AÑO 16 N.º 180eNerO de 2016

2 LA REVISTA AGRARIA / 180

Publicaciones

contenido

Informe alternativo 2015, sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Organizaciones Indígenas Nacionales del Perú, con el apoyo del Grupo de Tra-bajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima, octubre de 2015.En el Perú, los derechos colectivos indígenas son garantizados por el Convenio 169 de la OIT, y los pueblos indígenas y la sociedad civil han asumido el compromiso

de contribuir a la aplicación y el respeto de este tratado in-ternacional. En el informe se presenta la agenda planteada por las organizaciones indígenas en materia de territorios y recursos naturales, institucionalidad indígena, consulta pre-via, criminalización de la protesta, educación intercultural, salud intercultural y mujer indígena. También se analizan los temas vinculados con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial, la aplicación de la consulta previa. El informe puede descargarse de <http://bit.ly/1JRROwf >.

Guía práctica para la revi-sión de estudios de impacto ambiental de proyectos de cultivo y procesamiento de palma aceitera. Lu de Lama, Mercedes. Lima: Derecho, Ambiente y Recursos Natu-rales (DAR), noviembre de 2015.Los grandes proyectos econó-micos agroindustriales pueden significar un impacto ambiental y social muy fuerte en la zona

donde intervienen. Un factor que aumenta la probabilidad de este riesgo es que los actuales estudios de impacto ambiental (EIA) no estarían contribuyendo a reducirlo, a pesar de tratarse de instrumentos de evaluación am-biental preventivos. Esta publicación tiene el objetivo de apoyar al personal técnico que revisa y formula obser-vaciones a los EIA de proyectos de cultivo intensivo y procesamiento de palma aceitera en zonas ambiental-mente sensibles. La publicación puede descargarse de <http://bit.ly/1Q3SuuU >.

4Consensos y diferencias¿Qué plantean los partidossobre políticas agrarias?

6Los Planes de Gobierno ylas ComunidadesCampesinas

9Los planes de gobierno y los derechos sobre la tierra.¿Más de lo mismo?

12

Aciertos y contradicciones en los planes de gobierno¿Está en riesgo el futuro de nuestro medio ambiente?

enero de 2016 3

odos los partidos habilitados para participar en las elecciones presidenciales y congresales del 10 de abril de este año han presentado sus planes de

gobierno, requisito indispensable para la inscripción de los candidatos. Una vez que estos quedan inscritos, el JNE no admite, «bajo ninguna circunstancia»1, pedidos para la modificación de dichos planes: lo escrito, escrito está, y es el compromiso de los partidos ejecutarlos.

En esta edición de LRA analizamos algunos de los aspectos más saltantes de los planes de gobierno en lo que concierne al sector agrario: los planteamientos relativos a las comunidades campesinas y nativas; a los derechos a la propiedad de la tierra; al tratamiento a las diferencias culturales; y a cuestiones ambientales. Ante la imposibilidad de analizar las propuestas de los 19 partidos, se seleccionaron las de cinco: los tres que encabezan hasta el momento las encuestas de opinión: Fuerza Popular, Peruanos Por el Kambio y Alianza para el Progreso; Alianza Popular, porque reúne a los dos partidos institucionalmente más sólidos y con larga trayectoria; y Frente Amplio, por ser la única organización claramente de izquierda.

El tratamiento que los partidos dan al sector agrario y —en general— a lo rural varía entre sí, pero es común a la mayoría la subvaloración de su importancia económica, social y cultural. En particular, sus planteamientos en torno al desarrollo rural territorial son bastante débiles e incompletos.

Esta subvaloración se debe, en buena medida, al desconocimiento, los prejuicios y la utilización de

editorial

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Fernando EgurenDirector

Los planes de gobierno:El sector agrario sigue siendo subvalorado

conceptos sumamente restrictivos de lo que significan lo agrario y lo rural. Las propias definiciones oficiales de lo que es «rural», por ejemplo, llevan a subestimar el peso de la población rural (y, por tanto, también, de su importancia como masa electoral). Lo propio ocurre con las definiciones convencionales de lo que es «agrario», que lo limitan a las actividades primarias, sin considerar los amplios y complejos eslabonamientos con diferentes industrias. Pero también la subvaloración expresa prejuicios socioculturales, que minimizan el valor de las poblaciones campesinas, de sus conocimientos, potencialidades y particularidades culturales. Contribuye a ello la difundida convicción, exacerbada por la ideología neoliberal, de que todo comportamiento que no responda a la maximización de los beneficios económicos es irracional —cuando no primitiva—, ineficiente y conspira contra el desarrollo.

El grave deterioro de la ética política —que lleva ya varios lustros, pero que en las últimas semanas ha llegado a niveles sumamente preocupantes— nos lleva a preguntar cuál puede ser el compromiso real de las promesas electorales plasmadas en los planes de gobierno: la ciudadanía se ve obligada a hacer un acto de fe y a esperar a que sean cumplidas. Pero esa fe solo tiene sentido si la ciudadanía se libera de su resignación y se convierte en exigente vigilante de los nuevos gobernantes.

Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales

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DirectorFernando egurenComité editorial

Laureano del Castillo, Javier Alvarado, Beatriz Salazar, ricardo Marapi, Pedro Castillo, Miguel Pintado Corrección/Diagramación

Antonio Luya / José rodríguezDistribución gratuita con La república

el último miércoles de cada mes.

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1 Artículo 32 de la Resolución 5004-2010-JNE, del 27 de diciembre de 2010.

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edición especial

Los planes de gobierno son docu-mentos en donde, en forma ideal, cada organización política presenta la manera en que concibe al país como realidad actual —sus retos y desafíos— y como promesa. En lo que se refiere a la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y las co-munidades campesinas, los partidos políticos elaboran sus planes con un sesgo particular. En este artículo mos-tramos las principales coincidencias y diferencias que existen en el tema agrario en los planes de gobierno de los principales partidos: Frente Amplio (FA), Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Pe-ruanos Por el Kambio (PPK) y Todos Por el Perú (TPP).

Consensos de los partidosfrente al agro

En general, los cinco planes men-cionan a grandes rasgos la importan-cia de la agricultura como garantía de la seguridad alimentaria. En la mayoría de los casos, tienen al menos un punto temático en donde explican su propuesta para el sector.

Respecto a las comunidades cam-pesinas, todos los planes analizados, excepto el de APP, declaran como meta concluir con la titulación de sus tierras. En agricultura familiar, todos los planes plantean, como en-foque general, el apoyo en asistencia técnica y financiamiento, promoción y aumento de la productividad, pero sin entrar en mayores detalles. La necesidad de repotenciar Agrobanco figura en las perspectivas de FA, PPK, TPP y APP.

Todos los planes nombran la se-guridad alimentaria, pero no le dan

un contenido profundo, salvo el del FA. Parece que entendieran que este concepto debe estar presente, aun-que sea solo en forma nominal, para mostrar ante la opinión pública que no obvian el tema.

Una forma de resumir los con-sensos en el tema agrario es decir que existe la conciencia común —al menos en el papel— de que no se puede ignorar en un plan de gobierno algún interés por mejorar las condiciones del sector agrario y las comunidades campesinas. Si bien esto es preferible a la ignorancia, esa conciencia común no avanza hacia formas que coloquen a los actores rurales y agrarios como protagonis-tas de su propio desarrollo. Lo que más predomina es la visión de que este sector necesita ser integrado a la dinámica nacional, visión que no es negativa en sí misma, pero implica ignorar en forma implícita la capaci-dad de los mismos actores de poder plantear o de significar ellos mismos una opción de desarrollo alternativo.

Además, en la mayoría de los pla-nes, el sector agrario es concebido sin vincularlo al contexto de la actual realidad global, que impone sus con-diciones, descontextualización que resulta alarmante cuando cada vez más voces advierten una coyuntura internacional con bajo crecimiento. Por otra parte, una mirada que se asoma en ciertos planes es la de vin-cular la estrategia de diversificación productiva con el desarrollo del agro.

Diferencias entrelas propuestas

Del conjunto de planes destaca uno en particular, el del FA, que

pone sobre el tapete temas que los otros partidos no ven; por ejemplo, defiende políticas de protección de la producción nacional como una forma de lidiar contra las amenazas de la desigual competencia entre los países por los mercados, me-didas entre las cuales destacan la restitución de la franja de precios y el antidumping. El FA plantea también conectar la dotación de alimentos en centros escolares con la producción local, de manera que se garantice una mayor seguridad para el pequeño productor.

Por otro lado, el FA es la única or-ganización que propone poner límites y desincentivos a la concentración de tierras agrarias, ya sea a través de medidas fiscales —como el aumento de la tributación para las grandes tie-rras— o mediante una ley de tierras. Finalmente, propone crear un subga-binete para el desarrollo del sector agrario, que coordine las acciones en política de distintos ministerios y autoridades.

Por su parte, TPP mantiene un ses-go muy técnico y centra su atención en generar una infraestructura digital que permita recabar información y ayudar con esto a los productores y a la generación de una mejor comprensión de la realidad agraria y rural. Plantea, además, la mejora de la calidad de los cultivos y el forta-lecimiento de las agencias agrarias con fondos públicos. No menciona medidas relacionadas con las comu-nidades campesinas.

En el caso de PPK, destaca su detallada atención al tema agrario, con el abordaje de aspectos de diagnóstico, objetivos, estrategias

Consensos y diferencias

¿Qué plantean los partidossobre políticas agrarias?

Yaku Fernández1

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y metas. Presta enorme atención a la necesidad de transferencia tecno-lógica y de asistencia desde institu-ciones creadas, como Serviagro. Su estrategia para impulsar el sector se centra en mejorar su competitividad. Finalmente, PPK coloca la voluntad política de cumplir con el artículo 88 de la Constitución2, como marco del conjunto de políticas de promoción que piensa aplicar.

Por su lado, APP plantea que el desarrollo de los productores agrarios es una vía para aminorar la presión inflacionaria mediante el aumento de la productividad. Desde una perspec-tiva estratégica, propone una mejora de la gestión del riesgo a lo largo de toda la cadena productiva.

Un plan que puede llamar mucho la atención es el de FP, que ha preci-sado un diagnóstico y un conjunto de medidas para el desarrollo del agro, en especial en lo que se refiere a la gestión de recursos naturales como el agua. Plantea también apuntar la producción de alimentos hacia su

inserción en la tendencia mundial de mayor demanda de productos naturales.

Por último, podría decirse que el plan más pobre es el de Alianza Po-pular, que se concentra en proponer solo grandes proyectos de infraes-tructura y programas sociales para el alivio del hambre y la pobreza, aunque se podría destacar como una «innovación» su proyecto de canon comunal y, para las comunidades sin canon, los fondos concursales para proyectos productivos.

Reflexiones finalesSi bien hay cierta evidencia de

que las organizaciones políticas que están liderando las opciones electorales tienen alguna conciencia de la importancia del sector agrícola, el trato que le dan es algo diferen-ciado. En general, mantienen una perspectiva que no se vincula con las tendencias del contexto económico internacional y su real impacto en el país. Probablemente, la propuesta de

PPK sea la versión más refinada de la vía «técnica» para el desarrollo del agro, mientras que la del FA es una vía más «política», pues plantea, por ejemplo, límites a la concentración de tierras.

Cabe leer más allá de lo que dice cada plan y evaluar qué tan dispuesto está cada organización política, primero, a cumplir lo que promete y, segundo, a colocar al sector agrario y rural en un lugar proporcional a su importancia. Los partidos no deben olvidar que este sector concentra, como ámbi-to geográfico y demográfico, una proporción mucho mayor a lo que las cifras oficiales estiman, y tiene una influencia económica muy im-portante, por ejemplo, como gran generadora de empleo.

Notas1 Asistente de investigación del Cepes.2 Artículo 88.- El Estado apoya preferente-

mente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa.

Ric

ardo

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api

Varios planes de gobierno mencionan la necesidad de garantizar el tema de la seguridad alimentaria; sin embargo, no le dan un contenido profundo. ¿Falta de ideas?

6 LA REVISTA AGRARIA / 180

edición especial

Los Planes de Gobierno ylas Comunidades

Campesinas Fernando Eguren1

Poco hemos escuchado o leído sobre los planteamientos de los partidos políticos respecto al tema agrario; el espacio rural suele tener, para los políticos, escasa visibilidad. Quizá esto se deba a que, en su percepción, los electores rurales tienen poca importancia frente a los electores urbanos, por lo que no merecen demasiado su atención, lo que constituye un gran error, pues la población rural es cuantitativamente mucho mayor que la indicada por los censos de población: según el último censo demográfico (2007), cerca de la cuarta parte de la población es rural. Pero esta información se basa en una definición de «población rural» totalmente inadecuada, que subvalúa su importancia2. Con definiciones más apropiadas, como las de la OCDE3, puede estimarse que la población rural en el Perú supera largamente el tercio del total. A esta población sí le interesa qué proponen los partidos en materia agraria y rural. Como electores, son un importante contingente.

Los políticos también subvaloran la importancia de la economía rural. Según los datos oficiales, el peso del PBI agrario es el 6 % o el 7 % del PBI nacional, pero allí se considera básicamente lo que es producción primaria y no los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás. Si se incluyen estos, la importancia de lo agrario puede llegar a cerca de un tercio de ese PBI4.

Algunos temas sí están presentes en los planteamientos de los políticos, aunque poco desarrollados. Por su

trascendencia, queremos resaltar las propuestas alrededor de dos temas: el tratamiento que dan a las comunidades campesinas y nativas, y qué plantean respecto al desarrollo rural.

Las comunidades campesinas Las referencias a las comunidades

campesinas se relacionan básicamente

con tres temas: la propiedad, la diversidad cultural y los recursos naturales.

Varios partidos prometen que van a terminar el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas, pero no explican cómo lo van a hacer. En esta edición de LRA, el artículo de Pedro Castillo muestra que la mayor parte de

Más de la tercera parte de la po-blación peruana vive en el sector rural, según varias estimaciones. Es un importante contingente electoral. Sin embargo, muchos partidos no los toman en cuenta en sus planes de gobierno.

7enero de 2016

edición especialcomunidades no ha completado ese proceso.

Se puede argumentar que, para que haya desarrollo rural, es preciso que los derechos de las comunidades sobre sus tierras sean formalmente reconocidos: es un argumento razonable. La titulación puede ser una condición necesaria, pero de ningún modo es una condición suficiente. La argumentación de Hernando de Soto, de que el título de propiedad permitirá, a quien lo posee —individuo, familia o comunidad—, «producir capital suficiente para hacer funcionar su capitalismo local», es, comprobadamente, una quimera. El título de propiedad —la representación formal del derecho

sobre la tierra— libera, según nuestro cosmopolita compatriota, «el potencial invisible y preso en los activos que acumulamos», activos «que albergan un capital invisible».5 En el mundo real, son centenares de miles los pequeños propietarios y agricultores peruanos que tienen título de propiedad, pero, sin embargo, no han logrado la mágica transformación de esos títulos en capital6.

La formalización de los derechos de propiedad puede también, paradój icamente , exponer, a quien la quiere, a la voracidad del capital... pero de otros. El Perú continúa viviendo un proceso de concentración de la propiedad de

la tierra agrícola, en parte porque grandes inversionistas se la compran a pequeños agricultores que ya tienen título. Los compradores prefieren adquirir las tierras a un propietario formal, pues nadie contestará la legalidad de la compra.

Como bien anota el jurista belga Olivier de Schutter, no debe confundirse la necesidad de asegurar los derechos de tenencia, por un lado, con la creación de mercados de derechos sobre la tierra, por otro lado; este último proceso —señala—, cuando se considera una perspectiva dinámica, puede ser desventajoso para las familias rurales pobres. «Para estas familias, que dependen de la agricultura para vivir, debe entenderse la verdadera seguridad de tenencia, en última instancia, como el derecho a vivir decentemente de las actividades agrícolas que les proveen de alimentos»7.

Casi todos los planes de gobierno ofrecen avanzar o culminar la titulación de los predios rurales, incluyendo los de las comunidades campesinas y nativas. Pero ¿en qué medida ese ofrecimiento de los partidos políticos buscan asegurar a las familias comuneras «el derecho a vivir decentemente de las actividades agrícolas»? Para ello se requeriría una pluralidad de formas de apoyo, desde infraestructura vial y de telecomunicaciones, hasta el mejoramiento sustancial de los servicios educativos y de salud. Por el contrario, la titulación puede exponerlas más a un mercado de tierras que juega en favor de los grandes inversionistas.

Pero consideremos quizá lo más elemental: ¿hasta qué punto los planes de gobierno se adaptan al hecho de que una buena parte de la población rural, en particular la que integra las comunidades campesinas y na t ivas , t iene impor tantes particularidades culturales? El

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es

8 LA REVISTA AGRARIA / 180

edición especialque estas particularidades no sean tomadas en cuenta puede conducir al fracaso las políticas concebidas para su beneficio.

La particularidad cultural más importante es la lengua

Según el Cenagro, el 73 % de las comunidades campesinas declara como primera lengua utilizada la indígena (64 % el quechua); más aún, en seis departamentos, el 90 % de las comunidades hablan quechua. En lo que respecta a las comunidades nativas, el 80 % de las 1113 censadas declara que sus lenguas nativas son las más utilizadas. En conclusión: la lengua —en general, la aproximación cultural— es un aspecto fundamental que tiene que ser considerado por las políticas de apoyo a las comunidades campesinas y nativas. ¿Qué planes de gobierno lo consideran así?

Algunos planes de gobierno no hacen mención siquiera de la existencia de diferentes lenguas en el Perú: es el caso de Alianza Popular, Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular. Peruanos Por el Kambio, por su lado, apenas la menciona en el contexto de la conveniencia de formar una academia de la lengua quechua. Estos partidos reconocen que el Perú es multicultural, pero no desprenden de ello ninguna consecuencia práctica. El Frente Amplio, en contraste, tiene como meta, a 2021, el uso de las lenguas originarias «como lenguas de aprendizaje y de revitalización en el 100 % de instituciones educativas del ámbito», y considera importante promover su uso también en el ámbito urbano.

¿Qué tipo de asistencia técnica?

Las particularidades culturales también tienen que ser consideradas en el tipo de asistencia técnica que se pretenda promover. Si bien hay

consenso en la necesidad de esa asistencia para elevar la producción y la productividad agrícolas, la pregunta es: ¿qué tipo de asistencia técnica es la más adecuada para las familias comuneras, en donde el papel de la mujer tiene especial significación?

El Cenagro nos informa que solo el 12 % de las unidades agropecuarias menores de 10 hectáreas (incluidas las de los comuneros) reciben asistencia técnica. Algunas modalidades de asistencia técnica que aprovechan los conocimientos y prácticas campesinas —como el proyecto Haku Wiñay, que utiliza a los yachachiqs— se practican en el país, pero en escalas muy pequeñas.

En las comunidades campesinas existen, desde siempre, como una particularidad sociocultural, formas de ayuda mutua que pueden ser utilizadas para potenciar más sus capacidades productivas. No deja de ser sorprendente que estas hayan persistido en el tiempo, a pesar de la penetración del mercado en el medio rural y del insistente sonsonete de «tú eres un emprendedor», que fomenta exclusivamente los esfuerzos individualistas. En efecto, el Cenagro reveló que el 84 % de las comunidades campesinas censadas practican aún el ayni (reciprocidad entre familias), y el 57 %, la minka (trabajos comunitarios). ¿Qué dicen al respecto los planes de gobierno?

Nuevamente, aquí solo notamos ausencias o generalidades, del tipo «capacitación», sin mayores precisiones (Alianza Popular); «fortalecer la gestión de riesgos» (Alianza Para el Progreso); «promover cadenas de valor» (Peruanos Por el Kambio). Algunos planes de gobierno ofrecen continuar con Sierra Productiva (Frente Popular), pero este programa (más allá de sus méritos) no tiene como propósito promover e incentivar el desarrollo comunal. El

Frente Amplio es apenas más preciso cuando ofrece «una plataforma única y descentralizada de servicios de capacitación, información, asistencia técnica y apoyo empresarial en el agro y zonas rurales del país».

En conclusión, los ofrecimientos de titulación de comunidades campesinas y nativas no están debidamente complementados con políticas orientadas a fortalecerlas institucional y económicamente y a garantizar su derecho a vivir decentemente de las actividades agropecuarias, como señalaba De Schutter. Esta ausencia puede deberse al desconocimiento de los partidos o, por el contrario, a la intención de acercar a las comunidades al mercado de tierras en condiciones que pueden poner en riesgo el control sobre sus recursos.

Notas1 Sociólogo. Director de LRA y presidente

del Cepes.2 Según el censo, es rural la población asen-

tada en agrupaciones de menos de cien viviendas, lo que equivale más o menos a quinientas personas.

3 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera dos criterios: densidad de población por km2 y distancia respecto a ciudades. Estos criterios son también utilizados por el Ban-co Mundial, en la publicación citada en la nota 4, para estimar la población rural en los países latinoamericanos.

4 Ver Banco Mundial (2005). Beyond the city. The rural contribution to development. Washington D.C.

5 Hernando de Soto (2000). El misterio del capital. Lima: El Comercio, pág. 33.

6 Esta «transubstanciación» encierra el ries-go, claro está, de la pérdida de la propiedad cuando no se puede pagar la hipoteca. Esto es harto frecuente, más aún en contextos en que el impacto del fenómeno de El Niño afecta las cosechas de miles de familias agricultoras.

7 Olivier De Schutter. «The role of property rights in the debate on large-scale land acquisitions». De Schutter fue, hasta el año pasado, el relator especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas. Puede accederse al artículo en

<https://poldev.revues.org/2026>.

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La revisión de los planes de gobier-no de los partidos que encabezan la intención de voto —Fuerza Popular (FP), Peruanos Por el Kambio (PPK), Alianza Para el Progreso (APP) y Alianza Popular (AP)— nos permite afirmar que, en materia de derecho a la tierra, proponen continuar con lo mismo: promover el mercado de tierras y ampliar la frontera agrícola

en beneficio de la agroexportación y la promoción de inversiones extracti-vas. También revisamos la propuesta del Frente Amplio (FA), única orga-nización de izquierda.

Exacerbación del síndrome del perro del hortelano

En su conocido artículo «El sín-drome del perro del hortelano», el entonces presidente Alan García sostuvo que «las tierras de las comu-nidades son tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos y, por la tanto, su propie-dad es aparente». Ello fue el sustento político de los polémicos decretos legislativos que desencadenaron el triste episodio del «Baguazo».

No obstante, el gobierno de Ollanta Humala, a nuestro modo de entender las cosas, ha superado a García con una serie de normas —los llamados paquetazos— que dejan en estado de indefensión a quienes tienen a la tierra como su principal activo fijo.

Las normas aprobadas en estos últimos años entregan en bandeja las tierras de cualquier persona, a favor de las inversiones de cualquier tipo: a sola solicitud, las tierras pueden cambiar de titular. Para ello, en el actual gobierno, se están elaborando diversas fórmulas expeditivas para conseguir que las tierras pasen en propiedad, por ejemplo, a titulares de concesiones mineras o de hidrocarbu-ros (Ley 30230 y su reglamento, entre otras normas). De igual forma, se han modificado las reglas respecto a la expropiación de bienes inmuebles: una fórmula que constitucionalmente está diseñada en clave de excepción,

Desde la década del noventa del siglo pasado venimos siendo testigos de diversos cambios ocurridos alre-dedor de los derechos a la tierra, en particular, en los de las comunidades campesinas y nativas y los agriculto-res familiares. Llama la atención la indiferencia de la mayoría de planes de gobierno de los partidos políticos ante este hecho.

Los planes de gobierno y los derechos sobre la tierra.

¿Más de lo mismo?Pedro Castillo Castañeda1

En varios planes de gobierno no existe una visión integral respec-to a los derechos sobre la tierra, a pesar que muchas comunidades no tienen cómo acreditar su derecho de propiedad. En 2011, en Olmos (en la foto), decenas de familias fueron desalojadas violentamente.

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10 LA REVISTA AGRARIA / 180

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ahora se convierte en una fórmula de mero trámite y de carácter regular (Decreto Legislativo 1192).

Este contexto está ausente en los planes de gobierno. Una excepción es la propuesta del FA, liderado por Verónika Mendoza, que critica un modelo de crecimiento que se susten-ta en el despojo de territorios y en el desprecio y la agresión permanente a las visiones diferentes del común. Por ello, plantea que es necesario ampliar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales.

Los partidos y los conflictos sociales

La lectura que tienen los partidos del país es que la alta conflictividad social es la causante del desorden alrededor de la tierra. Todo ello —afirman— ha detenido el inicio de importantes proyectos mineros (FP). De manera similar, AP señala que los

conflictos sociales han paralizado las obras públicas, principalmente, los proyectos megamineros. Por su parte, PPK toma como suyas las afirmaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) y de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), al señalar que mi-llones de dólares en inversión minera e infraestructura están detenidos. Por su parte, APP afirma que la minería viene siendo castigada por los cre-cientes conflictos sociales y por los menores precios internacionales de los minerales.

Son tan parecidas las visiones de país que tienen estos partidos, que las soluciones que plantean son muy similares. FP propone la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales. AP creará un ambiente de diálogo y de cumplimiento de la palabra empe-ñada —aunque resulta paradójico

que esta sea su propuesta cuando, recientemente, en una declaración ante una televisión local, afirmó que uno los errores durante el conflicto en Bagua fue el de «extender el diálogo con los Apus»—. APP propone una adecuada gestión de conflictos socia-les, con pliego presupuestal propio. PPK agrega que se debe eliminar el exceso de trámites para la aprobación y permisos destinados al inicio de proyectos de inversión: el primer día de su gobierno —afirma— ingresará un proyecto de ley que eliminará el exceso de normas legales que afectan a dichos proyectos.

Verónika Mendoza es la única que propone una discusión sobre el aprovechamiento de la tierra y el te-rritorio cuando señala que la meta a 2021 es contar con una nueva Ley de Tierras, aun cuando sería más exacto decir «aprobar una Ley de Tierras», pues, aunque parezca extraño, a la

Tabla 1. Comunidades campesinas y comunidades nativas reconocidas y tituladas – Diciembre 2010.

Reconocidas Tituladas Por titular

Comunidades campesinas 6069 5110 959

Comunidades nativas 1469 1271 198

Total 7538 6381 1157Fuente: Cofopri, diciembre de 2010.

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fecha no contamos con una ley que ordene el aprovechamiento de tan importante recurso natural: la que se le llama Ley de Tierras (Ley 26505, de 1995) es una norma que pro-mueve las inversiones en cualquier espacio del territorio nacional. Un paso adelante en materia del dere-cho a la tierra será, evidentemente, contar con una ley marco de este recurso, que ordene su uso, al igual que las existentes para la minería, la pesca, el agua, los hidrocarburos y los bosques.

Frente a la concentración de la propiedad

Finalmente, la visión miope que los cuatro partidos que se disputan el gobierno de los próximos cinco años tienen del problema alrededor de la tierra los hace negar el proceso de concentración de este recurso en sus diversas modalidades. En ninguno de los planes existe mención alguna de esta situación, discusión que está en pleno auge en el mundo debido a sus consecuencias dañinas para la eliminación de la pobreza, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, entre otras. Incluso, la propia Organi-zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con diversos estudios, llama la aten-ción acerca de los resultados negati-vos de este proceso. Nuevamente, el Frente Amplio es la única agrupación que se pone como meta fijar límites a la concentración de la propiedad de la tierra en corporaciones empresariales o personas naturales.

Propuestas sobre titulación de tierras

Resulta positivo que todos los planes revisados para este artículo cuenten con disposiciones precisas para culminar la titulación de tierras, tanto de los pueblos indígenas (co-munidades campesinas y comunida-des nativas) como de los agricultores familiares.

En el caso concreto de los pueblos indígenas (comunidades campesinas y comunidades nativas), el Estado tiene la responsabilidad de sanear sus tierras; sin embargo, aún no ha concluido esta tarea. Así, del total de comunidades reconocidas (7538), faltan por titular 959 (16 %) comu-nidades campesinas y 198 (13 %) comunidades nativas.

No obstante, la situación es más crítica si agregamos la variable geo-rreferenciación. Desagregando los datos anteriores, puede observarse —en la tabla 2— que del universo de las comunidades tituladas, el 61.5 % de las campesinas no tiene base gráfica catastral y al 93.3 % de las nativas le sucede lo mismo.

Si sumamos el total de comunidades no tituladas (1157) y las que no tienen base gráfica (4326), nos damos con la sorpresa de que del total de las comu-nidades reconocidas (7538), el 72.7 % (5483) no tiene manera de acreditar en forma fehaciente su derecho de pro-piedad. Sin título y sin planos catas-trales georreferenciados, la propiedad de sus tierras es un derecho aparente.

En el marco de liberalización de la propiedad, y en un contexto de dispu-

ta por el uso y el control de los recur-sos naturales, contar con un título de propiedad e inscrito en los registros públicos de propiedad inmueble es más que necesario para intentar una defensa ante las amenazas de otras normas legales que, en la práctica, ponen en entredicho el derecho a la tierra. Pero no debería ser lo único.

En efecto, la visión de nuestros candidatos, plasmada en sus planes de gobierno, es que los títulos de propiedad se transformen por sí solos en la garantía de acceder al sistema financiero.

Vista así, la titulación se convierte en la meta, en la parada final de un proceso largo y tortuoso. Pero no debería ser así. El título debe con-vertirse en el inicio de una serie de políticas en favor del desarrollo y promoción de los peruanos que viven en las comunidades. El desarrollo no es solamente colegios, postas médicas y viviendas, como propone PPK, ni el canon comunal de AP, ni la intangibilidad e inalienabilidad del FA. Creemos que va más allá de eso.

En suma, resulta decepcionante que en los planes de gobierno revi-sados no exista una visión integral respecto a los derechos sobre la tierra. Ello y el irrespeto a los derechos de comunidades y pequeños agricultores nos anuncian un futuro de múltiples conflictos.

Nota1 Investigador en temas relacionados con

comunidades campesinas, tierra y agua, del Programa de Acceso a Recursos Naturales, del Cepes.

Tabla 2. Comunidades campesinas y comunidades nativas tituladas y georreferenciadas – Diciembre 2010.

Tituladas totalTituladas

con georreferenciaciónTituladas

sin georreferenciación

Comunidades campesinas 5110 (100 %) 1970 (38.5 %) 3140 (61.5 %)

Comunidades nativas 1271 (100 %) 85 (6.7 %) 1186 (93.3 %)

Total 6381 2055 4326Fuente: Cofopri, diciembre de 2010.

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edición especial

El estado del medio ambiente en el país es crítico: hasta el 64 % del territorio del Perú podría ser afectado por la degradación de los suelos al año 21002; 64 especies de vertebrados están en peligro de extinción y más de 500 especies están amenazadas3; alrededor de 2849 km2 de bosques son talados cada año, casi el 80 % de manera ilegal; los glaciares se han reducido en 42.6 % desde 19704; los pasivos ambientales sumaron 8616 casos en 20155; en 17 ciudades no se cum-plen los estándares de calidad del aire; anualmente se descargan 538 millones de m3 de aguas residuales sin tratamiento; 3.25 millones de toneladas de residuos sólidos mu-nicipales son dispuestos de manera inadecuada cada año; entre otras alarmantes cifras6.

¿Qué proponen los actuales candi-datos a la presidencia para enfrentar esta problemática? En el presente artículo revisamos los planes de gobierno de las agrupaciones que lideran las encuestas —Alianza Para el Progreso (APP), Alianza Popular (AP), Fuerza Popular (FP) y Pe-ruanos Por el Kambio (PPK)—, así como el plan del Frente Amplio, por ofrecer este último una alternativa diferente que implica un cambio del modelo de desarrollo.

Cabe resaltar que el Jurado Na-cional de Elecciones (JNE) dispuso que el Plan Bicentenario (Plan Es-tratégico de Desarrollo Nacional) debe ser el marco de planificación para la elaboración de los planes de gobierno 2016-2021, razón por la cual examinamos las propuestas

medioambientales de los planes de gobierno de los candidatos para saber si están alineados con el mencionado Plan7, en especial en los siguientes temas que, en nuestra opinión, deben ser priorizados en los próximos cinco años.

Aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos

naturales Observamos que todos los planes

de gobierno, al mencionar el manejo sostenible de recursos naturales, ha-cen referencia de manera prioritaria a los bosques y el agua, pero relegan a un segundo plano otros recursos, como los suelos o la agrobiodiversi-dad, de los que depende la seguridad alimentaria en el país.

En cuanto a los bosques, notamos que para los candidatos son única-mente un sinónimo de Amazonía: los planes no reconocen la existencia de bosques en la costa y en la sierra, donde también son amenazados por la tala ilegal y proporcionan servi-cios ecosistémicos. Además, en los diversos planes hay un énfasis en vincular la conservación y manejo de los bosques amazónicos a los mercados de carbono y el fomento de las plantaciones forestales (PPK, FP, APP). Incluso, el Frente Amplio propone proyectos REDD (Progra-ma de la ONU para la Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques), aunque especificando que son en beneficio de las reservas indígenas. APP también plantea un «Programa de manejo forestal comunitario», que aparentemente

daría mayor protagonismo a las comunidades.

Sin embargo, debe recordarse que este tipo de propuestas requiere la implementación de salvaguardas para evitar que los derechos de las poblaciones vulnerables sean afec-tados: por ejemplo, medidas como el ordenamiento territorial, el reco-

Aciertos y contradicciones en los planes de gobierno

¿Está en riesgo el futuro de nuestro medio ambiente?

Beatriz Salazar1

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13enero de 2016

edición especialnocimiento de derechos y el otor-gamiento de garantías de control y vigilancia. Lamentablemente, en los últimos gobiernos no ha habido voluntad política para implementar estas medidas por considerar que podían ser obstáculos para atraer in-versiones. Los antecedentes de los candidatos que ocupan los primeros lugares aumentan las probabilida-des y el temor de que esa falta de voluntad política continúe.

Otra observación central es que en los planes no se da la debida importancia a la actualización de la información ambiental, como la que levantaba la Oficina Nacional

de Evaluación de Recursos Natura-les (Onern) hasta su desactivación en la década de los noventa. Pese a lo patente de esa necesidad de información, las propuestas de los candidatos en este aspecto no son integrales y, más bien, son dispersas: PPK propone una plataforma única de datos territoriales; el Frente Am-plio plantea un Registro de Recursos Genéticos de la Biodiversidad; APP formula mapear la población de los ecosistemas de recursos naturales; y FP plantea sistematizar la informa-ción técnica del Estado. Ninguno de estos planes contempla evaluaciones de los recursos naturales en el país,

que comprendan estudios de suelos, cuencas, biodiversidad, bosques, balances hídricos multiuso, infor-mación cartográfica y ampliación de la red de estaciones hidrometeo-rológicas, etc.

Mejora de la calidad ambiental (aire, agua y suelo)

En este punto es necesario re-cordar la urgencia de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites máximos permisibles (LMP) de emisiones contaminantes, lo cual exige realizar monitoreos ambientales permanentes de la ca-lidad del agua, el aire y los suelos. También se necesita fortalecer la institucionalidad ambiental, inclu-yendo su capacidad de supervisión, fiscalización y sanción en casos de incumplimiento.

Al respecto, el Frente Amplio plantea el 100 % de implementa-ción de los ECA y LMP, así como la implementación de una norma de monitoreo ambiental ciudadano y comunitario. FP plantea fortalecer los organismos de fiscalización ambiental y aplicar sanciones por incumplimiento. Alianza Popular propone que cada región realice el seguimiento y control de los monito-reos ambientales mineros. APP plan-tea un programa de tolerancia cero a emisiones de gases tóxicos y el respeto de los LMP y ECA (aunque solo en el sector pesca). Mientras tanto, PPK se centra en medidas para fiscalizar la calidad de la evacuación de aguas residuales.

Sin embargo, es preocupante observar la posible contradicción que hay en estos planteamientos: por una parte, proponen flexibilizar las regulaciones que, según FP, Alianza Popular y PPK, obstaculizan la inversión; pero, por otra parte, afirman la necesidad de fortalecer la capacidad estatal de control. Eso

Los candidatos plantean forta-lecer la capacidad estatal para fiscalizar el respeto al medio ambiente. Sin embargo, y de manera contradictoria, también proponen relajar algunas medi-das de control ambiental, bajo el pretexto de que obstaculizan la inversión. ¿En qué quedamos?

14 LA REVISTA AGRARIA / 180

edición especial

es contradictorio. ¿Cómo se logrará garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales si se resta capacidad fiscalizadora y sanciona-dora a las autoridades ambientales, como ha sucedido en este gobierno?

Asegurar la disponibilidad de agua en todo el territorio

La gestión del agua también es considerada una prioridad por todos los candidatos, aunque bajo enfo-ques diversos y, en algunos casos, con aparentes contradicciones. Entre las propuestas de FP resaltamos la protección de cabeceras de cuenca y el potenciamiento de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua, medida que nos parece posi-tiva, pero que podría ser menosca-bada por otra planteada por FP: la simplificación de procedimientos administrativos para autorizacio-nes de uso de agua. Asimismo, resaltamos su planteamiento de construir 1000 micro y medianos reservorios, aunque nos parece que debería enmarcarse en un Programa de Siembra y Cosecha de Agua (una propuesta de PPK). En esa misma lógica, Alianza Popular postula su programa «Protegiendo las fábricas naturales de agua potable», pero, como ya mencionamos, esto puede ser contradictorio con sus propuestas de eliminar trámites para «agilizar» inversiones. Los candidatos olvidan que mucha de esta mal llamada «tra-mitología» puede ser necesaria para la efectiva protección de las fuentes de agua. El Frente Amplio plantea la protección de cabeceras de cuenca sin que ello implique la reducción de la «tramitología», pues también propone derogar las normas que reducen las funciones de liderazgo, fiscalización y sanción del Minam.

Alianza Popular llama la atención con su propuesta de cumplir con el derecho humano al agua potable y

el saneamiento, pero dudamos de sus intenciones al respecto, pues, en 2012, Lourdes Flores Nano, candidata a vicepresidenta por esa agrupación, opinó que reconocer el derecho humano al agua en la Cons-titución era «demagógico»8.

Otra propuesta destacable en varios planes es la implementación de consejos de cuenca y el fortale-cimiento de la Autoridad Nacional del Agua (PPK postula, incluso, otorgarle autonomía). En efecto, el país requiere reforzar la limitada capacidad estatal para una gestión integrada del agua, pero, en cuanto a los consejos de cuenca, deberían evitarse los errores cometidos en los últimos años: por ejemplo, la insuficiente participación de las organizaciones y la reproducción de desigualdades en el acceso, los beneficios y los costos del aprove-chamiento del agua9.

Adaptación del país al cambio climático

Los planes de gobierno dan prio-ridad a las medidas de mitigación relacionadas con la conservación de bosques amazónicos, vinculadas a los mercados de carbono; medidas que guardan coincidencia con los com-promisos internacionales de mitiga-ción asumidos por el Perú. También se proponen medidas que contribuyen a la mitigación con el tratamiento de residuos sólidos, energía y «produc-ción limpia». Sin embargo, el tema de la adaptación queda en segundo plano en los planes de gobierno analizados, pese a que el Perú es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático. Si bien es cierto que la siembra y la cosecha de agua son medidas que contribuyen a la adaptación, una vez más encontramos contradicciones con otros plantea-mientos: la ampliación de frontera agrícola en la costa y la ejecución

de megaproyectos de riego que pue-den aumentar la vulnerabilidad ante el cambio climático— porque los trasvases pueden afectar los ecosis-temas frágiles ya amenazados por el retroceso glaciar—, y la promoción de monocultivos, causarían un fuerte impacto en la biodiversidad (contra-dicciones que se observan en Alianza Popular y PPK).

Nuestra principal preocupación en LRA es que los planes de gobier-no no queden en letra muerta una vez que el nuevo gobierno asuma sus funciones, como ha sido una lamentable y persistente tradición en el país. También deseamos que no haya contradicciones entre las propuestas de promoción de inver-siones y la defensa de los estándares ambientales, como se observa en los casos expuestos. Asimismo, debe evitarse el «borrón y cuenta nueva» en las políticas ambientales. Es el momento de aplicar una real e inte-gral política de Estado que aborde la gestión ambiental a largo plazo, con responsabilidades para todos los actores involucrados, públicos y privados.

Notas1 Coordinadora del Observatorio de Cam-

bio Climático del Cepes.2 Minam (2013). Informe nacional del

estado del medio ambiente 2012-2013. Consulta en <http://bit.ly/1UsT3lR>.

3 Decreto Supremo 004-2014-MINAGRI.4 ANA (2014). Inventario de glaciares del

Perú.5 Resolución Ministerial 102-2015-MEM.6 Narciso Chávez, Juan (2015). Perú limpio.

MINAM.7 Ceplan (2011). Plan Bicentenario: el Perú

hacia el 2021. Consulta en <http://www.ceplan.gob.pe/plan-bicentenario>.

8 Lourdes Flores. «El tema del agua es un planteamiento demagógico». Gestión, 28 de julio de 2012.

<http://bit.ly/1TpGk52 >.9 Cano, Álvaro (2013). «¿De arriba hacia

abajo o de abajo hacia arriba? Partici-pación social, agricultura y minería en la gestión integrada de la cuenca Chancay-Lambayeque». Apuntes 73.

15enero de 2016

Y representan un potencial beneficio socioeconómico

Los servicios climáticos: piezaclave para que los agricultores mejoren su toma de decisiones

Katerin Cristóbal Romero, SENAMHI. Filippo Lechthaler, ETHZ

Anita Frehner, MeteoSwiss. Moritz Flubacher, MeteoSwiss

Tabla 1. Estado actual del uso de información climática (% de agricultores)

Ítem

Con

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Sen

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clim

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fica Indicadores más usados Fuente de información

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Café (33) 76 % 68 % 91 % 94 % 79 % 60 % 24 % 70 % 53 % 53 % 3 % 3 % 9 %

Maíz (30) 68 % 87 % 97 % 100 % 97 % 94 % 86 % 86 % 35 % 59 % 0 % 4 % 0 %

Total (63) 72 % 77 % 94 % 97 % 88 % 76 % 54 % 78 % 44 % 56 % 2 % 3 % 5 %

Fuente: Senamhi y MeteoSwiss (2014).

En el Perú,la actividad agrícola es altamente vulnerable a las cambiantes condiciones climáticas (fenómeno de El Niño, sequías y demás eventos climáticos extremos) y a la topografía montañosa. Por ello, hacerla sostenible y resistente al clima puede contribuir de manera sustancial a la generación de empleo, a la seguridad alimentaria y, por tanto, al bienestar social en general.

Una estrategia para enfrentarlos potenciales impactos climáticos con-siste en mejorar la disponibilidad y el acceso a los servicios climáticos (SC) para el sector agrícola; es el caso, por ejemplo, de los sistemas de alerta temprana, que proporcionan a los agricultores la información climática relevantepara enfrentar los impactos adversos sobre sus sistemas de sub-sistencia. Sin embargo, hasta la fecha, poco se sabe acerca de los beneficios socioeconómicos asociados a los SC.

En este sentido, Senamhi y Me-teoSwiss (2014)1, en el marco del proyecto Climandes2, estimaron estos potenciales beneficios del uso de los SC en la agricultura, para lo cual

recabaron información acerca de las características socioeconómicas de los agricultores y el estado actual del uso de la información climática en la región Cusco. A continuación, se resumen los principales resultados del estudio.

Contexto del estudioEl área de estudio se centró en

la región Cusco, en el Perú, cuya actividad principal es la agricultura, representada por los cultivos de café y de maíz, ambos de gran importancia para la zona: el primero, por ser un cultivo comercial rentable para los agricultores3, y, el segundo, sobre todo, porque representa un cultivo de subsistencia, que compone la canasta básica de alimentos4.

De manera frecuente, los agricul-tores de la región están expuestos a las diferentes condiciones climáticas (sequías, heladas, granizo y fuertes lluvias), las que podrían causar pér-didas económicas significativas, por ejemplo, a través de la aparición de enfermedades en los cultivos (roya del café). Ante este panorama, el uso

de los SC puede mitigar o —incluso— prevenir las pérdidas por eventos cli-máticos, toda vez que ayuda a mejorar la estrategia de toma de decisiones de los agricultores.

El estudio consideró una muestra de 63 agricultores: 33 de café (52 %), entre los que predominaron los me-dianos productores (52 %), quienes poseen superficies agrícolas de 2 a 5 ha; y 30 de maíz (48 %), cuya mayor proporción está conformada por los pequeños productores (83 %), quie-nes poseen menos de 2 ha.

Uso actual de los servicios climáticos

Los resultados demuestran que el 72 % de agricultores de la región conocen del Senamhi y que gran parte de ellos usaron información climática específica (para el café, 68 %; para el maíz, 87 %) en su última decisión de cultivo; en particular, datos de pre-cipitación, temperatura y humedad relativa. Las fuentes de información más usadas, al menos una vez por semana, fueron la radio y la televisión.

Beneficios potenciales de la mejora de los servicios

climáticos Los beneficios potenciales de los

SC—entendidos como una mejora en el acceso y la disponibilidad de información climática— se deter-minaron con base en la disposición a pagar de los agricultores por un producto hipotético; en este caso, el de los sistemas de alerta temprana5:

Ø Alertaroya: diseñado para agricultores de café, advierte el

PubLirEPortAjE

16 LA REVISTA AGRARIA / 180

Tabla 2. Beneficios socioeconómicos por el uso de servicios climáticos

ÁreaRango de beneficios socioeconómicos

(Millones de soles; periodo de operación: 10 años; tasa de descuento: 4%)

regiónCusco1 Mínimo Máximo

Café 25 39

Maíz 6 8

Total 31 47

Perú2 Mínimo Máximo

Café 173 256

Maíz 80 154

Total 253 410

1 Superficie cultivada en Cusco, 2012: 59 000 ha de café y 30 000 ha de maíz (MINAGRI, 2014).2 Superficie cultivada en el Perú, 2012: 391 000 ha de café y 548 000 ha de maíz (MINAGRI, 2014).

Entrevista a un agricultor sobre el uso de información climática en la región Cusco. Cerca al cultivo de maíz se observa una estación meteorológica.

incremento de riesgo de brote de la roya del café.

ØAlertamaíz: diseñado para agricul-tores de maíz, advierte la posible ocurrencia de heladas o de sequías.

Asimismo, se definieron dos cali-dades para cada producto: «máximo» y «mínimo», basados en la precisión de la información y la resolución geo-gráfica. Los resultados demostraron que el beneficio económico anual, por hectárea, por el uso de los SC para el cultivo de café (entre 52 y 80 soles), fue superior al correspondiente al maíz (entre 16 y 33 soles). Considerando un periodo de diez años, a nivel regional,

el beneficio socioeconómico para el café se estimó entre 25 y 39 millones de soles, y para el maíz, entre 6 y 8 millones de soles. A nivel nacional, el beneficio socioeconómico se estimó entre 173 y 256 millones de soles para el café, y entre 80 y 154 millones de soles para el maíz.

ConclusionesØLa importancia de los SC para la

agricultura está representada por los beneficios económicos directos que genera a los agricultores y, además, por los beneficios indirectos al am-biente (por ejemplo, la posibilidad de reducir el uso de fungicidas).

ØLas estrategias de provisión de SC deben considerar los medios factibles y accesibles para los usuarios, orientados al perfil de vulnerabilidad del agricultor y ha-cia la información que es relevante para ellos.

ØEs necesario incrementar los esfuer-zos para una mayor difusión de los SC y del rol que cumple el Sena-mhien los ámbitos local, regional y nacional. En concordancia con estos objetivos, el proyecto Climandes ha sido creado para la mejora de los SC y la capacitación del recurso humano involucrado.

Notas1 MeteoSwiss/SENAMHI, 2015. Socio-Eco-

nomic Benefits of User-Tailored Climate Services: A Case Study for the Coffee and Maize Production in Peru. Publication of MeteoSwiss and SENAMHI, 28 pp.

2 Para mayor información, ver <http://www.senamhi.gob.pe/climandes/>.3 Las exportaciones de café ascendieron

a USD 1000 millones en 2012: 3% del mercado mundial (ICO, 2013).

4 La producción de maíz en el Perú fue de 540 000 ha en 2012.Cusco aportó con el 5.6% (MINAGRI, 2014).

5 Para mayor información de la metodología del estudio, ver Lechthaler F. y Vinogra-dova A. (2016). “The climate challange for agriculture and the value of climate services: application to coffee-farming in Peru”. ETH working paper 16/231.

Publireportaje de SENAMHi y MeteoSwiss.