Anexo 6 Buscando El Futuro

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Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y

El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía

SITUACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS VIVIENDO EN EL ÁMBITO RURAL DE GUATEMALA

Septiembre 2010

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PRESENTACION .....................................................................................................................................................4

SISTEMATIZACIÓN DE CONTEXTOS, SITUACIONES Y CASOS QUE EVIDENCIAN LA VULNERABILIDAD DE

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS VIVIENDO EN EL ÁMBITO RURAL ................................5

CONTINUACIÓN DE LAS EX PAC EN LAS ESTRUCTURAS DE PODER LOCAL Y LA NEGACIÓN DE LA MEMORIA, LA

VERDAD Y LA JUSTICIA: LINCHAMIENTO EN POCOHIL I, CHICHICASTENANGO ...................................................7

EL AVANCE DE MEGAPROYECTOS Y LA PARTICIPACION DE EX MILITARES ....................................................... 21

EN LA REGION IXIL EN LA ETAPA POST CONFLICTO ........................................................................................... 21

LUCHA Y RESISTENCIA COMUNITARIA EN SAN MARCOS FRENTE A LA INJERENCIA DE EMPRESAS NACIONALES

Y TRANSNACIONALES EN LOS TERRITORIOS DE OCCIDENTE ............................................................................. 43

REPRESIÓN Y DESPLAZAMIENTOS A CAUSA DE LA EXPANSIÓN COMERCIAL Y EL CRECIMIENTO CAPITALISTA

EN COATEPEQUE ............................................................................................................................................... 60

LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN HUEHUETENANGO Y LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS .......................... 72

ACOSO A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, EXPLOTACIÓN PETROLERA Y COMPRA VOLUNTADES EN El

PETÉN................................................................................................................................................................. 82

CONCLUSIONES ............................................................................................................................................... 102

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................. 104

4

PRESENTACION

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala ha observado que en los últimos cuatro años la conflictividad en el ámbito rural ha aumentado exponencialmente debido al aumento de la inserción de los llamados 'megaproyectos' sin respeto a las consultas populares y la ampliación del control territorial del crimen organizado. Estos fenómenos que se combinan con la ausencia histórica de respuesta del Estado a demandas en materia de derechos económicos, sociales y culturales y de justicia ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno están generando un polvorín muy preocupante. Hemos sido testigos/as de una gran variedad de esfuerzos comunitarios y organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos a lo largo y ancho del país que responde al llamado de los Acuerdos de Paz de construcción de un país multicultural y democrático. Desde la comunidad, la ciudadanía está planteando formas de vivir en armonía con la naturaleza y de respeto; asimismo, de vivencia de convivencia democrática basada en una visión de pluriculturalidad que va más allá del discurso que es el lugar común de la capital. Estos esfuerzos de propuesta han sido recibidos con fuertes dinámicas de violencia física y discursiva, en algunos casos las agresiones que reciben los defensores y defensoras de derechos humanos son registradas en nuestros informes; sin embargo el contexto de esta violencia y la dimensión de la misma no ha podido ser recogida por nuestro esfuerzo. Por ello, UDEFEGUA comisionó a la Asociación El Observador para realizar un estudio de fondo a partir de los casos registrados en seis contextos locales de agresión continuada: Pocohil, Chichicastenango; la región Ixil, El Quiché; el departamento de San Marcos; Coatepeque, Quetzaltenango; la región norte de Huehuetenango y el departamento de El Petén. El producto del análisis realizado por los consultores de la Asociación El Observador, Lic. Fernando Solís y Gustavo Illescas, se presenta en este documento denominado SITUACIÓN DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS VIVIENDO EN EL ÁMBITO RURAL DE GUATEMALA. El apoyo para la realización de este estudio ha sido dado por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) a través de un apoyo otorgado por la AECID/ Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España (10-CAP2-2162) quienes no tienen responsabilidad por lo acá publicado.

Guatemala, 24 de septiembre de 2010

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SISTEMATIZACIÓN DE CONTEXTOS, SITUACIONES Y CASOS QUE EVIDENCIAN LA

VULNERABILIDAD DE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS

HUMANOS VIVIENDO EN EL ÁMBITO RURAL

La situación de los y las defensoras de derechos humanos que viven en el ámbito rural guatemalteco atraviesa por un momento histórico de alta vulnerabilidad debido a múltiples factores. La firma de los Acuerdos de Paz representó formalmente un parteaguas para el análisis de la conflictividad social, ya que si bien el cese al fuego se concretó después de diez años de negociaciones entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno-Ejército, los procesos y las condiciones históricas de exclusión, que de fondo originaron el conflicto armado, no están resueltas y tienden a agudizarse en la etapa postconflicto. El presente estudio resume, sistematiza e interpreta información relacionada con el análisis de seis casos considerados paradigmáticos que han tenido lugar en igual número de zonas y regiones de Guatemala, los cuales constituyen una radiografía de las agresiones y violaciones que están experimentando actualmente defensoras y defensores de derechos humanos, entre organizaciones comunitarias, comités de víctimas del conflicto armado en busca de memoria verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas represivas del Estado guatemalteco, y pobladores y pobladoras que están defendiendo bienes naturales y el territorio frente a la creciente voracidad del modelo de acumulación capitalista que, en su fase de desposesión se práctica aceleradamente por parte de empresas, transnacionales, grupos corporativos de capital y diversos agentes que lo multiplican. Será evidente en el transcurso del estudio, que las agresiones y las violaciones a los defensores y defensoras de derechos humanos tienen relación, por una parte, con la operación de estructuras paramilitares o grupos armados que en la etapa post conflicto están reproduciendo viejas prácticas de acoso y represión contra actores sociales que están buscando justicia, esclarecimiento de la memoria histórica y resarcimiento de graves violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado. Por otra parte, como ya apuntamos, con la implementación de los ejes de acumulación del modelo capitalista, verbigracia, megaproyectos, explotación de recursos naturales y la multiplicación de nuevos megacultivos en el agro guatemalteco, que están apropiándose del territorio de las comunidades y los Pueblos Indígenas que habitan en las regiones y zonas donde se concretan estas operaciones por parte de empresas nacionales y extranjeras. Las regiones analizadas geográficamente pertenecen al occidente y norte de Guatemala, principalmente porque es ahí donde, por un lado, en donde estuvieron ubicadas las zonas más conflictivas y donde se observó la mayor cantidad de masacres durante el conflicto armado; por otra parte, es la región norte del país donde existe la mayor cantidad de recursos naturales entre agua, tierras, bosque, selva, tierras, los que son vistos por los grupos económicos y políticos nacionales y por las transnacionales, como mercancías a explotar “en pos del desarrollo”. En esas zonas y regiones están agresiones que van desde intimidaciones hasta el asesinato de líderes sociales defensores y defensoras de los derechos humanos. Los casos analizados e interpretados han tenido lugar en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, El Quiché y El Petén. En cada uno de éstos se analiza, en un primer momento, el contexto histórico reciente donde se perciben continuidades que vulneran la situación actual de los defensores y defensoras agredidas, así como sus en la búsqueda de mejores condiciones de subsistencia. En un segundo momento se describen cronológicamente los hechos que desencadenan las violaciones sistematizadas a los derechos humanos, para culminar, en un tercer ámbito, con la identificación de los actores de poder que influyen en la consumación de las agresiones así como la participación del Estado guatemalteco en la respuesta a la demanda social, hoy por hoy, altamente conflictiva y criminalizada.

6

Hay un continuum en las violaciones y en la conflictividad social observada alrededor de los casos expuestos: la operatividad de Cuerpos Ilegales que desarrollan prácticas de acoso y de represión contra defensoras y defensores de derechos humanos, al estilo de los grupos que operaron durante el conflicto armado interno que, por lo regular, están vinculados al poder institucional o estatal constituido, o bien a agentes empresariales privados, sean estos nacionales o extranjeros. Como se verá más adelante, las regiones más reprimidas durante el conflicto armado constituyen hoy nuevamente el escenario de nuevas violaciones y agresiones a comunidades y liderazgos sociales indígenas, vulnerando cada vez más la situación socioeconómica de las y los pobladores, violentando necesariamente en las relaciones de producción y reproducción de la vida en el ámbito rural.

Mapa 1

Guatemala: Departamentos y regiones en donde suceden los casos investigados

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CONTINUACIÓN DE LAS EX PAC EN LAS ESTRUCTURAS DE PODER LOCAL Y LA

NEGACIÓN DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA: LINCHAMIENTO EN

POCOHIL I, CHICHICASTENANGO

Cerro POQ¨il

“Lugar ceremonial ubicado en el cantón Pocohil de Chichicastenango. Los Ajq'ijab' que visitan este lugar, lo consideran el lugar adecuado para eliminar lo malo que puede estar

acumulado en una persona, en su pensamiento, en su carácter, en su temperamento.

Su nombre significa (POQ'= provocar = IL = pecados cometidos) quiere decir: Sacar desde lo profundo las malas intenciones por pecados cometidos.

En algunas ceremonias que se ofician se pide perdón por la maldad hecha, iluminación y guía para que no se cometa maldad alguna”

www. Chichicastenango.com.gt 1. Antecedentes históricos de contexto del Caso Pocohil I, Chichicastenango El 19 de enero de 1972 ingresa al departamento de Quiché, el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP)

1. Uno de

sus principales objetivos político-militares era organizar -desde la clandestinidad que le permitía la selva- la estrategia de tomar el poder

2 a través de la guerra de guerrillas y la movilización de masas. Las comunidades

periféricas al núcleo de dirección, se fueron constituyendo paulatinamente en población civil organizada. Una de sus principales tareas fue apoyar logísticamente a la guerrilla así como la organización de Fuerzas Irregulares Locales (FIL)

3.

A nivel político-social, el EGP buscaba ampliar la organización campesina e indígena en función de establecer estructuras de poder locales revolucionarias, que poco a poco liberarían los territorios de la opresión militar y la explotación capitalista. El proceso histórico de explotación y subordinación, expresado en las condiciones desiguales frente a la producción y reproducción de la existencia, que caracterizan a la población campesina, minifundista y proletaria del sur de El Quiché, sumado al racismo como elemento ideológico de inferiorización estimulado por los grupos dominantes a través de sus agentes subalternos, generó condiciones subjetivas que empalmaron con el discurso revolucionario de la guerrilla. Factores como la participación masiva -aunque no toda organizada- de campesinos e indígenas que históricamente han sido despojados de la tierra y sometidos a la explotación de la fuerza de trabajo, la conformación de las FIL y los Frentes Urbanos, de la mano con el auge guerrillero centroamericano a finales de la década 1970, puso a tambalear a un Ejército que se encontraba en pugnas de poder internas vinculadas con grupos de la elite económica guatemalteca, a la cual se deben. El Ejército de Guatemala es una institución creada durante el proceso de la Reforma Liberal de 1871, por los gobiernos liberales de Miguel García Granados primero, y de Justo Rufino Barrios después, con el objetivo de defender ese proceso de reforma, que propició la creación del Estado-Finca que consistió en la expropiación de

1 El EGP fue una de las cuatro organizaciones político-militares revolucionarias de orientación ideológica marxista-leninista, y

talvés la más beligerante de las cuatro que integraron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fundada en 1982, 10

años después de esa incursión. Hacemos referencia específica al EGP en este apartado porque fue la organización con mayor presencia en

la parte norte del occidente del país, así como en el sur de Quiché, ubicación territorial en la que se desarrolla el presente capítulo. La

incursión del EGP a Guatemala por el norte del país, está contada en el libro “Los días de la selva”, de Mario Payeras, uno de sus

fundadores y miembro de la Dirección Nacional de la organización hasta 1985, cuando se separa.

2 La concepción de la toma del poder del EGP era literal, es decir, tomar el poder político que se concentraba en el Estado, a

través de una revolución armada acompañada de la insurrección popular. La guerra popular prolongada.

3 Las FIL se constituyeron en 1,979 y nacieron con una función de autodefensa y, conforme a su proceso de organización, se

perfilarían como un ejército popular de ofensiva.

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las mejores tierras cultivables –particularmente de las comunidades indígenas y de la iglesia- para destinarlas al cultivo de café primero, y después al banano y otros monocultivos, por parte de la oligarquía terrateniente guatemalteca. A partir de ello, en las coyunturas de crisis “institucional”, específicamente los que han atentado los intereses económicos de los grupos dominantes, el ejército ha sido pieza fundamental para defender la gran propiedad privada, fundamentados bajo el discurso de la defensa de la soberanía nacional. A finales de los años 70 se decía que el Ejército de Guatemala estaba perdiendo el control territorial del Estado y se encontraba en una crisis de poder, situación que provoca la intervención directa de Estados Unidos e Israel proporcionando armamento militar y capacitación en técnicas contrainsurgentes basadas en el terror, muy al estilo de la doctrina del Shock

4 aplicada contra Palestina. En el plano ideológico, el nacionalismo burgo-

racista contenido en las cúpulas militares, irriga los campos preparando las condiciones para la época más sangrienta del conflicto armado en Guatemala. Situándonos en El Quiché, al Ejército le interesaba mantener un control interno y extendido de las comunidades; sin embargo, su simpatía era coaccionada en comparación con la afinidad a la propuesta revolucionaria. Las bases del Ejército y su oficialidad en los años de 1970 eran mayoritariamente de la región oriental de Guatemala, lo que dificultaba los planes que se avecinaban. Parte de la oficialidad del Ejército desconfiaba de la población indígena pero sin ella era imposible detener el avance guerrillero, así que toma la decisión de acercarse a aquellas personas que habían estado en el servicio militar -reservas y comisionados militares-, y enfoca el trabajo contrainsurgente en la cooptación de líderes reconocidos comunitariamente, ofreciéndoles seguridad y remuneración económica por los servicios prestados a la “patria”. Siguiendo con el plan, el Ejército lanzó a finales de 1981 su ofensiva militar con el objetivo básico de neutralizar la “base social” de la guerrilla y desarticular el trabajo organizativo que se gestaba en Quiché, surgiendo así las primeras patrullas de autodefensa civil.

En septiembre de 1981, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Benedicto Lucas García, ordenó la formación de la primera patrulla de autodefensa civil

5.

Sin embargo, la estrategia conducida por los militares de más alto rango es rebasada por las exigencias radicales de elites económicas y políticas que pactan con una tendencia política más agresiva políticamente, conformada por militares de menor rango, los llamados “oficiales jóvenes”, que llegaran al poder a través de un golpe de Estado encabezado por el general retirado Efraín Ríos Montt. Con el golpe de Estado de 1982 se amplía la estrategia y se decide…

…aumentar los efectivos militares, particularmente, el numero de comandantes en las áreas de conflicto para apoyar las unidades de Autodefensa Civil, así como otros factores de poder de la administración pública a fin de (1) negarles a los subversivos el acceso a la población que constituía su apoyo político-social; (2) rescatar a quienes estaban en las Fuerzas Irregulares Locales neutralizando o eliminando a aquellos que no quisieran integrarse a la vida normal; y (3) eliminar las Unidades Militares Permanentes (UPM) [de los subversivos]. (Ejército Nacional, Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, 1982ª)

6.

Como parte de ese Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo se oficializan las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), convirtiéndose estructuralmente en grupos de civiles militarizados para luchar contra su propia gente. Estos aparatos locales de represión colocaron “a los suyos” a vigilarse entre si, rompiendo con el consenso “del nosotros” comunitario, dislocando las relaciones sociales y sometiéndolas al régimen militarista, que a un nivel local estuvo representado por las PAC, bajo la tutela del Ejercito.

4 Término introducido por Naomi Klein para designar la técnica utilizada por el capitalismo del desastre para ocasionar traumas

colectivos con base a acciones de terror con el objetivo de paralizar y silenciar la resistencia ante cualquier cambio necesario para quienes

aplican el shock. Ver: “La Doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre”. 5 Schirmer, Jennifer. “Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala”. Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLACSO) – Guatemala, página 148.

6 Schirmer, Jennifer, op. cit., página 150.

9

Según las investigaciones de la CEH7, el 48% de casos de violación a los derechos humanos a población civil

se registra en 1982, entre los cuales, el departamento de Quiché es el mas afectado, registrando el 42% de las violaciones resaltando la tortura, la desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. 2. Situación que origina la masacre en el Cantón Pocohil I, Chichicastenango Tras el golpe de estado de 1982, los gobiernos militares establecieron alcalde y vice-alcalde nombrados por el Ejecutivo; los nombrados en Chichicastenango eran indígenas, y en su administración no levantaron actas. Esto cambió en 1986, cuando se establecieron de nuevo las corporaciones por elección popular

8.

Mapa 1

Guatemala: Ubicación del Cantón Pocohil I en el municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché

Una vez que la corporación municipal de Chichicastenango es dirigida por elementos afines al proyecto militar, el alcalde municipal se convierte en el comandante municipal de las recién creadas PAC y estará al mando de los jefes de patrulla de cada cantón. El Ejército necesitaba tener gente de confianza en las representaciones del poder local institucional, y establecer una estructura jerárquica como parte de la estrategia militar y simbólica de control territorial. Según testimonios de miembros del cantón Pocohil I, el entonces alcalde auxiliar Diego Martin Salvador se convirtió en el Jefe de las PAC de su localidad y, junto a otros líderes, iniciaron persecución contra colaboradores de la guerrilla, entre los que había FIL del EGP, quienes ejercían funciones de vigilancia y defensa contra el Ejército en el área. Aprovechando la amnistía otorgada por Ríos Montt y bajo el paraguas ideológico anticomunista se inició un hostigamiento en el cantón hacia los considerados “enemigos internos”. La tensión, el m iedo y la conspiración provocan el señalamiento de decenas de personas en el cantón Pocohil I, y se inician las ejecuciones extrajudiciales entre miembros de la misma comunidad. Quienes fueron señalados de guerrilleros o se negaban a colaborar con el Ejército fueron masacrados a cuenta gotas, siendo enterrados por lo menos en tres cementerios clandestinos.

7 Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, Memoria del silencio. Capítulo II: Las violaciones de derechos

humanos y los hechos de violencia. página 320. Guatemala 1,999.

8 Barrios, Lina. “Tras las huellas del poder local: La Alcaldía indígena en Guatemala, del siglo XVI al siglo XX. Universidad

Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. página 345. Guatemala 2001.

10

Según Miguel Quiej, de la Coordinadora Nacional de las Comunidades para el Desarrollo Integral de Guatemala (CONCODIG), entre Junio y diciembre de 1,982 se da la desaparición forzada 35 personas del cantón Pocohil I. En la medida que eran confirmados fueron convocados a reuniones nocturnas de las que nunca regresaron:

Se fue a una reunión convocada por las PAC. La mayoría de las gentes desapareció en las reuniones según las informaciones que tenemos, nadie fue sacado (a la fuerza) de su casa, fueron desaparecidos en las reuniones

9.

Yo tenía cuatro meses cuando se murió mi papa (…) Cuando mi papa desapareció le dijeron a mi mama (…) mira Rafaela, a tu esposo lo mandamos a la capital y cuando se aburra del trabajo se va a venir, lo vamos a regresar.

Colateralmente, varios entrevistados manifiestan que los motivos de la desaparición forzada de sus familiares, también se deben al acaparamiento de tierras por parte de las PAC:

Nuestros abuelitos antes tenían varias, a saber cuántas cuerdas de terreno (…) primero comenzó como una pelea de tierra (…) si, hay un señor que tiene bastantes terrenos, entonces lo que hacían es eliminarlo, y lo que hacían es por decirte, usted tiene tres hermanos y usted es el más pequeño, lo que hacían era matar a los más mayores, papá y mamá se quedaban con uno, a modo de decir, aquí está el dueño del terreno, pero a la larga ya no lo daban, sino que los líderes de los ex PAC se quedaban con el terreno y el hijo del difunto, o el dueño del terreno se quede con los brazos cruzados, eso es lo que pasó en muchos casos, en muchos lugares también

10.

Después de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de 1982, en el cantón Pocohil I se generó un silencio total que prevalecerá hasta el año 2009, cuando tres familias inician el proceso de recuperación de los restos de sus familiares enterrados en cementerios clandestinos por las PAC.

Tabla 1 Guatemala: Descripción de los hechos relativos a la agresión de las y los

defensores de Derechos Humanos en el caso Pocohil I, municipio de Chichicastenango, departamento de El Quiché

Fecha Descripción

Junio-diciembre de 1982

- 35 personas del cantón Pocohil I son acusadas de colaborar con la guerrilla y son desaparecidas. El hecho es atribuido a las PAC lideradas por el entonces Alcalde Auxiliar, Diego Martin Salvador. Los cuerpos fueron enterrados en tres cementerios clandestinos.

15 de diciembre de 2008

- El joven Jerónimo Guarcas, junto a miembros de tres familias que durante el conflicto armado sufrieron la desaparición y ejecución extrajudicial de sus familiares, inician los trámites legales para la recuperación de los restos ubicados en tres cementerios clandestinos, con la intención de brindarles digna sepultura. Denuncia ante el Ministerio Público (MP) de Santa Cruz del Quiché No. 226-2008-3123.

- La CONCODIG se reúne con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) del Cantón Pocohil I y Chichicastenango, y autorizan el trabajo de exhumación de los restos.

27 de mayo de 2009

- La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) inicia los preparativos para realizar las excavaciones atrás de la escuela ubicada en el cantón Pocohil I, con el acompañamiento de la CONCODIG y familiares de las víctimas.

9 Entrevista con Jerónimo Guarcas, hijo de uno de los desaparecidos en el Cantón Pocohil I, en 1982.

10 Ibídem.

11

- Como parte del procedimiento de exhumación se le notifica a la estación de policía de Chichicastenango para su acompañamiento, el cual es negado porque no cuentan con suficiente personal en ese momento.

28 de mayo de 2009

- Se hacen los primeros hallazgos y entrevistas por parte de la FAFG. Jerónimo Guarcas, hijo de desaparecido y principal promotor de las investigaciones, recibe un mensaje de texto a su celular donde le advierten que los ex PAC se reunieron en Chichicastenango:

Llegó un mensaje a mi celular, decía: señores tengan cuidado, los señores Don Diego

Martín, Don Sebastián Martín, Pascual, tuvieron una reunión en Chichi, tengan cuidado11

.

29 de mayo de 2009, horas de la mañana.

- La familia de Jerónimo Guarcas convoca a la FAFG a una reunión para solicitarle que suspendan el trabajo por varios incidentes.

Una de las hijas de una de las victimas está casada con el hijo de un ex patrullero. Y el

señor llega la noche anterior (28/05/10) a su casa y le pregunta a ella que ¿Qué está haciendo, que porque estamos nosotros (FAFG) allá, que si lo quieren matar a él o si lo quieren apresar?, y la agrede verbalmente, y trata de hacerlo físicamente

12.

- Los arqueólogos de la FAFG continúan con el trabajo de excavación de la fosa y la

antropóloga continua con las entrevistas en casas de familiares de desaparecidos. - La antropóloga llama al Fiscal y a la policía para informarle de lo sucedido y para

demandar su presencia en el cantón Pocohil I.

- Los arqueólogos se dan cuenta que la fosa fue saqueada, y le notifican a Miguel Quiej, de la CONCODIG, y a Jerónimo Guarcas, que únicamente encontraron huesos diminutos, que dificultaran el análisis forense.

- Jerónimo Guarcas se reúne con las demás personas que buscan a sus familiares

desaparecidos y les sugiere que vayan a preguntar a…

…un señor que es Alcalde de Auxiliar en ese tiempo [1,982] y es Pastor actual [Iglesia Príncipe de Paz], para saber donde están los restos de sus familiares

13.

- Miembros de la FAFG, CONCODIG y familiares de desaparecidos se dirigen a la casa de

Diego Martín Salvador para preguntar sobre los restos faltantes en la fosa. La esposa del señor diego Martín les comenta que él no se encuentra en su casa y se despiden de la señora.

Primera agresión a defensores/as de derechos humanos

29 de mayo de 2009, al medio día

- Cuando caminan regreso a la fosa, Tomas Morales (tío de Sebastián Martin y Jefe de patrulla en 1982) grita desde la terraza de su casa:

Auxilio, están secuestrando a don Diego, entraron guerrilleros a su casa

14.

- Ignoran el hecho y se dirigen a la parte de atrás de la escuela donde se ubican las

excavaciones. Cuando llegan, varios familiares de los ex PAC los esperan con machetes, palos y gasolina, y les dicen:

11

Entrevista a Jerónimo Guarcas, op. cit.

12

Entrevista con una antropóloga trabajadora de la FAFG. 13

Entrevista a Jerónimo Guarcas.

14

Ibídem.

12

¿Por qué estás buscando a tu padre si él no merece ir al cementerio?, él es un asesino, hasta ustedes también son guerrilleros, y comenzó a agredir

15.

- Se decide concluir con el trabajo y guardar las cosas, en eso llego una niña corriendo

para avisar que el carro de Pascual Martin Morales, ex PAC, está bloqueando la carretera.

De ahí, en eso escuchamos los gorgoritos, gorgoritos por todos lados, entonces ya

dijimos, muchá, vamos, porque aquí nos van a matar, y que vamos a hacer, el carro se va a quedar. Se queda el carro. La FAFG dijeron que se quede el carro, le pusieron llave

16.

- Deciden salir huyendo por una ladera que los conduce al sector de abajo del cantón, que

tiene otra carretera de salida y encuentran un picop “fletero” con el que logran salir rumbo a Chichicastenango. El carro de la FAFG se queda abandonado en el lugar.

- Minutos después la policía llega y se topa con la turba que rocía con gasolina la patrulla,

retroceden y se dirigen rumbo a Chichicastenango, en el camino se encuentran con familiares de Jerónimo Guarcas, la antropóloga de la FAFG y Angélica Macario (CONCODIG), y se suben a la patrulla. Más adelante encuentran el pick up donde se conduce Miguel Quiej de la CONCODIG, los arqueólogos de la FAFG; y Jerónimo Guarcas. Luego abordan también la patrulla y se dirigen rumbo a la sub-estación de policía del municipio de Chichicastenango.

29 de mayo de 2009 15:00 p.m.

- El señor Clemente de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Quiché, dialoga con el COCODE del cantón Pocohil I, y le aseguran que no pasará nada si ellos regresan. Luego le propone a Jerónimo Guarcas que arreglen el problema pacíficamente.

- El Alcalde de Chichicastenango llama por teléfono a Jerónimo para recomendarle que

regrese al cantón junto con las patrullas y la PDH, y solucionen el problema de una vez. - A las 15:30 p.m. salen dos patrullas de la policía con 10 agentes, Miguel Quiej

(CONCODIG) y Jerónimo Guarcas. Los demás mencionados con anterioridad se quedan en la subestación por seguridad.

Segunda agresión a defensores/as de derechos humanos

29 de mayo de 2009 16:00 p.m. a 20:00 p.m., aprox.

- Al ingresar al Cantón había una multitud aproximada de 500 personas, abren el paso de las patrullas y las arrinconan.

- Colocan unas bancas al centro de la multitud y obligan a Miguel Quiej a subirse,

acusándolo de ser un falso vendedor de medicina y de colaborar con la guerrilla. Don miguel presenta su credencial de trabajo de la CONCODIG y le argumentan: Ese es su trabajo si es para el desarrollo y porqué está exhumando muertos (…) echen gasolina, vapuléenlo, quémenlo

17.

- Según el entrevistado, los ex PAC se encuentran diseminados entre la multitud y gritan

desde diferentes lados, haciendo parecer que toda la gente los quiere linchar. - Ahí mismo se acerca el Alcalde Auxiliar, Manuel Jorge Ordoñez, y obliga a Jerónimo

Guarcas y demás familiares de desaparecidos a que se suban a las bancas para ser vistos por la comunidad…

15

Ibídem. 16

Entrevista con Miguel Quiej. 17

Ibídem.

13

…Párense ahí, conózcanlos, ellos son los guerrilleros, ellos son los que le hacen daño a la gente

18.

- a turba obliga a que apaguen sus celulares, incluyendo a la PNC y la PDH. Estos últimos

se quedan inmovilizados ante la multitud enardecida. - La alcaldía auxiliar del Cantón Pocohil I, levanta un acta donde se les acusa a los

agredidos de causar provocaciones y se les obliga a firmar el acta. - Varias mujeres empezaron a golpear a doña Rafaela (madre de Jerónimo Guarcas), pero el

líder del COCODE detiene la golpiza. - Aproximadamente 10 líderes comunitarios se reúnen fuera de la turba y luego de

discusiones, aceptan que se retire la PNC, la PDH y Miguel Quiej, con la condición de dejar a las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos en el Cantón bajo su custodia.

- El Alcalde Auxiliar manda a llamar al pastor Sebastian Tebelan, y le pregunta si él le había contado a Jerónimo donde estaba enterrado su papa. Sebastián asegura que no le ha dicho nada. Entonces Jerónimo le responde:

Mire Don Sebastián, usted es pastor, no que dice la biblia que (…) mentirosos no van al reino de los cielos, y lo que él me había dicho que ya llevaba 28 años de estar en el Evangelio, y yo le dije: no que dice la biblia que un mentiroso no van al reino de los cielos, tus 28 años perdiste por una mentira, que en la realidad lo sabes (… ) y se mascó más y dijo: mira mano agradece que (… ) de Dios, sino te doy unos par de “cuentazos”- me dijo-, dale le dije, si yo me muero pues me muero por algo justo, no injusto como ustedes hicieron, pero yo estaba entregado a la muerte, aquí si se terminó todo, dale dije yo , de todos modos aquí estoy, yo me muero por algo justo, además no te estoy provocando, no te estoy haciendo nada, cuando si nosotros hicimos el trámite de exhumación, nosotros no denunciamos a nadie, a pesar que nosotros ya sabíamos que ustedes fueron los que asesinaron a la gente, nosotros no lo denunciamos pero si ustedes quieren, aquí vamos a ver qué va a pasar más después. Y se vino otra vez, y después dijo: yo me muero por Guatemala no me muero por Cuba. Ah vaya que pastor le dije yo, y toda le gente decía, quémalo, quémalo, gasolina

19.

Tercera agresión a defensores/as de derechos humanos

30 de mayo de 2009 1:00 a.m.

- Después de varias discusiones y reuniones, los ex PAC y actuales autoridades locales deciden aplicar castigo “maya”, y son azotados con látigo 7 hombres vinculados a la búsqueda de restos de familiares desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. El primero en pasar es Jerónimo Guarcas.

3 de junio 3:00 a.m.

- Salen huyendo de la comunidad Jerónimo Guarcas junto a su esposa y sus hijos.

23 y 27 de junio de 2009

- A Pocohil I llega la denuncia presentada por la FAFG y las autoridades locales reaccionan cortándole el agua al resto de familiares que no se fueron del cantón y se les obliga a pagar una multa de Q. 500.00 por los gastos que las autoridades tuvieron que hacer durante el proceso de castigo “maya”, ya que durante la noche del 29 de mayo tuvieron que ir a traer gente de otras comunidades en pick ups.

- Las tres familias que desde el inicio asumieron el proceso de exhumación de sus

18

Entrevista a Jerónimo Guarcas. 19

Ibídem.

14

1 de julio de 2009

familiares desaparecidos, deciden abandonar sus hogares y la comunidad, hacia rumbo desconocido.

3. Caracterización de los defensores y defensoras de derechos humanos agredidos y agredidas 3.1 Familiares de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente Según los testimonios de varias familias del cantón Pocohil I, en el cementerio clandestino ubicado en la parte trasera de la escuela pública existen tres fosas que concentran los restos de 35 personas, de los cuales solo tres familias decidieron iniciar el proceso de exhumación pues las demás

…no estaban convencidos por el hecho de que ellos aún estaban con un temor, porque en la misma comunidad viven los que supuestamente cometieron esos delitos en los años 82

20.

Por tal razón, el MP solo autorizó la exhumación de 14 osamentas. Antes del inicio del proceso de exhumación en el Pocohil I, se guardaba silencio público sobre la masacre a cuenta gotas, cometida durante el conflicto armado por miembros de la PAC local, entre junio y diciembre de 1,982. El shock en el cantón fue tal que algunas familias ni siquiera en lo intimo del hogar han podido sanar el duelo. Es a partir de las inquietantes preguntas que varios hijos hacen a sus madres sobre el paradero de sus padres, que surge la necesidad de buscar los restos y otorgarles digna sepultura. Años después, los ahora jóvenes se casaron, tuvieron hijos y junto a sus madres viudas, iniciaron en 2009 el proceso de exhumación con el acompañamiento de la CONCODIG y la FAFG, con la esperanza de encontrar los restos de sus familiares. La situación socioeconómica de las familias empeoró con la desaparición en el año 1982 de los padres de familia, ya que el trabajo en el campo en términos de la venta de la fuerza de trabajo, los brazos del hombre son mejor pagados. En el caso del cantón Pocohil I, las PAC han mantenido estructuras de poder local y las familias que tenían vínculos con la guerrilla fueron marginadas durante largo tiempo de las relaciones sociales de producción. Actualmente varios de los agredidos y agredidas se dedican a la venta ambulante de accesorios para celular, entre otras mercancías; en sus hogares tienen animales de corral y espacio de siembra para el consumo familiar. A pesar de la marginación, los jóvenes Jerónimo Guarcas y Manuel Sicaj se habían ganado la confianza del cantón y participaban en el Comité de Mantenimiento de Caminos y el Comité Pro-mejoramiento, respectivamente. Aparentemente, las relaciones se mantenían sin confrontación. Sin embargo, es a partir del proceso de exhumación que un grupo de ex PAC se siente amenazado por el temor de ser juzgados por un crimen cometido hace 28 años, principalmente aquellos que ocupaban puestos de representación en las estructuras de poder local (iglesias evangélicas, comités de desarrollo, alcaldías auxiliares). Después de la tortura que sufrieron siete miembros de la comunidad que fueron latigueados el 29 y 30 de junio de 2009, la familia de Jerónimo Guarcas y Manuel Sicaj Mejía decidieron huir del cantón, dejando en el abandono sus hogares. El destierro ha venido a complicar la situación económica y psicosocial de las familias, los hijos perdieron sus estudios y les está tocando sobrevivir en un contexto diferente, sumándose además la preocupación de ser perseguidos a donde quiera que vayan si el caso entra a juicio. Las familias vinculadas al proceso de exhumación que decidieron quedarse en Pocohil I han sufrido la criminalización de sus demandas, al punto que les han cortado el servicio del agua y les cobran multas inventadas. Así mismo, nadie les quiere dar trabajo por temor a ser acusados de apoyar a los “guerrilleros”.

Tabla 2

20

Entrevista a Miguel Quiej.

15

Guatemala: Agresiones que sufrieron los/as defensores/as de derechos humanos y los miembros de su familia relacionadas con el caso del Cantón Pocohil I,

municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché

Búsqueda Víctimas Agresiones

Padre

Manuel Sicaj Mejía (Comité pro-mejoramiento)

30 chicotazos

Padre

Jerónimo Guarcas Macario (Comité mantenimiento de caminos)

30 chicotazos

Padre

Ángel Salvador Guarcas 30 chicotazos

Padre

Juan Salvador Panjoj 30 chicotazos

Padre

Manuel Salvador Panjoj (hermano de Juan Salvador Panjoj)

Huyó de la turba

Esposo

Tomasa Tebelan

Diego Sicaj Guarcas (trabajador de doña Tomasa en la excavación)

20 chicotazos aprox.

Esposo

Dolores Macario (madre de Jeronimo Guarcas)

José Salvador Trabajador de Jerónimo en la excavación)

5 latigazos

Diego Salvador Guarcas 5 latigazos

3.2 La CONCODIG

CONCODIG brinda el apoyo jurídico social a las víctimas del conflicto armado interno dentro del tema de las exhumaciones de cementerios clandestinos. CONCODIG asesora a esas víctimas para los trámites legales para realizar una exhumación. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es concientizar a la gente, hablar con las víctimas y buscar en donde están enterrados sus seres queridos

21.

Luego de que las familias Guarcas, Sicaj y Salvador decidieran iniciar la recuperación de los restos de sus familiares para otorgarles digna sepultura, la CONCODIG acompañó el proceso de sensibilización de personas en el cantón, se realizaron charlas y reuniones ante organizaciones comunitarias, COCODES de Pocohil I y Chichicastenango, y en cuanto ellos autorización la exhumación se realizaron todos los trámites legales, coordinando con el MP y la FAFG. La CONCODIG lleva años trabajando en el sur de Quiché, haciendo trabajo de sensibilización sobre la memoria, la verdad y la justicia. En Chichicastenango, después de la tortura que sufrieron las familias Guarcas, Sicaj y Salvador, varias comunidades cercanas como Pocohil II y Chucojom, donde acompañaban procesos de exhumación, decidieron guardar silencio y suspender el proceso de recuperación de los restos de sus familiares enterrados en cementerios clandestinos. 3.3 La FAFG

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) es una organización no gubernamental, autónoma, técnico-científica, sin fines de lucro que contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y al respeto de los derechos humanos, a través de la investigación, la documentación, la divulgación, la formación y la sensibilización de los hechos históricos de violaciones al derecho a la vida y de casos de

21

Entrevista a Miguel Quiej.

16

muerte no esclarecidos. Así mismo, la FAFG conduce peritajes e investigaciones científicas, aplicando las ciencias forenses y sociales tanto a nivel nacional como internacional

22.

Para los procesos de persecución penal, los peritajes forenses aportan pruebas contundentes para el esclarecimiento de los casos: causas de la muerte, el contexto que las antecede y la identificación de las víctimas. En el caso FAFG 1115, localizado en el cantón Pocohil I del municipio de Chichicastenango, la investigación apenas daba inicio y estaba centrada en dos líneas al momento de la agresión: entrevistas de campo para la reconstrucción histórica del caso y la excavación de fosas clandestinas donde fueron enterradas extrajudicialmente las víctimas. El 29 de mayo de 2009, trabajadores de la FAFG que realizaban excavaciones en las fosas clandestinas fueron acusados de ladrones y guerrilleros, y fueron amenazados de linchamiento si regresaban a la comunidad. Tuvieron que salir huyendo dejando el carro de la FAFG en el lugar, el cual fue recuperado hasta el 15 de junio de 2009, tras una jornada intensa de negociaciones. El carro sufrió daños y se le sustrajo información vinculante al caso.

La FAFG reporta 946 casos de investigación antropológica forense realizadas en Guatemala en el período 1992 - 2008. En varios casos su trabajo ha causado molestias y enojos a ex PAC, tal como sucedió en San Pedro Jocopilas

23, para citar un ejemplo.

Sin embargo, es la primera vez que el trabajo de la FAFG es obstruido de forma violenta, al grado de tener que suspenderlo en el cantón Pocohil I por tiempo indefinido.

4. Poderes a los que se enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos 4.1 Ex PAC A partir de 1985, las PAC pasan a formar parte de los Comités Voluntarios de Defensa Civil (COVODECI). Ya con el proceso de democratización en ejecución, los jefes de patrulla pasaron a formar parte de los comités, y otros, por su confianza, se convierten en alcaldes; sin embargo, el plan del Ejercito de insertar en la política a los jefes de patrulla fue limitada en muchos lugares. El proyecto político de los militares no quería descuidar el control sobre los poderes locales que había engendrado, pues forma parte de la estrategia de guerra en tiempos de democracia, sin embargo el terror y el miedo provocado años atrás supuso también, el desistimiento de varios jefes de patrulla de sus puestos en las estructuras de poder local. Con el financiamiento de Banco Mundial (BM) en los años de la década 1990, se inician programas destinados para Comités de Paz y Desarrollo Comunitario y Juntas Locales de Seguridad, donde las ex PAC tendrían una forma legal y socialmente admitida “en tiempos de paz” para seguir en muchos lugares como estructuras de poder local institucional. Tanto en el cantón Pocohil I como en otras comunidades de Chichicastenango, las ex PAC tienen presencia en las estructuras de poder local institucional: Juntas Locales de Seguridad, comités pro-mejoramiento, comité de padres de familia de la escuela, entre otras. Cabe destacar la participación de dos miembros como pastores en iglesias evangélicas. Así mismo, las ex PAC del Cantón Pocohil I mantiene relaciones políticas con la alcaldía municipal de Chichicastenango, que desde hace varios períodos es comandada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

22

http://www.fafg.org/paginas/fafg.html 23

Entrevista telefónica con José Suasnavar, Subdirector Ejecutivo de la FAFG.

17

En el caso del Cantón Pocohil I, se evidencia que las ex PAC mantienen vínculos organizativos, y aunque no podemos decir que sea bajo los mismos lineamientos que durante el conflicto armado, el abuso de poder y la saña se mantienen como un recurso para el mantenimiento de ciertas relaciones de poder a lo interno del cantón. Cabe destacar que varios ex PAC del cantón están vinculados al coyotaje de personas y su situación económica se diferencia de los demás comunitarios. Al momento de que las tres familias iniciaron el proceso de exhumación, las ex PAC mantuvieron reuniones de coordinación, y el día 29 de junio de 2009 se provocó un clima de psicosis colectiva con el objetivo de reanimar las contradicciones heredadas del conflicto armado para utilizarlas en su defensa, los resultados fueron efectivos. La criminalización fue inducida cuando varios ex PAC trataron de secuestradores y guerrilleros a los defensores de derechos humanos, situación que culminó con la tortura de siete personas.

Tabla 3 Guatemala: Relaciones de miembros de ex PAC como agresores y como miembros de estructuras de poder local institucional en el caso del Cantón Pocohil, municipio de Chichicastenango, departamento

de Quiché

No. Nombre Delitos que se le imputan

1

Sebastián Martín Salvador (Encargado de vigilancia)

Ex PAC

Amenazas

Agresión

Daños

Instigación a Delinquir

2

Diego Martín Salvador (Encargado de Vigilancia y Pastor Evangélico

de la Iglesia Príncipe de Paz)

En el 82 era Alcalde auxiliar y jefe del PAC.

Coacción

Detención ilegal con agravación especifica

Desorden Público


Tortura

3

anuel Jorge Ordoñez (Actual Alcalde Auxiliar)

Resistencia con agravaciones especificas

Coacción


Discriminación

Desorden Público

Abuso de Autoridad


Tortura

4

Miguel Macario Xaper (Principal II)

Ex PAC


Coacción


Desorden Público

Abuso de Autoridad


Tortura

5

Sebastián Martín Chitic (Encargado de vigilancia)

Ex PAC


Coacción


Desorden Público

6

Tomás Salvador Salvador (Encargado de comité de padres de la

escuela)

Ex PAC

Tortura

7 Tomás Martín Morales

Ex PAC

Amenazas

Agresión

Daños

Pascual Martín Morales Amenazas

18

8 Ex PAC

Agresión

Daños


9

Mario Martin Martin

Ex PAC

Amenazas

Agresión

Daños


10

Sebastián Martin Guarcas


Coacción


Discriminación

Desorden Público

Abuso de Autoridad


Tortura

11

Miguel Ordóñez Pacajoj ortura

12

Juan Salvador Cúmez Tortura

13

Sebastiana María Morales González Amenazas

Agresión


Coacción


Desorden Público

Daños


14

María Martin Morales Amenazas

Agresión

Daños

Fuente: UDEFEGUA y entrevistas con torturados. Es necesario resaltar que durante las agresiones, varios ex PAC y miembros del cantón que estaban en la turba, proponían linchamiento -vapulearlos y en algunos casos, quemarlos vivos-, o aplicarles “castigo maya” (chicotazos). Se decidieron por el segundo. Como antecedente se tiene conocimiento que en el cantón aplican “castigo maya” a quienes son encontrados culpables de robo. A nivel del municipio de Chichicastenango, entre 1996 y el año 2002, la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA)

24 registró 12 casos de muerte

asociadas al linchamiento25

. Por otra parte, se tiene documentado que durante el año 2009 fallecieron tres personas a causa de linchamiento en Chichicastenango

26.

Es difícil caracterizar acá que es o no un castigo maya, y si es legítima o no esta práctica. Lo cierto es que la violencia prolongada a la que fue expuesta el pueblo K’iche’ durante el conflicto armado, sumado al precario sistema de justicia, estimula grandemente este tipo de agresiones. Puede decirse entonces que lo que sucedió en el cantón Pocohil I no es de ninguna manera un “castigo maya”.

24

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), fue establecida para verificar el Acuerdo sobre el

Definitivo Cese al Fuego entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el cual fue

firmado en Oslo el 4 de diciembre de 1996.

25

Tabla elaborada por Carlos Mendoza en julio de 2004 a partir de datos recopilados por la MINUGUA. En www.

Linchamientos.blogspot.com

26

Cifras oficiales del año 2009 elaboradas por Carlos Mendoza, www. Linchamientos.blogspot.com

19

Después de 30 años, la contradicción guerrilla-ejercito sigue presente en el imaginario colectivo de los habitantes el cantón Pocohil I, después de dos generaciones. En palabras de Jerónimo Guarcas:

Hay un grupo que está a favor de nosotros y un grupo que está a favor de ellos; hasta, incluso, tuvimos la información que estos señores llegaron en varias comunidades pidiendo apoyo y las comunidades lo que dijeron fue no; nosotros no tenemos que ver nada, eso fue en el 82, ¿por qué no pensaban lo que hicieron?, entonces ahí se quedaron, pero si tienen una parte de apoyo.

4.2 La relación de las EXPAC y el FRG en Chichicastenango El FRG fue reconocido legalmente el 10 de enero de 1990. Su Secretario General durante varios períodos ha sido el militar retirado Efraín Ríos Montt, quien fue Presidente de facto desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983.

En este grupo, encabezado por Juan Francisco Reyes López y Harris Withbeck Piñol, también participaron antiguos colaboradores del régimen de facto que Rios Montt presidió entre marzo de 1982 y agosto de 1983

27.

El partido del general, en 1995, en las vísperas de la firma de los Acuerdos de Paz, intentó, junto a otros oficiales en retiro, articular a las PAC alrededor de la propuesta política del FRG que, en suma, son un caudal político para colocar a cualquiera a la delantera de las elecciones, e influyeron para que apoyaran la propuesta de Alfonso Portillo.”

28

La base social principal del FRG son campesinos e indígenas, fundamentalmente del occidente del país, lugar donde las PAC y la actividad contrainsurgente fue más aterradora. Al parecer, la figura militar de la represión se convirtió en un patrón a seguir para sobrevivir por medio de la arena política, a ciertos espacios de poder que no permiten el señalamiento ni el juicio sobre lo sucedido durante el conflicto armado. Hasta las últimas elecciones generales de 2007, el diputado del FRG por el departamento de Quiché, Mario Rivera, era Secretario General Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido. A Rivera se le vincula con los apoyos a los ex PAC, en coordinación con la alcaldía municipal de Chichicastenango, la cual lleva ya tres períodos en el poder. 5. El papel de la institucionalidad estatal vinculada al caso La participación del MP en el caso tiene dos momentos. Uno, como parte del peritaje de exhumación de los restos óseos ubicados en fosas clandestinas, en la que actuó conforme a derecho. En el otro como representante del Estado en la defensa de los agredidos. Su papel es aparentemente neutral, aunque cuando se le recomendó ventilar el caso en otro juzgado debido a la influencia de las ex PAC en Chichicastenango, insistió que fuera llevado ahí perjudicando la continuación del proceso. La representación de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Quiché asumió la responsabilidad de negociar con las autoridades locales el retorno de los agredidos y agredidas al cantón Pocohil I, las que aceptaron. Sin embargo, al momento de llegar y encontrarse con la turba fue inmovilizada y sus intervenciones durante la tarde fueron vanas. Miguel Quiej, de la CONCODIG, y familiares de desaparecidos fueron retenidos, acusados de guerrilleros y de alterar el orden en el cantón. No obstante, durante la noche la PDH siguió intentando dialogar con los ex PAC y autoridades locales con la intención de liberar a las familias acusadas, a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y a Miguel Quiej. El grupo dirigente de la turba decidió que dejaran ir a todas las personas que no son de la comunidad pero a cambio se quedarían con las tres familias acusadas. Así es como la PDH, PNC y

27

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). “Guatemala: Monografía de los partidos políticos 2004-2008”,

pagina 49.

28

Sáenz de Tejada, Ricardo. “¿Victimas o vencedores? Una aproximación al movimiento de los ex PAC”. Editorial de Ciencias

Sociales, año 2004, página 16.

20

CONCODIG logran salir del cantón Pocohil I sin mayor percance, que el daño psicológico de permanecer inferiorizados por una turba enardecida. La PNC, como sucede en este tipo de casos, no posee el control para decidir sobre los retenidos; es más, en el cantón Pocohil I tiene vedado el acceso. Es sumamente complicado fungir como autoridad coercitiva en estos casos. La reputación de la PNC no es un escudo de protección cuando se enfrenta a una turba enardecida En síntesis, las ex PAC, para el caso del Cantón Pocohil I, Chichicastenango, se posicionaron por encima de cualquier representación del Estado manifestando alto grado de impunidad, tanto por la masacre cometida en 1982 como por las agresiones cometidas contra defensores y defensoras de Derechos Humanos a mediados de 2009. 6. Situación actual del caso Tanto la FAFG como la CONCODIG presentaron sus denuncias ante el MP sobre las agresiones que sufrieron en el cantón Pocohil I. Así mismo, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) se comprometió a llevar el caso a juicio. Después de las agresiones, Jerónimo Guarcas fue admitido por el tribunal como querellante adhesivo, situación que permite agilizar el proceso mediante la proposición de pruebas y dirigencias. Debido a la influencia de los ex PAC y su relación activa con el FRG en Chichicastenango, se le hizo saber al MP que sería riesgoso ventilar el caso en Quiche y se solicitó que el caso fuera llevado por un tribunal de alto impacto en la ciudad capital. Sin embargo, el fiscal del MP no realizó la solicitud y propuso que el control jurisdiccional del caso quedara en Santa Cruz del Quiche. El MP solicitó al juez contralor de Santa Cruz del Quiché, librar órdenes de aprehensión a 15 personas por la gravedad de los delitos imputados. No obstante, la jueza Rafaela López resolvió que los delitos no eran graves y que lo más adecuado era citarlos a primera declaración, en vez de la orden de aprehensión, perjudicando el proceso pues los señalados son autoridades locales y manejan cierto poder. En la primera semana de febrero de 2010, el abogado de la víctima asistió al juzgado de Santa Cruz del Quiche para las primeras declaraciones. Sin embargo, no se presentan los victimarios argumentando que las notificaciones no fueron recibidas por los mismos. Jerónimo Guarcas, en calidad de querellante adhesivo, presentó una recusación contra la jueza, considerando que estaba emitiendo juicios de valor anticipados cuando argumentó que “Los delitos no son graves”, entorpeciendo así el proceso de aprehensión. La jueza no aceptó la recusación y a su vez resuelve inhibirse del caso, provocando el traslado del caso a una sala regional mixta en la Antigua Guatemala para que resuelva a lugar o no, sobre quien debe conocer el caso y el lugar del juicio. De alguna manera, la intención de conocer el caso en otra locación puede evitar el tráfico de influencias ya que los COCODES y los ex PAC tienen vínculos con el diputado departamental del FRG por el departamento de Quiché, Mario Rivera, tal como ya la advertimos. Actualmente el proceso ha sido resuelto y el caso se encuentra bajo la tutela de un juez de Solola. Se espera que se giren las respectivas órdenes de captura para que el proceso pueda iniciar y la culpabilidad pueda ser determinada durante el proceso. El caso es delicado porque existe el peligro que los agresores se vayan del cantón antes de ser acusados. Según las últimas informaciones que llegaron a oídos de Jerónimo Guarcas, en el cantón Pocohil I, después de las agresiones, los líderes que estaban vinculados a la organización de las ex PAC, Diego Martin Salvador, Sebastián Martin Chitic, Sebastián Salvador, Tomas Salvador y Miguel Xaper, dejaron de participan en los comités de desarrollo y en las Juntas Locales de Seguridad, aunque siguen reuniéndose por aparte. 7. Mecanismos de defensa ante la agresión de defensores/as de Derechos Humanos en el Cantón Pocohil I

21

En el Cantón Pocohil I no existen más de 50,000 habitantes y solo existen tres apellidos de origen: Guarcas, Sicaj y Salvador. Prácticamente, toda la gente se conoce y los más grandes conocen lo que sucedió durante el conflicto armado, saben quiénes fueron las victimas y quiénes los victimarios. Como sucede en cientos de comunidades, la gente ha tenido que aprender a convivir con su historia y con su silencio. En el cantón se destapó la tumba del miedo, se removieron las historias y se actualizaron los crímenes, y la actuación de las ex PAC revivió prácticas pertenecientes al conflicto armado que aún están latentes. El conflicto armado provocó la muerte de 250,000 personas, la mayoría población civil que no estuvo en combate. Miles de familias acompañan la convivencia cotidiana por un duelo no resuelto, al no tener certeza sobre el paradero de sus seres queridos. Generacionalmente, las huellas de la memoria pretenden borrarse. El olvido, la mentira y la impunidad son los principales enemigos de la sanación social. Ante los señalamientos y las agresiones, varias familias optaron como mecanismo de defensa, desplazarse forzosamente por miedo a vivir en la zozobra o ser asesinados. En este caso, el mejor mecanismo de defensa es la justicia que pueda emanar del Estado, ya que como bien se dijo antes, el control de la comunidad los siguen teniendo estructuras de carácter paramilitar.

EL AVANCE DE MEGAPROYECTOS Y LA PARTICIPACION DE EX MILITARES

EN LA REGION IXIL EN LA ETAPA POST CONFLICTO

1. Contexto Histórico de la Región Ixil

La región del Pueblo Ixil ubicada en el departamento de El Quiché, suma 1,480 kilómetros cuadrados y se compone de los municipios de San Juan Cotzal con 218 kilómetros cuadrados; Santa María Nebaj con 574 kilómetros cuadrados; y San Gaspar Chajul con 688 kilómetros cuadrados

29.

Mapa 1

Guatemala: Localización de los municipios que constituyen el Área Ixil en el departamento de El Quiché

29

Martínez del Cerro Delgado, Magdalena. Informe del estudio “Análisis Territorial de la Región Ixil”. Programa del

Voluntariado Universitario de las Naciones Unidas. Versión electrónica. Agosto 2009. Página 3.

22

El 95% de sus habitantes son de origen maya-Ixil. Actualmente viven alrededor de 1 millón de personas entre los bosques de coníferas, la sierra de los Cuchumatanes, las montañas, ríos, climas fríos, templados y calurosos. Más de la mitad de los y las pobladoras tienen menos de 15 años. Es un pueblo joven debido a que durante el conflicto armado, su base social sufrió de genocidio por parte de las fuerzas represivas del Estado como producto del racismo con fuerte componente de clase. De esta cuenta, Cotzal es sobreviviente de cruentas masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzosos.

Una vez recibí la orden personalmente del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, de arrasar con una población completa y yo se lo comenté al mayor de esa época encargado del destacamento, mire me dieron la orden de desaparecer San Juan Cotzal

30.

El recuadro siguiente destaca elementos históricos que ejemplifican los niveles que adquirió el conflicto armado en la región.

I. Síntesis de la organización, resistencia y nivel del conflicto armado en la Región Ixil

durante el siglo XX

i) Organización y resistencia

En la historia reciente del siglo XX se recopilan algunos eventos de resistencia por parte del Pueblo Ixil. Por ejemplo, en 1924 pobladores de la aldea Ilom del municipio de Chajul se levantaron contra un terrateniente de origen mexicano que intentó expropiarles la tierra, encarcelándolo, teniendo éste que ser rescatado por la milicia de Nebaj y Cunen. Durante la dictadura militar del General Jorge Ubico se creó la Ley Contra la Vagancia, la que consistía en que la población indígena que no tenía trabajo fijo en las fincas de los terratenientes, estaba obligada a realizar trabajo forzoso: una forma de legalizar la esclavitud en pleno siglo XX. En ese contexto, en la década de 1930 se realizó un levantamiento por parte de los Ixiles de Nebaj para protestar contra el trabajo forzoso, siendo fusilados ocho Principales y 500 Ixiles movilizados forzosamente a las selvas de Peten para evitar cualquier tipo de resistencia. Como parte de la matriz productiva del agro guatemalteco, desde principios de siglo XX la oligarquía terrateniente agroexportadora de azúcar ha necesitado de la inmigración de miles de indígenas del occidente para realizar trabajos durante la zafra en la costa sur. La explotación de la fuerza de trabajo y la inferiorización caracterizada por malos tratos emanados del racismo, ha generado levantamientos. A mediados de la década de 1970, cientos de campesinos Ixiles se organizaron para exigir sus derechos laborales. Los finqueros informaron al Ejército que los Ixiles eran insurgentes y guerrilleros. En 1980, miles de campesinos se declararon en huelga, siendo unos 7,000 Ixiles, la mayoría trabajadores del Ingenio Pantaleón. Esta situación provocó que los finqueros señalaran a todos los Ixiles como combativos insurgentes, prefiriendo ya no contratarlos más. La organización de la lucha revolucionaria armada contra el poder político y económico de Guatemala se gestaba en las regiones donde se asentaron las organizaciones guerrilleras. Las organizaciones campesinas, sindicales, católicas y estudiantiles presionaban a los gobiernos militares de turno para exigir mejores condiciones socioeconómicas para el Pueblo guatemalteco, cuestionando y denunciando la represión en las comunidades indígenas, llegándose a conformar frentes urbanos dirigidos por las comandancias revolucionarias. A finales de la década de 1970, el Ejercito percibía que estaba en desventaja ante el avance organizativo de

30

Testigo: oficial superior activo del Ejército de Guatemala. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala:

Memoria del silencio. Capítulo II, Violaciones de derechos humanos y hechos de violencia. Guatemala 1999. Página 326.

23

la guerrilla y el movimiento popular. En especial, los departamentos del noroccidente guatemalteco fueron puestos bajo la mira de la ofensiva militar que se desataría a inicios de la siguiente década de 1980. Para el caso de la Región Ixil, sus antecedentes de resistencia aunados al estereotipo racista de ver en los indígenas no solo a grupos inferiores sino irreverentes a la autoridad ladina y a los grupos de poder económico, hizo de ellos un grupo peligroso y enemigo de la gran propiedad oligarca y su Estado-Nación. En el documento militar “Apreciación de Asuntos Civiles para la Región Ixil” se aprecia claramente el discurso racista de la negación del otro expresado en la contradicción indio-ladino, acusándolos de no prestar servicio militar, de no obedecer a las autoridades ladinas y ser hostiles con el Ejército. Veamos:

Actitud de la población. Por sus características históricas y étnicas es reacia a cooperar con las autoridades ladinas. (Sic).

Resistencia pasiva. Generalmente los Ixil no prestan servicio militar debido principalmente a que los reclutamientos se hacen en otras partes del país donde el carácter indígena es más proclive a la disciplina militar. (Sic).

Téngase presente que los Ixil, por sus características especiales, sociológicas, siempre han sido desconfiados, principalmente de todo aquello que provenga de los ladinos. (Sic).

Efectivamente, el discurso y la práctica racista ha sido estimulada desde la colonia para justificar el despojo de los bienes naturales y la explotación de la fuerza de trabajo de los Pueblos de origen maya. A lo interno de la formación socioeconómica guatemalteca, el “ladino” ha contado con ventajas, o más bien el “indio” ha sido inferiorizado y proclive a cualquier tipo de vejamen por su condición histórica, diferenciada desde las clases dominantes. De esa cuenta es que la reproducción del discurso racista por parte de Pueblos originarios mayas, reacciona ante la opresión y el capital representados en el paradigma del “no indígena”, del diferenciado por su condición histórica de explotado. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en ingles), en 1982 documenta las perspectivas y acciones del Ejército de Guatemala sobre el combate en la Región Ixil, y les responde, en la página 3 de un documento desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos… …La creencia, bien documentada, del Ejército de que la población indígena ixil en su totalidad está a

favor del EGP, ha creado una situación en la que se puede esperar que el Ejército no dejará sobrevivientes de igual forma entre combatientes y no combatientes

31.

Para 1981, la población de la Región Ixil era de 44,784 personas, de los que el 87% eran de origen maya-Ixil. Para el alto mando del Ejército de Guatemala, el Pueblo Ixil era subversivo por su “naturaleza”, al igual que sucedió con los Pueblos originarios mayas del norte huehueteco y otras regiones del país. Algo que es importante señalar es que el Ejército de Guatemala y, en especial, el Alto Mando militar, no diferenció entre guerrilla y población civil; más bien, estratégica e ideológicamente definió que la población indígena que no pertenecía al Ejército y se encontraba asentada cerca de la presencia guerrillera, se convertía automáticamente en población enemiga. Estos argumentos ideologizados poseen un alto contenido de clase, ya que el Alto Mando militar, la CIA y los grupos de poder político y económico de Guatemala, sabían que las condiciones de pobreza, exclusión y racismo provocadas por el acaparamiento histórico de los medios de producción y el sometimiento al trabajo forzado, coincidían con las propuestas de liberación que movilizaban a la guerrilla. En la medida que el trabajo organizativo del Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP) aumentaba en la región, poco a poco las comunidades periféricas a las zonas del núcleo de dirección se fueron convirtiendo en base social de apoyo logístico, ideológico y de movilización popular.

31

CIA, G-5-41,P12.41, released febrero, 1988, febrero, 1982.

24

La represión que se vendría mas agudamente en 1982 contemplaría una forma sistemática de control poblacional, exterminio y generación de terror, planificada en el plan de campaña Victoria 82 y, en especifico, en el Plan de Operaciones Sofía. En ambos planes se vinculan las cadenas de mando en las que participaron dando órdenes, el entonces Presidente de la República, general Romeo Lucas García; su sucesor, el Presidente de facto, general Efraín Ríos Montt; el entonces Ministro de la Defensa del gobierno de facto de Ríos Montt, coronel Humberto Mejía Víctores, y el entonces capitán y hoy general retirado Otto Pérez Molina, conocido en ese entonces como Comandante Tito.

ii) La represión Uno de los objetivos principales del Ejercito a inicios de los años de 1980 para desarticular al movimiento revolucionario, fue aislarlo de las bases sociales de apoyo en dos vías íntimamente ligadas. Por un lado, la conformación de la Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), y por el otro, la eliminación de la población civil de las principales zonas de conflicto que no se alinearan a su política. En ese sentido, la Región Ixil figuraba como uno de las principales poblaciones civiles a eliminar, por lo que en 1981 se realizó la Operación Ixil, dirigida contra todo un grupo étnico y donde se contempló realizar campañas psicológicas para que… …se rescate la mentalidad ixil hasta hacerlos sentirse parte de la nación guatemalteca. Así mismo, se cerca el área de combate identificándola como Triangulo Ixil. En 1982 se crea la Fuerza de Tarea Gumarcaj con aproximadamente 2,200 efectivos militares que recibieron órdenes directas del centro de operaciones de Santa Cruz de Quiché y sus superiores del Alto Mando militar. Para dividir aun más a las comunidades se conformó una compañía integrada únicamente por Ixiles y se realizó una campaña de negación cultural a través de la violencia en la que el traje que caracteriza el vestuario de los y las pobladoras de la región, se convirtió en objeto distintivo de persecución. Igualmente, el idioma Ixil era sinónimo de lenguaje guerrillero, declarándole así la guerra a todo un grupo étnico, provocando que los Ixiles dejaran de utilizar su vestuario tradicional y su lenguaje originario. Entre 1980 y 1983 fueron desaparecidos, torturados y ejecutados extrajudicialmente varios líderes comunitarios del comité pro tierras, alcaldes y auxiliares, miembros de la Iglesia Católica y autoridades mayas. El ataque dirigido a las figuras simbólicas de poder local constituyó parte fundamental de la estrategia de terror, desestructuración de la dinámica social y la consecuente desmovilización de la lucha popular. Un testimonio recogido por la CEH en Vicalamá, Nebaj, ejemplifica lo sucedido: Entonces el Ejército escuchaba (…) que tiene una coordinación con sus familias, por eso el Ejército

empezó a controlar eso también. Así se cortaron las relaciones de las familias, allí se destruyeron las costumbres, el modo de vivir (…) lo que había entre la gente. Porque la gente siempre sabía su modo de defenderse, de hacer justicia entre algunos problemas, pero empezó la guerra, la violencia, allí se olvidó.

Entre marzo de 1980 y noviembre de 1982, la CEH registra en la Región Ixil 32 masacres de las 52 contabilizadas hasta la fecha. La crueldad del asesinato colectivo, la exhibición pública y reiterada dirigida contra la población civil de origen maya Ixil, constituye uno de los casos paradigmáticos del genocidio ocurrido en Guatemala por parte de las fuerzas represivas del Estado, las cuales deben ser atribuidas a los autores intelectuales y no tanto al Estado como figura abstracta. El genocidio es un crimen de lesa humanidad que consiste en eliminar total o parcialmente a un grupo definido, en este caso por su condición étnica. Otro de los crímenes de Estado cometidos fue el reclutamiento forzoso de menores de edad. Paralelo a las masacres se desarrolló la política de tierra arrasada, la cual consistía en destruir físicamente los bienes materiales de las comunidades, la mayoría de veces, prendiéndoles fuego a las casas y a los cultivos. Así pues, los sobrevivientes de las masacres no tenían otra opción que desplazarse para conseguir refugio en otras localidades; sin embargo, en muchos de los casos, las y los refugiados fueron perseguidos y exterminados. Así mismo, existen casos donde las y los pobladores regresaron a sus tierras a rehacer su

25

vida y el Ejército volvió a atacarlas. De acuerdo con la CEH, entre 1980 y 1983 la política de tierra arrasada se tradujo en la destrucción total o parcial de aproximadamente 90 aldeas que representaban entre el 70% y 90% de las comunidades de la Región Ixil: 54 en Nebaj, 26 en Chajul y 10 en Cotzal. Esta situación provocó el desplazamiento forzoso de miles de campesinos Ixiles a las montañas donde también fueron perseguidos. Muchos murieron de hambre, frio y enfermedades. Otros se las ingeniaron para sobrevivir de los frutos silvestres y raíces. Se estima que un 60% del Pueblo Ixil fue desplazado forzosamente. En términos generales, en el departamento de El Quiché, el Ejército de Guatemala perpetró 626 masacres De manera conclusiva podemos decir que la Región Ixil en su totalidad fue vista por el Alto Mando militar y por la CIA como un enemigo a exterminar. Independientemente de su condición de civil, los y las pobladoras de origen maya Ixil fueron objeto de genocidio, el cual tiene repercusiones en la estructura socioeconómica de la región y en sus representaciones socioculturales.

Fuente: Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), “Guatemala: Memoria del Silencio. Capítulo II, Violaciones de derechos humanos y hechos de violencia. Región I (Pueblo maya ixil): Municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul.” Guatemala 1999. Páginas 326-359.

2. Actuales amenazas para los y las defensoras de derechos humanos en el territorio de los Pueblos Ixiles

La firma de los Acuerdos de Paz entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno-Ejército de Guatemala, culminaron oficialmente con el conflicto armado que duró por mas 36 año. En el conjunto de los 12 Acuerdos

32 se plasman algunos principios que debieran aportar para la solución de los

problemas que originaron el enfrentamiento armado. En lo que respecta a los Pueblos Indígenas y, en especial, a los y las Ixiles, los Acuerdos de Paz sólo fueron papeles con promesas cumplidas a medias, que por la falta de voluntad política de los grupos con mayor poder económico, político y militar en el país, no han trascendido. Los Acuerdos en sí contienen las bases para generar cambios estructurales a través de la redistribución de los medios de producción, respeto a los derechos humanos y autodeterminación de los Pueblos Indígenas así como la desmilitarización de las comunidades. Sin embargo, 14 años después lo que se ha visto es una agudización de las condiciones de vida de los Pueblos Indígenas. Después del conflicto armado se detectan continuidades que se identifican como amenazas y situaciones de generación de conflictos para el territorio del Pueblo Ixil y, en particular, para los y las defensoras de los derechos humanos. La impunidad sobre los crímenes de Estado deja entre dicho, el poder político que continúan teniendo los culpables del genocidio en la Región Ixil. Asímismo, la política ineficiente del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) no está contribuyendo a la sanación integral de las víctimas del conflicto armado. La reapertura de varios destacamentos militares en el norte del departamento de Quiché y la permanencia de estructuras clandestinas de paramilitares y el narcotráfico, han reactivado formas de control social e intimidación que se resumen en la remilitarización y la criminalización de los Pueblos Indígenas. Lo anterior se empalma con la continuación de una estructura socioeconómica desigual y la cooptación de varias estructuras de poder local institucional con vínculos históricos con el Ejército, en complacencia con el

32

Los Acuerdos son: Acuerdo Global sobre Derechos Humanos; Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones

Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado; el Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de

las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca; el

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas; el Acuerdo sobre Aspectos Socio-económicos y Situación Agraria; el

Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder civil y Función del Ejercito en una Sociedad Democrática; el Acuerdo sobre el Definitivo Cese

al Fuego; el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral; el Acuerdo sobre Bases para la incorporación de la URNG a

la Legalidad; y el Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Verificación y Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.

26

despojo y usurpación de los bienes naturales del territorio del Pueblo Ixil por parte de empresas de capital nacional y transnacional para la instalación de megaproyectos. En el departamento de Quiché se ejemplifican las actuales formas de acumulación por desposesión, planificadas por la elite política y económica de Guatemala y las empresas transnacionales, para aumentar sus ganancias despojando de los bienes naturales a los Pueblos, ocasionando graves daños a la ecología de la región y, por ende, a sus formas de subsistencia, a través de la construcción de hidroeléctricas, explotación de petróleo, de minerales metálicos y no metálicos, mega carreteras y monocultivos de palma africana.

2.1 Pugnas locales entre el poder institucional y el poder comunitario Las heridas de genocidio no han sanado y lastimosamente se están agudizando porque las autoridades

municipales no siembran la armonía y la reconciliación, sino más bien, el conflicto, el pleito, la confrontación. Las instancias de justicia que tienen presencia en la región ixil no imparten justicia, los partidos políticos crean

división. Nos preocupa muchísimo esta situación que está viviendo nuestras comunidades33

.

Antes de que el conflicto armado instaurara el terror en la Región ixil, diversas comunidades, entre ellas Salquil Grande, inició proyectos de desarrollo local que lograron mejoras en infraestructura, economía local y generación de servicios públicos como escuelas, puestos de salud y agua potable. Sin embargo, las relaciones sociales de producción y reproducción de la existencia así como su estructura política fueron desarticuladas violentamente. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz se han incrementado los proyectos de “desarrollo comunitario” impulsados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) así como los proyectos municipales que se concretan con los presupuestos que reciben las municipalidades de la Región Ixil. Entre los más frecuentes figuran la cooperación y el voluntariado para el fomento de la producción sostenible y el turismo. A raíz de ello se ha iniciado la capacitación de organizaciones basadas en lógicas empresariales de competitividad y negocios, insertando dinámicas capitalistas a las formas de organización tradicionales de la Región Ixil, principalmente en la mercantilización de la cultura. Cabe resaltar que a pesar del adoctrinamiento histórico de la religión católica como instrumento de sometimiento ideológico de la clase explotadora, la cosmovisión maya persiste en la región. No obstante, la proliferación de iglesias evangélicas está ocasionando algunos conflictos, fundamentalmente porque éstas no respetan las formas ancestrales de concebir la espiritualidad de los Pueblos Mayas y por el divisionismo emanado de la gran cantidad de células de familias evangélicas. Las formas de organización política y de impartición de la justicia en la Región Ixil, de igual forma responden a formas históricas basadas en principios que rigen…

Las primeras autoridades comunitarias de esta comunidad se constituyeron mediante asambleas de principales Mam kuk‟uy. Fueron investidos e invocados frente a Kub‟al Tiixh hace más de doscientos años; desde entonces, vienen asumiendo un papel importante para el desarrollo del pueblo maya ixil, rigen la vida de la comunidad mediante principios, normas y valores de la cultura maya ixil, atienden todo tipo de casos desde reivindicaciones organizativas hasta la impartición de justicia de conformidad a las tradiciones y costumbres mayas (derecho maya). Desde la casa comunal que es una casa de adobe donde se atiende a la población sobre diversos asuntos que atañe a la vida individual y colectiva y son los que fortalecen y perfeccionan la convivencia

34.

Durante el conflicto armado, las formas de convivencia en la Región Ixil se vieron drásticamente interrumpidas y es hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz que se reestructuran las formas ancestrales de organización política y de impartición de justicia, se inicia un trabajo por la recuperación de los principios que rigen su cosmovisión y se restituye el Consejo de Principales como el ente rector de los asuntos comunitarios.

33

Memorial de las Comunidades de Salquil Grande, Xejalvinté, Pulay, Xecotz, Tzalbal, Parramos Chiquito, Vijolom I, Quejchip,

municipio de Nebaj, departamento de Quiché. 7 de enero de 2010. Página 1. 34

Op., cit., página 2.

27

En Salquil Grande, en el año 2000, apegados al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas…

…se firmó un pacto con el Consejo Municipal del municipio de Nebaj, en el que se reconoce, mediante acta municipal, la potestad de la aldea de ser sujeto al desarrollo, se autorizó la celebración del cambio de vara y cambio de autoridades comunitarias cada fin de año en el sector cuatro de Salquil Grande, el respeto a las tradiciones y costumbres de la comunidad, velar por los asuntos internos y la protección del patrimonio comunal. El acta municipal además contempla el respeto de las autoridades comunitarias del manejo de sus asuntos internos en constancia con la cultura, la Constitución Política y las leyes internacionales vigentes que tutelan los derechos de los Pueblos Indígenas

35.

La autodeterminación de los Pueblos es un derecho legítimo negado históricamente. Las estructuras de poder local han sufrido un proceso de institucionalización por parte del Estado guatemalteco. En Nebaj así como en otros Pueblos Mayas, existen conflictos que emanan de contradicciones en la forma de proceder y concebir el poder y la justicia.

Tabla 1

Guatemala: Cronología del conflicto entre el Alcalde municipal de Nebaj, Gerónimo Bernal Guzmán, y las autoridades ancestrales

Cronología

Descripción del conflicto

14/01/04 Asume la Alcaldía del municipio de Nebaj, Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán, postulado por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

11/10/04 El alcalde municipal de Nebaj impone Alcaldes auxiliares y Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) afines al FRG. El Consejo de Principales y varias comunidades rechazan las medidas y exigen que se les consulte y se les respeten las formas ancestrales de elegir a sus autoridades y Comités. Bernal denuncia a 17 líderes comunitarios ante los tribunales, calificando de ilegal su decisión.

28/12/04 El Alcalde organiza y moviliza a decenas de personas de otras aldeas para desalojar a los Alcaldes comunitarios de la Auxiliatura de Salquil Grande, donde agredieron a más de 15 Principales con palos, piedras y armas blancas.

07/09/06 El Alcalde es acusado por la comunidad de falsificar un documento donde intenta adueñarse del mercado comunal de Salquil Grande. El terreno y la construcción del mercado fueron financiados con aportes de la comunidad y apoyo de instituciones sociales.

27/09/06 Bernal Guzmán agrede físicamente al Alcalde comunitario de Salquil Grande, al Director del Bufete Popular, Vicente Chibalam, y a personal de derechos humanos y Defensoría Maya. Seguidamente los encierra en su despacho municipal.

28/09/06 Un grupo de personas secuestran al líder comunitario José Raymundo Cedillo para torturarle. Los vecinos se enteran y logran rescatarlo ya herido.

14/01/08 Bernal Guzmán fue reelecto como Alcalde municipal en las elecciones generales de 2007, y ese día asume.

10/03/09 El Alcalde moviliza 10 camionetas con personas armadas para secuestrar al Alcalde comunitario y lideres de Salquil Grande. Se escuchan varios disparos de armas de fuego.

35

Op., cit., página 2.

28

15/03/09 5 personas enviadas por el Alcalde de Nebaj retienen al señor Nicolás Pérez Bernal y lo torturan, dejándolo impedido de su mano.

19/12/09 5 personas, entre ellas, dos policías de tránsito de la Municipalidad de Nebaj identificadas con los nombres de Vicente López Raymundo y Pedro Rubén López Raymundo, ingresan a la comunidad de Salquil Grande. A eso de las 14:00 p.m., Francisco Raymundo Pérez caminaba junto a su esposa Petrona Rivera Raymundo, cuando Pedro Rubén López Raymundo le disparó. La bala impactó al lado derecho de la cabeza, quitándole 4 dientes, saliendo por la quijada del lado izquierdo. (Denuncia ante el MP de Nebaj No. 238/2009/2700 del 04/01/2010).

19/12/09 Horas más tarde, José Raymundo Cedillo es acusado de disparar contra Pedro López Raymundo -hermano de Pedro Rubén López Raymundo- en el abdomen y la cabeza. Vicente López Raymundo huye entre los matorrales provocándose heridas en el antebrazo derecho.

22/12/09 Miguel Ceto presenta una denuncia contra Pedro Rubén López Raymundo en la Fiscalía del MP de Nebaj por las agresiones contra Francisco Raymundo Pérez.

26/12/09 Aproximadamente 150 vecinos se organizan desde horas de la mañana para buscar a Pedro López Raymundo, quien llevaba desaparecido desde el 19/12/2010. A eso de las 10:00 a.m. encuentran el cadáver de Pedro López Raymundo a orillas de un río, con indicios de haber querido ser desaparecerlo.

28/12/09 Pedro Rubén López Raymundo es citado a primera declaración ante el Ministerio Publico y se abstiene de declarar. El Juez dicta auto de procesamiento en su contra y prisión preventiva hasta que se aclare el caso.

30/12/09 Cuatro personas realizan disparos frente a la Auxiliatura Comunitaria de Pulay. Por la noche, el Consejo de Principales intenta ser sustituido a la fuerza por personas allegadas al Alcalde municipal. Sin embargo, gracias a la intervención de las alcaldías indígenas de Nebaj, Chajul y Cotzal se logró que se respetaran a las autoridades comunales.

01/01/10 Miembros de la Corporación Municipal del Alcalde Bernal Guzmán, reparten propaganda del Partido Patriota (PP).

11/01/10 En la página 48 del diario escrito Prensa Libre, Bernal Guzmán acusa a José Cedillo Raymundo como el autor intelectual del crimen y vincula como cómplices a Miguel Ramírez, Miguel Ceto, Mateo Corio, José Pérez Brito y a Diego Cobo, originarios de Salquil Grande, a los cuales acusa de portar armas de fuego de grueso calibre con las cuales intimidan a la población.

06/07/10 Hombres desconocidos asesinan a Domingo Eleodoro Bernal Guzmán del PP, hermano y asesor del Alcalde municipal Virgilio Bernal Guzmán. Murió en el hospital a causa de las heridas en el cráneo y los pulmones.

Las principales causas del conflicto con el Alcalde Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán estriban en la prepotencia y el abuso de poder contra representantes de los Pueblos Indígenas. En reiteradas ocasiones ha provocado agresiones contra el Consejo de Principales tratando de imponer a representantes allegados a su persona. Sin duda, la representación comunitaria le ha significado un obstáculo para hegemonizar el poder en el municipio de Nebaj y tomar decisiones sobre el territorio con mayor facilidad.

29

Dos situaciones que ejemplifican que las pugnas son principalmente de carácter económico, se plasman en las intenciones de Bernal Guzmán de apropiarse del nacimiento de agua que los y las comunitarias de Salquil Grande compraran hace años. En Salquil Grande, desde los años de la década de 1980, se realizaba la extracción del mineral barita en cantidades menores. Sin embargo, esta mina a cielo abierto empezó a realizar detonaciones cada vez más grandes y, en el año 2004, una explosión para extraer el mineral socavó el nacimiento de agua de Salquil Grande que abastecía aproximadamente a 5,000 pobladores y pobladoras ixiles de esa comunidad y de las de Quejchip y Xepium. La negligencia de estas acciones por parte de la empresa a nombre, para ese entonces de Jorge Luis Ávalos Austria, forzó a los comunitarios a comprar un nacimiento de agua ubicado en Palop, desde donde tuvieron que instalar una tubería que se conecta con el nacimiento seco donde se localiza un pozo de captación en el comunal de Salquil Grande. El total de la inversión fue de Q. 60,000.00 recaudados por los y las pobladoras de la región.

Bernal Guzmán Foto tomada del documento “Rendición de Cuentas, municipio de Nebaj”.

Durante la gestión de sus dos periodos consecutivos, Bernal Guzmán ha querido apropiarse del nacimiento de agua que los y las comunitarias de Salquil Grande tienen en Palop e inició acciones para apropiarse del mercado comunal de la zona para realizar cobros abusivos. Según defensores/as de derechos humanos, el Alcalde solo busca excusas para agredir a las expresiones y bienes de los Pueblos Indígenas. Así mismo, se muestra dispuesto y complaciente a propiciar el ingreso de empresas de capital nacional y extranjero que deseen explotar los bienes naturales de Nebaj. Según lo expresado por varios/as comunitarios/as de Nebaj, Bernal Guzmán está vinculado históricamente con los militares y se le acusa de haber participado como miembro del Ejército de Guatemala en la Región Ixil. Coincidentemente, el partido que lo ha tenido en el poder durante dos periodos ha sido el FRG que, como ya se sabe, ha estado encabezado por Ríos Montt, Presidente de facto en 1982, periodo durante el cual se agudizaron las masacres y la intencionalidad de eliminar a las y los pobladores de la Región Ixil. Actualmente, varios miembros del FRG ha buscado alianza con el Partido Patriotra (PP) cuyo Secretario General, general retirado Otto Pérez Molina, ha sido señalado de participar en las operaciones militares de la región Ixil a inicios de la década de 1980. Durante su campaña electoral de 2007, Pérez Molina visitó la Región Ixil y su llegada a Nebaj fue recibido por Bernal Guzmán, quien lo declaró durante el mitin político frente a miles de Ixiles como el “Embajador de la Paz del Área Ixil”. De igual forma, le colocó el saco y el sombrero que caracteriza la vestimenta de Nebaj.

30

Durante el acto, el Sr. Pérez Molina afirmó:

Nebaj ha estado siempre en mi corazón. Aquí, hace 24 años, me reunía con los ex patrulleros (de Autodefensa Civil) para defender al país, y de aquí me fui para firmar la paz (…) Ahora vuelvo para decirles que pronto van a tener la oportunidad de desarrollo que tanto han esperado

36.

Mitin político del PP durante la campaña electoral de 2007 en Nebaj. Al centro aparece el Sr. Pérez Molina y a la derecha el recién reelecto Alcalde de Nebaj, Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán

37.

2.2 Criminalización de los Comités de Víctimas y política ineficiente del PNR El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) es una institución creada con el objetivo de contribuir al proceso de paz y reconciliación impulsado por el Estado guatemalteco. Su visión está orientada en resarcir integralmente a la población civil que fue víctima de las fuerzas represivas del Estado. Las cinco medidas que el PNR está facultado para proveer son

38:

I. Dignificación a las víctimas del conflicto armado interno: Acciones orientadas a la recuperación de

la memoria histórica y la dignificación de las víctimas civiles que sufrieron violaciones a los derechos humanos.

II. Resarcimiento Cultural: Acciones orientadas a la recuperación de la cultura y la identidad de los

Pueblos Indígenas que fueron afectados por el conflicto armado interno.

III. Reparación Psicosocial y Rehabilitación: Acciones dirigidas a los grupos más vulnerados psicosocialmente, así como las personas que fueron afectadas físicamente durante el conflicto armado

36

Salazar, Elías. “Candidato en gira por Quiché” Nuestro Diario, versión electrónica: http://digitalnuestrodiario.com 37

Salazar, Elías, op. cit.

38

http://www.pnr.gob.gt

http://digitalnuestrodiario.com/

31

interno. Esta medida se vincula interinstitucionalmente con el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MSPAS).

IV. Restitución Material: Acciones orientadas a restablecer las pérdidas materiales que sufrieron las

comunidades durante el conflicto armado interno, incluyendo la restitución de la tierra, vivienda, la seguridad jurídica de la tierra e inversión productiva.

V. Resarcimiento Monetario: Acciones de resarcimiento económico priorizando a quienes quedaron

imposibilitados de realizar actividades productivas. Estas medidas podrán ser individuales o colectivas. El poco presupuesto, la falta de transparencia, la mala planificación y las restricciones para los ex PAC son algunos de los obstáculos con los que cuenta el programa. Así mismo, ha sido utilizado para fortalecer la campaña política de los gobiernos de turno. El 9 de diciembre de 2008, representantes de 28 comunidades de distintos departamentos del país, presentaron varios memoriales en un acto solemne en el Palacio Nacional de la Cultura, donde demandaron del PNR un resarcimiento integral y colectivo a las víctimas del conflicto armado, tal como lo mandata dicha institución. En el acto estuvo presente el Secretario de la Paz (SEPAZ), Orlando Blanco Lapola, y el Director Ejecutivo del PNR, César Dávila. A cuenta de ello, la diputada Otilia Lux y los diputados Walter Felix, Armando Sánchez y Aníbal García, solicitaron una reunión con representantes comunitarios, representantes del PNR y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Luego se realizaron visitas a la Región Ixil para escuchar las peticiones sobre el resarcimiento ofrecido a las víctimas. El 15 de junio de 2009, en la aldea Chisis del municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, se reunieron miembros del PNR y de la PDH junto con aproximadamente 200 pobladores y pobladoras de las comunidades de Pal, Chajul, Chisis, Villa Hortensia antigua, Villa Hortensia II, Cajixay, San Marcos Cumla y San Antonio Titzach. Durante la reunión, los y las pobladoras exigieron respuestas concretas a las demandas sobre el resarcimiento integral, pero no se llegó a ningún acuerdo porque los representantes del PNR no tenían la capacidad de tomar decisiones sin la presencia del Coordinador General, Cesar Dávila. Exigieron así, la presencia de éste para llegar a acuerdos definitivos acerca del resarcimiento integral que desde hacía seis meses había sido prometido. Para llegar a un acuerdo se necesitó de la mediación de Alfredo de León, asesor del diputado Walter Felix de la bancada de la Unidad Revolucionaria Guatemalteca ( URNG), para sostener una reunión privada entre representantes comunitarios y los representantes del PNR, Mario Morales Solares y José Santiago Solís. La reunión duró aproximadamente una hora y en ella se tomó el acuerdo de sostener una reunión el 16 de julio de 2009, entre representantes de los comités de victimas y representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el PNR para tomar decisiones. Sin embargo, un día después de esa reunión, el 16 de junio de 2009, los representantes del PNR residentes del caserío Visan, del municipio de Nebaj, presentaron una denuncia penal ante el MP por detención ilegal, coacción y amenazas contra de las personas que aparecen en la tabla siguiente.

32

Tabla 2

Guatemala: Personas demandadas por representantes del PNR en el municipio de Nebaj

No. Nombre Cargo Residencia

1 José Canto Representante del Comité de Victimas

Aldea Villa Hortensia Antigua, municipio de Cotzal

2 Diego Guzmán Alcalde auxiliar Aldea Pal, municipio de Chajul.

3 Gaspar Torres de la Cruz Representante del Comité de Victimas

Aldea Cajixay, municipio de Cotzal.

4 Juan Torres Representante del Comité de Victimas

Aldea Vichibalá, municipio de Cotzal.

5 Miguel Bernal Gómez Representante del Comité de Victimas

Aldea Villa Hortensia II, municipio de Cotzal.

6 Gerónimo Sánchez Representante del Comité de Victimas

Aldea San Marcos Cumla, municipio de Cotzal.

7 Tomas Chamay Representante del Comité de Victimas

Aldea Chisis, municipio de Cotzal.

8 Nicolás Toma Marroquín Representante del Comité de Victimas

Aldea San Antonio Titzach, municipio de Cotzal

9

Miguel Ángel Castillo

Coordinador de Paz Ixil

10

José Raymundo Cedillo

Representante del comité de

aldeas

Salquil Grande

11

Trabajadores del Centro de

Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas CAFCA.

Ciudad de Guatemala,

Departamento de Guatemala.

El origen del conflicto se da a causa de la forma en que el PNR está respondiendo ante las demandas de los y las pobladoras víctimas del conflicto armado. Así mismo, pareciera que falta capacidad de comprender las dinámicas comunitarias porque el PNR justifica que no brindará la atención hasta que las comunidades 'se comporten'. Se observa una actitud de criminalización y discriminación que se da cuando personas ajenas a los contextos llegan con actitudes de superioridad. Otro de los problemas que originaron el conflicto es que el PNR no ha realizado una selección adecuada del personal que debe representar a una entidad vinculada con el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, tal es el caso de José Santiago Solís, quien ha sido identificado por los y las pobladoras como ex miembro de las PAC y que durante el conflicto armado utilizó armas de grueso calibre diferenciándolo de los demás patrulleros. Las políticas de Estado encaminadas a coadyuvar al proceso de sanación y reparación de las relaciones e instituciones sociales de Guatemala son una obligación histórica y moral que tiene con las poblaciones violentadas durante el conflicto armado.

2.3 Minería en aldeas del municipio de Nebaj La mayor concentración de minerales metálicos según el mapa de potencial minero del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se encuentran en la cordillera central. Coincidentemente, en una de las regiones que sufrió la mayor represión durante el conflicto armado y con importantes índices de exclusión. Desde los años de 1960, el departamento de Quiché, junto a otros departamentos de la cordillera central, fue visto como un reservorio de recursos energéticos por parte del capital nacional y extranjero.

33

Mapa 2

Guatemala: Localización de la cordillera central

La exploración sistemática en la zona se inicio el año 1966, participando organismos internacionales conjuntamente con la Dirección General de Minería, así como en forma individual de ésta última. Los trabajos tuvieron una secuencia gradual y progresiva hasta 1981, cuando se suspendieron por problemas políticos

39.

Durante el conflicto armado se suspendieron los trabajos de exploración, perjudicando lo planes de expansión del capital de empresas nacionales y extranjeras, no obstante los proyectos ya en explotación, siguieron generando ganancias…

Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio Federal de Asuntos Económicos de Viena en 1998 (…) Guatemala también se mantuvo entre los primeros 10 productores principales a nivel Latinoamericano en minerales como: Barita, feldespato, bentonita y otros

40.

Con el objetivo de generar mejores condiciones para la inversión nacional y extranjera, el MEM decretó un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, la Ley de Minería, Decreto 48-97, en la que se establecen las regalías que las explotadoras de minerales deben dejar a Guatemala, distribuyendo el 0.5% al Estado, y otro 0.5% a la Municipalidad de la jurisdicción donde esté el proyecto. Es decir, el 99% de las ganancias va directo a las empresas nacionales y transnacionales. En la Ley, se definen los siguientes tipos de licencias

41.

39

Alvarado Carías, Carlos Humberto. Rosal Higueros, Oscar René. Ministerio de Energía y Minas MEM, Dirección General de

Minería. “Guía del Inversionista minero”. Guatemala, Junio 1999. Página 30.

40

Alvarado Carías, op. cit., página 13.

Cordillera Central

34

Reconocimiento. Para identificar posibles áreas de exploración por un plazo de 6 meses, prorrogables hasta el otorgamiento de la licencia de exploración. Contempla un polígono cerrado no menor de 500 ni mayor de 3,000 Kilómetros cuadrados.

Exploración. Para localizar, estudiar, analizar y evaluar yacimientos por un plazo de 3 años, prorrogables hasta el otorgamiento de la licencia de explotación. Contempla un polígono cerrado no mayor de 100 Kilómetros cuadrados.

Explotación. Para explotar yacimientos por un plazo de 25 años, prorrogables hasta por un periodo igual. Contempla un polígono cerrado no mayor de 20 kilómetros cuadrados.

Desde 1997, los proyectos de explotación minera vienen en aumento, y se tienen varias en proceso de reconocimiento y exploración en el departamento de Quiché.

Tabla 3

Licencias en solicitud y otorgadas para el reconocimiento, exploración y explotación de Minerales metálicos y no metálicos en el departamento del Quiche

Estado Reconocimiento Exploración Explotación

Solicitud

1

20

2

Otorgadas

3

13

Fuente: http://resistenciadlp.webcindario.com En ninguno de los proyectos mineros, las empresas y el Estado guatemalteco han consultado a las comunidades sobre la utilización de sus bienes naturales para la explotación de minerales, violando así el derecho a la consulta previa, libre e informada, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio 169 sobre el derecho a la Consulta Comunitaria de los Pueblos Indígenas y Tribales. Esto es aunado a la observada actitud de prepotencia y de engaño con la que algunos operadores políticos y técnicos de las empresas llegan a las comunidades indígenas. En el año 2001, el MEM otorgó la licencia de explotación de mineral Barita LEXT 188 “BIJOLOM II” a la empresa Geomina, S.A., propiedad del prominente empresario de la industria química y minera, José Luis Ávalos Austria.

41

Ministerio de Energía y Minas (MEM), Dirección General de Minería. “Caracterización de la Minería en Guatemala”. Versión

pdf. Primer Foro Nacional de la Minería en Guatemala. Guatemala, Noviembre 2004. Página 4-5.

35

Mapa 3 Guatemala: Ubicación de la licencia de explotación minera de barita

en el municipio de Nebaj, Región Ixil

Fuente: http//:resistenciadlp.webcindario.com Por su alta densidad, el mineral barita es utilizado casi en su totalidad para lodos de perforación de pozos petroleros, así como para la fabricación de cloro, entre otros.

2.3.1 Memoria de hechos ocurridos en la aldea Vivitz del municipio de Nebaj relacionados con explotación minera de barita

El 11 de enero del año 2010, el ingeniero Ernesto Aguilar Pérez, de nacionalidad mexicana y Representante Legal de la empresa mexicana “Construcciones Civiles y Geotécnia”, tomó acuerdos en La Mesilla, Huehuetenango, con el supuesto Representante Legal de los señores, Jacinto Puley y Miguel de León, del municipio de Nebaj, sobre unos terrenos ubicados en la aldea de Vivitz, Nebaj, Quiché. Este mismo día en la Mesilla, Huehuetenango, crearon la “UNIÓN DE PROPIETARIOS DE LA CUMBRE DE SALQKIL, DEPARTAMENTO DEL QUICHE, GUATEMALA”, apareciendo y firmando como Representante Legal de la misma, Edgar Rivas López, de Huehuetenango, supuesto propietario de la empresa exportadora “Exportaciones Mineras Rivas y Ochoa”, ubicada en la 6ª. calle 3-43 zona 1 de Huehuetenango.

36

Como Secretario de esta “UNIÓN DE PROPIETARIOS DE LA CUMBRE DE SALKIL” funge Miguel de León, y como Tesorero, Jacinto Puley, ambos procedentes de Nebaj y supuestamente propietarios de terrenos en la aldea Vivitz de este municipio. El día 16 de enero del año 2010, Ernesto Aguilar Pérez y Edgar Romeo Rivas López penetraron a terrenos de la aldea Vivitz, en un carro Mistubishi con placa P-244CNZ, a fin de visitar los terrenos que estaban comprando y de verificar la existencia del mineral barita en estas tierras que supuestamente habían comprado a Miguel de León y Jacinto Puley. Durante la tarde de ese día, la población y autoridades de Vivitz decidieron retener a ambas personas y preguntarles que estaban haciendo en sus tierras. Fueron llevados a la Auxiliatura de dicha aldea, en donde se hicieron presentes más de 2,000 personas procedentes de las aldeas Vicalamá, Vijolom II, Visiban, Salquil Grande, Mirador y de Vivitz con sus propias autoridades. Al final del día, a pesar de no poder justificar su presencia allí y después de haber entregado la papelería que llevaban y de haber prometido que “Nunca jamás regresarían”, las autoridades y comunidades allí reunidas les permitieron retirarse del lugar. También, antes de retirarse entregaron la cantidad de Q. 15,000.00 para resanar daños y perjuicios ocasionados en el lugar. Los recursos se repartieron entre las cinco comunidades.

Entre los papeles entregados a las autoridades de Vivitz aparece una licitación emitida por Petróleos Mexicanos (PEMEX) el 13 de enero de 2010, para obtener 120,000 toneladas métricas de Sulfato de Bario (barita), a un costo de $ 138,000,000.00 pesos mexicanos. Esta licitación fue ganada por la empresa mexicana “Corporativo del Golfo CICAMEX, S.A. de C.V.” presidida por el ingeniero Rafael Alvarado Cook. El mineral de barita es un producto indispensable para la extracción petrolera, actuando como un sellador a la hora de perforar la tierra para sacar el petróleo. El mexicano Rafael Alvarado Cook, se asocia con Ernesto Aguilar Pérez, de Tuxtla Gutiérrez, y Edgar Rivas López, de Huehuetenango, para obtener el mineral barita que solicita PEMEX, dividiéndose entre ellos los derechos de licencias de explotación del mineral o las concesiones que autorice el MEM de Guatemala, en partes iguales (33% cada uno). Es esta cadena de compañías que establecen supuestos acuerdos legales con Miguel de León y Jacinto Puley, ambos de Nebaj, para extraer el mineral barita de la aldea Vivitz. Este señor Jacinto Puley no existe en Nebaj, ni su apellido ni como tal persona, aunque si es conocido del pueblo pero con otro apellido. A su vez, la compañía de Huehuetenango “Exportaciones Mineras Rivas y Ochoa” recibió una solicitud el 6 de noviembre del año 2009 de la empresa mexicana “CIACON, Compañía Constructora S.A. de C.V.”, para que le proporcione 5,000 toneladas métricas de barita en México.

37

Es de ese modo que estas tres compañías o supuestas compañías, estaban participando, en realidad, en la usurpación de tierras de la comunidad de Vivitz. Asimismo, estaban entrando a recabar mineral de barita sin ningún tipo de licencia otorgada por el MEM de Guatemala y, por supuesto, sin ningún tipo de consulta de la población. El 23 de enero de 2010, reunidas las autoridades y pobladores de Vicalamá, Vivitz, El Mirador, Batzumal I, Batzumal II, Xeo, Vitzibal, Vicampanavitz, Tucanal, Jolon Chiquito y Xelacam, en Asamblea Intercomunitaria de este sector, los y las participantes reexaminaron los hechos ocurridos en Vivitz el 16 de enero, la papelería entregada por los supuestos empresarios y la situación sobre los recursos naturales de la región, tomando decisiones para la preservación de sus recursos naturales y pidiendo la denuncia nacional e internacional de estos hechos que han ocurrido en sus comunidades

42.

15 días después, el 3 de febrero, se presentó al área de Tzinap, ubicada entre Vivitz y Vijolom II, el ingeniero Jorge Luis Avalos Austria, Representante Legal de Geominas S.A., junto a dos personas más. De nuevo, estas personas no pidieron permiso para ingresar a la comunidad ni tampoco informaron lo que iban hacer. Cuando los y las comunitarias se dieron cuenta los retuvieron y fueron llevados a Vijolom II, donde se conformó nuevamente una Asamblea Intercomunitaria con la presencia de pobladores y pobladoras, y autoridades locales de Vijolom II, Visiban, Salquil Grande, Vicalamá, El Mirador, Vivitz, Vijolom III y Tujolóm. Durante la asamblea, Ávalos Austria afirmó que en el año 2001 el MEM le había otorgado una licencia minera para explotar Barita en el lugar por 20 años, procediendo la asamblea a desconocer la licencia al haber sido violado el derecho de consulta y realizó un acta donde Ávalos Austria firmó que nunca jamás regresaría a la comunidad. La licencia otorgada el 31 de agosto de 2001 pretende explotar el mineral en un polígono cerrado de 9 kilómetros cuadrados, ubicados en el área protegida de los Cuchumatanes, Así mismo, se pretende la construcción de una planta procesadora. No obstante, el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MARN) aprobó el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

II. Quien es Jorge Luis Ávalos Austria

Empresario minero de origen mexicano residente en Guatemala. Es Presidente de la empresa transnacional International Trade House (ITH Chemicals), cuyas sedes principales se ubican en Estados Unidos y Guatemala, con operaciones en Centroamérica y el Caribe. ITH Chemicals, en un principio estuvo involucrada en el negocio de la industria química. Sin embargo, bajo la creciente demanda de la industria extractiva y las condiciones óptimas para su explotación en Guatemala, desde hace años invierte en la minería y actividades de la industria química relacionadas con ella. Actualmente se creó la empresa INNOVAQUIMIA, S.A., donde Ávalos Austria es el Presidente. Esta empresa se dedica a la producción, exportación e importación de sustancias químicas utilizadas en la minería, tales como el cianuro. A través de la empresa minera Rocas El Tambor, Ávalos Austria es socio junto a la empresa canadiense Castle Gold, del segundo proyecto más importante de extracción mineral de oro de Guatemala denominado “El Sastre”, ubicado en San Antonio La Paz, departamento de El Progreso, colindante con el nororiente del departamento de Guatemala. ITH Chemicals opera en Guatemala bajo el nombre de Minera Quetzal, S.A.; Representaciones Químicas, S.A.; Geominas, S.A.; Productos Químicos S.A.; Exportaciones y Servicios, S.A.; Explotación de Minas y Canteras, S.A. y Quimoálcali, S.A. A su esposa, Elizabeth Haidacher Ávila de Ávalos se le acreditan varias licencias y solicitudes mineras en los departamentos de Totonicapán, Huehuetenango, Baja y Alta Verapaz, Guatemala y Chimaltenango

43.

42

Extracto del texto: “Narrativo de hechos, documento escrito” http//:resistenciadlp.webcindario.com. Guatemala Enero de 2010. 43

http//:resistenciadlp.webcindario.com

38

En el departamento de Quiché, bajo el nombre de GEOMINAS, S.A., se encuentran licencias de exploración de oro, plata, cobre, plomo, zinc y barita en San Sebastián Pocojil y San Isidro Labrador, municipio de Chichicastenango. Así mismo, bajo el nombre de REPRESENTACIONES QUIMICAS, S.A., está la licencia de exploración “Cruz Che” en los municipios de Santa Cruz del Quiché y Chinique. Entre otras de sus actividades empresariales, Ávalos Austria ha sido importante directivo de la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras (GREMICAP), una de las principales promotoras de la minería en Guatemala y férrea opositora de las organizaciones sociales que defienden los derechos de los Pueblos Indígenas en materia del derecho a la consulta previa y defensa del territorio. Así mismo, ha participado en la escuela de negocios Tayasal de la Universidad del Istmo, ahora llamada UNIS Bussines School, la cual está dedicada a la formación de directivos empresarios

44.

Por los vínculos influyentes de Ávalos Austria con la GREMICAP, el 25 de febrero se publicó en el diario escrito Prensa Libre, un campo pagado de la GREMICAP donde se criminaliza a las y los pobladores de la aldea Vijolom II y se exige al Ministerio Publico (MP) que inicie persecución penal. Al parecer, existen dos empresas que buscan explotar mineral barita en Salquil Grande. La primera, con aprobación del MEM en el año 2001 es GEOMINAS, S.A. y la segunda surge de la oferta que PEMEX sacó a licitar por 120,000 toneladas. En esta última se vincula al huehueteco Edgar Rivas López y al mexicano Ernesto Aguilar Pérez. Hace falta investigar bajo qué parámetros estas dos empresas se vinculan. Lo cierto es que debido a la organización y resistencia de los y las pobladoras Ixiles, el proyecto está parado. El recién conformado Movimiento de Comunidades del Norte del Departamento del Quiche denunció que tampoco han sido consultados sobre proyectos de reconocimiento, exploración y explotación minera ubicados en sus territorios: LEXT-446, “EL RANCHO”, GEOMINAS, S.A.; CT-044, “YEXUB”, José Nanne Villagrán; LEXT-038-06, “LA ABUNDANTE”, Producto mineros de Guatemala, S.A.; SR-002-05, “HUEHUETENANGO”, Guatemala Cooper, S.A. SEXR-039-08, “EL JOCOTE”, Cazadores de Sueños, S.A.;SEXR-037-08, “LA MONTAÑA”, Cazadores de Sueños, S.A.; SEXR-036-08, “MEDIA LUNA”, Cazadores de Sueños, S.A. y SEXR-040-08, “LOS TRIGALES”, Cazadores de Sueños S.A.

45.

2.4 Hidroeléctricas para la Región Ixil y norte de Quiché

La reconversión de la matriz energética planificada para Guatemala, paulatinamente se extiende por los territorios de los Pueblos Indígenas, construyendo megaproyectos de hidroeléctricas y despojando del vital liquido a las comunidades aledañas donde se construyen o se construirán. Como en el caso de los demás megaproyectos, así como en el caso de la extensión de los cultivos de palma africana para aceite industrial y agrocombustibles, y la extracción de minerales metálicos y no metálicos, para la construcción de hidroeléctricas no se está consultando a las poblaciones y comunidades sobre estos megaproyectos y el uso de los bienes naturales donde se ensayan.

III. Principales proyectos hidroeléctricos sobre los ríos de la Región Ixil

a) Río Xacbal

El río Xacbal nace en el municipio de Nebaj para dirigirse al norte, rumbo a México, pasando por diversas comunidades y abasteciendo a miles de familias. En su nacimiento debajo de la aldea de Parramos y Palop, la empresa Palo Gordo tenía proyectada una hidroeléctrica mediana. Así mismo, en las cercanías está por confirmarse que la Fundación Agros construya otra hidroeléctrica mediana. Más adelante, siguiendo su curso, la empresa ROPAMA S.A. tiene planificada una hidroeléctrica mediana.

44

Solano, Luis. “La transnacionalización de la Industria extractiva: La captura de los recursos minerales e hidrocarburos”. El

Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía, año 4, No. 19. Página 16. 45

Memorial y Manifiesto de Salquil Grande, Municipio de Nebaj, Departamento de Quiché. “Esta tierra es nuestra”. Febrero-

Marzo 2010. Página 4.

39

La empresa italiana ENEL tiene autorizada la construcción de la hidroeléctrica SUMALITO, con una producción de 47.94 Megavatios. Ésta pretende ser construida sobre el caudal del rio Suchúm que más adelante se junta con el río Xacbal. La empresa Casado Hnos. compró una finca llamada La Vega, con una extensión de aproximadamente 4 caballerías con el objetivo de construir una hidroeléctrica llamada LA CASCATA, de 114 Megavatios. Así mismo, se está diseñando la construcción de una hidroeléctrica llamada LAS BRISAS, de la empresa guatemalteca del mismo nombre, sobre el río Taalucavitz, que pasa entre las aldeas Trapichitos y Batzchocolá. Siguiendo rumbo al norte del río Xacbal, ya dentro del municipio de Chajul, la empresa GRUPO TERRA, de Honduras, acaba de terminar la construcción de la hidroeléctrica HIDROXACBAL de 90 Megavatios. Su construcción estuvo a cargo de la israelita Soleh Boneh, que también tiene concesionada la construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte (FTN). Una de las hidroeléctricas más grandes a construir lleva por nombre SAN LUIS, de 175 Megavatios a nombre de la empresa Generación Limpia de Guatemala, vinculada a Unión Fenosa y, por tanto, a Gas Natural de España. Río Cutzalá o San Francisco, río Copón. Las Hidroeléctricas Palo Viejo I y II ubicadas en los municipios de Chajul y Uspantán, pertenecen al consorcio conformado por la empresa italiana ENEL y la familia agroexportadora de café, Broll Cortinas. Ambas hidroeléctricas son de 80 Megavatios y serán construidas por la empresa israelita Solel Boneh. Sobre el río Jute y Cabá, ENEL también tiene previstas las hidroeléctricas BELLA VISTA I y II, de 60 Megavatios cada una. Río Chixoy El río Chixoy se conforma por el río Negro y es el más grande de Guatemala. Se une al norte con el río Usumacinta, rumbo a México. Sobre el nacimiento del río Negro está prevista la construcción de la hidroeléctrica SERCHIL, de 135 Megavatios. Más adelante se ha planteado la construcción de la hidroeléctrica Xalalá, de 181 Megavatios, quizá la hidroeléctrica más grande de Guatemala, afectando a mas de 50 comunidades.

2.4.1 El despojo de tierras en las cercanías del río Xacbal para la construcción de hidroeléctricas El 22 de febrero de 2010 se presentó a la aldea Vicalamá, César Augusto Santiago, trabajador de la empresa Hidro Xacbal, y Melchor López Chel, del Cantón Vipilá, del pueblo de Nebaj. La intención del trabajador de la empresa era comprar tierras en la aldea Xecotz, donde también se planifica la construcción del proyecto hidroeléctrico el Sumalito. Los trabajadores fueron llevados a la Auxiliatura de la comunidad donde firmaron un acta donde se comprometieron a no llegar más. Como se infiere de lo dicho anteriormente, sobre el río Xacbal se ha detectado la planificación para la construcción de varias hidroeléctricas. Los impactos ecológicos y las formas de subsistencia de miles de pobladores y pobladoras que habitan cerca de la cuenca, se verán afectados. En el municipio de Chajul existen varias denuncias de los y las pobladoras que son amenazados con ser despojados de sus tierras por medio de tretas legalistas y el uso de la fuerza, llegando incluso al asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos. La conflictividad en la región se da cuando el gobierno, a través del MEM otorga licitaciones a empresas de capital nacional y extranjero sin que las comunidades y los Pueblos Indígenas hayan sido consultados; y, en el peor de los casos, sin que los empresarios sean dueños de la tierra.

40

En el caso de la aldea Vi’tzich, ubicada sobre la cuenca del río Xacbal, se presume que las agresiones se dan porque ahí se pretende la construcción de la sala de maquinas de la hidroeléctrica Las Brisas.

Mapa 4 Guatemala: Mapa que muestra los proyectos hidroeléctricos proyectados

sobre el río Xacbal, así como las comunidades cercanas, Región Ixil

Fuente: http://resistenciadlp.webcindario.com Mapa de megaproyectos, Departamento de Quiché

2.4.1.1 Los Hechos Durante una reunión comunitaria con la Alcaldía auxiliar, la alcaldía indígena y el COCODE de la aldea Vi’ tzich, del municipio de Chajul, departamento del Quiché, se llevaron a cabo denuncias contra Amilcar Cástulo Rodríguez por el despojo de la tierra de la señora Petronila López Chavez (450 cuerdas), Baltazar Chibalam (82 cuerdas), el Alcalde auxiliar Francisco Gallego Lainez (24 cuerdas), y Francisco Batz (21 cuerdas), todas en la Microrregión 5. En asamblea, los y las pobladoras acordaron que Amílcar Cástulo Rodríguez Motta…

…debe abandonar la aldea por su actividad de terrateniente. Porque esta abarcando nuevas tierras aprovechándose de la humildad de la gente (…) el otro problema es que compra a los administradores de la justicia estatal. En fechas recientes, 5 de octubre del año 2005, auxiliar fiscal Jorge Luis García García; todos los días el señor Amílcar lo ha amenazado de muerte, utilizando armas modernas y granadas, y se viste de ropa militar, tal vez porque es ex soldado del Ejército de Guatemala

46.

46

Aldea Vi’ tzich. Acta comunitaria No. 0012-2008, 15/04/08.

http://resistenciadlp.webcindario.com/

41

En la aldea Xix del municipio de Chajul, también se realizó asamblea comunitaria donde manifestaron que Amílcar Rodríguez debía abandonar el lugar porque esté despojando de sus terrenos a los campesinos de la zona.

Solicitamos a las autoridades estatales indígenas, a que informen al señor Amílcar que debe abandonar los lugares, porque esta persona no es grata, no es bienvenida, porque ya nos ha ocasionado muchos problemas, después de esta guerra en donde el Estado nos masacró durante los años de guerra

47.

A pesar del malestar de las comunidades Ixiles, Amílcar Cástulo Rodríguez ha seguido intimidando y usurpando tierras en la región, al punto de ser involucrado en el asesinato de Diego Batz Vi para obtener la tierra de la Familia Batz.

IV. Asesinato del defensor de derechos humanos Diego Batz Vi

El 4 de noviembre de 2008, Diego Batz Vi salió de su casa junto a otra persona, hacia los llanos para ir a cortar naranjas, leña y ver la plantación de café del terreno de su padre, Francisco Batz, ubicado en la aldea Vi’ tzich, municipio de Chajul, Quiché. Hacia las 5 de la tarde, mientras se encontraban en el terreno, pasaron tres muchachos en bicicleta; todos ellos amigos de Amílcar Cástulo Rodríguez. Aproximadamente a las 8:00 de la noche, un ruido me despertó y mi tío dijo, --¡hay francisco que me pego!

sin saber que estaba pasando (…) Como estábamos cercanos al fuego que habían juntado, y donde dormían éste guardaba algunos brasas, las cuales permitían ver un poco (…) Amílcar llevaba un rifle, Noé llevaba un foco, el otro que solamente pude reconocer no vi que llevaba en las manos Salí corriendo entre el monte, y aunque escuche otros disparos no pude saber si eran para mí o contra que (…) Yo estuve escondido hasta que escuche el ruido de un carro que subía, supuse que eran ellos y me fui para la comunidad Los Llanos (…) Al llegar a la comunidad, busque al Alcalde auxiliar quien rápidamente me dijo, para que se fueron a dormir ahí, tal vez culebra lo mató. Y se fue a ver

48.

Diego Batz Vi de 31 años de edad era Perito Contador, defensor de derechos humanos en defensa de la tierra. Con su asesinato, Diego Batz Vi dejó viuda a su esposa con la que tenía un hijo recién nacido. De los sindicados en el asesinato, Amílcar Cástulo Rodríguez permaneció en la cárcel durante varios meses, siendo puesto en libertad posteriormente.

Según Francisco Batz Rivera, padre del fallecido, después del asesinato de Diego Batz Vi, Amílcar Cástulo Rodríguez inició la construcción de un tramo carretero sobre el terreno del fallecido. El 14 de enero de 2009, Manuel Batz Vi, hermano del fallecido presentó una denuncia ante el MP aduciendo que Amílcar Cástulo Rodríguez había colocado en su troja de maíz, un arma queriéndolo incriminar de la muerte de su hermano. Esto provocó la movilización de aproximadamente 500 pobladores y pobladoras de Chajul, Quiche, que asistieron al Juzgado para declarar que Manuel Batz Vi era inocente de cometer el crimen. En los meses siguientes, las Alcaldías Indígena y Auxiliar de San Gaspar Chajul; así como la familia Batz; Juan Sánchez, Pastor de la iglesia el Evangelio Completo; Edgar Vidal, defensor de medio ambiente; y Matías López Sánchez, han recibido amenazas de muerte por hombres armados y cubiertos con pasamontañas. Amílcar Cástulo Rodríguez es señalado de contar con el beneplácito de Alcaldes auxiliares y figuras de poder en la región.

47

Aldea Xix. Acta comunitaria No. 0013-2008, 15/04/08. 48

Oficina de la Defensa Publica Penal, miembros de la autoridad indígena del municipio de Chajul, Consejo Municipal de

Principales Cofrades y Ancianos. 15/11/09.

42

Las demás personas que vayan a venir a declarar a poner sus denuncias, las citas que nos las vayan a enviar a la Alcaldía auxiliar, Francisco Gallego Laínez porque son amigos y él le pasa la información de todo; entonces el señor Amílcar él sabe quién es citado y quién no

49.

En el Acta No. 09-2009, del Infrascrito Presidente de Principales Ancianos y Cofrades de Chajul, se demandó de la justicia estatal el respeto de los documentos manuscritos de posesión de tierras ancestrales y se hiciera valer la justicia indígena en defensa del territorio municipal, que cuenta con una población mayoritariamente de origen maya. Así mismo, exigieron la anulación de los documentos que redactaron los abogados en favor del terrateniente Amílcar Cástulo Rodríguez, que son utilizados para justificar el despojo de la tierra de las y los comunitarios. El 13 de marzo de 2010, se presentó el Memorial de Memoriales de las Comunidades del Norte del departamento de Quiché ante diferentes instancias estatales, organizaciones sociales y organismos internacionales. El Movimiento de Comunidades del Norte del Quiché se organizó para defender los bienes naturales frente de la explotación y despojo de empresas nacionales y extranjeras. En este se expresa el derecho y el poder que tienen las comunidades a través de las consultas comunitarias o municipales, así como de memoriales o manifiestos. Miles de pobladoras y pobladores han decidido sobre su Territorios hacer valer la autodeterminación de los Pueblos. Así mismo, las leyes nacionales y convenios internacionales respaldan el derecho de los Pueblos Indígenas a su autodeterminación, haciéndose valer de sus propios mecanismos para decidir sobre el uso de los bienes naturales en sus Territorios.

La Región Ixil y el norte del departamento de Quiché forman parte de una historia particular del conflicto armado. En esa región la estrategia contrainsurgente alcanzó niveles genocidas. No obstante, la memoria y la resistencia se hace latente cuando las comunidades ejercen sus derechos y su poder mediante acciones que reivindican la defensa de la vida y de los bienes naturales que se encuentran en los territorios de los Pueblos Indígenas. La respuesta del Estado liberal frente a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas por defender sus territorios sigue siendo represiva, al extremo de reaperturar bases militares “en tiempos de paz y democracia”. Las empresas y corporaciones familiares con mayor poder económico y político en Guatemala así como las de carácter transnacional, se encuentran actualmente invirtiendo en megaproyectos hidroeléctricos, petroleros, mineros, así como en megacarreteras y monocultivos de palma africana y caña de azúcar. La saturación de una buena parte de estos megaproyectos en la Región Ixil así como la remilitarización, son las principales amenazas que atentan contra la naturaleza y la vida de miles de pobladores y pobladoras en la Region Ixil.

49

Agencia 1 del Ministerio Publico del municipio de Nebaj Quiche, MP 238/2009/1824. 30/09/09.

43

LUCHA Y RESISTENCIA COMUNITARIA EN SAN MARCOS FRENTE A LA INJERENCIA

DE EMPRESAS NACIONALES Y TRANSNACIONALES EN LOS TERRITORIOS DE

OCCIDENTE

1. El marco y los antecedentes que fundamentan la política de privatizaciones En palabras del Equipo Maíz

50:

La privatización es el proceso mediante el cual, las empresas y actividades del Estado pasan a manos de empresas privadas.

Es decir, los bienes y servicios cuya potestad han sido del Estado, se privatizan para generarle mayores ganancias al sector privado nacional y extranjero. En Latinoamérica, varios gobiernos de la segunda mitad del siglo XX como el de Árbenz en Guatemala; Goulart en Brasil en la década 1960; y, el de Allende en Chile en la de 1970, en el plano socio-económico tenían decidido nacionalizar las empresas privadas extranjeras, realizar reformas agrarias y establecer mejores condiciones laborales a obreros y campesinos. Estas medidas fueron bien acogidas por los sectores populares latinoamericanos, y se estaban convirtiendo en una tendencia que afectaba los intereses monopólicos del fracasado modelo de acumulación capitalista terrateniente y semi industrial. Luego de la década del setenta, se da un proceso en el sentido contrario en todo el continente, el proceso de privatización y/o tercerización de los servicios. Las formaciones sociales y los contextos económico políticos en cada Estado matizan el desenlace global de la política de privatizaciones, ya que éste necesita que los países desarrollen reformas legislativas y constitucionales que le permitan al capital desplazarse “libremente”. En materia de la política de privatizaciones, el neoliberalismo busca reducir el gasto público de las instituciones estatales que proporcionan bienes y servicios, disminuir el subsidio a las empresas públicas, permitir la libre empresa sin regulación del estado, aumentar los impuestos al consumidor y eliminar los impuestos sobre las importaciones y exportaciones. En la práctica esto provoca el debilitamiento institucional del estado y justifica la venta de sus activos. En otras palabras, uno de los pilares del neoliberalismo es la privatización paulatina de todo lo que puede generar plusvalía en el estado y que este último no regule la economía. La política de privatizaciones para Latinoamérica se oficializó a finales de la década de 1980, junto a un puño de medidas económicas y políticas de ajuste estructural que se han conocido bajo el nombre del “Consenso de Washington”, las que fueron diseñadas por el economista inglés John Williamson para promover en los países…

…La disciplina fiscal, el reordenamiento del gasto, la reforma tributaria, la liberalización de las tasas de interés, la liberalización del comercio, la liberalización de las inversiones extranjeras, la desregulación y la protección a los derechos de propiedad intelectual

51.

El aparente afán del Consenso de Washington era…

Procurar un modelo más estable, abierto y liberalizado para los países de América Latina. Se trata, sobre todo, de encontrar soluciones al problema de la deuda externa que atenaza el desarrollo económico de la zona latinoamericana

52.

50

Equipo Maíz. “La privatización o el nuevo colonialismo”. El Salvador, 2ª. edición, 2005.

51 Martínez, Iván. “El sector eléctrico en Guatemala: Un balance a diez años de la privatización del servicio y las tendencias del

sector eléctrico al 2020”. Documento inédito de El Observador sin publicar aún.

44

Amparados, primero, en un discurso caritativo, y después en uno que ahora destaca lo competitivo, este modelo privatizador argumentó que la privatización es una alternativa que la banca mundial le “otorga” a los Estados para que puedan pagar la deuda externa, así como hacer más eficiente los mercados en una época en la que la globalización demanda ser competitivos, y ello sólo puede generarlo la libre empresa porque está comprobado que los Estados no han sido eficaces en la conducción económica. En realidad, los préstamos millonarios que solicitan los Estados a las entidades financieras son consecuencia de la evasión y defraudación fiscal que fundamentalmente encabezan los grandes empresarios y las empresas, que intencionalmente debilitan el mantenimiento de los servicios públicos que el Estado debe garantizar a sus poblaciones. Así mismo, muchos de los prestamos que pide el Estado a la banca mundial sirven para construir infraestructura que termina favoreciendo mas las actividades puramente empresariales, tal es el caso, en Guatemala, de la Franja Transversal del Norte (FTN), una carretera diseñada para agilizar el flujo de mercancías de las empresas privadas, nacionales y extranjeras y, como veremos más adelante, el Proyecto de Electrificación Rural (PER). Este “consenso” solo se dio entre elites mundiales de poder económico y político bajo el paraguas ideológico neoliberal y su verdadero objetivo fue instaurar una política económica global que lleva más de 30 años cuajando y dominando. Gracias a la presión que ejerce el capital financiero sobre los países deudores, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), condicionaron económicamente a los Estados para aceptar las reglas de “la oferta y la demanda”. Un negocio redondo pues solo las empresas con mayor poder económico pueden acceder a la cartera de clientes de la banca mundial y recibir préstamos millonarios para comprar servicios públicos con amplia demanda nacional, convirtiendo así las garantías sociales en mercancía.

La liberalización financiera se produjo de un modo igualmente agresivo; se descartó el control directo de créditos, se desregularon las tasas de interés, se iniciaron regímenes de inversión extranjera directa y se suprimieron los controles de cambios y de cuentas de capital. Bancos, empresas eléctricas, de petróleo, de telecomunicaciones, las redes viales así como los servicios de agua y gas se vendieron al sector privado. En la región, fueron más de 1000 empresas estatales las privatizadas entre 1988 y 2000

53.

A finales de la década 1990, grandes monopolios transnacionales y oligarquías latinoamericanas ampliaron sus capitales, mientras que la pobreza y el desempleo aumento ferozmente, demostrando -otra vez- el fracaso de su doctrina económica. A propósito, Inmmanuel Wallerstein

54 asegura que la economía mundo capitalista…

Ha sido capaz de alcanzar una expansión absolutamente extraordinaria de tecnología y riqueza, pero solo a expensas de una polarización cada vez mayor del sistema mundo entre un 20% superior y un 80% inferior, una polarización económica, política, social y cultural, todo a la vez.

2. La privatización de la distribución de energía eléctrica en Guatemala La principal imagen que salta a nuestra mente cuando hablamos de privatización en Guatemala se retrotrae al gobierno de Álvaro Arzú (1995 – 2000) y el Partido de Avanzada Nacional (PAN). Sin embargo, para comprender ampliamente la problemática es necesario regresar en el tiempo y destacar algunas figuras de poder, del entramado político y económico, que generalmente no aparecen en el imaginario colectivo de la mayoría de la población guatemalteca cuando hablamos de la privatización de la energía eléctrica.

52

Casilda Rejal, Ramón. “América Latina y el Consenso de Washington”. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID). Boletín Económico del ICE No. 2803 del 26 de abril al 2 de mayo de 2004.

53 Ibídem, página 6.

54 Wallerstein, Immanuel. “Universalismo Europeo: el discurso del poder”. México, Editorial Siglo XXI, 2007, página 72.

45

Paralelo al proceso de consolidación del Consenso de Washington, Manuel Ayau

55, un intelectual orgánico de la

oligarquía guatemalteca, venia presionando al gobierno militar de Ríos Montt para incluir un plan económico basado en el neoliberalismo que impulsaba en Latinoamérica Milton Friedmann

56.

Según Jennifer Schirmer, el plan tardaría siete años para llevarse a cabo e implicó que Ríos Montt planteara su reelección

57. Sin embargo, el programa militar establecido en el Plan Nacional de Seguridad guiado por Estados

Unidos, contemplaba prontamente la elección de un Presidente civil58

y limar asperezas con la oligarquía terrateniente. Las presiones por introducir una política de ajuste estructural neoliberal no se detendrán y en 1984…

…un sector de poderosos empresarios al frente del CACIF e ideólogos neoliberales, encabezados por Manuel Ayau, el fundador de la Universidad Francisco Marroquín, empezaron a presionar a favor de la venta de empresas públicas, sobre todo las relacionadas con las telecomunicaciones y la electricidad

59.

Con el llamado proceso de “transición democrática” culmina una época de gobiernos militares, dictaduras y golpes de Estado, para entrar a una era democrática publicitada por el rostro del civil de Vinicio Cerezo y el gobierno de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), que llegó a la Presidencia de la República en 1986

60.

Cuando Vinicio Cerezo asumió como Presidente de Guatemala, la guerrilla ya había sido derrotada militarmente y el terror en el pueblo guatemalteco se había implantado; dos condiciones necesarias para que los planes económicos del bloque en el poder siguieran caminando en concordancia con las primeras propuestas impulsadas por el BM para privatizar el sector eléctrico. A principios de los años 90 -ya vigente el Consenso de Washington-, en Guatemala el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) delineó una agenda económica que enfatizaba en las reformas al sector eléctrico y, a la vez, conformó una comisión del sector privado que preparó la Ley General de Privatización, que legalizaría la venta de activos del Estado. La asesoría que recibió el sector empresarial para la elaboración de lo que los neoliberales llaman “desmonopolización” del Estado, estuvo a cargo del ex Director del departamento de economía de la Escuela de Chicago, Arnold Harberger, siendo contratado por la Universidad Francisco Marroquín (UFM), presidida por Manuel Ayau

61, y quien desde 1992 se

55

Manuel Ayau Cordón. Considerado el principal ideólogo del neoliberalismo en Guatemala y fundador de la Universidad

Francisco Marroquín (UFM), de la cual fue durante mucho tiempo su Rector Emérito hasta su reciente muerte ocurrida el 3 de agosto de

2010. Fue miembro del partido ideológico de la ultraderecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Él y su familia han estado

vinculados al negocio de la electricidad y a la producción petrolera desde hace varios años. Fue miembro de la Junta Directiva de la

desaparecida empresa petrolera Basic Resources que fue comprada en el año 2002 la francesa Perenco. Sin embargo, su familia no se

desliga de la misma. Uno de sus miembros, Antonio Minondo Ayau es actualmente el Representante en Guatemala de Perenco.

56

Milton Friedmann, seguidor de F. Von Hayek, ambos de la Escuela de Chicago, Estados Unidos, y uno de los principales

representantes teóricos del neoliberalismo. Precursor del tratamiento de choque económico basado en la implantación del modelo

económico neoliberal aprovechando coyunturas de crisis sociales, reales o percibidas –intencionadas o naturales-. A Friedmann se le

atribuye ser el principal precursor la escuela monetaria y del ajuste financiero en los procesos de ajuste estructural que tuvieron boga en

los países latinoamericanos y en Guatemala en los años de la década de 1980. 57

Schirmer, Jennifer. “Las Intimidades del Proyecto Político de los Militares en Guatemala. FLACSO, Guatemala, 1999, pagina

60.

58

Ibídem, página 63.

59

Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: Transformación de la matriz energética y sus impactos”. El Observador. Análisis

Alternativo sobre Política y Economía No. 16, año 3, diciembre 2008 – enero 2009, páginas página 22.

60

A pesar de no quedar ningún militar en puestos del Estado, ellos se afianzan dentro de su estructura institucional, política y

legal, y se cubren las espaldas sobre cualquier intento de acusación acerca de los crímenes de lesa humanidad que causaron durante la

época más cruenta del conflicto armado. Así mismo, algunos militares se consolidan como elite económica. 61


46

había incorporado en el negocio de la generación de energía eléctrica privada vinculándose a las familias Novella y Widmann. Las alianzas y tensiones entre los grupos del bloque en el poder y las pugnas con grupos económicos emergentes se evidencian en las coyunturas y en la ubicación de los operadores políticos ubicados estratégicamente en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, según sean los intereses en juego y no salir perjudicados frente el avance monopólico de corporaciones extranjeras impulsadas desde la banca mundial. Es necesario resaltar que en Guatemala existen alrededor de 8 familias posicionadas como elites económicas de carácter multinacional y solo ellos pueden soportar el avance monopólico de las corporaciones transnacionales. Las burguesías que no aparecen en esa rosca de poder tienen el riesgo de ser absorbidos y sacados del juego del “libre mercado”. Por ello, cobra importancia prestarle atención a los operadores políticos que participan en el proceso de negociaciones para la privatización de los bienes y servicios públicos. Al respecto, los partidos políticos que han estado detrás de la privatización del sector eléctrico son aquellos que a su vez representan los intereses económicos de las empresas que actualmente negocian con la energía eléctrica, tal es el caso del PAN a través de la participación de Leonel López Rodas, quien fuera Ministro de Energía Minas (MEM) durante el gobierno de Arzú, y quien, como Presidente del Consejo Directivo del INDE, propuso durante el gobierno de Serrano Elías la privatización del INDE y la venta de las acciones en la EEGSA. Este plan fue frustrado por Serrano Elías, quien también optó por su propio plan de privatización, lo cual fue una de los factores que estuvieron en medio del denominado autogolpe de Estado en 1993

62.

Siendo Ministro del MEM durante el gobierno de Arzú, López Rodas fundó una empresa generadora y otra comercializadora vinculada al empresario Enrique Moller: la Corporación de Energía y Potencia S.A y la Comercializadora de Electricidad de Centro América S.A., respectivamente. En 1996…

…se aprueba la Ley General de Electricidad y se crea el Mercado Mayorista, y las autoridades de la CNEE y la AMM, abriendo las puertas a la privatización de la distribución de electricidad del INDE. La ley planteó que las únicas dos empresas del sector eléctrico hasta entonces, el INDE y la EGSSA, separaran sus funciones de generación, comercialización, distribución y transmisión

63.

La intención de separar las funciones fue dividir al sector eléctrico en 4 mercados propicios para la acumulación de capital y ampliar el rango de competencia, lo cual posibilitó la inserción de grupos de poder económico guatemaltecos de la burguesía ampliada, al negocio del sector eléctrico. Con el plan de reconversión de la matriz energética en Guatemala y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), la renta en el sector energético aumentará prontamente, una vez puestos en marcha los demás planes neoliberales: El Plan Puebla Panamá (PPP), ahora llamado Plan Mesoamérica (Infraestructura); el Tratado de Libre Comercio (TLC) (liberalización de la economía); y los planes en materia de seguridad y lucha contra el “terrorismo” consignados en el Plan Mérida (Control poblacional). En el caso del mercado de la distribución de energía eléctrica, los dos grandes beneficiarios en Guatemala que monopolizaron fueron las españolas IBERDROLA y Unión Fenosa. IBERDROLA pretende ser la mayor corporación del mercado de recursos energéticos renovables, obteniendo ganancias millonarias gracias a su presencia en Latinoamérica (México, Guatemala, Bolivia, Chile y Brasil). En Guatemala, IBERDROLA acaparó la distribución de energía eléctrica a través de su filial Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, que concentran el 70% de la demanda a nivel nacional, incluyendo a la industria textil ubicada en su mayoría en esta región. Es la familia Campollo-Codina el socio nacional de la EEGSA, además de que participan en la generación de energía a base de carbón y bagazo de caña, el cual consiguen a gran escala pues son propietarios del Ingenio Madre Tierra y de otros ingenios en diferentes países. También dirigen la Compañía Petrolera del Atlántico (CPA), que obtuvo una concesión para explotar petróleo y gas en el Lago de Izabal. Sin duda, esta corporación es una de las grandes del sector energético.

62

Ibídem, página 23. 63


47

En el caso de Unión Fenosa, la tercera compañía eléctrica más grande España, fue adquirida en septiembre de 2009 por la transnacional Gas Natural, dando lugar a la corporación Gas Natural Fenosa y concentrando su acumulación a través del mercado del gas y la electricidad. Antes de ser absorbida, el 4 de mayo de 1999, se nombró oficialmente a Unión Fenosa como la propietaria de las filiales Distribuidora Eléctrica del Oriente, Sociedad Anónima (DEORSA), y de la Distribuidora Eléctrica de Occidente, Sociedad Anónima (DEOCSA), acaparando el 30% de la demanda de distribución eléctrica de los 19 departamentos restantes.

Mapa 1 Guatemala: Distribución territorial del monopolio de IBERDROLA y Gas Natural Fenosa

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2009.

Una de las medidas que tomaron algunos representantes de grupos económicos guatemaltecos interesados en el negocio del sector eléctrico para prevenir el acaparamiento monopólico extranjero y no quedarse fuera de la “libre competencia”, fue establecer en la Ley General de Electricidad la prohibición de la participación simultanea de la misma empresa en los mercados de generación, comercialización, distribución y transmisión. Sin embargo, la figura corporativa del capital monopólico ha logrado abrir empresas con distinto NIT y representante legal, perjudicando los intereses de la burguesía nacional, pero sobre todo a los consumidores. Como ya se mencionó antes, el argumento para la oleada de privatizaciones que azotó Latinoamérica fue el pago de la deuda externa. Sin embargo, para el caso de la privatización del sector eléctrico guatemalteco, de los fondos que emergieron de la venta de activos del Estado, más de Q. 300 millones sirvieron para incentivar la inversión extranjera al mercado guatemalteco en el área rural a través del Proyecto de Electrificación Rural (PER).

48

La financiación de este PER será a cargo del Estado con fondos obtenidos con la privatización y con préstamos de instituciones financieras multilaterales

64.

Otro de los argumentos utilizados para fomentar la privatización y tranquilizar a los sectores populares, fue que las facturas sobre el consumo de energía eléctrica iban a bajar considerablemente debido a que la empresa privada es más eficiente que las instituciones estatales. Sin embargo, con la venta de EEGSA a IBERDROLA, y DEOCSA/DEORSA a Unión Fenosa, este servicio se monopolizó a favor de IBERDROLA y Gas Natural Fenosa respectivamente, y a partir de ese momento, los precios al consumidor de la tarifa normal en Guatemala han venido en aumento. De 1997 a 1999 los precios todavía corresponden al INDE:

Gráfica 1 Guatemala: Precios de la tarifa normal al consumidor por Quetzal/kWh

Período 1997-2007

Fuente: Martínez, Iván, Coordinador. “Presencia e impactos de transnacionales europeas en Guatemala”. CEIBA, noviembre 2008. La dependencia en la generación de electricidad a base de petróleo y las fluctuaciones a nivel internacional de este combustible, constituyen algunas de las causas de ese aumento, ya que entre el 60% al 70% depende de éste. La otra causa se debe a los acuerdos entre las empresas generadoras y las distribuidoras del Estado suscritos entre 1992 y 1997, donde se presentan anomalías que benefician a los grandes capitales en perjuicio de los consumidores

65.

3. Resistencia comunitaria en San Marcos Resaltáremos aquí los momentos históricos más relevantes de organización y represión que han sufrido los pueblos de San Marcos, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, haciendo la salvedad que lo que se intenta es situar a los sujetos populares en su contexto histórico. Después de los Acuerdos de Paz resaltan tres procesos de resistencia frente a megaproyectos y transnacionales que tendrán su máxima expresión de unidad en el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO),

64

Martínez, Iván, Coordinador. “Presencia e impactos de transnacionales europeas en Guatemala”. CEIBA, Noviembre 2008,

página 38.

65


49

una plataforma, aunque no constituida y consolidada aún plenamente, aglutina la lucha y resistencia en defensa de la vida y los bienes naturales en varios de los departamentos de esa parte del país. Nos centraremos en la represión que ha experimentado el Frente de Resistencia contra la Explotación de los Recursos Naturales (FRENA) por ser un caso ilustrativo de la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los y las defensoras de derechos humanos en San Marcos.

3.1 Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán frente a la exploración y explotación minera

El gobierno de Álvaro Arzú (PAN), además de coadyuvar a la privatización del sector eléctrico, también jugó un papel importante en el impulso de la explotación de bienes naturales no renovables tales como la minería de metales a cielo abierto y el petróleo, respondiendo a los intereses de ciertos grupos de la elite económica guatemalteca y corporaciones transnacionales que acumulan a partir del modelo extractivo de bienes naturales

66.

Debe recordarse que fue durante el período de gobierno de Arzú, en 1996, cuando se autoriza la licencia de reconocimiento de lo que hoy constituye uno de uno de los proyectos mineros más grandes que tiene lugar actualmente en Guatemala. Nos referimos al proyecto de explotación de oro que se localiza al norte del departamento de San Marcos, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, propiedad de la corporación transnacional canadiense Goldcorp Inc., que cuenta con varias licencias mineras operando en Guatemala a través de sus filiales Montana Exploradora y Entremares S.A. El Gerente General de Montana Exploradora es el ingeniero Milton Saravia, quien a su vez es el actual Presidente de la Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras (GREMICAP) para el periodo 2009-2011. La GREMICAP está dedicada a estimular la inversión nacional y extranjera del mercado minero. Contradictoriamente, en el discurso institucional de la GREMICAP, Saravia afirma que “la minería acelera el desarrollo”

67, omitiendo que también acelera la destrucción de la vida.

Al igual que el gobierno de Arzú, también el gobierno de Óscar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA) se posicionará abiertamente en defensa de los proyectos mineros. En 2003 se otorgó la licencia para explotación de minerales metálicos en el norte de San Marcos a nombre de Montana Exploradora de Guatemala S.A. El proyecto abarca los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. La forma de penetrar el territorio marquense fue, primero, mediante la mentira, pues cuando la empresa comenzó el reconocimiento del área, le dijo a los pobladores y pobladoras que se iba a instalar un proyecto de producción de orquídeas. Segundo, a través de la construcción de escuelas, centros de salud y capacitaciones que ofrecieron a las comunidades, ocasionando problemas a la hora de tomar una decisión colectiva. La información que proveía Montana no profundizaba sobre los daños que la minería a cielo abierto causaría en los territorios, ni de la desigual distribución del capital generado por la misma. Tampoco les hizo saber que tenían derecho a ser consultados como Pueblos Indígenas. En el caso de San Miguel Ixtahuacán, la minera logró que varios comunitarios vendieran sus terrenos, lo cual, en el caso del municipio de Sipacapa se complicó pues el título de propiedad es comunal y necesitaría ser desmembrado para facilitar la compra. Años después, ya en operaciones de la mina Marlin, la contaminación es evidente al igual que las enfermedades y el vacio que provoca la eliminación de los cerros y conversión de agua de rio en una laguneta verduzca, compuesta principalmente por desechos y residuos que están combinados con cianuro y otros materiales tóxicos.

66

Solano, Luis. “La transnacionalización de la industria extractiva: La captura de los recursos minerales e hidrocarburos”. El

Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 19, año 4, junio – julio 2009, páginas 3-36.

67

Mensaje institucional de la GREMICAP. www.industriaguate.com

50

Ante esta situación, los Mames que habitan en las comunidades de San Miguel Ixtahuacán que se encuentran aledañas a la mina, han unificado esfuerzos desde el año 2009 mediante alianzas entre ADISMI, ADIM, la Parroquia, FEBEMI, para luchar por la vida y la autodeterminación de los Pueblos en el Frente de Resistencia Miguelense (FREDEMI)

68.

En el caso de Sipacapa, gracias a su trayectoria organizativa y de prevalecer bajo los principios comunitarios, se fueron informando y recibiendo apoyo de la iglesia católica, organizaciones sociales y ambientalistas. El pueblo sipakapense, a través de su organización comunitaria se preparó para realizar su Consulta Comunitaria de Buena Fe amparado en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en el Código Municipal, así como en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El resultado por el ¡NO¡ fue masivo y favorable en defensa de la vida y el territorio, logrando, el 18 de junio de 2005 que 2,448 personas votaran en contra de la exploración y explotación de minería de metales a cielo abierto en su territorio, recibiendo una oposición de 35 votos en contra. Por su lucha legítima y legal dentro del marco jurídico guatemalteco e internacional, el pueblo sipakapense en seguida se convirtió en un símbolo de resistencia frente al modelo extractivo de bienes naturales, y motivó la realización de más consultas en otras regiones del país, existiendo hasta ahora, más de 40 ejercicios comunitarios de este tipo que se han realizado de cara a la minería y la construcción de megaproyectos. Solo en el departamento de San Marcos se han realizado a la fecha, entre los años 2005 y 2008, nueve consultas comunitarias en rechazo a la minería e hidroeléctricas.

Tabla 1 Guatemala: Consultas realizadas en San Marcos relacionadas con proyectos

mineros e hidroeléctricos en el período 2005 – 2008

No. Municipio Fecha

1 Sipacapa 18 de junio 2005

2 Comitancillo 14-18 de mayo 2005, 23 abril-14 de mayo de 2008

3 Concepción Tutuapa 13 de febrero 2007

4 Ixchiguán 13 de junio 2007

5 Sibinal 18 de abril 2008

6 Tacaná 30 abril de 2008 – 14 de mayo de 2008

7 Tajumulco

8 San José Ojetenam

9 Tejutla

Fuente: Carlos Loarca. “Las Consultas comunitarias de buena fe en Guatemala.” El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 19, año 4,

junio- julio 2009, página 57. La consulta comunitaria de Sipacapa abrió también, desde el año 2005, un proceso jurídico de demanda ante instancias nacionales como la Corte de Constitucionalidad (CC), e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sean reconocidos como vinculantes sus resultados de rechazo a la actividad minera, en tanto obligación del Estado de informar y consultar a las comunidades sobre proyectos y procesos que afectan su vida, así como que la Consulta en general sea reconocida como un derecho ancestral y legítimo de los Pueblos Indígenas para decidir sobre qué tipo de desarrollo quieren para sus territorios

69.

68

www.resistencia-mineria.org. “Frente de Resistencia Miguelense (FREDEMI) organiza resistencia en San Miguel”. COPAE

24/08/09. 69

Para un estudio más detallado de la fundamentación jurídica y conceptual relacionada con las Consultas Comunitarias de

Buena Fe, ver los ensayos de Carlos Loarca, respectivamente: “Consulta Comunitaria y participación democrática”. El Observador.

Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 19, año 4, junio-julio 2009, páginas 55-71; e, “Ideología y derecho para la libre

determinación del Pueblo Maya”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 24-25, año 5, marzo – julio 2010,

páginas 3 – 31.

51

De esta cuenta, actualmente se lleva ante la CIDH un proceso para exigir el cierre de la mina Marlin basado en que el Estado guatemalteco no consultó a los Pueblos Indígenas sobre estas operaciones, y esta instancia ha concretado un paquete de Medidas Cautelares que cuestionan las operaciones de dicho proyecto, debiendo el Estado probar la sostenibilidad de estas actividades extractivas

70.

No obstante esto, existen otras leyes diseñadas al servicio del capital como la reformada Ley de Minería en 1997, que están utilizando para revertir la decisión popular planteando recursos de inconstitucionalidad y amparos. 3.2 Agua para la Vida Otra lucha que está articulando la organización popular en San Marcos es la resistencia a la privatización del agua a través de los planes de construcción de hidroeléctricas. El cuadro a continuación resume las hidroeléctricas registradas hasta el año 2008 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Tabla 2

Guatemala: Hidroeléctricas mayores de 5 MW y menores de 5 MW registradas en San Marcos hasta el año 2008

HIDROELECTRICAS MAYORES DE 5 MW

Entidad Proyecto Ubicación Rio(s) Fecha contrato Estado

Hidroeléctrica Finca Lorena Agen, S.A.

Hidroeléctrica Finca Lorena

San Rafael Pie de la Cuesta

Cabús, Ixpil, Chayen

Estudio

Hidroeléctrica Tres Ríos, S.A.

Tres Ríos, Cutzulchima

Tajumulco Cutzulchimá 29/09/06 Estudio


Tres Ríos, Canujá

San Pablo Canujá 29/09/06 Estudio


Tres Ríos, Negro

Tajumulco Negro 29/09/06 Estudio

HIDROELECTRICAS MENORES DE 5 MW

Entidad Proyecto Ubicación Rio(s) Fecha contrato Estado

Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE –EGEE-

El Porvenir San Pablo Cabúz, Chapá, Tzoc

Operación

ENASA, Energía Nacional, S.A.

Hidroeléctrica Los Cerros

San José El Rodeo

Ixlama Construcción

Iexcom, S.A. La Vega Pajapita Nahuatán Estudio

Fuente: Ministerio de Energía Minas, 2008.

70

García, Rocío. “Entre la espada del modelo económico y la pared de la conflictividad social”. El Observador. Análisis

Alternativo sobre Política y Economía Nos. 24 – 25, año 5, marzo – julio 2010, páginas 32 – 49.

52

Los proyectos hidroeléctricos también han generado movilizaciones locales en San Marcos, en especial71

, los tres proyectos hidroeléctricos aglutinados en la empresa Tres Ríos S.A., donde participan las empresas costarricenses Eléctrica Matamoros e Ingeofica Dos Mil, que pretenden apropiarse del 90% del caudal hídrico del rio Cutzulchimá para conectarlo por medio de tuberías hasta el río Canujá, donde pasara la primera generadora, para luego ser conducido hacia el río Negro, donde estará la segunda generadora, para culminar en el cauce del rio Cabúz donde se colocara la tercera generadora.

El otro proyecto, el de la Finca Lorena, es una hidroeléctrica de mediana generación, y los impulsores son una reconocida familia cafetalera local -Plocharsky-, que según informes locales participó activamente durante la guerra en los procesos de represión

72.

La resistencia contra las hidroeléctricas crece y se une a la lucha por sacar a Unión Fenosa de San Marcos…

…Van a perjudicar la ecología de esos municipios, porque imagínese usted, un río que por años viene en esta cuenca desde la creación de la tierra y de repente es forzado allá, en la serranía, porque lo van a hacer por otro lado. Vamos a dejar una cuenca seca, solo historia nada más de que ahí pasó un río, nosotros corremos peligro, si de ahí nos alimentamos (…) por el agua, los bosques, la fauna…

73

3.3 La Huelga del NO pago

Es lo más agradable, y el valor que tiene esta lucha. Ese valor porque ha corrido la sangre de nuestros compañeros, de nuestros hermanos y eso nos da a nosotros el coraje, nos da la moral para seguir nosotros de

frente y no dar un paso hacia atrás a pesar del riesgo…

Entrevista con representante de FRENA Volviendo al tema de la privatización de la distribución de la energía eléctrica, desde el año 2002, cientos de habitantes del suroccidente de San Marcos han presentado denuncias sobre cobros irregulares en las facturas y el servicio deficiente de la energía eléctrica. No obstante, a pesar de las inconformidades masivas y el asesinato de representantes del FRENA

74, es hasta el presente año 2010 que DEOCSA establece unidades

móviles de atención a los consumidores…

…Las visitas del personal de la distribuidora permitirán resolver dudas en torno de la lectura y la facturación del servicio eléctrico, propiciarán convenios de pago y gestionarán solicitudes de nuevos suministros, entre otras actividades que establece esta dinámica

75.

I. En dónde se origina la Huelga del NO Pago

Debido a la falta de atención que DEOCSA le presta al conflicto generado por el mal servicio eléctrico en San Marcos y el cobro excesivo por éste, el 11 de noviembre de 2002, los usuarios, que meses antes, mediante asambleas generales apoyadas por los alcaldes auxiliares, COCODES y alcaldes de turno, eligieron una comisión que llevó las denuncias ante el Gobernador departamental y representantes de la Comisión Nacional de Electricidad del INDE y DEOCSA, asumieron el compromiso de resolver caso por caso.

71

Veliz, Rodrigo. “San Marcos y la Crisis Energética: Rasgos de una lucha de clases”. Area de Movimientos Sociales. Facultad

de Ciencias Sociales (FLACSO) – Guatemala. Guatemala 2010. Página 9.

72


Crítica al triple proyecto hidroeléctrico de Tres Ríos S.A., por representante de FRENA en San Pablo, San Marcos.

74

Un repaso de estos asesinatos y el contexto en el que han sucedido en Reina, Carmen. “Movimientos sociales y sujetos en la

lucha política y defensa del territorio en Guatemala: Retos para su potenciación”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y

Economía Nos. 22-23, año 5, diciembre 2009 – febrero 2010, páginas 47 – 82.

75

Página oficial de Unión Fenosa en Guatemala. www.unionfenosa.com.gt

53

Sin embargo, después de 3 años de no obtener respuesta, en 2005 se rompe el diálogo.

De las reuniones existen tres actas relevantes redactadas en Gobernación Departamental y un memorial expuesto en el Congreso el día 4 de julio de 2003, donde estuvo Aldo Estuardo García Morales, Gerente General de DEOCSA-DEORSA - Unión Fenosa, y ante las bancadas del PAN, UNIONISTA; GANA y ANN, se comprometió a:

1. Establecer una oficina de atención al consumidor en Tacaná y el Sibinal. 2. Realice un proceso de fiscalización entre sociedad civil, CNEE y DEOCSA. 3. Que las comunidades elijan su propio lector para evitar lecturas erróneas, mala facturación, retraso en

la distribución de las facturas, cortes injustificados, etc. 4. Condonación de lo adeudado por anomalías en las letras y mala facturación, cortes injustificados y

retrasos en la entrega de facturas. Para conocer los avances y resultados, se dejó el 10 de octubre de 2003 en el salón del pueblo del Congreso a las 10:00 a.m. Solo asistió Nineth Montenegro de la ANN y la representación de la sociedad civil. Y DEOCSA-Unión Fenosa y la Comisión de Energía Eléctrica no tuvieron el más mínimo interés en cumplir los acuerdos. En el acta No. 43-2002 del punto 1 se le hace saber a DEOCSA que, por no haber resuelto a partir de la fecha no se cancelará ninguna factura. La representación de DEOCSA firmó las actas aceptando el contenido de las mismas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de comunicados y entrevistas a miembros de FRENA. Las denuncias que desde el año 2002 vienen haciendo los pobladores por el mal servicio prestado por DEOCSA, son diversas y se resumen a continuación: Cobros irregulares en las facturas:

Pago fijo

Alumbrado eléctrico

Tasa municipal

Ajuste

Redondeo

Redondeo del mes anterior

Consumo de Energía con IVA Servicio deficiente de la energía eléctrica:

Apagones

Lentitud en la reparación de averías

Poca inversión en el mantenimiento de la red de distribución.

Lectura errónea de los contadores

Ordenes de corte injustificados para cobrar de Q2, 000.00 a Q 5,000.00 por reconexión.

No hay oficina de atención al consumidor. Ante la poca respuesta del Estado guatemalteco y DEOCSA a las demandas de 35 comunidades del departamento de San Marcos, se declararon en “Huelga de NO Pago”, una estrategia poco aplicada por los movimientos sociales en Guatemala.

…el pueblo tomo la decisión de no pagar, no es que no queramos pagar el servicio, estamos conscientes que hay que pagar, pero eso es una forma, esta es una resistencia pacífica, porque no nos

54

han escuchado, entonces se toma la determinación, para que nos escuchen, para que se haga justicia.”

76

Después de seis años y medio de lucha y en concordancia con los esfuerzos organizativos contra las hidroeléctricas y la explotación minera, surge a finales de 2007 el Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), con el objetivo principal de defender el territorio y las autonomías municipales, de la injerencia del capital nacional y extranjero. Al haberse encontrado con la espalda de los alcaldes municipales, de los diputados por San Marcos, del gobierno central y después de cinco años de estar anuentes a escuchar a Unión Fenosa, el FRENA proclama que deben de irse del país. Ese mismo año, representantes del FRENA asisten al Foro Social Américas (FSA) realizado en Nicaragua, donde conocen los abusos que Unión Fenosa realiza en ese país y participan en la Tribuna Permanente de los Pueblos, donde se exige la expulsión de Unión Fenosa de Nicaragua y Guatemala. La organización popular y la claridad en las demandas por la autonomía municipal aumentan conforme los años y basados también, en el Estado de derecho, realizan análisis jurídico encontrando que la privatización de la distribución de la energía eléctrica violó el Artículo 130 de la Constitución Política de la Republica que habla sobre la prohibición de monopolios y, como fue demostrado paginas atrás, las transnacionales españolas IBERDROLA y Gas Natural - Fenosa poseen el monopolio de la distribución de energía eléctrica, asociados a grupos de la elite económica guatemalteca. Siguiendo con el análisis de FRENA, la concesión también viola los Artículos 1, 2, 3, 119 y 138 de la Constitución y, por ende, los artículos derivados de ellos. Previo a la consolidación del proceso de privatización y monopolización del sector eléctrico, el Congreso de la República aprobó el Decreto No. 93-96, Ley General de Electricidad, la cual contradice la Constitución Política de la Republica pues…

Sólo contempla dos artículos afines a los consumidores, otorgando privilegios a los generadores, transportistas y distribuidores de energía eléctrica. Además, cientos de comunidades eran dueños de las redes de distribución porque gestionaron y pagaron los costos de sus proyectos antes que llegara Unión Fenosa

77.

II. Síntesis de la propuesta de Municipalización de la distribución de electricidad y

generadores de energía eléctrica limpia impulsada por FRENA

1. Los usuarios deberán ser los dueños legítimos. 2. Los usuarios constituidos en Asamblea General, deberán ser el órgano fundamental y la autoridad

máxima.

3. Consejo de Administración: Representación del Consejo Municipal, no menos de 3 y no más de 5 miembros. Representación del COMUDE, no menos de 3 y no más de 5 miembros. Sociedad Civil Organizada, no menos de 15 y no más de 25 miembros. La Asamblea establecerá un órgano auditor.

4. El Consejo Administrativo establecerá: unidad técnica, jurídica, información, educación y divulgación.

5. Las empresas municipales estarán sujetas al MEM, a la CNEE y al INDE, con quienes establecerá

convenio de compra-venta del servicio de distribución de energía eléctrica.

6. Se le pagará al INDE los costos de generación, tal como lo establece la CNEE, y cobrará al usuario lo establecido por la misma.

7. Las utilidades deberán ser conocidas por los usuarios cada tres meses y el cierre contable deberá

ser dividido en tres partes: gastos administrativos, capitalizar la empresa, y otra para obras sociales

76

Entrevista colectiva con 6 representantes de FRENA, 19 de mayo de 2010. 77

Ibídem.

55

de los usuarios, dividida en base al consumo y generación de ingresos.

8. Para realizar lo establecido en el punto 7, el Consejo Administrativo convocará a asamblea, dos meses después del cierre contable del 31 diciembre cada año. Así como el plan de implementación y funcionamiento, aprobado o reprobado por la Asamblea.

Criminalización y asesinato de representantes comunitarios en San Marcos

En relación con la situación que se vive en el departamento de San Marcos, me gustaría informarle que los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades guatemaltecas, apuntan a actores

relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, lamentablemente muy presentes a esta aislada región guatemalteca.

José Enríquez Serrano Martínez,

Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España78

La lucha que llevan a cabo los pueblos de San Marcos está afectando a variados poderes e intereses, entre operadores políticos, narcotraficantes y empresarios vinculados a Gas Natural - Fenosa en Guatemala. A través de los medios de comunicación –tal como sucede en otros casos- se criminaliza a las organizaciones y representantes comunitarios, minimizando su lucha, ocultando la conflictividad social y a sus agresores, utilizando notas rojas y aduciendo criminalidad común en el asesinato de representantes comunitarios. Por ejemplo, el diario Prensa Libre maneja que FRENA es un movimiento que se opone al pago del servicio eléctrico, mientras que sus seguidores hacen conexiones directas del alumbrado público, sin explicar cuál es la razón del descontento.

Tabla 3 Guatemala: Crónica de asesinatos a representantes comunitarios en San Marcos

Período 2008 - 2010

El asesinato de Víctor Gálvez

Fecha Hechos

29/05/08 En el cantón San Pablo a las 6:00 a.m., dos hombres armados que trabajaban para Unión Fenosa cortaron los cables de alta tensión del cantón, causando un apagón de 15 horas en 5 municipios: Ixchiguán, San José Ojetenam, Sibinal, Tacana, Tectitan (Huehuetenango). Los gobiernos municipales y la sociedad civil condenaron la acción de UNION FENOSA y apoyaron abiertamente al Cantón San Pablo.

18/08/08 En la Comunidad Miramar de Malacatán, a las 9:00 a.m. se presentan 14 trabajadores de la empresa DEOCSA con armas de grueso calibre, cámaras de video, diciendo que harán mantenimiento y cuando se suben a los postes para cortar la energía eléctrica, los pobladores intervienen evitando el corte. Horas más tarde llegan a la comunidad 20 patrullas, 60 policías, 30 soldados y dos concejales desde Malacatán a proteger a los trabajadores de la empresa.

25/12/08 Protesta en Malacatán porque DEOCSA suspende la distribución de energía eléctrica, aun cuando existía acuerdo con la empresa de no cortar la luz por las fiestas de fin de año. Se detiene a 29 personas por “delinquir” y se intenta capturar a Víctor Gálvez sin conseguirlo.

03/01/09 Quedan en libertad y ligados a proceso. Bajo el criterio de oportunidad se deja sin efecto la persecución penal en su contra.

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Carta dirigida al Presidente de la Republica de Guatemala y autoridades gubernamentales.

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Se libra orden de captura contra Víctor Gálvez por los delitos de instigación a delinquir, coacción y encubrimiento. Según las autoridades, había incitado las protestas.

13/01/09 Víctor Gálvez presenta su primera declaración ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Malacatán, y se le otorga una medida sustitutiva de arresto domiciliario. El MP solicita la clausura provisional del procedimiento por falta de pruebas y el proceso se archiva, dejando libre de todo juicio a Gálvez. DEOCSA y el INDE intentan querellarse pero no procede por no resultar perjudicados directamente.

19/07/09 En el cantón Morazán, a las 8:00 p.m. aproximadamente, Víctor Gálvez, Virgilio Ramírez Pérez y Reynaldo Boanerges Ramírez Pérez, se encuentran frente al INDE esperando que llegue un electricista para restablecer la energía eléctrica, que había sido cortada por la empresa. Luis Contreras (hijo del diputado por San Marcos, Luis Contreras), Ignacio Velasco, Jonathan y Edy Marroquin Aquino, a bordo de un automóvil se bajan y comienzan a insultarlos con alto contenido racista…

…ya los conocemos y no levanten la mirada, indios hijos de la gran puta, ya los conocemos que ustedes son los líderes y mi papá y el alcalde ya dijeron que hasta que no matemos a estos hijos de puta no se va a componer esta mierda”

Los golpean. Los miembros de FRENA salen huyendo, y Luis Contreras le dispara a Víctor Galvez. Afortunadamente nadie sale herido. Luis Contreras aprovecha para romper el vidrio del pick up de miembros del FRENA y se lleva la agenda de Víctor Gálvez: Aquí voy a buscar a los demás indios.

20/07/09 Días después, el diputado Luis Alberto Contreras presenta una denuncia al MP en contra de Víctor Gálvez, por supuestas amenazas por teléfono.

29/07/09 Denuncia al Fiscal Distrital de MP de Malacatán, San Marcos, contra Aldo Estrada García Morales, representante de DEOCSA, por violar la Constitución Política de la Republica.

03/08/09 Se desarrolla una audiencia conciliatoria donde las partes llegan al compromiso de no molestarse.

?/10/09 A principios de octubre, un individuo llega a la casa de Víctor Gálvez y lo amenaza por obstruir la construcción de una hidroeléctrica en el rio Textapala, en el municipio de Malacatán.

24/10/09 9:00 a.m. a 13:00 p.m., Víctor Gálvez participa en la asamblea parroquial en Malacatán. Gálvez aborda problemáticas sociales, entre ellas, la energía eléctrica y hace fuertes acusaciones contra el Alcalde de Malacatán, Héctor Rubén Chávez, quien se opone a la municipalización de la energía eléctrica. Además, acusa públicamente a Juan Ortiz de querer apropiarse de la energía eléctrica para venderla a la población, y contra el diputado Luis Contreras por tener intereses con la energía eléctrica.

24/10/09 A las 14:20 p.m., en el área urbana de Malacatán, es asesinado Víctor Gálvez con un arma 9 mm. Recibe 12 impactos de bala y su asesino es esperado por un Honda Civic rojo en el que huye. Más de 3 mil personas participan en el entierro de Víctor Gálvez.

El asesinato de Evelinda Reyes

Fecha Hechos

16/11/09 Reunión en San Marcos donde se solicita mantener el diálogo para discutir con las empresas municipales el tema eléctrico, junto a los alcaldes de 7 municipios de San Marcos. Un mes después se reunirían para tratar estos puntos pero…

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15/12/09 Se cancela la reunión y se rompe el diálogo. Ese mismo día, DEOCSA corta la luz en varios municipios, la gente se manifiesta. A FRENA se le acusa de secuestrar al gobernador de San Marcos, sabotear la energía eléctrica y realizar cobros indebidos.

22/12/09 El presidente decreta estado de Excepción en San marcos

11/01/10 Los diputados que acusaban a FRENA no tiene pruebas. FRENA si cuenta con las facturas de los transformadores que ellos pusieron y fueron robados y cuentan con denuncias ante el MP y la PDH. En la reunión el secretario privado de la presidencia se posiciona a favor de DEOCSA.

11/01/10 A pesar del estado de excepción, representantes de Unión Fenosa sostienen una reunión con pobladores de Malacatán. El diputado Walter Félix de la bancada URNG llama a la PNC para que disuelvan la reunión, ya que es ilegal por estar en el marco del estado de excepción vigente.

13/01/10 Audiencia en el Congreso donde estaba presente el secretario ejecutivo de la presidencia Raúl Velásquez y representantes de DEOCSA, fueron invitados alcaldes de San Marcos que llegaron a la capital con 19 buses con 750 personas, salvo el alcalde de Malacatán, quien mando al sindico 1º. No se llego a ningún acuerdo.

13/01/10 Evelinda Ramírez junto a Leonel de León, Fredy Rodas y Jorge Lorenzo Alonzo regresaban a sus hogares después de varias reuniones en la capital de Guatemala los días 11,12 y 13 de enero, con representantes de Gobierno y Empresa. Por el kilometro 208 un carro les rebasa y les corta la vía, mientras un pocop picop blanco Ford Lobo con vidrios polarizados les dispara desde atrás. Hieren al conductor Leonel de León y chocan con el carro que se les había atravesado. Leonel retrocede para dar la vuelta y Evelinda queda frente al picop donde dos hombres vestidos de negro empiezan a disparar, Evelinda recibe 3 disparos en el pecho. El carro se encuneta y los tripulantes del auto huyen hacia el barranco, mientras que Evelinda queda fuertemente herida en el picop adonde llegan a ultimarla.

El asesinato de Octavio Roblero Roblero

Fecha Hechos

20/01/10 El Frente Nacional de Lucha –FNL- presenta una lista de 235 líderes amenazados de muerte a la –CSJ- donde se solicita el resguardo a la integridad física de cada amenazado. En la lista aparece el nombre de Octavio Roblero Roblero. Se interpone un recurso de exhibición personal, por rumores de captura durante el estado de excepción.

17/02/10 Es asesinado Octavio Roblero Roblero de 44 años de edad, cuando cerraba su negocio en el mercado “la placita” ubicado en la Terminal del cantón San Miguel. Testigos afirman que fue asesinado por Juan Ortiz Chamalé. En la escena del crimen se encuentran 16 casquillos de bala. Octavio Roblero Roblero llevaba 13 años de ser líder de la comunidad católica (nuestro Diario 19/02/10) y era cuñado de Víctor Gálvez.

Asesinato de Pedro Antonio García

Fecha Hechos

29/01/10 Es asesinado Pedro Antonio García, secretario del sindicato de trabajadores municipales de Malacatán, San Marcos. Encuentran 23 casquillos de bala en la escena del crimen. Pedro Antonio García no es dirigente de FRENA, pero es un defensor de los derechos humanos asesinado durante un estado de excepción.

El Estado de Guatemala se ha constituido como violadora de derechos humanos de las comunidades de San Marcos al no reconocer los derechos económicos y sociales y al no generar los mecanismos de protección tanto a los consumidores como ante los defensores de derechos humanos.

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Desde diciembre de 2009, las organizaciones comunitarias de San Marcos permanecieron en estado de excepción hasta el mes de abril del 2010, por lo que tienen suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libre organización y manifestación pública, pudiendo en cualquier momento ser detenidos extrajudicialmente. Ante tal situación, el Frente Nacional de Lucha (FNL) interpuso un recurso de exhibición personal para proteger a cientos de representantes comunitarios a nivel nacional que están sufriendo persecución estatal. No obstante, los asesinatos a miembros de FRENA continuaron, a pesar de los reiterados estados de excepción que pretenden “brindar seguridad y establecer la paz en la región”. Los argumentos del Presidente de la República, Álvaro Colom, también se basan en la lucha contra el narcotráfico que azota la región suroccidental del país. Sin embargo, su gobierno no ha logrado disminuir los altos niveles de control en la región de los narcotraficantes locales en coordinación con los Zetas y el Cartel del Golfo. Uno de las personas que han sido presuntamente implicada en el asesinato de representantes comunitarios es Juan Alberto Ortiz López, alias “Chamalé”, cabecilla de uno de los grupos que maneja el trasiego de cocaína y heroína negra en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez. Está asociado con los Sarceño que coordinan con los Zetas, que a su vez han trabajado para el Cartel del Golfo y se estarían convirtiendo en un cartel más, dejando de ser un operador armado de aquel. Chamalé es prácticamente el dueño de toda la franja fronteriza, según reconoció el MINGOB en el año 2006, lo que ha conseguido con base en la oferta de grandes sumas de dinero y amenazas a finqueros y comunidades

79.

En el caso del caserío San Rafael Pie de la Cuesta, el 23 de junio de 2008, aproximadamente 10 pick ups con personas armadas, les ordenaron a 372 familias que abandonaran sus hogares. López Ortiz llegó con una supuesta escritura que lo acreditaba como propietario de las tierras. Sin embargo, los comunitarios afortunadamente cuentan con las escrituras de la tierra y el alcalde de la localidad, Carlos Mazariegos, los respalda. El caserío está ubicado en un lugar estratégico pues se localiza a 25 minutos de la frontera Tecún Umán, colindante con México. También está a 20 minutos de Malacatán, a 15 minutos del rio Cabúz, y a 20 minutos de la pista de aterrizaje municipal. Los cargamentos que llegan a la costa por lancha o barco, son ingresados a tierra y almacenados en las fincas de “Chamalé”

80.

A “Chamalé” también se le vincula con el trasiego de pipas de combustible, de desviar el río Textapala a una de sus fincas para construir, una hidroeléctrica que, según miembros de FRENA, presuntamente estaría siendo asesorado por un ingeniero de Unión Fenosa. El diputado reelecto por San Marcos para el periodo 2008-2012, Luis Alberto Contreras Colindres, abandonó la GANA, el 18 de febrero de 2008, junto a 12 diputados más, para luego convertirse en el Jefe de la Bancada Guatemala (BG) y actualmente pertenece al Partido Patriota (PP). Se le vincula con intereses de Unión Fenosa y por ello se deduce que participa en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la Republica, la cual es presidida por Alejandro Sinibaldi, también diputado por el PP. En varias ocasiones, Contreras Colindres ha sostenido reuniones con representantes de Unión Fenosa y ha exigido al Gobierno Central que controle y ejerza la autoridad en el departamento de San Marcos. Su hijo, Luis Contreras, en julio de 2009 amenazó, golpeó y disparó contra la integridad física de Víctor Gálvez, un reconocido dirigente de FRENA, quien logró salir ileso en esa oportunidad. Tres meses después desafortunadamente, Gálvez fue asesinado por sujetos desconocidos. Unión Fenosa es acusada de contratar personal para que realicen tareas de hostigamiento a los pobladores y brindar seguridad a DEOCSA. A partir del presente año están pidiendo fotocopias de las escrituras de los terrenos para realizar convenios de pago. La oficina de cobros de energía eléctrica en Malacatán está ubicada en la residencia de un presunto narcotraficante. La situación de DEOCSA es crítica pues hace años que miles de personas no pagan por el servicio eléctrico y conectan la electricidad sin el contador; además, la distribución

79

Berducido M. Hector E. “Los Zetas tienden trampa a narcos de Huehuetenango”. Universidad Mesoamericana. 2008. Página 7.

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El Periódico. Versión electrónica. “Señalan intentos de desalojos ilegales”. 3 de Agosto de 2008.

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de energía eléctrica en el área rural no genera grandes ganancias, por lo menos, no hasta que sea vendida a megaproyectos de empresas privadas nacionales y extranjeras. Mecanismos de defensa de las organizaciones comunitarias en San Marcos Es constante la criminalización y los asesinatos que viven organizaciones y liderazgos sociales en San Marcos. Frente a ello, no cuentan con mecanismos de defensa eficientes. Pese a las denuncias que han hecho a las instituciones correspondientes del Estado, y las exhibiciones personales y medidas cautelares presentadas, el conflicto sigue en los municipios de San José el Rodeo, Tacaná, San José Ojetenam, San Pablo, Malacatán, La Reforma y Nuevo Progreso. El 18 de febrero de 2010, la Unidad de Protección a Defensores/as de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) presentó una solicitud de medidas cautelares al Dr. Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH, con el objetivo de garantizar la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos de FRENA. Así mismo, la CIDH lanzó un comunicado donde deplora el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala:

La CIDH insta al Estado guatemalteco a maximizar sus esfuerzos para investigar estos crímenes […] la CIDH espera recibir información […] en la audiencia sobre situación de derechos humanos en Guatemala que se realizará durante el 138 periodo de sesiones de la comisión, en marzo próximo

81.

A partir de esta fecha ya no se han registrado asesinatos ligados a representantes comunitarios en San Marcos, aunque las amenazas y los temores continúan.

Todos los que estamos aquí, estamos en la mira, estamos en el ojo del huracán como se dice así con palabra suave, sin embargo, estamos en la lista negra desgraciadamente

82.

La criminalización, los estados de excepción y el asesinato de liderazgos no han detenido el sentimiento por hacer cambios estructurales en beneficio del bien común. Al contrario, las organizaciones comunitarias siguen luchando por la municipalización de la energía eléctrica, por el cierre de la mina Marlín y por la detención de proyectos hidroeléctricos y mineros. Probablemente, uno de los mejores mecanismos de defensa con los que cuentan las organizaciones comunitarias de San Marcos es no claudicar en la lucha, mantener la unidad como principio de autodeterminación y la ampliación del proceso de transformación social.

III. La propuesta de las tres regiones de San Marcos: Costa, Valle y Altiplano

1. Que el Estado tome la decisión de declarar lesivo para el país, el convenio firmado entre el INDE y

Unión Fenosa porque atenta contra la Constitución Política de la Republica, contra la soberanía de la Nación, la autonomía de nuestro municipios y los derechos económicos y sociales de nuestras comunidades y pueblos.

2. Que DEOCSA-DEORSA-Unión Fenosa sea intervenida de manera inmediata por parte del Estado, a

través del INDE, en cumplimiento con el Artículo 120 del Constitución Política de la Republica, que reza el Estado podrá en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario, intervenir a las empresas que prestan servicios públicos al Estado.

3. Por los abusos que DEOCSA-DEORSA-Unión Fenosa han cometido, que se les aplique los Artículos

54 (rescisión) y 55 (servicio deficiente total o parcial) de la Ley General de Electricidad.

4. Facilitar los medios y procedimientos necesarios para autorizar la creación y funcionamiento de empresas municipales de distribución de energía eléctrica y generadores de energía limpia, con la participación de la sociedad civil organizada de los municipios y los gobiernos locales mismos, quienes deberán ser los dueños legítimos de dichas empresas, las cuales deberán ser: jurídica, técnica y

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Comunicado No. 21/10. www.CIDH.org/comunicados. 82

Entrevista colectiva con 6 representantes de FRENA, 19 de mayo de 2010.

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administrativamente establecidas mediante un sistema cooperativo de manejo que responda a los intereses de las comunidades, municipios y de la Nación.

5. Establecer los procesos, medios y procedimientos para la descentralización del servicio de energía

eléctrica, mediante convenios establecidos entre el INDE y las empresas municipales de distribución de energía eléctrica y generadores de energía limpia.

6. Solicitamos de manera urgente, en las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales, así como

en la de Energía y Minas, del Congreso de la Republica, para que dictaminen favorable mediante la iniciativa identificada con el número 4017, la cual pretende hacer la reforma a la Ley General de Electricidad.

7. Por las anomalías, abusos y violaciones flagrantes que ha cometido DEOCSA-DEORSA-Unión Fenosa

en contra de la población usuaria del servicio de energía eléctrica, condonar la deuda que reclama esa empresa transnacional considerando que ha sido negligente e incapaz de resolver la problemática que se le planteó a lo largo de siete años.

8. Solicitamos urgentemente al Presidente Álvaro Colom Caballeros, al Ministro de Energía y Minas, a la

Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), al Instituto Nacional de Electricidad (INDE) y fuerzas de seguridad, DETENER TODA CLASE DE ABUSOS, AGRESIONES Y CRIMINALIZACIÓN que está provocando el personal de esta transnacional, con lo cual pretende utilizarnos poniendo a las fuerzas de seguridad en contra de la población y viceversa.

9. Finalmente, ratificamos que el FRENA no está en contra del ESTADO: somos ciudadanos y

ciudadanas legítimas.

Fuente: Elaboración propia con base en declaraciones de Feliciano Velásquez Roblero, Coordinador de FRENA.

REPRESIÓN Y DESPLAZAMIENTOS A CAUSA DE LA EXPANSIÓN COMERCIAL Y EL

CRECIMIENTO CAPITALISTA EN COATEPEQUE

1. Mercados Populares en el ámbito rural guatemalteco Los Mercados Populares en el ámbito rural guatemalteco históricamente han aglutinado la economía mercantil de miles de indígenas y campesinos, que en su mayoría, despojados de los medios de producción, encuentran en la compra-venta de mercancías una forma de subsistencia, más no de acumulación. Las ganancias que emanan de este ciclo generalmente son para mantener momentáneamente el sistema de necesidades familiares y para invertir en la compra de nuevas mercancías para mantener las ventas. Nos encontramos pues, ante una economía con poca capacidad de ahorro, y donde generalmente los negocios se asumen familiarmente. Situándonos a partir de la segunda mitad del siglo XX, la producción agrícola de Guatemala estaba determinada por los grandes latifundios donde se cultivaba principalmente café, caña de azúcar y algodón para la exportación. El restante de la producción agrícola era de carácter local, donde participaba la pequeña producción minifundista, que de alguna manera abasteció el mercado local. Para el caso de las familias campesinas que para ese entonces poseen tierras cultivables, en donde la producción les permite contar con un excedente, este generalmente es puesto a la venta en los Mercados Populares, no sin antes competir con los precios que establece la producción latifundista y la práctica del coyotaje o intermediación de compradores, quienes poseen la capacidad de bajar sus precios, situación que provoca un estanco en la calidad de vida campesina, pues el retorno de la ganancia apenas sirve para cubrir precariamente otras necesidades que la propia producción campesina minifundista no cubre, así como para cubrir los bienes y servicios que el Estado finquero agroexportador no proporciona. Para quienes sufrieron la

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proletarización en el agro guatemalteco, es decir de las familias campesinas sin tierra, que han tenido que vender su fuerza de trabajo, el salario que reciben tampoco les permite el mejoramiento de la calidad de vida. Esta situación en su conjunto provoca lo que algunos economistas políticos llaman, la pauperización de la vida en el ámbito rural. 2. Distribución político-territorial del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango La extensión territorial del municipio de Coatepeque es de 372 kilómetros cuadrados, donde la concentración poblacional se distribuye en 1 ciudad, 11 barrios, 15 aldeas, 20 caseríos, 3 colonias urbanas y 2 parajes. En cuanto a los medios de producción agrarios, se identifican 2 micro parcelamientos agrarios, 82 haciendas, 284 granjas, 95 labores y 24 fincas

83.

La concentración de las tierras productivas en Coatepeque por parte de terratenientes alemanes, chinos y guatemaltecos desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, es utilizada mayoritariamente para los monocultivos de café y ganadería que, para finales de la década 1990 eran propietarios del 90.8% de la tierra en el municipio, excluyendo a la mayoría de la población coatepecana de contar con medios propios de subsistencia, entre los cuales el 35% arrendan la tierra y otros optan por dedicarse al comercio, específicamente en los Mercados Populares y tiendas. La ubicación geográfica de Coatepeque estimuló la inmigración de indígenas y campesinos que buscaban mejores condiciones de existencia ante la precarización de la vida en sus lugares de origen, insertándose la mayoría en el negocio del comercio de mercancías en los mercados populares. Coatepeque es una arteria donde fluyen miles de personas y mercancías que se dirigen a México a través de la frontera marquense de Tecún Umán y viceversa. El circulante monetario de la zona se debe en gran medida a la actividad comercial de los mercados populares, locales comerciales y tiendas. Y, por otro lado, a la venta de la fuerza de trabajo y la producción de las fincas cafetaleras, ganaderas y sus respectivos Beneficios de café y Rastros. A finales del siglo XX existían en la ciudad de Coatepeque dos mercados populares o municipales, 3,800 comercios diversos y dos centros comerciales

84. Para el caso de los mercados, la actividad comercial

sobrepasó la infraestructura de los mismos y, como sucede en otros territorios, cientos de comerciantes optaron por establecerse en las calles y avenidas aledañas a éstos. El crecimiento de las actividades comerciales provocó un crecimiento acelerado y desordenado -desde la óptica del ordenamiento territorial- de la zona urbana del municipio. 3. El surgimiento de los centro comerciales en Guatemala Los centros comerciales se identifican por ser espacios dedicados al consumo y entretenimiento de la sociedad, que se administran como una unidad comercial, con área de parqueos y negocios acorde al sector de ubicación. Siguiendo modelos arquitectónicos estadounidenses que dan la apariencia de modernidad y bajo el concepto de “todo bajo en techo”, se construyen grandes infraestructuras donde se distribuyen locales comerciales diseñados para estimular mediante la publicidad, una falsa conciencia basada en el estatus que adquieren las personas cuando se convierten en consumidores. El concepto de compra avanza hacia un concepto de vida, donde el consumismo es el eje central de las relaciones sociales, más allá del sistema de necesidades de reproducción. Hay que advertir también que, subyace en los diferentes “tipos” de centros comerciales, un concepto de estratificación social porque hay diferentes tipos de centros comerciales dependiendo del ingreso o de la posición social de las poblaciones que los frecuentan.

83

División Política Municipio de Coatepeque, 1,995, en www.steriogardenia.com

84

Ibarra Barrios, Julio. Presidente de la Filial Coatepecana de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).

http://www.steriogardenia.com/

62

La construcción de centros comerciales en Guatemala se convirtió en una rama de expansión en la economía capitalista, desde sus inicios a mediados de los años de la década de 1960, y se ha ido perfeccionando cada vez más hoy bajo la lógica de “la modernidad y la competitividad”. En el ámbito rural, los centros comerciales aparecen en las ciudades de los departamentos donde la economía es pujante, permitiendo grandes ganancias para el sector empresarial en expansión dedicado a la inversión, construcción, venta y alquiler de locales comerciales. El sector financiero y comercial poco a poco está desplazando su capital hacia el ámbito rural. Para el caso de Quetzaltenango aparecerán, a principios de la década de 1990, el Centro Comercial Supercom Delco, Mont Blanc y el Internacional Coatepeque. Más recientemente han aparecido también ahí, el centro comercial Pradera. Aquí hay que destacar, en el caso de los supermercados, fundamentalmente en las ciudades y cabeceras departamentales más importantes del país, la proliferación corporativa de las cadenas de supermercados Paíz, fundado y propiedad de la familia del mismo nombre a través, primero, del grupo “La Fragua”, y ahora en alianza con la multinacional de supermercados “Wall Mart”. Los Paíz también fundaron los Metaterminal, un nuevo concepto centros comerciales dirigidos a estratos de ingresos menores y en donde destacan las cadenas de supermercados “Maxibodegas”, cuyas características es que son supermercados para poblaciones de menores ingresos que los centros comerciales “Paíz”, tanto en precios como en las calidades de las mercancías en existencia. Las “Maxibodegas” se fundaron sobre una anterior cadena de tiendas que la familia Paíz conformó en la década de 1970 que llevaron el nombre de “Despensas Familliares”, las que a su vez fueron una reedición de “Las Samaritanas”. Hay que advertir que las “Despensas Familiares” no han desaparecido, aunque sí reducido

85.

3.1 La construcción del Metamercado/terminal de Coatepeque

El concepto de Metamercado es el de un mercado popular, pero ordenado, limpio y seguro. Es un mercado para personas de ingresos bajos y medios, pero manejado en forma privada para servir a la comunidad y, al mismo tiempo, es el que genera tráfico peatonal para un complejo comercial que incluye tiendas populares y centros de servicio

86.

El Metamercado prácticamente está desplazando a los antiguos mercados de barrio o cantonales como se les conoce. El concepto del Metamercado/terminal de Coatepeque está orientado a concentrar las ventas con mayor demanda en la región, aperturar negocios del sector empresarial pudiente del país y captar un mercado de consumidores amplio y constante que, aunado a la construcción estratégicamente de la terminal de buses en el Metamercado y la reconstrucción de una carretera que atraviesa el municipio hacia la frontera de Tecún Umán, concentran un amplío flujo poblacional y migratorio entre México y Guatemala.

85

Ver Solano, Luis, y Solís, Fernando. “El bloque histórico y el bloque hegemónico en Guatemala”. El Observador. Análisis

Alternativo sobre Política y Economía No. 3, año 1, noviembre de 2006, páginas 3-14. 86

Dr. Rodolfo Paíz Andrade, "Hacia nuevos conceptos de mercado", Revista Empresa, mayo de 1993. Página 16.

63

Mapa 1 Guatemala: Ubicación del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango

Fuente: Investigaciones en Guatemala. Pero el negocio principal giró en torno a la inversión, construcción, venta y alquiler de locales comerciales que por las características anteriores, aumentaron la renta del espacio físico, generando grandes ganancias. En ese sentido, el capital financiero jugó un importante papel para concretizar la obra del Metamercado/terminal. Los principales préstamos millonarios fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por la banca financiera guatemalteca. La construcción tiene un costo total de Q. 102.4 millones, de los cuales Q. 53 millones fueron otorgados a la Corporación Municipal de Coatepeque, el 3 de diciembre de 1998 por intermediación del Instituto de Fomento Municipal (INFOM). La intervención del INFOM en el negocio se debe a que las corporaciones municipales no cuentan con bienes embargables que soporten los préstamos millonarios, y como garantía se ofrecen los descuentos automáticos del situado constitucional del 10% que el gobierno gira a las municipalidades cada dos meses por parte del INFOM, el cual cobra 1% de interés anual sobre saldo, por servir como intermediario. Esta es una de las formas de realizar alianzas publico-privadas, generando endeudamiento público y favoreciendo al sector privado. Durante la gestión del entonces gerente del INFOM, Roberto Alfaro, las corporaciones municipales recibieron préstamos del sistema bancario. Actualmente, Alfaro es acusado de malos manejos de fondos durante su gestión, entre el 28 de enero de 1996 y el 14 de febrero de 2000. No obstante, el 23 de junio de 2009, Alfaro, asumió de nuevo la conducción del INFOM. La deuda millonaria que adquirió la municipalidad provocó un reordenamiento de la política de inversiones en obras públicas, fundamentalmente de infraestructura como drenajes, escuelas y carreteras que se dejaron de construir durante años, pues los fondos fueron utilizados para pagar los intereses al BID. Esta situación hizo que la Corporación Municipal accediera a nuevos préstamos para culminar las obras. Para 2007, la Municipalidad solo había abonado Q. 2.6 millones del préstamo. A inicios del año 2004 asumió la Alcaldía de Coatepeque, Leopoldo Tabares López, quien junto con el electo Presidente de la República, Óscar Berger, ambos del partido de la Gran Alianza Nacional (GANA)

87, inauguran

el 13 de marzo de 2004, el Metamercado/terminal de Coatepeque, considerado el más grande de Centroamérica, con un área total de construcción de 97 mil 657.28 metros cuadrados distribuidos en cinco módulos de dos niveles cada uno, que concentran más de 1600 locales comerciales y cuenta con 145 parqueos para clientes, así como una y una terminal con 260 espacios distribuidos entre pick ups, camiones, microbuses, buses y taxis.

87

La Gran Alianza Nacional (GANA) se conformó como una expresión que intentó aglutinar los intereses unificados de las

principales familias de la oligarquía guatemalteca aglutinada en el denominado G-8. Como uno de los representantes del sector comercial

se une la familia Paiz Andrade, reconocida por sus intereses en la rama del comercio y construcción de centros comerciales, que para ese

entonces obtenía ganancias de US$ 2 mil millones anuales. Durante la gestión de Berger, Rodolfo Paiz Andrade, uno de los hermanos al

frente de la familia, fungió como Comisionado de Desarrollo Local.

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En acto que tuvo lugar el sábado último, poco después del mediodía, el Presidente afirmó que el Mercado-Terminal de Coatepeque „es un símbolo de lo que queremos hacer con el comercio centroamericano y con el comercio con México‟. Berger instó al sector comercial a instalar allí sus ventas, pues „es aquí a donde van a venir a comprar, desde el sur de México, porque estas son las mejores instalaciones que van a encontrar

88.

Vista panorámica del Metaterminal de Coatepeque Fuente: foro.univision.com

4. El detonante del conflicto Desde antes de la inauguración del Metamercado/Terminal de Coatepeque, la Corporación Municipal a cargo de Leopoldo Tabares López, inició los preparativos para trasladar a los y las comerciantes del mercado central, la Placita, los transportistas y los puestos de calle aledaños. Como principal argumento las autoridades municipales sostuvieron que el traslado hacia el Metamercado/terminal descongestionaría la ciudad de Coatepeque, la demanda del negocio de los comerciantes aumentaría y las calles y avenidas de la ciudad quedarían limpias y ordenadas. Lo que no dijo fue que principalmente la urgencia provino de la necesidad de empezar a percibir ingresos de la venta y alquiler de locales comerciales para aminorar la deuda millonaria. Sin embargo, la construcción de las instalaciones se encontraba aun sin finalizar y lejos de los mercados populares. Otro problema que ha sido denunciado por los y las comerciantes que en su momento se trasladaron a las nuevas instalaciones del Metamercado/terminal es el aumento en la cuota por la utilización del espacio.

Inquilinos del nuevo mercado de la terminal de buses manifestaron ayer su inconformidad con la comuna local que decidió aumentar el valor de los puestos, de Q. 60 mensuales a Q. 400, denunció Alma López, una de las afectadas

89.

El conflicto se desencadenó cuando los y las comerciantes se rehusaron a trasladarse por una suma de factores. Entre los argumentos más señalados se mencionaron: Que las condiciones sanitarias del nuevo Metamercado/terminal son pésimas;

88

Texto integro del Diario de Centroamérica: “Mandatario puso en funcionamiento Mercado- terminal en Coatepeque”. edición

electrónica No. 263, lunes 15 de marzo de 2004. 89

www.stereogardenia.com, 29 de julio de 2005.

http://www.stereogardenia.com/

65

Que la exclusión de un sector de comerciantes en el proyecto generó descontentos; El aumento del alquiler de los locales comerciales; y, El arraigo a las dinámicas socio-culturales que se vivían en los espacios que pronto serian

derrumbados.

I. La contaminación alrededor del Metamercado/terminal de Coatepeque y el Ministerio de

Ambiente y recursos Naturales MARN

El Metamercado/terminal se construyó al lado del basurero municipal -el que que recibe 35 toneladas diarias de basura-, así como cerca de dos cementerios: uno público y el otro privado, lo que alertó a los y las comerciantes de posibles enfermedades. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) citado por la Coordinadora de Comerciantes de Mercados, Calles y Avenidas y Terminal de Buses, de Coatepeque, se declaró no apto para manejarse como Mercado, ya que:

Los profesionales indicaron que no bastaría con remover el basurero del lugar de ubicación para eliminar la contaminación, porque el basurero lleva más de 50 años de funcionamiento y que para desintoxicar el área tendrían que transcurrir aproximadamente más de 25 años, para que el área pueda ser descontaminada

90.

La Corporación Municipal se hizo acreedora de multas por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por no cumplir con las recomendaciones de esa cartera. El 10 de enero de 2008, antes de entregar la Alcaldía, Julio Tabares López se comprometió ante el MARN a realizar los planes de mitigación de impactos negativos y gestión ambiental, cumplir con los requisitos establecidos en la ley, y cerrar el basurero municipal y trasladarlo a otro espacio, en un plazo no menor de un año. Uno de los argumentos más fuertes del sector del Comercio Popular eran las malas condiciones sanitarias del Metamercado/terminal, al encontrarse cerca del basurero municipal y de dos cementerios. El 20 de junio de 2008, delegados del MARN indicaron que en las instalaciones del Metamercado/terminal no existen focos de contaminación. Días después la corporación municipal anunció la clausura del basurero municipal y su traslado hacia otro espacio. En dictamen emitido No. D-599-2008/ERLRMLVLS/ERLRMLS, de fecha 23 de octubre de 2008, se recomienda aprobar el diagnostico ambiental presentado por la corporación municipal a la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. Diez años después del inicio de la construcción del Metamercado/terminal de Coatepeque fueron aprobados los estudios por parte del MARN, es decir, primero construyeron y luego evaluaron. Estas medidas de carácter correctivas avaladas por el MARN permitieron la construcción de una obra y la comercialización de alimentos en un espacio contaminante.

4.1 Conflictividad durante la gestión de Leopoldo Tabares López como Alcalde de Coatepeque91

La inconformidad de las y los comerciantes ante las condiciones que ofrecía el nuevo espacio provocó la resistencia al traslado desde mediados de 2005. Las rondas de diálogo se iniciaron con intermediación de una

90

Carta dirigida al Ing. Álvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala, por la Coordinadora de

Comerciantes de Mercados, Calles y Avenidas y Terminal de Buses de Coatepeque, Quetzaltenango. 91

La recopilación de la información que a continuación se describe fue extraída de las páginas electrónicas de Prensa Libre,

Nuestro Diario, Diario de Centro América, el Periódico, Siglo XXI, Estereo Gardenia y Albedrio. Para su revisión se recomienda buscar

por la fecha descrita en cada hecho.

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“Junta de Seguridad Civil” entre la Corporación Municipal y el sector del comercio popular; este último exigiendo la adjudicación de 171 locales del modulo 4 para aceptar su traslado. Las rondas de negociación no llegaron a acuerdos definitivos y la tensión en la ciudad coatepecana aumentó. En octubre de 2005 se suspende momentáneamente el conflicto debido al ingreso de Guatemala de la Tormenta Stan, que por obvias razones somete a los actores en conflicto a otras dinámicas, y no es hasta finales de 2006 cuando se desatan los enfrentamientos entre las fuerzas públicas, grupos paramilitares y comerciantes. Antes de los primeros enfrentamientos, la Corporación Municipal informó el 15 de junio de 2006 “Que no podrían cancelar los salarios de 335 empleados municipales, debido a que los y las comerciantes no se habían trasladado al Metamercado/terminal y la municipalidad carecía de fondos.” Paralelo a ello, la Municipalidad inició reuniones con vecinos y líderes del municipio para atender temas de seguridad, entre los cuales destaca la problemática del traslado al Metamercado/terminal, y éstos le piden al Ministerio de Gobernación (MINGOB) mayor seguridad en el municipio. A finales de julio, en tanto el sector del comercio popular sigue rechazando el traslado, con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) se traslada a los transportistas a la nueva Terminal ubicada en el Metamercado. El 16 de septiembre de 2006, la Procuraduría General de la Nación (PGN) avaló a la Municipalidad para que efectuara el traslado de los y las comerciantes hacia el Metamercado/terminal. Las protestas continuaron por parte del sector del comercio popular y exigen a la Municipalidad que entregue cuentas sobre el manejo de fondos municipales en la construcción; mientras, los y las comerciantes que ya se pasaron alegan el alto costo de los locales comerciales y que la lejanía del Metamercado del centro de la ciudad ha bajado las ventas. El 23 de noviembre de 2006, durante el estado de prevención decretado por el entonces Presidente de la República, Oscar Berger, se realizó el primer desalojo de los Mercados Populares con un saldo de 20 capturados, 12 heridos y 84 intoxicados, debido a la gran cantidad de gases lacrimógenos que fueron lanzados por los antimotines. No obstante, los y la comerciantes vuelven a ocupar sus puestos y a finales de 2006 presentaron un amparo ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo para evitar su traslado. Esta instancia judicial falló en contra de los y las comerciantes, por lo que decidieron presentar otro amparo, esta vez ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Fotos: Jorge J. Mérida. www.steriogardenia.com Por su parte, miles de comerciantes mantuvieron su postura hasta que se agotaran todas las vías legales y administrativas, ya que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) declaró el espacio del Metamercado/terminal no apto para las actividades comerciales a las que se ha destinado. Esta situación fue impugnada por el Alcalde y el 2 de mayo se registró el segundo desalojo con un saldo de 13 capturados, 70 intoxicados y 10 personas heridas. Al día siguiente, los y las comerciantes deciden tomar la Municipalidad y

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exigir la renuncia del Concejo Municipal por no atender sus demandas. Días después cierran la carretera en el kilómetro 216 ruta al Pacifico, como protesta ante la falta de diálogo con las autoridades ediles. El 23 de julio de 2007, tres Jueces del ramo penal son removidos de Coatepeque a solicitud del Alcalde Leopoldo Tabares López, quien alega parcialidad a favor del sector del comercio popular en el caso del traslado hacia el Metamercado/terminal. Una semana después, los y las comerciantes bloquearon la entrada al edificio de los tribunales para exigir una audiencia al MINGOB, el retorno de los jueces trasladados y desestimar el proceso contra sus dirigentes, abogados asesores y otras dos personas, que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia de Retalhuleu. Durante la coyuntura electoral, los partidos políticos aprovecharon el conflicto para posicionarse, la tensión baja unos meses y en septiembre se conoce el nombre del nuevo Alcalde de Coatepeque electo en las elecciones generales de ese año, siendo Edwin Rolando Vega, postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien asegura que el traslado de los y las comerciantes es inminente a las instalaciones parcialmente abandonadas del Metamercado/terminal.

4.2 Conflictividad durante la gestión del Alcalde Edwin Rolando Vega92

El 11 de mayo de 2008 es asesinado el periodista Jorge Mérida en su vivienda de Coatepeque. Durante la conflictividad estuvo cubriendo notas periodísticas como corresponsal del diario Prensa Libre. La PNC y la PDH inician la investigación y cateos en domicilios de Coatepeque. El 1 de agosto la Corporación Municipal notificó al sector del comercio popular que iniciaran de inmediato los traslados hacia el Metamercado/terminal y les advierte que si existe oposición llamará a las fuerzas públicas; sin embargo no presentaron orden de desalojo de un juez competente, por lo que la resistencia pacífica continuó. A raíz de esta situación, el 5 de agosto, alrededor de 300 vecinos encabezados por el Alcalde Edwin Vega, llegaron a la subestación de la PNC en un acto simbólico, a pedirle ayuda a los policías para el traslado. A inicios de agosto de ese año, Obdulio Pac, uno de los representantes de los y las comerciantes fue arrestado por la PNC. El conflicto sube de tono cuando las autoridades no logran mediar la situación, dando lugar a la intervención de la población civil en los enfrentamientos y deciden cerrar la ruta al Pacifico a la altura del kilometro 217. Varias organizaciones sociales proponen que se integre una Comisión de Alto Nivel en el gobierno para que resuelva el conflicto sin perjudicar a nadie, principalmente ahora que los enfrentamientos se realizan entre poblaciones civiles. Luego de ver frustrados los planes de realizar el desalojo en compañía de la población civil, la municipalidad inicia los trámites para lograr una orden judicial del tercer desalojo, la cual se concreta el 21 de agosto de 2008, en compañía de aproximadamente 1,400 agentes de la PNC y unos 700 soldados del Ejército. Durante la resistencia, dos mujeres comerciantes fueron arrestadas por algunos días. A pesar que muchos ya instalaron sus puestos en el Metamercado/terminal, continúan llegando a los mercados populares y calles aledañas, cientos de comerciantes en solidaridad con los que fueron excluidos del proyecto, bloqueando el 30 de agosto de nuevo la ruta al Pacifico en el kilometro 216, y condenando el desalojo de la semana anterior. En respuesta, el 5 de septiembre de 2008, se realizó el cuarto desalojo de los mercados populares, siendo esta vez el saldo un soldado muerto, otro herido, así como un concejal herido, 50 comerciantes intoxicados y 19 detenidos. Después de meses de conflicto, el 5 de octubre de 2008 es quizás el día con mayor caos en la zona urbana de Coatepeque. La Policía Municipal intentó, por orden municipal, desalojar a los comerciantes de calle, lo que provocó un nuevo enfrentamiento, siendo esta vez el saldo de un comerciante muerto, varios heridos de bala y

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La recopilación de la información que a continuación se describe fue extraída de las páginas electrónicas de Prensa Libre,

Nuestro Diario, Diario de Centro América, el Periódico, Siglo XXI, Estereo Gardenia y Albedrio. Para su revisión se recomienda buscar

por la fecha descrita en cada hecho.

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alrededor de 20 comerciantes intoxicados. El conflicto se intensificó cuando dos pick ups fueron quemados durante el disturbio. Mientras ocurría el enfrentamiento, otro grupo se dirigió a la municipalidad y le prendieron fuego. El alcalde Edwin Vega se comunicó con el Gobernador de Quetzaltenango para solicitarle al Presidente de la República, Álvaro Colom, que declarara Estado de Prevención, en tanto que un contingente del Ejército se dirigió hacia el lugar de los disturbios. El 11 de noviembre de 2008, Policías Municipales (PM) y de la PNC se enfrentaron contra decenas de comerciantes que acusaban a los agentes ediles de haberles robado sus mercancías, causando tensión en varias calles de la zona 1 de Coatepeque. Una semana después, el 17 de noviembre de 2008 por la noche, desconocidos dispararon contra Carlos Enrique Velásquez Bautista, de 51 años, Síndico Segundo de la Corporación Municipal, quien muere de los impactos de bala. El 5 de diciembre de 2008, decenas de vendedores ubicados en la 6a., 7a. y 8a. calles de la zona 1 se enfrentaron a la PM acusándolos de haberles quitado mercancías cuando realizaban operativos de limpieza. Semanas después, en vísperas navideñas, son demolidos los mercados populares como medida para forzar el traslado de los vendedores al Metamercado/terminal. El 23 de diciembre de 2008 es asesinado de varios impactos de bala, Armando Donaldo Sánchez Betancourt, por desconocidos que se dieron a la fuga. El abogado fue asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y del Comité de Unidad Campesina (CUC). En ese momento asesoraba a la Coordinadora de Comerciantes de las calles y avenidas de la ciudad de Coatepeque, llevando el caso de la demanda contra la Corporación Municipal por los abusos de autoridad y prepotencia para obligar a los vendedores a trasladarse al Metamercado. También denunció públicamente a los diputados por el departamento de Quetzaltenango en cuanto a la injerencia en las toma de decisiones del Alcalde Municipal de Coatepeque y su corporación. Entre sus alegatos había planteado que algunos de ellos estaban implicados en cuestiones anómalas en la construcción de dicho Metamercado. El 29 de enero de 2009, unos 600 comerciantes se enfrentaron de nuevo contra agentes de la PM que intentaban desalojarlos de la calle, continuando al día siguiente los enfrentamientos, resultando varios policías municipales heridos, así como un vehículo incendiado. El Alcalde Vega pide el retiro de la PNC y del Ejército porque no ayudaron a que se consumara el desalojo y les da cinco días para que se retiren del municipio. El 13 de marzo de 2009, Luis Arnoldo García, del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque, sale de su negocio como a las 7 de la noche y se sube a su carro. Desde un carro Mazda sedan blanco le disparan con AK-47, asesinándolo. García facilitaba su vehículo para realizar diligencias del sindicato. El 6 de abril de 2009, durante una protesta que realizaba el sector del Comercio Popular oponiéndose a ser desalojados de las calles, la Policía Municipal arremete contra ellos. Según testimonios de los comerciantes, la PM quemó el pick up de un comerciante y quebraron los vidrios de otros dos vehículos. Durante el enfrentamiento, Diego Chiti Pú, de 17 años de edad, sufrió heridas de bala en el esternón y murió al ingresar al hospital, al igual que Sergio Ramírez de 23 años, que también murió en el hospital de Coatepeque. Diego Chiti Pú era el hijo de Marcelina Pú, miembra del Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque. De los enfrentamientos también resultan 11 comerciantes heridos. Tiempo después llegan los antimotines y el Ejército al lugar. El 14 de mayo de 2009 se produce otro enfrentamiento cuando varios agentes de la PM son acusados de sacar mercancías de una bodega propiedad de los vendedores del mercado. Durante el enfrentamiento es asesinado por una bala el estudiante Elías Ramos, y cinco personas más resultan heridas. El 28 de mayo de 2009 es asesinado el Concejal I, Erwin Salomón Ramón Velásquez, de 41 años de edad. El hecho ocurrió cuando desconocidos lo atacaron frente a la ferretería “El Artesano” de su propiedad. Y el 21 de febrero de 2010 es asesinado por desconocidos Elvin Chang, Concejal III de la Municipalidad.

El 19 de abril de 2010, agentes de la División Especial de Investigación Criminal de la Policía capturaron a Ronel Lucas Gómez Escobar, Jefe de seguridad de Vega, sindicado de las muertes de

69

Carlos Eduardo Leonel Mazariegos Reyes, de 28 años, y Eduardo Josué Mazariegos Mérida, de 4, padre e hijo respectivamente, quienes fueran atacados a balazos, en la zona 6 de Coatepeque el 12 de agosto de 2009. En ese crimen resultó herida Erika Mérida, esposa y madre de las víctimas, quién acusó al alcalde Vega de haber ordenado el ataque, ya que la familia lideraba a un grupo de vecinos que denunciaron anomalías en la venta de un terreno propiedad del alcalde. A Gómez Escobar también se le investiga por el asesinato del Concejal y los dos Síndicos

93.

Foto: Coatevision. El 10 de agosto de 2010 fue asesinado el Alcalde de Coatepeque, Edwin Vega, cuando conducía una cuatrimoto por las calles de la zona 1 de Coatepeque. Según testigos, hombres desconocidos a bordo de una motocicleta se le atravesaron y le dispararon. En el lugar se encontraron 14 casquillos de bala. Las hipótesis sobre el móvil coinciden en que fue una venganza, por el tipo de asesinato.

II. 12 Estados de Prevención en Coatepeque

En términos generales, los Estados de Prevención sirven para suspender las garantías constitucionales de la población tales como el derecho a huelga, reunión o locomoción, quedando a disposición del Organismo Ejecutivo cualquier decisión que se tome al respecto. El gobierno deberá decretarlo en Consejo de Ministros y publicarlo en el Diario de Centro América. La duración de un Estado de Prevención no deberá exceder los 15 días. El primer Estado de Prevención en Coatepeque fue decretado por Oscar Berger, siendo Presidente de la República, el 17 de noviembre de 2006, mediante Decreto No. 6-2006. En el caso de Álvaro Colom, su gobierno decreta el primero de 11 Estados de Prevención seguidos, el 5 de octubre de 2008. Las prorrogas de cada uno se han realizado en un promedio de 15 días cada una e igual número de días de vigencia, sumando ya cinco meses y medio de suspensión de las Garantías Constitucionales. (Decretos Nos. 7-2008, 8-2008, 11-2008, 12-2008, 14-2008, 15-2008, 18-2008, 1-2009, 2-2009, 3-2009, 4-2009). Durante los Estados de Prevención se han realizado desalojos violentos, capturas, cateos y allanamientos. Se han registrado asesinatos de comerciantes, de cuatro miembros de la Corporación Municipal, un periodista, el

93

Reynolds, Louisa. “Coatepeque: entre prevención y violencia contra autoridades ediles”. El Periódico, 20 de agosto de 2010.

70

abogado de los comerciantes y un soldado. Además, cientos de personas han resultado heridas e intoxicadas por los gases lacrimógenos. Los mercados populares fueron derrumbados y la municipalidad quemada, al igual que varios carros. El 16 de enero de 2010 en el Diario de Centro América, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, señaló que: “Esto se debe a los matices de ingobernabilidad”. Recordó que, debido a ello, el Presidente Álvaro Colom decretó Estado de Prevención el 5 de octubre de 2009, fecha desde cuando se ha prorrogado en seis ocasiones, manteniendo presencia policial y militar en el sector para evitar más incidentes. Las cifras que expresó Robles contradicen los datos oficiales de los Estados de Prevención decretados por el Presidente. El Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que el Estado de Prevención en

Coatepeque no haya servido de nada, puesto que aún bajo esa restricción han ocurrido 17 muertes violentas, entre éstas, el perpetrado contra el alcalde Edwin Vega

94.

Recientemente, el 24 de agosto de 2010, Colom declaró para Radio Sonora que ya no pondrá mas Estados de Prevención en Coatepeque, pues no han servido para solucionar el conflicto.

5. Grupos a favor del traslado de comerciantes

5.1 Vecinos en Acción Ante la resistencia del sector del Comercio Popular a ser desalojados por parte de las fuerzas públicas, un sector de vecinos y la municipalidad iniciaron una coordinación durante los primeros meses del año 2007, para apoyar el desalojo de los y las comerciantes. Dentro de sus primeras acciones destaca la distribución masiva de volantes, en los cuales la organización “Vecinos en Acción” y la municipalidad utilizan un formato y simbología similar

95. Durante los enfrentamientos entre la PNC y el sector del Comercio Popular, en varias ocasiones los y

las comerciantes han denunciado que se mezcla población civil a agredirlos, los cuales han sido identificados como miembros de Vecinos en Acción, quienes tendrían intereses económicos con el Alcalde. Según miembros de la Coordinadora de Comerciantes de Mercados, Calles y Avenidas y Terminal de Buses de Coatepeque, durante los disturbios suscitados durante el primer Estado de Prevención que fue decretado por Colom, se infiltraron entre los comerciantes y los provocaron con insultos y golpes.

Siendo otra la realidad, porque a pesar que los elementos municipales y dichos grupos de vecinos allegados al alcalde inician un percance, seamos culpados de dicho acto delictivo, en el cual, falleció un integrante de la clase trabajadora de Coatepeque, culpándonos de tomar de rehén al alcalde Edwin Vega, siendo este rescatado por los elementos de la PNC. Esta es una vil mentira porque ese día no hubo presencia policiaca en Coatepeque al dar como resultado la quema de uno de nuestros mercados particular, el cual alberga una gran parte de nuestro comercio, el hecho cometido por dichos Vecinos en Acción arremetido en contra de nuestros compañeros con armas automáticas y semiautomáticas de grueso calibre, armamento de uso militar el cual solo pueda que lo utilicen grupos de sicarios y personas desestabilizadoras del sistema de administración gubernamental

96.

5.2 Comerciantes del Metamercado/terminal

Por su parte, el grupo de comerciantes que se instaló en el Metamercado/terminal han protestado en varias ocasiones porque todavía existen comerciantes en los mercados populares y las calles que no han sido

94

Prensa Libre versión electrónica. “PDH censura estado de prevención en Coatepeque”. 11 de agosto de 2010. 95

Textos íntegros de los volantes distribuidos en el año 2008.

96

Carta dirigida al Ing. Álvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala por la Coordinadora de Comerciantes

de Mercados, Calles y Avenidas y Terminal de Buses de Coatepeque, Quetzaltenango.

71

trasladados, situación que ha provocado bajas en las ventas del Metamercado/terminal, ya que los pobladores prefieren llegar a comprar a los lugares habituales por costumbre y por la cercanía. Los comerciantes le exigen a la municipalidad que resuelva pronto el traslado de los demás comerciantes, pues representan una competencia desleal porque ellos no pagan el alquiler tan alto que se paga en el Metamercado/terminal, en comparación con las ventas de calle.

5.3 Grupos clandestinos: AK 47 y los Ángeles Justicieros

Los alcaldes deben tomar como ejemplo lo que sucedió en Coatepeque, en donde la Policía Municipal y los guardaespaldas del alcalde están funcionando como grupos paralelos y donde el alcalde ha interpretado a su manera el tema de la seguridad.” Afirmó en una entrevista Marlene Blanco Lapola, entonces Viceministra de Apoyo Comunitario del Ministerio de Gobernación

97.

Los volantes y las listas negras que han publicado ambas organizaciones expresan un alto grado de racismo y forman parte del discurso de la limpieza social, criminalizando al sector de comerciantes y transportistas. Así mismo, se refieren a la Alcaldía municipal y a la PNC, que de no desalojar ellos intervendrán. También amenazan con toques de queda.

III. Extractos de los textos íntegros que aparecen en los volantes de los grupos

paramilitares “AK 47” y “Ángeles Justicieros”

AK 47 al rescate de Coatepeque. Estamos hartos de ver que los hijos de puta de los comerciantes, no entiendan y, por lo tanto, entramos en apoyo a los coatepecanos. Damos 72 horas a estos hijos de puta para que se vayan de las calles sino comenzarán las ejecuciones. Los ángeles justicieros al rescate de Coatepeque, y ante la insuficiencia de las autoridades nos vemos en la obligación de limpiar un poco el pueblo de tanta escoria. Ya que el pueblo está cansado de tanto marero, drogadictos, extorsionadores, secuestradores, matones (sicarios), y comerciantes necios (chiltepes). Hace unos tres meses tiramos una lista de hijos de puta, los cuales están marcados y tienen sus días contados … A todos estos hijos de puta les damos 48 horas para que se desaparezcan del pueblo, y si no hacen caso empezaremos a eliminarlos y a quemarlos uno por uno así como hicimos en Escuintla. Invitamos a la población a que se porte bien y no ande en la calle a partir de las 22:00 horas, porque podemos andar probando puntería, y a los de los buses se les ruega que no anden solapando mareros porque se pueden arrepentir, así como no amagamos se van por igualados.

La práctica de amenazas por volanteo en Coatepeque en contra de los y las comerciantes no es nueva. Cabe recordar que en junio de 2001, los y las comerciantes iniciaron protestas por el aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y posteriormente por la aplicación del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), las cuales fueron criminalizadas a través de una campaña negra de volantes desprestigiando a los líderes del movimiento y recibieron amenazas. El IUSI fue visto como una oportunidad de la entonces Corporación Municipal para generar ingresos y solventar la crisis económica provocada por la millonaria deuda proveniente de la construcción del Metamercado/terminal. La respuesta del Ministerio Gobernación (MINGOB) ante la presencia de grupos clandestinos en Coatepeque ha sido en vano. Los Estados de Prevención dejan impune cualquier acción violenta en contra de los y las comerciantes. Como consecuencia, se contabilizan aproximadamente 17 asesinatos de comerciantes. Los antimotines que han estado durante los desalojos tienen órdenes de solo utilizar los bastones y los lanzabombas lacrimógenos, no obstante, muchos comerciantes han muerto de impactos de bala. No se descarta que el grupo “AK 47” o “los Ángeles Justicieros” sean los responsables de los asesinatos.

97

Inforpress Centroamericana. Boletín Municipal. Edición No. 193. Guatemala 15 de agosto de 2009.

www.inforpressca.com, página 5.

http://www.inforpressca.com/

72

A inicios del año 2009, el MINGOB inició un proceso para la instalación de una Junta Local de Seguridad (JLS) como alternativa para solucionar el conflicto. Ante la negativa al diálogo por parte de las autoridades municipales y la postura en resistencia al traslado al Metamercado/terminal, los desalojos se han efectuado de manera violenta, sin embargo, los y las comerciantes han regresado a ocupar sus locales. La municipalidad, pese a no contar en varias ocasiones con órdenes de desalojo emitidas por un juez, ha enviado a la Policía Municipal, la cual es acompañada por población civil.

LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN HUEHUETENANGO Y LOS PROYECTOS

HIDROELÉCTRICOS

1. Breve contexto histórico desde la defensa del Territorio y represión de los Pueblos huehuetecos La historia de los Pueblos del territorio huehueteco, especialmente del norte, ha manifestado en múltiples ocasiones muestras de organización, resistencia y lucha frente al racismo, la explotación de la fuerza de trabajo y de sus bienes naturales. En 1876, el pueblo Chuj de San Mateo Ixtatán luchó por defender sus tierras comunales ubicadas en la parte alta de los Cuchumatanes, que durante el reordenamiento territorial de la reforma agraria liberal, el recién conformado estado republicano había intentado despojárselas para la creación del municipio del Nentón

98. Esta

situación provocó que la política burgo-racista del Estado liberal, a inicios del siglo XX, decretara en los pueblos vecinos de San Mateo Ixtatán que el alcalde y el Primer Regidor debían ser ladinos, como una medida de presión y confrontación de la ideología racial. Las condiciones precarias en las que vivían los Pueblos del norte de Huehuetenango se sumaron a la imposición de leyes por parte del Estado liberal burgués, donde por decreto se legalizó la esclavitud de los indígenas con el Reglamento de Jornaleros de 1877, propiciando que fueran utilizados -como venía siendo desde la colonia- como reservas de fuerza de trabajo, desplazándolos constantemente a los cultivos de la costa sur. La explotación a la que estuvieron sometidos generó que en el municipio de San mateo Ixtatán, la noche del 17 de julio de 1898 fuera ejecutado un contratista que venía de las fincas agroexportadoras de la costa sur.

Aparentemente con el afán de encubrir el crimen, fueron asesinados 30 ladinos más. Inmediatamente, el único sobreviviente ladino informó al Ejercito, que respondió asesinando a 310 indígenas.”

99

Los Pueblos del norte huehueteco fueron declarados rebeldes o “levantiscos”, y se les despojó gran parte de sus tierras por parte de los ladinos de las comunidades vecinas de Soloma y Chiantla

100. En 1974, en pleno

conflicto armado, pobladores de la aldea Coyá de San Miguel Acatán, les quitaron a 10 agentes de la desaparecida Guardia de Hacienda (GH) sus armas y sus uniformes.

Desde entonces, la presencia del Estado en la aldea fue nula, iniciando desde aquella época el señalamiento sobre esta comunidad, como aldea de “guerreros

101.

Otra muestra del Pueblo Chuj en defensa del territorio ocurrió durante la época más sangrienta del conflicto armado, cuando lucharon en 1981 por la preservación de sus bosques, cuando se enteraron que desde 1977, la Municipalidad de San Mateo Ixtatán había firmado un contrato con la empresa explotadora de bosques Cuchumadera. Los pobladores obligaron a las autoridades a realizar un cabildo abierto para que explicara los

98

Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).”Guatemala: Memoria del silencio. Capítulo II, Violaciones de derechos

humanos y hechos de violencia”. Guatemala 1999. página 395.

99

Ibídem.

100

Ibídem. 101


73

términos del contrato. Durante la asamblea renunció el alcalde, y pese a las amenazas conformaron un comité local en defensa del bosque, iniciando una demanda legal contra la empresa y logrando detener su explotación

102.

Desde la década de 1980, el Ejercito consideró a los pueblos Chuj y Q’anjob’al como enemigos internos y difíciles de penetrar ideológicamente. A ello se sumó que el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) venía trabajando desde hace años mediante el Frente Guerrillero “Ernesto Che Guevara” y el Frente Guerrillero Ho “Chi Minh”, en la región. Para 1981, el EGP se había ganado el respeto y la colaboración de miles de campesinos e indígenas que se sentían identificados con los planteamientos de la lucha contra el racismo y la redistribución de la tierra por medio de la lucha de clases. Para 1981 se decía en la región que parte del Huehuetenango era “territorio liberado”. Por su parte, el Ejército de Guatemala, como parte del Plan Victoria 82, priorizó la lucha contrainsurgente en el departamento de Huehuetenango, conformando oficialmente a mediados de 1982 a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), a las que se les adjudicó entre 1981 y 1994, el 12% de la violaciones de derechos humanos. El plan vino a reforzar la estrategia de tierra arrasada y que entre 1978 y 1985 dejó como saldo 83 masacres contra los Pueblos huehuetecos. Siguiendo los registros de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) y el informe Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), en el departamento de Huehuetenango, entre el 2 de junio y el 25 de agosto de 1982 se realizaron 15 masacres, donde murieron 2,636 personas. Después de los actos genocidas, muchos pobladores decidieron avocarse a las bases militares solicitando su incorporación a las PAC, y muchos otros culparon a la guerrilla de dejarlos abandonados durante las masacres. El plan del Ejercito, como en otras regiones del occidente del país había tenido éxito. Los datos registrados en la CEH reportan que del total de país, en Huehuetenango, se desarrolló el 3% de las violaciones de derechos humanos contra población civil por parte de Comisionados Militares; el 7% de las desapariciones forzadas; 25% de las violaciones sexuales; la destrucción total de 15 aldeas y más de 20,000 pobladores refugiados registrados oficialmente hasta 1983. En el departamento de Huehuetenango fue donde más población civil al servicio del Ejercito hubo, contabilizando para 1995 un total de 90,750 hombres. Evidentemente, para el alto mando militar de Guatemala, en el norte de Huehuetenango toda la población era enemiga interna. En síntesis, la violencia política en un primer momento se ejerció durante los años 1970, mediante la represión selectiva de líderes comunales, miembros de la iglesia católica, cooperativistas y alcaldes auxiliares. En los primeros años de 1980 fue contra toda la población civil para generar un estado de shock social, para culminar de nuevo con la represión selectiva y el manejo del miedo como estabilizador de los Pueblos. Los objetivos de la campaña militar contrainsurgente en el norte de Huehuetenango fueron de carácter genocida, al eliminar a 2, 328 personas, de las cuales, el 99.3% eran población Chuj y Q’anjob’al. Con el proceso de los Acuerdos de Paz, parte de los refugiados retornaron a Guatemala, el 45% se asentó en el municipio de Santa Cruz Barillas, y como consecuencia se crearon las comunidades Nueva Generación Maya, Fronterizo 10 de Mayo, Nueva Unión Maya y Monte Bello, entre otras

103.

La reorganización de los Pueblos del departamento tiene su origen en la preocupación de defender la naturaleza ante el avance de megaproyectos altamente contaminantes en la región. La mina Marlin ubicada en San Miguel Ixtahuacán, se convierte en un claro ejemplo de la destrucción y contaminación del territorio. El reflejo organizativo de Sipacapa por defender la naturaleza a través de la Consulta Comunitaria, alienta los procesos de organización en Huehuetenango y, en ese marco, se constituyó en el año 2005, la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y No Renovables de Huehuetenango (ADH), como un referente organizativo por la defensa del Territorio.

102


Fuentes Orozco, Miriam Areli. Tesis: “Caracterización de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) internacionales

acreditadas en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango”. USAC, 2007 página 33.

74

2. Amenazas actuales en el territorio de los Pueblos huehuetecos

Para los Pueblos de Huehuetenango se ha convertido en una amenaza vivir en una región geoestratégica para la acumulación de capital. Coexistir entre los Cuchumatanes y cerca de la frontera con México, rodeados con grandes caudales de ríos, yacimientos de petróleo y diversos minerales metálicos debajo de su territorio, representa para la visión de desarrollo capitalista, una gran reserva de recursos energéticos y minerales vitales para los actuales ejes del modelo de acumulación. La consolidación de la desposesión territorial de los Pueblos, que poseen bienes naturales con gran demanda en el mercado especulativo, es fomentada por el gobierno de Álvaro Colom, tal como sus antecesores, y avanza hacia la constitución de una política de Estado, instrumentalizada por los grupos con mayor poder económico a nivel nacional y transnacional.

2.1 Minería Para finales de octubre de 2009 se contabilizó un total de 39 licencias mineras de metales vigentes en el territorio del departamento de Huehuetenango

104. Minas de Guatemala registró 11 licencias mineras de

explotación, ubicadas en Chiantla, San Idelfonso Ixtahuacán y San Sebastián Huehuetenango. Le sigue Montana Exploradora de Guatemala S.A. con 7 licencias mineras de explotación con una extensión total de 240 kilómetros cuadrados. Le siguen en importancia Tenango Mining, S.A. y María Isabel Farner de Obrist. De las 39 licencias mineras en el territorio huehueteco, 18 ya caducaron; no obstante, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) las cuenta como vigentes

105.

2.2 La Franja Transversal del Norte (FTN)

La Franja Transversal del Norte (FTN) es un proyecto que fue considerado y planificado entre las décadas de 1960 y 1970 por los gobiernos militares de la época, pero no fue hasta el actual gobierno de Álvaro Colom que se concretizó el 21 de noviembre de 2009, cuando fue aprobada la Ley que le da vigencia a su construcción. La FTN tiene contemplado atravesar 23 municipios de cuatro departamentos: Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiche e Izabal. En el departamento de Huehuetenango atravesará los municipios de Nenton, Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán, Jacaltenango, Santa Ana Huista y San Antonio Huista. El 10 de agosto de 2009, el Congreso de la República aprobó el préstamo de US$ 203 millones solicitado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la construcción de la FTN con un tramo de aproximadamente 362 kilómetros, licitada a favor de la empresa israelí Solel Boneh

106.

La reactivación de la construcción de la megacarretera se enmarca dentro del Plan Mesoamérica y es de vital importancia para garantizar la inversión extranjera de los proyectos de explotación minera, petrolera, maquila, monocultivos de palma africana e interconexión eléctrica. Su construcción amenaza con destruir más de 50 kilómetros de bosque nuboso ubicado en Santa Cruz Barillas Huehuetenango, al igual que lo hará posiblemente con una parte del parque Laguna Lachuá, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, al pasar su trazo en medio del sitio protegido.

104

Krenmayr, Wolfgang, y Mérida, Alba Cecilia. “Tejiendo entre los pueblos la defensa del TERRITORIO”. Centro de Estudios

de la Frontera Norte de Guatemala (CEDFOG), Guatemala, marzo de 2010, página 29.

105 Ibídem, página 30.

106 Una amplia disgregación de lo que ha significado la región de la FTN en la historia política de Guatemala, y lo que significa la

construcción de una megacarretera que la atravesará, en el marco del actual modelo de acumulación capitalista en Guatemala, fue

desarrollado ya por Luis Solano en: “La Franja Transversal del Norte: Neocolonización en marcha”. El Observador. Análisis Alternativo

sobre Política y Economía No. 7, año 2, julio de 2007, páginas 3- 27.

75

Mapa 1

Guatemala: Trazo del trayecto de la Franja Transversal del Norte

Fuente: Invest in Guatemala.

2.3 Hidroeléctricas. Después de la firma de los Acuerdos de Paz y la consecuente privatización del sector eléctrico, proliferaron los proyectos hidroeléctricos. Durante el gobierno de Oscar Berger (2004 – 2008) y la Gran Alianza Nacional (GANA), Huehuetenango destacó como uno de los departamentos con mayor potencial hidroeléctrico.

En total se mencionan seis plantas hidroeléctricas en municipios de la región norte del departamento con una capacidad instalada de 752 MW –entre dos a tres veces la capacidad de Chixoy-

107.

Sin embargo, gracias a la investigación citada en este apartado, se revela que existen 9 potenciales hidroeléctricos más que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) no menciona. Los proyectos hidroeléctricos aprobados en territorio huehueteco son: El Arco, La Cascata y Canbalam I. Los dos primeros, de gran potencial eléctrico, pertenecen a la empresa ENEL Guatemala S.A., subsidiaria de la empresa italiana Grupo ENEL, de gran cobertura en Latinoamérica y a nivel mundial. El proyecto Canbalam I, ubicado en el municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, fue aprobado recientemente y cuenta con la participación de otra empresa transnacional europea, Hidralia Energía. Estos tres proyectos hidroeléctricos forman parte del Anillo Hidráulico, uno de los cinco anillos de expansión de la producción y transmisión eléctrica destinados para Guatemala como parte del proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC)

108.

I. El megaproyecto eléctrico SIEPAC

El SIEPAC es un megaproyecto de la Empresa Propietaria de la Red (EPR), que pretende interconectar decenas de generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica a nivel centroamericano, con el objetivo de acaparar los recursos energéticos de la región y minimizar los costos de producción energética para su venta al mercado, generando un ambiente propicio para la inversión extranjera en el desarrollo de megaproyectos de gran envergadura que necesitan electricidad barata para externalizar los costos y aumentar la acumulación de capital. Así mismo, se espera que la infraestructura sirva también para desarrollar la industria del gas natural y para

107


108

Una amplia disgregación sobre el SIEPAC, su origen y objetivo, los diversos proyectos que lo conforman en Guatemala, y su

relación con los cinco anillos de interconexión eléctrica, ha sido abordado por Luis Solano respectivamente, en: “El negocio de la

electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No.

16, año 3, diciembre 2008 – enero 2009, año 5, páginas 3-34; y, “La política energética y el negocio de la electricidad”. El Observador.

Análisis Alternativo sobre Política y Economía Nos. 22 – 23, diciembre 2009 – febrero 2010, páginas 3 – 34.

76

fortalecer los sistemas de telecomunicaciones e informática, mediante la instalación de fibra óptica. El SIEPAC es un megaproyecto que forma parte del Plan Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá). El Plan Mesoamérica es un proyecto que busca la integración centroamericana en materia de infraestructura para agilizar los procesos de acumulación de capital a través de la construcción de megacarreteras, ampliación de los puertos marítimos y construcción de estacionamientos de contenedores para el almacenamiento a gran escala de mercancías, construcción de aeropuertos, telecomunicaciones y el sector energético. Es el instrumento que junto a los Tratados de Libre Comercio (TLC) buscan generar un ambiente propicio para el despojo a gran escala de los bienes naturales de la región centroamericana, a fin de abastecer la demanda global de mercancías y producción energética. La recién aprobada Ley de Alianzas Publico-Privadas se enmarca en este esquema. El SIEPAC está trabajando en dos vías. Por un lado, busca homogenizar a nivel centroamericano el marco regulatorio y vigilante de la producción, y venta de energía eléctrica, generando condiciones optimas para la competitividad en la inversiones de capital nacional y transnacional. Por otro lado, trabaja en la construcción centroamericana de aproximadamente 1,830 kilómetros de líneas eléctricas de 230 KW

109 y sus correspondientes conexiones con las subestaciones de transmisión en cada

país. La integración de las redes de transmisión en cada país se dará entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para el caso de Guatemala se pretenden interconectar las redes de transmisión a través de la construcción de cinco anillos de expansión e interconexión eléctrica, como parte del Plan Expansión de Transmisión Eléctrica (PET), que contempla la construcción de 817.9 kilómetros de red con una inversión estimada de US$ 350 millones

110.

Para la financiación del SIEPAC, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó 12 préstamos millonarios a empresas eléctricas ubicadas en los seis países centroamericanos, sumando un total de US$ 240 millones

111. Una de las ejecutoras responsables del megaproyecto SIEPAC es la transnacional española

ENDESA, que a su vez participa en el financiamiento de la séptima parte de los costos del proyecto, mediante un préstamo de US$ 40 millones otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BIE), el cual fue canalizado a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El accionista principal para Guatemala es el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Cabe resaltar que los créditos cuentan con la garantía de los Estados, provocando mayor endeudamiento público para obras de infraestructura de interés privado. El discurso de los gobiernos de turno es que con la instalación de este sistema y sus megaproyectos de generación eléctrica de distinto tipo y origen, los precios de la energía eléctrica para el mercado común de consumidores domiciliares, tenderá a la baja. Este discurso se encuentra dentro del planteamiento de reconvertir la matriz energética que el gobierno de Álvaro Colom y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), retomaron del gobierno anterior de Berger, así como también el que esgrimen los interesados en el negocio, con el objetivo evidente de que la población acepte lo necesario de la generación de energía limpia e hidráulica, así como la construcción de los cinco anillos de interconexión eléctrica que conviertan al país, en exportador neto de energía a Centroamérica y México, y sin percatarse de que el megaproyecto SIEPAC trae consigo el consecuente despojo de los bienes naturales localizados en los estos territorios. Actualmente, en Guatemala los precios para el consumo de energía eléctrica se han venido acrecentando,

109

www.eprsiepac.com

110

Solano, Luis. “La política energética y el negocio de la electricidad”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y

Economía Nos. 22 -23, año 5, Nos. 22-23, páginas 3-34.

111

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77

pese a las promesas que hiciera el sector empresarial cuando garantizaron la baja en los precios de la energía eléctrica con la privatización del sector eléctrico. Esta situación se empalma con la dependencia de los hidrocarburos para la generación de energía eléctrica y la fluctuación de los precios internacionales del petróleo, íntimamente ligados con la crisis financiera mundial provocada por el capital especulativo. Sin embargo, a medida que los proyectos hidroeléctricos avanzan, las licitaciones para la explotación de petróleo en los territorios, tal como lo expresa la política energética del gobierno de Colom. Por ejemplo, en el corto plazo se plantea aumentar la producción de petróleo a 80,000 barriles por día, y en el mediano plazo participar en la instalación de una refinería mesoamericana con el apoyo de Venezuela y Brasil

112.

3. El Proyecto hidroeléctrico Canbalam I

Hidralia Energía es una empresa española que ofrece servicios de ingeniería, desarrollo, operación y mantenimiento en el ámbito de centrales hidroeléctricas. Cuenta con más de 150 estudios de viabilidad de proyectos hidroeléctricos, 8 en construcción y 2 en ejecución. Actualmente mantiene en operación 2,500 KW entre plantas propias y terceros en Nicaragua. En Guatemala, Hidralia Energía participa en la generación eléctrica junto a la Corporación Hidroeléctrica Guatemala S.A. en el proyecto Hidroeléctrico “Las Fuentes” en el departamento de Retalhuleu, con una generación de 25,000 KW

113.

Otro de los proyectos donde participa es en la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango. La patente de comercio fue emitida el 29 de octubre de 2009 bajo el nombre de Hidro Santa Cruz S.A., y tiene como objetivo invertir y ejecutar obras de producción energética (hidroeléctricas, parques eólicos, plantas de generación eléctrica en general, subestaciones transformadoras y líneas eléctricas). Así mismo, se plantean la inversión y ejecución de todo tipo de obras como carreteras, obras hidráulicas, abastecimientos, sistemas de depuración, puentes, calles y urbanizaciones y otros. El Representante Legal de Hidro Santa Cruz S.A. es el Ingeniero geólogo, Otto Leonel García Mancilla, de nacionalidad guatemalteca, quien, junto a Luis Arturo Estrada Letona, son los máximos representantes de la empresa guatemalteca Geología, Geotermia y Petróleos, S.A. (GEOPETROL), una empresa involucrada en la exploración petrolera en la Franja Transversal del Norte (FTN) y la construcción de hidroeléctricas

114.

GEOPETROL ha realizado Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la Empresa Propietaria de la Red (EPR)…

…que es la alianza de empresas estatales de electricidad de Centroamérica a cargo de la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC)

115.

3.1 Vinculación de los proyectos hidroeléctricos del norte huehueteco con el megaproyecto

eléctrico de SIEPAC.

Los proyectos hidroeléctricos aprobados por la Comisión Nacional de Energía (CNEE) en el norte de Huehuetenango, tal como ya lo adelantamos, son: El Arco, La Cascata y Canbalam I. Estos proyectos tienen en común el rio Ixcán, que tiene una longitud de 60 kilómetros y se origina al sur del cerro Yulquisis, en el límite sur del municipio de Barillas sirviendo de límite natural con el departamento de Quiché. En el río Ixcán confluyen las cuencas hidrográficas de los ríos San Ramón, Piedras Blancas y el Yulá San Juan. El río Canbalam o Barillas,

112


Economía, Año 5, Nos. 22-23, página 5. 113

www.hidraliaenergia.com

114

Solano, Luis. “La política energética y el negocio de la electricidad”. El Observador. Análisis alternativo sobre Política y

Economía. Año 5, Nos. 22-23, página 17.

115

Ibídem.

http://www.hidraliaenergia.com/

78

junto a otros ríos forman el rio Amelco, el cual desemboca en el río Yulá San Juan. De 104 centros poblados del municipio de Santa Cruz Barillas, 43 son atravesados por ríos. En el mapa a continuación

116, aparecen señalados los proyectos hidroeléctricos El Arco y La Cascata y su

traslape con el anillo hidráulico al norte del departamento. Los cinco anillos de interconexión eléctrica forman parte del megaproyecto centroamericano SIEPAC. El proyecto hidroeléctrico Canbalam I aún no aparece en el mapa por ser el de más reciente aprobación.

Mapa 1

Guatemala: Proyectos hidroeléctricos en el norte del departamento de Huehuetenango

Simbología: H Proyectos hidroeléctricos. __ Línea eléctrica del Anillo Hidráulico.

Fuente: Invest in Guatemala. 4. Conflictividad en Santa Cruz Barillas: Amenazas contra defensores/as de derechos humanos El 1 de julio de 2009, llegaron al Paraje Poza Verde ubicado en el Cantón el Recreo B, del municipio de Barillas, trabajadores nicaragüenses y guatemaltecos que se presentaron como miembros de la empresa Grupo Internacional S.A., a realizar mediciones del caudal del rio Canbalam. La presencia de extraños, sin autorización de la comunidad provocó el malestar de los comunitarios, y cuando se enteraron que los trabajos de estudio que estos realizaban eran para la construcción de una hidroeléctrica, exigieron inmediatamente su retiro. Horas más tarde, los representantes de la construcción de la hidroeléctrica presentaron una propuesta en la Municipalidad de Barillas donde se comprometían a limpiar el río, a entregar a la comunidad Q. 30 mil anuales, a sembrar tres árboles por cada uno que botaran y garantizaron que la electricidad que generara la hidroeléctrica se incorporaría al sistema nacional de mercado

117.

116

El mapa fue elaborado por la agencia gubernamental Invest in Guatemala. La Agencia de Promoción de Inversión Extranjera

Directa “Invest in Guatemala” se conformó en el año 2004 junto al programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) con el objetivo

de estimular la inversión extranjera del capital extranjero. 117

Municipalidad de de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, 1 de julio de 2009. Acta No. 6-2009.

79

En la Alcaldía municipal también se hicieron presentes representantes de los Cantones el Recreo A, Las Brisas, San Carlos Brisas, El Recreo B y Linda Vista, para manifestar que los trabajadores de la denominada empresa Grupo Internacional S.A. se retiraran y no volvieran más a la comunidad para evitar cualquier tipo de conflicto. La dueña del terreno donde se realizaban los trabajos exigió una indemnización por los daños causados. Así mismo, los representantes de la Municipalidad de Barillas manifestaron que no tenían conocimiento de los trabajos que la empresa realiza en el lugar. Otto García Mancilla, representante de la empresa Grupo Internacional S.A. -ahora Hidro Santa Cruz S.A.- afirmó que no llegarían más a la comunidad a realizar ningún trabajo relativo a la construcción de una hidroeléctrica

118.

Una semana después se reunieron en el Cantón el Recreo B, representantes en defensa de los bienes naturales de varias comunidades aledañas y denunciaron al Alcalde municipal, Gregorio Luciano Nolasco Marcelino, del Partido Patriota (PP), por manifestarse a favor de la explotación de los bienes naturales argumentando que la construcción de la hidroeléctrica traerá dinero y empleo para la comunidad y los pagos de la luz serán más baratos

119.

Los y las comunitarias exhortaron a los dueños de los terrenos donde se piensa construir la hidroeléctrica, a que no vendieran y les exigieron al Alcalde municipal que tiene que respetar a las comunidades y averiguar cuáles son los verdaderos intereses de las empresas internacionales sobre los Pueblos. Éste se comprometió a respetar la decisión de las comunidades y a estar presente en cualquier momento de dificultad que se presentara en cada una de ellas

120.

A pesar de la postura de los comunitarios y del compromiso asumido por la Municipalidad y los representantes de la empresa, el 25 de noviembre de 2009, tres personas originarias de Santa Cruz Barillas, dos españoles y un costarricense, iniciaron de nuevo los trabajos de medición del caudal del rio Canbalam; esta vez bajo el nombre de la empresa Hidro Santa Cruz S.A. Éstos denunciaron que alrededor de 40 personas llegaron con palos y algunos con armas de fuego como a las 12 del medio día, obligándolos a suspender los trabajos que realizaban. Después de varias horas de discusión, a las 14:40 p.m. los miembros de la empresa Hidro Santa Cruz S.A firmaron el acta No. 03-2009 en el Cantón el Recreo B del municipio de Barillas, donde se comprometieron de nuevo a no realizar ningún trabajo inherente a la construcción de la hidroeléctrica. Sin embargo, presentaron una denuncia ante el Fiscal del Ministerio Publico (MP) de Santa Eulalia, acusando a Rubén Herrera y Herrera de ser el autor material e intelectual, acompañados de Rony Idiel Nicolás, Mauro Méndez y Saúl Méndez

121, de

los delitos de detención ilegal, coacción, amenazas, portación ilegal de armas de fuego de uso civil y atentado contra los servicios de utilidad pública

122.

No obstante, el abogado de la empresa Hidro Santa Cruz S.A. solicitó que previo a la persecución penal, se concretara una diligencia conciliatoria en la sede de la Fiscal Distrital del Ministerio Público de Santa Eulalia…

Con el objeto que los sindicados se comprometan a abstenerse de ejercitar cualquier tipo de violencia en contra de los pobladores de la entidad a la cual represento, así como en contra de sus bienes, comprometiéndose también la entidad a no provocar conflicto con sus pobladores y respetar su integridad física y derechos que como ciudadanos les asiste

123.

118

Ibídem. 119

Cantón El Recreo B, municipio de Santa Cruz Barillas. Acta No. 7-2009.

120

Ibídem.

121


Economía Nos. 22-23, año 5, diciembre 2009 – febrero 2010, página 17, recuadro.

122

Denuncia de los representantes de Hidro Santa Cruz S.A. ante el Fiscal del Ministerio Publico de Santa Eulalia, departamento

de Huehuetenango. 123

Ibídem.

80

En la noche del 15 de enero de 2010, Rony Idiel Nicolás se dirigía a su casa cuando fue rodeado por aproximadamente cinco hombres, entre los cuales reconoció a Norman Villatoro, originario de Santa Cruz Barillas y trabajador de la Empresa Hidro Santa Cruz S.A., quien desfundó su arma y amenazó con asesinar a él y a su familia si seguía oponiéndose a la construcción de la hidroeléctrica.

Vos vas a desaparecer como hicimos en Santa Rosa124

. El comunitario respondió que a él lo podían asesinar ahí mismo pero que con su familia no se metieran

125.

El 10 de febrero de 2010, los integrantes de la Asamblea Departamental de Huehuetenango (ADH) se presentaron en el MP ante el fiscal Omar Menchú, el abogado de la empresa Hidro Santa Cruz S.A. y el Representante Legal, Otto Leonel García Mancilla, para realizar una reunión conciliatoria. Durante la reunión, los representantes de la empresa manifestaron que no iniciarían persecución penal contra de los comunitarios si éstos se comprometían a convencer a sus comunidades de la construcción de la hidroeléctrica. Ante eso, los representantes de la ADH manifestaron que las comunidades ya habían decidido negar el ingreso de la empresa Hidro Santa Cruz S.A. a su territorio. El 23 de febrero de 2010, Hidro Santa Cruz S.A. presentó la solicitud de aprobación de los estudios para el proyecto hidroeléctrico “Canbalam I” ante la CNEE. A pesar de las inconformidades y del conflicto suscitado en Santa Cruz Barillas, el 12 de abril de 2010 el proyecto fue aprobado (GJ-Dictamen-2852), y se prevé que inicie operaciones en septiembre de 2011, con las siguientes especificaciones: 1.1. Una unidad generadora, con una capacidad de 4.998 MW, con tensión de generación de 4.16 KV. 1.2. Una subestación con un transformador de potencia con las siguientes características: Potencia de 6.5

MVA y relación de transformación de 69/4.16 KV. 1.3. Una línea de transmisión de 69 KV con longitud aproximada de 4.91 Kilómetros. 5. Amenaza socio-ecológica en el territorio norte de los Pueblos de Huehuetenango El río Canbalam, también es llamado por los pobladores que habitan a sus alrededores: Poza del tronco, Barillas, Poza del rastro, Poza de los tepezcuintles o poza verde. Canbalam es una palabra compuesta proveniente del vocablo maya Kan (serpiente) Balam (jaguar), su traducción al castellano seria río serpiente jaguar. La transformación de la naturaleza para la satisfacción de las necesidades humanas es una acción inherente de la reproducción de la existencia humana. Para la concepción de los Pueblos originarios y, en este caso, para los descendientes mayas que habitan el norte del territorio del departamento, los bienes naturales son de uso público y colectivo, procurando tomar de la naturaleza lo necesario para vivir bien y en equilibrio. Esta forma de entender el valor de la naturaleza se confronta con la visión economicista del modelo de acumulación capitalista, donde ésta es vista como una mercancía o “recurso natural” explotable para la generación de ganancias económicas. La dominación de la naturaleza a través la sofisticación tecnológica por parte de la economía capitalista ha implicado formas más voraces de saquear los bienes naturales de los territorios de los Pueblos originarios. Con la revolución industrial, el petróleo se convirtió en el oro negro que mueve las formas de acumulación. Actualmente, el avance tecnológico capitalista cuenta con otras formas para acumular y abastecer de recursos

124

Hace aproximadamente un año, fue desaparecido Oscar Cruz, líder de la comunidad San Carlos Las Brisas del municipio de

Huehuetenango.

125

Denuncia presentada por Rony Idiel Nicolás ante la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

de Guatemala (UDEFEGUA). También se presentó una denuncia con No. 132-2010 en el MP, siendo el Fiscal a cargo, Aureliano Juárez.

81

energéticos la demanda consumista de mercancías innecesarias para reproducir la existencia humana, tal es el caso del exceso de instalaciones hidroeléctricas que se pretenden construir en los territorios del norte huehueteco, solo para mantener en movimiento el sector financiero y atraer industrias extractivas altamente contaminantes para la vida y la naturaleza. A pesar que el proyecto de instalación de la Hidroeléctrica Canbalam I es de mediana envergadura, esta causará daños irreversibles en la ecología de la región, afectando además las formas de subsistencia de los Pueblos del norte huehueteco. Aunque el proyecto genere empleos temporales, ingresos a la municipalidad e infraestructura en las comunidades, los grandes beneficiarios serán quienes invierten en este tipo de megaproyectos y una mínima cantidad de esas ganancias se quedará en Guatemala. La empresa Hidro Santa Cruz S.A. está utilizando como operadores políticos a varios personas de la región para que convenzan, mediante el discurso del “desarrollo” y fuertes sumas de dinero, a los pobladores y pobladoras así como al Alcalde municipal de Santa Cruz Barillas, para que vendan sus terrenos y acepten la construcción de la hidroeléctrica. Como ha sucedido en otras regiones pretende generar contradicciones internas en las comunidades que pueden culminar en un conflicto que amenaza con la vida de los y las defensoras de los derechos humanos de los Pueblos del norte de ese departamento. La autonomía de los Pueblos originarios que les permite decidir sobre sus territorios, es una garantía expresada en el Código Municipal y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obligan al Estado a…

Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente

126.

Amparados en parámetros legales vigentes para Guatemala, la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango (ADH), ha sido parte del proceso que las comunidades se han empoderado para la realización, entre el 25 de julio 2006 y el 18 de enero de 2010, de 28 Consultas Comunitarias de Buena Fe, con la participación aproximada de 374,151 personas, de las cuales, 373,980 dijeron “NO a la minería”, hidroeléctricas y otros megaproyectos de explotación y destrucción de la naturaleza

127.

Para el caso del municipio de Santa Cruz Barillas, lugar donde se pretende construir la hidroeléctrica Canbalam I, los comunitarios expresaron su descontento a este tipo de proyectos desde el 23 de junio de 2007, con una participación de 46,490 personas, de las cuales nueve estuvieron a favor de los megaproyectos

128.

“No permitiremos un preso mas, ni un asesinato mas”

Que el gobierno de Guatemala presidido por Álvaro Colom, está violando la Constitución Política de la República y las leyes fundamentales que protegen el patrimonio fundamental de los pueblos. No existe ninguna ley que permita a empresas privadas apropiarse de los ríos, del agua, ni de la tierra, pero este gobierno esta consintiendo la presencia de testaferros y técnicos de transnacionales quienes entran abusivamente a las comunidades para preparar la construcción de proyectos privados, cuyo único fin es incrementar sus ganancias en nombre de un desarrollo que en nada favorece a los pueblos. El Estado de Guatemala de acuerdo con el Convenio 169 y el Código Municipal está obligado a informar y consultar previamente a las comunidades acerca de los proyectos y de las políticas de desarrollo que pretenda aplicar en sus territorios, la planeación debe ser participativa según la ley de Consejos de Desarrollo. El Estado también está obligado hacer estudios de impacto ambiental antes, durante y después de cualquier

126

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Art. 6, numeral 1, inciso a. 127

Krenmayr, Wolfgang y Mérida, Alba Cecilia. “Tejiendo entre los pueblos la defensa del TERRITORIO”. Pág. 71. Guatemala,

marzo 2010.

128


82

proyecto que ponga en riesgo la vida de la naturaleza y la madre tierra. Ni el gobierno, ni las municipalidades tienen autoridad, ni legalidad para permitir que empresas privadas decidan sobre nuestras tierras y nuestros ríos, menospreciando las decisiones de la asamblea y la autoridad comunitaria, sobre todo al derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como sus derechos históricos sobre sus territorios. Esta criminalización de las luchas en defensa de la madre tierra tiene como fin intimidar y desmovilizar a activistas sociales para silenciar con miedo a la población, vieja práctica de la oligarquía, imposible de permitir en la actualidad. Denunciamos enérgicamente la persecución legal que han sufrido nuestros compañeros Rubén Herrera, Rony Nicolás, Mauro Méndez, Saúl Méndez, activistas sociales en el área del norte de Huehuetenango. Responsabilizamos al gobierno de Guatemala y a las empresas correspondientes, por el abuso que están haciendo de la justicia, pedimos a los operadores de justicia que no se presten a esas manipulaciones. También llamemos al país en general acuerpar a las y los defensores que están siendo acusados injustamente, a las comunidades les recomendamos prudencia para no caer en las provocaciones de las empresas y las autoridades mediocres

129.

ACOSO A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, EXPLOTACIÓN PETROLERA Y

COMPRA VOLUNTADES EN El PETÉN

1. Breve caracterización situacional del departamento de El Petén

Diversos estudios realizados en la última década desde variadas perspectivas sobre el departamento de El Petén, afirman y dan cuenta de un conjunto de amenazas y vulnerabilidades a las que estaría sometido el departamento más grande de Guatemala, las que están lógicamente asociadas a su extensión, su ubicación estratégica, su contenido aún en bienes naturales –bosque, selva, agua, maderas, petróleo y tierras-, así como patrimonio cultural, dado que fue la región o la zona donde fundamentalmente habitaron y transitaron los mayas y los Pueblos originarios. Como apunta Rosa María Chan:

La historia de El Petén ha estado marcada por una continua extracción y degradación de sus recursos naturales, sin olvidar la extracción ilícita de los bienes arqueológicos. Ha sido objeto de diversas oleadas de migraciones externas e internas que resultan en el tiempo insostenibles. A lo largo del tiempo, estas acciones y fenómenos sociales han causado un severo impacto en el territorio

130.

Esas amenazas y vulnerabilidades, de manera general son: la degradación ambiental y la explotación de recursos; avance de la frontera agrícola que se traduce, entre otras problemáticas, en cultivos de palma africana, el avance de la frontera ganadera y el cambio en el uso del suelo de manera acelerada; una urbanización espontánea que se traduce en crecimiento desordenado de grupos poblaciones que también impactan en el ambiente; la privatización y contaminación de las fuentes de agua; cambios climático y sequías, así como modificaciones severas en los regímenes de lluvias, tanto en intensidad como en duración; el uso de agroquímicos; cultivos transgénicos; la contaminación; las inundaciones por lluvias y huracanes y vientos

129

Extractos del Comunicado urgente de la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no

Renovables de Huehuetenango. Febrero 2010. 130

Chan, Rosa María. “Territorio en disputa: Relaciones de poder entre el desarrollo y la conservación en el departamento de

Petén. – Primera parte-”. El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía No. 16, año 3, diciembre 2008 – enero 2009,

página 66.

83

asociados; los incendios forestales; las amenazas al patrimonio prehispánico; prácticas militares; la implementación del Plan Puebla Panamá (PPP), a lo cual está asociada la implementación del Corredor biológico mesoamericano (CBM) y la construcción de represas de represas o hidroeléctricas; la explotación petrolera con sus consecuentes efectos e impactos en el medioambiente y la salud

131.

Tabla 1

Guatemala: Períodos históricos de El Petén

a. 1500 AC. Hasta 1697 DC.

Surgimiento, apogeo y posterior declinación de la civilización maya y concluye con la larga resistencia e inevitable conquista de los itzaes, última entidad política maya en ser dominada.

b. 1697 hasta 1860

Desinterés y abandono del gobierno guatemalteco hacia este territorio, pues no veía en el mismo, mayores atractivos económicos.

c. 1860 hasta 1954

Auge de las actividades extractivas de maderas preciosas (caoba y cedro), chicle, lagartos y tortugas. Se hacen los grandes descubrimientos de las zonas arqueológicas.

d. 1954 – 1987

Proyecto oficial de colonización agrícola y ganadera, impulsado por la empresa estatal autónoma FYDEP. Se incrementa la extracción forestal, surge la actividad petrolera, el turismo a las áreas arqueológicas y hace presencia el conflicto armado interno.

e. 1988 hasta 1997

Disuelta la empresa FYDEP, El Petén se inserta a la dinámica institucional del país. Aparecen nuevos actores (el Estado mismo, las ONG, la cooperación internacional), y nuevos procesos (áreas protegidas, narcotráfico), se acentúa el avance de la frontera agrícola y se inicia el proceso de retorno de los desplazados por la guerra.

Fuente: Fundación Pro Petén. “Amenazas y vulnerabilidades en el departamento de Petén, Guatemala”. Proyecto: Fortalecimiento a la gestión de riesgo en el departamento de Petén. Guatemala, Unión Europea (UE), julio de 2008. Colaboradores: CONRED, SIPECIF, y MAMNUNISURP, página 92. Debe tomarse en cuenta que el departamento de El Petén conforma, junto a los departamentos de Alta y Baja Verapaz, Izabal y Quiché, la región norte de Guatemala, la más rica del país por su diversidad biológica, ambiental y cultural, sin dudarlo, abundante en bienes naturales que reproducen la vida, y aunque, con la excepción de El Petén –que se encuentra adyacente a esta región- esos otros departamentos más Huehuetenango, constituyen la histórica zona conocida como la Franja Transversal del Norte (FTN). De ahí que El Petén y los departamentos que constituyen la FTN conforman, un núcleo territorial diverso, tanto cultural, ambiental, social, como política y económicamente hablando.

131

Fundación Pro Petén. “Amenazas y vulnerabilidades en el departamento de Petén, Guatemala”. Proyecto: Fortalecimiento a la

gestión de riesgo en el departamento de El Petén. Guatemala, Unión Europea (UE), julio de 2008. Colaboradores: CONRED, SIPECIF, y

MAMNUNISURP. Páginas 43-157.

84

No es casual que El Petén, junto a los departamentos que constituyen la FTN, haya sido, después de muchos años de abandono y de saqueo, parte de la región que en la década de 1970 del siglo XX, haya sido objeto de las políticas de colonización que los gobiernos militares impulsaron para convertirla, por un lado, en el “granero de Centroamérica”, así como para trasladar a poblaciones campesinas a esas zonas para desmontar la tensión social que se daba en esos momentos en la costa sur, dado el saqueo de las tierras a las que se vieron sometidas esas poblaciones por el modelo agroexportador del café, el algodón y la caña de azúcar. Esa migración a la región combinó parcelamientos que con el tiempo se fueron convirtiendo en minifundios, con grandes latifundios orientados fundamentalmente a la producción cafetalera y ganadera. Es precisamente en ese contexto que desde esa época, los militares plantearon la construcción de la carretera que debía atravesar la FTN, para “desarrollarla” y viabilizarla en función de esa colonización masiva, aunque ya existían actividades económicas y depredación desde muchos años antes

132.

No es menester de este trabajo realizar una valoración minuciosa y a fondo de todas estas amenazas y vulnerabilidades, ya que no constituye un estudio de carácter socioambiental así como tampoco abordar o repetir aquí análisis más extensos de la situación estructural económica y social de El Petén. Más bien enfatizaremos o tomaremos las amenazas y vulnerabilidades que tienen relación directa con las denuncias que aquí vamos a tratar, a saber, la palma africana, la extracción petrolera, y la instalación de las hidroeléctricas y los megaproyectos en general.

Tabla 2

Guatemala: Acontecimientos estructurales más relevantes sucedidos en El Petén en el período 1997 – 2007, relacionados con las amenazas y vulnerabilidades económicas, políticas, sociales e

institucionales

• Se acentúan la ingobernabilidad, narcotráfico, incremento del avance de las fronteras agrícolas y ganaderas, depredación arqueológica, explotación petrolera. • Se inicia y/o se incrementa el cultivo de la palma africana. • Se incrementa la intervención en sitios arqueológicos como El Mirador, Yahxá y otros, intervenciones que a criterio de algunos especialistas no son lo más acertadas y van en contra de los principios de conservación del patrimonio cultural y sitios históricos. • Se incrementan los problemas fronterizos con Belice, casi todos ellos derivados de una inadecuada y/o inexistente visión de la diada. • A los problemas de ingobernabilidad existentes, se agregan nuevos factores de conflicto como las acciones de las ex PAC y grupos que se agregan a ellas, y que se exacerban en momentos específicos como los períodos electorales; linchamientos que la población justifica como reacción al vacío legal o a la falta de aplicación de leyes relacionadas con la delincuencia común, sustracción de menores, robos de ganado, etc.; invasiones a áreas protegidas; desalojos; acusaciones

132

Solano, Luis. “La Franja Transversal del Norte: Neocolonización en marcha”. El Observador. Análisis Alternativo sobre

Política y Economía No. 7, año 2, julio de 2007, páginas 3 – 27.

85

1997 hasta la fecha

de corrupción en el manejo de los recursos del Estado y de los gobiernos locales, entre otros. • Probablemente el hecho de contar a partir de 1998, con registros actualizados y confiables sobre incendios forestales, hace posible identificar causas y evidenciar el aumento de los intencionados. • Los indicadores nacionales señalan el incremento de la pobreza; • “…la corrupción y la pobreza limitan la efectividad de los sistemas de protección de bosques tropicales…” (Strinews, 2007); • La migración continúa, especialmente la interna; • Entre los factores que se agregan se pueden mencionar la existencia del Plan Puebla Panamá, su propuesta de construcción de hidroeléctricas, el paso de un gasoducto por todo el departamento de oeste a este y otros, que se analizan a continuación.

Fuente: Fuente: Fundación Propetén. “Amenazas y vulnerabilidades en el departamento de Petén, Guatemala”. Proyecto: Fortalecimiento a la gestión de riesgo en el departamento de Petén. Guatemala, Unión Europea (UE), julio de 2008. Colaboradores: CONRED, SIPECIF, y MAMNUNISURP, página 93.

2. El petróleo en El Petén Guatemala se encuentra en medio de la zona americana de un antiguo cinturón geológico que subyace bajo el 75% de las reservas de petróleo verificadas en el mundo, pero ninguna de las reservas encontradas en se ha desarrollado completamente. En el caso de El Petén, estimaciones realizadas por empresas extranjeras han estimado que hay hasta mil millones de barriles de petróleo en los 300,000 acres de sus concesiones en este departamento. Destacaremos aquí el contrato petrolero 2-85 que desde el año 2002 explota la compañía francesa Perenco y otras concesiones sobre las cuales se tiene conocimiento, ya en operación y otras que estarían por licitarse.

2.3.1 El contrato 2-85 del pozo Xan ubicado en la Laguna del Tigre El Contrato 2-85, Xan, fue firmado el 13 de agosto de 1985 entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el consorcio Hispanoil (España) y Basic Petroleum International Limited (Basic Resources). En 1986, Hispanoil se retiró del país por lo que Basic fue la operadora del contrato hasta 2002, cuando Perenco adquirió a Basic y sus contratos petroleros

133.

133

Un análisis a fondo de la historia de la producción petrolera en El Petén y en Guatemala en su conjunto, los intereses y los

grupos económicos y políticos implicados, está abordada en la investigación de Luis Solano: “Minería y petróleo en las entrañas del

poder”. Inforpress Centroamericana, Guatemala, 2005, 175 páginas; más reciente y específicamente, sobre la discusión que se desarrolló

en el presente año alrededor de la prórroga del contrato 2-85, Xan, ubicado en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), finalmente

ampliado a Perenco, consultar Solano, Luis. “Ampliación del Contrato 2-85 a Perenco: Análisis de implicaciones económicas,

86

La Laguna del Tigre constituye el segundo humedal más grande de América Latina y se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. El Parque Nacional Laguna del Tigre es un área de protección ambiental especial que, en razón de su extraordinaria riqueza biológica, de su vulnerabilidad y de su importancia como zona de recarga de manantiales, está registrado por la Convención Ramsar. La concesión petrolera en esta zona bajo el contrato ya mencionado, fue otorgada con posterioridad a la creación de la zona especial de protección, permitiéndole a la empresa concesionaria operar ilegalmente en un área de 192,000.17 hectáreas otorgadas con anterioridad a la Basic, que representa el 55.18% del área protegida

134. El total de pozos perforados bajo el contrato 2-85 es de 47 a la fecha

135.

El Contrato 2-85 tiene una extensión de 9,953 hectáreas de las cuales, un tercio se localiza dentro del Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, que es la zona núcleo del PNLT, en el municipio de San Andrés, Petén. La parte del contrato dentro del Biotopo equivale al 7.64% del Biotopo y 2.24% del PNLT. Aproximadamente un tercio de los pozos perforados se encuentra dentro del Biotopo, tal como se observa a continuación en el siguiente mapa elaborado en 2007 por el CONAP

136.

En septiembre del año 2006, el MEM otorgó, por medio del acuerdo gubernativo 423-2006, el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos a la empresa US Oil Guatemala, S. A., para el área 1-2003 que está constituida por 39,541 hectáreas, ubicadas en el Parque Nacional Laguna del Tigre en la zona conocida como Paso Caballos

137. Esta empresa es propiedad de Ricardo Cortés Hidalgo, quien desde años anteriores ha

estado ligado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pues fue miembro de su Consejo Directivo.

2.3.2 Las nuevas áreas petroleras a licitar en El Petén Desde enero del presente año se sabe de la intención del gobierno actual de licitar públicamente, 12 nuevos bloques petroleros que fueron proyectados desde el año 2005 durante el gobierno de Óscar Berger. A la fecha no se sabe que el proceso se haya concretado y las razones posiblemente tengan que ver con el temor a que no haya una participación significativa. Esta licitación se enmarcaría en el objetivo de aumentar la producción diaria a 80 mil barriles en lugar de los aproximadamente 15 mil que se producen actualmente, de los cuales, el contrato 2-85 produce más del 90%. Precisamente, uno de los objetivos de fondo para concretar la prórroga del contrato a Perenco es la perspectiva de aumentar la producción de estos pozos, que desde dos años atrás ha disminuido

138.

socioambientales e intereses en juego”. Boletín electrónico de análisis de situación ENFOQUE, año 2, No. 6, 30de abril de 2010, 43

páginas.

134

Fuente: Fundación Propetén. “Amenazas y vulnerabilidades en el departamento de El Petén, Guatemala”. Proyecto:

Fortalecimiento a la gestión de riesgo en el departamento de Petén. Guatemala, Unión Europea (UE), julio de 2008. Colaboradores:

CONRED, SIPECIF, y MAMNUNISURP, página 100.

135

Solano, Luis, ENFOQUE, op. cit.

136

Solano, Luis, ENFOQUE, op. cit.

137

www.sigloxxi.com, 19 de enero de 2007.

138 Solano, Luis, ENFOQUE, op. cit.

87

Mapa 6 Guatemala: 12 nuevos bloques a licitar

Fuente: Invest In Guatemala. Mapa de Inversiones.

De esos bloques petroleros, hay cuatro zonas de especial interés que el MEM tendría prioridad de explotar, y son las que en el mapa aparecen remarcadas con rojo y azul, y se localizan: 2 en El Petén; 1 en Ixcán, El Quiché; y 1 en el Océano Pacífico frente a Escuintla. Los bloques más importantes se destacan en el mapa a continuación:

88

Mapa 7 Guatemala: Bloques petroleros de mayor importancia

Fuente: Invest In Guatemala. Mapa de Inversiones.

En el caso del departamento de El Petén, las dos concesiones se encuentran: en el Área 1, Cotzal, en la Sierra del Lacandón; la otra, en el Área 4, Laguna Blanca, que se amplía a Belice De acuerdo con la información que hasta ahora hay disponible, el MEM presentaría por grupos de tres las áreas a licitar, y por cada dos áreas ubicadas en tierra se ofrecería una de mar para que se tengan posibilidades para diferentes oferentes. De las 12 áreas identificadas, las localizadas en el mar tienen potencial para encontrar gas natural, y el resto, petróleo. Nueve de las áreas están en tierra y tres en mar. Según las estimaciones del MEM, los bloques podrían aumentar la producción nacional en 85 mil barriles

La explotación de gas natural, hidrocarburo del que se tienen indicios existe no sólo en el Océano Pacífico sino también en Petén, fue indicada en la Política Energética y Minera del gobierno de Berger, y ahora se proyecta dentro de los objetivos de largo plazo de la actual Política Energética

139.

2.3.3 Consecuencias de la explotación petrolera

139


Economía Nos. 22-23, año 5, diciembre 2009 – febrero 2010, página 27.

89

Estudios han realizado valoraciones sobre la explotación petrolera en el departamento, a partir de entrevistas a diversos actores sociales, Por ejemplo, se señala que la actividad petrolera se considera una amenaza por el impacto que tiene la explotación misma, los efectos derivados de la construcción de carreteras que, entre otros, han estimulado una paulatina pero imparable urbanización espontánea, pasando por la contaminación hasta la degradación ambiental.

Estos y otros impactos negativos han sido analizados por expertos nacionales o por grupos que se han formado en oposición a esta actividad. Al entrevistar a algunos biólogos del CECON de la USAC, citaron como ejemplo que la explotación del petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre representa una grave amenaza al ecosistema del lugar, ya que aparte de los componentes del petróleo extraído, el proceso utilizado es altamente contaminante, ya que se utilizan procedimientos obsoletos y ya prohibidos en otros países.

Evaluaciones biológicas realizadas en el Parque Nacional Laguna del Tigre han demostrado que ciertas especies de peces presentan alteraciones genéticas, derivadas de los contaminantes de la explotación petrolera en dicha área

140.

Criterios que fueron expresados y señalados en el año 2002 por la Red de Oposición al PPP, se citan en los siguientes términos:

Dos simples ejemplos ayudan a ilustrar cómo las recientes actividades petrolíferas en la zona del PPP ya han tenido un efecto devastador en la fauna silvestre y en las comunidades locales. El plan amenaza con empeorar estos problemas. Durante los 90, la empresa estadounidense Basic Resources realizó perforaciones en busca de petróleo en la zona virgen de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala. El Banco Mundial (a través de su agencia de préstamos empresariales, la Corporación Financiera Internacional (IFC)) concedió dos préstamos diferentes de más de 20 millones de dólares cada uno a Basic Resources, en violación directa de las regulaciones del Banco Mundial que requieren un estudio exhaustivo del impacto medioambiental de las perforaciones. Como resultado de años de exploración petrolífera en la Reserva de la Biosfera Maya por parte de Basic Resources, se han arrasado zonas anteriormente intactas de bosque húmedo tropical para construir carreteras; se han creado desechos químicos y gases venenosos; se ha contaminado el agua, el suelo y el aire; se ha colonizado una zona protegida; y se ha generado degradación medioambiental y social…

Una valoración ligada a estas amenazas es la existencia del oleoducto que atraviesa parte del departamento, además de los pozos que ya están en explotación, pues se estima que en cualquier momento podría producirse un derrame de petróleo por distintas causas, ya que la tubería y válvulas están expuestas a la manipulación. Como ejemplo, se cita el área del oleoducto a un costado del río Subín. Los impactos de la actividad petrolera son incontables y diversos: trastornos sísmicos, brechas, explosiones con dinamita, pozos exploratorios, ampliación de brechas, uso de maquinaria pesada, lodos químicos, aguas y gases ácidos y otras sustancias nocivas, introducción de personas, multiplicación de vías de penetración, construcción de obras de infraestructura, disposición de aguas ácidas en piscinas, corte y quema de vegetación, erosión de suelos, cambios en los patrones y flujos de drenaje, alteración de la fauna, incentivo a la cacería, deforestación inducida por los 29 asentamientos humanos creados en el área, como resultado provisorio de una inmigración incontrolada. En todo esto, las instituciones gubernamentales responsables de velar por la integridad de la Laguna del Tigre y de la Biosfera Maya en su conjunto, han permanecido pasivas y abonan a la ingobernabilidad de la región así como a aumentar los niveles de pobreza.

140

Fundación Pro Petén, op. cit., página 98.

90

La actividad extractiva de petróleo por parte de la empresa Basic Resources International (Bahamas) Limited es constitutiva de violación de los derechos humanos; la violación de la ley de áreas protegidas y su reglamento

141.

Mapa 10

Guatemala: Recorrido del oleoducto desde el contrato petrolero 2=85, Xan, en el Parque Nacional Laguna del Tigre, municipio de San Andrés, hasta su

finalización en Santo Tomás de Castilla, Izabal

Fuente: “Un crudo despertar” Oilwatch Mesoamérica

Queremos destacar, además de las consecuencias ecológicas y ambientales, las consecuencias sociales y políticas que ha tenido la explotación petrolera en las comunidades y las poblaciones cercanas a los pozos, ya que constituyen los argumentos centrales a los cuales están ligados las comunidades que han venido siendo amenazadas y hostigadas.

3. Sistematización de las amenazas y el acoso a liderazgos sociales en el municipio de La Libertad

3.2.4 La presión y el acoso que recibieron las comunidades y liderazgos sociales para que apoyaran la prórroga del Contrato 2-85, Xan, a Perenco

La discusión y los distintos posicionamientos que empezaron a ventilarse públicamente desde el mes de marzo del presente año en torno a la ampliación del Contrato 2-85, Xan, a Perenco, tuvo de fondo las presiones que recibieron de distinta forma, comunidades de municipios aledaños a dicha explotación petrolera, especialmente

141

Tribunal Centroamericano del Agua, 2000, citado en Fundación Pro Peten, op. cit., página 101.

91

de La Libertad, así como también las amenazas que recibieron distintos liderazgos sociales que se pronunciaron en contra de la prórroga y la ampliación petrolera. En las zonas urbanas como la ciudad capital, al mismo tiempo que los medios empezaron a ventilar el tema -más como una disputa y posicionamientos encontrados entre dos Ministros del actual Gabinete de gobierno, obviando todas sus implicaciones políticas, económicas y sociales- fueron publicados en algunos de los principales medios escritos, sendos comunicados supuestamente firmados por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) de El Petén, así como del CACIF en pleno, en apoyo a dicha ampliación. Así mismo, un medio de comunicación publicó criterios del diputado Manuel Barquín –por cierto el único congresista que de manera pública se ha pronunciado- apoyando la ampliación.

3.2.4.1 Los movimientos desde la Alcaldía de La Libertad para apoyar la prórroga El 8 de abril de 2010, un supuesto grupo de alcaldes auxiliares de las comunidades que integran la microrregión Las Ruinas, del municipio de La Libertad, dirigieron una carta al Alcalde municipal Carlos Mayen Rosado Díaz, en donde le manifestaron que tenían conocimiento que los contratos petroleros –refiriéndose al del pozo Xan- estaban por terminar y que les preocupaba que no fueran prorrogados y, por lo tanto, le expresaban su apoyo incondicional como Alcalde municipal para que conjuntamente con el Consejo Municipal se pronunciara a favor de su renovación, y de esa forma continuar beneficiándose con los proyectos que la Alcaldía impulsaba, ya que esos fondos sus comunidades habían sido beneficiadas con obras de infraestructura, impactando en mejorar la calidad de vida de los habitantes. La carta estaba firmada por Justo Portillo Maldonado, Presidente de la microrregión Las Ruinas. Varios liderazgos dijeron que esta carta, al igual que otros comunicados que fueron publicados en igual sentido, habían sido “prefabricados” por el Alcalde de La Libertad como una maniobra para presionar a las comunidades a apoyar la prórroga del contrato.

3.2.4.2 La respuesta desde colectivos e instancias sociales El 15 de abril se celebró una reunión donde estuvieron presentes: la Asociación Oxlaju, la Fundación Pro Petén, la Pastoral Social del Vicariato Apostólico del Peten, el Frente Petenero contra las Represas, la Parroquia La Libertad, el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), la Asociación de Campesinos de La Libertad. Durante la reunión se estuvo valorando qué hacer con este panorama tan desalentador, especialmente porque ya habían salido muchos campos pagados en la prensa escrita donde se decía que se estaba a favor de la ampliación del contrato a Perenco, pero no quedaba tan claro quiénes estaban en contra, o cómo hacer llegar al Presidente de la República que estas organizaciones no estaban de acuerdo. Se analizó que estos campos pagados del CODEDE fueron publicados exclusivamente por los Alcaldes y por el actual Gobernador de Petén, sin el conocimiento y el consentimiento de las expresiones sociales que conforman dicha instancia. También se habló de poner denuncias, y aunque al principio se estuvo de acuerdo porque la gente sí se sintió intimidada, finalmente dijeron que tendrían que ser los Alcaldes comunitarios o auxiliares. Domingo Matz Sho, Presidente de la microrregión Gualinda, Presidente de la Asociación Acurlin C, Asociación de comerciantes agrícolas de la ruta Naranjo al Ceibo, dedicada al control y fiscalización, y alcalde comunitario, finalmente dijo que no quería poner denuncia a nada de manera inmediata, y que iba hablar con otras personas a ver qué decían. Uno de los acuerdos de la reunión fue emitir un comunicado ese mismo día para explicar y dar a conocer la situación que se estaba viviendo en Petén a raíz del asunto de la prórroga del contrato con Perenco, buscar alianzas y apoyos con otras organizaciones, especialmente en Guatemala. El comunicado en mención no fue publicado ni dado a conocer por los medios de comunicación escrita, pero ahí se expresaron razones como las siguientes:

92

El área de explotación petrolera se encuentra dentro de Áreas Protegidas, afectando los ecosistemas y su biodiversidad por los impactos negativos que provoca esta actividad. Enfatizamos que el Parque Nacional Laguna del Tigre es de gran valor ecológico, el cual ha sido reconocido por la Convención Internacional RAMSAR como el humedal de agua dulce de mayor importancia y protección en la región centroamericana. Además, recordamos que el ambiente es un derecho humano que debemos conservar y proteger todos los guatemaltecos.

Así mismo, el desarrollo del departamento de Petén en infraestructura y servicios básicos de salud y educación no debe estar condicionada a las regalías derivadas de la producción de petróleo, y mucho menos a la reciente Ley de Fondos del Petróleo. El desarrollo del departamento debe ser producto de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos para mejorar nuestras condiciones de vida. Siendo una obligación del Estado prestarlos sin ningún tipo de condicionamientos. El valor de los servicios ambientales que nos prestan ecosistemas como los humedales del Parque Nacional Laguna del Tigre es incalculable y supera en demasía a la regalías del petróleo

142.

3.2.4.2 El supuesto Cabildo Abierto y la respuesta desde las comunidades

De esa cuenta, el 28 de abril, al menos 53 comunidades publicaron otra carta dirigida al Alcalde y a los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), en la que se negaron a avalar lo redactado por la Alcaldía y a apoyar la prórroga del contrato 2-85 a Perenco. Los argumentos de las comunidades firmantes se basaron en:

Las comunidades no habían sido consultadas ni suficientemente informadas sobre las implicaciones, impactos y beneficios de dicha renovación.

No existía información concreta sobre los montos que el Fondo de Petróleo (FONPETROL) había aportado al departamento de Petén, así como tampoco sobre los montos específicos al municipio de La Libertad.

Que de acuerdo a dictámenes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), así como del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), la extracción de petróleo en una zona protegida como la Laguna del Tigre, donde se encuentra el contrato 2-85, es inviable, inadecuada e ilegal, así como tampoco reportaba beneficios ostensibles al Estado.

A su juicio, el Alcalde y el COMUDE no podían tomar decisiones inconsultas como apoyar la prórroga del contrato, y debían de ser las asambleas comunitarias las que debían tomar una decisión de este tipo, de acuerdo con Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, ese mismo día en que fue publicada esta carta de las comunidades, se realizó una reunión de autoridades municipales y departamentales con las representaciones de algunas comunidades, resultando posteriormente, para sorpresa de todos y todas, que dicha reunión era un Cabildo Abierto. En esa reunión, convocada para informar y entregar cuentas por parte de la Corporación Municipal, el Alcalde Carlos Rosado apenas se refirió a esto y más bien habló del contrato petrolero enfatizando en lo importante que era prolongarlo, al punto que recriminó a las organizaciones que si no lo aceptaban era porque estaban contra el desarrollo, ya que con ese dinero se podía construir pozos, aulas, carreteras, etc. En la misma estuvo el Gobernador y también habló del contrato a Perenco en los términos siguientes:

…el petróleo está ahí y si no se saca lo van a aprovechar mexicanos y beliceños, y los guatemaltecos van a perder la oportunidad.

142

Comunicado de prensa firmado por Asociación Oxlajú, Fundación ProPetén, Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén,

Frente Petenero contra las Represas, Parroquia de La Libertad, Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), y

Asociación de Campesinos de La Libertad (ACLIP).

93

También estuvo presente el entonces Ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, instando a que se firmara el documento de apoyo que tenía el alcalde. Durante todo este tiempo, personeros de la Perenco estuvieron tomando fotos. Fue notorio que el Alcalde estaba ofendido con la gente y dijo que había un grupo de personas asesorando a los Alcaldes auxiliares para que estos no firmaran. Hizo referencia a la Asociación Oxlajú. Unos minutos antes del cabildo abierto, el Alcalde le había llamado a los Presidentes de las microrregiones para preguntarles que por qué se oponían a las regalías si iban a traer beneficios, y le respondieron que no querían firmar sin antes consultar a la gente. Nuevamente, tras el cabildo, el alcalde llamó a los Presidentes de las microrregiones y les preguntó cuál era el problema para no firmar pues todos iban a salir beneficiados con la firma, especialmente la población. Al siguiente día, pese a la oposición comunitaria a la prórroga del contrato petrolero, la Corporación Municipal de La Libertad publicó el 30 de abril un comunicado que fue publicado como campo pagado el 5 de mayo en un medio escrito. En éste se afirmaba que el COMUDE y los COCODES organizados en más de 140 comunidades, respaldaban la ampliación y prórroga del contrato petrolero 2‐ 85. En esta publicación se respaldaba al Presidente de la República para que se prorrogara el contrato; para que se continuara con la comercialización del petróleo crudo; para que se diera mantenimiento y servicio al oleoducto así como a la minirefinería en el municipio de La Libertad. También se apoyaba al mandatario para que dentro de la prórroga se contemplaran planes de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, y recursos al CONAP para el cuidado y control de la Reserva de la Biosfera Maya. En este comunicado aparecen los de la alcaldía auxiliar de La Libertad Peten; Aldea El Naranjo; Cantón Buena Vista del consejo comunitario de desarrollo de La Libertad, Peten; Cantón Buena Vista, alcaldía auxiliar La Libertad Peten; Caserío La Primavera, Alcalde auxiliar La Libertad, Peten; Caserío El Paraíso, kilometro 107, Alcaldía auxiliar la Libertad Peten; Alcaldía auxiliar caserío nuevo Edén, La Libertad Peten; alcalde municipal 2008-2012 de La Libertad Peten; Municipalidad de La Libertad de Peten, Secretaría 2008-2012; Caserío Esperancita 1, Alcaldía auxiliar La libertad, Peten; Caserío Santiaguito, Alcaldía auxiliar municipio La Libertad Peten; caserío Quabakan, Alcaldía auxiliar La Libertad, Peten. Las comunidades respondieron mediante un derecho de respuesta que no recibió atención en los medios, tal como sí lo recibió los anteriores publicados por el Díaz Rosado y los supuestos sectores que apoyaban la prórroga, en la que enfatizaban:

Que la Corporación Municipal de la Libertad, Peten afirmaba que el COMUDE y los COCODES organizados en más de 140 comunidades debidamente registradas, acordaron en sesión pública de Cabildo Abierto, el respaldo a la ampliación y prórroga del contrato petrolero 2- 85, en tanto que dicha afirmación era falsa y manipulada por la Corporación Municipal y los sectores organizados e interesados en la explotación del petróleo.

Que en ningún momento, en la reunión del 28 de abril, se había aprobado el contenido del campo pagado mencionado, en tanto que el documento publicado apenas tenía el respaldo de 8 CODODES, y en ningún momento contó con el respaldo de las 140 comunidades mencionadas en el campo pagado.

Que en una carta que fue dirigida al Alcalde municipal de La Libertad, y a los integrantes del COMUDE con fecha del mismo 28 de abril de 2010, respaldada por al menos 53 comunidades y COCODES, se comunicó que no podían apoyar la ratificación del contrato 2-85, debido a los daños ambientales, la falta de información sobre los términos de la prórroga del contrato, la violación al derecho de las comunidades a ser consultadas, y las ilegalidades cometidas mediante la Ley de FONPETROL, entre otros.

Denunciaron que los representantes de las bioregiones del municipio de La Libertad, de los COCODES y de distintas organizaciones sociales, han recibido presiones políticas fuertes, chantajes y coerción para que respaldaran la prórroga del contrato 2-85, y condicionando los proyectos de las municipalidades y del CODEDE.

94

Que mediante este campo pagado el Alcalde municipal incurría en la usurpación de funciones, pues publicó una postura con el respaldo comunitario.

Reafirmaron su decisión de no apoyar la prórroga del contrato petrolero 2-85, que entrega los recursos nacionales a la empresa Perenco, sin garantizar que los municipios y las comunidades participen en esta decisión, manteniendo excluidas y marginadas a las grandes mayorías, por lo que exhortaban al Presidente de la Republica, Álvaro Colom y al Consejo de Ministros que no ratificara el documento de modificación, ampliación, y prorroga del recontrato de operaciones petroleras de explotación numero 2-85, celebrado entre el MEM y Perenco Guatemala Limite.

En ese interludio que transcurrió entre los meses de marzo a mayo y junio, las amenazas por teléfono contra varios liderazgos sociales de El Petén y, especialmente de La Libertad, fueron una constante. Paralelo se desarrolló un juego maniqueo de presión que se tradujo entre los meses de abril y mayo, en la circulación de volantes en el municipio de La Libertad, calzados por sectores civiles de El Petén como el agroproductivo y el campesino, así como por varios alcaldes auxiliares de microrregiones de Petén, en los que no sólo le daban el apoyo incondicional a sus alcaldes sino también al Presidente de la República para que la ampliación del contrato se concretara

143.

Asimismo, informaciones de pobladores indicaron que Díaz Rosado, Alcalde de La Libertad, se dio a la tarea de circular estos documentos en varias comunidades para que apoyaran la prórroga, utilizando el argumento de los supuestos beneficios económicos a las alcaldías y a las comunidades, los que se traducirían en desarrollo

144.

Estos posicionamientos en contra de la prórroga fueron respaldados en la ciudad capital, por comunicados divulgados por instancias colegiadas como el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); el Centro de Estudios para la Conservación (CECON) de la USAC; y el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL); así como por recursos legales como el que interpuso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el Centro de Acción Legal y Asistencia Ambiental y Social (CALAS) el 6 de abril, y la Comunicación Relativa a la Aplicación de la Legislación Ambiental en el Marco del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (RD=CAFTA, por sus siglas en inglés), que interpuso el abogado Ramón Cadena, el 5 de marzo del presente año

145.

3.2.4.3 Se concretó la prórroga y ampliación del contrato 2-85 a Perenco

Contra todas las protestas y las oposiciones, la prórroga del Contrato 2-85, Xan, a la empresa petrolera francesa Perenco, fue firmada por el Presidente de la República el 22 de julio en Consejo de Ministros, y el 23 de julio en las instalaciones del Complejo Deportivo Maya, en el municipio de Santa Elena, Petén, fue dada a conocer la decisión “con alegría” por el mandatario. La prórroga permite que por 15 años más, se extraiga petróleo en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Se supo que Luis Ferraté, Carlos Menocal, y Jerónimo Lancerio, Ministros de Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación y de Cultura y Deportes, respectivamente, no firmaron el Acuerdo Gubernativo 214-2010 que da vigencia a la prórroga. Se esperaba que este acuerdo fuera publicado el 26 de julio pero el Centro de Acción Legal y Acción Legal (CALAS) interpuso el 25 de julio un Recurso de Amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el mandatario, para impedir que fuera publicado este acuerdo en el Diario de Centroamérica. La CC dio un plazo de 48 horas a Colom para que presentara un informe que sustentara la decisión de renovar el contrato. A decir de Yuri Melini, Director de CALAS:

143

Solano, Luis, ENFOQUE, op. cit., pagina 42.

144

Información obtenida a través de entrevistas a liderazgos comunitarios de La Libertad. 145

ENFOQUE No. 6, op. cit.

95

El amparo fue presentado porque con anterioridad se le hizo saber al Presidente de la República en reiteradas oportunidades, que ese contrato es ilegal y proviene de una decisión que no puede entrar en la vida pública.

El plazo de la CC vencía el 27 de julio y ese día en la tarde, el mandatario presentó el informe respectivo al mismo tiempo que en esa fecha fue promulgado el Acuerdo Gubernativo en el diario oficial

146. Al mismo tiempo

que se esperaba que la CC dictaminara el 28 de julio sobre la prórroga, también se pronosticaba toda una batalla legal contra esta decisión, y así ha sido. Hasta la fecha se ha desarrollado toda una batalla legal de amparos contra la prórroga así como varios rechazos de la CC a éstos, así como un ir y venir de declaraciones en contra y a favor de la misma. El último amparo contra fue presentado el 10 de septiembre último por varios ciudadanos y ciudadanas, entre ellos, el doctor José Barnoya, la periodista Marielos Monzón, la ambientalista Magalí Rey Rosa, el sindicalista Luis Lara. También signaron la acción el cardenal monseñor Rodolfo Quezada Toruño y el abogado Alfonso Bauer Paíz, aunque no estuvieron presentes

147.

El recurso se fundamenta en cinco puntos:

i) El contrato se firmó con el argumento de la Ley de Fonpetrol, pero no hay retroactividad en la ley. ii) No se respetó el debido proceso y no se siguieron los pasos administrativos, lo que significa que no se

realizó un estudio de impacto ambiental y no hubo una nueva licitación, ya que se incluyeron nuevos espacios.

iii) Las autoridades del Estado están sujetas a la ley, y en el caso de la ampliación del contrato a Perenco,

esto no ocurrió, debido a que el Presidente y los ministros que firmaron, incurrieron en irresponsabilidad, porque la prórroga petrolera viola las leyes ambientales y la Constitución.

iv) Cada vez que se realiza un acuerdo de este tipo deben estar en la misma línea los ministros referentes,

en este caso era el ministro de Ambiente, el de Gobernación, el de Cultura y el de Energía, sin embargo, en lo de Perenco, tres de los funcionarios estaban en desacuerdo.

v) El artículo 118 de la Constitución señala que el beneficio debe ser colectivo, y en este caso, el beneficio

es para una empresa, y no para un colectivo. Además, los COCODES de la zona se opusieron a la ampliación del contrato.

Unos días antes, ya se sabía de los “beneficios” que para el gobierno acarreaba esta prórroga, fundamentalmente al remilitarizar la Laguna del Tigre y las comunidades a su alrededor, con la instalación de un batallón que supuestamente “limpiará” la zona.

Batallón para La Laguna del Tigre con financiamiento de Perenco148

El 30 de agosto fue presentado el Batallón de Infantería de Selva con 250 integrantes, entre oficiales, especialistas y soldados, para que desde el 15 de septiembre se encargara de “recuperar” la Laguna del Tigre de, según la noticia, de las operaciones de narcotráfico, invasiones y otras acciones que estarían deteriorando esa reserva natural. No fue mencionado el petróleo, ni la ganadería, etc., dentro de estas operaciones. El contingente también es conocido como Batallón Verde y se le atribuyen funciones de protección de fronteras y control del territorio, y se informó que sus integrantes permanecerán en seis destacamentos

146

Prensa Libre. “Alemanes proponen fondo para no extraer petróleo”; “Firmará prórroga”, 23 de julio de 2010, páginas 2 y 3;

“Firma prórroga contra viento y marea”, 24 de julio de 2010.

147

Prensa Libre. “Presentan acción de inconstitucionalidad”, 11 de septiembre de 2010, versión electrónica. 148

Prensa Libre. “Batallón vigilará Parque Nacional Laguna del Tigre”, 1 de septiembre de 2010, versión electrónica.

96

militares que serán financiados por Perenco Guatemala Limited, ya que en el contrato de prórroga y ampliación del contrato 2=85 a la petrolera francesa, quedó establecido un aporte de US$ 3 millones para el equipamiento de esas instalaciones. A decir del Ministro del (MEM), Romeo Rodríguez, explicó que además del aporte para el equipamiento, el contrato dice que se destinarán US$0.30 por barril de crudo producido al mantenimiento de esos destacamentos. Por su parte, Colom justificó estas acciones…

…desde el anuncio de la creación del batallón han sacado más de ocho mil cabezas de ganado de Laguna del Tigre (…) Ese parque es el área de amortiguamiento de toda la Biósfera Maya. Al tomar control del área de Laguna del Tigre se está frenando la depredación de toda la parte este, noreste de la Biósfera Maya.

4. Comunidades vuelven a pronunciarse sobre las amenazas que viven en municipios de La Libertad y San Andrés, Petén.

El 10 de septiembre pasado, comunidades de los municipios de San Andrés y La Libertad, del departamento de Petén, volvieron a pronunciarse una vez más por la serie de amenazas y violaciones a sus derechos humanos que están experimentando desde hace años. Mediante una movilización que tuvo lugar en la ciudad capital ese día, entregaron un manifiesto al gobierno actual de Álvaro Colom, en donde se evidencia la envergadura de sus denuncias y las problemáticas a las que se enfrentan.

I. MANIFIESTO DE LAS COMUNIDADES DE PETÉN

Todos nosotros, firmantes de este Manifiesto y miembros de esta pequeña delegación representativa de nuestras comunidades, somos vecinos y vecinas de comunidades de la Laguna del Tigre, Ruta Bethel, Ruta Naranjo y Sierra Lacandón, que forman parte de los municipios de San Andrés y La Libertad, en el departamento de Petén.

Nosotros y nuestras comunidades por nuestro medio, nos estamos haciendo presentes hoy 10 de septiembre de 2010 ante el Congreso de la República para exponer, ante personeros del Gobierno de Álvaro Colom, ante la Comunidad Nacional e Internacional, lo siguiente:

SAN ANDRÉS

La Laguna del Tigre está poblada actualmente por las comunidades de: Estrella del Sur, El Sacrificio, San Martín Nuevo Paraíso, La Paz, La Gloria, La Lámpara, Buenos Aires, La Fisga, San José La Cumbre, San Luis Frontera, El Fracaso, Lagunitas Xan, Sucely, El Pacífico, Laguna Larga, La Florida, Los Tubos, Los Reyes, El Reloj, Santa Amelia, Nuevo Amanecer, Río Escondido, Bella Vista, La Mestiza, Mirador, La Bronca, El Buen Samaritano, Los Almendros, Seis Islas, Santa Rosita, Santa Marta, Paso Caballos, La Profundidad, Los Cerritos, La Tubería, Santa Clara, El Petenero.

97

LA LIBERTAD

La Ruta Bethel está poblada por las comunidades: Subín, Nuevo Progreso, Km. 7, Las Cruces, Nuevo León, El Pucté, Los Josefinos, La Candelaria, Palín, Nuevo Samaritano, Palestina, El Cedrón, La Palma, San José Buena Fé, San Luis Buena Fé, Aposento Alto, Armenia, Flor de la Esperanza, Ixmucane, Los Laureles, Santa Rosita, Quemanes, Pipiles El Sacrificio, Cambio, Bella Guatemala, El Arbolito, Bonanza, Los Manueles, La Bacadilla, El Pato, Vista Hermosa, El Sibal, Betania, El Esfuerzo, Bethel, Yanaí, Sinaí, La Felicidad, La Técnica Agropecuaria, San Miguel Los Ángeles, Retalteco, La Lucha, Unión Maya Itzá, Centro Campesino y Centro I, en resistencia.

La Ruta Centro: La Gloria, San Diego, Valle Nuevo (El Toro), San José El Triunfo, La Libertad, Nueva Vista Hermosa, El Plantel, San Joaquín, Nuevo Florido, Tamaris, El Tambo, El Matrimonio, Esperancita I, Salvador Fajardo, La Esperanza, Cruce la Esperanza, Zaculeu, Nuevo Amanecer Uacut, Gracias a Dios, Las Cuaches, San Diego, Los Ceritos, La Nueva, Nueva Formación.

La Ruta El Naranjo y Sierra Lacandona: Poza del Macho, La Llorona, Los Esclavos, El Esqueleto, Nueva Candelaria, Nueva Canaan, Las Victorias, Las Ruinas, San Juan Villa Nueva, Villa Hermosa, Poza Azul, Las Flores, Nuevo Edén km. 91, Nuevo San José, Santa Amelia km. 102, El Paraíso km. 107, Nueva Jerusalén II, Guayacán, Las Estacas, El Pital, El Repasto, Las Marías, Manantialito, 17 de Abril, La Pista km. 65, El Mango, Santiaguito, Bello Horizonte, La Icotea, La Primavera, El Ceibo.

Nuestros padres y abuelos, originarios de costa sur de Guatemala, Oriente, Alta Verapaz, Huehuetenango, y otras regiones del país, empujados por la falta de tierra, el hambre y diversos programas de distintos gobiernos de la República, llegaron hace muchos años atrás al Petén y colonizaron con nuestras familias y sus esfuerzos, estas tierras peteneras.

Nuevamente muchos de nuestros padres, nosotros mismos y nuestras comunidades fueron desplazados por la guerra a otras tierras más al norte, dentro del mismo territorio de Petén. Es así como nuestras historias y las historias de nuestras comunidades están llenas de concentraciones, desplazamientos, desarraigos y reinstalaciones forzosas, una detrás de la otra, en diversos lugares del país.

Es por esto señores que no les debe ser difícil a ustedes entender que de una vez y por siempre queremos permanecer y vivir en las tierras que nos ha tocado colonizar y sobre las cuales tenemos sudor y sangre derramada, derechos adquiridos y que no estamos dispuestos a abandonar.

Es por esto que también ante el gobierno, ante la Comunidad Nacional y la Comunidad Internacional, nos hemos juntado para denunciar lo siguiente:

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1. Las políticas públicas del Estado guatemalteco de invisibilizar, tanto la existencia de nuestras comunidades como la resistencia de nuestros Pueblos, en el área La Laguna del Tigre, del municipio de San Andrés, la Sierra Lacandón y Ruta Bethel, del municipio de La Libertad, ambas en el departamento de Petén, de este modo tapando nuestra existencia, ocultan nuestros propios derechos, tanto políticos, sociales, económicos, culturales, como los derechos humanos que amparan a las personas y a las comunidades.

2. Se nos está negando el derecho a nuestra propia tierra, trabajada por nosotros; se nos están negando nuestros derechos políticos, dado que a muchas de nuestras comunidades ni siquiera se les permite hacer construcciones de viviendas firmes, ni tener COCODES de segundo nivel, ni tener alcaldes auxil iares y por lo tanto, tampoco se les permite poder desarrollar. Lo único que se les permite a miles de personas es sobrevivir hasta ser desalojadas o acarreadas a otros lugares.

3. Se ha negado y se nos está negando ahora por parte de las autoridades correspondientes, tanto la participación política de nuestros Pueblos como el reconocimiento jurídico de nuestras comunidades y los derechos a una vida digna con servicios de educación y salud.

4. Denunciamos la usurpación de nuestras tierras y la concentración de tierras destinadas al desarrollo de megaproyectos, así como a los grandes monocultivos y a la gran ganadería, estrechando cada día más las tierras disponibles para la sobrevivencia de la población de Petén, desviando sus ríos y agotando los nacimientos de agua por medio de la perforación de pozos mecánicos, como es el caso de grandes plantaciones de Papaya en la Ruta Bethel y Área Central.

5. Denunciamos así ante el Estado guatemalteco las megaplantaciones de Teca que cubren una gran parte del municipio de La Libertad, y el agotamiento de la laguna La Gloria y de Las Cuaches, siempre en el municipio de La Libertad, así como las grandes siembras de palma africana en otras áreas del departamento del Petén.

6. Ninguna de nuestras comunidades ha sido oficialmente informada de la instalación de ningún megaproyecto y mucho menos ninguna de nuestras comunidades ha sido consultada para establecer el desarrollo de los mismos. Es de este modo que en las comunidades en donde nosotros vivimos, el Estado y las empresas violan de manera total los derechos de nuestros Pueblos y comunidades a la información, así como el derecho de nuestros Pueblos y comunidades a ser consultados por los proyectos que de forma directa o indirecta les van a afectar y queriéndonos obligar a cambiar nuestras vidas, violentando nuestra dignidad. El derecho al acceso a la información y a la consulta en este momento son ley en el Estado de Guatemala.

7. Denunciamos la implementación de los megaproyectos como son el 4 Balam, la implementación de proyectos de infraestructura como es la carretera desde el Ceibo a Flores, así como la realización de 5 proyectos hidroeléctricos sobre el río Usumacinta que determinarán las aguas del río La Pasión, las concesiones petroleras y mineras realizadas tanto en el municipio de San Andrés como en La Libertad, Petén.

99

8. Estábamos ya viviendo y asentados en la Sierra Lacandón y en la Laguna del Tigre cuando ni informados ni consultados el gobierno estableció la Ley de Áreas Protegidas. Actualmente ni siquiera se nos permite plantear, participar como población, ni como comunidades, en la administración y desarrollo de esas áreas protegidas, cosa que contempla la misma ley, la única opción que se nos da es la de abandonar nuestras tierras.

9. Nos preocupa de sobremanera la Ley de Inamovilidad de la Finca 292, Petén, la cual tiene cobertura en 5 municipios y específicamente en las Áreas de Amortiguamientos de la Libertad, ya que en la mayoría de nuestras comunidades se está buscando la legalización de la tierra y esto impide y paraliza el proceso de certeza jurídica de nuestras tierras.

10. Denunciamos los desalojos forzosos realizados en las comunidades La Colorada, San Andrés, El Florido y Centro I de La Libertad y San Andrés, así como la falta de seguimiento por parte de las autoridades en caso de seguir el debido proceso que marca la ley. Estos desalojos se han realizado sin agotar las posibilidades de diálogo con la población y sin tener previsto la reubicación de estas comunidades como lo señala la ley. Es decir, se desalojó violentamente y dejaron tirada por todas partes, sin ningún tipo de asistencia y sin ninguna entrega de tierra a la comunidad desalojada.

11. Asimismo, denunciamos también las amenazas públicas de desalojo en contra de las 37 comunidades de la Laguna del Tigre, efectuadas por el Presidente de la República, Álvaro Colom, el día 23 de julio del año 2010 en Santa Elena, Petén.

12. Dentro de estas declaraciones se acusa a las 37 comunidades que pueblan la Laguna del Tigre de daños al medio ambiente; se les califica como población invasora al mismo tiempo que se prolongan los contratos de explotación a la compañía petrolera Perenco, que está perforando sus pozos en la zona central del área protegida y causando daños irreparables al medio ambiente.

13. Denunciamos el despliegue anunciado para el próximo 15 de septiembre, del Ejército para tareas de seguridad pública así como la militarización de los municipios de la Libertad y San Andrés, así como la criminalización de las comunidades de La Laguna del Tigre, vinculando a los comunitarios con los dueños de las grandes fincas ganaderas y actores del crimen organizado, que se han podido establecer en el área gracias a la complacencia del Ejército que resguarda el acceso a la zona, ya que se encuentran administrando el ferry, en el río San Pedro.

Por todo esto y ante la negativa del señor Presidente de la República de Guatemala Ing. Álvaro Colom, a la solicitud de las comunidades del municipio de La Libertad cursada el pasado mes de noviembre del 2009, en donde se le convocó a una reunión abierta y masiva para exponer todas estas situaciones y necesidades de los problemas que estamos pasando, exigimos:

100

• Que se garantice a las comunidades su derecho a la vida, la protección de los pobladores y su desarrollo integral, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala en los Artículos 1 y 2.

• El reconocimiento inmediato de las comunidades y pobladores que habitan en La Sierra Lacandón y La Laguna del Tigre, tal como lo establece el Artículo 14, inciso 1 del Convenio 169 de la OIT; la permanencia perpetua de los pobladores en las tierras que tradicionalmente han ocupado y garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión sobre la tierra, desvinculándoles de los actores del crimen organizado y las grandes fincas ganaderas.

• Suspensión y anulación de licencias para megaproyectos hidroeléctricos, turísticos, mineros y de monocultivos, otorgadas sin consulta y proceso de información a las comunidades, en violación del Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Descentralización del Poder.

• Ejercer el derecho de las comunidades en la participación de protección, regulación, utilización, administración y conservación de las áreas protegidas y los recursos naturales existentes en sus tierras, tal como lo establece el Artículo 15, inciso 1 del Convenio 169 de la OIT, hoy día ley de Guatemala.

• La suspensión inmediata de las amenazas, órdenes de desalojo de comunidades que habitan en La Laguna del Tigre y Sierra Lacandón. El cese inmediato de la presencia militar en los municipios de San Andrés y La Libertad, y el retiro de los destacamentos militares de La Laguna del Tigre.

• Asimismo, que se reconozca el derecho de resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución, tal como se establece en el Artículo 45 de la Constitución Política de la República, y que no se criminalice a los y las líderes y comunidades que están en su legítimo derecho.

• Que se proporcione y garantice el cumplimiento de los derechos humanos económicos y sociales, sus derechos de participación política prevista en la Ley de Descentralización, incluyendo la formación de COCODES y Código Municipal como lo establece y exige el Proceso de Paz y la Constitución Política de la República de Guatemala.

• Que se lleve una investigación de los desalojos en las comunidades La Colorada, El Florido, Centro I y demás comunidades desalojadas, para establecer las violaciones de derechos humanos y se garantice un resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los comunitarios que fueron desalojados.

101

No podemos entender cómo es que el actual gobierno ha desechado propuestas internacionales para dar solución a los problemas de las áreas protegidas. Tampoco podemos entender cómo es que el Presidente Álvaro Colom se negó a hablar con la población de estas áreas para buscar soluciones conjuntas en el mes de noviembre del año 2009. Lo que si entendemos y sabemos las comunidades es que necesitamos de agua y tierra para sobrevivir, y que quitarnos el agua y la tierra para entregársela a las compañías es igual que quitarnos el derecho a la vida.

¡No más concentraciones! ¡No más reubicaciones!

¡No más desplazamientos y no más desalojos en Petén!

PETEN TIERRA DE DESPLAZADOS Y DESPOJADOS;

PRESENTES EN LA LUCHA, EN UNA MISMA CAUSA AYER, AHORA Y SIEMPRE

Esta delegación conformará una comisión de verificación que pueda garantizar el debido proceso y seguimiento a lo expuesto por nuestras comunidades el día de hoy.

102

CONCLUSIONES

Tendencias del conflicto social en el ámbito rural del occidente y norte de Guatemala y la situación de

vulnerabilidad de los defensores y defensoras de derechos humanos El hilo conductor de este estudio es acercarse a la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan los/as defensoras de derechos humanos en el ámbito rural guatemalteco por acoso, amenazas y acciones directas en su contra así como de sus familias y organizaciones, en su quehacer de recuperar y reconstruir la memoria histórica, demandar verdad, justicia y resarcimiento, así como en la defensa de los bienes naturales de sus comunidades y del territorio en su conjunto. Su principal objetivo es aproximarse a los contextos locales y las dinámicas sociales que influyen en el quehacer de los defensores y defensoras y de las organizaciones comunitarias, detectando los poderes e intereses a los que se enfrentan por defender los derechos humanos. Después de analizar cada caso en su contexto local y regional como Pueblos y comunidades del occidente y el norte de Guatemala, se logra determinar algunas tendencias que perfilan elementos para comprender la situación general del conflicto social en esas regiones y zonas, sus perspectivas y continuidades históricas, a la vez que es posible aproximarse de alguna forma, a la respuesta que el Estado guatemalteco –en sus niveles nacional, regional y local, ha venido asumiendo de cara a las demandas de las comunidades y poblaciones. En términos generales, las demandas de los actores y liderazgos aquí mencionados se centran en la recuperación y reconocimiento de la Memoria Histórica y la Verdad, y la exigencia de Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado guatemalteco durante el conflicto armado y la necesidad que haya un respeto a su voz como actores sociales y políticos de su propio desarrollo y cuido del ambiente. Esta dinámica ha reactivado las operaciones de cuerpos armados ilegales, fundamentalmente por acosar, amenazar, o impedir que los procesos de exhumaciones avancen. Constituye la reactivación de viejas prácticas paramilitares de represión y autoritarismo que, en los casos estudiados tienen que ver con ya sea una respuesta a la demanda de justicia, a la demanda de participación o a la demanda de respeto a la colectividad como propietaria y como garante de la madre tierra. Desde esta perspectiva, en todos los casos, la respuesta estatal, ya sea local, regional o nacional, no ha sido contundente, pues las investigaciones de las demandas tienden a entrar en dinámicas de poco avance. Estas situaciones se observan en todos los casos, sean de recuperación de la memoria y esclarecimiento, resarcimiento, demandas frente a megaproyectos, etc. En el caso del resarcimiento integral, debe anotarse que no sólo es moral y político sino abarca también, la recuperación y creación de condiciones para que las comunidades y poblaciones se desarrollen con dignidad, esto es, entre otros aspectos, el acceso a la tierra y demás medios de producción para su reproducción adecuada, a los satisfactores básicos y vitales como la vivienda, la salud, la educación, el medio ambiente, etc., negados desde tiempos inmemoriales; así como también, el respeto y reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas y sus territorios. Esto último está vinculado intrínsecamente a una segunda demanda como lo es, el reconocimiento a la autodeterminación de los Pueblos en la defensa de los bienes naturales, sus territorios y a decidir sobre el tipo y las condiciones de su desarrollo, frente a la amenaza de empresas nacionales y transnacionales que actualmente se reacomodan a los ejes del modelo de acumulación capitalista que se ensaya en Guatemala basado en la desposesión de los bienes naturales que se encuentran en los territorios de los Pueblos Indígenas: agua, petróleo, gas, minerales, metales, tierras, bosque, selva, producción de energía, para convertirlos en mercancías mediante la construcción de grandes obras de infraestructura como carreteras, corredores, hidroeléctricas, centrales eléctricas, oleoductos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.

103

Las agresiones acá mencionadas no han tenido investigación ni los responsables han sido sancionados; por otra parte los actos de criminalización se mantienen en curso, en tanto que los procesos judiciales aún están abiertos. Los procesos de difamación pública en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos es el clima en el que se desarrolla la lucha de las comunidades lo que hace que las agresiones descritas tengan impactos mayores en la organización. La conflictividad social en el área rural irá en incremente en la medida de que el Estado no reconozca su función y deber como garante del bien común, fortalezca sus instituciones y cambie el modelo de desarrollo poniendo a las comunidades y las personas en el centro del mismo, como indica la Constitución. En ese marco, los modelos de desarrollo energético y productivo pueden replantearse en función del interés nacional.

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Anexo 6 Buscando El Futuro