7/27/2019 (Anti) Corrupcin Empresarial
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(Anti) Corrupcin Empresarial
Carlos Melndez
Es un mrito que muchas empresas incorporen a su concepcin de
responsabilidad
social la lucha contra la corrupcin. Surge una vocacin, desde
las gerenciasgenerales, de impulsar medidas para desterrar prcticas
empresariales vinculadas a
cohechos u otros tipos de captaciones monetarias ilegales.
Es un demrito que muchas empresas sobornen a autoridades
locales, contemplen
dentro de sus libros contables el pago de cuotas dirigidas a
alcaldes, concejales,
consejeros, y que provean a su poltico favorito de fondos para
el clientelismo fcil a
cambio tratamientos privilegiados, en muchos casos, ilcitos.
Para que las buenas intenciones del primer prrafo disuelvan las
malas prcticas del
segundo, se requiere un enfoque ms cercano a la realpolitik de
un pas sin partidos
que a la receta del gur internacional. El sector privado, en
contextos de dbilpresencia estatal, altera gravemente la dinmica
poltica en los espacios locales. Su
impacto se agrava cuando los actores predominantes a nivel local
son gestores
polticos de movimientos independientes o regionales reunidos por
intereses
particulares antes que por una plataforma programtica o siquiera
una identidad
personalista (el caudillo local ya no existe).
Este tipo de poltico no encuentra constreimientos
institucionales (control y
balance a su poder) de exigencia a la transparencia de su
gestin. Las oposiciones
que enfrenta son, normalmente, ms de lo mismo, es decir,
emprendimientos
electorales similares. La sociedad civil carece de organizacin
suficiente para
presionar y el Estado de derecho es burlado sistemticamente.
Bajo esascondiciones se incrementan las oportunidades para la
expansin de la corrupcin y,
sobre todo, para su impunidad.
En esos contextos, las inversiones privadas (nunca antes tan
extensivas ni intensivas
en estos territorios) aparecen como fuente atractiva de
recursos. En tales
circunstancias, la empresa y la poltica se ven las caras en sus
versiones ms crueles.
Lejos de la vigilancia de los cdigos de tica y de los discursos
de lderes nacionales,
la prdica de la lucha contra la corrupcin desfallece ante la
realidad. Estudios
acadmicos indican que la prevalencia de delitos electorales
(como la compra de
votos) durante las elecciones sub nacionales del 2010 fue
superior en localidades
con mayor presencia de actividad empresarial minera. Este tipo
de actividades tanto en el sector privado formal como informal- se
convierte en potencial origen de
recursos para el clientelismo despiadado.
Aunque la tendencia mundial indica que pases con mayores niveles
de crecimiento
econmico logran mejorar sus polticas de lucha contra la
corrupcin, Per vuelve a
ser un outlier, una excepcin que confirma la regla. Nuestro
desarrollo
institucional es pobre, ms aun en los contextos locales rurales
propicios para el
