Globalización y modernización neocolonialEl gobierno de Humala está dispuesto a imponer el proyecto de la empresa

Southern Peru Copper Corporation, para explotar los yacimientos de cobre Tía

María y La Tapada que se encuentran en la cabecera del Valle de Tambo en la

provincia de Islay de Arequipa. El pueblo se opone a este proyecto minero a tajo

abierto porque existe el riesgo de que ocasione erosión ecológica y daños

irreparables a la agricultura del valle.

Obediente con la Sociedad de Minería, el gobierno de Humala ha enviado un

espectacular contingente de policías para hacer «respetar el orden» y así evitar

que la inversión se detenga. La manifestación pacífica del pueblo durante el

reciente paro solidario con el Valle de Tambo fue reprimida violentamente por la

policía provocando la muerte del agricultor Victoriano Huayna Nina y decenas de

heridos. El gobierno de Humala se opone a la realización de una consulta popular,

no quiere una legítima licencia social, y tampoco desea someter el Estudio de

Impacto Ambiental a un organismo internacional calificado, objetivo y neutral.

LA MODERNIZACIÓN NEOCOLONIAL ES ANTINACIONAL

Convencido, como está Ollanta Humala, de que la gran inversión transnacional es

indispensable para salir del actual enfriamiento económico, su gobierno ha

presentado al Congreso, para su aprobación, el proyecto de ley 3941, denominado

«Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo

sostenible». Este proyecto sigue la misma línea política de apoyo a la empresa

Southern Peru Copper Corporation, por lo que, de aprobarse, pondría en riesgo el

derecho a la tierra de comunidades amazónicas y andinas que carecen de

titulación. Se trata de un proyecto violatorio del Convenio 169 de la OIT y del

principio de la democracia según el cual la soberanía, en su origen y ejercicio,

corresponde a la comunidad de ciudadanos, al pueblo.

Humala sigue el camino de la modernización neocolonial que empezó con Alberto

Fujimori y continuó con Toledo y García mediante las concesiones petroleras,

gasíferas y mineras al capital extranjero. Como Alan García, y su mentor Haya de

la Torre, Humala cree que el capital transnacional sacará de la pobreza y el

subdesarrollo a los peruanos. Por eso no cambió el estilo de crecimiento primario

exportador y siguió la pauta de la globalización neoliberal.

Una vez que tomó el poder, Humala traicionó al pueblo. No cambió el modelo

económico para, integrando social y políticamente al país, terminar de construir

Nación. Mantuvo la economía en piloto automático, dependiente de la demanda

externa y del aumento de los precios de los minerales. Subordinó la economía al

capital transnacional, afectando los derechos de los pueblos a sus tierras y

territorios. Se olvidó que el nacionalismo, en el mundo actual y en nuestro país, es

una reacción de autodeterminación frente a la presión de la globalización. Cambió

su ideología nacionalista por la ideología neoliberal.

LA MODERNIZACIÓN NEOCOLONIAL ES ANTIDEMOCRÁTICA

El pueblo es el que «autoriza a ciertos miembros de su comunidad a gobernar en

su representación». En otras palabras, el poder político proviene del pueblo sobre

el que se ejerce. Y este origen popular del poder exige que los gobernantes lo

utilicen para el bien del pueblo. Estos, en una auténtica democracia –como dice

Ambrosio Velasco–, no pueden actuar con amplia discrecionalidad y sin control

ciudadano. Tienen que procesar la pluralidad de puntos de vista y las distintas

demandas, tratando de lograr consensos incluyentes. La democracia es

integradora, no puede ser excluyente.

Por lo tanto, un gobierno elegido, como el de Humala, que no respeta la cultura ni

los derechos a sus tierras y territorios de los pueblos amazónicos y andinos,

deteriora su legitimidad. Actuar sin consulta y sin legítima licencia social de la

comunidad, incumpliendo convenios internacionales como el de la OIT y

favoreciendo al capital transnacional, es traicionar al pueblo que lo eligió. Ollanta

Humala no fue elegido para convertir a nuestra economía en una pieza del modo

de producción global.

El origen popular de la soberanía política y la consulta al pueblo sobre asuntos

que atañen a su vida en comunidad para obtener su consentimiento, son dos

elementos fundamentales que definen una práctica democrática. Es verdad que

los liberales (y neoliberales) se alejan de esta concepción porque –como nos

recuerda Ambrosio Velasco—ellos creen en «la superioridad intelectual y moral

del gobernante; creen que este conoce mejor los intereses del mismo pueblo y por

ello puede decidir sin su consentimiento expreso». Pero, aceptar esta visión liberal

acerca de la naturaleza de los elegidos, es contradecir el principio de la

democracia según el cual «todo poder político proviene del pueblo; por lo tanto el

pueblo es el titular de los derechos de tal poder».

A MODO DE CONCLUSIÓN

En nuestro país persiste una fractura social y política que las elites empresariales

y políticas que detentaron el poder reprodujeron en el tiempo. Así llegamos a la

globalización neoliberal que se impuso en nuestro país con un estilo de

crecimiento que, en lugar de resolver esta fractura, la ha exacerbado mediante

concesiones de territorios amazónicos y andinos al capital transnacional, sin

autorizaciones expresas de los pueblos respectivos.FELIX JIMENEZ

Refundar ProinversiónTanto en una visión de mediano y largo plazo como para la coyuntura actual la

inversión privada es una pieza central para el crecimiento económico. El

organismo oficial dedicado a promoverla es Proinversión. A partir de la lectura de

su misión no habría mayores observaciones: promover la inversión para impulsar

la competitividad y el desarrollo sostenible para mejorar el bienestar de la

población. Sin embargo, la realidad difiere de la teoría. Ya otros analistas han

señalado que en los últimos años su papel ha sido deslucido, circunscribiéndose a

la promoción de concesiones.

Proinversión no tiene una visión de largo plazo sobre las necesidades integrales

de inversión del país. No conoce y menos transmite los requerimientos sectoriales

de inversión de aquí a uno, cinco, diez, veinte o treinta años por delante. Tampoco

tiene una estrategia asociada a un modelo de crecimiento, aunque quizás eso es

pedir demasiado. Solo trabaja para los grandes inversionistas, mientras que los

pequeños y medianos y otras formas de propiedad colectiva no están

considerados e integrados. La articulación con los programas de inversión pública

es inexistente.

No hay énfasis alguno en los sectores, regiones y localidades más necesitadas ni

en reducir las desigualdades extremas que dividen al país. Tampoco se procura

mejorar continuamente lacalidad de la inversión orientándola hacia actividades

que tengan mayor procesamiento, contenido, transferencia tecnológica y de

conocimientos. No se busca que la inversión genere mayores encadenamientos

en la producción y empleo, ni se cuentan con criterios de priorización

transparentes. En lo formal no se tienen buenos registros de la inversión y

reinversión extranjera en el país. Hay serios problemas de transparencia de la

información, ya que solo se consigna la relativa a aspectos legales y contractuales

de los procesos realizados, faltando las evaluaciones técnicas y financieras,

valorizaciones y de otros temas económicos que tampoco muestran los

reguladores sectoriales.

El enfoque y políticas de este gobierno para promover la inversión privada tienen

serios problemas. Es esencial una reingeniería profunda de Proinversión.

Asimismo, hay que pensar en la inversión privada como complemento de la

pública, actuar estratégica y multisectorialmente y abrir el abanico

de oportunidades más allá de las asociaciones público privadas. Se debe dar

señales claras para el mediano y largo plazo en cuanto a la evolución del tipo de

cambio real, crecimiento estable y sostenido de los ingresos reales de la

población, no desproteger a las actividades económicas locales, apoyo efectivo

para lograr espacios en los mercados externos, entre otras políticas. En fin toda

una nueva agenda para el próximo gobierno.

German Alarco Tosoni

Velarde y el BCR contra el agroEl jueves pasado Julio Velarde, presidente del BCR, propuso públicamente

eliminar la “franja de precios” que tímidamente protege algunos productores

agrícolas del dumping internacional de alimentos y los subibajas del mercado

mundial. Muy mala idea, en este momento peor que nunca.

La franja de precios ayuda a los productores de maíz amarillo, arroz, azúcar y

leche a defenderse un poco de los subsidios de los países europeos y Estados

Unidos. El mercado internacional de alimentos no es para nada un mercado libre:

subsidios billonarios se gastan cada año, beneficiando a los agricultores europeos

y estadounidenses, pero deprimiendo los precios mundiales. La Unión Europea

gastó nada menos que 58,000’000,000 de euros el 2014 en esto.

Por otro lado, sequías o buenas cosechas, tierras que van al etanol en vez de a

alimentos y cambios en la demanda mundial, hacen que los precios sean

fluctuantes. Eso genera inestabilidad para los agricultores y eleva el riesgo de una

actividad cuyo resultado el clima ya lo hace incierto.

Por ambas razones, el Perú tiene el sistema de “franja de precios”,

que rebaja impuestos a las importaciones cuando los precios internacionales están

muy altos, pero cobra un poco más cuando están muy bajos. Ahora están muy

bajos.

Aplicar la franja de precios ahora defiende un poco a los agricultores, que están

golpeados por el clima, la baja demanda y la falta de apoyo del estado. Cumple un

rol importante. Hace bien. Pero he aquí que, en plena crisis, con el agro creciendo

0 (cero), a Julio Velarde se le ocurre serrucharle el piso al agro y quitarles esa

mínima defensa.

Absurdo.

¿Por qué lo hace? Porque el alza del dólar amenaza sus metas de inflación y

ahora quiere que importaciones baratas lo ayuden. Pero el problema del tipo de

cambio lo creó él mismo, al dejar que el dólar cayera demasiado bajo por acción

de las “libres fuerzas del mercado”. Ahora quiere cubrir sus errores sacrificando a

millones de agricultores y campesinos.

No es labor del BCR decidir la política agropecuaria ni de importaciones. Lo

primero que debe tener en cuenta Velarde es ese viejo adagio que dice “zapatero

a tus zapatos”.

El derechista Velarde hace unos meses se subió el sueldo de 41 mil soles

mensuales a 44 mil mensuales (y luego retrocedió ante la crítica). Ganando esa

enormidad, debería hacer bien su trabajo en vez de buscar resolver los problemas

que él ha creado afectando a los más pobres del Perú, los campesinos.

Pedro Francke

AntiagroPara la gran prensa, un agricultor indignado porque le abren un inmenso tajo en el

cerro encima de su chacra, es un antiminero súbito que es contrario al desarrollo

del país. Es tan malvado que merece que le metan una bala y lo maten, y para

que los papagayos de la prensa y de la Internet echen las culpas a las propias

víctimas de que estaban buscando un muerto, pero los que dispararon fueron

ellos.

Tal vez los antimineros habían tenido todo previsto para que un policía le pusiera

un arma punzocortante a un activista para retratarlo como peligroso, como ha sido

probado documentadamente. O los antimineros inventaron el anuncio de un alto

funcionario de la Southern de que se iban por el asedio de los “terroristas

antimineros”, y en la misma tarde la ministra de Minas conversaba con el

presidente de la empresa y le ofrecía que iban a pasar por encima de los

enemigos de la inversión.

Dentro de los columnistas de la derecha el único que dice la verdad de lo que

piensan es Aldo M, que abiertamente desprecia la pequeña agricultura de El

Tambo (y de cualquier otra parte), porque no mueve la millonada de dólares de un

profundo hueco minero. Los demás se escudan en la ideología antiminera y sus

promotores, la supuesta ignorancia de los agricultores, el violentismo, etc. Pero en

el fondo, así como un agricultor puede ser antiminero porque rechazan que lo

invadan, un prominero es un antiagro, no solo porque hace análisis de costos

beneficios, entre dos actividades, una antigua y otra inminente, sino porque tiene

una vocación por vender al país repartiendo recursos naturales.

Si el agricultor o el industrial crean riqueza nueva, que no había, el inversor

extractivo saca lo que puede del suelo, del mar o de los bosques, sin crear nada

permanente. Esto lo sabemos. Pero ahora lo que hemos tenido claramente a la

vista es la grosera mentira sobre la acusación de violentismo. En todo el país hay

una molestia tremenda porque se haya descubierto que las autoridades mintieron

sobre la muerte por herida de bala, y la policía armó un tinglado para empapelar a

un detenido que estaba con las manos vacías. ¿Puede el Perú seguir en esta

historia de minería que llega de repente y agricultores que se consideran

amenazados?

No olvidar que Humala ganó en el 2011 con un discurso casi antiminero, según los

estándares de la gran prensa y que luego lo convencieron de hacer una alianza

con las trasnacionales que dizque le daría dinero para sus programas sociales. Así

Humala dio la espalda a los cajamarquinos y arequipeños que le dieron su voto

por sus promesas, después traicionadas. Hoy a la víspera de una nueva elección

se ve que el próximo gobierno tendrá que hilar fino en el tema minero sino quiere

llenarse de pequeños campos de batalla que lo paralizarán.

Raúl Wiener