenio y la producción de azúcar en general como un proceso lineal y simple, guiado por una oligarquía terrateniente (Mina, 1975; Almario, 1994; Le Grand, 1988). Tendencia que, de manera contra-dictoria, se ensambla, por otra vía, con las hipótesis de quienes caracteri-zaron la producción agrícola en las áreas rurales, con excepción del café, como arcaica e inmune a los cambios, y percibieron a los empresarios del agro como fuente innata de trabas estructurales para el progreso del país (Bejarano, 1976; Fajardo, 1981; Kalmanovitz, 1982).

A pesar de existir estudios monográficos (Rojas, 1983; Collins, 1985; Ramos, 2005; Valdivia, 1992) que analizan la expansión agroindustrial del ramo azucarero en el valle geográfico del río Cauca, pocos sitúan en pers-pectiva histórica el papel desempeñado en dicho proceso por el Estado –en sus variantes central y regional– y sus agentes locales, quienes pro-movieron la adquisición de tecnología como un mecanismo para alcanzar la consolidación del renglón agrario. A nuestro juicio la unión entre el Estado y los empresarios agrícolas, estimulada por la demanda del azúcar centrifugada, influyeron en el cambio radical del paisaje agrario en el valle del río Cauca.

Por lo anterior sostenemos que la irrupción del ingenio y la expansión azucarera en Colombia hizo parte de un proceso particular que se vivió en varias regiones de América Latina desde la segunda mitad del siglo xix y, de manera tardía, en algunos países a comienzos del siglo xx: la eclosión


de empresarios agroindustriales, estuvieran estos vinculados a mercados externos o internos. Nuevas perspectivas de análisis sobre esta tendencia muestran a los empresarios agrícolas interesados en la innovación tecno-lógica, la explotación –en algunos casos– moderna de la mano de obra, la búsqueda sistemática de beneficios a través de la vinculación de sus pro-ductos a mercados locales o internacionales y el control sobre las políticas estatales para su sector (Zanetti y García, 1998; Guerrero, 1994; San Mi-guel, 1997; Tortolero, 2003; Contreras, 2004; Ortega, 2005; Crespo, 2009). Proceso, en general, con variantes en cada región y que alertan sobre la ne-cesidad de reenfocar la atención sobre los diversos factores que obligaron a un cambio en el paisaje rural latinoamericano a comienzos del siglo xx.

Sin embargo, cabe enfatizar que estamos ante una trama compleja donde, en la expansión azucarera, coinciden de manera paralela múlti-ples aristas, desde la ya señalada participación estatal y la experimentación tecnológica, hasta la actividad empresarial agroindustrial y el intervencio-nismo. Esta última etapa se hizo patente con la asociación de sectores de elite para conformar unidades productivas tecnificadas transitando del tradicional trapiche al ingenio centrifugado y permitiéndoles, en menos de 20 años, controlar la oferta del azúcar que abastecería las necesidades internas de la industria y el sector alimenticio del país.

Por ello, en el presente artículo se indaga sobre la incidencia de al-gunos factores del mercado en el auge, a lo largo de las cinco primeras décadas del siglo xx, del cultivo de caña y la producción de azúcar en el suroccidente de Colombia. En una primera parte se observan las acciones que desde los entes estatales en los ámbitos local y nacional incidieron en la transformación agrícola local, examinando aspectos desde el transporte hasta el apoyo estatal a la transformación agrícola. Por último, se concluye que la gestión realizada por el gobierno central, a petición de los empresa-rios y políticos locales, primero en la infraestructura del transporte (tren, carreteras y muelle) y luego en políticas agrícolas (innovación biotecnoló-gica, contratación de misiones, etc.), generó un proceso de transformación que propició la llegada del capitalismo agrario a una delimitada subregión de Colombia. Así, un primer factor es la creación de la unidad política administrativa llamada Departamento del Valle del Cauca en 1910. Luego, otro factor determinante es el interés de los cafeteros por conectar el puer-to de Buenaventura con los mercados cafeteros, que facilitó a los agriculto-res locales abrirse a un mercado en expansión y con alto valor adquisitivo.

En una segunda parte se atiende el tema de la innovación biotecno-lógica, especialmente en la función de las llamadas granjas experimentales, la participación estatal y los actores locales. Una vez resuelto el tema del transporte, las energías se trasladaron al factor productividad de la tierra. Era necesario ahora utilizar los terrenos del fértil valle del río Cauca en el


cultivo de productos de alta rentabilidad. Por ello, desde el gobierno cen-tral y desde diversas dependencias de la gobernación del Valle del Cauca se buscaron mecanismos para incentivar la producción agrícola local, des-de productos como el tabaco, el cacao y el ganado vacuno hasta la caña de azúcar. Hasta finales de la década de 1920 y comienzos de 1930, con la aparición en escena del proyecto de las granjas experimentales y la misión Chardon, se percibe una nueva realidad: la aparición del ingenio centri-fugado. Ya para 1930 era clara la tendencia expansiva del cultivo de caña de azúcar y la aparición de tres ingenios que competían con el ingenio La Manuelita, lo que señalaba un claro derrotero comercial a los empresarios locales.

Por último, de manera general, mostraremos los signos de la expan-sión azucarera, los cambios e impulso que se vivieron en el ámbito local por la eclosión del ingenio; la participación estatal con la adopción del proteccionismo y los derechos de propiedad; los mecanismos adoptados por parte de partícipes locales para facilitar la innovación tecnológica, al mismo tiempo que cuestionamos analíticamente el carácter que adquiere la modernización en las formas de producción de las áreas rurales. La in-dustrialización que vivía el país demandaba ingentes cantidades de azúcar; así, en un mercado en expansión que era abastecido con azúcar importa-da, el nacimiento de un nacionalismo empresarial determinó este proceso. Para lograr dicha expansión era necesario resolver obstáculos existentes: por parte del Estado, el tema de los derechos de propiedad y la competen-cia externa al sector azucarero; por el lado de los empresarios agrícolas, la tecnificación del sistema de producción de azúcar, es decir, el estableci-miento del ingenio moderno. Todos estos factores que coincidieron en la década de 1930, como veremos más adelante, dieron como resultado que para 1940 el ingenio avanzara en una creciente prosperidad y se hiciera parte del paisaje geográfico del valle del río Cauca.

Todas estas preocupaciones e interrogantes encuentran asidero en los testimonios de protagonistas de la época. Gracias a ellos sabemos que en la primera década del siglo xx el cultivo de la caña no era la principal ac-tividad que ocupaba la parte plana localizada entre las cordilleras Central y Occidental, el llamado valle del río Cauca; por ejemplo, en la Revista Nacional de Agricultura, órgano de la Sociedad de Agricultores de Colom-bia, se puede leer una carta enviada desde el departamento del Cauca hacia 1906, firmada por Joaquín Caicedo Albán (1906), donde, de manera pesimista, informaba sobre la difícil situación de la agricultura local: “En-tre nosotros, en nuestro espléndido valle del Cauca, la agricultura va de vencida. Dolorosa es esta confesión, pero no por eso menos cierta. No se siembra sino en Pará y cada año se invierten grandes sumas derrocando bosques y desecando pantanos y ciénagas para fundar dehesas. La causa,


en mi concepto, es justa, y antes de formular cargo, conviene oír los ate-nuantes” (pp. 114-115).

Caicedo, un próspero hacendado y, más tarde, fundador del ingenio Riopaila, enfatizaba la subutilización de las tierras del valle geográfico al ser empleadas en la cría de ganado. Ese mismo año de 1906, en otra mi-siva divulgada por la misma publicación, un ciudadano de Cali, bajo el seudónimo de P. P. C. (1906), iba más allá y exponía las que, en su opinión, eran las causas del rezago regional: “Nuestro sistema monetario, vías de comunicación, alto precio del transporte, escasez de población, atraso en los sistemas de producción, anulación del crédito interno, alto interés del dinero, agio y especulación” (p. 81). En general, señalaba la inexistencia de condiciones para vincular la región y sus productos a circuitos mercantiles más lejanos, sean estos nacionales o internacionales. En la mayoría de los discursos de políticos y empresarios locales se recomendaba cuál debía ser la política estatal para superar dicha situación; en especial se insistía en la ejecución de una política pública bien encaminada (se refieren a la cons-trucción del ferrocarril) cuya implementación debía convertir una región con “todos los climas y todos los productos de la zona tórrida y templada [en la] segunda California […] donde encontrarán trabajo lucrativo nacio-nales y extranjeros” (Reyes, 1917, p. 48).

Más adelante, en 1942, podemos constatar un panorama económico sustancialmente diferente; desde el Ministerio de la Economía Nacional, Marco Aurelio Arango (1942) reportaba, respecto al abastecimiento del mercado interno del azúcar, que “en el presente año no será necesario importar absolutamente nada de azúcar”, y se añadía que si “la producción de azúcar en Colombia era en 1928 de apenas 6 236 toneladas”, llegaría en 1945 a “60 000 toneladas en números redondos” (p. 28). Producción azucarera procedente en su mayoría de los ingenios ubicados en el va-lle geográfico del río Cauca. Una verdadera evolución en la siembra de caña y fabricación de azúcar centrifugada había operado en menos de tres décadas.

En este sentido, la consulta de fuentes impresas tales como la prensa local, resoluciones dictadas por la Asamblea del Valle del Cauca, informes de gobernadores y misiones técnicas y, sobre todo, las divulgaciones sobre el tema de la agroindustria azucarera publicados en la Revista Nacional de Agricultura, posibilitan enfocar el presente análisis en aspectos poco explo-rados hasta la fecha.1

1 Si bien existen en los archivos regionales y nacionales importante información sobre el tema de la expansión azucarera, para el presente artículo nos apoyamos especialmente en los informes de los gobernadores del departamento del Valle del Cauca a la Asamblea Departamen-tal y, sobre todo, en publicaciones periódicas como la Revista Nacional de Agricultura. Esta última, fundada en 1906, nació como principal órgano de divulgación del gremio cafetero y más tarde


la participación eStatal en el aScenSo del Valle del río cauca

Diversas investigaciones sobre la cuestión agrícola en América Latina a finales del siglo xix y la primera mitad del siglo xx señalan, en mayor y menor medida, la participación del Estado como fundamental en el logro del crecimiento económico. Resaltan, sobre todo, su incidencia tanto en la especialización de zonas productoras a partir de sus ventajas geográficas, como en la vinculación de estas a mercados externos e internos (Tortole-ro, 1998; Girbal-Blacha, 2007; Sánchez, 2005; Santamaría, 2001; Romero, 2006; Lewis, 2008). Siguiendo esta perspectiva mostraremos la influencia estatal en la transformación agrícola de la zona en cuestión durante la primera mitad del siglo pasado, en sus dos esferas, local (gobierno de-partamental) y central (gobierno nacional). En cuanto al ámbito local es pertinente señalar que el área geográfica de análisis estaba incluida en una unidad mayor llamada gobernación del Cauca hasta 1910; fecha a partir de la cual se segregó una porción de territorio para dar tránsito a una nueva unidad político-administrativa denominada Departamento del Valle del Cauca (Hurtado, 2011; Londoño, 2011).

El Estado central: de la construcción de infraestructura a la intervención en la producción agrícola

Varios historiadores coinciden en señalar a los ferrocarriles como el tipo de infraestructura que recibió mayor atención por parte de los funciona-rios públicos en la Colombia de comienzos del siglo xx (Pachón y Ramí-rez, 2006). La necesidad de comunicar la zona cafetera del centro del país –Antioquia, Caldas y parte de Tolima– con los mercados internacionales, especialmente con el puerto de Buenaventura y Panamá, obligó a focalizar los recursos en la construcción del llamado ferrocarril del Pacífico. Esta compañía de transporte cohesionó a los sectores políticos y empresariales –agrícolas, comerciantes e industriales– del valle geográfico con otros gru-pos regionales de poder asentados en ciudades como Popayán, Manizales y especialmente Medellín, a quienes les interesaba conectarse de mane-ra expedita al mercado mundial. Si para los cafeteros era importante esa conexión, para un grupo de empresarios locales resultaba trascendental vincularse con la economía cafetera. Como ya señalamos, para los inicios

fue asumida por la Sociedad de Agricultores de Colombia, publicando tres números anualmente, donde se mostraban desde informes sobre la agricultura (tecnificación, utilización de abonos, in-novación biotecnológica, etc.) hasta recomendaciones a los gobiernos de turno sobre las políticas a implementarse para incentivar el sector agropecuario en Colombia.


de siglo los empresarios agrícolas del valle del Cauca identificaban como causante del poco desarrollo económico local la falta de vías que unieran el valle geográfico en mención con mercados externos, dentro o fuera del territorio nacional.

Para poner un ejemplo, en 1911 Francisco Restrepo Plata (1942) resal-taba, en uno de sus escritos periodísticos, que gran parte de la producción de azúcar del ingenio La Manuelita se perdía por falta de transporte. Para este empresario las cañas cultivadas en el valle del río Cauca producían bastante azúcar –siendo tal el caso del ingenio mencionado–; por tanto, el problema radicaba en que

a los dos años la producción es excesiva, y como el artículo no tiene salida para el exterior, y muy poca para los mercados del interior, viene el abarrotamiento de existencias que hace declinar los precios hasta cifras inverosímiles como $30 papel la arroba de azúcar de primera en Palmira. Permanentemente bajan los vapores del río Cauca grandes cargamentos de azúcar de La Manuelita a buscar mercado en Manizales y el interior […] miles de bultos del mismo producto, esperando ocasión de pasar la cordillera por ese abominable camino que llaman el Quindío (pp. 152-155).

De este modo se revela la manifestación de una conciencia clara sobre la necesidad de contar con la línea ferroviaria como condición ineludible para elevar la producción y competitividad de la economía regional. En aras de este objetivo se despertó, por parte de los gremios locales, empre-sarios, periodistas y políticos un sentimiento de movilización local para exigir al gobierno nacional el apoyo urgente a la obra que se hallaba es-tancada desde finales del siglo xix. La congregación de todos los sectores económicos del recién creado departamento fue constante en este periodo, y funcionó como presión al Estado central con miras a llevar el ferrocarril hasta el puerto de Buenaventura, pues despertaba preocupación la lentitud en la realización de la obra.

Desde 1876, fecha en la cual se inició el trazado de la línea férrea, hasta 1916, cuando la línea llega a la ciudad de Palmira en el Valle del Cauca, diferentes obstáculos, que incluyeron desde conflictos por el trazado de la red, problemas de financiamiento, gestión de crédito ante bancos, flujo insuficiente de caja, huelgas de obreros, hasta la quiebra de varios em-presarios que terminaron cediendo sus obligaciones contractuales a otros agentes, se constituyeron en enormes dificultades que debían ser supera-das en la empresa ferroviaria. Lo cierto es que a partir de 1910 los primeros gobernadores del nuevo ente territorial presionaron al gobierno asentado en Bogotá para agilizar la inversión en el proyecto ferroviario. Esto en parte explica por qué en la segunda década del siglo xx la realización de


la obra se aceleró. Entre 1914 y 1949 los ferrocarriles de Antioquia y de El Pacífico tuvieron una mayor ampliación en vía férrea en comparación con los demás (véase cuadro 1).

Hacia 1915 el valle geográfico del río Cauca se interconectaba con el comercio mundial gracias al ferrocarril del Pacífico y a través de Buena-ventura; al mismo tiempo que se comunicaba con el eje cafetero, la zona de mayor crecimiento del ingreso per cápita para la época en Colombia. Esta integración, en términos de transporte, tuvo un efecto evidente sobre la producción local y el mercado regional. En principio el abaratamiento del costo de carga incidió sobre los precios de las mercancías transporta-das, dándose una tendencia a la baja. Por otro lado, se presentó un aumen-to en el volumen de los bienes que salían y llegaban por el océano Pacífico (Páez, 1988).

Junto al adelanto ferroviario se iniciaron otros dos proyectos de in-fraestructura cuya complementariedad daría lugar a una red vial eficiente y con influencia sobre el desarrollo local. Se trata de la construcción de la carretera Central y la edificación del muelle de Buenaventura. Ambos proyectos recibieron aportes del gobierno; aun cuando se concluyeron en momentos distintos, el primero en 1928 y el segundo hacia 1935. Esta ca-rretera comunicaba todas las poblaciones ubicadas en el valle geográfico con el área cafetera, y además unió los ingenios con los comercios locales, en tanto la terminación del muelle de Buenaventura hacía más expedita la importación de mercancías y la exportación de café (Fluharty, 1981).

Conjuntamente con la intervención de las condiciones en el transpor-te de mercancías, se impulsó una serie de políticas tendentes al impulso agrícola. La creación en 1906, dentro del Ministerio de Obras Públicas y Fomento, de la denominada Sección 5a. de Agricultura, fue el primer paso por parte del Estado colombiano para crear dependencias guber-namentales encargadas de apoyar e intervenir en la producción agraria en el ámbito nacional. Esta institución actuó como uno de los impulsores de la modernización de la agricultura, y una de sus tareas prioritarias fue el asesoramiento a los empresarios y campesinos del valle del río Cauca. Para 1921 se creaba la Escuela Superior de Agronomía, desde la cual se ofrecieron apoyos técnicos en la lucha contra la langosta y las plagas que aquejaban al cacao de la región.2 Tres años más tarde, hacia 1924, entró en escena la Fundación Rockefeller, la cual puso a disposición del gobier-no central los avances científicos logrados en otras latitudes de América y Asia (Harrar, 1957). Otro paso fundamental se dio en 1928, cuando se expidió en Bogotá la Ley 99 Sobre Fomento Agrícola y Pecuario, donde

2 Otra medida tomada fue la fundación del Banco Agrícola Hipotecario mediante la Ley 110 de 1923.


ya se plasmaba una normativa intervencionista en términos de derechos de propiedad, se daban alicientes al trabajo agrario y se prestaba asesoría técnica a campesinos, etcétera.3

No obstante, las acciones estatales no se restringirían a los aspectos mencionados. Fue preciso abordar la producción de energía eléctrica para las incipientes industrias locales. A pesar de la creación de la Compañía Eléctrica de Cali en 1910 (Arroyo, 2006), se requirió el emprendimiento de proyectos de generación eléctrica a gran escala, pues la prestación de servicios por parte de la firma caleña presentaba limitaciones en el mo-mento de ofrecer un acceso amplio y óptimo a la energía. En estas condi-ciones aumentaron las peticiones de apoyo a los gobernantes y a las de-pendencias estatales del orden nacional donde se les solicitaba apresurar de manera prioritaria el montaje de la planta hidroeléctrica del río El Palo, propuesta defendida desde la década de 1930, periodo en que se realizan los estudios técnicos pertinentes. En 1941 “el Presidente de la Republica firmó la escritura de constitución y construcción de esta central eléctrica interdepartamental” (Iglesias, 1941, pp. 10-14).

A los avances en transporte, electricidad e incentivos agrícolas se debe agregar la definición de los derechos de propiedad. Aquí tiene un significa-do importante la Ley 200 de 1936, norma nacional con un fuerte impacto en el contexto regional. A través de esta se legitimó el modelo de ex-pansión de los ingenios azucareros al otorgar seguridad a sus propietarios frente a la posibilidad de perder sus tierras en el largo plazo, debido a una

3 Cabe señalar que en la Revista Nacional de Agricultura, órgano de la Sociedad de Agricul-tores Colombianos, entre 1906 y 1930 se publicó un número importante de artículos cuyo tema principal era la necesidad de impulsar el cultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca.

CUADRO 1. KILÓMETROS DE LÍNEA FÉRREA EN COLOMBIA, 1885-1949

Ferrocarriles 1885 1890 1904 1909 1914 1922 1934 1949

Ferrocarril de Antioquia 38 48 66 102 205 992 439 338Ferrocarril de Cúcuta 54 55 71 77 71 242 83 60Ferrocarril del Pacífico 38 52 43 94 234 341 678 824Ferrocarril del Tolima s. d. s. d. 17 25 30 94 199 236

Fuente: McGreevey, W. (1982). Historia económica de Colombia, 1845-1930, Bogotá: Tercer Mundo.


probable expropiación estatal (Rojas, 1983). Su articulado definía el uso social de la tierra puesto que la explotación intensiva cabía perfectamente dentro de sus criterios. Después de 1936, el incremento de los ingenios azucareros se produciría amparado en los derechos de propiedad legitima-dos por el Estado. De esta manera, a partir de 1939, tres años después de la expedición de la ley de tierras, se acrecentó la incorporación de tierras a las unidades productivas dedicadas a la producción de azúcar, como mostraremos más adelante (véase mapa 1).

Los partícipes estatales en el ámbito local: el Departamento del Valle del Cauca

La creación de la gobernación del Valle del Cauca en 1910 fue sin lugar a dudas un factor determinante en las dinámicas económicas ocurridas en el valle geográfico del río Cauca durante el periodo estudiado. El depar-tamento en ciernes ofreció un marco institucional a sectores sociales inte-resados en la transformación de la productividad regional, al actuar como una corporación moderna que generó estímulos al desarrollo agropecuario y capitalizó las políticas en el área provenientes del Estado central. En la administración pública departamental se posicionó un grupo de familias e individuos que orientaron la toma de decisiones y la ejecución de acciones relacionadas con el sector agrario, lo que implicó que las reformas a dicho sector estuvieran bajo su control e intereses.

El manejo austero y eficiente de las rentas fue un elemento clave para el futuro progreso del agro. Encontramos de manera sistemática esfuerzos palpables por ordenar de manera eficaz el entramado burocrático de la nueva entidad. Es interesante enfatizar el tema presupuestal porque la ex-pansión en infraestructura a lo largo de la década de 1920 sólo se lograría con el apoyo de las rentas departamentales. Así, un presupuesto aforado en 314 600 pesos en 1910 pasó a uno de 2 080 200 en 1919 y alcanzó la suma de 3 189 102.60 en 1930, llegando a la cifra de 8 768 900 en 1940 (Mosquera, 2009). Fue este manejo el que proporcionó ascendencia po-lítica a los gobernadores de dichos años, pues en sus mandatos lograron empréstitos ante bancos nacionales destinados a la inversión en las obras más apremiantes. Dentro de ellas, como ya se mencionó, la terminación del ferrocarril del Pacífico se consideró clave y suscitó la adhesión de to-dos los sectores –públicos y privados–, aunque los esfuerzos convergieron especialmente alrededor de la culminación de la carretera Central y el muelle de Buenaventura. Desde la gobernación se presionaba a los funcio-narios de los ministerios en la ciudad de Bogotá y al mismo presidente de la república para culminar de manera rápida los trabajos, garantizándose su financiamiento.


MAPA 1. VALLE GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA

Fuente: elaboración propia con base en Instituto Geográfico Agustín Codazzi [igac]. (1998). Atlas de Colombia. Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

COLOMBIA

CHOCÓ

CALDAS

CAUCA

Río

Cau

ca

TO

LIM

A

Buenaventura

Cali

La Cabaña

MayagüezPalmira

María LuisaLa Manuelita

Pichichí

Buga

San Carlos

Carmelita

Riopalia

Cartago

ManizalesBogotá

CiudadesIngeniosCarretera CentralRío CaucaFerrocarril


El apoyo a la obra del ferrocarril no se quedaba sólo en la asignación de recursos por parte del departamento del Valle del Cauca,4 la solución a los problemas de comunicación interna pasó por la confluencia de esfuer-zos de la propia gobernación, con auxilios de Bogotá y respaldo de otros gobernadores seccionales. Tempranamente se emprendió la construcción de puentes, superando la línea divisoria que representaba el río Cauca al obstaculizar el traslado de mercancías de una banda a otra.5 Paralelamente se gestionó la dotación de una red vial terrestre y marítima para los prin-cipales centros comerciales, siendo estos los casos de los ya mencionados carretera Central y muelle de Buenaventura.6 En relación con la construc-ción del muelle marítimo, los diputados, miembros de la Asamblea de-partamental, trabajaron mancomunadamente con los gobernadores para superar la precariedad de los flujos de caja de la tesorería que tenían dichas obras. Por ejemplo, en 1923 se autorizó al gobernador José Ignacio Verna-za para que cediera los derechos y pignorara rentas departamentales para destinarlas específicamente a los proyectos referidos.

En tanto, los congresistas vallecaucanos gestionaban, en la ciudad de Bogotá, dineros del presupuesto nacional, buscando conectar expedita-mente el puerto del Pacífico con el ya antedicho eje cafetero. Exigían el cumplimiento de las responsabilidades de la nación en cuanto a los giros que se había comprometido a realizar para la edificación del muelle alu-dido. Por otro lado, se insistía en “el pago de las cifras invertidas” por la gobernación en todas estas obras y, sobre todo, en la apertura de la carretera Central. Reclamaciones todas que continuaron haciéndose una vez que llegó la misión Kemmerer, contratada por el gobierno nacional en 1922 para realizar un prediagnóstico sobre la inversión en la moderni-zación del sistema de transporte en Colombia y en cuyas conclusiones se recomendó conectar de manera rápida a la capital del país con el puerto de Buenaventura.

4 Un caso de esfuerzo institucional por parte de la Asamblea del Valle del Cauca, junto a sus vecinos del Departamento de Caldas, con el objetivo de superar las dificultades que tenía la construcción del ferrocarril del Pacífico en términos de tráfico de mercancía, fue un arreglo que incluía un apoyo de los segundos a los primeros, de tal suerte que las finanzas del proyecto se fortalecieran. Lo que se propuso fue el compromiso de los comerciantes de café de Caldas para sacar este producto por la vía del Pacífico, en vez de hacer uso del río Magdalena y de los puertos del Caribe. Dado que los recursos del ferrocarril del Pacífico eran débiles, especialmente en lo que se refería a tasas de retorno, los diputados del Valle del Cauca proponían que los 500 000 pesos pagados por concepto de fletes correspondientes a las 10 000 toneladas de mercancías que se movían del departamento de Caldas a la ciudad de Barranquilla se quedaran en el Valle del Cauca. La propuesta fue apoyada y la empresa de construcción del ferrocarril recibió un apoyo bastante importante a largo plazo. Anales de la Asamblea del Valle, 9 de febrero de 1923. 5 A la altura del sitio llamado Juanchito se construye el puente El Alisal que permitió el paso del tren de Cali a Palmira. 6 Anales de la Asamblea del Valle, 10 de mayo de 1923.


Desde el Valle del Cauca, tanto los diputados como el gobernador y líderes locales aprovecharon la llegada de la misión para hacer escuchar sus reclamaciones por la demora y renuencia del gobierno a la hora de invertir en la terminación del ferrocarril del Pacífico y la carretera Central en su tramo Cartago-Popayán. La medida para evitar el freno de las obras, apoyada por los expertos bajo la dirección de Edwin Walter Kemmerer, consistió en la pignoración de las rentas regionales y la realización de prés-tamos para concluir el levantamiento de puentes, mantenimiento de carre-teras y adecuación de líneas férreas. En abril de 1925 el gobernador Ma-nuel Carvajal fue autorizado a emitir bonos de deuda pública por 800 000 pesos para ser gastados en las mencionadas obras públicas.7 En ese mismo año se tomaron medidas tendentes al equipamiento de la ciudad y puerto bonaverense, al igual que al estímulo de su vida económica.

Paralelamente al aliciente dado a la dotación de infraestructura, desde la Asamblea Departamental se impulsó otro de los aciertos en la expe-riencia vallecaucana: los estímulos al sector agrícola, que fueron cubiertos por la Tesorería Departamental. La Ordenanza número 27 de 1924, por ejemplo, definía como atractivos y prometedores los cultivos del cacao, el café y la sericultura. Además, en 1925 se apoyó a la Junta de propaganda y colonización del río Dagua8 y posteriormente se actualizó la recolección de la renta del tabaco, al tiempo que se reguló su producción, exportación e importación de otras regiones. En este contexto, Carlos Holguín Llore-da, diputado por la sección de la ciudad de Cali en el año de 1923,9 sugirió la contratación de expertos en la producción de esta planta para que in-formaran a los campesinos sobre las diferentes etapas del cultivo, es decir, se les enseñara sobre el proceso de siembra, abono, arado y secado, entre otros. Para ello se pensó en traer un técnico cubano, en tanto que ese país era importante productor. Al tiempo, se procedió a tomar acciones simi-lares respecto al café, el arroz, el algodón, los pastos y la caña de azúcar.10

Siguiendo con el despliegue institucional en el sector agrario, hacia la mitad de la década de 1920, se instaura una Cámara Agrícola de ca-rácter departamental, conformada por delegados de todo el departamen-to y comprometida en el diseño del desarrollo rural.11 Este ente tendría otras responsabilidades, entre las que se cuentan: facilitar la adquisición de semillas y plantas, coordinar la distribución de las mismas, comprar

7 Anales de la Asamblea del Valle, 15 de abril de 1925. 8 Anales de la Asamblea del Valle, 9 de febrero de 1925. 9 Anales de la Asamblea del Valle, abril 2 de 1923. 10 Uno de los mayores esfuerzos emprendidos para el sector agrícola fue la erradicación de la plaga de la langosta, por ello se creó el Departamento de Destrucción de la Langosta. Anales de la Asamblea del Valle, 29 de marzo de 1925. 11 Anales de la Asamblea del Valle, 13 de mayo de 1925.


utensilios y herramientas, suministrar datos “sobre los mercados de sus productos” –incluyendo información sobre los precios en el mercado in-terno y externo– y estimular las actividades agropecuarias por todos los medios posibles.

Del mismo modo, se organizó un plan de inversiones en las unida-des productivas mediante la puesta en marcha de un crédito a través del recién fundado Banco Agrícola Hipotecario. Los resultados de las accio-nes emprendidas desde la recién establecida unidad administrativa fueron más rápidos de lo esperado. Esta dependencia puso a funcionar la Oficina de Fomento, Defensa, Propaganda y Estadística de la Agricultura, órgano institucional cuyas funciones serían asesorar a los agricultores, realizar es-tudios de suelo, examinar tierras, dictar conferencias y, sobre todo, difun-dir en el extranjero la fertilidad y producción del Valle del Cauca para atraer capitales al sector.12 De este organismo saldría la idea de conocer de cerca el sistema de agricultura estadunidense y contratar la famosa misión Char-don, decisiva a la hora de definir el apoyo al cultivo de caña de azúcar y el tránsito hacia el ingenio tecnificado, aspecto sobre el cual trataremos más adelante.

la eStación experimental de palmira: baSe inStitucional para la innoVación

La idea de contratar expertos agrícolas cuyo conocimiento y experiencia incentivara la siembra de productos nativos como tabaco y cacao, dio paso a una más novedosa. Esto es, conocer de primera mano otras prácticas exitosas en el área de la agricultura con el fin de aplicarlas a la realidad del Valle del Cauca. Para ello se pensó en el modelo estadunidense de apoyo al crecimiento del campo; razón por la cual se financió el viaje, durante un año, a un notable ganadero de la región para que analizara dicha experiencia.13 La subvención del viaje estuvo a cargo de la Oficina de Fomento, Defensa, Propaganda y Estadística de la Agricultura, y puso en escena a dos partícipes clave en este proceso, los señores Ciro Molina Garcés y Carlos Durán Castro.14 El primero fungió como secretario gene-ral de Industrias del Departamento del Valle entre 1926 y 1932 (Molina,

12 A este organismo se debe la existencia de series estadísticas sobre el tema agrícola en el departamento del Valle del Cauca. 13 Antes del viaje de Molina a Estados Unidos, el congresista por el departamento del Valle del Cauca y después gobernador Carlos Holguín Lloreda había obtenido en 1926 apoyo del Es-tado central para la construcción de la Granja Algodonera del Valle, proyecto que daría pasó a la Granja Experimental de Palmira. 14 Sobre la vida de estos personajes véase Mejía, 2003.


1929), y encargó al segundo, un ingeniero agrónomo, observar el sistema agrícola de Estados Unidos de Norteamérica durante 1927. Tal y como se había previsto, Durán Castro regresó un año después, en 1928, para dar cuenta de los resultados de su indagación.15

Durán detalló las observaciones hechas en centros especializados en cultivos de arroz, maíz, frutales, algodón y tabaco y examinó atentamente la organización y funcionamiento de las denominadas granjas agrícolas. Conoció la estación experimental de Luisiana, Nueva Orleans, concen-trada en la producción de arroz. Visitó las granjas de Misisipi y Alabama, cuyos avances en el estudio del algodón eran exitosos, y estuvo en Oxford, Carolina del Norte, recogiendo información acerca del cultivo de tabaco. También visitó varios laboratorios de maquinaria agrícola y numerosas unidades de producción demostrativas. Igualmente reconoció la manera imbricada de cómo funcionaban la investigación, la innovación tecnológi-ca y la aplicación de los resultados de estas dos primeras actividades en el sector rural, encontrando interesantes las estrategias diseñadas con miras a la divulgación de los resultados obtenidos en las estaciones, laboratorios y granjas. De ahí su aproximación al tema de difusión de la información científica a los agricultores a través de publicaciones periódicas, mediante las cuales, bajo una perspectiva pedagógica, se facilitaba la apropiación de las últimas tecnologías agrícolas.

Su viaje incluyó el acercamiento a las formas de administración que, para dichos proyectos, fueron implementadas por el gobierno estaduni-dense. Si bien es cierto que este modelo se desenvolvía con fuerte apoyo del sector privado, la participación del sector público sería fundamental, pues en sus manos se concentraría la gestión de todo el proceso. De ahí que unos meses antes de volver a Colombia se detuviera en el Departa-mento de Agricultura en la ciudad de Washington, en donde se aplicó en la comprensión de los criterios organizacionales que le daban cuerpo al sistema; pero, sobre todo, se ocupó de identificar aquellos ejes y políticas que, en su concepto, podrían ser objeto de réplica en el Valle del Cauca. Durán Castro entendió el desempeño de las granjas experimentales y las estaciones agrícolas como la cúspide del modelo y mecanismo ideal para la divulgación del conocimiento técnico-agrícola; al mismo tiempo, reco-noció que para el caso vallecaucano podían ajustarse algunos de los ejes vitales sobre los cuales funcionaban estas instituciones en Estados Unidos.

Por otro lado, Ciro Molina Garcés (1929) convirtió el contenido del informe en sustento de las acciones emprendidas por el gobierno depar-tamental en el sector agropecuario del valle del río Cauca. En opinión de

15 Sobre las granjas experimentales en otras latitudes véanse Moyano, Campi y Lenis, 2011, y Cuvi, 2009.


este funcionario, tal y como lo expresó al gobernador Carlos Holguín Llo-reda, el informe de Durán Castro y su ejecución señalaban el camino por “donde han llegado otros países a la altura que deseamos para el nuestro”. Por ello aseguraba sin ambages que la “producción agrícola científicamen-te llevada a cabo era la solución a nuestros problemas económicos” (p. 9).

Así se inició en 1928 el montaje de la Granja Modelo del Valle con una inversión total de 200 000 pesos, cuya cuantía fue aportada por las autoridades centrales y regionales, con una suma de 100 000 pesos cada una. Dos años después, el nombre de la granja había cambiado al de Es-tación Agrícola Experimental –siguiendo las ideas del ingeniero Durán Castro–, y funcionaba bajo la dirección del también ingeniero agrónomo José Antonio Montalvo, con la supervisión del mismo Molina Garcés. Vale mencionar que en los momentos previos al envío de los recursos por parte del gobierno nacional, se enfrentó una discusión entre los ámbitos nacio-nal y departamental en relación con el tipo de cultivos a priorizar en el valle geográfico del río Cauca. Mientras que el primero era partidario de concentrarse en la producción de fibra de algodón con miras a cubrir las necesidades de la demanda interna para las nacientes industrias de Mede-llín, el segundo, expresado en los intereses de los empresarios agrícolas locales, estuvo del lado de productos como la caña de azúcar, el tabaco o el cacao. Las tensiones se resolvieron a favor de estos últimos.

De manera simultánea a la instalación de la Estación Agrícola Ex-perimental de Palmira, se recibía la visita de Carlos Chardon –director científico de la misión Chardon– quien acogió la propuesta de afianza-miento de dicha institución, defendiéndola como un medio adecuado para facilitar el avance agrícola regional, e incluso colaboró con la ejecución de tareas concretas como la elaboración de “los proyectos y planos para los diversos edificios de la Estación” (Varela, 1941, p. 34). Allí trabajaría durante tres meses, tiempo durante el cual se dedicó a la experimentación con tabaco, caña de azúcar y zootecnia. También en este periodo, 1929, produjo un informe que fue acogido inmediatamente por los integrantes y funcionarios de la Estación, bajo cuya responsabilidad se inició la aclima-tación de varias especies de semillas, pastos y forrajes de maíz, al tiempo que se comenzaron los estudios de suelo para la adaptación de la caña de azúcar. En este escenario la misión hizo recomendaciones que redefinirían la vocación económica del valle geográfico, pues con sus premisas empezó la siembra de caña de azúcar que reemplazó paulatinamente a la cría de ganado vacuno y a la producción de algodón, tabaco y cacao.


En general, las recomendaciones del naturalista puertorriqueño abo-gaban por la instauración de una agroindustria azucarera.16 A partir de ello, en los primeros años de la década de 1930 los técnicos agrícolas ubi-cados en y fuera de la estación experimental señalaron y vendieron la idea del paso hacia el azúcar centrifugado como la única manera para que la producción de las haciendas y fincas cañeras sobreviviera en los mercados nacional y mundial. Así queda claro en la respuesta a una consulta que los dueños del ingenio Providencia hicieron en junio de 1931 a los técnicos de la misión sobre la forma de producir azúcar. La respuesta fue lapidaria. Para estos, los ingenios ubicados en el valle del río Cauca necesitaban una “completa revolución en su organización y métodos” y, sobre todo, dar el salto del “pequeño” trapiche a los “ingenios centrifugados”. Sólo quienes hicieran esa metamorfosis “pueden sobrevivir” a la competencia. Por ello vaticinaban: “Estas circunstancias darán por resultado que los ingenios grandes se adueñen por completo del mercado interior y que los pequeños cultivadores se vean precisados a unirse para establecer centrales, o tengan que retirarse poco a poco del negocio” (Chardon, 1930, p. 38).

El reto estaba sobre la mesa, y las decisiones derivadas del informe empujarían un cambio del cual no se tendría retorno: la expansión de la caña de azúcar y el tránsito hacia el desarrollo agroindustrial del sector. Se afirmaba explícitamente que “la desaparición de la pequeña industria tendrá que venir, necesariamente, como simple resultado de la compe-tencia de precios entre productores de diferentes costos de producción” (Chardon, 1930, p. 38). Lo que se proponía desde la misión y a través de la estación eran la implementación de un modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de la tierra y la tecnificación a gran escala, que debería ponerse en marcha por grandes capitalistas dispuestos a enfrentar riesgos en el mercado: “La industria azucarera nacional ha de resolver las dos faces [sic] del problema; elaboración más económica, mejorando la fábrica y rebaja del costo de cultivo mediante una labor intensa en el campo” (Chardon, 1930, p. 38).

Una de las tareas propuestas para la estación experimental fue la de proveer a los ingenios con las variedades de caña de azúcar aptas para emprender cultivos intensivos y agroindustriales. Así, a través de la tecni-ficación se lograría la “aclimatación y propagación de nuevas variedades” con un “buen tonelaje y de suficiente sacarosa y pureza” (Abondano, 1941, p. 57). Primero se emprendieron campañas de erradicación de la plaga de la caña llamada mosaico, y después se propagó “el cultivo de variedades

16 Carlos E. Chardon Palacios llegó por vez primera a Colombia en 1927, específicamen-te fue a Antioquia, en donde trataría el tema de las variedades de caña y su expansión en ese departamento.


de caña importadas e inmunes, con las cuales se han estado sustituyendo las variedades criollas” (Chardon, 1930, p. 58).17

Quizá fueron resultados como estos los que motivaron la transforma-ción más radical sufrida por la Estación Experimental de Palmira. En 1938 esta recibió subvenciones del gobierno central y, al mismo tiempo, se de-terminó que su control pasaría el Departamento del Valle al Ministerio de Industrias. Con ello se aseguraba su existencia, funcionamiento y fortale-cimiento, por cuando se ponía a salvo de la exigüidad de los presupuestos departamentales, al tiempo que se cambiaba su nombre y énfasis. En abril de 1938 se expidió el Decreto 762, mediante el cual se creaba la Estación Central Experimental de la Caña de Azúcar con sede en Palmira, medida que le dio un nuevo rumbo no solamente a la entidad, sino también al cultivo de la caña de azúcar y frutales en todo el país.

A finales de la década de 1930 las importaciones de azúcar caían de forma acelerada, mientras la producción de los ingenios se expandía en el mercado interno nacional. En 1941, según el ingeniero agrónomo Gui-llermo Ramos Núñez, encargado del área de caña de azúcar, se avanzaba en los estudios sobre genética de la caña “con resultados positivos y de gran trascendencia”, debido a la asesoría recibida de Hans G. Sorensen, quien había trabajado como consultor en el ingenio La Manuelita y se encontraba en ese momento en la zona del canal de Panamá. La asesoría estadunidense era más directa y provenía del doctor E. W. Brandes, jefe de la División de Caña de Azúcar del Departamento de Agricultura de Wash-ington. Miembros de esta división visitaron la estación en 1938 y habían colaborado en la transferencia de tecnología agrícola. Tenemos entonces –según el ingeniero Ramos– que: “El origen de la caña que ha servido para iniciar estas experimentaciones es muy lejano. Vino desde la exótica repú-blica medio-oriental de Ubesquistán, en el río Amu-Darya, que hoy hace parte de la Rusia soviética. Las semillas de esta caña viajaron a Washington y allí se sometieron a procesos de laboratorio que las dispusieron para en-trar en nuestras cálidas tierras del Valle” (Varela, 1941, p. 36).

loS SignoS de la expanSión azucarera

Para la primera década del siglo xx se calculaba la superficie del valle geo-gráfico del río Cauca en 188 160 hectáreas, de las cuales 48.28%, es decir, 80 850 hectáreas, estaba ocupado por montes y selvas; 36.45%, 68 598 hectáreas, permaneció cubierto de pastos naturales y artificiales, y 20.57%, 38 728 hectáreas, se sembró con diferentes cultivos como tabaco, cacao,

17 Las semillas de la caña adaptadas recibieron el nombre de P.O.J.28 y P.O.J.27.


caña de azúcar y arroz. Esto quiere decir que a comienzos del siglo pasado la mayoría de las tierras cultivables se utilizaban en la cría de ganados, tendencia que se revirtió paso a paso en favor del cultivo de caña de azú-car desde la década de 1920 y aceleró su proceso a finales de la década de 1930 y comienzos de la de 1940.

Ahora bien, la propagación de la siembra de caña y la producción de azúcar se afianzó a través de varios procesos. Inicialmente el paso del trapiche al ingenio activado por la introducción de la centrifugadora. El 1 de enero de 1901, la familia Eder instaló en la hacienda La Manuelita el primer ingenio moderno; este constaba de vapor, motor central, transpor-tador de caña, torre de sulfatación, filtro-prensa, evaporadores, tacho al vacío y centrífugas (Ramos, 2005).

Una de las mayores insistencias técnicas acaecida durante la década de 1920 fue la de ganar en la innovación de la extracción del jugo de la caña; se hizo un llamado a remplazar el uso de “trapiches de tres masas, movidos por ruedas hidráulicas” (Valencia, 1921b, p. 331) por el famoso centrifugado. Todo esto en coincidencia con un aumento de la demanda de azúcar del mercado interno colombiano y la búsqueda de su satisfac-ción por empresarios locales ( Jaimes, 2012). En este contexto la familia Eder, propietaria del ingenio La Manuelita –primero en establecerse en el valle geográfico del río Cauca hacia 1900–, fue pionera al asumir los costos de “tantear” el mercado, transformar la producción de azúcar refinada y compartir estas innovaciones con otros coetáneos, quienes veían fructífero el negocio del azúcar. Ante las cifras positivas obtenidas por los Eder, otras familias fundaron ingenios emulando las condiciones y características de La Manuelita (Manuelita, 1964).

La industrialización del sector fue permanente durante las décadas si-guientes. La adquisición de equipos modernos para el establecimiento de ingenios influyó en la década de 1920 a Modesto Cabal Galindo, quien con su familia fundó el ingenio Central del Valle, o Providencia, el cual constaba de un trapiche con capacidad para moler hasta 500 toneladas de materia prima en 24 horas, con vapor y tres calderas que, por medio de turbinas, generaban electricidad. Del mismo modo, la familia Caicedo inauguró en 1928 el ingenio Riopaila y estableció la Sociedad Colombiana que se dedicaría a producir confites y dulces (Ramos, 1996). La eclosión del ingenio se da en la década de 1930 y se consolida en la de 1940 (véase cuadro 2).

La creación de estas unidades productivas significó, además del incre-mento del cultivo de caña sobre terrenos antes ocupados por ganadería extensiva y sembradíos de tabaco y cacao, la aparición de otra variable importante, la fisonomía de aquellos que innovaron e invirtieron en una actividad con posibilidades de ofrecer, a largo plazo, pingues ganancias.


CUADRO 2. INGENIOS CREADOS EN EL VALLE DEL CAUCA, 1900-1950

Nombre Año de creación Familia propietaria

La Manuelita 1901 EderProvidencia 1926 CabalRiopaila 1928 CaicedoMaría Luisa 1930 PosadaMayagüez 1935 Holguín HurtadoPichichí 1941 CabalLa Cabaña 1944 ZeingeistSan Carlos 1945 Sarmiento

Fuente: Sector Azucarero Colombiano, Asocaña, Recuperado de http://www.asocana.org/

Detrás de cada ingenio aparece una familia propietaria de tierras haciendo esfuerzos ingentes por evitar la fragmentación de las propiedades. Así, las alianzas de familia configuran una forma estratégica de asociación ante las veleidades del mercado y el fraccionamiento de las fortunas.

La asociación de capitales fue un modelo moderno de desarrollo eco-nómico y una manera de evitar, en un entorno capitalista de más alta complejidad, la segmentación y el quebrantamiento de la riqueza. Resulta representativo de este fenómeno lo consignado en un informe de 1955, en donde se señalaban las razones del crecimiento obtenido por las empresas Central Castilla y el ingenio Riopaila, propiedades de la familia Caicedo: “Sistemáticamente se han reinvertido todas las utilidades prescindiéndose de repartos de dividendos a los propietarios quienes además, personal-mente han puesto sus esfuerzos en la realización de las más variadas fae-nas” (Astrálaga, 1959, p. 1).

A lo anterior se sumó la introducción de maquinaria en el sector agríco-la por parte de los dueños de los ingenios. Aquí nuevamente nos encontra-mos con el caso de La Manuelita, en donde se introdujeron los primeros tractores “mecánicos de 2 a 3 rejas cada uno, y un arado de vapor de 6 rejas” (Valencia, 1921a, p. 308), se adecuaron las distancias entre las plan-tas, se construyeron drenajes, se redujeron los cortes menores a 16 meses y se utilizaron nuevas cepas y variedades de caña, reemplazando las llama-das cañas moradas de Borbón, y también se optimizó el uso del agua. Se infiere, por tanto, que se produjo una mayor capacidad de ahorro de los dueños de las empresas, así como su disposición para gastar los dividen-dos de rentabilidad en bienes de capital. En el cuadro 3 se muestran los


volúmenes de inversión hechos en este renglón entre 1934 y 1939, periodo de gobierno de López Pumarejo y coincidente, también, con el tema de la expansión territorial.

El surgimiento de los ingenios significó un incremento de territorios dedicados al cultivo de la caña. En el lapso que va desde 1915 hasta 1937 el área cultivada se duplicó, mientras que entre 1937 y 1941 la incorporación de tierras para su siembra aumentó en un promedio de 3 500 hectáreas anuales. En cifras concretas, las hectáreas de caña cultivadas hacia 1915 eran de 7 958, pasando a 14 341 ha en 1937 y alcanzando 29 398 ha en 1941, momento a partir del cual se estabilizó hasta 1950. Respecto a la cantidad de plazas agregadas, el cuadro 3 muestra la expansión del inge-nio. Desde 1939 hasta 1945 los ingenios añadieron 16 284 nuevas plazas18 a la producción de caña de azúcar, cantidad que aumentó en los seis años comprendidos entre 1946 y 1952, cuando se anexaron 25 514 plazas; tripli-cándose esta última cifra en la segunda mitad del siglo xx. Para el periodo estudiado se integraron un total de 47 049 plazas (véase cuadro 4).

Ahora bien, la agregación de tierras en la parte plana del valle del río Cauca se dio por diversas rutas y en distintos momentos, pero, sobre todo, incidió el nuevo escenario abierto hacia 1930 con la llegada de los liberales al poder. En primer lugar, los dueños de ingenios coparon intensivamente los cascos originales de las haciendas –conformadas en el siglo xix o de herencia colonial– y, en segunda instancia, avanzaron sobre otros predios. En ambos casos desempeñó un papel trascendental el asunto de la defini-ción de los derechos de propiedad. En principio lo primordial fue clarifi-car la titularidad sobre las unidades de producción, cuya existencia databa de la colonia o del siglo inmediatamente anterior, ya que en sus bordes se encontraban asentadas familias de campesinos agregados.

De esta suerte, durante la década de 1920 e inicios de la de 1930 los dueños de haciendas cañeras y ganaderas buscaron ratificar, sin dejar lu-gar a dudas, los dominios, límites y extensión de sus tierras. Para ello hi-cieron uso de instancias judiciales, donde se enfrentaron y ganaron pleitos a arrendatarios y terrazgueros. Con jueces a su favor y con el uso de la violencia se resolvió la mayoría de los conflictos por derechos de uso y de propiedad. Aquellos que acudieron a los juzgados fueron quienes lograron definir, en su beneficio, el asunto de la propiedad sobre las tierras. Así ocurrió con la familia Eder y su propiedad el ingenio La Manuelita. Una vez asegurados los derechos de propiedad se pasó a otra etapa: la compra de terrenos colindantes al ingenio, pertenecientes a pequeños campesinos. Como señala Michael Taussig (1978), este proceso fue violento y traumáti-co, ya que la expansión se realizó, por parte del ingenio, usando a su favor

18 La plaza es una medida que se usa en el suroccidente colombiano y equivale a 6 400 m2.


a las autoridades judiciales, a la policía y haciendo compras de terrenos bajo coacción. Aunque lenta en la década de 1920, esta situación se acele-ró a partir de la expedición de la Ley 200 de tierras de 1936. El resultado final de la discusión sobre el tema de los derechos de propiedad se zanjó a favor de garantizar estos a los grandes azucareros (Le Grand, 1988).

Por otra parte, los ingenios recibieron otro estímulo para el desempeño de su actividad económica, esto es, el proteccionismo adoptado por el Esta-do colombiano. En 1938 el informe presentado por el ingeniero agrónomo Alfonso Romero Manrique (1938) sobre la industria azucarera era bastante halagador. Según él se estaba en un periodo favorable al azúcar nacional, pues eran palpables los beneficios de las políticas estatales de protección al sector. A manera de enseñanza señalaba cómo el retroceso experimentado

CUADRO 3. CAPITAL INVERTIDO POR LOS INGENIOS AZUCAREROS, 1934-1939

Porcentaje Número Valor de Capital total de maquinaria enAños de ingenios maquinaria en pesos valor total invertido

1934 5 2 551 328 4 232 510 601936 6 6 839 871 11 673 044 58.61937 8 8 455 583 14 053 560 62.21938 9 4 943 581 11 938 854 41.41939 9 8 065 514 16 541 362 48.8

Fuente: Rojas, 1983, p. 175.

CUADRO 4. TIERRAS INCORPORADAS AL SECTOR AZUCARERO, 1922-1952

SuperficiePeriodo Plazas Porcentaje de expansión anual Promedio anual en plazas

1922-1930 1 274 2.7 141.61931-1938 3 977 8.5 497.11939-1945 16 284 34.6 2 326.31922-1945 47 049 – –

Fuente: Rojas, 1983, p. 119.


en la producción durante 1934 y 1938 había significado una ganancia debi-do a los acuerdos logrados por los ingenios con el gobierno, en términos de establecer aranceles al azúcar proveniente de Cuba y de Perú. Acciones mo-tivadas no sólo por los intereses privados, sino también por la aparición de un discurso nacionalista en materia de producción agrícola, el cual abogaba por el apoyo a las empresas colombianas (Calero, 1938).

La actuación de Francisco J. Chaux (entonces ministro de Industria del gobierno de Olaya Herrera y cercano a la elite agroindustrial del Valle del Cauca) en esta negociación fue esencial, pues concurrió en la articu-lación de un plan de intervención en el problema de la producción de azúcar. Este, en 1933, “promovió el diálogo institucionalizado entre los ingenios para llegar a un primer acuerdo referente a la comercialización de la azúcar” (Calero, 1938, p. 1949) y de esta forma aminorar las preo-cupaciones de empresarios como Hernando Caicedo, dueño del ingenio Riopaila, frente al libre comercio sin regulación estatal. Para este personaje los ingenios estaban “entregados a su propia suerte; se hallan regidos por la ley ciega e inexorable de la oferta y la demanda. La marcha del negocio no da ningún signo de mejoría” (febrero de 1936, p. 5).

El proteccionismo al sector azucarero se hizo efectivo a partir de 1936, el volumen de azúcar importada bajó y la producción de los inge-nios aumentó notoriamente. Por otro lado, el despegue de la industria de alimentos a escala nacional (gaseosas, panadería, galletería, dulces, etc.) demandaba cantidades ingentes de azúcar industrial. Al final, las acciones de Chaux y, más adelante del gobierno de López Pumarejo, apaciguaron los amagos de la crisis. Si hubo algún intento de liberalizar el mercado del azúcar este se detuvo rápidamente gracias a la reacción unánime y contun-dente de los productores, que aquietaron dicha situación en la esfera del Estado central.

Pero no sólo eso, el aumento de la población y de sus ingresos per-mitió ampliar también el consumo per cápita de azúcar. Así, mientras la demanda de azúcar del mercado interno crecía, de manera paralela lo hacía la producción de esta y su precio en el mercado local, pues con la ampliación de los sistemas de transporte el producto llegaba con menos dificultad y en mayor cantidad a lugares alejados de la geografía nacional. La publicidad, para incentivar el mercado de la época, señalaba con cru-deza que el consumo de azúcar –como endulzante de jugos y de la leche que se ofrecía a los niños–, era vital en la dieta diaria de los colombianos (véase imagen 1).

En este contexto, los ingresos de los ingenios pasaron de 1 946 995 pe-sos en 1933 a 7 133 705 pesos en 1939 y se duplicaron para 1943, dándose un crecimiento de utilidades cercano a 350% anual. Después de 1938 la producción del ingenio La Manuelita y de los demás ingenios remontó a


IMAGEN 1. PROPAGANDA PARA INCREMENTAR EL CONSUMO DE AZÚCAR

Fuente: Revista Nacional de Agricultura (julio de 1938), 34(408), 1827.


pesar del declive entre 1934 y 1938 ocasionado por la entrada al mercado colombiano del azúcar cubana y peruana (véase cuadro 5). A partir de 1938 la importación de azúcar quedó en el pasado, volviendo el sector a crecer a niveles de expansión de la demanda del mercado interno.

Para inicios de la década de los cuarenta un gerente del ingenio La Manuelita, entrevistado por Alberto Abondano (1941), ratificaba el creci-miento del sector azucarero y el éxito del proteccionismo:

La eficacia de la política proteccionista del gobierno está demostrada en el hala-gador desarrollo que están alcanzando todas las iniciativas privadas incorporadas a la producción industrial o agrícola. Esta política debe ser sostenida y tendremos pronto su corolario en la existencia de una industria nacional capaz de abastarse a sí misma y de desplazar del consumo nacional una gran cantidad de productos que hoy se importan y gravan visiblemente la economía del país. La producción de azúcar, con la fundación de nuevas empresas y con la ampliación de las instalacio-nes de las más antiguas, ya está en condiciones de satisfacer todas las necesidades del consumo (p. 62).

Años más tarde, Raúl Varela Martínez (1943), ingeniero agrónomo y director de la Granja Agrícola Experimental de Palmira, escribía en la Re-vista Nacional de Agricultura abogando por más apoyos y auxilios al gremio del azúcar, y señalaba la necesidad “urgente” de la financiación estatal con miras a “lograr que las cosechas sean suficientes para satisfacer generosa-mente las necesidades del pueblo colombiano” y “conseguir que el país”, como “nación independiente, esté libre de tutelaje económico extranjero en los artículos de primera necesidad para alimentación”. Por ello propo-nía “defender la agricultura nacional por medio de gravámenes aduaneros y de la ayuda oficial” (pp. 27-28). Es decir, que el proteccionismo al sector azucarero se estableciera como una política de Estado.

El crecimiento sostenido en el número de ingenios, la incorporación acelerada de tierra para el cultivo de caña, el aumento de los capitales invertidos en maquinaria, la tendencia creciente de producción de azúcar a partir de 1938 y la influencia sobre el trazado de las políticas estatales de protección al sector, son los mejores signos de la expansión azucarera operada en el valle del río Cauca entre 1905 y 1945.

conSideracioneS finaleS

Lejos estamos de un proceso teleológico que obligaba el paso o tránsi-to hacia la producción industrial de azúcar. En lugar de ello, encontra-mos la interacción de una serie de factores que unidos hicieron factible


CUADRO 5. PRODUCCIÓN DE AZÚCAR EN QUINTALES EN COLOMBIA, 1928-1960

Año La Manuelita Ingenios del Valle Total Colombia

1928 74 478 s. d. 405 0001929 72 098 s. d. 435 0001930 120 672 s. d. 610 0001931 110 969 s. d. 620 0001932 163 429 s. d. 685 0001933 267 885 609 013 770 0001934 228 182 359 408 655 0001935 218 853 330 445 605 0001936 192 113 444 562 700 0001937 173 931 372 651 710 0001938 300 668 579 386 910 0001939 309 221 621 986 923 1981940 267 967 608 162 961 7531941 344 254 843 129 1 160 5441942 350 961 872 363 1 270 2621943 392 399 987 022 1 346 5281944 326 188 1 004 522 1 527 5211945 450 251 1 183 282 1 433 982

Nota: no existen datos precisos sobre la cantidad de azúcar importada que se introdujo al país entre 1920 y 1938, presumimos que la cantidad fue importante entre 1934 y 1937; durante esos cuatro años observamos que el déficit que experimentó la producción nacional osciló entre 300 000 y 200 000 quintales. Lamentablemente no tenemos datos precisos de dónde y cuál fue la cantidad de azúcar que se importó.

Fuente: Manuelita, 1964, p. 178.

el surgimiento del ingenio como unidad de producción y transformaron el paisaje agrícola del valle geográfico del río Cauca. La modernización del transporte; los apoyos institucionales estatales en los ámbitos central y departamental para la creación de infraestructura; la adopción de tecno-logías –estación experimental, misión Chardon–; el ánimo empresarial e innovador de empresarios agrícolas; la aparición de un sistema crediticio efectivo; la regulación de las aguas del río Cauca a partir de 1945, cuan-do se crea la Corporación Valle del Cauca; el aseguramiento de energía eléctrica con la creación de la hidroeléctrica del río Palo en 1940, y el fortalecimiento de la industria cafetera coadyuvaron al asentamiento del


capitalismo agrario durante la primera mitad del siglo xx en una subre-gión del suroccidente colombiano.

referenciaS

abondano, A. (abril, 1941). Puesto ganadero. Revista Nacional de Agricultura, 36(441), 57- 68.

almario, O. (1994). La configuración del Valle del Cauca, Colombia. 1850-1940. Cali: Corporación Cívica Daniel Gillard CECAN.

arango, M. A. (julio, 1942). Colombia va camino de abastecerse a sí misma. Revista Nacional de Agricultura, 15(457), 28-29.

arango, M. (1977). Café e industria, 1850-1930. Cali: Carlos Valencia.arroyo, J. (2006). Historia de las prácticas empresariales en el Valle del Cauca. Cali: Uni-

versidad del Valle.aStrálaga, R. (1959). Estado actual y desarrollo de la investigación agrícola en Central Cas-

tilla e ingenio Riopaila Ltda. Cali: Central Castilla/Ingenio Riopaila.beJarano, J. (1976). Orígenes del problema agrario. En M. arrubla (ed.), La agricul-

tura colombiana en el siglo xx (pp. 22-23). Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura. beJarano, J. (1987). El despegue cafetero (1900-1928). En J. A. ocampo (ed.), Historia

Económica de Colombia (pp. 197-205). Bogotá: Siglo XXI/Fedesarrollo.caicedo, H. (febrero de 1936). El caso es de guerra a muerte, de competencia destruc-

tora. El Relator, p. 5.caicedo, J. (julio, 1906). En el Cauca la agricultura va de vencida. Revista Nacional de

Agricultura, 1(7), 114-115.calero, J. (julio, 1938). El gobierno organiza la defensa de la industria nacional del

dulce. Revista Nacional de Agricultura, 34(408), 1949-1951.campi, D. y celia, M. (1999). La agroindustria azucarera argentina. Resumen historio-

gráfico y fuentes. América Latina en la Historia Económica, 11, 73-93.collinS, ch. (primer semestre, 1985). Formación de un sector de clase social: la bur-

guesía azucarera en el Valle del Cauca durante los años treinta y cuarenta. Boletín del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica, 15, 35-90.

contreraS, C. (2004). El aprendizaje del capitalismo. Estudios de historia económica y social del Perú Republicano. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

creSpo, H. (2009). Modernización y conflicto social. La hacienda azucarera en el estado de Morelos, 1880-1913. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Re-voluciones de México.

cuVi, N. (2009). Las semillas del imperialismo agrícola norteamericano. Procesos, 30, 69-98.

chardon, C. (1930). Reconocimiento agropecuario del Valle del Cauca. San Juan de Puerto Rico: Misión Agrícola Puertorriqueña.


durán, C. (1928). Informe que Carlos Durán Castro, comisionado para estudiar la organi-zación de los servicios agrícolas en los Estados Unidos y las Antillas, rinde al secretario de Industrias del Departamento del Valle. Cali: Imprenta Departamental.

faJardo, D. (1981). Campesinado y capitalismo en Colombia. Bogotá: Centro de Investi-gación y Educación Popular.

flórez-Malagón, A. (2008). Ganado ¿para qué? Usos del ganado en Colombia, 1900-1950. En A. flórez-Malagón (ed.), El poder de la carne. Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo xx en Colombia (pp. 118-163). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

fluharty, V. (1981). La danza de los millones: régimen militar y revolución social en Colom-bia (1930-1956). Bogotá: El Áncora.

garcéS, c. m. (1930). Informe sobre la marcha de la Estación Agrícola Experimental del Valle, al secretario de Industrias del Valle del Cauca. Cali: Gobernación del Valle.

girbal-blacha, N. (abril, 2007). Estado y regulación económica en el Norte argenti-no. El tabaco en la década de 1930. Historia Agraria, 41, 83-105.

guerrero, A. (1994). Los oligarcas del cacao. Ensayo sobre la acumulación originaria en el Ecuador: hacendados cacaoteros, banqueros, exportadores y comerciantes en Guayaquil (1890-191). Quito: El Conejo.

harrar, J. (1957). Programa Agrícola de la Fundación Rockefeller. Nueva York: Foundation Rockefeller.

hurtado, A. (2011). Opinión pública y formación del departamento del Valle, 1903-1910. Revista en Ciencias Sociales, 7, 161-192.

igleSiaS, S. (abril, 1941). Lo que es del Valle del Cauca. Revista Nacional de Agricultura, 36(441), 10-14.

JaimeS, S. (2012). Familia, caña y banano: las actividades empresariales de Rodrigo Holguín. Medellín: La Carreta.

kalmanoVitz, S. (1982). El desarrollo de la agricultura en Colombia. Bogotá: Carlos Valencia.

kalmanoVitz, S. y lópez, A. (2006). La agricultura colombiana en el siglo xx. Bogotá: Banco de la República/Fondo de Cultura Económica.

le grand, C. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

lewiS, C. (2008). El Estado y el desarrollo económico. En Historia General de América Latina. América Latina desde 1930 (pp. 253-298). Madrid: Unesco/Trotta.

londoño, J. (2011). Path dependence, instituciones y ordenanzas en la configuración del departamento del Valle, 1910-1949. Revista en Ciencias Sociales, 8, 279-314.

machado A. (1988). El Café: de la aparcería al capitalismo. Bogotá: Tercer Mundo.manuelita (1964). Manuelita una industria centenaria, 1864-1964. Bogotá: Plazas y

Perry.meiSel, A. (2009). Enfermedad holandesa y exportaciones de banano en el Caribe

colombiano, 1910-1950. En A. meiSel, ¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo xx? y otros ensayos (pp. 247-286). Cartagena: Banco de la República.


meJía, E. (1997). Carlos Durán Castro, 1897-1997. Cali: Región.meJía, E. (2003). Ciro Molina Garcés y Carlos Durán Castro: gestores científicos en

el desarrollo agropecuario del Valle del Cauca. En C. dáVila (ed.), Empresas y empresarios en la historia de Colombia, siglos xix-xx. Bogotá: Norma/Universidad de los Andes/Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

mina, M. (1975). Esclavitud y libertad en el valle del Río Cauca. Bogotá: Fundación Rosca de Investigación y Acción Social.

molina, C. (1929). Informe que el Secretario de Industrias rinde al señor Gobernador del De-partamento del Valle del Cauca, sobre la marcha del ramo a su cargo. Cali: Gobernación del Valle del Cauca.

moSquera, C. (2009). La burocracia de las rentas durante el recién creado departamento del Valle del Cauca, 1917-1918. (Tesis de grado inédita). Universidad del Valle, Cali.

moyano, D., campi, D. y leniS, M. (julio-diciembre, 2011). La formación de un com-plejo científico-experimental en el norte argentino. La Estación Experimental Agrícola de Tucumán (1909-1922), Prohistoria, 16, 1-18.

ortega, L. (2005). Chile en la ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión, 1850-1880. Santiago: LOM/Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos/Centro de Investi-gaciones Diego Barros Arana.

p. p. c. (1 de septiembre, 1906). Importante carta desde el Cauca. Revista Nacional de Agricultura 1, 10, 181.

pachón, A. y ramírez, M. (2006). La infraestructura de transporte en Colombia durante el siglo xx. Bogotá: Banco de la República/Fondo de Cultura Económica.

páez, L. (1988). La construcción del ferrocarril del Pacífico: una obra anhelada, 1878-1915 (Tesis de grado inédita). Universidad del Valle, Cali.

palacioS, M. (2002). El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y polí-tica. Bogotá: Planeta.

poSada, E. (1988). Ganadería en la Costa Atlántica colombiana 1870-1950. Coyuntura Económica 13(3), 75-149.

poSada, E. (1998). Caribe colombiano. Una historia regional (1870-1950). Bogotá: Banco de la República/El Áncora.

ramoS, Ó. (1996). Historia de la cultura empresarial en el valle del río Cauca. Cali: Corpo-ración Financiera del Valle.

ramoS, Ó. (primer semestre, 2005). Caña de azúcar en Colombia. Revista de Indias, 233, 49-78.

reStrepo, F. (julio, 1942). La agricultura en el Cauca. Revista Nacional de Agricultura 1(9), 152-155.

reyeS, R. (1917). Asuntos económicos e industriales. Bogotá: Arboleda y Valencia.roJaS, J. (1983). Empresarios y tecnología en la formación del sector azucarero en Colombia.

1860-1980. Bogotá: Banco Popular.romero, A. (mayo, 1938). La industria azucarera. Revista Nacional de Agricultura

34(407), 1827-1828.


romero, M. (2006). Redes empresariales, industria azucarera y políticas públicas en México. 1900-1940. En J. M. contreraS, J. méndez y M. E. romero, Poder público al poder privado. Gobierno, empresarios y empresas en México, 1880-1980 (pp. 309-336). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

romero-ibarra, M. (diciembre, 2010). La reforma agraria de Cárdenas y la agroin-dustria azucarera de México, 1930-1960. Historia Agraria, 52, 103-127.

San miguel, P. L. (1997). Los campesinos del Cibao: economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960. San Juan: Universidad de Puerto Rico.

Sánchez, J. (2005). La dulce crisis: Estado, empresarios e industria azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914). Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Santamaría, A. (2001). Sin azúcar no hay país. La industria azucarera y la economía cubana (1919-1939). Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

SantoS, A. y Sánchez, H. (2010). La irrupción del capitalismo agrario en el Valle del Cauca: políticas estatales, trabajo y tecnología, 1900-1950. Cali: Universidad del Valle.

tauSSig, M. (1978). Destrucción y resistencia campesina: el caso del Litoral Pacífico. Bogotá: Punta de Lanza.

tortolero, A. (1998). De la coa a la máquina de vapor: actividad agrícola e innovación tecnológica en las haciendas mexicanas: 1880-1914. México: Siglo XXI.

tortolero, A. (2003). Crecimiento y atraso: la vía mexicana hacia el capitalismo agrario (1856-1920). Historia Agraria, 29, 123-152.

ValdiVia, L. (1992). Economía y espacio en el Valle del Cauca. Cali: Universidad del Valle.Valencia, A. (abril, 1921a). Posibilidades de la industria del azúcar en la hoya del río

Cauca. Revista Nacional de Agricultura, 15(202), 295-308.Valencia, A. (abril, 1921b). Caña de azúcar en el valle del río Cauca. Revista Nacional

de Agricultura, 15(203), 331-333.Varela, R. M. (abril, 1941). Estación Agrícola Experimental de Palmira. Revista Nacio-

nal de Agricultura, 36 (441), 34-68.Varela, R. M. (septiembre, 1943). Acción agraria. El ingeniero agrónomo doctor Raúl

Varela Martínez, director de la Granja Agrícola Experimental de Palmira, presen-ta una plataforma básica para el fomento agrícola. Revista Nacional de Agricultura, 37(471), 27-29.

Viloria, J. (2001). Ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920. Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, 8. Bogotá: Banco de la República.

Viloria, J. (2002). Aspectos históricos del café en la Sierra Nevada de Santa Marta. En L. martínez y H. Sánchez (eds.), Indígenas, poblamiento, política y cultura en el departamento del Cesar. Valledupar: Universidad Popular del Cesar.

zanetti, Ó. y garcía, A. (1998). Sugar y railroads: A Cuban history, 1837-1959. Chapel Hill: University of North Carolina Press.


RESEÑAS

Guy Pierre, Natalie Lamaute-Brisson y Gusti-Klara Gaillard-Pourchet (eds.), Histoire économique de la Caraïbe (1880-1950): Economies sucrières, systè-mes bancaires et dette extérieure, modèles de développement et rivalités impérialistes, Puerto Príncipe, Université d’État d’Haïti, 2012, 459 pp.

Que la historia económica del Caribe ha entrado en una etapa de creciente florecimiento se observa en el libro colectivo que presentamos, así como en la reciente obra de Victor Bulmer-Thomas sobre la compleja evolución económica de la región en el largo plazo.1 El editor principal del libro que comentamos es Guy Pierre, historiador económico haitiano, quien ha sido promotor y presidente de la Asociación de Historia Económica del Cari-be, la cual ha celebrado su primer congreso en Santa Marta, Colombia, 2011, y su segundo congreso en Santo Domingo en junio de 2013. Estas reuniones ilustran el hecho de que ya existe un universo importante de es-pecialistas de numerosos países de América y de Europa en dicho campo, quienes exploran y explican tanto la historia económica en las diversas etapas coloniales como en la era de las modernas independencias de las islas-naciones que componen esta amplia región.

La diversidad de procedencia nacional de los practicantes de la histo-ria económica del Caribe se observa con claridad en este volumen, que, además, tiene el mérito de permitir y alentar una coexistencia pacífica y amable entre tres idiomas: francés, inglés y español. Esto me parece excepcional, pues muestra una clara vocación de diálogo multicultural,

1 Bulmer-Thomas, V. (2012). The Economic History of the Caribbean since the Napoleonic Wars. Cambridge: Cambridge University Press. Existe un sitio web de estadísticas históricas en <http://www.cambridge.org/9780521145602>, si la biblioteca que lo adquiere hace el contacto con la editorial.

232

reconociendo que hoy en día es importante romper los moldes de nacio-nalismos tradicionalmente cerrados para pasar a la globalización. Ello se observa al inicio del libro, con una introducción redactada en los tres idio-mas, y a través de los distintos ensayos, siete en francés, cuatro en inglés y siete en español. Es de particular utilidad el hecho de que cada capítulo contiene resúmenes en cada una de estas lenguas. También es destacable que la reunión académica que dio pie a este volumen se realizara en Haití antes del devastador terremoto en 2010, y que a pesar de este hecho pudo realizarse con éxito este proyecto editorial.

En efecto, el libro demuestra la vocación de los editores, intelectuales haitianos, por establecer diálogos fructíferos con sus colegas historiado-res que participan en la edición, autores originarios de Francia, Trinidad, Barbados, Cuba, España, Santo Domingo, Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico. Tal variedad sugiere que el volumen es tan rico en temáticas y perspectivas diferentes que podría haber corrido el riesgo de ser disperso por la multiplicidad de temas analizados. Por fortuna, existen tres hilos conductores analíticos que se imponen, los cuales son el estudio de las economías de plantación y sus ciclos, las finanzas y el comercio en el gran Caribe; todas materias que permiten transitar exitosamente en la lectura de los sucesivos capítulos que cubren una buena parte de la historia de los siglos xix y xx.

En tanto no es posible comentar cada ensayo, nos limitamos aquí a subrayar ciertos paralelos de dos ejes analíticos que sugieren interesantes posibilidades de estudio comparativo a futuro. Debe destacarse la impor-tancia de comparar los ciclos y crisis de las economías del Caribe en la época moderna. De acuerdo con Pedro Welch, en su estudio de la eco-nomía azucarera en Barbados, es importante tener en cuenta el impacto de las crisis en la primera mitad del siglo xix para luego considerar la recuperación que se experimentó en dicha isla en los años de 1860 a 1874. Curiosamente, ello contrasta con los planteamientos de Óscar Zanetti, quien –en sus numerosas obras– ha resaltado el auge azucarero en Cuba durante la primera mitad del siglo xix, para luego hacer hincapié en los impactos de las crisis de 1857, la de 1866 (subrayada especialmente por Inés Roldán) y las crisis posteriores de fin de siglo. En todos estos casos se en-lazaban las crisis productivas con las financieras. Esto, a su vez, nos habla del contrapunto constante que es necesario tener en cuenta para entender la evolución económica de las islas del Caribe. Es evidente, por ejemplo, que el declive de la economía azucarera en Haití en la primera mitad del siglo xix, por ejemplo, le dio oxígeno a Cuba, mientras que la guerra de los diez años en esta última, abriría posibilidades para un aumento de la producción del azúcar en las islas inglesas y otras tierras.

Carlos Marichal


Al analizar los ciclos y crisis del azúcar en el tardío siglo xix en la isla de Guadeloupe, Alain Buffon nos hace ver la importancia de la competen-cia más allá de la región, es decir, con la producción de azúcar de remola-cha (o betabel) en Europa y Estados Unidos. Este fenómeno comenzaría a producir una gran división entre naciones productoras del dulce en el centro y en la periferia, hecho que aún es una realidad dinámica hoy en día y cuya importancia no debe menoscabarse, pero que sólo reciente-mente comienza a cobrar la importancia que merece en la historia eco-nómica comparada. De allí, por ejemplo, que las crisis de 1882 y 1884 –dependiendo del país– provocaran tantos problemas para la producción azucarera tradicional, antes de entrar en una nueva etapa de industrializa-ción más avanzada con la introducción a fines del siglo xix de las grandes refinerías de azúcar o usinas, como suelen decir los brasileños.

Otros grandes ciclos y crisis del azúcar que fueron importantes en el primer tercio del siglo xx también son estudiados y remarcados en este libro, en particular el gran ciclo expansivo durante la primera guerra mun-dial y el explosivo derrumbe en la crisis de commodities de 1920 a 1921, que llevaría a una nueva crisis de los precios del dulce y a la quiebra del sistema doméstico bancario de Cuba, con impactos algo más atenuados pero importantes en otras economías de la región. Aún más grave fue el impacto de la gran depresión en los años treinta, que habría de poner en tela de juicio los modelos productivos tradicionales de toda la zona del Caribe, como se observa en muchas de las ponencias del congreso en Santo Domingo.

Finalmente, un tema que recorre buena parte del libro es la historia financiera y en particular la historia bancaria. Me parece que los ensayos reunidos aquí sugieren un avance importante sobre trabajos de historia económica anteriores más centrados en producción y comercio, ya que su-gieren que sin entender las finanzas resulta difícil articular una explicación que permita conocer el conjunto de cada economía. Uno de los proble-mas fundamentales para los historiadores consiste en determinar cuándo empezaron a cobrar importancia los bancos en la región. Los ensayos de Buffon, Roldán y Zanetti hacen hincapié en lo temprano de su fundación y actuación, desde los años de 1850 en adelante. A su vez, los trabajos de Guy Pierre, Gusti Gaillard y de nuevo Inés Roldán y Óscar Zanetti nos ex-plican la importancia de la participación de los bancos nacionales de fines del siglo xix y los problemas que enfrentaban, sobre todo en el manejo de la deuda pública.

Por su parte, también está presente el tema de la tardía formulación de políticas monetarias –comprensible por la dificultad de establecer sobera-nías monetarias propias en países de raigambre colonial o bajo la influen-cia de una gran potencia internacional. De allí también el interés que tiene

234 Carlos Marichal

estudiar factores y personalidades externos a la región, especialmente en el siglo xx. El estudio de Franklin Franco Pichardo sobre la deuda exterior y la transformación del sistema monetario y bancario de la República Domi-nicana entre 1930 y 1947, resulta especialmente ilustrativo. Pero también lo son los ensayos que analizan el desempeño de los asesores o consejeros monetarios externos, como es el caso de Edwin Kemmerer, en los años de 1920, estudiado por Paul Drake y Rebeca Gómez Betancourt, quien analiza la trayectoria de esta figura influyente en la fundamentación ideo-lógica del sistema del patrón oro que configuró una temprana arquitectura monetaria internacional. Por su parte, es de gran originalidad el estudio de Jerome Wilson sobre Robert Triffin en las tempranas misiones del Fondo Monetario Internacional en la República Dominicana.

En el último tramo del libro se incluyen dos ensayos de gran origina-lidad sobre la industrialización de los años de 1940 en Puerto Rico y la temprana banca de fomento en la isla –hoy es más habitual decir banca de desarrollo. Estos capítulos nos remiten a los enormes desafíos que han enfrentado todas las islas-naciones del Caribe que han aspirado a contar con algunas industrias pero que han enfrentado obstáculos, en muchos casos insuperables, por lo que hoy en día se cifran mayores esperanzas en la economía de servicios como camino hacia un futuro más promisorio. Sin duda faltan otros capítulos de la historia económica y financiera del Caribe en este libro, como podría ser el estudio de las transformaciones financieras de los últimos decenios y la forma en que se han transitado las turbulentas aguas que han seguido al huracán financiero de 2008. Pero, en todo caso y con seguridad, el libro que se presenta hoy constituye un pel-daño importante en la historia económica comparativa y por ello merece ser leído y discutido ampliamente.

Carlos Marichal el colegio de méxico

Ciudad de México, México

Cristina Ana Mazzeo de Vivó, Gremios mercantiles en las guerras de indepen-dencia. Perú y México en la transición de la colonia a la república, 1740-1840, Lima, Banco Central de Reserva del Perú/Instituto de Estudios Peruanos, 2012.

Una de las mayores contribuciones del círculo de los Annales al progreso de la historiografía moderna fue la reivindicación del método comparati-vo. Y es que comparar ayuda a evitar la trampa del solipsismo y permite ejercitar mejor nuestra capacidad analítica. En contrapartida, el ejercicio


comparativo exige grandes esfuerzos tanto en el plano material como en el metodológico, razón por la cual este tipo de trabajos es relativamente escaso en la disciplina histórica. Por eso considero un mérito de la autora el haber escogido un enfoque comparativo para su investigación sobre la institución colonial de los consulados de Comercio de México y Perú du-rante la transición entre la época colonial y la republicana.

La obra en sí puede ser inscrita dentro de la línea institucional, aunque la doctora Mazzeo incorpora hábilmente elementos de análisis político y económico para responder una cuestión bastante simple: ¿por qué los consulados de México y Perú tuvieron trayectorias divergentes después de la independencia? Es sabido que ambos países decretaron la abolición de esta poderosa institución poco después de la ruptura del vínculo con la metrópoli, pero por una extraña razón Perú la restauró algunos años después y le concedió muchos más poderes de los que gozaba durante la época colonial.

Ciertamente el Consulado tenía una mala imagen pública debido a que era fácilmente identificada como reducto de la conservadora elite es-pañola, por lo que su cierre no fue una sorpresa para nadie. Como bien lo apunta la autora, detrás de su clausura había una motivación más ideológi-ca que económica: la destrucción de ese símbolo del antiguo régimen era una vindicación del credo liberal de los victoriosos revolucionarios.

Si bien la desaparición del Consulado era una aspiración legítima, este acto traería duras consecuencias económicas para los nuevos gobiernos. Siendo el Consulado el mayor agente financiero del régimen colonial (a quien suplía con cuantiosos préstamos para mantener el esfuerzo de gue-rra contrarrevolucionaria), su supresión dislocó las cuentas e hizo necesa-ria la adopción de una reingeniería urgente de las finanzas estatales que pudiesen suministrar ingresos a las exhaustas arcas públicas.

En este contexto posindependiente es que ambos países eligieron ca-minos diferentes. Debido a que México contaba con una elite económica relativamente poderosa y descentralizada, el gobierno podía encontrar capitalistas dispuestos a girar créditos al Estado para sus necesidades. Sin embargo, el costo de este dinero era altísimo, pues los prestamistas querían cubrirse de cualquier riesgo de impago frente a un Estado propenso a la moratoria debido a su casi permanente estado de falencia económica. En el caso peruano, por el contrario, no había una clase capitalista consolida-da que pudiera prestar sumas elevadas al gobierno como en México. La alternativa fue, por lo tanto, reinstaurar la maquinaria financiera colonial, lo que implicó la resurrección del Consulado en 1829.

El Consulado peruano asumió el papel de agente financiero estatal, al tiempo que contrató créditos y administró los pagos mediante el ma-nejo de varios impuestos. Aunque su administración no estaba exenta de

236 Ramiro Alberto Flores Guzmán

favoritismo a grupos de poder económico, ciertamente se desempeñó con relativa eficiencia, lo que se evidencia en las moderadas tasas de interés cobradas al Estado por los prestamistas particulares. La relación simbiótica entre Consulado y gobierno permitió a este último liberarse de los cos-tos administrativos y evitar el tortuoso camino de la moratoria de pagos, mientras que a los comerciantes les dio el poder suficiente para dirigir la política comercial en su sempiterna lucha contra los mercaderes foráneos.

Al final, la autora deja implícita una pregunta fundamental: ¿fue una buena idea reinstaurar el Consulado en el Perú? Aunque en teoría pudo haber sido una decisión acertada para suplir las urgencias financieras del Estado, a la larga la persistencia del antiguo sistema de financiamiento colonial pudo haber frenado los intentos para modernizar la maquinaria económica estatal. Y es que generalmente las reformas se realizan en un ambiente de urgencia financiera como el que vivió México a mediados del siglo xix, lo que dio paso a las grandes reformas liberales en ese país. Pero como el Consulado peruano era una especie de “isla de eficiencia” económica que permitía sobrellevar las demandas más urgentes de dinero, aunque sea de forma perentoria, no había urgencia en la clase política para aplicar reformas fiscales modernizadoras. Ya después, con la llegada del guano a las arcas peruanas, cualquier intento o esbozo de reforma fiscal fue definitivamente olvidado.

Sólo para concluir, consideramos que el libro es una contribución importante para entender la relación financiera entre capital privado y Estado durante la etapa de transición entre la época tardocolonial y la temprana república, abriendo una ventana al análisis de esta relación en el presente.

Ramiro Alberto Flores Guzmánpontificia uniVerSidad católica del perú

Lima, Perú

William J. Suarez-Potts, The Making of Law. The Supreme Court and Labor Legislation in Mexico, 1875-1931, Stanford, Stanford University Press, 2012.

Es común pensar que la legislación laboral que estuvo en vigor en México durante el siglo xx, fue resultado único y exclusivo de la Constitución de 1917 y de su artículo 123. Sin embargo, la reglamentación de las relaciones laborales en nuestro país siguió un proceso que se extendió desde media-dos del siglo xix, hasta alcanzar su maduración a principios de la década de 1930 con la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, esto como parte de una


acelerada centralización de facultades en el ámbito laboral por iniciativa del gobierno federal.

En The Making of Law. The Supreme Court and Labor Legislation in Mexi-co, 1875-1931 (2012) William Suarez-Potts estudia cómo la jurisprudencia creada como respuesta a los amparos interpuestos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación devino una fuente determinante del derecho labo-ral mexicano del siglo xx, además del texto constitucional. Los procesos judiciales que se analizan en el texto fueron presentados por trabajadores de diversas ocupaciones a lo largo del periodo 1875-1931 y publicados en el Semanario Judicial de la Federación. La mayor parte de estos procesos argumentaban violaciones a garantías constitucionales como el derecho al trabajo, pero también denunciaban castigos corporales y reclamaban una justa remuneración por el trabajo realizado.

La riqueza y diversidad de los litigios presentados por el autor dan un espléndido panorama de la conflictividad del periodo de estudio y cons-tituyen una de las principales aportaciones del mismo, pues permiten co-nocer al no iniciado en estos temas las distintas respuestas y estrategias presentadas por los trabajadores de acuerdo con la actividad laboral que desempeñaban. Sin embargo, no debe perderse de vista que el presente libro no es una historia del movimiento obrero, sino un acercamiento ri-guroso a la historia del derecho laboral en nuestro país; así, aunque los obreros sean los sujetos actuantes de los litigios, los verdaderos protago-nistas de esta historia son los legisladores, jueces y abogados que dirimen los conflictos.

La obra está compuesta de ocho capítulos que pueden agruparse en dos partes: en la primera se estudian casos de conflictos laborales que contribuyeron a configurar la legislación porfiriana, mientras que en la segunda se hace lo propio con aquellos presentados durante el periodo revolucionario y la década de 1920. Sin embargo, y pese a la aparente ruptura que supuso la revolución mexicana, el autor muestra hábilmente las continuidades tanto en la legislación como en las estrategias de acción de los trabajadores después del movimiento armado.

Desde mediados del siglo xix, individuos pertenecientes a las activida-des más dinámicas de la economía mexicana se organizaron en mutualida-des, hermandades y diversas asociaciones de ayuda que lentamente evolu-cionarían hasta la conformación de sindicatos. Aunque dichos individuos eran analfabetas en su mayor parte, poco a poco se fueron acostumbrando a expresar sus demandas en términos jurídicos, participando así en la con-figuración de una versión original de la llamada “cuestión social”, en la que el liberalismo clásico, el reformismo francés y el pensamiento social católico se combinaron para crear una interpretación local.

238 Arturo Valencia Islas

No obstante el carácter autoritario del régimen de Porfirio Díaz, du-rante su gobierno se vivió una intensa acción legislativa para tratar de delimitar los derechos de los trabajadores y los empleadores, donde usual-mente la Suprema Corte de Justicia tenía la última palabra dentro de los litigios debido a que las peticiones de amparo recaían en esa instancia. Aunque se reconocía la libertad laboral, garantizada en el artículo 4° de la Constitución de 1857, el régimen coartó la libertad de asociación de los trabajadores y, en los casos más graves, reprimió las huelgas que, se decía, ponían en peligro la producción. A pesar de la respuesta gubernamental, durante el porfiriato se llevaron a cabo más de 250 huelgas, de las cuales al menos sesenta fueron en el sector ferroviario, uno de los gremios más reactivos y a la vanguardia del movimiento obrero durante el periodo.

A pesar de lo dispuesto en la Constitución, los códigos civil y penal asumían que la libre contratación era un instrumento suficiente para regu-lar las relaciones entre empleados y empleadores, por lo que al Estado sólo le correspondía vigilar el estricto cumplimiento del mismo. Aunque la in-terpretación que se dio a la Constitución de 1857 fue dentro del marco del liberalismo clásico –en el que se asumía que la única obligación del Estado era salvaguardar la libertad de trabajo y los derechos de propiedad–, con el cambio de siglo se fue moldeando una nueva interpretación en la que se demandaba una mayor protección a los trabajadores. Así, por ejemplo, a lo largo del porfiriato se discutió sobre los límites que habrían de tener el derecho de huelga, los principios que regirían a las asociaciones de tra-bajadores o el papel que deberían desempeñar las instancias legales en la resolución de conflictos laborales.

Aunque la opinión pública de principios del siglo xx –juristas, intelectua-les e incluso parte de la prensa– comenzó a reconocer la responsabilidad gubernamental en la regulación laboral, la actuación de la Suprema Corte iba a contracorriente de esta tendencia, ya que después de haber tenido un primer periodo en el que sus fallos favorecían mayoritariamente a los trabajadores, desde finales de la década de los noventa y durante el resto del régimen, las decisiones en los amparos interpuestos fueron negativas para aquellos. En opinión de nuestro autor, si bien no hubo una consigna expresa para negar los amparos interpuestos, a partir de 1899 fueron más evidentes las presiones recibidas por la Corte por parte de altos miembros del régimen y del propio Díaz, alegando que las decisiones favorables a los quejosos afectarían la producción.

Una muestra adicional de la ambigüedad del final del porfiriato en materia laboral, fue que al mismo tiempo que se llevaba a cabo la repre-sión de huelgas como las de Cananea y Río Blanco, el régimen tolera-ba movimientos como el de los ferrocarrileros que derivaría en diversas huelgas entre 1900 y 1910. Los conflictos de los trabajadores ferroviarios


en el marco de la llamada mexicanización de las líneas –la igualación sa-larial y de condiciones laborales entre trabajadores mexicanos y extranje-ros– marcarían un punto de inflexión porque por primera vez el gobierno federal negociaría con un grupo de trabajadores organizados para tratar de resolver un conflicto laboral. Aunada a esta mayor flexibilidad, existía plena conciencia de la necesidad de legislar en materia laboral entre los miembros de la elite gubernamental, aunque fuera como mecanismo de control de los trabajadores, pues se creía que podía alcanzarse un equili-brio entre los factores de producción en completa armonía y sin despertar ningún tipo de conflicto social. Evidentemente, la revolución mexicana acabaría con la belle époque jurídica imaginada por los abogados liberales porfirianos.

Desde el interinato de León de la Barra se comenzó a impulsar la creación de un departamento laboral que realizara funciones de arbitraje a petición de las partes confrontadas. El proyecto de ley para su creación jus-tificaba una mayor participación del Estado con el objeto de disminuir el impacto nocivo que podían tener las huelgas sobre la producción, así como por la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

No obstante, durante la puesta en marcha del departamento en enero de 1912, ya bajo la presidencia de Madero, las demandas obreras no dis-minuyeron, al menos en los tres sectores más conflictivos: textiles, minería y ferrocarriles. La política laboral del nuevo gobierno privilegió la realiza-ción de conferencias en las que reunía a los principales fabricantes textiles con el objetivo de redactar un reglamento de aplicación general para todas las industrias, pero sin tomar en cuenta de forma directa a la representa-ción obrera. A pesar de los modestos resultados obtenidos, mismos que concluyeron con la promulgación de una nueva ley obrera en diciembre de 1912, las conferencias sirvieron para introducir en la discusión pública numerosas demandas laborales, mismas que se retomarían en los debates del artículo 123.

Después del asesinato de Madero, el régimen de Huerta consideró la cuestión obrera como uno de sus problemas principales, por lo que no sólo continuó con el Departamento del Trabajo, sino que además transfirió a la Secretaría de Industria y Comercio los asuntos laborales. Aunque se pre-sentaron diversas propuestas de ley durante el periodo, sólo se aprobaron algunas reformas al Código de Comercio en lo relativo a las condiciones contractuales.

Carranza mantuvo una posición ambigua sobre la necesidad de las reformas laborales, pues aunque en el discurso las apoyaba en la práctica fue reacio a alterar el orden social establecido en materia laboral y sólo cedió ante la presión generada a lo largo de la guerra. Serían militares de filiación constitucionalista –Obregón, Aguilar o González, por sólo citar


algunos–, mas no Carranza, quienes avanzarían en el establecimiento de medidas de tipo social en las áreas que controlaban. La reticencia carran-cista quedaría evidenciada en el proyecto presentado ante el Congreso Constituyente en 1916, en el cual aunque se reconocía la necesidad de un salario mínimo o una pensión por vejez o enfermedad, entre otras, no se reconocía el derecho de huelga. Las propuestas presentadas y su discusión en el seno del constituyente modificarían radicalmente la propuesta ca-rrancista de reforma del artículo 5° de la Constitución de 1857, hasta llegar a la determinación de establecer un artículo que reuniera las disposiciones de carácter laboral.

A pesar de reconocer el enorme avance que significó el artículo 123 en las relaciones laborales en México, Suarez-Potts puntualiza sus limita-ciones, siendo tal vez las más importantes: no reconocer la contratación colectiva, requerir cambios sustanciales en los derechos de propiedad y no determinar específicamente a qué nivel de gobierno correspondería llevar a la práctica sus distintas disposiciones. Tal vez esto explique el porqué se realizaron más de 90 leyes y decretos relacionados con dicho artículo entre 1918 y 1928.

La nueva Constitución restablecería a la Suprema Corte como instan-cia para dirimir las disputas obrero-patronales y mantendría el juicio de amparo, aunque el funcionamiento de la Suprema Corte se modificaría a lo largo de la década de 1920, creándose salas especializadas entre las que se encontraba aquella encargada de los asuntos laborales. Cabe seña-lar que durante el periodo posrevolucionario, la Corte gozó de amplios márgenes de independencia, pues la debilidad relativa del Estado –que se veía enfrentado a revueltas militares, conflictos religiosos, sobrevivencia de cacicazgos regionales y presiones externas – le impidió ejercer un ma-yor control tanto sobre el poder legislativo como sobre el judicial; de esta forma, aunque el presidente participaba en el proceso de selección, no era el factor determinante en el nombramiento de los miembros de la Cor-te. Esta autonomía comenzaría a disminuir con las reformas impulsadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, relacionadas con el proceso de selección y duración de los magistrados.

La debilidad del poder ejecutivo también hizo que fuera relativamente lenta la promulgación de la legislación secundaria que tendría que instru-mentar al artículo 123 constitucional. La supuesta radicalidad de los go-biernos de Obregón y Calles, su cercanía a la cúpula de la Confederación Regional Obrera Mexicana (crom) y la participación activa de los mismos, no ayudaron a impulsar las leyes y a crear los organismos necesarios para satisfacer los reclamos de los obreros, mismos que creían que el triunfo revolucionario les garantizaría automáticamente sus derechos y satisfaría sus demandas materiales. A pesar de la participación activa de Luis N.


Morones, máximo jerarca cromista, dentro de los gabinetes del periodo, no se impulsó una política tan abiertamente favorable como lo hubieran deseado los trabajadores organizados. De hecho, tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje como la Ley Federal del Trabajo –piezas clave del nuevo entramado institucional en el ámbito laboral– tendrían un efecto negativo sobre la independencia sindical y la capacidad de respuesta de las organizaciones.

La creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el 17 de septiembre de 1927, fue la respuesta institucional a la huelga ferrocarrile-ra que había estallado un año antes, por lo que fue el primer asunto que conocieron. La coyuntura era perfecta, pues aunque desde la época de Obregón se había tratado de reglamentar el artículo 123 en lo relativo al arbitraje laboral, el callejón en el que se había convertido la huelga obli-gaba a darle una salida legal. Inicialmente se había pensado que la Junta Federal resolviera sólo la parte arbitral de aquellos conflictos que eran de su competencia –trabajadores y empresas de jurisdicción federal, entre los cuales se encontraban los conflictos ferrocarrileros–, mientras que delega-ba la parte conciliatoria a la juntas locales. Sin embargo, las complicacio-nes administrativas y los gastos adicionales que significaba llevar juicios en dos instancias, hizo que la Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos y la Sociedad Ferrocarrilera del Departamento de Vía, junto a otros gremios, solicitaran que la junta federal asumiera ambos procesos. El 13 de agosto de 1928 se aceptó la solicitud de los ferroviarios, por lo que la Junta Fede-ral de Conciliación y Arbitraje quedó como la instancia única para dirimir estos conflictos. Aunque la opinión que los ferrocarrileros tenían de esta instancia no era nada favorable, reconocían que era un avance en las rela-ciones entre el gobierno y los sindicatos, pues hasta antes de su creación, las disputas laborales eran resueltas directamente por la Secretaría de In-dustria sin ningún tipo de participación de los interesados. Así, a pesar de que la junta no era una panacea, por lo menos era una tribuna donde los afectados podían exponer sus reclamos.

También desde la promulgación de la Constitución de 1917 hubo po-lémicas y discusiones sobre el alcance que tendría el artículo 123 y cuáles serían las instancias para su reglamentación. Inicialmente se determinó que los estados de la federación eran los encargados de reglamentar y apli-car dicho artículo, por lo que surgieron múltiples leyes laborales de muy distinta tendencia. La autonomía que gozaban los estados en la aplicación del artículo 123 pronto generó conflictos y enfrentamientos entre los pode-res locales y el gobierno federal. Por ello, desde el gobierno de Carranza hubo intentos de reglamentación que no tuvieron éxito. Posteriormente, Obregón planteó la Ley Sobre el Seguro Obrero que tenía como objetivo transformar el reparto de utilidades en un sobresueldo de 10% cubierto


por el patrón, que tampoco reunió el suficiente apoyo legislativo. Esta mis-ma iniciativa volvería a ser presentada al año siguiente junto con una Ley de Accidentes de Trabajo, a la que poco tiempo después se añadiría una propuesta para federalizar la reglamentación laboral; ninguna llegaría a buen término.

Paralelamente, los trabajadores no tenían una posición única ante las diferentes propuestas de Ley del Trabajo. Mientras el sindicalismo oficial encabezado por la crom, veía las iniciativas con simpatía, el sindicalismo independiente las consideraba un retroceso y se oponía terminantemen-te a la federalización legislativa pues consideraba, con razón, que saldría perdiendo ante un gobierno federal que se mostraba más moderado que muchos de los gobiernos estatales. Parecería incomprensible que la crom durante sus años de esplendor no hubiera impulsado la promulgación de una legislación secundaria del artículo 123 que favoreciera la causa obre-ra; sin embargo, sus antecedentes patrimonialistas y progubernamentales podrían explicar el porqué no se legisló al respecto. Es decir, no es que la crom hubiera bloqueado la creación de la ley, simplemente no la promo-vió porque el ejecutivo federal no consideró que fuera necesario llevarla adelante.

La agudización de la conflictividad obrera que trajo consigo la crisis de 1929 creó las condiciones necesarias para reglamentar de una vez por todas las relaciones laborales. El 6 de septiembre de ese año, como paso previo para la creación de la ley laboral, se modificaron los artículos 73 y 123 de la Constitución de tal manera que se concedió al Congreso federal la facultad de expedir la legislación en materia laboral. A los pocos días se presentaría ante el Congreso el llamado “Proyecto Portes Gil” en el que se consideraba al Estado como un patrón más en sus relaciones laborales, por lo que daba a sus trabajadores todos los derechos reconocidos para el resto de la clase obrera, incluido el derecho de huelga. El proyecto tropezaría tanto con el rechazo de los empresarios, que consideraban que la nueva ley haría demasiado rígida tanto la contratación como el despido, y el de la crom, pues existía una relación de franca enemistad entre Morones y Portes Gil desde la época en que este, siendo gobernador de Tamaulipas, bloqueó las actividades de la crom en la entidad.

En febrero de 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio solicitó a su secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Luis L. León, que elaborara un nuevo proyecto de ley laboral, mismo que sería concluido en enero de 1931 por Aarón Sáenz –que lo sucedería en el puesto– y presentado ante la Cámara de Diputados en junio de ese año. El nuevo proyecto vol-vería a ser rechazado por el movimiento obrero ahora coordinado por la Alianza de Organizaciones Obreras y Campesinas –agrupación en la que participaba activamente la Confederación de Transportes y Comuni-

243

caciones (ctc), antecedente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana–; sin embargo, a diferencia de la propuesta anterior, el sector empresarial permanecería al margen de las discusiones, lo que facilitaría su aprobación. Finalmente, la Ley Federal del Trabajo sería promulgada el 27 de agosto de 1931, después de un rápido proceso de discusión legislativa.

Aunque la nueva ley salvaguardaba los derechos laborales por los que habían luchado las organizaciones sindicales desde la revolución mexi-cana –libertad de asociación, jornada laboral de ocho horas, derecho de huelga, indemnizaciones por accidentes laborales e incluso aceptaba la cláusula de exclusión sindical y el contrato colectivo–, en la práctica la legislación reglamentaria del artículo 123 imponía mecanismos de control que limitaban la independencia sindical por dos vías: primero, porque hacía obligatorio el registro de sindicatos, contratos colectivos y conflic-tos laborales ante el gobierno federal; segundo, porque creaba un sistema judicial especial ante el que se ventilarían los conflictos, estableciendo de manera definitiva el arbitraje del Estado en los mismos.

Arturo Valencia IslasEstudiante de doctorado en Historia

el colegio de méxico

Ciudad de México, México


SOBRE LOS AUTORES

Jorge gelman

Doctor en Historia por la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Actualmente dirige el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde también es profesor titular e investigador superior. Entre sus publicaciones recientes se encuentran, como coordinador, El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo xix, Rosario, Prohistoria, 2011, y el artículo “Los cambios en la economía atlán-tica entre los siglos xViii y xix. Desarrollo capitalista, globalización y des-igualdad en América Latina”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Debates, 29 de enero de 2014, en <http://nuevomundo.revues.org/66288>. Correo electrónico: <[email protected]>.

mario JuSto lópez

Doctor por la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, e investigador permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Socia-les Dr. Ambrosio L. Gioja de la misma casa de estudios. Su especialidad se centra en la historia política argentina, partidos políticos e historia fe-rroviaria. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: “La dinámica del presidencialismo y la gobernabilidad democrática a la luz de un momento histórico: el conflicto entre la Unión Cívica Radical y la oposición de 1928 a 1930”, Revista Cruz del Sur, vol. 2, núm. 3, 2012; “Los ferrocarriles ar-gentinos durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca”, Revista Cruz del Sur, vol. 3, núm. 4, 2013, y el libro Yrigoyen, Alvear y los ferrocarri-les británicos (en la Argentina). 1916-1930, Buenos Aires, Lumière, 2014 (en prensa). Correo electrónico: <[email protected]>.

renato leite marcondeS

Economista y doctor en Economía por la Universidade de São Paulo. Pro-fesor asociado de la Faculdade de Economia, Administração e Contabili-dade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Su investigación se centra en el área de la historia económica y demográfica, principalmente en los temas: crédito, hipoteca, acumulación de riqueza, caficultura, pose-


246 Sobre los autores

sión de esclavos, desigualdad regional y comercio. Entre sus publicaciones recientes se encuentran: “O mercado brasileiro do século xix: uma visão por meio do comércio de cabotagem”, Revista de Economia Política, vol. 32, 2012, y “Fontes censitárias brasileiras e posse de cativos na década de 1870”, Revista de Indias, vol. 71, 2011. Correo electrónico: <[email protected] >.

andrea carolina miranda peStana

Historiadora de la Universidad de Cartagena, estudiante de maestría en Gestión y Preservación del Patrimonio Documental, Artístico y Cultural de la Universidad de Panamá-Universidad de Alcalá de Henares; miem-bro del grupo de investigación Sociedad, Cultura y Política del Caribe Colombiano, categoría A1, Colciencias del Instituto Internacional de Estu-dios del Caribe, Universidad de Cartagena. Ganadora de la beca Pasantía de Colciencias, como Joven Investigadora 2010-2011 y 2011-2012. Correo electrónico: <[email protected]>.

raúl román romero

Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe. Doctor en Historia de América Latina, magíster y especialista en Estudios del Caribe e historiador por la Universidad de Cartagena. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Celebraciones centenarias. La construcción de una memoria nacional en Colombia, Cartagena, Alcaldía Mayor de Cartagena-Universidad de Cartagena, 2011 y Cultura, sociedad, desarrollo e historia en el Caribe colombiano, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, 2011. Actualmente es líder del grupo de investigación Nación, Re-gión y Relaciones Internacionales en el Caribe y América Latina. Correo electrónico: <[email protected]>.

hugueS r. Sánchez meJía

Doctor en Historia. Profesor en el Departamento de Historia de la Uni-versidad del Valle. Entre sus artículos se encuentran, “De esclavos a cam-pesinos, de la ‘roza’ al mercado: tierra y producción agropecuaria de los ‘libres de todos los colores’ en la gobernación de Santa Marta (1740-1810)”, Historia Crítica, núm. 21, enero-marzo de 2011, y “Composición, mercedes de tierras realengas y expansión ganadera en una zona de frontera de la


gobernación de Santa Marta: Valledupar (1700-1810)”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 39, núm. 1, enero-junio de 2012. Co-rreo electrónico: <[email protected]>.

daniel Santilli

Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. E. Ravignani y docente de la cátedra de Historia Argentina I 1776-1862, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Sus últimas dos publicaciones son, en coordinación con Jorge Gelman y Raúl Fradkin, Rebeldes con causa. Conflicto y movilización popular en la Argentina del siglo xix, Buenos Aires, Prometeo, 2014, y el artículo “¿Perjudiciales o beneficiosas? La discusión sobre el impacto económico de las reformas borbónicas en Buenos Aires y su entorno”, Fronteras de la Historia, vol. 18, núm. 2, 2013. Correo electró-nico: <[email protected]>.

adriana SantoS delgado

Magíster en Historia. Profesora en el Departamento de Historia de la Uni-versidad del Valle. Sus últimas publicaciones son: “Conectarse con Dios en la frontera. Impresos católicos y sociedad: la experiencia del Magdale-na durante los gobiernos liberales radicales del siglo xix”, Historia y Espa-cio, núm. 37, julio-diciembre de 2011, y “Civilización e instrucción pública en los Territorios Nacionales: consensos entre liberales radicales e Iglesia católica del Magdalena”, Historia Caribe, vol. 7, núm. 21, julio-diciembre de 2012. Correo electrónico: <[email protected]>.

JameS Vladimir torreS moreno

Historiador por parte de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de Investigación en Historia Económica y Social. Investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el marco de las becas de investigación en historia colonial en 2009 y 2010. Autor de Mine-ría y moneda en el Nuevo Reino de Granada: el desempeño económico en la segunda mitad del siglo xviii, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2013; el artículo “La minería neogranadina en la trayectoria de la colonia a re-pública 1780-1840” en Heraclio Bonilla (ed.), Las consecuencias económicas de la Independencia, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, 2013;

248 Sobre los autores

“Sencillos y piezas de a ocho. El problema de la moneda de baja deno-minación en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo xViii”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 40, núm. 1, 2013, y en coautoría con Edwin Muñoz, “La función de Santafé en el siste-ma de intercambios de la Nueva Granada a fines del siglo xViii”, Fronteras de la Historia, vol. 18, núm. 1, 2013. Correo electrónico: <[email protected]>.

mario truJillo bolio

Doctor en Historia por El Colegio de México, adscrito como investigador titular al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-les de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro fundador y secretario (2009-2010) de la Asociación Mexicana de Historia Económi-ca. También ha orientado sus investigaciones en el ámbito de la historia social. Actualmente realiza el estudio de casas mercantiles y circuitos mer-cantiles en México en los siglos xViii y xix. Entre sus publicaciones más recientes destacan: El péndulo marítimo-mercantil en el Atlántico novohispano (1798-1825). Comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e importación, México-Cádiz, Universidad de Cádiz, 2009; “Presencia de la Constitución de Cádiz en la convulsionada sociedad novohispana 1812-1815” en La Constitución de Cádiz y su huella en América, Cádiz, Universidad de Cádiz/Banco Santander, 2011; “La presencia de los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz 1809-1812” en La Constitución gaditana de 1812 y sus re-percusiones en América (vol. 1), Universidad de Cádiz, 2012, y “Exportación vitícola española al mercado novohispano. Las redes de realización y sus circuitos mercantiles, 1790-1810”, América Latina en la Historia Económica, vol. 20, núm. 2, mayo-agosto de 2013. Correo electrónico: <[email protected]>.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS COLABORADORES

Se invita a enviar artículos y reseñas a América Latina en la Historia Econó-mica, publicación cuatrimestral editada en la ciudad de México por el Ins-tituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. La revista difunde en-sayos originales, resultado de investigaciones sobre la historia económica de América Latina, con el propósito de estimular el debate historiográfico, los estudios interdisciplinarios y el análisis comparativo. Las postulaciones se recibirán vía correo electrónico en <[email protected]>. Se aceptan originales escritos en español, inglés, francés y portugués.

condicioneS para poStular un artículo

Los artículos deben ser el producto original de una investigación relacio-nada con la historia económica de América Latina. Todas las referencias deben aparecer debidamente identificadas con su respectivo crédito en las citas y en la lista de referencias, ordenadas alfabéticamente. El original pos-tulado puede ser rechazado cuando no se apegue a los criterios de edición de la revista. El autor será responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con los derechos de la propiedad intelectual, exonerando a los editores de la revista América Latina en la Historia Económica. Los textos presentados deben ser inéditos, no deben haberse publicado previamente por ningún medio impreso o electrónico, salvo en aquellas publicaciones que cumplan con el criterio de circulación limitada en cualquier medio (repositorios universitarios o del autor), ni haberse postulado simultánea-mente en ninguna otra publicación, lo cual no se podrá hacer hasta que haya concluido el proceso de dictaminación en esta revista. Cada postula-ción deberá ir acompañada de una declaratoria que incluya esas tres con-diciones. El formato correspondiente se solicitará por correo electrónico a <[email protected]>, o bien, descargarse desde el sitio web <http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/index>.

arbitraJe

Los originales postulados para su publicación serán dictaminados de for-ma anónima por dos pares académicos, especialistas o árbitros expertos bajo la modalidad doble ciego, sugeridos por los miembros del Consejo


250 Lineamientos generales para los colaboradores

Asesor y el Comité Editorial. Cuando haya discrepancia entre las evalua-ciones, el texto se enviará a un tercer árbitro, cuya decisión definirá el dictamen final. El resultado del dictamen se dará a conocer al autor en un plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha de recepción del original, junto con los comentarios, sugerencias y observaciones de los árbitros. La evaluación será inapelable en todos los casos.

Cuando el resultado de la evaluación sea positivo y se hayan señalado modificaciones, se solicitará la reelaboración del manuscrito, de acuerdo con las sugerencias de los evaluadores. El autor podrá argumentar sobre los aspectos con los que no esté de acuerdo, u optar por retirar la propues-ta. La nueva versión deberá remitirse en un plazo no mayor a un mes y medio; si este se vence, se dará por rechazado el artículo. El texto reelabo-rado se enviará a uno de los especialistas que originalmente lo arbitró para que constate que se realizaron las sugerencias, y a un nuevo experto en la materia a fin de decidir si se acepta el original para su publicación. Una vez que la segunda versión haya sido aceptada por los pares académicos, no podrán hacerse nuevas modificaciones, con excepción de la adapta-ción a las normas para la entrega de originales de la revista.

derechoS de autor

Para la publicación de un artículo es una condición que el autor o autores ceda(n) a la revista América Latina en la Historia Económica los derechos de reproducción impresa y electrónica, así como los de difusión. La edición electrónica de esta revista provee acceso abierto a sus contenidos a través de la página <http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/index> y en las bases de datos especializadas que el editor considere adecuadas para su indización. El autor recibirá el formulario de cesión de derechos cuando el original postulado haya sido aceptado para su publicación.

normaS para la entrega de originaleS

Formato

Las colaboraciones se enviarán en formato electrónico Word (.doc o .docx). El texto se presentará con letra tipo Times New Roman a 12 puntos, 1.5 de interlineado y paginación corrida. Cada párrafo llevará sangría en la pri-mera línea, excepto después de los títulos o subtítulos. En el texto deben indicarse las referencias, la colocación de los cuadros, gráficas y mapas


que se incluyan, mismos que deberán ser numerados en el orden que se mencionan en el texto (con números arábigos).

Los cuadros y las gráficas serán enviados en su archivo original de tra-bajo (formato .xls, .cdr, .doc, .docx) con las series de datos que los susten-ten, sin candados, en escala de grises, con título y fuente. Si son insertados en Word como una visualización de imagen, también deberán entregar el archivo original de trabajo.

Es importante evitar la reproducción de cualquier imagen impresa (re-producción de libros), en caso de ser necesario, la digitalización deberá hacerse en una resolución de 300 o 600 dpi, sin comprimir, en escala de grises y con un tamaño de 16.5 x 23 cm. Los formatos sugeridos son .tiff, .psd, .ai, .cdr., .tiff y .eps (en vectores, textos en curvas).

Se recomienda moderar el número de cuadros o gráficas, considere que una gran cantidad de estos puede ocasionar problemas en la forma-ción de páginas, además de interrumpir la lectura. El número óptimo de gráficos por artículo es de cinco a siete como máximo.

Incluir la referencia de todos los gráficos a pie de imagen y mostrar con claridad las leyendas.

Contenido del artículo

El artículo debe tener un título en el idioma original y su equivalente en inglés; la extensión recomendada para un título es de dos líneas en el formato indicado. Nombre completo del autor, o señalar de manera ex-presa la forma como suele firmar sus publicaciones con base en el sistema de citación apa para reducir la probabilidad de una identidad errónea. Afiliación institucional que le corresponde al momento en que realizó la investigación. Sede o localidad de la adscripción, dirección, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, de preferencia datos institucio-nales. Debe incluirse un resumen, es decir, una síntesis breve y global de los contenidos del artículo, este debe ser preciso, no evaluativo, coherente, legible y conciso, en el idioma original y su equivalente en inglés (abstract), cada uno con un máximo de 800 caracteres con espacios, o bien, diez líneas en el formato de la revista, y de cuatro a cinco palabras clave en ambos idiomas (key words).

Se deberá incluir como nota de autor los reconocimientos, declaracio-nes o exenciones de responsabilidad, el patrocinio o apoyo institucional, beca o proyecto, si los hubiere, en la portada del manuscrito. La nota de autor no se numera ni se cita en el texto.

El artículo debe contener una introducción temática, metodológica y de debate historiográfico en torno al tema; en el desarrollo se deben indi-


car con claridad cada uno de los apartados y las conclusiones, además de la lista de referencias.

Extensión

La extensión máxima deberá ser de 9 000 palabras o 54 000 caracteres con espacios, incluyendo notas, cuadros, figuras y las referencias que se incluirán al final del trabajo, es decir, 30 cuartillas aproximadamente. En el caso de las reseñas, la extensión máxima será de 3 000 palabras o 18 000 caracteres con espacios, equivalente a nueve cuartillas.

información general del SiStema de citación de la apa

El sistema apa utiliza el formato autor-fecha. La referencia citada deberá aparecer en la lista de referencias ordenadas alfabéticamente. Sólo podrán enlistarse las referencias utilizadas y que sustenten el trabajo.

Para insertar una cita en el texto se deberá incluir el apellido del autor y la fecha del trabajo referido. Para una referencia textual, además del apellido y la fecha, insertar el número de página o páginas o la localización del trabajo original.

A continuación se presenta una breve guía del sistema apa. Para ma-yor detalle véase apa (2006). Publication Manual of the American Psychologi-cal Association. Washington, DC: American Psychological Association, o su traducción al español apa (2010). Manual de publicaciones de la American Psycological Association (3a. ed.). México: El Manual Moderno. La sexta edi-ción del Manual de publicaciones está dedicada en gran parte a interpretar las innovaciones tecnológicas en Internet, como es el caso del doi (digital object identifier); para ampliar la información sugerimos su consulta.

Citación en el texto

En el sistema apa, se colocan en el texto el primer apellido del autor refe-rido seguido del año de la publicación (se usará la coma para separar los elementos).

a) Cuando se trata de un autor ocurren los siguientes escenarios:

Se menciona en el texto tanto el autor como el año de la obra.


Ejemplo: En su artículo del 2010, Keila Grinberg destaca…

Se pone entre paréntesis el año de la obra en que se menciona la idea de un autor citado en el texto.

Ejemplo: Como destaca Keila Grinberg (2010)…

Se pone entre paréntesis el apellido del autor no citado textualmente pero referido, seguido del año de la obra.

Ejemplo: …permitiendo que el Estado iniciara la construcción del resto (López, 1991)

Se menciona el nombre del autor en el texto seguido de una cita textual: se coloca el año de la obra después del autor y al final de la cita se coloca el número de la(s) página(s) entre paréntesis.

Ejemplo: …en Pamplona Adriana Ferreira (1999) señala que “de los 588 censos otorgados en la provincia, 38.6% lo redimió en menos de 6 años” (p. 71).

Cita textual directa: si no se ha mencionado al autor en el texto, se colocan entre paréntesis el apellido del autor, año y página(s).

Ejemplo: … “de los 588 censos otorgados en la provincia, 38.6% lo redi-mió en menos de 6 años” (Ferreira, 1999, p. 71).

b) Si se trata de dos o más autores ocurren los siguientes escenarios:

Dos autores: se colocan los apellidos, iniciando con el que aparece prime-ro en la publicación y se aplican los criterios anteriores.

Ejemplo: … la riqueza inmueble a la que acceden porciones cada vez menores de una población que crece raudamente en todo el periodo (Gelman y Santilli, 2011).

De tres a cinco autores en la primera mención: se colocan los apellidos, iniciando con el que aparece primero en la publicación y los posteriores en orden alfabético; se aplican los criterios anteriores.

Ejemplo: “cita textual” (Sá, Rodríguez-Carvalho, Silva, y Ventura, 2008, pp. 197-208).


En las menciones posteriores al ejemplo de arriba se agregará la locución et al. en redondas.

Ejemplo: “cita textual” (Sá et al., 2013, p. 445).

Nota: las locuciones como et al., versus, c. f., circa, ergo, no se ponen en cursivas.

En el caso de que un libro o artículo tenga seis o más autores se coloca únicamente el apellido del primer autor seguido de la locución et al.

Ejemplo: Tal como lo dice Valle et al. (2013)…

c) Para el caso de grupos como organizaciones o instituciones, hay dos posibilidades:

Grupos o instituciones conocidos por sus siglas o abreviaturas.

Primera mención: en su publicación, la Comisión Nacional de los Dere-chos Humanos (cndh, 2012).Menciones posteriores a la primera: tal como dice la cndh (2012) “cita tex-tual” (p. 14).

Grupos o instituciones como autores (sin abreviaturas).

Ejemplo: (Cambridge University, 1998).

d ) Si se hace referencia a una idea que comparten varios autores en dife-rentes textos deben enlistarse de forma que estos queden ordenados alfa-béticamente (se usará la coma para separar los elementos y punto y coma entre los datos de un autor y otro).

Ejemplo: …lo han dicho algunos autores (Antúnez, 1990; Robles, 2005; Torres, 1987, y Zurita, 2014).

e) En caso de que se haga mención de varios trabajos de un autor se enlis-tan cronológicamente los años de las obras.

Ejemplo: en sus múltiples trabajos, Pérez (2000a, 2000b, 2010 y 2011)…


Documentos de archivos

Los documentos de archivo se citarán a pie de página, estos pueden ser cartas, manuscritos inéditos, panfletos y folletos de circulación limitada, documentos internos tanto institucionales como corporativos, recortes de prensa y otros documentos, así como materiales sin texto, tales como fo-tografías y mecanismos que se encuentran en posesión de un autor, o for-man parte de una compilación institucional, o bien están resguardados en archivos como el Archivo General de la Nación.

El propósito de una referencia es dirigir al lector hacia la fuente, por tal razón, se sugiere incluir tanta información como sea necesaria para ayudar a localizar el material dentro del archivo. Para artículos de com-pilaciones con ayudas de búsqueda detalladas, puede ser suficiente sólo escribir el nombre de la compilación; para artículos de compilaciones sin ayuda de búsqueda, se puede requerir de más información (p. ej. fondo, ramo, sección, número de clasificación, volumen o caja, expediente, le-gajo y fojas, número o nombre completo del archivo, etc.) para poder localizar la información.

Las abreviaturas que se utilizan en los archivos son: vol., exp., leg., f., o sus plurales vols., exps., legs., fs. Tanto el nombre del ramo como el de la sección van en redondas.

Utilice corchetes para señalar información que no aparece en el docu-mento, signos de interrogación para indicar duda respecto a los nombres y fechas, ca. (circa, sin cursivas) para indicar las fechas estimadas.

Ejemplo de fuente histórica de archivo de la cual se conoce el autor o la fecha o cuyos datos son casi seguros pero que no están indicados en el documento:

[Allport, A.?].[ca. 1937]. Marion Taylor today –por el biógrafo. Manuscrito inédito, Marion Taylor Papers. Schlesinger Library, Radcliffe Colle-ge, Cambridge, MA.

Ejemplo:1 (1825). Documentos pertenecientes al Alcalde. Linares (Matamoros)

(Convenio celebrado por D. José María Tovar, D. Rafael Garza y D. José María Villarreal a favor de Alejandro Legrand, 2 fs). Archivo Municipal de Matamoros. Matamoros, México.


Lista de referencias

a) Libros completos:apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxxapellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxxapellido, A. A. (ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.apellido, A. A. y apellido, A. A. (eds.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Ejemplo:anderSon, K. y nelgen, S. (2011). Global Wine Markets, 1961 to 2009:

a Statistical Compendium. Adelaide: The University of Adelaide Press.

b) Capítulo de un libro:apellido, A. A. y apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada.

En A. A. Apellido (coord.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.apellido, A. A. y apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada.

En A. A. Apellido (comp.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. Recuperado de http://www.xxxxxx.

apellido, A. A. y apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. A. Apellido (coord.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx.

Ejemplo:urrutia, A. (2010). Precios y salarios urbanos en el siglo xix. en A.

meiSel y M. ramírez, (coord.), Economía colombiana del siglo xix (pp. 7-40). Bogotá: Fondo de Cultura Económica/Banco de la República.

c) Artículo de revista:apellido, A. A. (periodo, año). Título del artículo. Nombre de la revista,

volumen (número), páginas.

Ejemplo:bianchi, C. y wickramaSekera, R. (2013). An exploratory study of

the factors enhancing and inhibiting export growth in the Chilean wine industry. Journal of International Food and Agribusiness Marketing, 25(2), 85-102.

Ejemplo:paredeS, I. (enero-abril, 2014). La carrera de Paraguay a fines del siglo

xViii. América Latina en la Historia Económica, 21(1), 66-91.


d ) Artículo de revista en línea:apellido, A. A. (periodo, año). Título del artículo. Nombre de la revista,

volumen(número). Recuperado de http://www.páginaweb.org

Ejemplo:gaJSt, N. (junio, 2010). La escuela francesa de la regulación: una revi-

sión crítica. Revista Científica Visión de Futuro, 13(1). Recuperado de http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/

e) Tesis:apellido, A. A. (Año). Título de la tesis (Tesis inédita de maestría o docto-

rado). Nombre de la institución, Localización.

Ejemplo:fernández, A. (2010). La participación de los sectores populares en la vida

política de la Provincia de Cartagena, 1821-1850 (Tesis inédita de docto-rado). Universidad Pablo de Olavide: España.

f ) Periódicos:apellido, A. A. (fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp. xx.

Ejemplo:(26 de julio de 1806). De Baltimore el pailebote norteamericano Mes-

senger consignado a Pedro Miguel Echeverría, Jornal Económico Mer-cantil de Veracruz.

g) Conjunto de datos:En caso de que el material consultado en la Internet no esté identificado con un doi, indique el url de la página principal. Si está al final de una oración o de un párrafo no se coloca punto al final del url. Las bases de datos parten de lo particular a lo general, por lo tanto, la base de datos debe ser alimentada por las variables indicadas por la referencia.

Ejemplo:Total de salarios y sueldos (Miles de pesos) por unidades económicas en

el Distrito Federal, Censos Económicos. Resultados definitivos. [Ser-vicios Educativos] (2004). Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafía, México. Recuperado de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saic/?evento=2004


Estos formatos generales pueden modificarse para compilaciones que re-quieran información aproximada para localizar materiales, para diferentes tipos de compilaciones o para información descriptiva adicional.

Todo lo antes referido permitirá una mayor rapidez en el proceso de edición y, por lo tanto, una mayor calidad en la reproducción de la obra impresa.

Cuadros y figuras

a) Cuadros:El formato de los cuadros debe reflejar datos duros que el lector pueda entender fácilmente. Al igual, existe un formato apa para la presentación de cuadros:

Título de los cuadros: se sugiere que sea un título preciso, no exhaus-tivo. El título será sucedido por una numeración ascendente empezando siempre por el uno (1).

En el cuerpo del cuadro, la numeración decimal será siempre marcada con puntos y siempre debe ser información precisa. Ejemplo: 3.1416.

En el pie del cuadro se pueden incluir notas, las abreviaturas usadas en el cuadro, símbolos, créditos y la fuente. En el caso de las fuentes se deberán poner las referencias respetando el sistema apa. Si el cuadro es una reproducción se dará el crédito indicando la referencia específica de donde se saca el cuadro.

En caso de que el cuadro sea adaptado de otro autor debe ponerse en la nota: Adaptado de “Título del capítulo o artículo” por A. Autor, año, Título del libro o revista, número [sólo publicaciones periódicas], páginas.

Cuando se menciona un cuadro en el texto debe referirse este por el número consecutivo que le corresponda. Ejemplo: … como se aprecia cla-ramente en el cuadro 8…

Si la fuente del cuadro es utilizada en el texto, no hace falta poner todos los datos de la publicación a pie del mismo.

b) Figuras:Los tipos de figuras son gráficas, mapas, imágenes y diagramas; deben ser claros, nítidos en su presentación y precisos. Deben ser de un tamaño adecuado para su lectura.

El objetivo de insertar figuras en el texto es enriquecerlo, no distraer al lector o duplicar la información. Estas deben contar con título y fuente obligatoriamente. Deben ponerse, según sea el caso, el tipo de figura suce-dido por una numeración ascendente empezando por el número uno y en


el orden que aparezcan en el texto. Por ejemplo: Mapa 1, Gráfica 1, Mapa 2, Mapa 3, Gráfica 2, etcétera.

En caso de que una figura necesite un texto descriptivo, este no debe ser exhaustivo, basta con una oración simple que dé cuenta de la figura que describe. También se puede incluir la explicación de la simbología o cualquier elemento que deba aclararse.

criterioS de redacción

En cuanto a las palabras que pueden o no acentuarse optaremos por la forma más sencilla, así: elite, periodo, policiaco, demoniaco, austriaco, etc. Los pronombres demostrativos deben ir sin acento, no así el adverbio sólo.

Se debe considerar como criterio general evitar en lo posible el uso de mayúsculas. Escribiremos con mayúscula inicial los nombres propios y los nombres completos de alguna institución: Secretaría de Educación Pública, Cámara de Diputados, Caja Real, Real Hacienda, así como los apodos o sobrenombres.

Irán en mayúsculas las preposiciones y artículos de apellidos que no vayan acompañados del nombre de pila: Las Casas, De la Peña. Las inicia-les de países (EU, URSS, RFA). Oriente y Occidente cuando hagan refe-rencia a la división geopolítica (Oriente Medio, Lejano Oriente, América del Norte, África del Norte).

Escribiremos con mayúsculas las palabras partido, congreso, asamblea cuando se refieran a una designación oficial (Partido Liberal Mexicano, Congreso de la Internacional Socialista, Asamblea General de la onu). Los nombres propios de algunas ciudades que llevan artículo: La Habana, República de El Salvador. Los nombres de los barcos o naves quedarán sin comillas, con mayúscula inicial y sin cursivas.

Escribiremos con minúscula inicial:Las épocas históricas: república, colonia, independencia, revolución,

reforma, porfiriato, virreinato, maximato, república mexicana y todos los ismos.

Los cargos políticos: rey, presidente, papa, etc. Las palabras partido, congreso, gobierno, etcétera. Los títulos nobiliarios: marqués, duque, ar-chiduque, vizconde. Instituciones, ciencias o ramas especializadas: fuerzas armadas, ejércitos, medicina, literatura, física, etc. Las revoluciones nacio-nales no tienen por qué ir con mayúscula cuando van acompañadas de sustantivo que las califique o de gentilicio; escribiremos entonces: revolu-ción rusa, revolución mexicana, revolución cubana, etc. La misma suerte han corrido las guerras mundiales, la guerra fría y la guerra sucia; pero no


aquellos conflictos bélicos que tengan nombre propio, por ejemplo: gue-rra de los Tres Años, etcétera.

Escribiremos en versalitas y sin puntos intermedios las siglas de las instituciones: unam, onu, fce, etc. Asimismo los números romanos de los siglos y los números de tomos y volúmenes, tanto en el cuerpo del texto como en el de las notas.

Los puntos cardinales sólo con inicial n, S, e, o, Se (sin punto).Conservaremos el uso de las vocales dobles, ejemplo: reembolso, ree-

ditar, reescrito, etcétera.Solamente escribiremos con una vocal restablecer y antimperialista; y

preferiremos el uso del gentilicio estadunidense.También se usará el singular al referirse a Estados Unidos y se suprime

el artículo los.Optimizar, instrumentar, rol, listado, etc., son algunos ejemplos de

anglicismos que cada día se aceptan más en nuestro idioma. Debemos tratar de sustituirlos por: mejorar, incrementar; organizar, aplicar; papel, función y lista.

Palabras como standard, snob, film, trust ya se han castellanizado, pu-diéndose escribir estándar, esnob, filme, cártel, así como per cápita, esta-tus, leitmotiv, hábitat, etcétera.

formación y corrección de pruebaS

Una vez que el original cuente con todos los elementos para su edición, se entrega a la Subdirección de Publicaciones para su ingreso al Departamento de Producción Editorial, en donde se realizará el proceso de edición. En caso de surgir dudas o aclaraciones, el autor deberá resolverlas en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la notificación de estas vía correo electrónico. En caso de que no haya respuesta se podrá retirar el artículo de la edición del número en cuestión. Antes de enviar el número de la revista a la imprenta, los colaboradores recibirán su artículo en formato pdf para su visto bueno, mismo que deberá ser devuelto en un plazo no mayor a 72 horas con su aceptación explícita vía electrónica. No se permitirá la introducción de cambios sustanciales, sólo se podrán hacer correcciones que no modifiquen la formación de páginas.

Recibido el visto bueno de la edición del número, se procede a la impresión.

Los autores recibirán un archivo electrónico de la versión final de su colaboración y un ejemplar en papel por concepto de autoría. Asimismo serán notificados sobre la aparición de su colaboración en la versión elec-trónica de esta revista.

Documents

América Latina en la Historia Económica 45