INTRODUCCIN
ANTECEDENTES LEGALES DEL ARBITRAJE EN EL PER
El Cdigo de Procedimientos Civiles peruano de 1912 equiparaba el
arbitraje a un juicio sujeto a revisin ante el Poder Judicial, lo
cual restaba eficacia al laudo arbitral. Luego el Cdigo Civil de
1984 estableci una distincin innecesaria entre la clusula
compromisoria y el compromiso arbitral; la primera, configurada por
un pacto entre las partes por el que decidan someterse a arbitraje
cuando an no exista controversia; la segunda, reflejada en el
acuerdo al que las partes deban llegar obligatoriamente una vez
surgida la disputa. La distincin entre ambos pactos y la obligacin
de celebrar el compromiso arbitral luego del nacimiento de la
controversia, determinaba que el arbitraje resultara una institucin
poco prctica.Evidentemente, una vez generada la disputa, la
celebracin del compromiso arbitral se vea retrasada por el
deterioro de las relaciones entre las partes, encontrndose stas
obligadas a acudir al Poder Judicial, situacin que ellas mismas
haban pretendido evitar con la celebracin de la clusula
compromisoria.Resulta necesario destacar que durante dicho perodo
el Per suscribi dos convenios de particular relevancia en lo que se
refiere al arbitraje internacional.Estos son la Convencin de las
Naciones Unidas Sobre el Reconocimiento y Ejecucin de Sentencias
Arbitrales Extranjeras de 1958 (Convencin de Nueva York), la misma
que fue aprobada el mes de mayo de 1988 por Resolucin Legislativa N
24810, y la Convencin Interamericana de arbitraje Comercial
Internacional del ao 1975 (Convencin de Panam), aprobada el mes de
noviembre de 1988 por Resolucin Legislativa N 24924.Es recin el 9
de diciembre de 1992 que se expide el Decreto Ley N 25935,
antecedente de la actual Ley General de Arbitraje, norma que deroga
el rgimen arbitral anterior contenido en el Cdigo de Procedimientos
Civiles de 1912 y en el Cdigo Civil de 1984. La principal innovacin
de dicho dispositivo es la eliminacin de la distincin entre la
clusula compromisoria y el compromiso arbitral, facilitando con
ello el acceso, celeridad y efectividad del arbitraje. Sin embargo,
an exista la posibilidad de que el Poder Judicial determinara de
alguna manera el contenido del convenio arbitral (integracin del
convenio), cuando su participacin deba restringirse nicamente a la
designacin de los rbitros en defecto de las partes o de la
institucin organizadora. Asimismo, tampoco se estableci un
procedimiento claro para la admisibilidad de los recursos de
apelacin y anulacin contra laudos arbitrales ante el Poder
Judicial. Finalmente, el 20 de diciembre de 1995 se promulga la Ley
General de Arbitraje No. 26572 (en adelante la LGA), norma que
deroga y sustituye al Decreto Ley N 25935 y cuyo anlisis es objeto
del presente trabajo. Cabe advertir que la jurisdiccin arbitral est
reconocida expresamente por el artculo 139, inciso 1, de la
Constitucin Poltica del Per de 1993.
Toda relacin humana est expuesta a conflictos de mltiple ndole,
en el que estn en juego intereses diversos.A medida que el hombre
ha ido evolucionando ha tratado de encontrar diversos medios para
solucionar sus diferencias, hasta llegar al ordenamiento jurdico
para garantizar condiciones de vida y normas de conducta dentro de
la sociedad, con el fin de mantener la fuerza y evitar la violencia
como mtodos orientados a la administracin de justicia, a travs de
un tercero imparcial que dirima sus confrontaciones.Platn enseaba
que "que el mayor bien para el estado, no es la guerra ni la
sedicin, sino la paz y la buena inteligencia entre los ciudadanos.
Pero como la existencia de intereses contradictorios forman parte
de la naturaleza del grupo, el estadista ha debido crear sistemas
que pongan remedio a los disensos, obligando a los miembros a
observar ciertas reglas y previendo que en caso de presentar
desavenencias, un tercero zanje las disputas. Es indispensable que
se establezcan tribunales para cada sociedad y jueces que decidan
sobre la marcha, las diferencias que se susciten. Tribunal que
estar compuesto por los jueces ms ntegros que sea posible
encontrar. Un estado no sera estado si lo que concierne a los
tribunales no estuvieses arreglado como es debido".El estado crea
el derecho para justificar el carcter pblico de la entidad
jurisdiccional, toda vez que al imponer la obligacin debe
respetarla, lo que se traduce en una accin coercitiva de imposicin,
as pues en las organizaciones sociales modernas, el estado tiene la
facultad de proveer los rganos que resolvern esas situaciones de
conflicto que alteran el orden social, para mantener la
tranquilidad pblica.Surge entonces la jurisdiccin, actividad
destinada a restablecer el orden jurdico, alterando por conductas
humanas contrarias a la norma establecida.En una sentencia se
aplica la imposicin de una conducta especfica a las partes, que
estn obligadas a cumplirla bajo amenaza de obtenerla en forma
coactiva en caso de resistencia.Lo importante en el derecho no
solamente radica en resolver el conflicto, sino la forma como se
resuelve, por ello cuando un sistema judicial es deficiente, no
cumple su funcin a cabalidad, se convierte en una ficcin corriendo
el riesgo de retroceder al pasado, en que el hombre ejerca la
justicia por su propia mano, haciendo imposible la convivencia
social. Ello explica porque la necesidad de encontrar otras formas
alternativas que puedan proveer las soluciones que el sistema
pblico no est en condicin de brindar.El arbitraje puede ser una de
las formas a travs de la cual las personas encuentren el acceso a
una justicia eficiente administrada por las mismas partes, dentro
de su esfera de libertad y en el marco de sus derechos disponibles
(art. 58 y 62 de la constitucin 1993).Si bien es cierto que
descongestionara la pesada carga procesal, no podemos concebirla
como un competidor de la va judicial, sino ms bien como una va
complementaria, en el entendido que el arbitraje no es vlido para
cualquier clase de litigio o bajo cualquier circunstancia.Es regla
general que en un litigio que verse sobre orden pblico las partes
no podrn recurrir al arbitraje, puesto que es de competencia del
poder judicial. Desde la produccin de ciertas medidas probatorias
hasta la ejecucin forzosa del laudo, el arbitraje requiere de la
colaboracin de los jueces. Es ms, si obtenido el laudo se presentan
demoras o trabas en la etapa de la ejecucin judicial en la prctica,
las deudas originalmente controvertidas y previamente reconocidas
en el laudo, quedaran diferidas en el tiempo. Por tanto debemos ser
conscientes que el arbitraje debe convivir con la justicia en forma
armnica, manteniendo una estrecha relacin y un respeto mutuo entre
ambos sistemas.
MARCO LEGAL DEL ARBITRAJELA LEY GENERAL DE ARBITRAJE (LGA)La
LGA, promulgada el 20 de diciembre de 1995, fue publicada el 5 de
enero de 1996 en el diario oficial El Peruano, entrando en vigencia
al da siguiente de su publicacin. El nico supuesto previsto en la
LGA en el cual dicho cuerpo legal no resulta aplicable es respecto
de aquellos procedimientos arbitrales iniciados con anterioridad a
la vigencia de la norma, los mismos que continuaron sujetos a las
disposiciones contenidas en el Decreto Ley N 25935, quedando la LGA
como norma de aplicacin supletoria. (Quinta Disposicin
Complementaria y Transitoria).La LGA se encuentra dividida en dos
secciones. La Seccin Primera se ocupa del arbitraje nacional,
mientras la Seccin Segunda regula el arbitraje internacional cuando
ste se desarrolla en territorio peruano. Cabe agregar que en lo que
se refiere al arbitraje internacional, la LGA establece que sern de
aplicacin supletoria al mismo determinadas disposiciones contenidas
en la Seccin Primera, resultando las ms relevantes aqullas
relativas al cmputo de plazos (artculo 7), al recurso de apelacin
ante una segunda instancia arbitral (artculo 60), a la solicitud de
medidas cautelares (artculos 80, 81 y 82) y a la ejecucin del laudo
(artculo 83), entre otras.La Seccin Segunda adopta la estructura y
disposiciones contenidas en la Ley Modelo de la CNUDMI (UNCITRAL)
sobre arbitraje internacional (en adelante, la Ley Modelo),
adaptando ciertos supuestos a las normas internas de la legislacin
peruana. Las variaciones ms importantes adoptadas por la LGA en
relacin a la Ley Modelo son las siguientes: a) Se ha omitido el
trmino comercial contenido en el artculo 1, inciso 1, de la Ley
Modelo, refirindose nicamente al Arbitraje Internacional; ello a
fin de que las materias susceptibles de ser sometidas a un
arbitraje de tal naturaleza no se vean restringidas por la
definicin de actividad comercial contenida en el Cdigo de Comercio
Peruano. b) Se establecen las formalidades que debe cumplir todo
escrito o peticin que se encuentre dirigido a una autoridad
judicial (artculo 96 de la LGA). c) El artculo 8 de la Ley Modelo
se adeca a la legislacin interna en lo que se refiere a
controversias sometidas a tribunales peruanos, pese a la eventual
existencia de convenios arbitrales. d) Las disposiciones sobre
impugnacin del laudo arbitral y su reconocimiento y ejecucin
contenidos en los captulos VII y VIII de la Ley Modelo han sido
adecuadas a la legislacin interna peruana.OTRAS DISPOSICIONES
INTERNAS RELEVANTESAdems de la LGA, existen distintas disposiciones
de derecho interno peruano que establecen aspectos relevantes en
materia arbitral. A continuacin mencionamos aqullas de mayor
importancia:a) Decreto Legislativo N 662, norma por la cual se
regula el Rgimen deEstabilidad Jurdica a las Inversiones
Extranjeras (publicado el 2 de setiembre de 1991). Luego de
establecerse la posibilidad de que el Estado celebre con
inversionistas extranjeros convenios de estabilidad en el rgimen
tributario, la libre disponibilidad de divisas y/o la no
discriminacin con relacin a las inversiones nacionales (artculo
10), se agrega que el Estado podr someter las controversias
derivadas de los convenios de estabilidad a tribunales arbitrales
constituidos en virtud de tratados internacionales de los cuales
sea parte el Per (artculo 16).b) Decreto Legislativo N 702, Ley de
Promocin a la Inversin Privada en Telecomunicaciones (publicado el
7 de noviembre de 1991), que designa al Organismo Supervisor de
Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), organismo pblico
estatal, como la entidad encargada de ejercer funciones de
arbitraje en los casos de controversias entre empresas prestadoras
de servicios de telecomunicaciones.c) Decreto Legislativo N 714,
Ley sobre el Transporte Multimodal Internacional (publicado el 8 de
noviembre de 1991), que establece que las partes podrn pactar por
escrito que toda controversia relativa al contrato de transporte
multimodal internacional sea sometida a arbitraje (artculo 44).
Asimismo, se regulan determinados criterios para la determinacin
del lugar en que se desarrollar el arbitraje (artculo 45).d)
Decreto Legislativo N 716, Ley sobre Proteccin al Consumidor
(publicado el 9 de noviembre de 1991), que prev la necesidad de que
el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor y Propiedad
Industrial (INDECOPI), organismo pblico estatal, establezca
directamente o por convenios con instituciones pblicas o privadas,
mecanismos alternativos de resolucin de disputas, como es el caso
del arbitraje, la mediacin, conciliacin o mecanismos mixtos, para
lograr, mediante procedimientos sencillos y rpidos, que se atiendan
y resuelvan con carcter vinculante y definitivo para ambas partes
las quejas o reclamaciones de los consumidores (artculo 38).e)
Decreto Legislativo N 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
Inversin Privada (publicado el 13 de noviembre de 1991), que
prescribe que el Estado en sus relaciones con particulares podr
someter a arbitraje nacional o internacional, de acuerdo a la
legislacin nacional o a los tratados internacionales de los cuales
el Per es parte, toda controversia referida a sus bienes y
obligaciones, siempre que se deriven de una relacin jurdica
patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual.
ARBITRAJEEs un proceso en el cual se trata de resolver
extrajudicial las diferencias que surjan en las relaciones entre
dos o ms partes, quienes acuerden la intervencin de un tercero
(arbitro o tribunal arbitral), para que los resuelva.De todas las
instituciones antes mencionada, el arbitraje es el que mayor
aproximacin tiene con el modelo adversario del litigio comn.Es un
mecanismo tpicamente adversa rial, cuya estructura es bsicamente la
de un litigio. El rol del rbitro es similar al del juez; las partes
le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base decide la
controversia. Sin embargo, no obstante sus similitudes el arbitraje
mantiene con el sistema judicial una gran diferencia, la decisin
que pone fin al conflicto no emana de los jueces del estado, sino
de particulares libremente elegidos por las partes.A diferencia de
la conciliacin y mediacin, el tercero neutral no ayuda ni colabora
con las partes a efectos de resolver el conflicto ms bien impone
una solucin va Laudo Arbitral, que tiene efectos de sentencia
judicial.El arbitraje se llega generalmente en forma voluntaria a
travs de clusulas mediante las cuales las partes deciden someter
determinadas cuestiones a ser resueltas por el rbitro en lugar de
acudir a la justicia ordinaria.Nuestra constitucin vigente de 1993,
en su art. 138 establece: "la potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por el, poder judicial a travs de sus
rganos jerrquicos con arreglo a la constitucin y a las leyes", y en
su art. 139 seala: "no existe ni puede establecer jurisdiccin
alguna independiente, con excepcin de la militar y la arbitral", de
igual modo el art. 62 precepta: "los conflictos derivados de la
relacin contractual solo se solucionan en la va arbitral o en la va
judicial, segn los mecanismos de proteccin previsto en el contrato
o contemplados en la ley", finalmente en relacin al propio estado,
en la parte final del art. 63 dispone: "el estado y las dems
personas de derecho pblico pueden someter las controversias
derivadas de relacin contractual a tribunales constituidos en
virtud de tratados en vigor. Pueden tambin someterlas a arbitraje
nacional o internacional en la forma en que disponga la ley".Como
vemos la constitucin al tiempo que garantiza el acceso a la
justicia ordinaria, permite a los particulares y aun al estado, a
dejar de lado ese medio recurriendo al arbitraje como frmula
alternativa.Por lo dems el estado reconoce la decisin arbitral el
valor de cosa juzgada, considerando para tal efecto el
procedimiento de ejecucin de sentencia judicial, como expresamente
seala el art. 83 de la ley N26572, "el laudo arbitral consentido o
ejecutoriado tiene el valor equivalente a una sentencia y es eficaz
y de obligatorio cumplimiento desde su notificacin a las partes. Si
lo ordenado en el no se cumple por la parte o partes a quienes
corresponda hacerlo, el interesado podr solicitar su ejecucin
forzada ante el juez especializado en lo civil del lugar de las
sede del arbitraje que corresponda".Sin lugar a dudas el arbitraje
no pretende reemplazar a los jueces ni mucho menos desmerecerlos,
antes bien complementan el papel que desempean dentro de la
sociedad.Dado el origen privado del arbitraje, es que las partes
pueden designar el rbitro o tribunal arbitral, segn sea el
caso.Existen particularidades de la figura que admiten presentarlos
conforme al sistema donde vayan a insertarse.- el arbitraje
voluntario proviene de la libre determinacin de las partes, sin que
preexista un compromiso que los vincule.- el arbitraje forzoso en
cambio viene impuesto por una clusula legal o por el sometimiento
pactado entre las partes antes de ocurrir el conflicto.A su vez
eleccin de la va supone recurrir a rbitros libremente seleccionados
o bien designar a un organismo especializado (arbitraje
institucionalizado).La decisin del laudo obliga pero no somete, es
decir determina efectos que vinculan el derecho de las partes, pero
la inejecucin no tiene sancin de rbitros. En todo caso son los
jueces ordinarios quienes asumen la competencia
ejecutiva.IMPORTANCIA DEL ARBITRAJEEl estado reconoce a las
decisiones arbitrales el valor de la cosa juzgada posibilitando
para su cumplimiento los procedimientos de ejecucin de
sentencias.El art. 83 de la ley N26572, prescribe que el "el laudo
arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente a la de
una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su
notificacin a las partes. Si lo ordenado en el laudo no se cumple
por la parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado
podr solicitar su ejecucin forzada ante el juez, especializado en
lo civil del lugar de la sede del arbitraje que corresponda".Debe
tenerse presente que los rbitros no tienen el "imperium", propio de
los magistrados del poder judicial, sin embargo los jueces tienen
la obligacin de hacer cumplir los laudos en las que ha participado
el rbitro.
CONVENIO ARBITRALEs el acuerdo voluntario entre las partes para
solucionar sus diferencias, que surgen de una relacin contractual o
no contractual que sean o no, materia de un proceso judicial,
sujeta a requisitos generales establecidos en la legislacin civil
para la validez de los contratos.La ley de arbitraje considera este
principio en materia de convenio arbitral, exigiendo la forma
escrita, bajo sancin de nulidad. En la forma de una clusula inserta
en el texto del contrato, o bajo la forma de un acuerdo
independiente.El objeto del convenio arbitral debe ser lcito y
posible. La ley de arbitraje ha regulado las materias susceptibles
de someterse a arbitraje, como son las materias determinadas o
determinables sobre la que las partes tengan la libre disposicin;
exceptundose las cuestiones que verse sobre el estado o capacidad
civil de las personas, ni las relativas a bienes o derechos de los
incapaces, sin la previa autorizacin judicial. Aquellas sobre las
que ha recado resolucin judicial firme, salvo consecuencias
patrimoniales provenientes de su ejecucin.En cuanto se refiere a
las partes del proceso; las que interesan al orden pblico, o que
versen sobre delitos o faltas, sin embargo, cabe arbitrarse
respecto a la cuanta de la responsabilidad civil cuando no ha sido
fijada en resolucin judicial firme.En una palabra no son
competentes los arbitras en las que est interesado el orden
pblico.Cuando existe un convenio arbitral, ya no es competente el
juez en lo jurisdiccional, debiendo declinar su avocacin. Si el
convenio es anterior evita el proceso judicial, que pueda
promoverse y si fuera celebrado estando pendiente un trmite
judicial, produce el efecto de extinguirlo (art. 1 de la ley
N26572).REQUISITOS DEL CONVENIO ARBITRALLa ley establece nicamente
como obligatoriedad que se redacte por escrito, pero no exige un
formalismo especial.Se permite que pueda resultar incluso del
intercambio de cartas o de otro medio de comunicacin en el que
quede constancia documental de la voluntad de las partes. Permite
tambin la ley que pueda concentrarse con una clusula incorporada a
un contrato y tambin hacerse con un contrato independiente de este
(artc.6).Con el fin de respetar la voluntad de las partes la ley
arbitral prev que la nulidad del contrato no implicar
necesariamente la del convenio arbitral accesorio y si el convenio
arbitral se ha adoptado dentro de un contrato de adhesin la validez
de dicho convenio se acomodar a lo prevenido en las disposiciones
en vigor que regulan estos contratos de adhesin ( artc. 52 ).Estos
seran los requisitos formales, en cuanto a los requisitos
materiales, los referidos a la capacidad de las partes, la ley no
establece ninguna norma especial, s estar a las normas generales.Si
contiene una norma de Derecho Internacional Privado ( artc. 60 ):
La capacidad de las partes para otorgar el convenio arbitral ser la
exigida por su respectiva ley personal para partes y el compromiso
de cumplir la decisin del arbitro/s tambin puede contener la
designacin del arbitro/s y tambin puede determinar las normas de
procedimiento que se van a seguir, pero estos dos ltimos acuerdos
no son obligatorios, la ley permite que se puedan realizar despus
mediante acuerdos complementarios ( artc. 91 ).EFECTOS DEL CONVENIO
ARBITRAL1-Materiales: El fundamental es que obliga a las partes a
estar y pasar por estipulado.2-Procesales: La existencia del
convenio impide a los jueces y tribunales conocer de aquellas
cuestiones que las partes han sometido al arbitraje siempre que una
de las partes lo alegu mediante la oportuna excepcin procesal (
artc. 1533 regla 8 y artc. 1864 regla 10 de la LEC )Si durante el
proceso jurisdiccional el demandado/s realiza despus de personarse
en juicio cualquier actividad que no sea oponer esta excepcin se
entiende que renuncia al convenio arbitral, por tanto si se admite
esta renuncia tcita la ley permite que se renuncie expresamente al
convenio arbitral y quede libre la va judicial.
CUESTIONES APTAS PARA ARBITRAJESon aquellas divergencias
producto de transacciones entre las partes vinculadas por
relaciones comerciales duraderas, en las que adems de resolver el
conflicto puntual, es necesario mantener la relacin en trminos que
les permita seguir negocios en el futuro o lo que se originen en el
comercio internacional, por la publicidad que el arbitraje ofrece
en cuanto a elegir no solo la persona de los rbitros, sino el lugar
donde se llevara a cabo el juicio, el idioma, el procedimiento,
etc.La eficacia del arbitraje radica en la validez de la relacin de
la decisin que emana del rbitro, en esa virtud el laudo, est
respaldado por la cosa juzgada y es factible de ejecucin al igual
que una sentencia judicial.A travs del arbitraje las partes habrn
sustituido el juicio de conocimiento y todo el trmite que se
requiere en la justicia para llegar a una sentencia en menor
tiempo, con menor costo con el mismo resultado.QUINES NO PUEDEN SER
RBITROS?Se encuentran impedidos para actuar como rbitros:a. El
Presidente y los Vicepresidentes de la Repblica, los Congresistas,
los Ministros del Estado, los titulares miembros del rgano
colegiado de los organismos constitucionalmente autnomos.b. Los
Magistrados, con excepcin de los jueces de Paz.c. Los Fiscales, los
Procuradores Pblicos y los Ejecutores Coactivos.d. El Contralor
General de la Repblica.e. Los titulares de las instituciones o de
organismos pblicos descentralizados, los alcaldes y los directores
de las empresas del Estado.f. El personal militar y policial en
situacin de actividad.g. Los funcionarios y servidores pblicos en
los casos que tengan relacin directa con la Entidad en que laboren
y dentro de los mrgenes establecidos por las normas de
incompatibilidad vigentes.h. Los funcionarios y servidores del OSCE
hasta seis (6) meses despus de haber dejado la institucin.i. Los
declarados en insolvencia.j. Los sancionados o inhabilitados por
los respectivos colegios profesionales o entes administrativos, en
tanto estn vigentes dichas sanciones.En caso se refieran a los
incisos E y G, el impedimento se restringe al mbito sectorial al
que pertenecen dichas personas. (Art. 221 del Decreto Supremo N
184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado).
ARBITRAJE COMO JURISDICCIN ALTERNATIVALos jueces deben su
jurisdiccin a la constitucin y al marco jurdico previsto para la
administracin de justicia en el poder judicial. En el caso de los
rbitros su jurisdiccin depende en forma mediata de la constitucin y
de la norma que establece la administracin de su sentencia
particular de administracin de justicia, en la que los litigantes
que los nombran para resolver un caso concreto, los facultan a
juzgar en forma inmediata. Su jurisdiccin es limitada al no poder
pronunciarse sobre asuntos que no le han sido sometidos y deben
laudar (resolver), dentro de un plazo expresa o tcitamente
concedido por las partes.Por lo dems la jurisdiccin de los rbitros,
a diferencia de los jueces estables, no es permanente ni genrica,
sino limitada a cuestiones comprometidas y a un tiempo determinado
que las partes o en defecto de pacto expreso, le otorga para la
expedicin del laudo.Los rbitros no pueden ir ms all de lo que las
partes sealen en el convenio arbitral o en su defecto, el que surja
de las disposiciones legales supletorias (art. 48 de la ley
N26572).CLASES DE ARBITRAJEArbitraje institucional: en este
arbitraje intermedia entre los rbitros una entidad especializada
que administra y organiza el trmite y presta servicios tiles para
resolver la controversia.Se rige por una reglamentacin al que se
someten las partes, sin embargo se valen de instrumentos cada vez
ms giles, de modo de adecuar las reglas de las necesidades de los
usuarios surgiendo reglamentos de arbitraje comn, u otras variantes
como arbitraje acelerado, para optimizar la duracin del proceso de
gran importancia para el tiempo como facto fundamental.Tambin hay
otras formas Standard, para pactar el arbitraje a travs de modelos
de convenio arbitral y todos los servicios de rutina para
posibilitar su arbitraje, como recibir y modificar las demandas,
fijar los honorarios de los rbitros y peritos, elegir los rbitros,
resolver recusaciones contra ellos, sustituirlos por vacancia o
renuncia, fijar la sede del arbitraje o el idioma en que se
tramitaran las actuaciones y en general todo lo relacionado al
proceso de arbitraje.En el arbitraje libre o adhoc no existe
ninguna institucin que administre el sistema; son las propias
partes las que suministran las normas sobre las que den actuar y
todo lo necesario para que el arbitraje proceda.As les proveen de
los mecanismos de eleccin de los rbitros, indican el lugar, el
idioma, los procedimientos a aplicar, mtodos de coercin en caso de
incumplimiento, plazo para laudar y los recursos pertinentes que
cabran contra el laudo.La desventaja en este tipo de arbitraje esta
que no habiendo intervenido una entidad que preste el servicio
administre el sistema e intermedie entre las partes, cualquier
diferencia que surja entre ellas ser resuelta en sede judicial. Si
las partes no se ponen de acuerdo, sobre el rbitro tercero, si se
produce una recusacin contra un rbitro, se debe reemplazar, si
procede reemplazarle al rbitro por renuncia, fallecimiento o
irresponsabilidad al ejercer el cargo.La eleccin de estos
mecanismos deber ser puesta en conocimiento de las partes sobre sus
ventajas y desventajas.ARBITRAJE DE DERECHO O DE CONCIENCIALos
rbitros se rigen por normas legales y deciden los asuntos
litigiosos con arreglo al derecho escrito.En cambio el rbitro de
conciencia puede dejar de lado la norma jurdica en el proceso mismo
como en la sustentacin del laudo; es decir que resuelven de acuerdo
a su criterio, sin embargo esa discrecionalidad no es ilimitada
puesto que debe respetar el principio elemental de garantizar la
defensa en juicio, en el que debe tener en cuenta la equidad.La ley
da prioridad al arbitraje de conciencia, por cuanto contempla que
en caso de no haber pactado que el arbitraje sea de derecho, se
tiene por entendido que es de conciencia (art. 3 prrafo 3, ley
N26572).La diferencia entre ambas estriba en que en el laudo de
derecho, cabe apelacin (art. 60 prrafo 1 ley N26572), en los laudos
de conciencia, no procede ningn recurso (art. 60 ltimo prrafo, ley
N26572).Arbitraje Domstico o InternacionalEsta calificacin obedece
cuando intervienen un estado o se vincula con ms de uno:La ley de
arbitraje N26572 Art. 91, define como arbitraje internacional
cuando existen los siguientes factores:
a) si las partes tiene al momento de celebrar el convenio
arbitral domicilios en estados diferentes. b) si uno de los lugares
siguientes est situado fuera del estado en que las partes tienen
sus domicilios. b.1.- el lugar de arbitraje, si este ha sido
determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo a l; b.2.- el
lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones
de la relacin jurdica o el lugar con el cual el objeto del litigio
tenga relacin ms estrecha.
LOS RBITROSEl rbitro es la persona elegida por las partes para
resolver una controversia, es por ello la parte esencial del
arbitraje mismo, todo el sistema gira en torno a l, desde que en su
integridad moral y buen criterio descansa la confiabilidad y la
eficacia del arbitraje como mecanismo de resolucin de conflictos.El
rbitro debe reunir cualidades de idoneidad y experiencia, aplicando
su criterio personal y buen juicio, manteniendo la imparcialidad e
independencia frente a las partes.
REGLAS DE TICA1.- Aceptar el cargo con el nimo de actuar con
celeridad y justicia.2.- Analizar previamente al asumir el cargo,
no tener compromiso alguno con las partes.3.- Evitar cualquier
situacin que ponga en duda su neutralidad.4.- Si su neutralidad se
ha afectado apartarse del caso, si a pesar de ello las partes
ratifican su confianza, solo seguir si su conciencia estima que
debe proseguir arbitrando.5.- Debe abstenerse actuar en forma
subjetiva, leudando en forma mas objetiva.6.- No debe excederse en
su autoridad.7.- Debe cuidar que el procedimiento se conduzcan
dentro de los cauces de la normalidad, a fin de no perjudicar la
imagen del arbitraje.8.- Debe evitar situaciones conflictivas entre
las partes promovindola celeridad en el proceso.9.- Debe dar
oportunidad a las partes a manifestarse y argumentar su defensa
respetando sus opiniones con cordura y correccin.10.- Debe mantener
la confidencialidad de todo lo tratado en el proceso.11.- No debe
transmitir a nadie las decisiones que se tomen ni anticipar su
opinin a ninguna de las partes.QUIENES PUEDEN SER RBITROSSegn la
ley puede ejercer como rbitro cualquier persona mayor de edad, en
pleno ejercicio de sus derechos civiles. Exigiendo la ley que el
rbitro de derecho debe ser abogado, puede ser nacional o
extranjero.Cuando se designa a una persona jurdica como rbitro, se
entiende que acta como entidad nominadora (Art. 20, ley
N26572).IMPEDIMENTOSTienen impedimento los Magistrados, con
excepcin de los Jueces de Paz, los Fiscales, los Procuradores
Pblicos y los Ejecutores Coactivos, el Presidente los
Vice-Presidentes, los Parlamentarios y miembros del Tribunal
Constitucional, Oficiales Generales y Superiores de las Fuerzas
Armadas y Polica Nacional, salvo los profesionales asimilados, los
Exmagistrados en las causas que han conocido, el Contralor General
de la Republica en procesos arbitrarios en que participen las
entidades bajo su control (Art. 26, ley N26572).PROCEDIMIENTO
ARBITRALSi bien es cierto que el arbitraje es producto del
consentimiento de las partes que optan por recurrir al arbitraje en
lugar de ir al poder judicial, sin embargo pueden pactar las normas
por las que trascurrir el proceso, ya sea en forma directa mediante
reglas a las que deben ceirse los rbitros, o en forma indirecta en
que las reglas del procedimiento las emite la institucin arbitral a
las que las partes se someten, tan bien las partes pueden
encomendar a los propios arbitras elaborar las reglas el
procedimiento.La caracteriza su mayor flexibilidad e informalidad,
sin imponerse pautas rgidas a los rbitros en que estos deben actuar
con cierta libertad, sin la rigidez de un proceso judicial,
manteniendo la igualdad entre las partes, posibilidad de ser
escuchados y derecho a una solucin verdaderamente justa.BRICEO
SERRA, comenta: que la situacin del local elegido como sede del
arbitraje propicia la instantnea percepcin de intenciones y el
rpido conocimiento de la voluntad de las parte, facilitando los
interrogatorios, aclaraciones, resmenes de cosas y documentos, como
mayor marco para que las partes presenten conclusiones y los
rbitros valoren elementos y razonamientos que les sean
expuestos.Nuestra ley prescribe como norma de principio que las
partes pueden pactar el lugar y las reglas a las que se sujete el
proceso correspondiente que tenga establecida la institucin
arbitral a quien recomienda su organizacin.A falta de acuerdo,
dentro de los diez das siguientes a la aceptacin del rbitro nico o
del ltimo de los rbitros, estos deciden el lugar y las reglas del
proceso del modo que consideren ms apropiado, atendiendo a la
conveniencia de las partes.La decisin ser notificada a las partes;
durante el proceso arbitral deber tratarse a las partes con
igualdad y darle a cada uno de ellos plena oportunidad de hacer
valer sus derechos (Art. 33, ley N26572).La ley prev un
procedimiento supletorio (Art. 34, ley N26572), por lo cual se
establece el siguiente trmite:* La parte que formula su pretensin
ante los rbitros lo har dentro de 8 das de notificado la instalacin
del Tribunal Arbitral debiendo ofrecer pruebas.* Citar al demandado
para que dentro de 8 das, manifieste que convenga a su derecho y
ofrezca la prueba correspondiente.* Los rbitros citaran a las
partes a audiencia de conciliacin a fin de proporcionar un arreglo
entre ellas o aclarar la existencia de hechos controvertidos.* Los
medios probatorios se actan en una o ms audiencias en un plazo que
no exceder de 15 das.* Producida la prueba los rbitros pueden
solicitar a las partes un alegato escrito.CONCILIACIN EN SEDE
ARBITRALLa ley ha previsto como paso procesal ineludible la
convocatoria a una audiencia de conciliacin entre las partes, en
las cual los rbitros promueven un acuerdo que ponga fin al litigio
o aminore las cuestiones controvertidas a ser resueltas por los
rbitros. Esto demuestra que los rbitros deben procurar acercar a
las partes para armnicamente resolver el problema que los separa.
Dicho acuerdo puede registrarse en forma de laudo (Art. 41, ley
N26572), de tal forma que adquiere el carcter de cosa juzgada.Sin
embargo es el rbitro quien est en capacidad de considerar la
oportunidad de una conciliacin, con lo que se demuestra la libertad
del rbitro para citar o no a las partes a una audiencia de
conciliacin, y el modo ms conveniente para realizarla.COSTO DEL
ARBITRAJE Y HONORARIOS DE LOS RBITROSLa simplicidad e informalidad
en el procedimiento arbitral, evita tramitaciones y ritualismo
innecesarias, como el caso de pruebas superfluas, que hacen el
arbitraje se menos costoso.La celeridad es otro factor que
contribuye a la economa, en la que es posible obtener una adecuada
retribucin para los abogados peritos y rbitros.Es norma del
arbitraje que el impulso procesal es de oficio y corre a cargo del
propio Tribunal arbitral, que tambin contribuye a amenguar los
costos, frente a la comparacin con la justicia ordinaria.Si los
honorarios en un juicio arbitral, se regulara en base a normas
arancelarias, se traducir en un menor inters de los litigantes a
optar por el arbitraje, lo que afectara la fuente de ingresos de
los abogados.Vindolo bien la participacin del abogado en un
arbitraje resulta mas rentable econmicamente, aun cuando sus
honorarios sean inferiores a los obtenidos en la iba
judicial.Decidir por el arbitraje para resolver conflicto significa
adoptar un sistema con reglas diferentes a los regularmente
desarrollados en la va jurisdiccional, que nos conduce a pensar en
un cambio de mentalidad en las partes; as como en los letrados,
peritos o rbitros, consecuentemente es necesario replantear formas
tradicionales para establecer el monto de las remuneraciones
profesionales, a este respecto cabe sealar que la mayora de
reglamentos de arbitraje establecen diferentes criterios para la
determinacin de honorarios, de modo de no retraer la expectativa de
resolver las diferencias de las partes por la va del arbitraje.
CONCLUSIONES
Al final de este trabajo concluimos que el Arbitraje:
Es el procedimiento por el cual las personas naturales pueden
someterse, previo convenio, a la decisin de uno o varios mediadores
las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materia
de su libre disposicin conforme a Derecho.
El arbitraje se diferencia de la transaccin, en que en realidad
se trata de un juicio, pese a no celebrarse ante los tribunales, y
las partes no resuelven sus diferencias mediante reciprocas
concesiones, sino que encargan a un tercero la decisin. La
resolucin adoptada por los rbitros se denomina laudo arbitral y
tiene eficacia de cosa juzgada, pudiendo ser ejecutables de manera
forzosa por los tribunales de justicia.
El arbitraje puede ser de Derecho, cuando los rbitros fallan de
acuerdo con la legislacin aplicable, por lo que se les exige ser
letrados enejercicio, o de equidad, si fallan de acuerdo con su
leal saber y entender y sin sujecin o trmites, debiendo tan slo dar
la oportunidad a las partes para ser odas y presentar laspruebasque
estimen conveniente, para lo que basta que sean personas naturales
que se hallen, desde su aceptacin, en pleno ejercicio de
susderechosciviles.
EXP. N. 03682-2012-PA/TCPIURAAMELIA CRDOVADE LPEZSENTENCIA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONALEn Lima, a los 18 das del mes de marzo de
2014, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrado por
los magistradosMesaRamrez,EtoCruz y lvarez Miranda, pronuncia la
siguiente sentenciaASUNTORecurso de agravio constitucional
interpuesto por doa Amelia Crdova de Lpez contra la sentencia
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Piura, de fojas 181, su fecha 27 de julio de 2012, que declar
infundada la demandaANTECEDENTESCon fecha 12 de octubre de 2011, la
recurrente interpone demanda de amparo contra la Direccin Regional
de Educacin de Piura y la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de
Piura S.A.C., a fin de que:Se deje sin efecto la retencin mensual
que se viene efectuando a su pensin de S/. 336.36 nuevos soles, en
virtud del prstamo otorgado por la Caja Municipal de Ahorro y
Crdito de Piura S.A.C. a su finado esposo;Se ordene la devolucin de
la suma de S/. 2,520.28 nuevos soles, por las retenciones indebidas
efectuadas desde el mes de julio hasta el mes de agosto de 2011;Se
ordene, adems, el pago de los costos del proceso. Sustenta sus
pretensiones en que, a pesar de no haber solicitado crdito alguno a
la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Piura, ni haber suscrito
contrato alguno con dicha entidad financiera, se le viene
descontado S/. 336.36 nuevos soles de la pensin de sobrevivencia
viudez que la Direccin Regional de Educacin de Piura le deposita a
travs de la mencionada caja municipal, debido a una deuda que
contrajo su finado esposo con la mencionada empresa de
intermediacin financiera. De acuerdo con la accionante, su pensin
es inembargable en virtud de lo establecido en el numeral 6 del
artculo 648 del Cdigo Procesal Civil, segn el cual, las
remuneraciones y pensiones inferiores a 5 unidades de referencia
procesal (URPs) son inembargables; por tanto, en la medida que
nicamente percibe S/. 770.80 nuevos soles, su pensin no puede ser
materia de embargo. Tal situacin, a su juicio, vulnera su derecho a
la pensin. La Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Piura S.A.C.
contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada pues,
simple y llanamente, se ha limitado cumplir lo pactado con el
fallecido cnyuge de la recurrente, quien le autoriz a descontar
tales cuotas de las pensiones de sus sobrevivientes. Asimismo,
manifiesta que dicha norma del Cdigo Procesal Civil no resulta de
aplicacin por cuanto no ha solicitado medida cautelar alguna. La
Direccin Regional de Educacin de Piura, por su parte, sostiene que
la demanda es infundada debido a que los cuestionados descuentos
obedecen al prstamo que solicit el ex cnyuge de la demandante. Por
otro lado, arguye que dicha acreencia tiene que ser asumida por la
heredera del causante, y que, en todo caso, se le viene cobrando de
manera progresiva conforme a lo expresamente pactado con su difunto
marido. El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Piura
declara fundada la demanda, por estimar que, conforme a lo sealado
por el Tribunal Constitucional en la STC N. 01780-2009-PA/TC,
resulta de aplicacin lo previsto en el numeral 6 del artculo 648
del Cdigo Procesal Civil, por lo que la pensin que percibe la
demandante es inembargable. La Segunda Sala Especializada Civil de
Piura declara infundada la demanda, por considerar que la
recurrente debe asumir la obligacin contrada con la Caja Municipal
de Ahorro y Crdito de Piura S.A.C., al haberla gravado su fallecido
cnyuge. En cuanto a la aplicacin de lo establecido en el inciso 6
del artculo 648 del Cdigo Procesal Civil, estima que dicha norma no
resulta aplicable, debido a que expresamente se pact tales
descuentos.FUNDAMENTOSDelimitacin del asunto litigioso1.La cuestin
litigiosa radica en determinar si lo estipulado en una Carta de
autorizacin de descuento voluntario (Cfr. fojas 64) suscrito entre
la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Piura S.A.C. y quien en
vida fuera don JosAlindorLpez Alcntara, cnyuge de la actora,
resulta lesivo de sus derechos fundamentales.2.Tal como se
desprende de autos, tanto la demandante como los emplazados
reconocen que doa Amelia Crdova de Lpez no ha suscrito contrato
alguno con la citada entidad financiera; muy por el contrario, los
emplazados convergen en sustentar sus argumentos en que tales
descuentos obedecen a que expresamente se pact que:En caso de
fallecimiento, autorizo en forma expresa, para que la CMAC PIURA
S.A.C. descuente de las pensiones de sobrevivencia a las que
tuvieran derechos mis deudos, los importes correspondientes hasta
la total cancelacin de la deuda.3.Por consiguiente, corresponde
analizar si dicha clusula puede vincular a la demandante o no. Por
tal motivo, este Colegiado tambin analizar el problema planteado,
en virtud delprincipioiuranovitcuria,desde la perspectiva de los
derechos fundamentales a la libertad contractual y al acceso al
rgano jurisdiccional.Cuestin procesal previa: Es posible revisar la
constitucionalidad de una clusula contractual en un proceso
constitucional?4.Como este Tribunal ya ha establecido, la autonoma
de la voluntad es la base para el ejercicio del derecho fundamental
a la libre contratacin (Cfr. STC N 02175-2009-PA/TC) y se refiere a
la capacidad residual que permite a las personas regular sus
intereses y relacionescoexistencialesde conformidad con su propia
voluntad. Es la expresin de la volicin, tendiente a la creacin de
una norma jurdica con inters particular (Cfr. STC N
00047-2004-PI/TC)5.Prevista en el inciso 14) del artculo 2 de la
Constitucin, la libre contratacin se concibe como el acuerdo o
convencin de voluntades entre dos o ms personas naturales y/o
jurdicas para crear, regular, modificar o extinguir una relacin
jurdica de carcter patrimonial (Cfr. STC N 00008-2003-AI/TC), esto
es,autorregularsu marco de intereses (Cfr.STC N
02175-2009-PA/TC).6.De otro lado, el contrato es una fuente de
derecho que tiene reconocimiento constitucional (Cfr.STC N
00047-2004-PI/TC). Sin embargo, dicho vnculo -fruto de la
concertacin de voluntades- debe versar sobre bienes o intereses que
poseen apreciacin econmica, tener fines lcitos y no contravenir las
leyes de orden pblico (Cfr. STC N 00008-2003-AI/TC).7.En ese
sentido, los acuerdos contractuales, incluso los suscritos en
ejercicio de la autonoma privada y la libertad contractual de los
individuos, no pueden contravenir otros derechos fundamentales,
puesto que, por un lado, el ejercicio de la libertad contractual no
puede considerarse como un derecho absoluto y, por otro, todos los
derechos fundamentales, en su conjunto, constituyen el orden
material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento
jurdico peruano (Cfr. STC N 00858-2003-AA/TC).Por ello, ningn pacto
contractual puede oponerse al contenido protegido de otros derechos
fundamentales (Cfr. STC N 02736-2004-PA/TC).En consecuencia, el
Tribunal Constitucional estima que es posible analizar la
constitucionalidad de la clusula contractual materia de autos,
mxime cuando su aplicacin podra eventualmente menoscabar otros
derechos fundamentales.Anlisis de constitucionalidad de la referida
clusula contractual8.En primer lugar este Colegiado considera
necesario precisar que las acreencias deben ser honradas por los
deudores o, en su defecto, por sus
sucesores(responsabilidadintravireshereditatis),conforme a las
reglas establecidas en el Cdigo Civil, que son de carcter
imperativo.Ante el fallecimiento del deudor, las deudas que
contrajo recaen en los herederos, los que estn obligados a asumir
el pago de las mismas hasta donde alcancen los bienes que
constituyen la masa hereditaria.No se puede pactar en contrario,
pues nuestro ordenamiento jurdico no lo permite.9.Si sobre la base
de dicha clusula, la entidad financiera acreedora pretende
exceptuarse de transitar por la va judicial para requerir el pago
de la deuda a terceros conforme a lo establecido en el mencionado
cdigo apelando a la voluntad del fallecido esposo de la accionante
y,motu proprio,descontar las cuotas impagas de las pensiones que
percibe la demandante; es evidente que tan arbitrario proceder no
puede encontrar respaldo constitucional en el derecho a la libertad
contractual de don JosAlindorLpez Alcntara, el que, conforme a lo
anotadosupra,ha sido vulnerado.10.De igual manera se vulnera,
adems, el derecho de accesoal rgano jurisdiccional, que garantiza
la potestad de acceder a los rganos jurisdiccionales para solicitar
que se resuelva un conflicto de intereses o una situacin jurdica
que forma parte del contenido constitucionalmente protegido de los
derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva,
consagrados en el artculo 139 inciso 3) de la Constitucin (Cfr. STC
03843-2008-PA/TC).Y es que, en lugar de recurrirse al rgano
jurisdiccional para solicitar el pago de la citada obligacin
pecuniaria contrada por su fallecido esposo, de acuerdo con las
reglas sealadas en Cdigo Civil, se opt por retenerse de la pensin
de la actora los montos adeudados por su finado esposo, de manera
que se opt por laautotutela, lo cual resulta inaceptable en trminos
constitucionales.11.Tampoco puede soslayarse que las codemandadas
no han tomado en cuenta que de acuerdo con el numeral 6 del artculo
648 del Cdigo Procesal Civil, las remuneraciones y pensiones
inferiores a 5 unidades de referencia procesal (URPs) son
inembargables.12.En consecuencia, corresponde estimar las
pretensiones de la actora al haberse determinado que las demandadas
han actuado al margen de la Constitucin y la ley.Efectos de la
presente sentencia13.Al haberse determinado que la pensin de la
recurrente ha sido objeto de descuentos indebidos, corresponde
ordenar el cese de estos as como la restitucin y/o devolucin de lo
indebidamente descontado, ms los intereses legales, y condenar a
las codemandadas al pago de costos conforme a lo estipulado en el
artculo 56 del Cdigo Procesal Constitucional, lo que ser
determinado en ejecucin de sentencia; dejando a salvo el derecho de
laCaja Municipal de Ahorro y Crdito de Piura de iniciar las
acciones judiciales correspondientes para el cobro de la deuda
contrada por don JosAlindorLpez Alcntara a sus sucesores.Por estos
fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitucin Poltica del Per.HA
RESUELTO1.DeclararFUNDADAla demanda de autos, en lo que respecta a
la afectacin de los derechos a la libertad contractual y de acceso
al rgano jurisdiccional.2.Ordenar el cese de los descuentos a la
pensin que viene percibiendo la demandante as como la restitucin de
lo indebidamente descontado conforme a lo sealado en el fundamento
13 de la presente sentencia, con costos.Publquese y notifqueseMESA
RAMREZETO CRUZLVAREZ MIRANDA
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