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CompromisoÓrgano informativo del Poder Judicial de la Federación
CJF defenderá a juzgadores indebidamente perseguidos o presionados
ISSN 1665-1 162
Implementa SCJN manuales para erradicar estereotipos contra niñas
Año 11/ Nº 134 – Agosto de 2012
Índice
DirectorioComité Editorial
Ministro Juan N. Silva MezaPresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
Tribunal Electoral
Consejo de la Judicatura Federal
Jorge Camargo ZuritaDirector General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Carlos Avilés AllendeDirector General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal
Ricardo Barraza GómezCoordinador de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
COMPROMISO: Órgano Informativo del Poder Judicial de la Federación, Gaceta.Agosto 2012
Jorge Camargo ZuritaEditor Responsable
ISSN 1665-1162D.R. Poder Judicial de la Federación,Suprema Corte de Justicia de la Nación.Pino Suárez No. 2 Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc,C.P. 06065, México, D.F. Año 2004Certificado de Reserva de Derecho del Uso Exclusivonúmero 04-2004-051717484000-109e-mail: [email protected]
32. Proteger derechos de pueblos indígenas, prioridad del PJF
2. El CJF no vacilará en defender a juzgadores indebidamente perseguidos o presionados: Ministro Silva Meza
Recibe Ministro Presidente a embajador de los EUA 9
Diálogo franco entre archivistas y expertos 10
Trato jurídico igualitario a imputados que cometan el mismo ilícito 14
El éxito de la reforma penal pasa por la transformación de las instituciones: Consejero Esquinca Muñoa 16
Adicciones, problema de salud que exige un cambio de políticas públicas 18
Los migrantes sufren sistemática-mente violación a sus derechos 20
La SCJN no permitirá estereotipos en contra de las niñas 22
Sembrando la igualdad de género 25
Los derechos humanos en trabajos jurisdiccionales a nivel internacional 28
La seguridad se construye con legalidad: Ministro Silva Meza 31 Sexta Carrera del PoderJudicial de la Federación 32
Estamos en la era del derecho irracional: Colina 35
Reforma en derechos humanos implica un cambio de actitud de todos los operaradores jurídicos: ombudsman capitalino 36
Etica judicial y sistema acusatorio 38
Primera Sala 40
Segunda Sala 41
¿Ha cambiado la forma de leer? 42
Publicaciones 44
Género y Justicia 46
Otorgan presea Sor Juana Inés de la Cruz a Ministra Olga Sánchez Cordero 48
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Garantizar el respeto a los de-rechos humanos es un com-
promiso indeclinable de la judi-catura federal, tarea en la que ha puesto su empeño y que, desde los cambios constitucionales del año pasado, ha redoblado sus es-fuerzos por ampliarlos y precisar sus alcances.
Si bien la construcción de este nuevo sistema de justicia susten-tado en el principio pro persona avanza en el ámbito federal; es-tamos conscientes de que aún enfrentamos fuertes rezagos que afectan a grupos sociales cuya vul-nerabilidad propicia que cada día vean afectados sus derechos de di-versas formas.
Debemos recordar que en nuestra sociedad los grupos de alta vulnerabilidad los confor-man: los menores de edad, las mujeres, los ancianos, los pobres y los indígenas principalmente.
Revertir esta situación impli-ca la suma de múltiples factores y actores de nuestra sociedad, lo que se antoja complejo de lograr en el corto plazo; sin embargo en lo que a la justicia federal corres-
ponde hemos tomado acciones muy puntuales en favor de estos grupos.
El Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos en que estén involucrados Niñas, Niños y Adolescentes; La Compila-ción de instrumentos internacio-nales sobre protección de personas aplicable en México y manual Sem-brando la Igualdad de Género: Ac-ciones educativas para la infancia son algunos de los documentos generados para proteger de mejor forma los derechos de la infancia.
Otro importante rubro en el que la judicatura federal ha toma-do acciones es en la protección y representación de los grupos indí-genas que formen parte de algún proceso judicial federal, ha sido la suscripción de acuerdos con el Instituto Nacional de Lenguas In-dígenas (INALI) para la formación de peritos lingüísticos para fungir como intérpretes y traductores.
A estas acciones podemos su-marnos en lo individual, infor-mándonos sobre sus derechos y cómo podemos mejorar su vida. ¡Contamos contigo!
Editorial
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Magally Rodríguez/Miguel Nila/Heriberto Ochoa
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza, afirmó que el Consejo no vacilará en defender a cual-
quier juzgador que sea indebida-mente perseguido o presionado por hacer su trabajo con apego a la Constitución y la ley, a partir de conjeturas sin sustento probato-rio o de imputaciones basadas, a
veces, en la propia ilegalidad. Al recibir a los 204 juzgadores
federales asistentes a la Tercera Reunión Regional del Pleno del CJF con magistrados de Circuito y jueces de Distrito en Guadalajara,
El CJF no vacilará en defender a juzgadores indebidamente perseguidos o presionados: Ministro Silva Meza
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El CJF es el órgano encargado por mandato constitucional de velar por la autonomía e independencia de los juzgadores federales
Jalisco, el Ministro Presidente ad-virtió que el Poder Judicial de la Federación (PJF), en su integridad, será firme ante cualquier intento de cohibir el libre y recto ejercicio de la función judicial.
“Denunciaremos y combati-remos, por la vía de la razón y el derecho, cualquier pretensión que intente vulnerar la independencia y la autonomía de los juzgadores de la Federación, sobre todo, cuan-do se haga sin alguna base y sin ningún sustento”, aseguró.
El Consejo debe garantizar las condiciones necesarias para que los impartidores de justicia ejer-zan su labor bajo su estricta res-
ponsabilidad, sin alguna presión que busque vulnerarlos, añadió.
Acompañado por el Pleno del Consejo, integrado por los Con-sejeros Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Mu-ñoa, César A. Jáuregui Robles, Ma-nuel Ernesto Saloma Vera, Jorge E. Moreno Collado y Juan Carlos Cruz Razo, el Ministro Presidente dijo que la Constitución ha sufri-do un cambio notable al que, des-de el PJF, “conscientes de nuestro papel protector de las personas, hemos dado la bienvenida asegu-rando que seremos, como siem-pre, congruentes entre el decir y el hacer”.
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El Pleno del Consejo se reunió con juzgadores federales de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Nayarit, Durango, Aguascalientes y Colima
La reunión, que congregó a ti-tulares de órganos jurisdicciona-les federales de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit, Durango, Aguascalientes y Colima, Silva Meza señaló que hacer valer los derechos humanos a los que se refieren los artícu-los 1º, 35 y 103 de la Constitución, por ejemplo, “implica una nueva actitud que tiene que generar un cambio en nuestras prácticas más acendradas, respecto a lo que es y debe hacer un juzgador”.
Indicó además que las liberta-des civiles y políticas de los mexi-canos ya no son sólo prerrogativas graciosamente dadas a los ciuda-danos por el Estado, son derechos “de los cuales todos somos titu-lares. Los tribunales de la Federa-ción son ahora, sin cortapisas, la última línea de defensa de los de-rechos humanos”.
Nosotros constituimos –dijo–, el Poder defensor de los derechos de las personas que impedirá cualquier intento de regresión en la ampliación de las libertades de todos”.
Agregó que, por ello, el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto énfasis en la necesidad de condu-
cirnos de manera ejemplar como Poder del Estado mexicano. Mejo-res jueces. Más capacitados.
Expuso que las acciones que se han tomado en materia de com-bate a la corrupción y en relación con el desempeño indebido de la función jurisdiccional, “afortuna-damente pocas, son ya del domi-nio público y su justificación ha estado a la vista”.
En el Poder Judicial de la Fede-ración, aseguró, no queremos a aquellos “elementos desleales al deber constitucional que nos vin-cula; que desprestigien, mediante actos indignos a la Judicatura o que lesionen el buen nombre de la gran mayoría de los juzgadores, que día a día, y con la más absoluta buena fe, trabajamos para el sistema fede-ral de impartición de justicia”.
Reiteró que en ello “seremos siempre transparentes y rendi-remos cuentas precisas y claras a la sociedad. Nosotros, en nuestra función debemos estar por enci-ma de cualquier reproche. Nuestro desempeño debe ser impecable”.
Integrantes del pleno del cjf pronuncian sendos discursos ante más de 200 juzgadores federalesEn la misma sesión, el Consejero Daniel Cabeza de Vaca, presidente de la Comisión de Administración del CJF, señaló que el Poder Judi-cial de la Federación enfrenta los retos de la instrumentación de las reformas constitucionales en de-recho penal, derechos humanos y juicio de amparo, así como el in-cremento en la demanda de justi-cia federal, los cuales requieren la utilización óptima de los recursos asignados.
Apuntó que la Comisión de
Administración trabaja de mane-ra decidida en la implementación de las políticas públicas que con-soliden un modelo administrativo moderno, planificado, transparen-te y orientado a resultados.
En tanto para el presidente de la Comisión de Carrera Judicial, César Esquinca Muñoa, el sistema de in-greso a los cargos de jueces de Dis-trito y magistrados de Circuito, vía concursos de oposición internos o libres, se ha complicado debido a los litigios interminables, en los cuales los participantes promue-ven revisiones administrativas ante la Suprema Corte; por lo que dijo que el CJF analiza un nuevo sistema a través de cursos que con-templen una preparación teórico práctica con estancias en juzgados, tribunales y procuradurías, para que los futuros juzgadores tengan una visión universal del problema de justicia.
“Necesitamos jueces prudentes, sensatos y sensibles a los proble-mas sociales y, en general, al gran tema de la justicia. Un sistema en el que se pueda hacer un seguimien-to de conductas que nos permita conocer la verdadera personalidad de los participantes, con la inten-ción de corregir cualquier desvia-ción que después pueda reflejarse en la actuación del juzgador”, con-cluyó Esquinca Muñoa.
El Consejero César A. Jáuregui Robles, presidente de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, destacó que las reformas constitu-cionales fueron los que llevaron a crear nuevos juzgados y tribunales en el PJF, por lo que están proyec-tados 31 órganos jurisdiccionales para 2012 y 27 para 2013, bajo los conceptos de densidad de pobla-ción, estadística, crecimiento, ín-
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dice de litigiosidad, accesibilidad geográfica, entre otros aspectos.
Agregó que el Consejo ha dado cumplimiento a las diversas dis-posiciones del Constituyente Per-manente al crear, vía acuerdos de organización, Juzgados Especia-lizados en materia de Oralidad Mercantil y jueces de Ejecución de Penas, cuando aún ni siquiera ha salido la ley reglamentaria corres-pondiente.
En su momento, el Consejero Juan Carlos Cruz Razo, presidente de la Comisión de Disciplina, hizo ver que el PJF no puede estar ajeno a los avances tecnológicos de or-ganización y administración, por lo que los jueces y magistrados fe-derales deben estar a la vanguar-dia y trabajar juntos en la cons-trucción y perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia.
Sostuvo que, en materia de dis-ciplina, se trabaja en la revisión de la normativa inherente a las responsabilidades de los juzga-dores federales, con el propósito
de respetar los derechos huma-nos de los juzgadores federales, pero también se debe abordar el tema de sus obligaciones y de la necesidad de establecer un marco normativo claro para que puedan aplicar medidas disciplinarias a sus colaboradores.
El Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, presidente de la Co-misión de Vigilancia, Información y Evaluación, anunció que con el fin de preservar la autonomía, profesionalismo e independencia de los servidores públicos, el CJF otorgó nuevas facultades a la Co-misión que representa, por lo que contará con mecanismos e ins-trumentos para la detección, pre-vención, sanción y erradicación de todas aquellas conductas que contravengan la ética profesional, demeritando el quehacer jurisdic-cional y administrativo.
“Este procedimiento estaba di-fuso, no se tenía la facultad debida-mente establecida en la Comisión, ahora se tiene y, con motivo de ello,
se trabajará en ese aspecto para dar información, cuando así se requie-ra, a las comisiones de Disciplina y de Creación de Nuevos Órganos, para que puedan actuar en el ámbi-to de su competencia”, manifestó.
Finalmente, el Consejero Jorge E. Moreno Collado, presidente de la Comisión de Adscripción, dio a conocer el Plan de desarrollo para el procedimiento de las adscripcio-nes de los magistrados de Circui-to y jueces de Distrito del PJF, que tiene como finalidad concebir a la adscripción como un proceso integral vinculado a las funciones de carrera judicial y creación de nuevos órganos jurisdiccionales.
El proyecto de adscripciones desarrollado en ese plan, expuso, se sustenta en líneas de políticas públicas que toman en cuenta fac-tores cuantitativos y cualitativos de los órganos jurisdiccionales: composición, carga de trabajo, ne-cesidades del servicio, personal en activo y contexto en que se desa-rrolla la función jurisdiccional.
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El magistrado Gabriel Montes Alcaráz, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en materia de
Trabajo del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Ja-lisco, destacó que el deber de los juzgadores es velar porque el amparo opere y se interprete conforme a los estándares de origen internacional, relativos al derecho de contar con un medio efectivo para sal-vaguardar los demás derechos y que sea accesible para las personas, con tramitación sencilla, en pro-cedimientos breves y expeditos y con fallos idóneos y efectivos para reparar violaciones a derechos.
Expuso, como ejemplo de esta transformación del amparo, una interpretación de las normas inter-nas acorde a los derechos humanos para no rebajar su estatus a mera norma pragmática, para lo cual se deberán fortalecer las resoluciones con argumentos que remitan, mediante nota al pie de página, a la cita de instrumentos internacionales en concordan-cia con el derecho nacional, a fin de establecer con-formidad con dichas legislaciones.
El magistrado Jaime C. Ramos Carreón, integran-te del Primer Tribunal Colegiado en materia Admi-nistrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, reconoció que hay avances gracias a que la Suprema Corte ha establecido diversos criterios res-pecto del control difuso y de convencionalidad en relación a la aplicación de los tratados internaciona-les relativos a los derechos humanos.
Sin embargo, apuntó que resulta ineludible la necesidad de que sea el PJF el que haga el análisis y determinación de si las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ajustan a los principios constitucionales y si son o no aptos para que los jueces, en ejercicio del control difuso, puedan tomarlos en consideración para la aplicación de las normas locales.
El magistrado Víctor Manuel Estrada, integrante del Primer Tribunal Colegiado en materias Admi-nistrativas y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (Guanajuato), manifestó que es pertinente que los jueces de amparo hagan el esfuerzo de analizar el actual sistema de solución de controversias y pro-piciar que el cambio requerido sea de adentro hacia afuera y no al contrario, “porque es deseable que el derecho internacional se convierta en un instru-mento de carácter excepcional, complementario, pero que no llegue a sustituir nuestras propias le-yes, jurisprudencia y pautas de solución internas, todas ellas respetuosas de los derechos humanos”.
Precisó que la falta de conceptos de violación no puede dar lugar al sobreseimiento, pues el control de convencionalidad permite analizar violaciones de manera oficiosa.
El magistrado Hugo Gómez Ávila, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, pro-puso crear Plenos de Circuito en algunas partes de la República como, por ejemplo, Monterrey, Guadalaja-ra, Distrito Federal y Oaxaca, los cuales decidirían las contradicciones de tesis, por materia, de tal forma que no importaría si la contradicción se da entre un tribunal de Mexicali con uno de Chiapas.
Las contradicciones las resolvería el Pleno de Cir-cuito que tuviera la especialidad correspondiente. Es decir, si el problema es civil y el Pleno de Circuito con sede en el Distrito Federal es en esa materia, él mismo lo resolvería. O bien, que todos los Plenos de Circuito tuvieran sede en el Distrito Federal.
El magistrado Jesús Valencia Peña, integrante del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (Zacatecas), dijo que no es suficiente la sola partici-pación del niño en el juicio constitucional a través
Propuestas presentadas en la mesas de trabajo de la Tercer Reunión Regional
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de un representante, sino que es necesario adoptar medidas urgentes y concretas que no deben poster-garse hasta el dictado de la sentencia de amparo y ser materia de la ejecución de ésta, sino que el juez de Distrito debe cerciorarse de que el menor sea plenamente informado de la situación jurídica en la que se encuentra y la trascendencia o perjuicio que le puede generar la resolución y dictar las medidas urgentes tendientes a evitar tal daño.
La jueza Margarita Náhuatl Javier, titular del juzgado Segundo de Distrito de Amparo en mate-ria Penal con sede en Tepic, Nayarit, abordó, entre otros temas, el relacionado con las novedades del proyecto de decreto de la Nueva Ley de Amparo, Re-glamentaria de los artículos 103 y 107 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los magistrados Antonio Ceja Ochoa y Jaime Uriel Torres Hernández, integrantes del Quinto Tri-bunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Morelia, Michoacán,
propusieron que con el fin de dar cumplimiento “a las sentencias dictadas en los casos Castañeda Gutman y Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en-tre varios más, a que se encuentra vinculado nues-tro país por interpretación expresa de la COIDH, el Estado está obligado a modificar el artículo 80 de la Ley de Amparo o, en su caso, el 77 del proyecto que se encuentra en discusión en el Congreso, para que prevea el concepto de reparación en los términos y en los alcances definidos en sede internacional”.
El juez Froylán Muñoz Alvarado, titular del Juz-gado Décimo de Distrito en el estado de Sinaloa (Mazatlán), manifestó que las reformas consti-tucionales, tanto en materia de amparo como de derechos humanos, han impactado y modificado la perspectiva del perfil de los juzgadores, lo cual conlleva a transitar de la figura del juez tradicional a la del juez humanista.
El juez Mario César Flores Muñoz, titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Décimo Sexto Cir-cuito, con sede en León, Guanajuato, propuso que si el resultado de las visitas realizadas a un Tribu-nal Colegiado o Unitario o Juzgado de Distrito, es considerado como bueno o aceptable por parte del CJF, exista la posibilidad de que todo el personal de ese órgano jurisdiccional pueda obtener una nota favorable que se refleje en sus expedientes labora-les y, en lo personal, como un elemento curricular.
El juez Rogelio Montoya Rodríguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia de Ampa-ro Civil, Administrativo y Trabajo y de Juicios Fe-derales con sede en Tepic, Nayarit, planteó que no debe ser causa de responsabilidad administrativa la prestación de un servicio remunerado a asocia-ciones científicas, literarias, docentes o de benefi-cencia.
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El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Minis-tro Juan Silva Meza, recibió en la Sede del Alto Tribunal al Emba-jador de los Estados Unidos de América, Anthony Wayne, como parte de las reuniones del diplo-mático con los representantes de los Poderes de la Unión, a propósito de su designación.
En el encuentro estuvieron presentes los Presidentes de la Primera y Segunda Salas, de esta Corte Constitucional, los Minis-
tros Arturo Zaldívar Lelo de La-rrea, y Sergio A. Valls Hernández, respectivamente.
Durante la plática, se mani-festó el interés mutuo de for-talecer las relaciones entre los sistemas judiciales de ambos países.
Acompañaron al diplomáti-co, Kevin Sundwall, Director de la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capa-citación de Fiscales y, Michael Glover, Ministro para Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos en México.
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Diálogo franco entre archivistas y expertos
U n fructífero intercambio de aciertos y buenas prác-
ticas en materia de planeación y control de archivos judiciales, así como en la automatización y siste-matización de la información judi-cial, se logró en la Tercera Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales, organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la participación de la Asociación Mexicana de Im-partidores de Justicia (AMIJ).
En la ceremonia de inaugura-ción el Ministro Juan Silva Meza, Presidente del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se pronunció porque el diá-logo franco entre archivistas y ex-pertos fortalezca el compromiso de los órganos impartidores de justicia para garantizar el derecho de acceso a la información jurídica a los mexicanos.
Ante juzgadores, abogados y archivistas del Poder Judicial de la Federación reunidos en el audito-rio José María Iglesias de la Supre-ma Corte, el Ministro Presidente recordó que desde 2008 el Alto Tribunal ha impulsado estas re-uniones, con el fin de abordar los retos y áreas de oportunidad que la administración del patrimonio documental impone a todos los órganos jurisdiccionales.
Compartió las acciones que en los últimos meses se llevaron a cabo para unir propósitos y accio-nes en el ámbito de la archivística judicial y administrativa.
Informó de la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM), que vincu-lará a los jóvenes que concluyeron sus estudios en Derecho en la rea-lización de prácticas profesionales
Isabel Salmerón y Gabriel Yáñez
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en los archivos judiciales a cargo de la SCJN, lo que les permitirá obtener su título profesional, co-nocer los expedientes judiciales y participar en su valoración deter-minando su permanencia como patrimonio documental.
Además, con motivo de la pu-blicación de la Ley Federal de Ar-chivos, en enero de este año, el Alto Tribunal participará en los proyectos y programas del Conse-jo Nacional de Archivos que, en el marco de este ordenamiento, fue creado.
Con estas acciones, apuntó, se abren derroteros en favor de la conservación de la memoria histórico-jurídica de la labor cons-titucional del Poder Judicial de la Federación, que da cuenta de su pasado y presente, lo que permite comprender la participación de la justicia federal en las transforma-
ciones de la sociedad mexicana y sus instituciones en las distintas etapas de la historia.
El Ministro Silva Meza dijo que estas reuniones abren espacios de reflexión e intercambio de ideas encaminadas a fortalecer el tra-bajo archivístico, donde la parti-cipación de todos es el motor que impulsa la incorporación de más áreas homólogas.
“Conscientes de que a través de nuestras resoluciones se abre un diálogo con los justiciables y la sociedad en general, resul-ta importante asegurar a ésta la disponibilidad, localización expe-dita, integridad, conservación y confiabilidad de los documentos que se resguarden en los archivos judiciales”, de ahí la importancia de modernizar su administración, conservación y consulta.
Por su parte, el magistrado
Armando I. Maitret Hernández, Secretario Ejecutivo de la AMIJ, destacó la importancia de estos espacios que entreveran conoci-mientos y experiencias para tra-bajar en un objetivo común: cono-cer, discutir y analizar los actuales y diversos procedimientos meto-dológicos que existen para organi-zar, conservar, acceder y recuperar los documentos de archivo.
Enfatizó el liderazgo de la Su-prema Corte para vislumbrar un modelo jurídico, organizativo y tecnológico integral para la admi-nistración y gestión de documen-tos, que no se limita a la preserva-ción de las actuaciones judiciales sino en la protección del derecho al acceso a la información, me-diante las mejores prácticas en materia de transparencia y rendi-ción de cuentas.
Se mostró confiado en que a
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partir de esta reunión y mediante la suma de esfuerzos de todos los impartidores de justicia, es posi-ble generar modelos estandariza-dos para el manejo de la informa-ción lo cual sólo traerá beneficios organizacionales y una forma de salvaguardar los derechos huma-nos de las personas.
A la ceremonia de inaugura-ción asistieron: el Ministro José Ramón Cossío Díaz, miembro del Comité de Archivo y Biblioteca de la SCJN; Rafael Coello Cetina, Se-cretario General de Acuerdos de la SCJN; Diana Castañeda Ponce, titular del Centro de Documenta-ción y Análisis, Archivos y Compi-lación de Leyes.
Dos días de intensos trabajosEn el primer día de trabajos, Diana Castañeda Ponce y Armando Mai-tret Hernández presentaron los resultados del diagnóstico de los archivos judiciales de los órganos
impartidores de justicia en México, que muestran de manera nítida en qué situación se encuentran, cons-tituyendo la base de partida del diseño de políticas y estrategias co-munes para atender los problemas que aquejan al sistema de archivos.
Mediante conferencias ma-gistrales en las que se abordaron temas como: La Ética del Respon-sable del Archivo; Derechos a la In-formación y Archivos Judiciales en Canadá; Ley Federal de Archivos, Retos y Oportunidades para los Ad-ministradores; Archivos Digitales y, Edificios para la Preservación de Ar-chivos, profundizaron los conoci-mientos de los responsables de los archivos judiciales y les abrieron nuevas ventanas de oportunidad para su actualización.
Los ponentes fueron de primer nivel, basta señalar a Joaquín Flo-res Méndez, de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-mía; Fausto Kubll-García, del Cen-
tro de Investigaciones sobre Amé-rica del Norte de la UNAM; Víctor Manuel Espinoza Mejía, del Banco de México; Otilio Esteban Hernán-dez Pérez de la SCJN; y, Mercedes Gómez Urquiza de la Macorra, es-pecialista en conservación de co-lecciones, quienes compartieron sus conocimientos con los archi-vistas.
En este encuentro, que congre-gó a expertos en archivos judicia-les por dos días, se efectuaron dos mesas de trabajo.
La primera mesa denominada Planeación y control en los archi-vos contó con la participación de representantes de los Tribunales Electorales del Poder Judicial de Veracruz y Oaxaca, así como del Poder Judicial del Estado de Méxi-co y San Luis Potosí, para darnos a conocer sus experiencias.
La segunda mesa de traba-jo versó sobre la Normatividad para los archivos judiciales, en la
Se trabaja arduamente para lograr una agenda nacional en materia archivística”, magistrado Armando I. Maitret Hernández
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que participaron representan-tes del Archivo Judicial de Yuca-tán, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, y el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, dando a conocer los adelantos que han obtenido en el marco legal.
A manera de conclusiones, Castañeda Ponce calificó de fruc-tífero el encuentro que inició con un diagnóstico que permitió di-señar un programa de trabajo con temas prioritarios que abarcaron áreas como el factor humano y la lealtad institucional.
La dinámica de la reunión permitió atender cada uno de los aspectos relevantes en la materia como los archivos digitales, los in-muebles adecuados para resguar-dar los archivos, entre otros.
Castañeda informó que se con-formaron los grupos de trabajo para que en la próxima edición de este encuentro se realice bajo
un esquema diferente, que aterri-ce la normativa faltante y genere modelos atendiendo a la jurisdic-ción de los órganos participantes, pues no es lo mismo el trabajo en un tribunal electoral que en una junta.
En su oportunidad, Rafael Co-ello Cetina manifestó la impor-tancia de estas reuniones en las que los participantes transmiten e intercambian conocimientos con un fin común: la modernización de sus acervos documentales, re-sultado de la diaria labor jurisdic-cional. Presupuesto indispensable para seguir avanzando en materia de transparencia y acceso a la in-formación.
“Las experiencias comparti-das nos han permitido confirmar que la instrumentación de nuevos métodos y técnicas para la orga-nización de los archivos judiciales favorece la disponibilidad, locali-zación y conservación de los do-
cumentos que se resguardan, por lo que debe ser prioridad para los órganos jurisdiccionales de nues-tro país seguir trabajando en su mejoramiento, consolidación y sistematización”.
Al buscar la excelencia en los procesos archivísticos, ahondó, contribuimos a la difusión del le-gado que los juzgadores ponen a disposición de la sociedad en general, así como de los investi-gadores y estudiosos del derecho, de la historia y de otras ciencias sociales.
Por su parte, el Ministro José Fernando Franco González Salas, miembro del Comité de Archivo y Biblioteca de la SCJN, al clausurar los trabajos, señaló que esfuerzos como este enriquecen a los órga-nos participantes, pues les per-mite conocer experiencias para mejorar sus trabajos. El trabajo archivístico es esencial para las instituciones.
Estas reuniones enriquecen a los órganos jurisdiccionales: Ministro José Fernando Franco González Salas
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las penas que se imponen a los funcionarios que administran justicia deben ser iguales a las de
cualquier imputado y no agravadas como lo estable-ce el artículo 213 bis del Código Penal Federal que los lleva a la inhabilitación del servicio público, afirmó el jurista español Borja Mapelli Caffarena, al impartir la conferencia Los delitos cometidos contra la adminis-tración de justicia.
Al participar en el ciclo de conferencias en mate-ria penal organizado por el Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial propuso reformar dicho artí-culo, particularmente en lo que se refiere a la inhabili-tación del servicio público.
En su disertación, el catedrático de la Universidad de Sevilla analizó los artículos 225 y 226 del Código Penal Federal, que se refieren a los delitos cometidos por los funcionarios públicos que administran justi-cia.
“Respecto al artículo 225, son 33 las conductas que se tipifican como delito en las que podría incurrir cualquier funcionario público. En el último párrafo se precisa: En todos los delitos previstos en este capítu-lo, además de las penas de prisión y multa previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Si hacemos una lectura de los ilícitos del artículo
225, dijo el especialista en derecho penal, son “delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos”, a quienes se ubica como “único protagonista del procedimiento penal”. Sin embargo, en el sistema acusatorio será necesario incluir a otros actores que se involucran en el proceso penal.
Se pronunció por cambiar la protección penal e incorporar figuras delictivas en donde el protagonis-ta ya no es el servidor público sino las partes intervi-nientes como el abogado, que muestra una infideli-dad profesional, al estar defendiendo causas que son incompatibles en el Derecho.
Con la reforma penal que hubo en junio de 2008, en el que se pasó del sistema inquisitorio al adver-sarial, desde la perspectiva de Mapelli Caffarena, el Capítulo Décimo Primero del Código Penal debe re-formarse, para que esté de acuerdo con las modifica-ciones legales en todo el aparato de administración e impartición de justicia.
Recomendó a los juzgadores evitar que se prosti-tuya “la administración de justicia a través del Código Penal Federal”, al dictar una pena injusta al procesado, porque “una sentencia manifiestamente injusta, una sentencia que vistas todas las posibles interpretacio-nes de la norma que se está aplicando comparadas con la interpretación sobre la que se basa esa senten-cia, resulta arbitraria e incongruente”.
Trato jurídico igualitario a imputados que cometan el mismo ilícito
No importa que sean civiles o administradores de justicia
Heriberto Ochoa Tirado
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E l Consejero de la Judicatura Federal, César Es-quinca Muñoa, afirmó que para lograr con éxi-
to los propósitos de la reforma constitucional penal, es necesario avanzar en la transformación de todas las instituciones que tienen que ver con el problema de la delincuencia, particularmente a nivel federal.
Al inaugurar el curso Operaciones con recursos de procedencia ilícita, Esquinca Muñoa sostuvo que la reforma constitucional penal va más allá de una transformación de procedimiento, ya que implica un profundo cambio cultural del pueblo mexicano.
En el evento, de carácter privado, organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Consejero señaló que se tiene que empezar con la modificación de los sistemas de investigación “pues, sin duda alguna, si no se tiene una policía científica y sistemas modernos de investigación del delito, no se logrará avanzar”.
Resaltó que este cambio tiene que incluir a la fis-calía, ya que se requiere una Procuraduría totalmente autónoma, “que la aleje del señalamiento que siem-pre ha tenido de ser parte del Poder Ejecutivo, que res-
ponde, muchas veces, a intereses políticos y no con los que tienen que ver, estrictamente, con su función”.
Para Esquinca Muñoa, presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Fede-ral, también es necesario transformar los tribunales y juzgados, con una nueva visión y conocimiento uni-versal del problema penal. “Tenemos que ver más allá del contenido de nuestros códigos y leyes”.
Es por ello, dijo, que para el CJF ha sido motivo de preocupación y de grandes esfuerzos la capacitación de los jueces, magistrados, secretarios y del personal que realiza funciones jurisdiccionales.
Informó que los magistrados y jueces federales han participado en diversos cursos, en los cuales se han estudiado los sistemas de Estados Unidos, Co-lombia, Chile y Costa Rica.
Explicó que, a veces, en estos esfuerzos se ha ol-vidado el papel de la defensa que, finalmente, en el nuevo procedimiento penal, los grandes actores son el ministerio público y el defensor, “sin que esto quie-ra decir, desde luego, que no sea trascendente la inter-vención del juzgador”.
El éxito de la reforma penal pasa por la transformación de las instituciones: Consejero Esquinca Muñoa
Magally Rodríguez Rodríguez
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Hizo hincapié en que sí este sistema de capacita-ción llegue a todos los ámbitos, tales como la policía, la fiscalía, al juzgador, a la defensa, para obtener el éxi-to deseado.
También se tiene que avanzar en los sistemas pe-nitenciarios, que finalmente es con lo que se cierra este círculo vicioso en el que está inmerso México: “Es indudable que no tenemos sistemas penitencia-rios adecuados, es indudable que no hay reinserción o readaptación social, es indudable que quien delin-que después es repudiado por la sociedad”.
Indicó que a cuatro años de la reforma, la cual es-tableció lineamientos muy importantes en la mate-ria, no ha sido posible aterrizarla por la falta de la ley adjetiva.
Esquinca Muñoa precisó que el sistema adversarial oral no es ajeno al actual procedimiento penal mexi-cano, el cual es mixto, pues la oralidad se tiene en las audiencias. Lo que sucede es que este crecimiento explosivo del fenómeno delincuencial prácticamente impide que los jueces puedan estar presentes en to-das las audiencias, como está previsto en el Código de
Procedimientos Penales. “Tenemos —prosiguió— grandes avances, espe-
ranzas de que este nuevo procedimiento marque un hito en la historia penal en México. Es indudable que lo necesitamos y para eso nos estamos preparando”.
Subrayó el Consejero que las operaciones con re-cursos de procedencia ilícita es el punto más impor-tante del flagelo internacional en que se ha converti-do la delincuencia organizada. “Son precisamente los aspectos financieros de la delincuencia los que, dicen los expertos, hay que combatir y abatir”.
En este curso, también participó el juez Alfonso Javier Flores Padilla, titular del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en el Distrito Federal y jurisdicción en la Repú-blica Mexicana, con los temas Extinción de dominio y la relación de éste con el lavado de dinero.
Asistieron también representantes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de la Procuraduría Gene-ral de la República, de la Procuraduría Fiscal de la Fede-ración, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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los cambios en las rutas del narcotráfico y en los mercados internacionales hacen a México
altamente vulnerable en la materia, previéndose una tendencia hacia el crecimiento del consumo, afirmó María Elena Medina Mora, integrante de El Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de Ciencias.
Por ello, es indispensable que el Estado redefina sus políticas con un enfoque de salud pública recono-ciendo que existen diferencias entre las diversas dro-gas, así como los riesgos propios de cada una y no se enfoque solamente a conceptualizaciones que tienen
como fin último los decomisos y arrestos de personas.Al dictar la conferencia Adicciones en el ciclo de
conferencias Ciencia y Cultura para Juzgadores orga-nizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Ins-tituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial (IJF) y El Colegio Nacional, disertó sobre la problemática de las adicciones, sus causas y efectos.
Ante juzgadores, reunidos en el auditorio del IJF, la especialista alertó sobre las nuevas drogas que domi-nan el mercado. Señaló que el Observatorio Europeo
Adicciones, problema de salud que exige un cambio de políticas públicas
Isabel Salmerón
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en esta materia detectó cerca de 40 nuevas variedades de drogas en un año.
Detalló que en México existen dos nuevas sustan-cias adictivas en el mercado de las drogas y una de ellas es la ketamina, un anestésico que se usa en clíni-cas veterinarias.
Sostuvo que lamentablemente hay una creciente tendencia de consumo de drogas en el país, resulta-do de factores tales como la situación geográfica que tenemos, así como por los cambios en las rutas del narcotráfico que llevó a México a pasar de ser un país de tránsito, a uno de consumo en el momento en que la cocaína dejó de llegar con facilidad a los Estados Unidos y Europa por la ruta del Caribe y se abrió la de Centroamérica-México.
En la década de los 90, recordó, al tener que sacar rápidamente la droga de Colombia, los narcotrafican-tes se aliaron con personas que en México ya mane-jaban mercados internacionales, básicamente los de la heroína. Situación que se agravó cuando Estados Unidos disminuyó su consumo y cerró sus fronteras generando así un mercado interno de gran consumo.
Sobre la violencia, Medina Mora reconoció que es un tema que a todos preocupa; sin embargo es funda-mental distinguir el tipo de violencia del que se habla en torno al mercado de las drogas, a fin de saber cómo enfrentarla, pues no todas las sustancias están asocia-das con su probabilidad de ocurrencia.
Diferenció cuatro tipos de violencia: la inducida, asociada al uso de drogas estimulantes, que son básica-mente las que se consumen en el país; la funcional, en la que incurre las personas que van a conseguir droga; la sistémica, que es la más conflictiva y que tiene que ver con la producción, tráfico y distribución de drogas, disputas por territorios, eliminación de informantes y castigos; y la estructural, que es la penetración del cri-men organizado en las estructuras de gobierno.
Las dos primeras, explicó, se asocian más con el consumo; mientras que la conflictiva y la estructural son fenómenos que si bien tienen un hilo que las re-laciona, son independientes.
Detalló que el espectro para México está determi-nado por una parte con la mariguana, que representa el 84 por ciento del consumo en el país (a nivel inter-nacional es entre el 70 y el 85 por ciento).
“En el caso del opio, la mayor producción del mun-do está en Afganistán, donde se produce el 89 por cien-to y abastece a Europa; el segundo lugar lo disputan México y Myanmar, con el 4 por ciento de la produc-ción. Desde 2003, México se ha convertido en el tercer productor de opio y heroína en el mundo con el 3 por ciento, para abastecer el mercado de Estados Unidos.
El cultivo de hoja de coca a nivel mundial se con-centra en tres países andinos: Colombia, Perú y Bolivia.
En este escenario México se ha convertido en la principal ruta de salida destinada en su mayoría al mercado de Estados Unidos.
Se estima que el 90 por ciento de la cocaína deco-misada en ese país pasó por la frontera con México. En 2005 nuestro país se convirtió en el principal abas-tecedor a esa nación de metanfetaminas.
Al preguntarse si para terminar el problema del consumo se tendría que legalizar la droga, dijo que pensar así es simplificarlo y refirió que uno de los re-tos que enfrenta la elaboración de políticas públicas es la manera en cómo se delimita el problema.
Mientras en Estados Unidos el consumo de drogas se define como de justicia criminal; en Suecia es de política social y en el Reino Unido de salud, en tanto que en México se considera como un problema de se-guridad nacional, aunque desde su óptica debería ser tratado como de seguridad nacional con un claro sen-tido de política de salud pública para abarcar todas las aristas del problema.
ConferenCista María Elena Medina Mora.
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Los migrantes y los presos, así como los pobres, los ni-
ños y los ancianos se encuentran en la categoría de población débil en el mundo, viendo sistemática-mente vulnerados sus derechos, afirmó Franco Avicolli, encargado del Centro Internacional de Es-tudios Multidisciplinarios Italia-México, A.C.
Al dictar la conferencia Justicia y Derecho en el marco del ciclo de Conferencias con motivo del
segundo aniversario del Centro Italomexicano, dijo que prueba de ello son los 30 millones de perso-nas que, de acuerdo a la Organiza-ción de Naciones Unidas (ONU), migran de un lugar a otro en bus-ca de una mejor calidad de vida, enfrentándose a constantes viola-ciones de sus derechos.
Ante esta situación, dijo, las naciones deberían abrir sus fron-teras para evitar las vejaciones que padecen los migrantes en las
Los migrantes sufren sistemáticamente violación a sus derechosHeriberto Ochoa Tirado
diversas etapas del trayecto para llegar al país que pretenden o, al estar ahí para conseguir un mejor nivel de vida.
Hizo énfasis en que a pesar del gran flujo de migrantes en las grandes orbes no han podido ad-quirir en la mayoría de los países un reconocimiento formal y jurí-dico lo que los pone en desventaja.
Para ellos, los derechos hu-manos universales son prácti-camente letra muerta, porque
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no los respetan ni en los países desarrollados ni en las llamadas economías emergentes, apuntó en la conferencia convocada por el Instituto de la Judicatura Fede-ral-Escuela Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, A.C., y la Universidad Nacional Au-tónoma de México (UNAM).
En Italia, denunció, existe un partido de derecha que combate a los migrantes mientras que en los lugares que los emplean, “son uti-lizados como títeres”, además de que en su condición de vulnera-bilidad se enfrentan a la violencia de las fuerzas policiacas o a grupos de la delincuencia organizada que lucran con su miseria y necesidad.
En una situación similar, co-mentó Avicolli, se encuentran los presos en los centros de reclusión donde constantemente son ve-jados, “lo cual es la mejor prueba
de que el derecho no es la vía para llegar a la justicia, porque el dere-cho establece cuáles son los lími-tes para mantener el orden social, mientras que la justicia pretende cumplirlos”.
Insistió en que es esencial que las autoridades respeten su digni-dad, “ya que de otra manera no se podría tomar conciencia del casti-go que implica estar relegado de la comunidad y haber perdido la libertad”.
Al soportar los abusos de quie-nes lo mantienen preso por que-brantar la ley, “el reo no encuentra diferencia alguna entre lo que hizo y lo que padece, además de que las injusticias de los custodios hacia los internos los convierte en una especie aún más descalificada de la que ostentan quienes han per-dido la libertad, porque se aprove-chan de la ventaja que les otorga administrar la fuerza del Estado”.
El derecho no es la base o el medio para obtener justicia.
Al respecto, el magistrado Leo-nel Castillo González, Director Ge-neral del Instituto de la Judicatura Federal, coincidió con el plantea-miento de Avicolli, respecto a la separación de la justicia y el dere-cho.
Aclaró que “si vemos al dere-cho como simple letra, el simple contenido normativo, con mucha frecuencia vamos a encontrar la diferencia entre el derecho y la justicia. Vamos a ver resoluciones injustas. Pero si por el contrario —sobre todo los juzgadores— ve-mos al derecho como un conjunto de herramientas que habrán de aplicarse a los hechos de cada lu-gar, de cada época, amoldándose a las circunstancias que se vayan presentando con más frecuencia encontraremos la armonía entre el derecho y la justicia”.
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No podemos permitir que creencias y conductas ba-
sadas en estereotipos que violen-tan la integridad de las niñas sean reproducidas en los espacios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó la Ministra Olga Sánchez Cordero, y se pro-nunció por aprender a detectar y combatir prácticas que no hacen más que perpetuar el trato discri-minatorio, además de que niegan la complejidad y diversidad intrín-seca de las personas.
Al inaugurar el ciclo escolar 2012-2013, en el Centro de Desa-rrollo Infantil (CENDI) Artículo 123 Constitucional y en la Estancia In-fantil, la Ministra Sánchez Cordero anunció la implementación de los manuales Sembrando la Igualdad de Género: Acciones Educativas para la Infancia.
El propósito, abundó, es incul-car en los menores la importancia de construir una sociedad equili-brada en la que las mujeres y los hombres se vean como iguales.
Ante funcionarios del Alto Tri-bunal, maestras y alumnos de pre-escolar, reunidos en la explanada del CENDI, indicó que este año es-colar “nos toca construir puentes entre maestros y alumnos; entre autoridades y profesores, auxilia-res y demás personal que ahí labo-ra; entre las niñas y los niños que ahí conviven; y entre los padres que permita construir una comu-nidad más igualitaria desde la es-cuela”.
Explicó que la implementación de los manuales Sembrando la Igualdad de Género: Acciones Edu-cativas para la Infancia, son mate-riales interactivos que coadyuva-
La SCJN no permitirá estereotipos en contra de las niñas
Isabel Salmerón y Gabriel Yáñez
Se implementan los manuales Sembrando la igualdad de Género: acciones educativas para la infancia.
Los Estados deben adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a f in de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación”. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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rán a introducir la perspectiva de género en el CENDI y en la Estancia Infantil, con los que se refrenda el compromiso del Máximo Tribunal por transversalizar la perspectiva de género y por institucionalizar ambientes laborales libres de vio-lencia y discriminación.
Este programa demanda dos acciones básicas: generar la infra-estructura necesaria para que las mujeres y hombres que ejercen roles de cuidado cuenten con el apoyo necesario para desarrollar-se en el ámbito laboral; y, diseñar e implementar herramientas edu-cativas acordes con la igualdad y la no discriminación, que asegu-ren un desarrollo infantil satisfac-torio y coherente con el compro-miso de la SCJN con los derechos humanos.
Los materiales producto del
proyecto “Perspectiva de género en la educación” desarrollado por el Programa de Equidad de Géne-ro en la SCJN, la organización civil Mayahii y el personal del CENDI y la Estancia Infantil están dirigidos a la formación de niñas y niños de nivel preescolar, de primero a ter-cero de primaria, y de cuarto a sex-to año de dicho nivel educativo.
Su propósito es aportar he-rramientas teóricas y prácticas al personal docente del CENDI y de la Estancia Infantil, para que con-duzcan sus labores educativas co-tidianas libres de estereotipos de género y promoviendo el valor de la igualdad entre los niños y las ni-ñas, como lo establece la reforma constitucional que dice que el res-peto a los derechos humanos debe ser fomentado por la educación que imparta el Estado.
Los Estados deben elimi-nar todo concepto este-reotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza […] median-te la modif i cación de los libros y programas escolares y la adapta-ción de los métodos en enseñanza. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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Los Estados deben adoptar medidas y programas para: “modif i car los pa-trones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costum-bres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer”. Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belem Do Para.
La Ministra Sánchez Cordero citó al Relator de Naciones Unidas, Vernor Muñoz, quien en su infor-me de 2006 sobre el derecho a la educación de las niñas, destacó “el papel esencial de la enseñanza de los derechos humanos y su aplica-ción concreta en las aulas para lu-char contra la discriminación por motivos de sexo y los estereotipos basados en el género”.
De acuerdo al informe, los maestros y maestras a menudo reportan más gozo de enseñar a niños que a niñas, pues tienen la creencia de que las niñas tendrán menos demandas en el mundo la-boral, por lo que les ofrecen menor retroalimentación y tienen bajas
expectativas respecto a cuál debe ser su desempeño, mismas que son reforzadas por libros de texto, el currículum y materiales de eva-luación en los que no aparecen las figuras femeninas.
Asimismo, recordó que existe una clara tendencia a utilizar len-guaje no incluyente y despectivo de las labores y actitudes conside-radas femeninas.
De ahí, puntualizó, la impor-tancia de los manuales que imple-mentará el CENDI y la Estancia In-fantil durante los próximos años, que constituyen una vía para cam-biar los patrones socioculturales que han negado el acceso igualita-rio de los derechos a las mujeres y,
en consecuencia, constituyen una forma de dar cumplimiento a es-tos compromisos internacionales.
Recordó que los estereotipos obstruyen la plena realización de las personas; encasillan el proyec-to de vida de niñas y niños; difi-cultan el acceso al conocimiento propio, de las otras personas y del mundo en general; reducen la capacidad creativa y de cuestio-namiento; limitan las formas de vida, de expresión, de placer y de relacionarse.
Por su parte, Adriana Ortega Ortiz, Directora de la Unidad de Enlace del Programa de Equidad de Género en la SCJN, ofreció algu-nos pormenores de dichos progra-mas que se implementarán este año escolar.
A la inauguración del ciclo es-colar 2012-2013 asistieron Rodol-fo Lara Ponte, Oficial Mayor de la SCJN; Mónica Maccise Duayhe, Secretaria de Seguimiento del Programa de Equidad de Género; Beatriz Escamilla Flores, Directora del Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 Constitucional; y, Ve-rónica Jacal Murillo, Directora de la Estancia Infantil, entre otros funcionarios.
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Sembrando la igualdad de género
La educación a temprana edad es básica para lo-grar los cambios necesarios en la construcción
de una cultura de igualdad y no discriminación, afir-mó Mónica Maccise Duayhe, Secretaria de Seguimien-to del Programa de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dar a conocer el ma-nual Sembrando la igualdad de género: Acciones edu-cativas para la infancia.
En entrevista, explicó que educar para una nueva infancia demanda la promoción de la igualdad de gé-nero, la prevención de la violencia y la eliminación de estereotipos basados en el género, que niegan o limi-tan la expresión de la diversidad de sentimientos, inte-reses y potencialidades en niños y niñas.
De ahí la importancia de trabajar con niños de pre-escolar y primaria para atacar de raíz la cultura de la discriminación que por siglos ha marginado a las mu-jeres no sólo de México sino del mundo.
Los manuales Sembrando la igualdad de género: Ac-ciones educativas para la infancia que durante el ciclo escolar que acaba de iniciar se repartió entre la pobla-ción infantil del Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 Constitucional y de la Estancia Infantil, tienen el ob-jetivo de enseñar a los niños y a las niñas la cultura de la igualdad de género.
Para elaborarlo, primero se realizó un diagnóstico de las necesidades de las maestras, de cómo trabajaban en el CENDI, con base en los resultados se construyó una currícula con una serie de temas a desarrollar y, en
consenso con las profesoras, se realizó el libro para el nivel preescolar.
Acciones similares se efectuaron para el manual de la Estancia Infantil, que contiene temas actuales como la violencia y el bullying.
En el programa en el que las maestras asumen la responsabilidad de inculcar, a través de juegos, talleres y actividades lúdicas la necesidad de crear esta cultura de la igualdad, los padres de familia tienen una partici-pación activa.
De hecho, apuntó Maccise Duayhe, cuando se reali-zó el diagnóstico se citó a los padres de familia para co-nocer sus inquietudes sobre los derechos de los infan-tes y sus aportaciones se incluyeron en los manuales.
Explicó que en este ciclo escolar se trabajará con grupos piloto de preescolar cuyas edades fluctúan en-tre los 2 y 5 años y de primaria de 6 a 11 años, a quienes se les aplicarán todos los ejercicios del manual para ob-servar los cambios que registren en la concepción de la igualdad de género.
En 2013, añadió, se iniciará la capacitación de los pa-dres de familia a fin de que conozcan, pero sobre todo que comprendan la importancia de los derechos de las niñas y los niños y los fomenten en sus hogares.
Se pretende que dicho manual a mediano plano se pueda enviar a los CENDI´s del Poder Judicial de la Federación y más tarde suscribir un convenio con la Secretaría de Educación Pública, a fin de que sea distri-buido a nivel preescolar en todo el país.
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Gabriel Yáñez Chumacero
C uando una nación suscribe un tratado interna-cional, debe cumplirlo a cabalidad, so pena de
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo sancione, afirmó Diego Morales, tras señalar que para ello las naciones deberán alinear su marco jurídico
para que no se contraponga en ningún nivel jurídico.El Director de Derechos Sociales e Inclusión del
Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las or-ganizaciones de defensa de derechos más importan-tes de Argentina, enfatizó que los países firmantes
Los derechos humanos en trabajos jurisdiccionales a nivel internacional
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de los tratados deben trabajar desde el ámbito juris-diccional para que éstos se cumplan en todo el país.
“El gobierno federal no puede alegar que él en rea-lidad quiere cumplir, pero una provincia no. Al dere-cho internacional no le importa cómo se resuelve la reticencia de una provincia a cumplir con un tratado internacional o una decisión internacional, la respon-sabilidad recae en la Corte Suprema Argentina”.
Al dictar la conferencia magistral La incorpora-ción de los estándares internacionales de los derechos humanos en el trabajo jurisdiccional. Una aproxima-ción desde la experiencia Argentina, señaló que otro reto para la función jurisdiccional está en lograr que los jueces establezcan de qué manera los particula-res están obligados a cumplir con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Ante juzgadores y abogados postulantes reuni-dos en el auditorio José María Iglesias del Alto Tri-bunal, puso en la balanza los pros y los contras de la aplicación de los tratados internacionales en las diferentes normas jurisdiccionales de los países La-tinoamericanos, dado que un incumplimiento con-lleva una responsabilidad internacional.
De ahí la importancia de compatibilizar tanto tra-tados internacionales como leyes internas, subrayó Diego Morales, para luego comentar el fallo Mejián, registrado en 1992, que llevó a la Corte Argentina a in-terpretar un derecho previsto en su Constitución que entraba en contradicción con un tratado internacio-nal, respecto del derecho a la libertad de expresión.
Esa situación propició que en 1994, el Centro de Estudios Legales y Sociales planteara una reforma constitucional al artículo 75, Inciso 22 para que los jueces incorporaran los tratados internacionales en sus decisiones judiciales, teniendo más jerarquía que las normas constitucionales, sobre todo si llega a presentarse una controversia entre ambas.
En 1995, abundó, la Corte Suprema de Argentina fue más allá al establecer que los jueces al momento de resolver un caso en el que se vinculan derechos internacionales, deberán utilizar la jurisprudencia internacional como guía para solucionarlos.
En materia laboral, entre 2010 y 2011 en Argen-tina se determinó que un juez puede exigir el cum-plimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuando se trate de un despi-do injustificado.
Al referirse a los centros penitenciarios, Diego Morales mencionó que la CoIDH en su artículo 18 constitucional establece que éstos deben encontrar-se en óptimas condiciones. Derivado de ello, Argen-tina incluyó en su Constitución una norma que eva-lúa si los reclusorios de provincia ofrecen el servicio que un interno necesita, apegándose a lo establecido en los tratados internacionales.
En su oportunidad, Luis Miguel Cano, asesor de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la SCJN, quien fungió como mo-derador, señaló que el sistema Argentino sirve de ejemplo a México.
Diego Morales y Luis Miguel Cano
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E l Consejero de la Judicatura Federal, Daniel Ca-beza de Vaca Hernández, afirmó que la protec-
ción de los derechos de los pueblos indígenas, a través de la efectiva tutela judicial de la Federación, abona de manera decidida a la consolidación no sólo de la justicia social, sino del Estado de derecho.
Al inaugurar el Seminario Los derechos de los pue-blos indígenas y los retos para el Poder Judicial de la Fe-deración, organizado por el PJF y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Consejero Cabeza de Vaca dijo que la reforma constitucional en derechos humanos representa un paradigma para el sistema ju-rídico mexicano, ya que complementa los mandatos constitucionales relativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se habían incorporado en 2001 al Artículo Segundo constitucional.
En el evento efectuado en el Instituto de la Judica-tura Federal, señaló que se fortaleció la fracción VIII del Apartado A de ese precepto constitucional, que esta-blece la garantía de pleno acceso a la jurisdicción del Estado por los pueblos indígenas, que tienen —entre
otros— el derecho fundamental a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura.
Ante la presencia de los magistrados Leonel Casti-llo González, Director General del Instituto de la Judi-catura, y Óscar Vázquez Marín, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y de Derechos Humanos, así como de Carlos Pérez Vázquez, Coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justi-cia de la Nación, Cabeza de Vaca precisó que el cumpli-miento de las sentencias Rosendo Cantú y Fernández Ortega, emitidas por la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos, que condenaron al Estado mexicano, exige tomar en cuenta los instrumentos internaciona-les en derechos humanos.
Ello, explicó, conlleva a la permanente actualiza-ción de los impartidores de justicia, ya que el control convencional obliga a todos los depositarios de la jus-ticia a incluir en sus resoluciones la norma internacio-nal aplicable.
Proteger derechos de pueblos indígenas, prioridad del PJFMagally Rodríguez Rodríguez
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En ese sentido, el Consejero apremió a la elabo-ración de planes, programas y políticas públicas que impulsen decididamente la transformación del sis-tema de justicia en la materia, lo que permitirá acre-centar la cultura de los derechos humanos con pleno respeto a la diversidad cultural.
Cabeza de Vaca destacó que como parte de este compromiso, el CJF ha implementado mecanismos para que los hablantes de lenguas indígenas partici-pen en los concursos de selección para integrar la lis-ta de peritos.
Recordó que recientemente se celebró un conve-nio de colaboración con el INALI, que permitirá selec-cionar a los peritos lingüísticos (intérpretes y traduc-tores) que cuentan con las competencias laborales necesarias para apoyar a los órganos jurisdiccionales, así como para auxiliar a los indígenas que sean parte de un proceso judicial.
En el Panel Consideración de las especificidades culturales de las personas y colectivos indígenas den-tro del proceso judicial, Javier López Sánchez, Director
General del INALI, señaló la necesidad de generar más y mejores políticas públicas a favor de los pueblos in-dígenas, sus culturas y sus lenguas, para seguir en la ruta de ser un gran país unido en su diversidad.
López Sánchez dijo que las políticas públicas de-ben responder, con la pertinencia requerida, al con-junto de preceptos jurídicos nacionales e internacio-nales a favor de la diversidad cultural y lingüística, a la diferencia de género, edad, religión, ideología y capacidades diferentes.
Destacó que los derechos lingüísticos forman par-te indisoluble de los derechos humanos y que la len-gua “es el medio más importante para transmitir los conocimientos y las distintas formas que tenemos de ver, aprender, sentir y explicar el mundo”.
Expuso que puede pensarse que los derechos lingüísticos son menos importantes que otros, lo cual no es así, porque las personas privadas de sus derechos pueden estar impedidos de ejercer otros, entre los que se incluyen una representación polí-tica adecuada, un proceso judicial justo, acceso a la
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educación, información y libertad de expresión y a la preservación de su legado cultural.
Señaló que el desconocimiento de la lengua o una inadecuada interpretación o traducción, puede ser la diferencia entre la libertad y la cárcel de un detenido o la vida o la muerte para un paciente en un hospital.
Miguel González Canudas, Director General de Asuntos Jurídicos del CJF, subrayó que la Constitu-ción, en su Artículo Segundo, establece que cuando se trate de procedimientos en que esté involucrado como parte algún indígena o alguna colectividad necesariamente se deberán tomar en cuenta las cos-tumbres y las especificidades culturales y que, tam-bién, deberán ser asistidos por intérpretes y, desde luego, por defensores.
Explicó que, en este contexto, el Poder Judicial de la Federación interviene en tres momentos: uno, en lo que corresponde a los órganos jurisdiccionales, es decir, los tribunales y juzgados, que son los respon-sables de impartir justicia; dos, en lo referente a la defensoría pública, el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es la institución responsable de la defen-sa, en este caso, de la colectividad o del individuo in-volucrado en el proceso penal.
Tres, el Consejo de la Judicatura, a través de la Di-rección General de Asuntos Jurídicos, cuando es ne-cesario proveer peritos de carácter gratuito en la di-versidad indígena de 364 lenguas.
Iván Castillo Estrada, especialista de la Universi-dad Iberoamericana, formó parte del panel Derecho de los indígenas a mantener, desarrollar y controlar
sus propias instituciones, en el cual planteó diversos desafíos para el PJF en la materia, entre los cuales está conocer, estudiar, comprender e interpretar el marco jurídico occidental sobre derechos indígenas.
Otro, dijo, es modificar la concepción que tienen los abogados de ver siempre conflictos entre los de-rechos humanos y, propuso cambiar esta perspecti-va, en lugar de ver colisiones entre derechos, hay que buscar cómo se pueden integrar estos derechos.
Elisa Cruz Rueda, Coordinadora de la Licenciatura en Gestión y Auto Desarrollo Indígena de la Univer-sidad Autónoma de Chiapas, al participar en el panel Protección especial a las tierras, territorios y recursos indígenas y participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte, habló también de los retos: ser experto en materia de derechos hu-manos y derechos de los pueblos indígenas y ser vi-gilante de que las garantías de acceso a la justicia y de un debido proceso, se cumplan.
Al clausurar los trabajos, Patricio Ballados Villagó-mez, Director General de Derechos Humanos, Equi-dad de Género y Asuntos Internacionales del CJF, re-saltó que el Seminario cumplió con los objetivos de analizar las complicaciones que conllevan los dere-chos indígenas para las y los operadores judiciales en su calidad de garantes; conocer las dificultades que existen para lograr una justicia con una atención di-ferenciada y discutir los aportes de la jurisprudencia del sistema interamericano y las cortes constitucio-nales para el reconocimiento y respeto de los dere-chos colectivos indígenas.
“El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Sil-va Meza, ha dejado en claro el mandato del Poder Ju-dicial Federal: el inicio de la Décima Época lo reitera, sin duda alguna, las y los juzgadores, las y los funcio-narios tenemos la obligación de ahondar en materia de derechos humanos”, concluyó.
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l a verdadera seguridad es la que se construye en la lega-
lidad y nuestro sistema se sostiene, además, en la credibilidad y en la solidez del estricto cumplimiento de la ley, aseguró el Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Supre-ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatu-ra Federal (CJF).
Silva Meza manifestó que los impartidores de justicia están comprometidos con aplicar el nuevo marco legal en materia de amparo y de derechos humanos, que exigen que México sea un país en el que imperen la justicia y la igualdad, no la arbitrariedad, basa-da en instituciones y procesos que hagan que sea justicia de verdad; no abuso del poder, que es paso previo al autoritarismo; no a la im-punidad; no a la creencia de que la ley puede cumplirse a capricho, enfatizó.
“Los impartidores de justicia queremos que imperen los valo-res y principios constitucionales. Estamos conscientes de que el va-lor social de largo plazo, es la jus-ticia basada siempre en la Cons-titución y las leyes. Lo civilizado, lo correcto, el construir un Estado ético, limpio y justo, que no viole los derechos humanos de nadie”, destacó al encabezar, junto con el Rector de la UNAM, José Narro Robles, la apertura de cursos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios.
El Presidente del Tribunal Constitucional convocó a los es-tudiantes de Posgrado a ser acto-res estratégicos de esta época de historia jurídica nacional en que la interpretación de nuestra Cons-titución involucrará una visión renovada del régimen de protec-ción de derechos establecidos en
la misma y en tratados internacio-nales de derechos humanos.
Les recordó que el derecho está en todas partes, que es la red que sostiene las relaciones humanas, que es la red que se necesita para erradicar soluciones violentas a conflictos individuales o colectivos.
El Ministro Presidente de la SCJN resaltó las reformas constitu-cionales en materia penal, amparo y derechos humanos, así como la resolución de la SCJN, que recono-ce la obligación de todo juez del Es-tado mexicano a efectuar control de convencionalidad.
A esta ceremonia de apertura también asistieron la Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda Rivas; la Jefa de la División de Estudios de Posgrado, María Patricia Kurczyn Villalobos; y el Abogado General de la Máxima Casa de Estudios, Luis Raúl González Pérez.
La seguridad se construye con legalidad: Ministro Silva Meza
Isabel Salmerón
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un sábado sin igual vivieron alrededor de 650 personas de todas las edades, quienes lleva-
ron al extremo sus emociones que pasaban del ner-viosismo, al entusiasmo y de éste a la esperanza de ganar una medalla en la Sexta Carrera Atlética del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Fue una mañana llena de emociones, todos que-rían llegar a la meta para seguir a la selección de fut-bol varonil mexicana que disputaba a su similar de Brasil, la medalla de oro en los XXX Juegos Olímpi-cos de Londres 2012.
Los participantes se dieron cita en la segunda sec-ción del Bosque de Chapultepec, frente al Museo de Historia Natural, para formar parte de la Sexta Carre-ra Correr es salud.
Este año se contó con la participación de traba-jadores del PJF, quienes en compañía de sus hijos, compitieron en las categorías: infantil con 4 subdi-visiones que englobaron a niños de 6 a 14 años –de 6 a 7 años, de 8 a 9, de 10 a 11, y de 12 a 14 años-.
Asimismo, participaron en las carreras por los cinco y diez kilómetros en las categorías juvenil, li-
Sexta Carrera del PoderJudicial de la Federación
Gabriel Yáñez Chumacero
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bre, máster, veteranos y plus, tanto para hombres como para mujeres.
La fiesta deportiva arrancó con el registro de los competidores a las seis y media de la mañana. Con un desayuno ligero, ataviados con abrigadoras cha-marras y pants.
Como cada año, la realización de esta carrera fue todo un éxito. Los participantes animados por los organizadores y familiares que asistieron para apoyarlos constataron que la segunda sección del Bosque de Chapultepec es por excelencia un parque deportivo familiar de sana convivencia.
Con música de fondo en español e inglés, en la que destacaron Lady Gaga y Queen, transcurrió la competencia de los niños, jóvenes, adultos y adul-tos mayores nerviosos y emocionados, que llegaban a la meta saludando.
Los organizadores de manera intermitente sus-pendían la música para informar sobre el desarrollo de partido final de futbol, en la que el conjunto tri-color venció 2 goles a 1 al conjunto de Brasil. La gente no dejaba de festejar.
Dehuel Cerón Sánchez, ganador en la categoría infantil, se notaba visiblemente emocionado por haber ganado al igual que Flor Cerón, ganadora de la categoría libre femenil, quien dijo sentirse feliz por el lugar obtenido, pues correr es parte de su vida.
Todos fueron ganadores y recibieron su medalla de participación, en tanto que a los tres primeros lu-gares de cada categoría se les otorgó un trofeo. Algu-nos lugares se declararon desiertos.
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En la actualidad vivimos una expansión, me atre-vería a decir, irracional del derecho penal, cuan-
do sabemos que con la regulación de cualquier ley o norma, no se van a arreglar los problemas, afirmó Ed-gar Iván Colina Ramírez, académico de la Universidad de Sevilla, España, e indicó que este panorama es apro-vechado por los políticos para prometer reformas inve-rosímiles con el único fin de conseguir votos.
“En España los partidos piden penas más severas para los ilícitos que afectan sustancialmente a la so-ciedad porque en ello han encontrado el caldo de cul-tivo para ganar más votos, así sucedió con la Ley Ge-neral de Género, que fue muy mal redactada”, apuntó al dictar la conferencia La Expansión del Derecho Pe-nal en las Sociedades Post Industriales.
Hoy por hoy, indicó el penalista mexicano, no se busca un modelo racional que pueda acabar con la problemática que generan los ilícitos, únicamente se desea captar votos, con lo que se da paso al derecho pe-nal simbólico, que no es más que la promoción de una ley que de antemano se sabe que no servirá para nada.
Y es que “no podemos hacer leyes dando palos de ciego, hay que realizar un estudio sociológico antes de penalizar una conducta antisocial”, pues conforme se dan cambios en la sociedad, ésta exige nuevas leyes que regulen delitos que antes no se tenían previstos, como sucede con la afectación del medio ambiente, los ilícitos cibernéticos o el que una autoridad niegue a un gobernado el acceso al agua.
“Esto nos lleva a la reflexión sobre una sociedad cambiante, en la que empiezan a resurgir nuevos ám-
bitos de protección que antes no se regulaban”, dijo Colina quien sustentó su planteamiento a partir de los paradigmas jurídicos que se han modificado con el paso del tiempo.
En las décadas de los 60 y 70 fue el derecho pe-nal mínimo, que sustituyó al de la resocialización y actualmente opera el modelo penal de seguridad ciu-dadana. Los dos primeros se desecharon, porque en la práctica no dieron los resultados esperados, y se instituyó el tercero bajo las bases de imponer castigos para cualquier conducta que se considere un ilícito.
Colina Ramírez, quien participó en el ciclo de con-ferencias en materia penal, que organizó el Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial para la actualiza-ción del personal del Poder Judicial de la Federación, señaló que una de las expansiones del derecho en México, es que ahora se toma en cuenta a las víctimas.
“Antes parecían pedigüeños, tenían que llegar a solicitar copia del expediente, y eso sucedía si esta-ba el expediente y si querían las autoridades. Ahora pueden presentar su denuncia particular y estar en igualdad de condiciones en un procedimiento”. Ade-más, se reúne esa víctima con quienes padecieron el mismo delito, y crean una organización social que posteriormente se convierte en grupo de presión, para exigir penas más severas contra sus victimarios.
Pero, se preguntó ¿cuál es el problema que se pre-senta?, y se respondió: el problema es cuando los partidos políticos los toman como bandera y crear le-gislaciones inservibles sólo para captar su simpatía y obtener votos en época de elecciones.
Estamos en la era del derecho irracional: Colina
Heriberto Ochoa Tirado
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l a reforma constitucional en materia de dere-chos humanos es una de las más importantes
en la historia de México, ya que implica un cambio de actitud de todos los operadores jurídicos, aseguró Luis González Placencia, presidente de la Comisión de De-rechos Humanos del Distrito Federal.
González Placencia destacó que el caso del Poder Judicial de la Federación es más relevante porque son los jueces, magistrados y Ministros, a quienes les toca resolver en última instancia los conflictos que los jus-ticiables tienen, pero ahora a partir de un marco jurí-dico mucho más complejo, el cual tiene más posibili-dades de protección de la persona.
Comentó que antes de dicha reforma constitu-cional, la mayor parte de la sociedad pensaba que los derechos humanos era un tema de la filosofía del De-recho, que no tenía nada que ver con los asuntos pena-les, civiles o familiares.
El ombudsman del Distrito Federal, al dictar una conferencia en el Instituto Federal de Defensoría Pú-blica, aseguró que el proceso de cambio se va a llevar todavía unos años: “afortunadamente el Poder Judi-cial de la Federación, desde hace tiempo, ha incorpo-rado -a través de sus institutos-, materias, autores y aproximaciones que han planteado un horizonte dis-tinto para los jueces, los magistrados y los Ministros, y eso lo constatamos en sus resoluciones”.
En el marco de las Mesas de diálogo sobre la Refor-ma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, que iniciaron en febrero y concluyeron en agosto de este año, González Placencia enfatizó que la resolu-ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rosendo Radilla Pacheco constituye un partea-guas para hacer valer aún más los derechos humanos
en todo el país.Este tipo de resoluciones van a ir, poco a poco, ilu-
minando las posibilidades que tienen los jueces y ma-gistrados federales para tomar las decisiones con una mirada de derechos humanos, comentó.
Ante defensores públicos federales, González Pla-cencia observó que hoy en día nos encontramos en una coyuntura política y social que ha sido motivo de que muchas voces se levanten, a fin de exigir cambios estructurales en las leyes que rigen a los mexicanos.
En este contexto, dijo, es necesario hacer una ex-haustiva revisión del ordenamiento constitucional vigente para poder lograr acuerdos que se vean plas-mados en reformas que beneficien a la población.
“En el rubro de la reforma, no puede pasarse por alto el transcurso de los cambios en los que nos en-contramos inmersos y es por esta razón que los le-gisladores han concretado su labor en redacciones específicas que causan un importante impacto en la vida social y política del país”, subrayó.
En su ponencia, Luis González se refirió al tema de la violencia contra las mujeres. Diversos tratados y or-ganismos internacionales han reconocido la violen-cia contra las mujeres como una forma de discrimi-nación y una violación grave a los derechos humanos.
Ejemplificó el caso del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-nación contra la Mujer, que incluyó la violencia con-tra el género femenino como una forma de discrimi-nación ya que impide el goce de derechos y libertades en igualdad como el hombre, por lo que recomendó a las autoridades adoptar medidas apropiadas y efi-caces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo.
Reforma en derechos humanos implica un cambio de actitud de todos los operaradores jurídicos: ombudsman capitalino
Miguel Nila Cedillo
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Sugirió garantizar que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ata-ques sexuales y otro tipo de vejaciones contra la mu-jer, protejan de manera adecuada a todas ellas y se res-pete su integridad y dignidad.
Sobre este tema, González Placencia apuntó que debido a que el problema de discriminación y vio-lencia contra la mujer aqueja a todos los sectores de la población mexicana, se considera importante in-corporar a la citada reforma constitucional el criterio establecido por el Comité de la Convención, el cual se-ñala que toda persona tiene el derecho a una vida libre de violencia, pero establece, en particular, la protec-ción del Estado a sectores vulnerables como las muje-res, los niños y los adolescentes, y los adultos mayores.
Hizo ver que uno de los principales problemas que presenta el Estado de derecho en México es la poca efectividad de los sistemas actuales de readaptación social. “Es un hecho que en la actualidad muchos cen-tros penitenciarios se han convertido en factores que aumentan la criminalidad entre la población, y esto se debe, en gran parte, a que en las cárceles son violen-tados en forma sistemática los derechos humanos de los reos”.
Dijo que un buen inicio sería implementar estrate-gias para el nuevo concepto de reinserción social y li-
gar la organización de los sistemas penitenciarios con el respeto a los derechos humanos. Bajo este sistema que ha resultado exitoso en otros países, comentó, es más probable lograr una verdadera inserción social que bajo el simple confinamiento del inculpado, dan-do a los presos el derecho a un trabajo remunerado y el derecho a la seguridad social, entre otros. El objeto es hacer efectiva su reintegración a la sociedad.
Luis González Placencia detalló que desde hace 20 años, los organismos públicos de defensa de los derechos humanos en México han desempeñado un papel fundamental en la protección y promoción de las garantías. Por ello, planteó que para reforzar la eficacia del funcionamiento de las Comisiones de Derechos Humanos, tanto la nacional como las esta-tales, y ponerlas a la altura de tan importante tarea, se establezca que sus presidentes sean sujetos de juicio político, así como incluirlos dentro de los servidores públicos.
“Con esto se pretende plasmar en la Constitución la gran responsabilidad que tienen estos cargos, a la vez que se propone armonizar el texto constitucional, sujetando a las Comisiones de Derechos Humanos, a las normatividades a las que están sujetos otros or-ganismos autónomos previstos en la Carta Magna”, concluyó.
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Dr. Gonzalo Uribarri Carpintero1*
UUno de los temas poco frecuentes en los talleres
o seminarios sobre el sistema acu-satorio adversarial introducido en las reformas constitucionales de 2008, es el de la ética judicial en el juicio oral. Se abunda sobre asun-tos procesales o de fondo en ese rubro pero de la ética del juzgador poco se ha tratado, y se podría de-cir que tampoco se ha abordado suficientemente la del abogado y menos aún la del justiciable.
Para tratar dichos tópicos, el Instituto de Investigaciones Ju-risprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial lle-vó a cabo el Seminario sobre Ética judicial y Sistema acusatorio, en el auditorio del edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 1 * Asesor del Instituto de Investigaciones Jurispru-denciales y de Promoción y Difusión de la Ética Ju-dicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la colaboración especial del Lic. Joaquín González Casanova
El seminario, se integró por dos mesas y una conferencia ma-gistral. En la primera mesa, los magistrados canadienses Marc M. Monnin, Marc Richard y Ronald L. Berger, de las Cortes de Apelacio-nes de Manitoba, de Nuevo Brun-swick y de la Provincia de Alberta, respectivamente, abordaron los siguientes temas:
El magistrado Ronald L. Ber-ger se refirió principalmente a la independencia judicial como pie-dra fundamental para construir la confianza de la sociedad en los jueces.
Dicha independencia requiere necesariamente que el juez goce de independencia en términos financieros, en inamovilidad du-rante el periodo para el que es designado y en independencia en la gestión de cuestiones admi-nistrativas vinculadas al proceso. También debe gozar de indepen-
dencia frente a las presiones de la opinión pública.
Al respecto, el magistrado Marc Richard consideró que la indepen-dencia para generar la confianza de la sociedad también debe fundarse en altos estándares éticos por parte del juez, en un esquema de trans-parencia y de rendición de cuentas, sujeto al escrutinio público.
En tanto que el magistrado Marc M. Monnin se refirió a los sistemas disciplinarios inherentes a la rendición de cuentas, men-cionando las garantías procesales de las que deben gozar invariable-mente los jueces, así como la con-veniencia de que se establezcan comisiones de ética judicial que puedan desahogar consultas sobre posibles conflictos de interés.
Los magistrados canadienses, previo a su participación, realiza-ron trabajos de investigación en las entidades federativas que han
Etica judicial y sistema acusatorio
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de situaciones en conflicto, dile-mas éticos; manejo de pruebas pre constituidas; medidas que puede tomar el juez frente a una conduc-ta desleal de las partes; trabajo de casos hipotéticos (taller); conoci-miento privado del juez; contacto del juez con las partes; y, creencias y personalidad del juez y la ética.
Tópicos que se analizan en otros foros similares, que servi-rán de base para llevar ponencias sólidas y bien fundamentadas al Congreso Internacional de Argu-mentación que tendrá lugar el próximo mes de noviembre.
Es evidente que la ética judi-cial, cuyos cánones se encuentran principalmente en los códigos de ética nacional e iberoamericano del Poder Judicial de la Federación, por señalar los más relevantes, no pueden ser muy diferentes a los que deben privar en la impartición de justicia en materia de amparo, derecho civil, mercantil, adminis-trativo o laboral.
En el campo de actuación de cada uno de los participantes de un juicio oral: el juez, el agente del ministerio público, el abogado, el perito y los justiciables mismos, pueden surgir circunstancias o he-chos que orillen a reflexionar sobre su conducta específica en el juicio, más aún en el ámbito del sistema adversarial penal.
Esto, porque en los principios de presunción de inocencia y otros, pueden ofrecer interpreta-ciones que obliguen a razonar so-bre aspectos éticos más sensibles, en vista de los derechos que se encuentran en pugna -presunto delincuente, víctima, sociedad- y la ponderación de tales derechos que
necesariamente habrá de efectuar el juez interprete de las normas constitucionales y legales.
La posición del juez y del mi-nisterio público en un juicio pe-nal adversarial debe ser, en todo momento, garante de los derechos fundamentales tal como lo ordena el artículo Primero constitucional, que, al ser autoridades tienen ese deber insoslayable; en cuanto a los abogados defensores, su práctica en estos juicios se pondrá a prueba, máxime que implica justamente un ejercicio de la palabra que antes de las reformas no se requería.
En el discurso oral, el abogado y también el ministerio público, de-berán ser congruentes con lo que hacen y dicen, ya que en él se verán reflejados sus conocimientos jurí-dicos y más aún, su apego a la ética en toda su dimensión.
Por su parte, la intervención de peritos en los juicios orales será fundamental, como auxiliares de la justicia, para coadyuvar a la bús-queda de la verdad y la aplicación más justa de las normas jurídicas, por lo que la ética con la que se conducen estará sometida al es-crutinio de la sociedad que busca transparencia en la impartición de justicia.
Todas las virtudes previstas en el código de Ética del Poder Judicial de la Federación: humanismo, jus-ticia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromi-so social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseveran-cia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad de los juzgadores, así como otras partes del sistema ad-versarial, estarán más a la vista de justiciables.
incorporado a sus legislaciones el sistema adversarial.
La conferencia magistral estuvo a cargo del magistrado Óscar Váz-quez Marín, quien señaló que uno de los principales retos de la Re-forma Penal consiste en superar el cambio cultural, para que los poli-cías realicen la investigación de los delitos de manera científica y con-fiable; los agentes del Ministerio Público integren adecuadamente las investigaciones y sustenten sus acusaciones con apego a derecho y los defensores públicos y privados litiguen de manera estratégica, con base en la teoría del caso, acorde con la ética.
En la segunda mesa, integrada por el magistrado Horacio Her-nández Orozco, el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, el abogado Juan García de Acevedo y el ingeniero Miguel Oscar Aguilar Ruiz, se abor-dó la misma temática con la visión del juez, el ministerio público, el abogado defensor y el perito, res-pectivamente.
Las conclusiones de la mesa que moderó la magistrada Adria-na Leticia Campuzano Gallegos, establecen que es menester tratar en la visión ética del juicio oral, los siguientes aspectos:
Fortalecimiento y blindaje de las virtudes de los jueces; interro-gatorio de testigos y peritos; perti-nencia de pruebas; manejo del pú-blico; conciencia sobre el impacto de la conducta de los jueces en la credibilidad social; pruebas invasi-vas; trato del juez hacia las partes y los auxiliares.
Asimismo, deben abordar los temas de control sobre la conduc-ta procesal de las partes; manejo
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al resolver la contradicción de tesis 148/2012, dio un paso más en su proceso de construcción de la institución alimentaria. Ahora, al abordar dicha figura de tanta trascendencia social, lo hizo en relación con la obligación de su-ministrar alimentos entre concu-binos una vez disuelto el vínculo de éstos, y concluyó que, como ex concubinos, tienen derecho a ali-mentos después de terminada su relación, en los mismos términos que lo tienen los ex cónyuges.
La contradicción se generó en-tre dos tribunales que estaban en desacuerdo respecto a si los ex concubinos tienen derecho a ali-mentos después de terminada la relación de concubinato, ya que en legislación civil de Tamauli-pas, Guerrero y Distrito Federal se advertía el momento a partir del cual nace la obligación de propor-cionarse alimentos entre éstos, sin embargo, en ninguna de las tres expresamente se indica si subsiste ésta obligación una vez terminada la relación de concubinato.
La interpretación de los tribu-nales propició una contradicción de tesis de las que se conoce como integradoras, precisamente por-que el punto de derecho plantea-do está ausente en la citada legis-lación. De ahí su importancia y el porqué en la resolución se remar-
ca desde un ini-cio que la obliga-ción alimenticia tiene como base la solidaridad que se debe mani-festar entre las personas con al-gún vínculo familiar, la cual puede subsistir una vez disuelta la propia relación familiar, ante la imposibi-lidad de uno de los miembros del grupo de allegarse alimentos por sí mismo.
Razón por la cual, se agregó que en tanto que los citados códi-gos civiles, aplicados en los casos contendientes, no prevén disposi-ción expresa para el trámite de los alimentos en caso de terminación del concubinato, las reglas genera-les que deberán aplicarse son las que regulan dicha institución ali-menticia, así como los requisitos y límites que se establecen en el caso del divorcio.
De ahí entonces que se subra-yara, por ejemplo, que para la pro-cedencia de la pensión alimenticia entre ex concubinos, se deberá atender a la capacidad para traba-jar del acreedor alimentario, así como a su situación económica. Este derecho subsistirá en tanto el acreedor no contraiga nupcias o se una en concubinato con otra persona.
Así, de la misma manera que las personas unidas en matrimo-nio tienen derecho a una pensión alimenticia una vez disuelto ese
vínculo, así también, mediante la resolución que aquí se comenta, y de acuerdo a cada caso concreto, es posible hacer una interpreta-ción extensiva para los concubi-nos y aplicar las mismas reglas.
Por lo expuesto, en el presente criterio se contienen los elemen-tos suficientes para no proporcio-nar un trato desigual a la ex con-cubina, en relación con aquella persona que se unió en matrimo-nio y enfrentó los mismos fines, las mismas actividades del hogar y los mismos cuidados a los hijos pero en matrimonio civil.
Finalmente, es de referir que la idea central que se remarcó en el criterio aquí expuesto, fue en el sentido de que, en tanto que en los códigos civiles de Tamaulipas, Guerrero y el Distrito Federal no prevén disposiciones expresas para el trámite de los alimentos en caso de terminación de concubi-nato, se deberán aplicar las reglas que regulan dicha institución ali-menticia, así como los requisitos y límites que se establecen en el caso del divorcio, puesto que los ex concubinos tienen derecho a alimentos después de terminada la relación de concubinato en los mismos términos que lo tienen los ex cónyuges.
Ex concubinos tienen derecho a pensión alimenticia, ante la imposibilidad de allegarse del sustento uno de ellos
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¿Cuál es el salario con-forme al cual deben
pagarse las vacaciones y la prima vacacional en caso de reinstala-ción del trabajador que, además del despido, reclamó el pago de di-versas prestaciones, entre las que se encuentran las referidas? ¿Debe entenderse que deben pagarse con el salario integrado o con el ordinario?
El anterior punto fue materia de una denuncia de contradic-ción de tesis resuelta por la Se-gunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual consideró que si bien el derecho a la reinstalación, en un principio, deriva de la existencia de un des-pido que se estimó injustificado, dando lugar a la continuación de la relación laboral con todos los efectos jurídicos que conlleva, lo cierto es que al ejercerse una ac-ción de cumplimiento de la rela-ción laboral, las prestaciones adi-cionales que se hayan reclamado, y a las que tenga derecho el traba-jador, ya no dependen del despi-do o, incluso, de la propia reinsta-lación, sino que su causa directa es la relación laboral.
Esto es así, consideró, porque la reinstalación debe ser física y tam-
bién jurídica y, por tanto, al con-cretarse restablece los derechos que ordinariamente correspon-dían al trabajador antes del despi-do, y los que debió adquirir por la prestación de su trabajo mientras estuvo separado de él, lo que acre-dita que en este escenario las pres-taciones dependerán directamen-te de las condiciones que rijan la relación laboral.
En ese tenor, estimó válido concluir que toda vez que tras la reinstalación de un trabajador, las prestaciones que reciba, entre las que se encuentran las consis-tentes en vacaciones y prima va-cacional, quedan vinculadas a la relación laboral, deben pagarse con base en el salario integrado previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo que, como se desprende del contenido de di-cho precepto, comprende los pa-gos en efectivo hechos por cuota diaria, gratificaciones, percepcio-nes, habitación, primas, comi-siones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o presta-ción que se entregue al trabajador por su trabajo.
Lo anterior porque en el caso de las vacaciones se trata de un derecho con el que cuentan los
trabajadores para suspender la prestación del servicio al patrón, en la oportunidad señalada por la ley, sin menoscabo de recibir su remuneración habitual, en tanto el salario previsto en el referido ar-tículo 84 se estima válido para to-dos los días de trabajo, incluso los de descanso, y no sólo para efectos indemnizatorios, y cuando un tra-bajador ha sido reinstalado en su trabajo, las prestaciones que le co-rresponden derivan directamente de la relación laboral.
Lo mismo ocurre en el caso de la prima vacacional que, con-forme al artículo 80 de la legisla-ción laboral en cita, consiste en un porcentaje que se fija a partir de los salarios que corresponden al trabajador durante el periodo vacacional, que es el previsto en el referido artículo 84.
Por todo lo anterior, la Segun-da Sala determinó que cuando un trabajador ha sido reinstalado en su trabajo, y demandó el pago de diversas prestaciones, entre las que se encuentran las vacaciones y la prima vacacional, el pago a que tenga derecho debe efectuar-se conforme al salario integrado previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo.
Vacaciones y prima vacacional. Salario con el que deben pagarse en caso de reinstalación
Óscar Zamudio Pérez
42 Compromiso | Agosto de 2012
Es común en camino a casa, abordar el transporte pú-blico y observar a los compañeros de viaje, los jóvenes
que portan los audífonos del reproductor de música bien ajustados, los que envían mensajes utilizando un lengua-je basado sobre todo en consonantes y signos matemáti-cos y los que estudian sus apuntes, aun cuando no parece una actividad que a todos les genere gran satisfacción; algunos otros, extienden su periódico, de preferencia en la sección deportiva; son escasos aquellos que durante su traslado leen un libro.
Sin embargo, no se puede asegurar que no lean, la lec-tura no puede ser atribuida exclusivamente al tiempo de escuela, sino a lo largo de toda la vida. Pero ¿cómo lo ha-cen? ¿De qué forma?
Biblioteca
¿Ha cambiado la forma de leer?
pero influye en la acción de leer, son los soportes y forma-tos en que se presentan los textos; de este modo, las tec-nologías de información y comunicación (TIC’s)1, creadas a fin de facilitar a la comunidad en general el desarrollo de sus actividades, son ejemplo de ello.
Ahora que se tiene un concepto más claro de “leer”, que incluye el soporte o formato del texto o documento, podemos continuar con las premisas de este artículo: ¿De qué forma leemos?
Pues bien, cuando somos pequeños y ha comenzado nuestra formación educativa, leemos por curiosidad y como parte del descubrimiento que hacemos del mundo. Después, sólo reconocemos caracteres en un documento. Más tarde, resolvemos situaciones de la vida cotidiana, como cuando seguimos instrucciones para poner a fun-cionar algún aparato eléctrico; pero, ninguna tan genui-na como la de razonar y criticar los textos, transformar el pensamiento y no sólo acumular información.
Y aun cuando leer es una oportunidad de modificar el pensamiento, es innegable que pocos saben cómo ha-cerlo satisfactoriamente, cómo sentirse motivados a la lectura.
Para ello, las bibliotecas y centros de consulta cum-plen una función importante como lugares en los que se promueven y fomentan las actividades de lectura y aprendizaje, a fin de que se reflexione sobre lo que se hace y lo que se pretende: concebir a la lectura como un “círcu-lo virtuoso” de aprendizaje.
Con dicho propósito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Centro de Documentación y Análi-sis, Archivos y Compilación de Leyes, realiza anualmente dos círculos de lectura en alguna de las sedes del Sistema Bibliotecario, con la finalidad de fomentar el hábito de la lectura a la par de acercar a los usuarios a sus acervos y
1 Agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la in-formación, principalmente la informática, la Internet y las telecomunicaciones. CON FIRMA 2010. Leer para aprender: Leer en la Era Digital. Ministerio de Educación. Gobierno de España. http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/leer_aprender_MEducacion.pdf
En principio, abordemos el significado de la palabra leer, según la Real Acade-mia Española: 1. tr. Pasar la vista por lo escrito o impre-so comprendiendo la signi-ficación de los caracteres empleados. 2. tr. Compren-der el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. 3. tr. Entender o in-terpretar un texto de deter-minado modo.
Parece fácil emprender esta acción; sin embargo, en-tre “pasar la vista, comprender y dar significado” hay mu-cho más; de hecho, los actores principales, el lector y el texto, le dan un realce significativo a esta definición.
El lector aporta su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su experiencia, su conocimiento del mun-do y del tema; y en interacción con las características y propiedades del texto, comprende y construye un signi-ficado.
Sin duda, un elemento que si bien no es fundamental,
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DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO Rodolfo R. SpiSSo; pRólogo de la pRimeRa edición de geRmán J. BidaRt campoS.g010.157S647d
2011 5a. ed. BuenoS aiReS, aRgentina: aBeledo-peRRot, 2011. 626 p.; 25 cm. [iSBn 9789502022253]
LITIGIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA: TEORÍA Y PRÁCTICA: LOS CASOS DE LA ARGEN-TINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, ESTADOS UNI-DOS, MÉXICO, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELAdiRectoR eduaRdo BaiStRocchi; pRólogo de ian Roxan. g275l574l BuenoS aiReS, aRgentina: aBeledo-peRRot, 2011. xxxi, 557 p.; 23 cm. [iSBn 9789502022079]
LA TRIBUTACIÓN EN LOS NEGOCIOS IN-TERNACIONALES. REVISTA DE DERECHO PRIVADOJuan david BaRBoSa maRiño, alekSan oundJian BaRRoS.colomBia: B - univeRSidad de loS andeS, 2011. 33 p.http://Site.eBRaRy.com/liB/ScJnSp/docdetail.action?d
ocid=10450335&p00=deRecho
Recomendación de obras de actualidad judicial:
Aborda el estudio del Derecho Constitucional Tributario argentino a través de su régimen de pro-moción y del principio de igualdad; expone el concepto jurídico del tributo y su clasificación, así como los límites y la regulación del Derecho de propiedad, dentro del cual también se examinan las figuras de contribución, empréstito y requisición estatal. Además, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, expone el tema del comercio exterior, la proyección de sus impuestos, algunos sistemas de control jurisdiccional de su administración pública y su función presupuestal.Rodolfo R. Spisso.- Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde imparte cursos de posgrado en Finanzas Públicas y Derecho Tributario.
Estudio comparado de Derecho Tributario Internacional, que con la participación de diversos ex-pertos en la materia se aborda el tema de los sistemas de precios de transferencia en nueve países de América; de cada país se describe su forma de operación, el funcionamiento, la regulación y la relación de su normativa con los Lineamientos de Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Asimismo, se exponen las desventajas económicas de los países en desarrollo frente a los países más desarrollados y se sugieren propuestas de reformas para innovar y homologar sus sistemas de precios.
Estudio comparado de Derecho Tributario Internacional, que con la participación de diversos ex-pertos en la materia se aborda el tema de los sistemas de precios de transferencia en nueve países de América; de cada país se describe su forma de operación, el funcionamiento, la regulación y la relación de su normativa con los Lineamientos de Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Asimismo, se exponen las desventajas económicas de los países en desarrollo frente a los países más desarrollados y se sugieren propuestas de reformas para innovar y homologar sus sistemas de precios.
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Se lleva a la humanidad al límite y se permite visualizar nuestra violencia y capaci-dad de organización, se trata de un panorama pos apo-calíptico, un típico “sálvese quien pueda” que ayuda a preguntarnos por el signifi-cado de lo humano.
José Saramago, premio nobel de literatura de gran influencia en nuestro tiem-po.
difundir los servicios de información que se brindan.El próximo círculo de lectura está programado para el miér-
coles 28 de noviembre del año en curso, a las 17:00 horas, en esta ocasión con la obra Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, por lo que se invita al lector a mantenerse al pendiente del lugar en que se llevará a cabo; para lo cual se le proporcionará el ma-terial de apoyo con el que podrá interactuar y disfrutar de esta actividad.
Durante su visita, conozca la colección del Sistema Bibliote-cario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se integra por un acervo especializado en materia jurídica y ciencias afines, en soportes impresos y electrónicos, que puede consultar en sala o en línea a través de su Biblioteca Digital.http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx
…y muchas más, consulta nuestro Boletín de Novedades Bibliohemerográficas en: www.scjn.gob.mx
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La reForMaconsTiTucionaL de
derecHos HuManos:un nuevo paradigMa
Tendencias de LosTribunaLes consTiTucio-
naLes de México, coLoMbia y guaTeMaLa. anáLisis de
senTencias para eLconTroL de
convencionaLidadObra colectiva coeditada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es una serie de en-sayos relativos a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que impactó en el con-junto de derechos humanos que reconoce la Ley Suprema. Los autores se refieren prác-ticamente a todos los temas de central importancia que dieron impulso a la reforma mencionada. Al final aparece un cuadro comparativo que permite apreciar su utilidad.
Esta compilación de textos rea-lizada por la Coordinación de Derechos Humanos y Aseso-ría de la Presidencia de la Su-prema Corte de Justicia de la Nación y por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reúne ilus-trativos ensayos en los que se analizan las sentencias de los tribunales constitucionales de México, Guatemala y Colom-bia, sobre temas relacionados con los derechos humanos.
Publicaciones
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Informes:Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis
Tels. 01 (55) 41-13-11-71 / 01 (55) 41-13-10-0001 (55) 41-13-11-00 exts. 2280, 2031, 2038 y 1171
Jueces eJeMpLares,serie núM. 5
pedro sáMano. La vida, La ciencia y eL TieMpo deL
Juez que eMiTió La priMera senTencia de aMparo
Biografía de Pedro Sámano, Juez famoso por haber dictado la pri mera sentencia de am-paro el 13 de agosto de 1849. El autor de esta vasta semblanza es Pedro Elías Soto Lara, Ma-gistrado ads crito al Segundo Tribunal Colegiado del Nove-no Circuito. La obra ofrece un contexto de la situación políti-cosocial del país en los albores del amparo como máximo mecanismo de defensa de los derechos fundamentales del hombre. Incluye Apéndices en CD-ROM.
cd-roM digesToconsTiTucionaL Mexicano,
cHiapas(Libro electrónico)
Este libro electrónico contiene información pormenorizada so-bre la historia constitucional de Chiapas: sus leyes fundamen-tales, debates, decretos de refor-mas constitucionales e integra-ción de los Poderes locales. Asimismo, incluye un estudio introductorio del Magistrado Manuel González Oropeza y las herramientas informáticas con que cuenta permiten hacer con-sultas ágiles.
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Género y Justicia
E l principio de igualdad ha sido una de las principales herra-mientas de las diferentes teorías feministas en sus luchas por
mejorar la posición de las mujeres. Esto se debe, en gran medida, al punto del cual partieron: una regulación familiar, civil, laboral y política en la que se realizaban diferenciaciones entre hombres y mujeres, que redundaban, sobre todo, en una exclusión de las segundas de muchos de los derechos considerados fundamen-tales en el régimen jurídico.1 Con la introducción del paradigma de la igualdad formal, se rompieron las barreras para que las mu-jeres ingresaran a los mundos antaño considerados del dominio masculino –la escuela, las empresas y la política–, pero también se abrió la posibilidad del tránsito inverso: los hombres incursio-nando en las labores del hogar y del cuidado de los infantes. Si la igualdad es entre los sexos –“el varón y la mujer”, como dispo-ne el artículo 4 constitucional–, lo anterior es una consecuencia lógica.
Para la teórica feminista del derecho, Martha Fineman, la neu-tralidad, normativa que borra las diferencias entre los sexos –producto de un concepto de igualdad formal muy específico–, debe ser objeto de un análisis crítico y riguroso, particularmen-te en la arena familiar.2 En The Neutered Mother, The Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies, Fineman revisa las consecuencias de este giro igualitarista en la regulación de la maternidad.
Su análisis comienza con la admisión de que la “neutralidad” –como ella llama al establecimiento de la igualdad formal– re-presentó un paso importante para las primeras feministas que querían demostrar que para las cuestiones relevantes como trabajar, votar, manejar o disponer de sus propios bienes, no existían diferencias significativas entre mujeres y hombres que justificaran un tratamiento desigual. El “fetiche liberal” con la igualdad, sin embargo, no se acotó a lo público, sino que salpicó a lo privado, permitiendo una serie de reformas que transfor-marían el ámbito de lo familiar. Para Fineman, una de las más importantes reformas ocurrió en relación con la guarda y cus-todia de los hijos e hijas, tanto fuera del matrimonio como en el contexto del divorcio.
En el escenario del divorcio, Fineman expone cómo, en un inicio, la patria potestad de los infantes recaía, de manera absoluta, en el padre. La madre, si bien era la encargada de las cuestiones del hogar, carecía de poder real sobre la descendencia. El primer giro de esta regulación, al menos en Estados Unidos, surgió a partir del principio del “interés superior del menor” que, en una de sus interpretaciones más recurrentes, supuso, y aún supone, que, en sus primeros años de vida, lo mejor para los niños y niñas es es-tar con su madre.
La base de esta presunción establecida a favor de las madres, sin embargo, obedecía más bien a una concepción que, a la luz de los feminismos del siglo XX tardío, resulta estereotípica de las mujeres, ya que se basa en la idea de la sensibilidad intrínseca de la figura de “La Madre”, característica que la convierte en la persona apropiada para cuidar y proteger a los niños y niñas. 31 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como fue promulgada en 1917, se les prohibía a las mujeres desempeñar “labores insalubres o peligrosas” y trabajos nocturnos industriales, así como permanecer en establecimientos comerciales después de las diez de la noche (artículo 123, fracción II). 2 Martha Fineman, The Neutered Mother, the Sexual Family, and Other Twentieth Century Tragedies, Routledge, Reino Unido, 1995, pp. 41-42.3 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1573/2011, reconoció que la propia Suprema Corte, en las séptima y octava época, sostenía este criterio basado en estereotipos de género. (pp. II-III, 21-24). En dicho fallo, se busca precisamente proscribir las consideraciones estereotípicas en la decisión en torno a la guarda y custodia de los hijos, determinando que estas cuestiones deben resolverse atendiendo al interés superior del menor y la igualdad entre los sexos: “no existe […]”, sostuvo la Primera Sala, “una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juege a favor de alguno de los progenitores, pues en principio tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos”.
Si bien, para Fineman, la regulación que permitía la preferencia por la madre en las asignaciones de custodia tenía un potencial feminista inmenso, en tanto abría a las mujeres la posibilidad de acceder a la esfera pública sin poner en riesgo sus relaciones afectivas con sus hijos (as), éste quedó cancelado cuando dicha preferencia se combinó con la falta de acceso real a las liberta-des educativas, políticas y laborales por parte de las mujeres. Sin derechos, o sin posibilidades de ejercerlos, las mujeres que-daron reducidas a madres, atadas al hogar bajo el argumento de que esto era lo mejor para los niños y las niñas.
Dicha prelación convivió, además, con una regla que determi-naba que si la madre no era apta para cuidar de sus hijos (as), perdía su guarda y custodia. El problema con esta norma –que subsiste hasta el día de hoy– es la forma en la que se interpretó: las madres inadecuadas tendían a ser las que cometían “indis-creciones sexuales” –las adúlteras, las lesbianas, las concubi-nas.4 La regulación sobre la custodia acabó convirtiéndose, así, en un medio de control sobre las mujeres.
En relación a los hijos e hijas fuera del matrimonio, el criterio que definía todo era el matrimonio. En Estados Unidos este cri-terio fue tan importante que los niños o niñas que nacían fue-ra de él eran considerados filius nullius: hijos de nadie. A finales del siglo XIX, sin embargo, se reconoció el vínculo entre el niño y su madre –constituyendo a la “madre soltera y su hijo” como una unidad familiar. La filiación con el padre sólo era posible a través del matrimonio con la madre.
¿Qué ha pasado en las últimas décadas? De acuerdo con Fineman, las reivindicaciones feministas que permitieron a las mujeres liberarse de las sujeciones domésticas: votar y traba-jar fuera de la esfera del hogar, representaron un empodera-miento sin precedentes: por primera vez, contaban con poder político y económico, pero también familiar. Cualesquiera que fueran sus decisiones de vida, tratándose del amor, tenían ase-gurada su relación con sus hijos e hijas, en sus propios térmi-nos, a la par de que podían gozar de una relativa independencia económica.
Esto, al poco tiempo, fue percibido como una injusticia por parte de los hombres, sobre todo en el contexto del divorcio en el que los padres tenían que cumplir obligaciones econó-micas sin “gozar” del beneficio de tener a sus hijas (os). Así, en congruencia con la “neutralidad de género” –misma que las feministas habían utilizado para erradicar las barreras en las normas–, se comenzó a borrar las distinciones establecidas a favor de las madres. Así como las mujeres, en esencia, no tenían ningún impedimento para trabajar; los hombres, en esencia, no tienen ningún impedimento para ser padres buenos, sensi-bles, solidarios y cumplidos.
Si bien existían razones simbólicas importantes que justifi-caban esta transformación, para Fineman, la “preferencia con base en el género” tenía sustento empírico o intuitivo signi-ficativo: en la mayoría de los casos, eran las mujeres quienes
4 El caso más notorio y actual de este supuesto es el de la Jueza Karen Atala: al separarse de su marido, acordaron que ella tendría la guarda y custodia de sus tres hijas. Cuando, al año de separarse, Karen invitó a vivir a su nueva pareja –una mujer– con ella y con las niñas, el ex marido interpuso una demanda alegando, precisamente, que ella no era apta –por ser lesbiana– para cuidar de las niñas. La Corte Suprema de Chile le dio la razón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió, en febrero de 2012, que esta decisión había violentado, entre otros, el derecho a la no discriminación, a la vida privada y a la vida familiar de Karen Atala. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 24 de febrero de 2012 (Fondo, reparaciones y costas), disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
¿Qué significa la “neutralidad” en las reglas de custodia?
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habían destinado tiempo y esfuerzo de manera sistemática y continua al cuidado de los niños y niñas, y eran ellas también quienes seguramente lo seguirían haciendo. “Incluso si el fin último es la neutralidad de género”, escribe, “la imposición inmediata de reglas que implementan esta neutralidad en el contexto del derecho familiar es falsamente ingenua. El efecto es detrimental para quienes han construido sus vidas alrede-dor de los roles de género.”5 ¿Por qué? Porque coloca en un plano de igualdad a quienes mayoritariamente, en los hechos, se encuentran en condiciones desiguales en tanto una parte, las mujeres, ha dedicado su vida a sus hijos o hijas y la otra, los hombres, no, pero dado el vínculo “biológico” que tienen con los infantes –y la posibilidad económica de contribuir a su desarrollo– se estima deben tener el “mismo derecho” a permanecer con ellos o ellas. Esta aproximación no sólo deva-lúa las tareas y el esfuerzo que implica el cuidado –y privilegia la biología y lo económico–, sino que crea una nueva sujeción: si, después de un largo proceso judicial, las mujeres logran mantener la guarda y custodia de sus hijos (as), lo más seguro es que queden sujetas, de alguna u otra forma, a la ex pareja. Las restricciones pueden ser geográficas –no pueden mudarse, si ello va a intervenir con las visitas paternales– o punitivas –si no logran que sus hijas (os) vean a sus padres, pueden ser casti-gadas por ello.
En el contexto de las madres solteras, ha ocurrido un cambio similar. A mediados del siglo XX, la política pública estadouni-dense en relación con las madres solteras fue, para Fineman, positiva: iba desde la creación de guarderías –para posibili-tar su incorporación al mundo laboral a la par de que podían cumplir con sus obligaciones maternales–, hasta subsidios económicos que las ayudaban a cuidar a sus hijos, en caso de que no obtuvieran trabajo. A finales del siglo, sin embargo, esta “solución” al “problema” de las madres solteras comenzó a cuestionarse y, en su lugar, surgió la figura del padre biológico como remedio perfecto: ¿por qué debía el Estado pagar por una circunstancia que podía resolverse con los vínculos familiares? Para Fineman, la respuesta es clara: porque involucrar a los padres, en la gran mayoría de los casos, sujeta a las mujeres a una relación, por lo general, problemática.Al leer a Fineman, queda claro que el dilema está en la asigna-ción de responsabilidades: ¿quién tiene que hacerse cargo de los hijos e hijas y por qué? ¿La madre, solamente; la madre y el Estado; la madre y el padre? Lo cierto es que varios arreglos son posibles. Por lo tanto, lo importante son las razones ofrecidas para elegir uno u otro esquema. Esas “razones”, para Fineman, deben incluir los efectos que, en la práctica, tenga cada uno de estos arreglos. El argumento de Fineman revela la importancia de considerar las consecuencias estructurales de normas planteadas como neutrales. Esto es, si bien un criterio normativo –que, en el derecho, opera como una “razón para la acción”– puede sonar muy adecuado en papel–como el “interés superior de la infan-cia” o la “igualdad formal”–, no se debe ignorar el impacto que una norma general abstracta tendrá en los hechos concretos: ¿a quién empodera? ¿cómo le empodera? ¿para qué le empo-dera? ¿a quién desprotege? En última instancia, igualar a los hombres y a las mujeres, ¿invisibiliza o desconoce alguna realidad?
5 Fineman, supra, p. 89.
Recomendación cinematográficaKramer contra Kramer, EUA, 1979. Dirigida por Robert Benton y estelarizada por Meryl Streep y Dustin Hoffman. Esta película representa el giro que Fineman identifica en la regulación de la guarda y custodia de los hijos. Es la historia de una pareja –los Kramer (Streep y Hoffman)– que, por múltiples razones, se separan. De forma inesperada, ella lo abandona a él, dejándolo solo con su hijo pequeño. Al principio, él no sabe ni cómo prepararle el desayuno. Con el paso del tiempo, logra crear un hogar armónico y desarrolla una relación con su hijo. La madre regresa y quiere recuperar la guarda y custodia. Dado el sistema jurídico que favorece a la madre en estas situaciones, el personaje de Hoffman se ve amenazado y tiene que demostrar que, a pesar de ser hombre, es tan capaz de cuidar y amar a su hijo como su madre.
La Madonna Litta,Leonardo da Vinci
Seminario sobre el derecho a la reparación por violaciones de derechos humanosMiércoles 5, 12, 19 y 26 de septiembre 17:00 a 20:00 hrs.Aula 5 del Edificio Alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en Av. Revolución No. 1508, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.Este seminario proporcionará conocimientos básicos so-bre el derecho a la reparación en casos de violaciones a derechos humanos.Cupo limitado. Dirigido a personal jurisdiccional. Informes e inscripciones al 54 81 47 70, ext. 1405.
Taller de derechos sexuales y reproductivos 2012Quinta sesión: “Reconocimiento público de relaciones en-tre parejas del mismo sexo en México”> Mtro. Genaro Lozano, Instituto Tecnológico Autónomo de México.Martes 18 de septiembre 13:00 hrs.Salón de los Eméritos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Informes con Fabiola Delgado al 5481-4770, ext. 1407, del Programa de Equidad de Género en la SCJN.
Foro de discusión jurídicaEstereotipos de género e interpretación judicialJueves 27 de septiembre 2012 9:00 a 17:30 hrs. Salón Don Alberto 4 del Hotel Hilton, ubicado en Av. Juárez número 70, Col. Centro, D.F.Personalidades de la judicatura y academia latinoameri-cana, así como personal jurisdiccional mexicano, aborda-rán la jurisprudencia comparada para identificar líneas de argumentación favorables a los derechos humanos de las mujeres.
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Por su destacada defensa del estado de derecho y por su lucha para que la justicia se imparta
con una perspectiva de género, la Universidad del Claustro de Sor Juana otorgó este año, la Presea Sor Juana Inés de la Cruz a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero.
Al recibir la máxima distinción que confiere esa institución educativa a las personalidades que han destacado en diferentes ámbitos de la vida, la Minis-tra Sánchez Cordero afirmó que de Sor Juana Inés de la Cruz admira su prosa y sus ensayos, pero principal-
mente su forma clara de entender a la justicia.Sor Juana, subrayó la Ministra Sánchez Cordero,
nos enseñó con su vida y pensamiento a ejercer per-manentemente una crítica de lo real, a crear espacios de interés general en favor de la tolerancia y el respeto.
Por su parte, Carmen López-Portillo Romano, Rec-tora del Claustro, manifestó que la Ministra Sánchez Cordero es un ejemplo porque ha sido una mujer que ha hecho del ejercicio de la justicia, vocación.
La Ministra Olga Sánchez Cordero estuvo acompa-ñada por su familia.
Otorgan presea Sor Juana Inés de la Cruz a Ministra Olga Sánchez Cordero
Cristina Martínez
Radiación solar y sus efectos en la salud
¡No necesitas esconderte para proteger tu piel; solamente debes ser precavido!
Es un indicador de la intensidad de radiación ultra-violeta proveniente del sol a la superficie terrestre. También mide los niveles de radiación ultravioleta relativos a sus efectos sobre la piel humana.
Este índice se expresa como un valor superior a cero; cuanto más alto es su valor, mayor es la probabilidad de lesiones cutáneas y oculares y menor el tiempo que tardan en aparecer éstas.
Índice ultravioleta (iuv)
íNdiCE uv MEdidAS PREvENTivAS A AdOPTAR
1 • 2 NO NECESITA PROTECCIÓN Puede permanecer En el exterior sin riesgo
3 • 4 • 5 •6 • 7 NECESITA PROTECCIÓN
Sombra en horas centrales del día (*)Crema de protección solarGafas de protección solarSombrero (gorra o gorro)
8 • 9 • 10 • 11 NECESITA PROTECCIÓN EXTRA
Sombra en horas centrales del día (*)Crema de protección solarGafas de protección solarSombrero (gorra o gorro)
(*) Las horas centrales del día son las comprendidas entre las 11 y las 15 horas en invierno y entre las 12 y las 16 horas en verano. Hay que tener presente que en esas cuatro horas se concentra el 70% de la dosis de radiación total diaria.
INFORMES:Dirección general de seguridad subdirección general de servicios médicos • tel. 4113100 Ext. 1148 /2616
Tipos de pielLos efectos dañinos de la radiación UV dependen de la dosis recibida y de la sensibilidad del individuo, y por tanto, de los diferentes tipos de piel.La piel humana se puede clasificar en cuatro grupos principales depen-diendo de la capacidad de ésta para broncearse.
Tiempo máximode exposición solarÉste se puede definir como el tiem-po al que se puede estar expuesto al sol sin protección y sin quemarnos.
TIPOS DE PIEL 1 2 3 4
Se broncea Nunca A veces Siempre SiempreSe quema Siempre A veces Rara vez Nunca Color de pelo Pelirrojo Rubio Castaño NegroColor de ojos Azul Azul-verde Gris-marrón MarrónTiempo máximo de exposición, si el IUV es de 7 20 minutos 27 minutos 34 minutos 40minutos
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Q Prl ...... mOdulo
~C_''lI_''''''dlg_ hu ..... y .. p<lnclplo pro _1
Q Sogundo módulo ¿Cómo oro_III, 100 "., ... 110 •• ocl.,.?
o T_módulo u.._poIftlc , O"ClooWM __ h........,.
o Cuarto módulo ¿Cómo..-g_w ..... "oe'..,.. .. II_<IO""""''''''?
o Qulnlo módulo ¿Cómo org.......t.rloo doioKliO ••
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o Sexto módulo ¿Cómo orvun-.... loo"" J .... 11,_", la 16 .. <Oi,Iwi"pcoti_1
Del 21 al 23 de Noviembre
Sede: ArchIvo General de la Nación
Eduardo Malina 113 Peml!lflC,ana, 1!:.3:>O, Ciudad de
MéXICO. Dlslnto Federal
Pul-togiltro ""'ig ....... y progr ....... , .... ·<><"-'lu'kIko.gob.mll
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Tel. 41 13100004113 l ' 00 &t. 5142, 1150, 1157, 11511 Y liD
