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UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICERRECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO ANÁLISIS DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Autor: Rafael Rivero

Analsis

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UNIVERSIDAD FERMÍN TOROVICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICASESCUELA DE DERECHO

ANÁLISIS DE LA CARTA IBEROAMERICANA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

Autor:

Rafael Rivero

Barquisimeto, Julio de 2015

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La implementación del gobierno electrónico requiere mucho trabajo aún para lograr los

objetivos enunciados en la Carta Iberoamericana. Un gran potencial debe ser dirigido por el

liderazgo gubernamental, la normativa, la agenda de gobierno, las constelaciones de trabajo y

el diseño de indicadores y análisis de resultados para aprovechar el desarrollo de las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación para lograr un estado más accesible e

igualitario.

Como consecuencia de diversos factores no habrá un modelo único de gobierno

electrónico en Iberoamérica. El estado nacional definirá objetivos centrales y resultados

esperados, un portal de acceso central en red con su estructura y vinculado con los niveles

provinciales de gobierno.

Las organizaciones públicas deben definir sus propios objetivos en gobierno electrónico.

No cambiarán su estructura de manera significativa, pero deben adaptar sus procesos para

brindar mejores servicios y con mayor alcance.

Los agentes públicos están habituados a las nuevas tecnologías pero no al trabajo en redes

humanas. Deben adoptar la adhocracia interna guiada por un fuerte liderazgo de los directivos

que los respalde en sus iniciativas. Es imprescindible consultar a los ciudadanos en el diseño

y la evaluación de los servicios públicos.

Hay un gran interés en Iberoamérica en el gobierno electrónico como temática nueva y

rica en oportunidades, pero, ¿está claro cómo llevará a cabo sus objetivos o puede correr el

riesgo de transformarse en una nueva moda? ¿Realmente cumplirá los cometidos de la Carta

Iberoamericana del año 2007 o simplemente replicará con mayor alcance los problemas a los

que se enfrenta el Estado en la provisión de bienes y servicios públicos a la ciudadanía? Este

trabajo pretende dar algunos puntos de vista sobre estos interrogantes, consciente que hay un

largo camino aún por debatir y recorrer.

En esta comunicación se habla de servicio público en una acepción amplia que involucra a

políticas, programas, bienes y servicios que provee el estado. Los ejemplos que se ofrecen

son del estado nacional argentino ya que brindan una referencia más cercana para el autor.

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La Carta Iberoamericana (2007) entiende al “Gobierno Electrónico” como el uso de las

tecnologías de la información y la comunicación en los órganos de la Administración para

mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y

eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector

público y la participación de los ciudadanos..

Los valores centrales predicados por esta Carta son: igualdad, legalidad, conservación,

transparencia y accesibilidad, seguridad, responsabilidad y adecuación tecnológica. También

hay coincidencias en que se debe poner el foco en los destinatarios del gobierno electrónico:

el ciudadano y la sociedad.

El primer reto es lograr la plena accesibilidad al gobierno electrónico. ¿Por qué es

imperioso disminuir la brecha digital? Porque atenta contra el derecho de igualdad de

oportunidades de los ciudadanos. Paulatinamente esta brecha se achica dentro del gobierno

argentino y el 50% de la población tiene algún modo de conexión a Internet. A pesar que la

brecha digital y de alfabetización se acorta, persiste la exclusión en la población de menores

ingresos y por razones geográficas, ya que la mayor concentración de servicios presenciales y

disponibilidad de redes y computadoras se da paradójicamente en los centros más poblados y

que gozan de mayores ingresos y de nivel educativo.

El segundo reto es homologar la información que se brinda a distancia para acceder a los

servicios con la información que se provee en forma presencial: la normativa, los

procedimientos, los requisitos. Los ciudadanos son cautivos del sector público en tanto tienen

obligación de concurrir a sus oficinas para ejercer sus derechos y cumplir obligaciones. No

conocen toda la legislación ni el alcance de los programas y servicios que se diseñan en la

Nación y que tienen alcance regional y local. Desean perder el menor tiempo posible ante el

arduo proceso: ubicar los puntos de contacto de la organización, horarios de atención, recibir

información clara sobre requisitos, resolución de dudas, sus aranceles, tiempo de demora

durante el trámite. No les interesa tanto los procesos internos de los trámites como el

resultado obtenido.

Tal vez se estén albergando demasiadas esperanzas en los nuevos sitios web

institucionales y en su crecimiento un tanto desordenado ¿Están testeando los organismos las

capacidades de los ciudadanos con Internet y sus herramientas informáticas? ¿Cómo se

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comportan los empleados públicos en los puntos de contacto presenciales? ¿No están

enviando a la gente a consultar las páginas web sin resolver sus dudas en forma presencial?

También persiste la derivación de la gente a dependencias sin conocer siquiera los puntos de

contacto como dirección y teléfono.

Las organizaciones públicas deben definir sus propios objetivos en gobierno electrónico.

No cambiarán su estructura de manera significativa, pero deben adaptar sus procesos para

brindar mejores servicios y con mayor alcance.

Los agentes públicos están habituados a las nuevas tecnologías pero no al trabajo en redes

humanas. Deben adoptar la adhocracia interna guiada por un fuerte liderazgo de los directivos

que los respalde en sus iniciativas. Es imprescindible consultar a los ciudadanos en el diseño

y la evaluación de los servicios públicos El sector privado debe ser invitado a trabajar en

conjunto con el sector público, a participar del trabajo en equipo y el diseño de propuestas.