Autoritarismo, colonialidad del poder y la idea de raza.

Si bien se puede señalar que el concepto de autoritarismo surge como categoría analítica al

comienzo del siglo XX y que expresa a una autoridad opresiva, que aplasta la libertad e

impide la crítica, se podría considerar que el fenómeno de los estados autoritarios en

Latinoamérica, serían una constante que tendría su origen en el modelo colonial absolutista,

fuertemente centralizado en una autoridad y en un aparato público poderoso que controla

todos los espacios, principalmente lo fiscal y lo económico, y que esto tendrá continuidad

con los movimientos de emancipación y con el tipo de estado que se construye, que como

señala Kaplan (1986, 7) sería, un Leviatán criollo que hereda las tradiciones, fuerzas,

estructuras y tendencias que proviene de la fase de conquista y colonización, es decir, el

proceso de colonización sería estructurante de las condiciones para que los rasgos

autoritarios sean una constante en el proceso de formación de los estados nacionales

latinoamericanos y no constituiría solo procesos episódicos, que se proyectarán en el estado

nacional-popular y posteriormente en la instalación de los estados neoliberales. Este

proceso, sin embargo, ha tenido distintos grados y formas de autoritarismo/democracia; y

capacidad para integrar/desintegrar a los sectores sociales.

La construcción y formación de los estados nacionales como imperativo de un orden

moderno, fue una tarea que tomó la “elite criolla” como elite dominante que reemplaza el

poder colonial, y por lo tanto, lo hace desde la perspectiva de proteger sus intereses,

buscando desarrollar las condiciones necesarias para permitir la reproducción del capital y

mantener las ventajas que habían logrado con la colonia; Desde esta perspectiva la elite

criolla intentó reproducir las condiciones de desarrollo y modernidad imitando a Europa y

dejando de lado el rescate de la realidad latinoamericana, lo que incluyó mantener las

relaciones de dominación y sometimiento a los sectores que no formaban parte de la elite

criolla y precipitando la formación de estados anclados en el modelo colonizador, por tanto,

fuertemente desintegradores y excluyentes. Estas élites dominantes de criollos

terratenientes, es decir, vinculados al sector de producción agrícola-hacendaria, pasarán a

formar las clases gobernantes que darán estabilidad a las naciones latinoamericanas

mediante la exclusión y marginación de los sectores populares y en muchos casos por el

sometimiento y la servidumbre en que seguirán viviendo los sectores subalternos

vinculados al agro, tanto indígenas como campesinos mestizos.

Señalar dos consideraciones para sostener la línea argumental: La primera relacionada con

lo que Quijano señala respecto de la idea de raza como justificación de la dominación y que

permite generar una particular división del trabajo, que utiliza todas las formas de

explotación de la mano de obra disponible, y la segunda, que se desprende de lo anterior, es

que el patrón de acumulación capitalista en Latinoamérica utiliza la explotación de la mano

de obra para poder sostener las condiciones de dominación de los sectores populares,

puesto que mantienen una situación de inferioridad respecto del criollo, que se concibe

como blanco español, y por tanto superior.

Quizás se podrías agregar, que las condiciones que emergerán a partir de la emancipación,

son principalmente propicias para el desarrollo del capital mercantil productivo, sin

embargo las condiciones van a favorecer al capital mercantil financiero, que impondrá su

propio plan de desarrollo, vinculado a la sobre-explotación de las clases populares y la

formación de un estado restringido y controlado por la elites de poder u oligarquías que

aplicarán sus lógicas durante el siglo XIX, manteniendo las condiciones heredadas del

régimen colonial y que no permitirán que el bajo pueblo pueda protestar por las condiciones

de marginalidad y exclusión que impone el estado-autoritario y la sociedad-jerarquizada al

monopolizar la democracia y la ciudadanía. Como señala Kaplan (1996, 57) el estado se

desarrolla en el contexto de la inserción dependiente en un orden mundial y una división

social del trabajo bajo la hegemonía de Europa y de los Estados Unidos; de una economía y

un desarrollo de tipo primario-exportador; de una sociedad jerarquizada y rígida; y un

orden político elitista-oligárquico.

Este estado que emerge, es un estado autoritario que reproduce las lógicas de dominación

coloniales, que no pretende cambiar esta relación asimétrica establecida en la sociedad

latinoamericana, puesto que resulta necesaria para los fines hegemónicos de la clase

dominante y para la imposición del modelo de sociedad capitalista/eurocéntrico que

adoptan los estados latinoamericanos, para lo cual deben ser capaces de adaptar las

condiciones de su desarrollo al modelo de integración capitalista. De esta forma las

condiciones de participación permiten solo la expresión de los imaginarios de las clases

dominantes, que reproducen una realidad propia que se representa al amparo de una

institucionalización estado-pública que permite mantener estas condiciones de dominación

frente a sectores subalternos, fuertemente desestructurados e incapaces de auto-

organización que desarrolle lógicas grupales de oposición a la realidad estatal dominante.

Kaplan (1996, 57) señala en este sentido que estado y elite públicas se autoconstruyen y se

auto-desarrollan, con una realidad y lógica propia, que imprime un sentido determinante

para los sectores populares subalternos que quedan fuera del control del sistema estatal y

sometidos a una integración por arriba, es decir, a través de las elites dominantes que

controlan las condiciones y modos de producción; y que por tanto, mantienen un control de

la masa de trabajadores, a través de la división del trabajo y de la explotación.

Las elites dominantes cuentan con un estado centralizado que les permite consolidar su

hegemonía e imponer sus términos, puesto que las elites públicas, por sí mismas, y en

creciente acuerdo con la oligarquía, construyen un estado y lo dotan de un ordenamiento

político-militar, de una legalidad y una institucionalización que rige y garantizan la

adquisición y el ejercicio del poder, el monopolio y la organización de la violencia, de

definición y la estabilización de la solución hegemónica (Kaplan 1996, 58). Es decir, la

formación de un estado nacional será el instrumento mediante el cual se podrá imponer la

de dominación eurocéntrica que se legitimará a través de la colonialidad del poder, pero

además la modernidad eurocéntrica dispondrá de un aparato jurídico que permitirá

reglamentar las condiciones de la hegemonía, a través de legislaciones que solo admitirán la

reproducción de las condiciones de dominación y el establecimiento de la democracia

liberal-europea como régimen de relación política al interior del sistema, pero que será

naturalizada según las condiciones de dominación en una democracia restringida y

desprovista de las características esenciales de toda democracia formal.

Sin embargo, el estado oligárquico tendrá un desgaste y no podrá hacer frente a los

procesos de movilización y emergencia de los sectores populares en el inicio del siglo XX y

terminará aceptando que una parte del capital se coluda con los sectores populares y

medios; e impongan un nuevo modelo de desarrollo para las naciones Latinoamérica, que

nuevamente intentará alcanzar e imitar el centro, ya no solo Europa, sino a Estados Unidos

como imaginarios posibles de alcanzar, esto a través, de una fuerte industrialización de su

aparato productivo y una modernización de sus estructuras estatales que tendrán un nuevo

rol e impulso frente a este desafío como conductores y dinamizadores de las economía.

El estado que emerge de esta alianza de clases, es un estado nacional popular-desarrollista,

que intentará incluir a los sectores marginados, a través de políticas públicas, como

respuestas a la cuestión social que emergerá tras la transformación de la sociedad y una

mayor participación de los sectores populares, sin embargo este estado continuará siendo

autoritario y no representará un cambio respecto de las clases populares, las que serán

incluidas mediante la participación política electoral y no tendrán capacidad para poder

generar cambios profundos en la sociedad. Con todo, los sectores populares seguirán

sometidos a la matriz de dominación eurocéntrica que reproduce la colonialidad del poder,

pero ahora con la posibilidad de participar a través de las elecciones y la formación de

partidos y organizaciones que representen los intereses de clase, lo que sin embargo no

significará que dejen de estar sometidos a la matriz de dominación, por el contrario, el

sistema abrirá la puerta a la integración de los sectores excluidos, pero con un fuerte control

que permita mantener la condiciones de estabilidad del sistema, y por tanto, deberán

someterse a las reglas establecidas por la democracia liberal controlada por los sectores

dominantes, es decir, ni los partidos, organizaciones ni movimientos de los sectores

populares y de los trabajadores podrán, ni lograrán romper la lógica de la matriz de

dominación, ni menos transformar el estado, ni profundizar la democracia. Siempre los

procesos de democratización serán parciales y desprovistos de la capacidad de transformar

la sociedad, puesto que los propios ordenamientos jurídicos protegerán los intereses de las

clases dominantes, y por sobre todo la propiedad, lo que implica la permanente protección

de la estructura heredada del modelo colonial y de formación de los estados nacionales.

Incluso, es posible verificar que en aquellos estados donde los regímenes populistas

impondrán una nueva relación de clases y formas de representación de las clases populares,

estará fuertemente determinado, según indica Ianni (1975, 15) sobre el populismo, como

fenómeno típico del paso de la sociedad tradicional, arcaica o rural, a la sociedad moderna,

urbana o industrial. La sociedad se ve tensionada a asumir un cambio producto de los

procesos modernizadores sostenido por el capitalismo, pero estos cambios no serán

precedidos por el cambio en las elites dirigentes, sino por un cambio de posición táctica al

interior del sistema de dominación de partes de estas mismas elites que deberán articular

alianzas colusivas con sectores populares y que responderán a la necesidad de resolver los

conflictos internos del capitalismo y las diferentes alternativas de desarrollo de los estados

latinoamericanos frente al capitalismo mundial o como sostiene Ianni (1975, 17) el

populismo latinoamericano parece corresponder a una etapa específica en la evolución de

las contradicciones entre la sociedad nacional y la economía dependiente, la cual se

intentará resolver por la dinamización de los sectores asalariados urbanos como actores, a

través de sus organizaciones sindicales, pero nuevamente serán cooptados por el

autoritarismo estatal, ahora encarnado por el líder o caudillo que encabezará un proceso de

participación ascendente de las clases populares y que llevará a procesos de inestabilidad

política y tensiones con las clases dominantes. Esta tensión será resuelta a través de los

golpes militares que repondrán el orden de la matriz de dominación eurocéntrica.

Por otro lado, los estados nacional-populistas entregaran la posibilidad de articulación a los

sectores medios y de trabajadores que podrán incorporarse al sistema político como actores,

es decir, como ciudadanos.

El autoritarismo como constante en las relaciones políticas de los estados latinoamericanos.

El autoritarismo sería una relación y expresión de poder expresada por las clases

dominantes, que se legitima en la condición de civilizados o raza superior y la alteridad de

un “otro” inferior, y por lo tanto, incapaz de poder llevar adelante el desarrollo y

conducción de las cuestiones del estado. Es decir, sería una expresión más de la

colonialidad del poder sostenida por Quijano, puesto que ésta permite la colonización del

estado y el imperio de las minorías representadas por las elites oligárquicas que conducirán

la formación de los estados nacionales. De esta forma las clases dominante utilizarán un

proceso de continuidad del régimen colonial, a través de la formación del estado nacional

como herramienta de mantención de las condiciones de dominación, y por lo tanto, el

estado que surge será necesariamente un estado autoritario que reproduce las relaciones de

clases y de dominación de la sociedad latinoamericana.

Los rasgos autoritarios en la representación y ejercicio del poder, desde la instalación de las

administraciones que establece el régimen colonial y posteriormente en el proceso de

emancipación, serán una constante. Se podría sostener, por tanto, que el autoritarismo sería

el rasgo dominante del régimen político que se va a establecer en el continente, que

utilizarán las clases dominante para poder mantener el poder, y que se establecerá sobre las

bases de la matriz de dominación colonial, donde la constante sometimiento/autoridad

determinará una particular forma de relaciones sociales, de los pueblos latinoamericanos

respecto de los conquistadores, que mantendrán una relación de obediencia respecto de los

sectores dominantes. Así, tanto el régimen de los corregimientos, como el reparto, la

encomienda y la mita, serán instrumentos que permitirán la instalación de una autoridad

central, premunida de poder absoluto, que impondrá un régimen de señorío y vasallaje

explotando la mano de obra disponible, y que luego continuará con la hacienda como

instrumento reproductor del orden social dominante y que como señalará Mariátegui (2004,

31), la herencia colonial que se debe eliminar es la del régimen económico feudal, cuyas

expresiones son el gamonalismo, el latifundio y la servidumbre, puesto que aquí se asentará

el poder de las clases dominantes que someterán a los sectores populares, a través de una

especial división del trabajo y de la apropiación de la tierra, destruyendo además todo rasgo

comunitario de relación social. De esta forma la presunción sería que la colonialidad del

poder permitirá el desarrollo de una matriz de dominación eurocéntrica, donde los rasgos

autoritarios constituyen una constante en el proceso de formación de los estados

latinoamericanos y no una excepción. Por tanto, la democracia sería un régimen de

excepción que nunca ha podido desplegarse en la sociedad Latinoamérica, constituyéndose

en una promesa incumplida de la modernidad eurocéntrica. Esta imposibilidad es producto.

i) de que las clases dominantes son retardatarias y reaccionarias a cualquier posibilidad que

pueda existir una mayor democratización de la sociedad, puesto que como señala Quijano

(2000, 241) toda democratización posible de la sociedad en América Latina debe ocurrir en

la mayoría de los países, al mismo tiempo y en el mismo movimiento histórico como una

descolonización y como una redistribución del poder, y ii) que las clases populares

subalternas puedan alcanzar el poder y hagan peligrar la posición de dominio y privilegio

de estos sectores, por tanto, los sectores dominantes afirmarán su poder en la matriz de

dominación autoritaria como repertorio conocido y mediatizador de cualquier posibilidad

de rebelión, el que además contará con un brazo armado a través de los ejércitos y fuerzas

armadas. Así lo señala Allub (1983, 11). Toda vez que la democracia aparece como

disfuncional para la alta burguesía, esta reaccionará con la fuerza quebrando el experimento

democrático.

Como señala Gómez (2008, 5) respecto de Chile, durante el siglo XIX no se desarrolló de

ninguna manera algún tipo de régimen político democrático, ni siquiera semi-democrático.

Los distintos regímenes políticos existentes fueron alguna variedad de autoritarismo. Esto

reafirma lo sostenido, que los regímenes autoritarios serán el modelo permanente de

relación política que establecerán las clases dominantes, y que a través de este régimen, los

sectores dominantes mantendrán el poder a través de la subordinación de los indígenas en

su propio beneficio (Matos 1986, 27) y donde posteriormente la república otorgó a los

criollos el nuevo monopolio del dominio, en el contexto de una renovada y poderosa

dependencia ideológica, política y económica, frente al mundo europeo (Matos Mar 1986,

27). La raíz de este autoritarismo se encontraría en el proceso de conquista y la forma

como legitiman la dominación los blanco-europeos y el sometimiento de los pueblos

indígenas, Así Quijano señala (2000, 343-344), en esa calidad Europa y los europeos eran

el momento y el nivel más avanzado en el camino lineal, unidireccional y continuo de la

especie. Se consolidó así, junto con esa idea, otro de los núcleos principales de la

colonialidad/modernidad eurocéntrica: una concepción dualista de humanidad, según la

cual, la población del mundo se diferenciaba en inferiores y superiores, irracionales y

racionales, primitivos y civilizados, tradicionales y modernos. Como indica Mires (2005,

16) la sociedad colonial nunca constituyó un todo donde los individuos, los grupos y las

etnias hubieran establecido relaciones de dominación y subordinación sobre la base de una

legitimidad que más o menos se sobreentendiera, por tanto, la legitimidad no era posible

mediante la aceptación de los dominados, sino mediante el sometimiento y la articulación

de una matriz que permitiera que el conquistador impusiera sus términos sobre una base

autoritaria, en la medida que los principios de legitimidad que debieran existir en toda

sociedad, eran extremadamente débiles o simplemente no existían (Mires 2005, 16).

El modelo de conquista español aplica un régimen autoritario, donde está legitimada la

imposición y abuso del poder, y que permitirá, sostenida sobre las base de su dominación,

una nueva legalidad configurada por el propio avance del proceso de conquista (Mires

2005, 17) y que se afirmará en la colonialidad del poder como matriz de dominación,

produciendo, como señala García Linera (2008) una sociedad abigarrada que no integrará

sus diversos sentidos, saberes y conocimiento; donde una parte subsumirá a la mayoría,

imponiendo su espíritu superior sobre la subjetividad del otro. Esta forma de entender las

relaciones es implantada por la matriz de dominación y se transformará en la realidad para

las comunidades y sectores populares que irán legitimando esta forma de organización y

administración de los nuevos estados, es decir, de forma racional se constituye un “otro”

superior que es aceptado como autoridad legitimada, él que impone una forma de relación

vertical de obediencia que conculca toda posibilidad de derechos a aquellos que no son

parte de la elite dominante.

El modelo colonial se sostiene, como señala Quijano (2000) en el eurocentrismo, la

colonialidad del poder y la idea de raza como clasificación y estratificación de la sociedad.

Es esta estratificación la que impondrá una lógica de participación restringida, solo

reservada a las clases superiores que podrán intervenir en los asuntos del estado, es decir,

las clases dueñas de la tierra, y por tanto del capital. Son estás misma clases las que

asumirán el protagonismo en la emancipación y llevarán a las naciones latinoamericanas a

consolidar su liberación, lo que les permitirá imponer sus lógicas en la conducción de los

asuntos de los estados en formación. Además, la sociedad campesina tradicional como

indica Dahl (1989, 51) propende a la desigualdad, a la jerarquía y a la hegemonía política,

lo que permite reproducir en la sociedad latinoamericana la matriz de dominación y

establecer una democracia/autoritaria.

En este sentido, Latinoamérica tendrá un proceso donde el autoritarismo es consustancial a

la forma de dominación que imponen las clases dirigentes que instalaran en el imaginario

de los pueblos indígenas una relación de jerarquía racial, que atribuirá sentido a las vidas y

desarrollos culturales de los pueblos. El conquistador además tomará posesión de la tierra,

y la producción de esta, lo que en esa sociedad agraria le otorgará una posición superior y

capacidad para imponer sus términos. Pero esto además establecerá una división del trabajo

que asignará los status dentro de la sociedad en formación, que estará determinada por el

origen racial y donde los blanco tendrás la posibilidades de ocupar las posiciones y roles al

interior de la sociedad, que permitirán el control de las condiciones de desarrollo, a través

de la formación estatal y el sistema político que se impondrá. Como señala Marx (n.d.) Las

diferentes fases del desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas distintas de

la propiedad; o dicho en otros términos, cada etapa de división del trabajo determina

también las relaciones de los individuos entre sí. El resultado de esto, en Latinoamérica,

generará una división del trabajo, donde la situación de la propiedad permitirá construir las

bases para imponer un sistema capitalista, el que utilizará la matriz de dominación como

mecanismo de destrucción de la base comunitaria de la economía de los pueblos indígenas

y de distribución del poder, e implicará intervenir los universos subjetivos, donde la

modernidad eurocéntrica tendrá un rol fundamental para legitimar las condiciones de

dominación e imponer un sentido de las clases subalternas a la autoridad de este espíritu

europeo superior.

Es claro que el modelo colonial sentará las bases para lograr que los pueblos se sometan a

la autoridad, pero será la colonialidad del poder que permitirá el asentamiento definitivo de

la matriz de dominación y dependencia de las sociedades latinoamericanas, así Quijano

(2000,37) señala que la colonialidad del poder se constituyó en una piedra fundacional del

patrón de poder mundial capitalista, colonial/moderno y eurocentrado, puesto que impone

una clasificación racial/étnica del mundo, la que configura un nuevo universo de relaciones

intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía euro-centrada que pasa a denominarse

“modernidad” (Quijano 2000,342). Es esta modernidad eurocentrada la que impondrá a las

sociedades Latinoamericanas modelos de administración estatal y políticos que serán

naturalizados al interior de la matriz de dominación, secuestrando la posibilidad de

constituir espacio de integración y desarrollos equitativos e impidiendo la aparición del

ciudadano, como situación necesaria para la negociación al interior del poder, de las

condiciones de dominación. Por el contrario, los estados formados por las clases poderosas

u oligarquías criollas, darán pasos a construcciones estatales con una participación

restringidas, sólo, respecto de las clases dominantes y continuadoras del poder, es decir, los

criollos-blancos-latinoamericanos propietarios y comerciantes que no tendrán contrapeso

para imponer sus condiciones y términos para conservar las condiciones de explotación y

dominación de los sectores populares, y que ya en el proceso de emancipación no fueron

capaces de asumir una actitud revolucionaria que cambiara el sentido a la dominación, sino

por el contrario, asumen su condición de clase dominante que solo pretende conservar las

condiciones de dominación. Como señala Mires (2005, 72) el factor decisivo que

imposibilita que los criollos se comprometieran como una clase revolucionaria nacional

derivaba de su propia condición de propietario, y por cierto, de la naturaleza de sus

propiedades. Es decir, estas clases dominantes no estaban en condiciones de asumir algún

cambio en la forma de vida que tenía, sino muy por el contrario, tenían la intensión de

mantener y acrecentar el poder que poseían. Así, la clase criolla en su conjunto no estaba

dispuesta a correr el riesgo de ser sobrepasada por las clases peligrosas o por el populacho

(Mires 2005, 73) que pretendiera impulsar algún cambio a la base de sus privilegios, por la

tanto, tendría que dotarse de los medios que hiciera posible la mantención de la

dominación, a través de la legitimidad que les otorgará la colonialidad del poder por medio

del Estado como herramienta de control de la sociedad y la imposición de un orden

sustentado en la idea de democracia.

Pero, esto solo será posible bajo una determinada administración del poder y la imposición

de una matriz de dominación legitimada como señala Quijano, en la idea de que todo lo

diferente a Europa y los blanco-europeos son inferiores. De esta forma, el control del

trabajo en el nuevo patrón de poder mundial se constituyó así, articulando todas las formas

históricas de control del trabajo en torno a la relación capital-trabajo asalariado (Quijano

2000, 208) es decir, el modelo de dominación al naturalizar la inferioridad de los indígenas

o de los no europeos y utilizar todas las formas de producción o trabajo no remunerados

conocidas (relaciones de esclavitud, señorío, reciprocidad, pequeña producción mercantil,

salario); las somete mediante la lógica colonial al servicio de la producción capitalista y

determina la adscripción del trabajo pagado, asalariado, a la raza colonizadora, los blancos.

Premunidos de la legitimidad que emerge de la situación racial que determinará a inferiores

y superiores, los sectores coloniales dominantes, pese a tener sus propias contradicciones

como señala Mires (2005, 21), los representantes de la administración estatal y los criollos

propietarios de haciendas y minas, logran un pacto que les permita mantener el

sometimiento de las clases sub-alternizadas mediante la colonialidad del poder como

mecanismo de legitimación y el establecimiento de relaciones de señorío y vasallaje; y que

posteriormente permitirá a estos últimos hacerse del poder para iniciar un proceso de

instalación de estado- nacionales, sin cambiar dicha matriz y reforzando las estructura de

dominación, a través del establecimiento de ordenamientos jurídicos claramente autoritarios

que expresan visiblemente la idea de dominación, pero que sin embargo, logra generar las

condiciones para que los sectores populares se mantengan dentro de la matriz de

dominación y no puedan lograr una articulación en la búsqueda de un cambio de la

situación a la que están sometidos. Es más, los sectores dominantes lograrán que los

sectores populares se sometan a estas condiciones de dominación y las acepten por medio

de clientelismo que compensará la opresión, pero que los hará dependientes del estado

central, en donde juega en este esquema, un rol fundamental la capacidad de imponer un

régimen centralizado sobre la formación, y en alguna forma la administración, de una

clientela amplia y políticamente significativa que se desarrolló alrededor del sistema de

patronazgo del estado central (Veliz 1984, 283).

En este sentido, se podría sostener que el rasgo autoritario presente en los estados

Latinoamericanos es inseparable de una tradición centralista de concentración de poder, que

en todo momento ha permitido a las elites políticas generar las condiciones para imponer

sus términos y cuando no han podido por la vía del control político, han utilizado una

recentralización autoritaria, esto es lo que Veliz (1984, 287) señala al indicar que los

sectores urbanos medios parecieron haber conducido hasta su fin a la pausa liberal. Es

decir, lo que Veliz señal es que, finalmente la presión que producen los sectores populares

van a provocar que el estado sea incapaz de responder a las demandas siempre mayor de

democracia; y que por tanto, las elite de poder resolverán, a través de recentralización

autoritaria los conflictos al interior del estado, clausurando toda posibilidad de que los

sectores populares hegemonicen el proceso. Este proceso de reconcentración de poder

tiene una particularidad, puesto que además significa un reordenamiento al interior de la

elite de poder capitalista. Este reordenamiento significó la imposición del capital mercantil

financiero por sobre el productivo, que finalmente se somete a la lógica del primero, pero

además implica la derrota de las clases populares y del estado en su forma nacional-popular

o como sostiene Lechner (1977, 32) el nuevo autoritarismo surge como reacción a dos

momentos: internamente, la agudización de las lucha de clases, que desestabilizan la

estructura de dominación, sin poder crear un nuevo orden. Externamente, la

internacionalización del capital, que transforma el proceso de acumulación e impulsa un

reordenamiento de las economías locales.

Pero, este rasgo autoritario de las sociedades latinoamericanas está asociado además a la

capacidad militar de los sectores dominantes, que controlaran este factor determinante en

términos de la resolución de los conflictos, desde la colonia hasta nuestros días. De manera

constante las clases dominantes se valieron del ejército para solucionar los problemas al

interior del bloque dominante o para “pacificar” (someter) a los sectores peligrosos cuando

se movilizaban y traspasaban los límites puestos por los sectores dominantes. Ya lo señala

Dahl (1989, 60) al referirse a que los conquistadores ejercieron un monopolio de la fuerza

militar y que les permite subyugar a avanzadas civilizaciones imponiendo sus lógicas y

cultura, y a la vez sometiendo los pueblos a una explotación permanente que provocará una

desigualdad en la forma de integración de los sectores subalternos. El mismo Dalh (1989,

60) señala que las desigualdades cumulativas de status, riqueza, ingresos y medios de

coacción equivalen a desigualdades manifiestas en la manipulación de las fuentes de acción

política.

De esta forma una pequeña minoría, la oligarquía, logra hegemonizar políticamente un

proceso e imponer su lógica de dominación al orden social de manera autoritaria y sin

contrapeso, donde el factor militar, estará presente en forma permanente como aliado

irrenunciable del capital y de las clases dominantes, lo que permitirá imponer las lógicas de

dominación mediante la continuación de la colonialidad del poder y la matriz de

dominación eurocéntrica. Como señala Mires (2005, 156), de esta forma el estado nacional

oligárquico se erigió precisamente sobre la base que garantiza el aplastamiento de los

movimientos sociales populares que hicieron posible la independencia, puesto que la

oligarquía impuso sus intereses por sobre los de la mayoría y diseñó un derrotero que

concluyera en la legitimización de la dominación, a través de impulsar procesos de

articulación democrática y de ciudadanización en las esferas del poder y restringiéndola a

los sectores populares. En este sentido, Cardoso (1985, 44) señala, la noción de estado se

refiere a la alianza básica, el pacto de dominación básico, que existe entre las clases

sociales o fracciones de la clase dominante y las normas que garantizan dominio sobre los

estratos subordinados.

La independencia, más que una liberación fue para los sectores populares, el mantenimiento

de la hegemonía autoritaria de las clases criollas-oligárquicas conformada por los

aristócratas, los grandes propietarios de tierras y minas, en fin los dueños del poder (Mires

2005, 156). Este poder está construido sobre la base de una explotación permanente de las

clases subalternas y del capital, lo que les permite disponer de recursos para mantener el

esquema de imposición de intereses. Las clases oligarcas serán el sujeto principal de la

emancipación y ocupan esta posición para resolver a su favor las contradicciones del

proceso de ruptura con la corona e impone su lógica dentro del modelo

capitalista/colonial/violencia, donde el control del factor militar permitirá asentar el poder y

el autoritarismo con que se administrarán las nuevas colonias liberadas. Desde este

momento el autoritarismo tiene una relación directa con el factor militar, clases dominante

y el poder, así el factor autoritarismo se impone como una lógica permanente en las

relaciones de las sociedades latinoamericana; y de alguna forma, se constituye en un

elemento central del poder de dominación de las clases dominantes que impondrán esta

estrategia para imperar.

A partir de esta situación, donde el rasgo autoritario sería una constante, y no un elemento

episódico del desarrollo de las naciones latinoamericanas, el tema de la democracia será

una complicación para los estados nacionales y para las clases dominantes. Esto, porque

las clases dominantes no tendrá la más mínima inquietud por generar los canales de

participación e integración de los sectores dominados, puesto que la democracia y las

promesas de mayor libertad pondría en cuestión el aparato de dominación, y por tanto,

perderían el poder. Esto llevo a que los sectores dominantes, es decir, los sectores

conservadores iniciaran los procesos de emancipación y posteriormente de formación de los

estados nacionales, pero este proceso tendría como objetivo proteger sus intereses, puesto

que una vez liberados los estados de la dependencia de la corona, las clases dirigentes

generarán las condiciones para crear un proceso donde las condiciones de los sectores

terrateniente no sufrieran alteración.

El surgimiento de los estados oligárquicos será una prueba clara de lo sostenido más arriba,

y donde las clases dominantes diseñarán un estado autoritario a su medida, al cual

controlarán a través del establecimiento de una democracia restringida, que permitirá

participar solo a algunos. Además, este estado emerge fuertemente centralizado y

dependiente del exterior (Allub 1983, 10) y donde las elites de poder no tendrán la

intensión de abrir los procesos para la creación de las condiciones de participación de todos

los sectores de la sociedad. En este sentido es relevante observar nuevamente lo que

plantea Gómez respecto de Chile y su autodefinición de república democrática, al señalar

que el régimen democrático nacional no tuvo 41 años de existencia como tradicionalmente

se sostiene sino 13 años, de manera que su corta existencia va entre 1958-1973, siendo

precedido por dos regímenes políticos de carácter no democrático. No obstante, incluso se

podría sostener que ese periodo democrático no lo fue tanto, pues nunca los sectores

populares logran democratizar la democracia anclada en un ordenamiento jurídico que

sigue siendo un tutelaje de los sectores dominantes, lo que permite que detengan el avance

y movilización de los sectores peligrosos y los derroten militarmente en nombre de la

democracia y del estado de derecho.