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ACUERDO Nº 178 En la ciudad de Rosario, el día 15
de Septiembre del año dos mil catorce, reuniéronse en Acuerdo los Jueces de la
Cámara de Apelación de Circuito doctores Eduardo Jorge Pagnacco, Ricardo Netri
y René Juan Galfré, para dictar sentencia en los caratulados “PODRUG BORIS c/
GENTILE MARTÍN HUGO y OTROS s/ COBRO DE PESOS” Expte. N° 69/14
(Expte. N° CUIJ: 21-00138345-8 del año 2012 del Juzgado de Primera Instancia
de Circuito de la 4° Nominación de Rosario).
Se resolvió someter a sorteo el estudio de la causa, resultando el
siguiente orden: doctores Ricardo Netri, René Juan Galfré y Eduardo Jorge
Pagnacco.-
Hecho el estudio de la causa, se resuelve plantear las siguientes
cuestiones:
1º) ES NULA LA SENTENCIA RECURRIDA ?
2º) EN SU CASO, ES JUSTA ?
3º) QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR ?
A la primera cuestión, el doctor Netri dijo:
Mediante la sentencia N° 2832/13 (fs. 80/83), a cuya relación de la
causa me remito por razones de brevedad, se resolvió: Condenar a María Eugenia
Arias y a Martín Hugo Gentile a pagar solidariamente a la actora, en el término de
cinco días, los montos fijados, con más intereses moratorios y punitorios, de
conformidad a lo determinado en los “considerandos” de dicha sentencia y las
costas del proceso.
Contra dicho pronunciamiento se alza el demandado Martín Hugo
Gentile interponiendo recurso de apelación y conjunta nulidad (fs. 84). Respecto
de los recursos incoados se dispuso conceder los mismos por Auto N° 2918/13 (fs.
85). Llegados los autos a esta instancia el demandado Martín Hugo Gentile
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expresa agravios a fs. 95/103 y el actor contesta los agravios a fs. 109/115.
Encontrándose consentida la providencia que llamó los autos para
dictar sentencia (fs. 121 y 122), quedan los presentes en estado de definitiva.
El recurso de nulidad deducido no ha sido sustentado en esta
instancia, y tampoco resulta de lo actuado que se hayan violado u omitido las
formalidades prescriptas con carácter sustancial por la ley de rito, cuyo
quebrantamiento podría autorizar la declaración oficiosa de la nulidad, por lo que
corresponde su desestimación.
Por ello, voto por la negativa.
A la misma cuestión, los doctores Galfré y Pagnacco dijeron:
De acuerdo con lo expuesto por el Vocal preopinante, votamos en
igual sentido.-
A la segunda cuestión, el doctor Netri dijo:
En la expresión de agravios, el recurrente plantea como primer
agravio que el a-quo haya considerado que el convenio presentado en autos a fs.
21/23 no constituya una transacción. Al respecto dice que quien redactó el
“convenio transaccional” fue el Dr. Lisandro Sylvestre Begnis por derecho propio y
como apoderado legal del Sr. Boris Podrug, por lo que resalta que quien calificó el
contrato no fue un lego en la materia sino un profesional del derecho. Agrega que
en su alegato, la parte actora siguió otorgándole reiteradamente a tal documento
la naturaleza jurídica de transacción.
También pone de relieve que no constituye un dato menor que en el
marco del convenio transaccional, los acreedores celebraron un nuevo contrato de
fianza con el Sr. Norberto Arias, excluyendo del mismo al Sr. Martín Hugo Gentile,
ya que éste no participó en él.
Además, dice que debe tenerse presente que en el “convenio
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transaccional” sí existieron concesiones recíprocas. Considera que el hecho de
otorgar una “espera”, es decir, plazos para el pago, constituye una concesión por
parte de los acreedores; como también reviste el carácter de una concesión no
cobrar intereses por el diferimiento de dichos pagos. Añade que también resulta
una concesión por parte del acreedor el hecho de hacer una “quita” en el monto
adeudado. Respecto de esto último, el apelante practica una planilla a la fecha del
convenido transaccional, de la que surge que el monto total de la deuda que tenía
la Sra. María Eugenia Arias a esa fecha ascendía a $ 263.507,19, lo que pone de
manifiesto -dice- que en el convenio transaccional se efectuó una importante quita
a favor de la deudora, ya que en el convenio se transó por la suma de $ 193.260,
con lo que la quita asciende -como mínimo- a la suma de $ 70.247,19. Manifiesta
que resulta absolutamente desajustado a la realidad considerar que no hayan
existido concesiones por parte de los acreedores en la transacción celebrada, ya
que de acuerdo a lo que expuso, éstos concedieron a la deudora tanto una
importante quita como una espera concediendo plazos para el pago sin intereses.
Por ello, expresa que resulta erróneo que se haga caso omiso a la transacción
celebrada y a su consiguiente efecto extintivo en relación a la fianza prestada por
Gentile. Ello así -señala- en razón de lo dispuesto por el art. 852 del Código Civil.
En segundo lugar, le agravia que en la decisión del Juez de primera
instancia, no se haya considerado el planteo de extinción de la fianza por vía
directa o principal, en virtud de la prórroga del pago concedida por el acreedor al
deudor sin consentimiento del fiador, tanto por aplicación del art. 2046 como del
art. 1582 bis y su hermenéutica. Señala que es el propio juez de primera instancia
quien niega naturaleza transaccional al convenio y manifiesta que:
“aparentemente se ha tratado de un reconocimiento de deuda y formulación de
plan de pagos, pero no de una transacción”. Advierte el recurrente que la
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“formulación de un plan de pagos” como la denomina el juzgador -si sólo por
hipótesis así se la considerara- constituye una prórroga de pago, produciéndose la
plataforma fáctica exigida por el art. 2046 del Código Civil para que se produzca la
extinción de la fianza por vía directa o principal.
Por otro lado, manifiesta que sin perjuicio de lo dispuesto literalmente
por el art. 2005 del Código Civil, el art. 1582 bis del mismo cuerpo legal, que fue
incorporado por la ley 25.628, protege a los tres tipos de fiadores (simple,
solidario, principal pagador), incluso va más allá y extiende el beneficio al
codeudor. Ello -señala- ha sido la respuesta a la regla que la costumbre ha
impuesto de constituir al fiador no sólo en principal pagador sino también en
deudor solidario. Enfatiza que a partir de la sanción de la ley 25.628 que incorpora
el art. 1582 bis al código Civil, no caben dudas que se sitúa a quien se ha obligado
como “principal pagador” dentro del ámbito de la fianza. Advierte que no sólo fue el
Sr. Martín Gentile quien quiso ser fiador y no otra cosa, sino que el propio
acreedor así lo considera no sólo en el instrumento denominado “Prórroga de
Contrato de Locación”, sino también en su escrito de demanda y en sus alegatos;
y luego -el impugnante- añade que si el acreedor así no lo considerare, ¿con qué
finalidad incluiría una cláusula -aunque nula- en la que el fiador renuncia al
derecho de extinción de la fianza?.
En tercer lugar, el recurrente se agravia que el a-quo haya
considerado que la actora ha ejercido un pacto comisorio y considere que el
convenio transaccional nunca ha existido por el efecto retroactivo de la resolución,
cuando es evidente -dice el apelante- la voluntad diversa de la actora de querer
hacerlo valer ya que a fs. 23 pretende hacer efectivo el allanamiento inserto en él
de la deudora María Eugenia Arias. Indica la impugnante las diferencias que
existen entre el instituto de la condición resolutoria y el pacto comisorio (la primera
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opera ipso iure, en cambio, el pacto comisorio sólo puede invocarse por la parte
cumplidora) y señala que debe tenerse presente que en modo alguno la actora ha
expresado su voluntad de ejercer el “supuesto” pacto comisorio, que traería como
consecuencia ineludible que se tenga como no escrito el convenio y se restituyan
las prestaciones que las partes se hubieren dado. Por el contrario -sigue diciendo-
en su escrito de fs. 23 dice expresamente: “Que por lo tanto, vengo a denunciar el
incumplimiento del acuerdo, y en virtud del allanamiento de la señora Arias a la
demanda, vengo a solicitar que se continúe el trámite”. Advierte que el
allanamiento a que hace referencia la actora es el contenido en la cláusula primera
del convenio transaccional; y, por otro lado, la actora retuvo para sí la suma de $
13.260 que fue objeto de la dación en pago efectuada a través del mentado
convenio.
Concluye que a diferencia de lo que entiende el a-quo la actora en
ningún momento manifestó la voluntad de dejar sin efecto el convenio
transaccional y/o restarle validez, sino que lo hizo valer. Si la actora no hubiere
querido hacer valer el convenio, se hubiera limitado a continuar el juicio sin
presentarlo al juez de la causa.
Además, destaca que los pretendidos efectos retroactivos de la
mentada resolución, serían -a todo evento- inoponibles al fiador, habida cuenta
que respecto de éste el efecto liberatorio se cumplió, materializó y agotó antes del
ejercicio de la voluntad extintiva del actor, como consecuencia de haber sido ajeno
al mencionado acuerdo transaccional.
En cuarto lugar, la recurrente manifiesta que le agravia que el a-quo
no haya tenido presente la conducta maliciosa o al menos negligente del acreedor
en relación al fiador. Sobre este particular dice que el Sr. Gentile firma un contrato
de fianza inserto en el “denominado prórroga de contrato de locación”
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prerredactado por profesionales contratados por el acrredor -Inmobiliaria Daniel de
León- y en el cual se encuentran insertas cláusulas nulas ya que contradicen
normas de orden público como lo es el art. 1582 bis del Código Civil, tal como fue
declarado por el juez de primera instancia. Agrega que ese instrumento fue
suscripto por el garante sin recibir una copia del mismo y sin que lo suscriba la
locataria. Luego -agrega- ni siquiera se le notificó al Sr. Gentile del inicio del juicio
de desalojo y existieron otros juicios entre locador y locataria e inclusive la
Inmobiliaria Daniel de León, de los cuales el Sr. Gentile tomó conocimiento sólo en
forma tangencial. Argumenta que para agravar aún más la cuestión y luego de
iniciados los presentes autos, la locataria, el locador y su abogado celebran un
acuerdo transaccional -del cual tampoco toma conocimiento el Sr. Gentile- por el
cual la Sra. María Eugenia Arias desiste de todos los pleitos iniciados y se allana
al presente. Entiende que de lo acontecido resulta evidente la mala fe del acreedor
en perjuicio del fiador y con la finalidad de aprovecharse de su solvencia
económica. Opina que esta mala fe o negligencia del acreedor resultan relevantes
al momento de considerar la extinción de la fianza (art. 2043 C.C.).
En quinto lugar, el apelante se agravia de los intereses establecidos
en la sentencia de primera instancia. Considera que el a-quo ha fallado extra
petita en relación a los intereses. Relata que en la demanda el actor solicitó
únicamente la aplicación de los intereses punitorios que surgen de la cláusula
segunda de la “Prórroga del Contrato de Locación” y -dice- el juez de oficio
adicionó a los intereses punitorios solicitados por la actora, intereses moratorios.
Agrega que la locataria no suscribió el instrumento denominado
“Prórroga de Contrato de Locación”, por lo que al no existir prórroga suscripta por
la locataria, el contenido que se pretende hacer valer carece de eficacia jurídica y
no es vinculante ni obligatorio para Gentile, en razón de que este último no puede
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obligarse más que el inquilino -que no suscribió la prórroga- porque su obligación
es accesoria a la obligación contraída por éste.
Expresa el recurrente que la diferencia entre intereses moratorios y
punitorios es su causa fuente, pero ambos supuestos constituyen la indemnización
consiguiente al estado de mora del deudor. Añade que tanto intereses moratorios
como punitorios tienen la misma finalidad y, por ende, no corresponde su
acumulación y menos aún si no fue peticionado por la parte interesada en su
aplicación.
El actor contesta los agravios expresados por el demandado Martín
Hugo Gentile y solicita que se rechacen esos agravios y se confirme la sentencia
de grado, con costas.
Respecto del primer agravio, el demandante refuta la manifestación
del apelante en cuanto a la persona que confeccionó el documento presentado a
fojas 21/23. Dice que el mismo fue redactado por el patrocinante de la señora
María Eugenia Arias (deudora principal), el Dr. Leandro Lopérgolo.
Expresa que es correcto el tratamiento dado por el Juez de grado, en
cuanto a que el acuerdo es un liso y llano reconocimiento de deuda y formulación
de un plan de pagos y no una transacción, pues -dice- la locataria se allanó a
todas las pretensiones y no existieron “concesiones recíprocas”, elemento que
resulta esencial en la existencia de una transacción, más allá del título que se le
haya puesto.
Manifiesta su oposición absoluta a la planilla “ideada” por el
apelante, la que -afirma- no tiene ningún sustento fáctico ni jurídico, siendo
solamente una mera conjetura o idealización de su parte. Manifiesta que salvo el
capital y los honorarios del desalojo, todos los demás ítems incluidos en ella son
absolutamente falsos. Agrega que deja en claro, porque así fue convenido, que
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ninguna concesión o quita se hizo en dicho acuerdo (ver cláusula Tercera in fine).
Sin perjuicio de lo que señaló, aclara que ese acuerdo se extinguió
por incumplimiento total de la deudora Arias, quien no abonó ninguna de las
cuotas a que se obligaba en él.
Considera que resulta ajustado a Derecho que se haya determinado
en el fallo que no son aplicables las disposiciones propias de la transacción.
Respecto del segundo agravio, el actor dice que el acuerdo fue
resuelto por incumplimiento, por lo que el demandado no puede pretender que se
le extienda ninguna de las consecuencias del mismo. Resalta que, por lo tanto, no
puede el demandado Gentile oponer ninguna defensa o causal extintiva de sus
obligaciones en base a un convenio de pago tenido por no celebrado.
Además -agrega el actor- ninguna injerencia tiene el art. 2046 del
C.C. en este caso, ya que no hubo una modificación del contrato de locación, ni en
el plazo de pago ni en ninguna otra cláusula, ya que cuando se hizo el acuerdo de
pago, el contrato de locación estaba extinguido por incumplimiento, el inmueble ya
estaba desocupado y lo único que pretendía el acuerdo era que se abonaran las
sumas adeudadas.
En orden al tercer agravio, el actor reitera que el Juez ha dicho que
no ha existido transacción y su razonamiento es lo que corresponde a Derecho, ya
que surge de las actuaciones judiciales que la actora no ejecutó el acuerdo, sino
que denunció su incumplimiento para de ese modo resolverlo.
Interpreta que aún en el supuesto de que hubiese existido la
supuesta transacción pretendida por el apelante, la situación y la resolución
jurídica del caso no se modificaría. Ello por cuanto se aplican, entre otras, las
normas de los artículos 1201, relativo a la exceptio non adimpleti contractus, y
1204, que instituye el pacto comisorio implícito y faculta a cualquier parte para
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“resolver” la transacción, en caso de que la otra no cumpliera con el compromiso a
su cargo. Resalta que “resolver” implica tener por no celebrado, por inexistente y
no ocurrida.
Expresa que la actora no solicitó la ejecución del convenio, sino la
continuación del trámite del juicio originariamente planteado, quedando el
convenio como no realizado.
Concluye que la actora tuvo por extinguido el convenio de pago y
persiguió el cobro de la deuda original mediante la continuación del juicio ordinario
de cobro de pesos.
En cuanto al cuarto agravio, el actor manifiesta que el apelante
esgrime una serie de argumentos falsos y vacíos, en una catarata de mentiras y
agravios basados en hechos absolutamente incomprobables.
Plantea que si se analizan las conductas y actitudes habidas por el
señor Martín Hugo Gentile, se comprobará de qué lado estuvo la mala fe
contractual. Dice que fue el señor Gentile quien en todo momento intentó evadir el
cumplimiento de sus obligaciones.
Relata que como mínimo desde el 21 de diciembre de 2009 el
demandado Gentile conoce la deuda, y a pesar de ello siempre se negó a pagarla.
Luego, la locataria propuso una forma de pago con la supuesta
intención de cancelar toda la deuda, por lo cual se firmó el convenio de pago de
marras. Pero como la locataria incumplió totalmente el mismo, se resolvió y la
actora prosiguió con el juicio de cobro de pesos.
Recién en ese momento comparece judicialmente el apelante
Gentile, a pesar de tener noticia fehaciente de la deuda y del inicio del juicio de
desalojo y del anuncio del juicio de cobro de pesos y embargo en su contra desde
diciembre de 2009, pretendiendo desvincularse de su obligación con causa en ese
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convenio de pago extinguido por incumplimiento.
Expresa que la demandada intentó concretar una maniobra siniestra
que fracasó, siendo evidente que quien actuó con mala fe desde el comienzo es
justamente la parte demandada, quien además conoce la insolvencia manifiesta
de la locataria María Eugenia Arias y en consecuencia pretendía eludir sus
obligaciones perjudicando abiertamente al locador.
En cuanto al quinto agravio, manifiesta que la actora solicitó en la
demanda (a fojas 15 vta.) que al capital se le adicionen “los intereses
contractuales pactados en la cláusula cuarta del contrato”. Pero en la cláusula
cuarta no están establecidos los intereses, siendo un error de tipeo de su parte.
Más allá de eso -sigue diciendo- surge claramente que la actora pidió la aplicación
de los intereses pactados en el contrato, los que se encuentran estipulados en las
cláusulas 10° y 2° del mismo.
Manifiesta que no se ha fallado extra petita, sino que, por el
contrario, la resolución ha morigerado los intereses pactados. Pone de manifiesto
que el apelante ha consentido tal criterio cuando dijo que “debe tenerse presente
que los punitorios, en puridad, son los intereses moratorios expresamente
previstos en el contrato, y representan una modalidad de la cláusula penal
moratoria -art. 652-”. En consecuencia -dice el actor- si los punitorios son los
intereses moratorios expresamente previstos en el contrato, resulta lógico que el
a-quo haya morigerado los intereses pactados, y por ende, no existe agravio en tal
sentido siendo que en el fallo se han disminuido los intereses pactados
pretendidos en la demanda.
Entrando en el análisis de lo expuesto por las partes, lo primero que
debe señalarse es que un documento no constituye determinado acto jurídico por
lo que rotulan sus intervinientes, ni siquiera siendo profesionales, puesto que es
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tarea del juzgador encuadrar jurídicamente el mismo de acuerdo a la regla del iura
novit curia.
Sentado lo expuesto, corresponde examinar si el documento de fojas
21/22 es una transacción (como dice el apelante) o si es un reconocimiento de
deuda y formulación de plan de pagos (como lo rotula el a-quo y lo sostiene el
actor).
En esa tarea, debe recordarse que una transacción exige la
presencia de tres elementos: 1) Acuerdo de partes con finalidad extintiva. 2)
Concesiones recíprocas de las partes. 3) Obligaciones litigiosas o dudosas.
Lo que está en discusión entre las partes es si en el acuerdo
documentado a fojas 21/22, hubo concesiones recíprocas de los participantes o
no.
Refiriéndose a este elemento de la transacción, Mayo, Burgos y
Laveglia dicen: “Concesiones recíprocas de las partes. Esto quiere decir que cada
una de las partes debe sacrificar parte de sus pretensiones, abdicar parte de sus
derechos u obligarse a dar o hacer algo a cambio de lo que a su vez obtenga de la
otra parte. Se trata de un requisito esencial, pues tipifica a la transacción y la
diferencia de otras figuras -como el reconocimiento de derechos, el desistimiento y
la confirmación de actos jurídicos-. Por consiguiente, las concesiones recíprocas,
en cualquier caso, afectan a las pretensiones esgrimidas por las partes, o, si se
quiere, a los derechos que han alegado en la controversia” (Mayo, Jorge A.,
Burgos, Débora y Laveglia, Guillermo P., “Código Civil y normas complementarias.
Análisis doctrinario y jurisprudencial”, dirección: Alberto J. Bueres, coordinación:
Elena I. Highton, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 1998, Tomo 2B, pág. 270).
Zannoni y López Cabana, refiriéndose a las “concesiones
recíprocas”, expresan: “Este requisito caracteriza apropiadamente a la transacción
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y la distingue de otras figuras jurídicas afines. La ley exige que las partes se
hagan concesiones y que éstas sean “recíprocas”. Cada una deberá, pues,
sacrificar en alguna medida sus derechos o pretensiones” (Zannoni, Eduardo A. y
López Cabana, Roberto M., “Código Civil y leyes complementarias. Comentado,
Anotado y Concordado”, Director: Augusto C. Belluscio, Coordinador: Eduardo A.
Zannoni, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994, 2° reimpresión, Tomo 3, pág. 706).
En el acuerdo documentado a fojas 21/22, se puede observar que:
1) En la cláusula PRIMERA: “El deudor se allana en forma
incondicionada a la demanda interpuesta por Boris Podrug en los autos
caratulados “Podrug, Boris c/ Gentile, Martín Hugo y otro s/ Cobro de pesos”,
expte. CUIJ N° 21-00138345-8 del año 2012 con trámite por ante el Juzgado de
Primera Instancia de Circuito Civil y Comercial de la 4° Nominación de Rosario.
Que asimismo, desiste del recurso de apelación y nulidad interpuesto en los autos
caratulados … dejando firme la sentencia de primera instancia; y desiste del
proceso y de la acción interpuesta contra Boris Podrug y Daniel de León y/o
Inmobiliaria Daniel De León en los autos …, no teniendo nada que reclamar contra
las citadas personas por ningún concepto. Finalmente, el deudor reconoce
adeudar al Dr. Lisandro Sylvestre Begnis los honorarios correspondientes al juicio
de consignación … y a los honorarios regulados en los autos caratulados … s/
desalojo” (fs. 21).
2) En la Cláusula SEGUNDA: “En consecuencia el deudor se allana
a pagar, al acreedor y al Dr. Lisandro Sylvestre Begnis, la suma total de pesos
ciento noventa y tres mil doscientos sesenta ($ 193.260,-)... Las partes acuerdan
que la falta de cumplimiento, o la falta de pago en término y/o el pago defectuoso
de las cuotas por cualquier motivo que fuere, dará derecho al acreedor y/o al Dr.
Sylvestre Begnis a tener por decaídos todos los plazos sin necesidad de
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intimación ni interpelación alguna, a retener para sí como pago a cuenta de mayor
suma el dinero que efectivamente hubiere percibido hasta ese momento y a
requerir judicialmente, a su elección: 1) …, 2) continuar el trámite del juicio
“Podrug, Boris c/ Gentile, Martín Hugo y otro s/ Cobro de pesos”... solicitando
sentencia sin más trámite en virtud del allanamiento efectuado por el deudor en la
cláusula primera, tomando lo abonado a cuenta de lo adeudado en los juicios
mencionados en la cláusula primera...” (fs. 21 vta.).
3) En la cláusula TERCERA: “El acreedor y el Dr. Lisandro Sylvestre
Begnis aceptan el ofrecimiento de pago realizado por el deudor al sólo efecto
transaccional y sin que ello signifique reconocimiento de hecho y de derecho
alguno... El presente acuerdo no implica novación, quita, espera, renuncia o
modificación alguna a las pretensiones de la acreedora mencionadas en los autos
“Podrug, Boris c/ Gentile, Martín Hugo y otro s/ Cobro de pesos”, expte. CUIJ N°
21-00138345 del año 2012” (fs. 22).
4) En la cláusula CUARTA: “Las partes acuerdan que el embargo
ordenado en los autos “Podrug, Boris c/ Arias, María Eugenia y otros s/
aseguramiento de bienes”, expte. Nro. 45/2010 quedará trabado hasta tanto el
deudor abone todas las sumas comprometidas...” (fs. 22). Cabe señalar que el
embargo aludido en esta cláusula es sobre un inmueble del demandado Martín
Hugo Gentile (fs. 24 vta., 27 a 34 del citado expediente que tramita ante el
Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la 4° Nominación de Rosario).
Si se lee con atención lo transcripto anteriormente, se podrá advertir
que el acreedor no ha renunciado a ningún derecho, no ha abdicado de sus
pretensiones, ni se ha obligado a dar o hacer algo a cambio de lo que se obligó a
dar el deudor.
Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
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desde siempre, ha sentado la siguiente doctrina: “No reviste los caracteres de una
transacción un convenio en el que no medien concesiones recíprocas, ni se
extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, sino, simplemente, se concede un
plazo al deudor para la cancelación de su obligación, art. 832, Código Civil”
(C.S.N., “Don Alberto Palomeque contra la Provincia de Buenos Aires, por cobro
de pesos”, 6 de marzo de 1929, Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Tomo 154, pág. 85).
“No existiría transacción -según jurisprudencia de la Corte Suprema-
en los casos de reconocimiento liso y llano del derecho del actor, aun cuando éste
acordara al demandado alguna ventaja referente a la forma de hacerlo efectivo”
(C.S.N., “F. C. Nord Este Argentino contra Prov. de Corrientes”, 6 de mayo de
1940, La Ley, T. 18, pág. 686).
“Si la demandada reconoció el derecho del actor y éste se limitó a
conceder facilidades para el cumplimiento de la obligación, debe concluirse que
no ha existido transacción en el sentido del art. 832 del Cód. Civil” (CNTrab., Sala
I, 25 de agosto de 1961, “Albarracín, Florencio y otros c. Establecimientos Rodon
S.A.”, La Ley, T. 105, pág. 63).
Asimismo, Salas en su comentario al art. 832 del Código Civil,
expone: “A) Por concesiones recíprocas debe entenderse el sacrificio que cada
uno de los interesados haga de parte de sus derechos o pretensiones, o la
prestación que una de ellas realice o se obligue a realizar en favor de la otra. B)
En tal sentido se ha resuelto que no existe transacción por faltar estas
concesiones recíprocas, cuando el demandado reconoce lisa y llanamente el
derecho del actor, dando éste facilidades para el cumplimiento de la obligación, p.
ej., permitiendo que pague en cuotas lo que debía abonar íntegramente, o hace
una quita y facilita la forma de pago...” (Salas, Acdeel Ernesto, “Código Civil y
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leyes complementarias anotados”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1971, 2°
edición, actualizada, Tomo I, pág. 419).
Llambías, por su parte, enseña que: “La transacción se basa en un
intercambio de sacrificios: si una sola de las partes sacrificara algún derecho suyo,
ello sería una renuncia y no una transacción que requiere que medien
concesiones recíprocas (arg. art. 832)... Por ausencia de este requisito se ha
decidido que no es una transacción el acto que implica el completo desmedro y
hasta aniquilamiento de una de las partes; ni el allanamiento a la demanda,
aunque el actor conceda facilidades de pago”. Y en la nota N° 177 del pie de
página, Llambías precisa que: “La razón de esa posición reside en que el
allanamiento no es una concesión sino un reconocimiento de deuda, aunque haya
sido negociado mediante alguna ventaja”. Por esa explicación, respecto del criterio
jurisprudencial que consideró que había transacción cuando el demandado se
allana íntegramente al cobro reclamado y el actor no hace cuestión sobre las
costas ni sobre los intereses que había solicitado en la demanda, y también en el
caso de que el actor hace una quita conviniéndose la forma de pagar el saldo,
Llambías entiende que “en esos casos no había transacción sino reconocimiento
de deuda, que no se altera por las ventajas extrínsecas al acto que obtuviera el
reconociente” (Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil –
Obligaciones”, Editorial Perrot, Buenos Aires, 2° edición actualizada, 1977, Tomo
III, pág. 75 y nota N° 177).
Del análisis del documento de fojas 21/22, cuyas partes esenciales
fueron transcriptas anteriormente, se desprende que se trató de un allanamiento
“incondicionado” por parte de la demandada María Eugenia Arias, a la demanda
instaurada en esta causa, con más el desistimiento de los recursos de apelación y
nulidad deducidos por la señora María Eugenia Arias en el expediente sobre
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“consignación judicial”, con más el desistimiento de la mencionada Arias del
proceso y de la acción sobre la causa por “rendición de cuentas”, con más el
reconocimiento de la señora María Eugenia Arias de adeudar al Dr. Lisandro
Sylvestre Begnis los honorarios que le corresponden en el juicio de “consignación”
y en el juicio de “desalojo” (cláusula primera: fs. 21); y de un allanamiento de la
Sra. María Eugenia Arias a pagar a su acreedor (el señor Boris Podrug) y al Dr.
Lisandro Sylvestre Begnis una suma de dinero, de la que se da en pago lo que se
encuentra depositado en el juicio sobre “consignación judicial” y el saldo en cuatro
cuotas (todas dentro de los seis meses de la fecha del documento) (cláusula
segunda: fs. 21 vta.).
Además, se dejó asentado en el referido documento que lo acordado
en el mismo no implica novación, quita, espera, renuncia o modificación alguna a
las pretensiones de la acreedora en este juicio (cláusula tercera, segundo párrafo,
fs. 22).
Lo expuesto en forma expresa en la citada cláusula tercera del
documento, deja en claro que los acreedores no efectuaron ninguna “quita” a su
acreencia, por lo que los cálculos que realiza el apelante en su expresión de
agravios, según la planilla que practica para considerar que hubo una “quita”
importante a favor de la deudora, no se compadecen con los explícitos y
categóricos términos del acuerdo que celebraron las partes.
Incluso, también se acordó que el embargo ordenado en el
expediente sobre “aseguramiento de bienes” sobre el inmueble del codemandado
Martín Hugo Gentile (fiador de la locataria María Eugenia Arias en la prórroga del
contrato de locación: fs. 4 vta.), quedará trabado hasta tanto la deudora (señora
María Eugenia Arias) abone todas las sumas comprometidas (cláusula cuarta: fs.
22).
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De conformidad con la jurisprudencia citada, entre la que se
encuentra la del máximo tribunal del país (Corte Suprema de la Nación), y la
doctrina más prestigiosa, se concluye que lo instrumentado en dicho documento
no es una transacción, porque no surge en absoluto ninguna concesión por parte
de quienes figuran como acreedores: el señor Boris Podrug y el Dr. Lisandro
Sylvestre Begnis (fs. 21), ya que los acreedores no han renunciado a ningún
derecho, no han abdicado de sus pretensiones, ni se han obligado a dar o hacer
algo a cambio de lo que se obligó a dar el deudor.
Como dice Llambías: “no es una transacción el acto que implica el
completo desmedro y hasta aniquilamiento de una de las partes; ni el allanamiento
a la demanda, aunque el actor conceda facilidades de pago”, agregando que: “el
allanamiento no es una concesión sino un reconocimiento de deuda, aunque haya
sido negociado mediante alguna ventaja” (Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de
Derecho Civil – Obligaciones”, Editorial Perrot, Buenos Aires, 2° edición
actualizada, 1977, Tomo III, pág. 75 y nota N° 177).
En virtud de lo expuesto, se concluye que no resulta aplicable al
caso en estudio la disposición del art. 852 del Código Civil, por lo que el primer
agravio no puede tener acogida.
Corresponde, ahora, entrar al análisis del segundo agravio, en el que
el demandado Martín Hugo Gentile expresa que le agravia que en la decisión del
Juez de primera instancia no se haya considerado el planteo de extinción de la
fianza por vía directa o principal en virtud de la prórroga del pago concedida por el
acreedor al deudor sin consentimiento del fiador, tanto por aplicación del art. 2046
como del art. 1582 bis del Código Civil y su hermenéutica. Ello en virtud de lo
acordado en el documento de fojas 21/22.
Sobre esta cuestión resulta conveniente hacer algunas aclaraciones
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para entender la ratio legis (la razón legal) de esta disposición. En tal sentido se
ha señalado que: “El fundamento de la disposición está en el cambio de las
condiciones originariamente previstas para el cumplimiento de la obligación, que
no ha sido consentido por el fiador (Salvat – Acuña Anzorena, III, n° 2107, p. 304).
Por otra parte, debe considerarse que la prórroga puede perjudicar al fiador,
puesto que para él representa un mayor riesgo de tener que soportar la
insolvencia del deudor (Casanovas Moussons, La relación obligatoria de fianza, p.
38) y, por tal razón, aunque no constituya novación, no puede serle impuesta”
(Lavalle Cobo, Jorge E., “Código Civil y leyes complementarias. Comentado,
Anotado y Concordado”, Director: Augusto C. Belluscio, Coordinador: Eduardo A.
Zannoni, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004, Tomo 9, pág. 581).
Como puede advertirse, la referida disposición protege al fiador que
ha otorgado su garantía por un período determinado constituido por el plazo
convenido para que el deudor pague su deuda, y que si se prorroga dicho plazo
se agrava necesariamente la situación del fiador porque aumenta el período de la
garantía con el riesgo consecuente que ello implica (mayor tiempo de
afianzamiento de la posible insolvencia del deudor). Por ello, el art. 2046 sanciona
con la extinción de la fianza si se prorroga el plazo de pago de la deuda sin el
consentimiento del fiador.
En la materia específica de las locaciones, esta situación se presenta
toda vez que al vencimiento del plazo contractual, el locador le otorga al locatario
un plazo para la devolución de la tenencia del inmueble que excede el término
convenido en el contrato de locación, y existe un fiador que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el locatario. Frente a las diversas
soluciones que se presentaban (por haberse expresamente convenido en el
contrato la opción de prorrogar la fecha de vencimiento de la locación), se dictó la
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ley 25.628 que incorporó el art. 1582 bis al Código Civil.
Tal posible perjuicio de ninguna manera podía sufrirlo el señor Martín
Hugo Gentile por el hecho de que el locador (el señor Boris Podrug) en lugar de
exigirle el pago inmediato y total de la deuda vencida a la locataria (la señora
María Eugenia Arias), le haya otorgado la posibilidad de que se la pague una parte
al contado y el saldo en cuatro cuotas.
Corrobora lo expuesto precedentemente, si se tiene presente cuándo
resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2046 del Código Civil. Al respecto se ha
señalado que: “El precepto mencionado está exigiendo una fianza asumida con un
plazo de vigencia de tal caución. Es evidente que la prórroga concedida por el
acreedor es inoponible al fiador: la fianza se extingue por el vencimiento del lapso
convenido” (Spota, Alberto G., Leiva Fernández, Luis F. P. -actualizador-,
“Contratos. Instituciones de Derecho Civil”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2009,
2° edición actualizada y ampliada, Tomo VII, pág. 485).
Es decir, la fianza se extingue cuando como consecuencia de que el
acreedor prorroga el plazo del pago que debe hacerle el deudor, se extiende la
vigencia de la garantía más allá del plazo para el cual fue otorgada por el fiador.
Sobre este tema, Colmo señaló que: “la circunstancia de que el
locador no cobre al locatario algunos meses de alquiler, acordándole esperas, no
entraña la prórroga de plazo de que habla el art. 2046 y no puede importar la
extinción de la fianza, sea ella simple o de principal pagador” (Colmo, Alfredo, “De
las obligaciones en general”, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961,
N° 512e, págs. 357 y 358).
En el caso de autos, ante el incumplimiento por parte de la señora
María Eugenia Arias (locataria) de lo acordado con el señor Boris Podrug
(locador), este último optó por continuar el trámite de este juicio, que era una de
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las opciones que le otorgaba dicho convenio (fs. 21 vta.).
Por lo tanto, si la acción ejercida en autos por el actor es para cobrar
la deuda generada por la locataria (señora María Eugenia Arias) al no haber dado
debido cumplimiento a la prórroga del contrato de locación que el señor Martín
Hugo Gentile firmó como fiador (fs. 4 vta.), de ninguna manera se ha configurado
respecto de este demandado la situación contemplada en el art. 2046 del Código
Civil, ni tampoco la prevista en el art. 1582 bis del mismo Código.
En consecuencia, este segundo agravio tampoco puede tener
acogida.
En el tercer agravio el apelante expresa que le agravia de que el a-
quo haya considerado que el actor ha ejercido un pacto comisorio y considere que
el convenio transaccional nunca ha existido por el efecto retroactivo de la
resolución.
Al respecto cabe señalar que, como antes se dijo, el acuerdo
celebrado por el señor Boris Podrug y el Dr. Lisandro Sylvestre Begnis con la
señora María Eugenia Arias, no reviste la naturaleza jurídica de una transacción.
Pero más allá de dicha conceptualización, no se advierte cuál es el
perjuicio que le causa al recurrente las consideraciones del a-quo a las que alude
en este tercer agravio.
En efecto, el actor ante el incumplimiento por parte de la señora
María Eugenia Arias al acuerdo que había celebrado, optó por continuar el trámite
de este juicio. En su sustanciación, tanto la demandada María Eugenia Arias como
el codemandado Martín Hugo Gentile, pudieron ejercer durante el proceso todas
las defensas propias de este juicio. A ambos se les corrió traslado de la demanda
y pudieron ofrecer la prueba que hacía a sus derechos.
La demandada María Eugenia Arias no compareció y fue declarada
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rebelde (fs. 35). Además, no contestó la demanda ni produjo prueba alguna, por lo
que se le hizo aplicable la disposición del art. 143, 1° párrafo, del C.P.C.C. (fs. 80
vta.).
En cambio, el codemandado Martín Hugo Gentile compareció (fs. 18
y 27), contestó la demanda (fs. 39/46), ofreció pruebas, (fs. 54) y alegó (fs. 62 y
77/79).
En definitiva, el reconocimiento de la demandada María Eugenia
Arias a los hechos afirmados en la demanda, no proviene del acuerdo
acompañado a fs. 21/22, sino de la falta de contestación de la demanda y lo
dispuesto por el art. 143, primer párrafo, del Código del rito.
Por otro lado, al acompañar el actor el convenio agregado a fs.
21/22, reconoció haber recibido a cuenta parte de la suma reclamada en la
demanda, por lo que si no lo hubiera presentado su actitud hubiera podido ser más
reprochable porque se hubiese sospechado que quiso ocultar la suma que la
señora María Eugenia Arias le había dado en pago. Máxime si se tiene en cuenta
que esta última no compareció al juicio.
Por ello, este tercer agravio resulta improcedente.
En el cuarto agravio, el recurrente dice que le agravia que el a-quo
no haya tenido presente la conducta maliciosa o al menos negligente del acreedor
en relación al fiador.
Sobre este particular, del examen de las constancias que surgen de
las actuaciones (de este expediente y de los otros que se encuentran agregados
por cuerda floja) no aparece, ni remotamente, el reproche que formula el apelante
contra el actor. En efecto, quedó determinado en autos que la locataria dejó de
abonar los cánones locativos desde el mes de octubre de 2009 (ese mes sólo
abonó una parte y los meses siguientes directamente no los abonó) y el locador
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con total diligencia le notificó al fiador (señor Martín Hugo Gentile) la falta de pago
de los alquileres de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009 y le
comunicó que procedió a iniciar el correspondiente juicio de desalojo y que se iba
a iniciar los juicios por cobro de pesos y embargo preventivo en su contra. Dicha
Carta Documento fue remitida por el actor al señor Gentile en fecha 18 de
diciembre de 2009 y recibida el 21 de diciembre de 2009 (fs. 4 de los autos
caratulados “PODRUG BORIS c/ ARIAS MARIA EUGENIA Y OTROS s/ PREP. VÍA
EJECUTIVA”, Expte. N° 44/10 del Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la
4° Nominación de Rosario y fs. 4 de los autos caratulados “PODRUG BORIS c/
ARIAS MARÍA EUGENIA Y OTROS s/ EMBARGO PREVENTIVO”, Expte. N°
45/10 del mismo Juzgado).
Es decir que, a los dos meses de haber comenzado el
incumplimiento por parte de la locataria, ya el actor lo puso en conocimiento de la
situación al fiador.
Además, no es cierto que el locador consintió en que la locataria se
mantenga en la tenencia del inmueble locado, sin informar de tal situación al
fiador. Por el contrario, el señor Boris Podrug inició el juicio de desalojo de la
señora María Eugenia Arias el 18 de diciembre de 2009 (fs. 14 vta. de los autos
caratulados “PODRUG BORIS c/ ARIAS MARÍA EUGENIA s/ DESALOJO”, Expte.
N° 2112/09 del Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la 4° Nominación de
Rosario).
Tampoco es cierto que no le notificó al Sr. Gentile (fiador) el inicio del
juicio de desalojo, ya que el mismo día que presentó la demanda de Desalojo, le
remitió al fiador la Carta Documento comunicándole que había procedido a iniciar
este juicio contra la locataria (según puede verse en la Carta Documento aludida
anteriormente).
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Incluso, ya en la preparación de la vía ejecutiva el señor Martín Hugo
Gentile (fiador) fue citado a reconocer el contrato de locación, habiendo
comparecido a la audiencia fijada para el 26 de abril de 2010 (fs. 16 vta. del citado
expediente N° 44/10 del Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la 4°
Nominación de Rosario).
El hecho de que la señora María Eugenia Arias le haya prometido al
señor Boris Podrug, pagar lo que le debía como consecuencia de no haber
abonado los alquileres y haberse quedado en la tenencia del inmueble después
del vencimiento del plazo de la locación, no es una conducta que pueda
reprochársele al locador, puesto que si la locataria cumplía con lo prometido, en
definitiva lo liberaba al fiador de pagar lo que ella debía. En todo caso, si a alguien
se le puede reprochar lo ocurrido con ese convenio es a la señora María Eugenia
Arias, quien no cumplió lo que había prometido y por eso el locador debió
continuar el juicio de cobro de pesos contra el fiador.
Lo expuesto anteriormente, que está totalmente documentado,
denota que no hubo ninguna mala fe del acreedor en perjuicio del fiador con la
finalidad de aprovecharse de su solvencia económica, como erróneamente afirma
la recurrente.
Por el contrario, resulta llamativo que el señor Martín Hugo Gentile
(fiador) al contestar la demanda haya dicho: “NIEGO que en la preparación de la
vía ejecutiva caratulada “Podrug, Boris c/ Arias, María Eugencia y otros s/ medidas
preparatorias” (Expte. N° 44/2010) el señor Martín Hugo Gentile haya reconocido
expresamente su firma en el contrato de prórroga de locación celebrado entre el
Señor Podrug y la señora Arias, reconociendo también el contenido del
documento. RESULTA FALSO que el Sr. Gentile se haya constituido en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador, renunciando a los beneficios de división,
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excusión al derecho de extinción de fianza, por cualquier causa, aunque se
produzca novación, que les pudiere corresponder, a todas y cada una de las
obligaciones a cargo de la locataria y emergentes de la relación locativa, así como
los gastos judiciales y extrajudiciales, a que puedan dar lugar su incumplimiento”
(fs. 39 vta. último párrafo y 40 parte superior).
Por lo que puede observarse, el recurrente (fiador) negó lo que está
probado.
La mala fe hay que achacársela a quien debiendo pagar una deuda
no la paga o a través de argucias legales intenta liberarse de lo que debe.
Por ello, este agravio resulta claramente improcedente.
En el quinto agravio la impugnante dice que el a-quo ha fallado extra
petita en relación a los intereses, argumentando que en la demanda el actor
solicitó únicamente la aplicación de los intereses punitorios que surgen de la
cláusula segunda de la “Prórroga del Contrato de Locación” y el juez de oficio
adicionó a los intereses punitorios solicitados por el actor, intereses moratorios.
Al respecto debe observarse que en la Cláusula Segunda de la
“Prórroga del Contrato de Locación” se convino que: “El simple vencimiento del
plazo, le hará incurrir en mora a la 'Locataria' en forma automática, debiendo ésta
en tal caso, abonar un interés punitorio equivalente al doble de la tasa para
descuentos de documentos a 30 días de plazo, del Banco de la Nación Argentina,
por cada día de demora en el pago del alquiler, en concepto de cláusula penal
aplicable sobre el monto del alquiler vigente, a partir del día once de cada mes, en
forma independiente por cada mensualidad” (fs. 3).
La tasa de interés transcripta en el párrafo anterior, que es la
reclamada en la demanda, es más alta que la que fijó el a-quo, ya que en la
sentencia de primera instancia, sumando los intereses moratorios a los intereses
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punitorios, la tasa de interés a aplicar es de una vez y media (1,5) la tasa efectiva
promedio mensual -vencida- que cobra el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. en
operaciones de descuento de documentos a treinta días -sumada- (fs. 83 vta.).
Por lo tanto, ningún perjuicio le causa al recurrente la tasa de interés
establecida en la sentencia en cuestión, ya que es menor a la peticionada en la
demanda, cosa que el propio sentenciante dejó en claro al decir: “morigerando de
tal modo la pretendida por la accionante, en función de la consignada en el
contrato de afianzamiento -cláusula segunda-” (fs. 83 vta.).
Por ende, el juez no falló extra petita.
En cuanto a la validez de la “Prórroga del contrato de locación”, la
circunstancia de que la demandada María Eugenia Arias no contestó la demanda,
ni produjo prueba en contrario, implica su reconocimiento a los hechos articulados
por el actor (donde se afirmó sobre dicha prórroga del contrato de locación), de
conformidad con lo prescripto por el art. 143 del C.P.C.C..
En consecuencia, este agravio tampoco puede tener acogida.
Por ello, voto por la afirmativa.
A la misma cuestión, los doctores Galfré y Pagnacco dijeron:
De acuerdo a los principios y fundamentos a los que arriba el Vocal
preopinante, votamos en igual sentido.-
A la tercera cuestión, el doctor Netri dijo:
Atento el resultado obtenido al votar las cuestiones precedentes,
corresponde desestimar la nulidad y rechazar el recurso de apelación interpuesto
por el demandado Martín Hugo Gentile, confirmando la sentencia Nº 2832/13 (fs.
80/83), e imponiendo las costas de segunda instancia al demandado Martín Hugo
Gentile por resultar vencido (art. 251 del CPCC). Propongo que los honorarios de
Alzada de los Dres. María Paula Arias y Carlos A. Hernández -en proporción de
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ley- y los del Dr. Lisandro Sylvestre Begnis se fijen en el cincuenta por ciento del
honorario que en definitiva les corresponda a los profesionales de cada parte por
su labor desplegada en lo principal en sede inferior, con noticia de la Caja
Forense.
Conforme lo dispuesto por el art. 9 de la ley 7055 (contrario sensu) y
tal como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe
(autos: “López, Eduardo J. s/ Infracción arts. 12 y 88 del Código de Faltas”, 10-04-
2003, A. y S. 188, págs. 123/127; “Capella, Hugo H. s/ Auto de Procesamiento”,
26-12-2003, A. y S., 194, págs. 229/234) y subraya la doctrina más prestigiosa, el
eventual recurso de inconstitucionalidad que pudiera interponerse contra la
presente sentencia condenatoria no tiene efecto suspensivo (Martínez, Hernán,
“El Recurso de Inconstitucionalidad en la Provincia de Santa Fe. Ley 7055.
Actualización”, Tomo II, pág. 83; Sagües, Néstor y Serra, María M., “Derecho
Procesal Constitucional de la Provincia de Santa Fe”, pág. 551; Chiappini, Julio,
“El Recurso de Inconstitucionalidad. Ley 7055”, pág. 85; ídem, “El efecto no
suspensivo en el recurso de inconstitucionalidad” en Zeus 65, D-109). En
consecuencia, corresponde que notificada que fuere la presente sentencia, bajen
los autos al Inferior a fin de posibilitar su ejecución y, en caso de que se
interpusiese recurso de inconstitucionalidad por alguna de las partes, esta Cámara
le requerirá fotocopias certificadas para su sustanciación, debiendo quedar a
cargo de la recurrente el costo de las mismas.
Así voto.
A la misma cuestión, los doctores Galfré y Pagnacco dijeron:
El pronunciamiento que corresponde dictar es el que propicia el
doctor Netri.-
Por todo ello, la Cámara de Apelación de Circuito; RESUELVE:
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Desestimar la nulidad y rechazar el recurso de apelación interpuesto por el
demandado Martín Hugo Gentile, confirmando la sentencia Nº 2832/13 (fs. 80/83),
e imponiendo las costas de segunda instancia al demandado Martín Hugo Gentile
por resultar vencido (art. 251 del CPCC). Fijar los honorarios de Alzada de los
Dres. María Paula Arias y Carlos A. Hernández -en proporción de ley- y los del Dr.
Lisandro Sylvestre Begnis en el cincuenta por ciento del honorario que en
definitiva les corresponda a los profesionales de cada parte por su labor
desplegada en lo principal en sede inferior, con noticia de la Caja Forense.
Insértese, notifíquese a las partes y bajen de inmediato a los fines expuestos en el
último párrafo de la parte considerativa. (AUTOS: “PODRUG BORIS c/ GENTILE
MARTÍN HUGO y OTROS s/ COBRO DE PESOS” Expte. N° 69/14). 8-44
NETRI
GALFRÉ PAGNACCO
MUNINI
