1

NUEVA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Marta Lucía Ramírez1

A propósito del lanzamiento de la nueva política de seguridad del gobierno

nacional, hay que reconocer que recoge en buena parte los elementos más

destacados de la política de seguridad democrática del Gobierno anterior.

Partiendo de importantes logros en materias como reducción del narcotráfico,

cultivos ilícitos, secuestros, desmovilización de grupos ilegales, entre otros, la

nueva política tiene la difícil tarea de mantener lo hecho en desarrollo de la

política anterior y concretar lo que quedo pendiente, en un ambiente de

inseguridad que le ha costado no pocos cuestionamientos al desempeño del

gobierno y en especial del ministro de la defensa.

Con metas tan ambiciosas como llevar a un mínimo histórico la producción

nacional de narcóticos, desarticular los grupos armados ilegales, restaurar la

seguridad ciudadana, avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas

creíble y fortalecer la institucionalidad, entre otras, la tarea por delante es

titánica, y más si se suma a los retos políticos que dejan hechos como los

falsos positivos o la violación de los niños de Tame, que implican para las

instituciones del sector la necesidad de un refuerzo institucional muy

importante y enfocado en el respeto de los Derechos Humanos, el Derecho

Internacional Humanitario y buenas prácticas institucionales.

Con la adopción de una serie de medidas tendientes a fortalecer a las

instituciones de seguridad del estado, anunciadas por el ministro en el marco

de la presentación de la política de seguridad, se espera una mejora en el

tema de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y

administración de justicia, a partir de la formación de instituciones e

implementación de herramientas que permitan la agilización y optimización

del aparato estatal en materia de la correcta realización de operativos

militares y policiacos, seguimiento de quejas y acompañamiento de procesos

1 Con la colaboración de Felipe Ramírez

2

disciplinarios y penales por parte de garantes y tecnificación de los

funcionarios que se desenvuelven en este ámbito.

Como resultado de este esfuerzo se espera dar respuesta a los casos de

atentados contra los derechos humanos por miembros de la fuerza pública,

faltas al DIH, la deslegitimación de la jurisdicción penal militar y los demás

casos de irregularidades que se han presentado.

Con la implementación de estos ajustes a la política de seguridad del estado,

esperamos que aunado al alcance de objetivos militares, podamos alcanzar las

metas propuestas en fortalecimiento institucional y actuar en el marco del

respeto por los derechos humanos que demanda la sociedad de sus fuerzas

militares y de policía, como elemento fundamental para el desarrollo social

del país y la superación definitiva de los flagelos asociados al conflicto

armado.