APROPIARSE HASTA DE LOS HIJOS DE LOS POBRES

La desaparición de bebés mellizos en Casilda abrió el debate acerca de una práctica extendida de la cual no hay información oficial: el tráfico ilegal de niños. A más de dos meses de dar a luz, Liliana Montenegro aun no tiene datos del paradero de sus hijos. Los baches de la Ley de Derechos del Niño y la postergada reforma del régimen de adopción que dan vía libre a esta práctica ilegal.

A dos meses de su nacimiento, no se sabe nada de los bebés mellizos desaparecidos en Casilda. La mamá de los niños, Liliana Montenegro viene denunciando que dos matrimonios de esa localidad son los responsables de la sustracción. Se trata de las hermanas Andrea y Mariana Novello, y sus respectivos esposos, Germán Sarvucci y Luis James. Montenegro, de 38 años oriunda de la localidad Zavalla y madre de otros seis hijos, afirma que meses antes de dar a luz, conoció a estas personas que decían ser de Caritas y le ayudaban con ropa, comida y dinero. Por eso, cuando estaba a punto de parir les avisó a ellos. De acuerdo a sus dichos, la trasladaron en un auto y luego de eso no recuerda nada más. Cuando se despertó le informaron que los bebés habían fallecido.

En el tiempo que llevan los niños sin aparecer, el caso despertó una serie de acusaciones y sospechas hacia la madre. Los matrimonios en cuestión (dueños de una empresa de emergencias médicas, una funeraria y un cementerio privado en Zavalla) sugirieron que Liliana mentía, aduciendo ella misma había ofrecido entregar a sus hijos. También el mismo jefe comunal de Zavalla, Ignacio Mujica, quien interpuso en primera instancia la denuncia, dijo que las declaraciones de la mujer en “contradictorias”. Incluso, el médico Dante Binner (hermano del ex gobernador de la provincia), mencionado en algún momento por la mujer, sugirió que esta nunca había a dado a luz.

Cuando se cumplieron treinta días de la desaparición de los niños, Leonardo Bernandri, periodista de Radio Estudio Casilda, en diálogo con La Brújula de la Mañana, expresó que “hay mucha presión política y económica”, al referirse al caso. También reveló que uno de los abogados de las hermanas Novello y sus esposos, forma parte de la defensa de “Los Monos”, la banda narco implicada en el triple crimen de Villa Moreno. Esa misma a presión política de las partes implicadas en el caso hizo que Liliana Montenegro se haya sometido cinco peritajes. Hoy, es un hecho probado y certificado la mujer dio a luz a Aurora y a Valentín, el 13 julio en la Clínica Julián Moreno de Casilda. Y también se sabe que la pareja constituida por Andrea Novello y Germán Sarvucci, admitió estar en planes de adopción y haber contactado a la mujer con intenciones de que esta les entregara los niños.

La investigación del caso es llevada a adelante por las fiscales Marianela Luna y Lorena Aronne, quienes imputaron a los cuatro sospechosos por sustracción, retención y ocultamiento de menores. Hasta el día 13 del corriente, las dos parejas habían cumplido 40 días prisión domiciliaria, con permisos de salidas laborales a los dos hombres. Pero, luego de los pedidos de la defensa de los imputados, la jueza interviniente, Mariel Minetti, les concedió la libertad, a pesar de la extensión de la prisión preventiva que habían solicitado las fiscales. La jueza fundamentó su decisión al considerar que "no existe peligro de entorpecimiento procesal ni de fuga" por parte de los implicados. En este sentido, Luna y Aronne sostienen firmemente que “el delito de sustracción de menores es de máxima gravedad, roza con un delito de lesa humanidad, con una pena altísima (de 5 a 15 años), que se puede prever de ejecución efectiva”.

Por su parte, la abogada Lucila Puyol integrante de HIJOS Santa Fe, se constituyó como querellante de la causa y recordó la intención primera de los imputados, cuando acusaron a la madre de engaño, al sugerir que nunca había estado embarazada, y fundamentaban su accionar por la supuesta promesa de Liliana de entregar a los mellizos: “Igualan la voz de la víctima, a quien le arrancaron los niños, que no se entiende por qué mentiría; con los imputados y sus defensores que por el mismo derecho de defensa no están obligados a decir la verdad, no tienen obligación de declarar en su contra, pueden engañar, tergiversar los hechos”.Diversas ONGs abocadas a la defensa de los niños y de la mujer denuncian la existencia de bandas mafiosas dedicadas a la venta de bebés. Liliana Loyola, miembro de la organización

Generar, que trabaja en conjunto con la Red Infancia Robada que lidera la monja Marta Pelloni, contó que el mes pasado enviaron un pedido al gobernador Antonio Bonfatti solicitando "su enérgica y urgente intervención disponiendo los recursos y acciones pertinentes del Estado, con el fin de garantizar el rescate y aparición con vida de los mellizos, con la convicción de que cada día que pasa nos aleja de su recuperación". En nota también se exige "la protección y asistencia integral de la madre de los mellizos, dada su situación de vulnerabilidad y ante las amenazas recibidas con intento de silenciarla".

Las fallas y los vacíos institucionales que dan pie a la ilegalidad

Es que la apropiación ilegal de niños es un tema muy sensible, que por su gravedad retrotrae a los oscuros años de la última dictadura militar práctica. Aunque ya no por motivos políticos, hoy sigue siendo una práctica mucho más habitual de lo que se piensa, extendida en varias provincias del país y de la cual poco se habla. Algunas organizaciones, como la Fundación Adoptar, señalan la zona norte del país como la región donde se concentra el tráfico y la venta de niños. Incluso denuncian que en lugares como Santiago del Estero se traficarían hasta doce bebés por semana. No obstante, no existen cifras, ni registros oficiales sobre este delito, ni tampoco las asociaciones denunciantes exhiben las fuentes desde donde se recaban estos datos.

En oposición a esta irregular situación, existen actualmente alrededor de 15 mil niños en espera de un hogar y más de 7000 parejas aspirantes a ser padres adoptivos. Si bien la Ley 24.779, vigente desde 1997, garantiza este derecho, organizaciones del sector, declaran que en Argentina se puede llegar a esperar entre ocho y diez años hasta que eso suceda.

En 2006 se sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, en reemplazo de la antigua Ley de Patronato de Menores. Esta norma pretende poner en primer plano el “interés superior del niño”, el cual se entiende como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la misma. Es decir, se considera al niño como sujeto de derecho, cuyas opiniones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en cualquier decisión que competa a su desarrollo físico, psicológico y emocional.

Este principio rige en materia de patria potestad, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores. La legislación declara que “cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.

En este sentido, esta nueva norma impulso el nacimiento del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a través de la ley nacional 25.854, para complementar los huecos de la actual Ley de Adopción. A su vez el Ministerio de Derechos Humanos, organizó la red de registros con el fin de agilizar los trámites de las personas que desean adoptar. Actualmente, una nueva ley de adopción se encuentra en tratamiento en el Congreso y ya tiene media sanción de por parte de la Cámara de Diputados. Jorge Dotto, médico genetista e impulsor del proyecto, explica la nueva legislación “fija límites para que la Justicia tome una decisión rápida y responsable basada en el amor, en la necesidad de un hogar y de una familia. Estas son las leyes que le cambian la vida a la gente”.

En efecto, la norma proyectada prevé una acotación de los plazos de la guardia provisoria (período de adaptación en el que se analiza la integración entre el niño y la familia). Hoy, una guardia provisoria puede durar entre dos o tres años. En este lapso se genera un vínculo de afecto muy fuerte entre ambas partes, aunque la adopción no está firme. A partir de la sanción de la nueva ley, los jueces tienen un plazo de seis meses definir si la guardia provisoria funcionó. Luego de ello, dentro de los 180 días, el juez debe autorizar el inicio automático del juicio de adopción. Además, se promueve la guarda de los mayores de tres años, de menores con patologías y la adopción de grupos de hermanos. También, contempla el derecho del chico a conocer su identidad y a acceder a su legajo judicial.

Dos meses sin respuestas

Mientras tanto, el mismo día en el que se cumplieron sesenta días de la desaparición de Aurora y Valentín, todos los imputados fueron eximidos de prisión domiciliaria. Aunque la búsqueda de los bebés continúa con la participación de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales), no hay pistas firmes acerca de su paradero. En estos meses Liliana Montenegro fue sometida a revisaciones médicas, inspecciones y declaraciones, se sospechó de la veracidad de su denuncia y de su mismo embarazo, y hasta fue amenazada junto a su familia para que no hable más. Mientras tanto, se ampara en el apoyo que le brindan diversas organizaciones y sus defensores: “En cuestiones de género, siempre se cuestiona la palabra de las mujeres víctimas y se distrae el eje a qué habrán hecho, qué no habrán dicho, qué habrán permitido que otros hagan”, reflexiona Lucila Puyol, integrante de la parte querellante de la causa.