CURSO: “FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE OPERACIONES DE MINERÍA GLOBAL”

Fanny Blas Rodríguez José Delgado Céspedes Virginia Cáceres

TEMA: BEAR CREEK MINING CORPORATION

PROFESOR: OSCAR FRIAS, Ing Minas, Mba, Phd ©

Joaquín Pacheco CuevaMuñoz Guevara, Karla

ALUMNOS:

La concesión minera no es un contrato sino un acto administrativo, que determina una relación jurídica pública a través de la cual el Estado otorga, por un tiempo, la explotación de los recursos naturales, condicionada al respeto de los términos de la concesión y conservando la capacidad de intervención si la justifica el interés público.

Constitución Política del

Perú

Constitución Política del

Perú

Tambo Grande, Tía María, Majaz y, ahora, Puno se suma a la lista de conflictos socioambientales, y el estado sigue sin demostrar una apertura al diálogo con los pueblos afectados que reclaman la protección de la biodiversidad que está siendo degradada. Según la Defensoría del Pueblo, ha estallado más de 270 conflictos sociales  y aun no se aprueba la ley de consulta, un principio básico que reclaman los pueblos para tener poder de negociación con las empresas y decisión sobre su territorio.

Es momento que el Congreso apruebe la ley de consulta a las poblaciones indígenas (y campesinas)”, porque es necesario que las comunidades se empoderen y tomen decisiones sobre el futuro de su propia comunidad. El gobierno debería iniciar el proceso de legislación sobre “licencia social”, es decir, la obligación de las industrias extractivas de consulta con las poblaciones potencialmente afectadas.

El Estado debe facilitar el camino para el ingreso de las empresas extractoras porque existe (mucha riqueza) que no está puesta en valor”. A lo largo de estos cinco años, se ha venido eliminando las restricciones como la evaluación del impacto ambiental que todas las empresas deberían presentar antes de iniciar la explotación. “El Gobierno ha restringido enormemente la participación de los pueblos en el presupuesto participativo.

Aspecto Político del conflicto de la Minera Santa Ana

La actuación del gobierno frente al conflicto socioambiental ha sido mediante la represión que ha desembocado en la muerte de campesinos en Tía María en Arequipa, en Bagua y pérdida de la infraestructura en Puno.De acuerdo a datos de INGEMMET, se pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento que equivale al 279% que para el gobierno significa que el “Perú avanza”.

CORTINA DE HUMO:

La protesta aymara contra las concesiones mineras podría ser una cortina de humo del presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, para tapar su pésima gestión.La serie de protestas que se han venido presentando en la zona sur de la Región Puno, fueron planeadas desde hace dos meses aprovechando la influencia de la ideología boliviana hacia las provincias de Chucuito y Yunguyo, con el fin de tapar las denuncias de corrupción en la selección de persona en las diferentes direcciones regionales del Gobierno Regional de Puno.Según una investigación de la Cámara de Comercio de Puno, Radio Pachamama de propiedad de Mauricio Rodríguez, instigó a la población a levantarse contra las concesiones y la mina Santa Ana, con mensajes subliminales, recordando la historia heroica de los aymaras y la majestuosidad del Apu Kapia.Todo esto explica las razones por las que fueron atacados el local de la Contraloría General de la República, SUNAT y las instalaciones de la Aduana.

El Estado peruano incumple tratados internacionales-Convenio 169

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es Ley en el Perú desde el 2 de febrero de 1994. Según las normas de la OIT, todas sus disposiciones, incluidas aquellas relativas a la obligación de consulta, son vinculantes desde el 2 de febrero de 1995. Además, la Constitución Política señala que el ejercicio de los derechos humanos se interpreta en el marco de los tratados internacionales. Es decir, el Estado peruano, desde hace 16 años, está obligado a acatar este Convenio en todo su contenido. El artículo 6 del Convenio 169 señala claramente que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus organizaciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esto nunca se ha cumplido en el Perú, ni antes ni después de la ratificación del Convenio.

Cotización de Acciones Bear

Creek

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Bear Creek Mining Company no tiene autorización para desarrollar actividades, en el proyecto minero Santa Ana, debido a que no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El proyecto minero Santa Ana, se encuentra en evaluación en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del MEM, proceso que sigue su curso y que durará aproximadamente entre tres a cuatro meses.

Las medidas de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales potenciales que se podrían generar por el desarrollo de las actividades concordantes con las establecidas por el Ministerio de Energía y Minas se establecen en la "Guía Ambiental Para Actividades de Exploración de Yacimientos Minerales en el Perú" (MINEM, 1995).

Habilitación de Plataformas de perforación y pozas de lodo Manejo y disposición de desmontes Equipos y herramientas Equipos de protección personal Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales:

Calidad de Aire Control de aguas de escorrentía Programa de Monitoreo Ambiental Protección de Recursos Arqueológicos Plan de Relacionamiento Comunitario

Medidas de cierre, post cierre, y actividades de seguimiento y monitoreoEn el caso del Proyecto Santa Ana no se realizaran aperturas de nuevos accesos por lo que no se realizaran actividades de cierre de los mismos

Se ha considerado como Área de Influencia Directa a la Comunidad Campesina Ingenio, Comunidad Campesina Ancomarca, Asociación Cóndor de Ancocahua, y la Junta Vecinal Urbana San Pedro de Huacullani; todas ubicadas en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, departamento de Puno, y la Comunidad Campesina de Challacollo, ubicada en el distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento de Puno.

Comunidades que tienen influencia directa del proyecto Santa Ana

STAKEHOLDERS DE BEAR CREEK MINING COMPANY

Las protestas de Puno, tiene como finalidad que se cumplan dos demandas:Que se promulgue la Ordenanza Regional 005-2011-GRP, por la cual se dispone “la suspensión de los petitorios mineros, concesiones para hidrocarburos, en la Región de Puno, hasta que concluya la zonificación, económica y ecológica, del departamento”. La cancelación de la concesión minera en favor de la Minera Santa Ana,

Protestas en Puno

Conclusiones

2.- Urge la existencia de medios que al tocar el conflicto social y político de Puno, ingrese en la historia de las movilizaciones sociales que se ha dado  en dicha región; que discuta y haga pensar a la sociedad sobre la necesidad de establecer un lazo diferente entre el estado, la empresa extractora y las comunidades campesinas; que confronte dos visiones acerca del desarrollo:La del capitalismo y la de las comunidades quechuas y aymaras.

1.- Es primordial que el gobierno Central tome acciones sobre el DS 083, que es el origen del problema y la forma de resolver un problema, es derogándolo, o que el Poder Judicial declare su nulidad, previo proceso judicial, o que el Congreso de la República lo derogue.

3. Desde el punto de vista legal no es posible anular o derogar el D. S. 083-2007, vía el poder judicial, toda vez que nos encontramos en un Estado de Derecho donde prima el principio de Derechos Adquiridos.

4. Se debió de realizar una consulta previa a las comunidades campesinas afectadas por una eventual explotación minera por parte de Bear Creek, hecho que nunca ocurrió, ocasionando problemas sociales a la fecha.

5. El proyecto Santa Ana no puede realizar actividad minera en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito– Juli, región Puno, debido a que aún no cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

6. La empresa presento su estudio del proyecto Santa Ana y realizo la Audiencia Pública, de la que se ha recogido observaciones que vienen siendo evaluadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.